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cédulas hipotecarias, exigen como condición esencial que la finca que sirve de hipoteca, dé una renta fija y constante igual cuando menos al importe de la anualidad que por razón de interés, de amortización y de gastos de administración, debe pagar el mutuario al Banco. Pues bien, hay propietarios cuyos terrenos no dan actualmente una renta fija y constante, pero que pueden darla en el transcurso de 2, de 3, ó de 10 años, haciendo en ellos mejoras ó construcciones. La experiencia ha demostrado en Francia que esta clase de propietarios es la que ha hecho la mayor parte de los pedidos de préstamos á corto plazo, y el Banco con este género de préstamos consigue dos cosas: 1.ª prestar un nuevo servicio á la propiedad inmueble, y 2.ª servirse á sí propio, preparando nuevos préstamos á largo término para la época en que mejorados los terrenos ó hechos en ellos las construcciones convenientes, merced á aquellos anticipos, adquieran las condiciones necesarias para servir de hipoteca á los préstamos reembolsables por anualidades en un periodo de 40 ó 50 años.

Otra de las facultades con que ha sido dotado el Crédit Foncier con posterioridad á su establecimiento, consiste en recibir depósitos en cuentas corrientes, y hacer anticipos sobre obligaciones hipotecarias y otros valores determinados.

En un principio el Banco de París solo estaba autorizado para recibir depósitos sin interés, pero hubo de conocerse bien pronto que esta facultad era insuficiente, y cuando el Banco de emisión no prestaba todavía sobre obligaciones territoriales ó cédulas hipotecarias, la administración del Crédit Foncier concibió la idea de hacer préstamos pignoráticos á los portadores de sus títulos, para que de este modo no se viesen en la necesidad de venderlos á cualquier precio en momentos de angustia ó de penuria. Pero estos préstamos ó anticipos no podían hacerse sin capitales, y era imposible que la administración del Crédit Foncier se los procurara si no se la autorizaba para abonar interés á los que se depositaran en su caja.

Pidió, pues, y obtuvo la autorización necesaria en 1856. Y dió tan buenos resultados, que en 1859 hubo de ampliarse y modificarse la que se otorgó en 1856, de modo que hoy el Crédit Foncier está autorizado para recibir con interés ó sin él capitales en depósito, y para emplear la mitad de estos capitales en hacer anticipos, no solo sobre las obligaciones territoriales ó cédulas hipotecarias que él mis-
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mo emite, sino tambien sobre cualesquiera otros títulos de los que recibe como garantía el Banco de emisión, siempre por supuesto, con sujecion á las disposiciones que establezca el Consejo de administracion y por un término que no exceda de 90 días. La otra mitad restante se entrega al Tesoro en cuenta corriente al tipo de interés que fija el Ministro de Hacienda.

No es propio de este trabajo detenerse á explicar las grandes ventajas que ha producido esta novedad en Francia así á los capitalistas como á los propietarios que acuden al Crédit Foncier en demanda de préstamos, bastando haber llamado la atencion sobre ella por creerla perfectamente aplicable á España. No puede sin embargo, prescindirse de una indicacion importante, y es, que de las dos operaciones que constituyen la reforma de que nos hemos ocupado, la primera, ó sea la que consiste en recibir capitales en depósito á interés, no exige otra cosa más que la introduccion en los estatutos de un artículo que otorgue esta facultad; pero la segunda ó sea la que consiste en prestar hasta la mitad de los capitales depositados sobre obligaciones territoriales ó cédulas hipotecarias, reclama medidas legislativas sin las cuales no podría hacerse uso de esta importante atribucion. Dice el art. 1774 del proyecto del Código civil, que el derecho de prenda no surte efecto contra tercero, si no consta por instrumento público ó privado cuya fecha sea cierta; y que cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito que conste en escritura pública ó en una inscripción nominativa, no surtirá efecto contra tercero el derecho de prenda, sino desde que se inscriba en el protocolo ó registro matriz. Esta doctrina está tomada del Código francés, y por más que no sea conforme á las leyes españolas, según las cuales el acreedor pignoratorio goza de una preferencia indisputable, no teniendo nada que temer mientras conserve la prenda en sus manos, es posible que se vaya introduciendo en la jurisprudencia de nuestros tribunales.

Dice asimismo el art. 1775 del proyecto de Código civil que el acreedor no puede apropiarse la cosa recibida en prenda ni disponer de ella aunque así se hubiere estipulado, teniendo solo el derecho de hacerla vender en pública subasta. Esta doctrina está claramente formulada en varias de nuestras antiguas leyes, y singularmente en las 41 y 42 del tit. 13, Part. 5.*, siendo sabido de todos que entre nosotros no es valido el pacto comisorio, ó sea la condicion de que, no pagada la deuda antes de su vencimiento,
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se haga el acreedor dueño de la prenda. Ahora bien, el Banco territorial no podría sin comprometer su existencia destinar la mitad de los capitales en él depositados á préstamos sobre obligaciones hipotecarias por un término que no ha de pasar nunca de 90 días, si el reembolso no fuera seguro y pronto, y la seguridad y rapidez que exige la naturaleza de esta operación, son perfectamente incompatibles con las disposiciones citadas; disposiciones que se fundan por otra parte en el temor de fraudes, colusiones, anticipaciones de fechas y posibilidad de abusos de parte de codiciosos prestamistas que son imposibles tratándose de un establecimiento dirigido por uno ó más Gobernadores elegidos por el Gobierno, colocado bajo su inspección y vigilancia y cuyas operaciones se comprobaban con toda exactitud y regularidad. Es preciso pues, establecer una excepción al derecho común, determinando que el Banco territorial gozará de privilegio sobre la obligación dada en prenda aun contra las terceras personas, sin necesidad de la inscripción en el registro ni de otro documento más que el contrato firmado por el mutuario en la forma que se prescriba por los estatutos. Es asimismo preciso establecer que á falta de pago por parte del mutuario, el Banco sin necesidad de ponerle en mora ni hacerle ningún requerimiento, podrá reembolsarse por sí mismo al día siguiente del vencimiento, vendiendo las obligaciones pignoradas por el intermedio de un agente de Bolsa. Así se hizo en Francia lo mismo con el Crédit Foncier que con el Banco de emisión, y así hay que hacerlo en España.

De todas las atribuciones con que ha ido enriqueciéndose la institución de Crédito territorial en Francia en su progresivo desarrollo, ninguna hay tan importante y tan fecunda en grandes resultados, como la que vamos á exponer y que consiste en la facultad de prestar aun sin hipoteca á los Departamentos, á los Comunes y á los Sindicatos; y es claro que lo mismo podría hacerse en España con los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales.

El rápido desarrollo de las obras públicas en España de algunos años á esta parte, crea á las provincias y á los pueblos nuevas y apremiantes necesidades, é impone á los Ayuntamientos y Diputaciones el deber de satisfacerlas á todo trance. Para no hablar de la construcción de edificios destinados á escuela y otros objetos análogos, ni del ensanche y embellecimiento de las poblaciones ni de otras muchas cosas que trae consigo la civilización moderna.
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es indudable que la terminacion de las grandes vías férreas, produce, como hemos indicado, la necesidad perentoria de una red de caminos vecinales. En todas las provincias ha empezado á sentirse esta necesidad, y las Diputaciones y los Ayuntamientos han menester de sumas considerables que no tienen disponibles desde luego ni pueden adquirir con ventaja apelando al crédito por la falta de una institución apropiada á la naturaleza de sus recursos, á pesar de que muchas de estas corporaciones poseen una gran fortuna. A nadie conviene tanto como á las Diputaciones y Ayuntamientos el sistema de los préstamos á largo término y la facultad de extinguir la deuda paulatina y sucesivamente por el pago de anualidades. El crédito particular, á que hoy tienen que acudir, tiene gravísimos inconvenientes y dificultades, porque los capitalistas exigen un interés alto, el contrato es de corta duración, hay que hacer de una vez el reembolso del capital, y en una palabra, prestan con condiciones tales, que rara vez las mencionadas corporaciones pueden adquirir el dinero que necesitan, si han de observar las reglas que el Gobierno les impone por lo general al autorizarlas para contratar un empréstito; imposibilitándoles de todas suertes la necesidad del reembolso en un corto plazo, de contraer un compromiso que están seguras de no poder cumplir. La ley de 6 de Julio de 1860 en Francia ha obviado todos estos inconvenientes autorizando á la Sociedad de Crédito territorial para prestar á los Departamentos, á los Comunes y á las Asociaciones sindicales las sumas que necesiten, y para cuya adquisición hayan obtenido prévia autorización del Gobierno con arreglo á las leyes administrativas allí vigentes. Estos préstamos los hace el Crédit Foncier con ó sin hipoteca, y reembolsables, ya sea á largo término por anualidades, ya sea á corto término, con ó sin amortización.

Es de advertir que estos préstamos no pueden hacerse en Francia sino á metálico, y que lo mismo habría de suceder en España, porque siendo un principio reconocido que el Gobierno, al autorizar á una corporación popular para contratar un empréstito, debe determinar el tipo máximo de interés, si el Crédito territorial prestara á dichas corporaciones en la misma forma que presta á los particulares, esto es, en obligaciones territoriales ó en cédulas hipotecarias, resultaría que el interés sería mayor ó menor según el precio á que se negociaran las obligaciones; y como este es
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variable por su naturaleza según los cambios y oscilaciones del mercado, sería imposible que el Gobierno le fijara de antemano. Pero por lo mismo que estos préstamos se realizan en metálico, la Sociedad de Crédito territorial está y debe estar autorizada para emitir y negociar obligaciones que representen el importe de dichos préstamos, y estas obligaciones gozan y deben gozar de todos los derechos y privilegios inherentes á las obligaciones territoriales ó cédulas hipotecarias.

Los temores que habían asaltado á algunos en Francia, nacidos de la facultad otorgada al Crédit Foncier para hacer estos préstamos sin hipoteca, cuando así lo tuviera por conveniente, se han disipado por completo, singularmente desde que una ley ha declarado que habría dos categorías de obligaciones perfectamente distintas; una, de obligaciones emitidas para los préstamos hechos á particulares, á las cuales se aplican exclusivamente las hipotecas ofrecidas por estos mismos, y otra, de obligaciones emitidas por consecuencia de la ley de 6 de Julio de 1860, á las cuales quedan únicamente afectas las garantías especialmente ofrecidas y otorgadas por los Departamentos, los Comunes y los Sindicatos. «Por medio de esta prescripción, dice el hombre más competente quizá en la materia, cada título conserva su carácter y su valor propio: »hay dos garantías y en algún modo dos cajas en la misma Sociedad para las dos categorías de prestamistas.»

Por lo demás ya se ha dicho que las obligaciones que se emiten para representar el importe de los préstamos hechos á los Comunes y Departamentos, gozan de las mismas ventajas y privilegios que las otras obligaciones territoriales ó cédulas hipotecarias; no se admite ningún género de oposición para el pago del capital y de los intereses; sirven por determinación expresa de la ley, como la renta pública ó del Estado, para el empleo de los fondos pertenecientes á los menores, á los incapaces, á los comunes y á los establecimientos públicos; están libres del impuesto que en Francia pesa sobre los valores mobiliarios con arreglo á la ley de 23 de Junio de 1857, y por último el Crédit Foncier hace préstamos ó anticipaciones sobre esta clase de obligaciones, lo mismo que sobre las otras destinadas á préstamos á particulares.

Excusado parece decir que deben establecerse entre nosotros iguales privilegios, en lo que tienen de aplicable á España.

A otras varias operaciones muy importantes se ha extendido la
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accion del Crédit Foncier con posterioridad á su establecimiento. Así, por ejemplo, la ley que señaló en Francia en 1856, 100 millones de francos para que el Estado pudiera hacer préstamos á los propietarios ó corporaciones que ejecutaran obras de drainage, era una letra muerta, entre otras razones, porque el Estado no podía descender sin peligro á una infinidad de detalles, como por ejemplo, el conocimiento de los peticionarios y de su estado de familia, el exámen de los títulos de propiedad, el nombramiento de peritos, etc., etc. Siendo precisamente el Crédit Foncier una institución organizada ad hoc para ejecutar esta clase de operaciones, el Gobierno se dirigió á él, deseoso de llevar á efecto la mencionada ley de 17 de Julio de 1856, y se celebró la convención ó pacto de 28 de Abril de 1858, por virtud del cual el Crédit Foncier se encargó de hacer los préstamos á nombre del Estado, para favorecer las obras de desagüe, desecación y saneamiento de los terrenos, que es sin duda uno de los medios más eficaces de aumentar la producción agrícola. Acaso podría hacerse entre nosotros una combinación análoga con la subvención de 100.000.000 de reales votada por las Cortes para las obras de riego; no hacemos más que apuntar la idea por si pudiera servir de algún provecho pues no hemos meditado sobre este asunto lo bastante, para responder de que pudiera llegar á su madurez y realizarse.

De la propia suerte, el Crédit Foncier de Francia, se ha consagrado desde 1860 á patrocinar y prestar su eficaz concurso al Sous-Comptoir des entrepreneurs de Paris.

El fin principal de este establecimiento creado en 1848 y autorizado por el Gobierno para aceptar garantía de inmuebles por vía de hipoteca ó de privilegio, conforme al art. 1203 del Código francés, fué facilitar y estimular la construcción de casas en París, para dar trabajo á los obreros y reedificar ó reemplazar los muchos edificios que de entonces acá se han derribado para el embellecimiento y la salubridad de la capital.

Indicaremos siquiera sea ligeramente, como se engrana esta institución de crédito con el Crédit Foncier. Sabido es que el Banco de emisión en Francia, como en España, no descuenta sino los efectos que llevan tres firmas. El desarrollo que ha recibido la industria de la edificación en los pueblos modernos, exige que se dé la mano á este género de empresas, á cuyo alcance deben po-
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nerse los recursos del crédito. Pues bien, el Sous-Comptoir des entrepreneurs recibe los efectos suscritos por los constructores, efectos que no recibiría ningún otro establecimiento, porque aquellos por lo general no pueden dar más garantía que su firma y bienes inmuebles: el Sous-Comptoir garantido como está por una hipoteca, reviste con su firma los efectos ó valores que recibe de los constructores, y en seguida los endosa á la órden del Crédit Foncier, que añade la tercera firma, colocándolos por lo tanto en disposición de ser descontados en el Banco de emisión de Francia.

Para completar el cuadro de las operaciones propias de una Sociedad de Crédito territorial, rótanos hablar del crédito agrícola. Ante todo, importa consignar con entera claridad que el crédito agrícola en Francia, es una institución distinta del crédito territorial. El único lazo que une á ambas sociedades, consiste en la unidad de dirección, esto es, en que el Gobierno en 1860 confió la misión de fundar el Banco de crédito agrícola al gobernador, á los subgobernadores, y á los miembros del Consejo de administración del Crédit Foncier; pero sin que por eso hayan venido á confundirse ni anexionarse una y otra institución: lo único que hay es que como dice un notable economista, «el crédito agrícola se ha instalado al lado del Crédit Foncier, bajo sus auspicios, con su concurso, como el tallo que nace se abraza á un tronco ya vigoroso, para crecer al abrigo de sus ramas.»

El Banco agrícola presta á la agricultura servicios que son ajenos á la índole, al mecanismo y á las atribuciones de una sociedad de crédito territorial. Esta sirve á la propiedad, y aquel al cultivador: esta presta con hipoteca, salva una ligera excepción introducida en favor de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales por las condiciones especialísimas en que se encuentran estos cuerpos, y la garantía colectiva que ofrecen; aquel presta siempre sin hipoteca: la una hace sus préstamos á los propietarios de inmuebles á largo término, y en obligaciones hipotecarias, dejando á los mutuatarios que extingan la denda por el sistema de la amortización anual; el otro hace ó facilita el descuento, ó la negociación de efectos exigibles á los noventa días, lo más tarde, y hace prestamos sobre prenda á corto vencimiento; de manera que cada una de estas instituciones tiene su círculo propio de acción, y atendida la naturaleza de sus operaciones, no podían amalgamarse sin comprometer su existencia. Sería por lo menos peligroso amalgamar-
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las, antes de que la experiencia haya demostrado que es posible y conveniente esta amalgama. Preciso es esperar, antes de intentarlo, al sucesivo desarrollo del crédito agrícola, que es hoy en Francia una institución naciente. Tal vez el tiempo descubra la manera de combinar, armonizar y enlazar el crédito territorial y el crédito agrícola, con un lazo más íntimo que el que hoy tienen ambas instituciones en el país vecino. Entre tanto, la prudencia aconseja seguir los pasos del Crédit Foncier, y no dar á la sociedad que aquí se cree, atribuciones que hasta cierto punto son contrarias á su misma naturaleza. La función esencial del crédito territorial, es la siguiente. Necesita un propietario dinero sobre sus fincas, y se dirige á la sociedad en demanda de un préstamo. La sociedad entonces examina los títulos de propiedad del peticionario para asegurarse de que en efecto es legítimo dueño de las fincas que ofrece en hipoteca; fija en seguida el valor de dichas fincas, y averigua en el Registro de la Propiedad, si pesa sobre ellas algún otro gravamen que constituya un derecho preferente; y cuando se ha convencido de que la titulación está en regla, de que las fincas producen una renta cierta, fija y constante, y de que presta sobre primera hipoteca, es decir, que ningún otro acreedor puede reclamar prioridad, entonces presta una cantidad que no debe exceder de la mitad del valor en venta de las fincas hipotecadas, ni ser nunca tan alta, que obligue al mutuario al pago de una anualidad superior al importe de la renta anual de la hipoteca. Con estas condiciones, la sociedad de crédito territorial, hace el préstamo en obligaciones hipotecarias que el mutuario negocia, ó que negocia por cuenta de este y á fin de procurarle el dinero que necesita, la misma sociedad. El propietario que toma prestado de esta suerte, tiene la ventaja de que en cualquier tiempo que reuna recursos suficientes, puede hacer el reembolso del capital, sin que la sociedad tenga el derecho de eludir el pago, cobrando únicamente una ligerísima indemnización; y si el propietario no puede ó no quiere obtener su liberación por este medio, con solo pagar en un período de diez á sesenta años una suma algo superior al interés del dinero, extingue la deuda sin sentirlo, fenómeno extraordinario que sería incomprensible, sino fuera por el poder maravilloso del interés compuesto.

Tal es la función esencial del crédito territorial.

El Banco agrícola tiene otro objeto, que es el de facilitar capi-
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rito de lo justo y de lo recto. Pero es error en que no inician gentes experimentadas y sensatas el de suponer una imprenta libre sin abusos, extravagancias y aberraciones, y quien, para emanciparla, ponga por condición el verla exenta de lunares y vicios, puede aguardar por largos años reclinado sobre el lecho de plumas de los sistemas preventivos.

De la resolución que ha adoptado el Gobierno imperial al abandonar tales blanduras, tampoco nos parece que puede ser clave que la descifre lo que varias veces se ha dicho acerca de la oportunidad de las circunstancias. No intentamos poner en duda la sinceridad de los que han supuesto en España que nuestros vecinos han aguardado por mucho tiempo y que sólo creyeron llegada la hora de asentar la libertad sobre la base del orden afirmado y del Gobierno fortalecido tras de largos años de venturas y perfecciones. Obliganos la justicia á decir que de esa manera la variación de sistema no aparece justificada, pues sin creer de modo alguno débil á aquel Gobierno, más robusto y poderoso aún se ostentaba al volver triunfante el ejército de Crimea, y al día siguiente de Magenta y Solferino que á principios de 1867, después de haberse frustrado la expedición de México, y después de la rápida y memorable campaña del año anterior, que terminó en Sadowa, campaña en que no fueron ciertamente derrotadas las armas francesas, pero que ocasionó angustias á aquellos Ministros, según confesión de uno de ellos, tan ingénuo como elocuente.

Más aún: este mismo personaje ha dicho en el Cuerpo legislativo hace pocos días que bajo ciertos aspectos la situación interior ofrece actualmente dificultades para entrar en las nuevas vías de la libertad de escribir. «Hay, dijo M. Rouher con este motivo, una crisis industrial de no corta intensidad: median los inconvenientes de la carestía de los alimentos, que en Francia siempre es cuestión grave y difícil, y sin embargo, el Gobierno del Emperador persevera en su resolución de añadir las ligaduras de la prensa.»

Después de estas revelaciones habrán de subir de punto la sorpresa y asombro de quienes crean que un Gobierno sostenido por mayorías resueltas, seguro de la obediencia militar, y no hostigado por el clamor público, incurre en la nota de insensato y se expone á merecidos escarmientos, si temerariamente se desnude ni aun de la parte más leve de su autoridad omnímoda. Así lo han pensado y dicho los más fogosos imperialistas del Cuerpo legislativo. Aun