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discutir en la Cámara, sino que se discute todo, ¿por qué este noble país, por qué esta nación española ha de ser excomulgada del círculo de las naciones cultas, y se ha de decir que en nuestros Parlamentos no se pueden discutir esas cuestiones?

"Pues qué, en Bélgica, por ejemplo, para desenvolver su envidiable legislación, posterior al establecimiento de la Carta ó sistema constitucional, en el orden administrativo, en el orden judicial, en el orden económico, en la organización militar, en fin, en todos los órdenes que afectan á la organización de un Estado, han apelado allí al medio de la autorización legislativa para resolver estas cuestiones? No. Pues si no se usa ni en Bélgica, ni en Inglaterra, ni en Francia, ¿por qué razón se nos ha de decir que solo en España, aquí solo, esta clase de materias ha de ventilarse y concebirse por medio de esas autorizaciones genéricas, que vienen á confesar virtualmente que los poderes públicos, que los poderes constitucionales, que parecen formados para la confección legislativa, son completamente incompetentes para la formación de las leyes? Porque esto es lo que lógicamente se deduce de esos argumentos vulgares que están en la boca de todos y que todo el mundo admite ya, que no se discuten y que se aceptan de buena fe."

El alejamiento de la política de las Asambleas deliberantes no produce, por otra parte, ventajas de ningún género, sino antes al contrario, engendra peligros, crea dificultades á los Gobiernos, y llega á establecer antagonismo entre los elementos más importantes del mismo partido en cuyo beneficio se ha querido establecer.

La idea general á que deben sacrificarse y á que en realidad se sacrifican las pequeñas diferencias hijas de los juicios individuales, idea que constituye el nervio y la verdadera fuerza de las grandes agrupaciones políticas, se enflaquece y debilita cuando no tiene frente la idea contraria defendida y enaltecida por sus legítimos representantes.

La historia de los Congresos unánimes es elocuente prueba de esta verdad; jamás sus debates han sido realmente luminosos; jamás han salido de su seno esas grandes reformas que fijan época en la historia del progreso de los pueblos.

De la misma manera que el individuo no conoce la extensión y temple de sus facultades hasta que llegan los momentos azarosos de la existencia, así los partidos se enervan cuando no encuentran natural contradicción, concluyendo por ceder postrados ante una censura que jamás presenta punto objetivo de combate y que no tiene cuerpo ni forma tangible, pero que se filtra por los poros de la sociedad, que penetra en el pensamiento de todos, que llega á crear una atmósfera tanto más sofocante cuanto más se enraíza el aire que la constituye.

La exagerada uniformidad de pareceres en las Asambleas políticas acaba siempre en una verdadera anarquía de opiniones, peligro el más grande á que puede estar expuesto un partido, y que desde luego acarreará dificultades en los momentos en que tal vez necesite más el bien público de su energético apoyo.

Ó mucho nos equivocamos ó algo de esto puede pasar hoy en una cues-
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tion de interés general que se agita en las regiones gubernamentales. Nos referimos al proyecto de Crédito territorial.

No vamos á examinar ahora la organización más conveniente para el establecimiento del Crédito territorial, ni las ventajas que de su instalación habría de resultar á la riqueza inmueble del país, ni los inconvenientes con que esta medida tendría que luchar al nacer y desarrollarse en nuestra patria, por hacerlo en otra parte de la Revista persona de reconocida competencia.

Esta institución de crédito llevaba cien años de vida en Silesia y había merecido la protección del gran Federico, cuando un hombre de indisputable mérito (1), economista distinguido, lleno de entusiasmo, popularizaba en Francia un pensamiento que la Alemania entera había ya aceptado, y acerca de cuyo desenvolvimiento hicieron importantes estudios inteligencias tan respetables como las de Troplong y Rossi.

La situación poco ventajosa en que se encontraba en la nación vecina la propiedad territorial en 1848 es bien conocida; haciéndose eco del clamor general, dijo León Foucher en la Constituyente «que era tiempo de llegar á una liquidación, y que si no se le daban los medios, si no se le procuraban á la agricultura capitales á precio moderado, la propiedad territorial caminaría infaliblemente á la bancarrota.»

Sin temor de que nadie nos acuse de pesimismo, creemos poder afirmar que, solo con echar una rápida ojeada por la mayor parte de nuestras provincias, aun por aquellas más favorecidas con los dones del cielo, se viene en conocimiento de que las palabras de Foucher cuadran al actual estado de la propiedad territorial de España.

Por eso no tiene fácil explicación que medida tan conveniente y de tanta importancia no haya sido propuesta á los Cuerpos colegiadores por el Gobierno, debilitándose al ser presentada por la iniciativa particular de varios Sres. Diputados por importantes que estos sean.

Ya han salido á la superficie los primeros efectos de este procedimiento, pues ó mucho nos equivocamos, ó los miembros que componen la comisión que debe presentar dictámen no son ni los defensores más entusiastas de la idea, ni los más adictos al Ministerio; así al menos debe presumirse del lugar que sus nombres ocupan en importantes votaciones.

Mucho nos equivocaremos si el proyecto llega á ser ley. En nuestra opinión, y aplicándole la frase de un hombre ilustre, está llamado á dormir largo tiempo en los cartones de la comisión.

Fundándose en otro orden de razones, acaba de efectuarse una negociación de crédito en grande escala sobre los recursos que deben producir nuestras provincias de Ultramar, sin que las Cámaras hayan tenido en

(1) Mr. Wolowski.
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REVIC
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cia á invocar argumentos que hieren en lo más vivo el amor propio de los súbditos.

IX.

Despues de explicar las causas que á nuestro entender pueden haber movido el ánimo del Emperador, queda otra duda por aclarar. ¿Cómo han mostrado tanta repugnancia á seguirle por nuevos caminos muchos Diputados que siempre habian sido fieles á su política?

Para dilucidarlo es necesario que fijemos por un momento la vista en sucesos pasados, y sobre todo en la grave crisis que atravesó la Francia al pasar en 2 de Diciembre de 1851 de la República á la Presidencia vitalicia, para llegar poco despues al Imperio. En aquel gravísimo trance no todos tuvieron confianza en los medios empleados; aun entre los más resueltos á salvar la sociedad de los abismos á cuyo borde la pusiera la revolucion, hubo muchos que quisieron llegar á la consolidacion del orden público por vías legales y parlamentarias; tambien contra estos fué preciso combatir en los dias del golpe de Estado. Tuvo, pues, el nuevo Gobierno que proceder involuntariamente por eliminacion al organizar las nuevas Asambleas políticas. En cuanto á los servicios públicos, no ocurrieron grandes dificultades: la magistratura, los empleados de la administracion, la marina, el ejército, con excepciones poco numerosas, aunque importantes si se atiende á la calidad de las personas, se mostraron, como siempre, dispuestas á prestar su cooperacion al Gobierno que por conducto de los plebiscitos habia obtenido absolucion de su origen, y aprobacion general de los ciudadanos. Sin que el Jefe del Estado pudiera remediarlo, la organización de las Asambleas políticas hubo de tropezar con mayores inconvenientes, porque de ellas no sólo los resueltos partidarios de la república, sino los amigos del sistema parlamentario, los oradores notables, los prohombres de los antiguos partidos, quedaron alejados y excluidos. No pudieron pues tomar asiento en el Senado y Cuerpo legislativo de los primeros años los republicanos de la esperanza ni aun muchos de los del dia siguiente, ni legitimistas intransigentes, ni otros como M. Berryer á quienes no asustan las practicas de una libertad pacifica y razonable: ni los orleanistas
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ella la menor intervencion, dando lugar en la prensa esta medida á luminosos debates sobre un punto constitucional.

Por Real decreto de 19 de Marzo se autoriza al ministro de Ultramar para la contratacion de un empréstito con destino al pago de las atenciones públicas de las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

Dicho empréstito será de 50 á 55 millones de francos, ó de 2 millones á 2.200.000 libras esterlinas, efectivos.

Antes de determinar las condiciones con arreglo á las cuales se lleva á cabo negociacion tan importante sin pública licitacion y sin dar cuenta á las Cortes, se presenta naturalmente la cuestion constitucional que encierra, como hemos dicho antes.

Aun prescindiendo, si posible nos fuese prescindir, de su poca conveniencia y del ejemplo que dan con su conducta las naciones que administran mejor sus colonias y que sacan de ellas rendimientos más pingües, las cuales someten al examen anual de sus Parlamentos las cuestiones que de ellas emanan, bastaria en nuestro juicio leer con detenimiento los artículos 36 y 77 de la Constitucion del Estado para comprender, bajo el aspecto de la legalidad, el crédito que alcanzaría este empréstito si al realizarlo se hubiesen cumplido las prescripciones constitucionales.

Dice el artículo 36 de la ley fundamental:

"Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los Diputados."

Véase el 77:

"Igual autorización (la de la ley de presupuestos ó otra especial) se necesita para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la nación."

Es de todo punto imposible que á nadie se le ocurra la duda de que la operacion de que se trata no es una operacion de crédito; el mismo Sr. Ministro de Ultramar lo da este nombre en el prefáculo de su Real decreto.

Considerada desde el punto de vista de empréstito puramente colonial esta medida, debió sin duda alguna presentarse á las Cortes para su examen y aprobacion; pero la cuestion llega á ser de una claridad extraordinaria desde el instante en que una parte de los fondos que debe producir van á invertirse en pago de obligaciones generales del Estado, y nada prueba en contra de cuanto decimos la cita del artículo 80 de la ley fundamental, que dice así:

"Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales."

Decimos que nada prueba, porque establece el art. 12 de la misma ley que

"La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey."

La cuestion es pues clarísima; las provincias ultramarinas se regirán por leyes especiales, ¿pero quien puede hacer leyes en España, sean como sean, especiales ó generales? Las Cortes con el Rey.
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Todas las agrupaciones políticas han formulado su deseo de que los presupuestos de Ultramar, y por consiguiente cuantas leyes de crédito se diesen con relación á aquellas provincias, hablan de presentarse al examen de las Cortes. El mismo partido que hoy rige los destinos del país siendo también Presidente del Consejo de Ministros el Sr. Duque de Valencia, tiene dada una elocuente muestra de asentimiento á esta idea.

La comisión de presupuestos del año de 1865 al emitir su dictámen dijo:

"Los ingresos y gastos de nuestras provincias ultramarinas se rigen por las disposiciones que emanan de este departamento ministerial (el de Ultramar) sin que el Parlamento intervenga en su examen ni aprobación previa. Sería de desear, atendida la creciente importancia de aquellas provincias, que formados sus presupuestos con la antelación debida, fueran sometidos al Congreso lo mismo que los de la Península, acerca de lo cual la comisión, sin formular una opinión resuelta, se limita á exponer la idea y llamar sobre el particular la atención del Congreso para los años sucesivos."

El deseo no podía estar expresado más elocuentemente si se tienen en cuenta las relaciones respetuosas de prudente armonía que deben existir y existen siempre entre una comisión, en que ha de predominar el espíritu de la mayoría, y el Gobierno á quien apoya, siendo así que en el caso presente se dirigían las frases citadas á un Ministerio que no llevaba á las Cortes los presupuestos de las provincias ultramarinas.

"Actos de Gobiernos y de Parlamentos anteriores vienen á apoyar la opinión emitida de que todos los partidos han deseado que los presupuestos de Ultramar se presenten á los Cuerpos colegisladores.

En los años 40, 41 y 42 las Cortes discutieron, aprobando unas y rechazando otras, cuantas alteraciones creyó conveniente aquel Gobierno efectuar en la administración de las provincias del otro lado de los mares.

Discutió el Congreso en el año 45 la ley de la Trata, cuestión que afectaba directamente á nuestras Antillas; consignaron las Constituyentes en 55 en la ley de presupuestos la obligación que tenía el Gobierno de presentarlos á las Cámaras. En 12 de Octubre del mismo año se presentó una proposición exigiendo del Gobierno que cuanto antes trajera al Parlamento los presupuestos de aquellas provincias. ¿Y qué contestó á esto el Gobierno? ¿Puso en duda la competencia de las Cortes para tratar de este asunto? De ninguna manera: el ministro de la Guerra, que lo era á la sazón el Sr. Duque de Tetuan, dijo que los presupuestos estaban á punto de terminarse y que no tardarían en ser presentados al Congreso. En Febrero de 1856 se nombró una comisión especial que debía entender en este asunto.

Pero hay más: siendo Presidente del Consejo del Ministros el Sr. Marqués de Miraflores, y deseando los individuos que componían aquel Gabinete hacer ostensible la competencia de los Cuerpos colegisladores, se publicó una Real orden por la cual se creaba una comisión compuesta de tres Diputados y tres Senadores, que debían examinar los presupuestos de
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Ultramar, redactando una Memoria que habia de presentarse luego al Congreso y al Senado. El Sr. Marqués de la Habana, ministro de Ultramar entonces, declaró en el Congreso la alta conveniencia de que las Cortes españolas inspeccionasen y examinaran los presupuestos de las provincias ultramarinas.

Despues de presentar estos argumentos sacados de la historia moderna de nuestras Cortes, á los cuales hay que añadir las opiniones en el mismo sentido emitidas por los Sres. Sancho y Argüelles en 1837, recorramos siquiera sea ligeramente la historia de pueblos que no pueden dejar de presentarse como modelos cuando se trata de estudiar el sistema parlamentario, y encontraremos entre otros bills importantes la ley 6.a del reinado de Jorge III, por la cual se extendió al Parlamento ingles una autoridad legislativa absoluta sobre todas las colonias de America (1).

Muy conocidas son las leyes 21 y 22 de la Reina Victoria, en las cuales al conferir autoridad legislativa al Gobernador de la Colombia, se manifiesta expresamente que aquellas leyes necesitan la confirmacion del Parlamento de la Gran Bretaña.

Si de Inglaterra pasamos á Holanda, nacion que puede presentarse como ejemplo no solo de Gobierno representativo sino de buena administracion colonial, pues no hay pueblo en el mundo que saque mayores recursos de sus estados de Ultramar, veremos uno y otro año de qué modo se dedican sus Cuerpos colegisladores al exámen y estudio de las reformas coloniales, hasta el punto de que cerrado allí el periodo constituyente y conformes los partidos conservador y progresista en todas las cuestiones del régimen interior, los grandes debates politicos, las más rudas batallas parlamentarias, de las que resultan por lo comun la entrada y caída de los Ministerios, se dan con motivo de los negocios coloniales.

No es la mejor politica para granjearse el amor de nuestros hermanos de allende los mares contratar un empréstito á interés elevado, obligando á su pago los recursos del porvenir de las provincias de Ultramar y dedicando una gran parte de su producto á satisfacer créditos de la Peninsula, justamente en los mismos momentos en que se impeta la caridad pública para aliviar los desastres que la naturaleza ha enviado sobre aquellos paises; tampoco nos parece natural que se consignen en los presupuestos generales del Estado sobrantes de Ultramar, cuando se hace una operacion de crédito para satisfacer las necesidades y atrasos pendientes en esas mismas provincias ultramarinas.

Nuestro patriotismo nos impulsa á consignar como enseñanza, las consecuencias de toda politica que no ha procurado asimilar los intereses de la

(1) Discurso del Sr. Posada Herrera del 10 de Mayo de 1855 sobre el derecho diferencial de bandera para la introduccion de harinas en Cuba.
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Metrópoli con sus colonias, concediendo á los habitantes de estas las garantías y derechos necesarios para que no puedan considerarse en costosa y poco favorable dependencia. Momentos antes de estallar la guerra entre los Estados-Unidos de América y la Inglaterra por las exigencias comerciales con que esta potencia hacía pesar su soberanía, decía lord Chatam en la Cámara de los Lores combatiendo aquellas medidas: «Vosotros las revocareís, si, vosotros las revocareís; yo consiento que se me tome por loco si no las revocais.»

Algun tiempo después pudo conocerse la prevision del elocuente Lord. Una nación improvisada de poco más de tres millones de habitantes, estaba en abierta lucha con la poderosa Inglaterra y ganaba su independencia y sentaba las bases de un imperio que cuenta hoy con más de 30 millones de habitantes, que casi posee el dominio de los mares, y cuyo poderío hace temblar á las naciones más vigorosas de la Europa: milagro producido en méños de un siglo; portentoso efecto de la libertad.

Teniendo en cuenta lo dicho, y por otras razones que pudiéramos aducir, no encontramos fácil explicacion al decreto de 19 de Marzo y á la Real orden que le acompaña, por la cual se contrata con la casa de los señores Bieshaffesheim-Goldschmit y compañía de París un empréstito sobre las Cajas de Ultramar de 50 á 55 millones de francos, ó sea de 2 millones á 2 millones 200.000 libras esterlinas, efectivos.

¿Por qué, contando el Gobierno con grandes mayorías en una y otra Cámara no ha creído conveniente robustecer tan importante medida con la aprobacion de los Cuerpos colegisladores? ¿Por qué no ha querido someterla al trámite de la subasta pública que establecen las leyes de administracion, y cuyo procedimiento está adoptado como más conveniente por todos los pueblos modernos? No lo comprendemos. A no ser que el señor ministro de Ultramar se haya propuesto desmentir al Sr. Barzanallana, probándole que no tenía razon cuando afirmaba en su último discurso en la Cámara alta que el Gobierno que preside el Sr. Duque de Valencia carecía para resolver las cuestiones de Hacienda del vigor personal que le sobraba para resolver las cuestiones políticas. Si este ha sido el objeto del señor ministro de Ultramar, nosotros somos los primeros en declarar que ha realizado su propósito á las mil maravillas.

Sea como sea, la negociacion está hecha; el Estado debe percibir de 50 á 55 millones de francos, de los cuales deben aplicarse á la Peninsula 88 millones de reales, y el resto, es decir, poco más de 5 millones de duros á las colonias, lo que no obsta para que queden consignados en los presupuestos generales 134 millones de reales como sobrante de aquellas provincias en las cuales se hace un empréstito, por cuyo capital han de pagar más de 10 por 100 de interés.

Hemos oído, aunque nosotros creemos que no tiene el menor viso de
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fundamento, la noticia de que los presupuestos no se discutirán en su totalidad, y que el Gobierno concluirá por pedir una autorización; repetimos que no lo creemos, pues no hay ninguna circunstancia que pueda justificar esta medida.

Cuando se esperaba con fundado motivo por declaraciones de personas intimamente ligadas con el Sr. Ministro de Hacienda que se harían importantes rebajas en el presupuesto, ha venido á sorprendernos el dictamen de la comisión con un aumento inesperado.

«El presupuesto de gastos correspondiente al año económico de 1868 á 1869 presentado por el Gobierno ascendía á la cantidad de 263.005.290 escudos. Con posterioridad á su presentación, el Gobierno ha reclamado las siguientes adiciones: 30.047 escudos para cargas de justicia; 2.800 para el ministerio de Estado; 3.054 para el de Gracia y Justicia; 1.445.500 para el de Guerra; 20.300 para el de Gobernación; 38.415 para el de Fomento; 1.245 para el de Hacienda. Es decir, que el Gobierno había padecido un olvido de 1.541.361 escudos, de lo cual resulta que el presupuesto sometido al exámen de las Cortes asciende á la cantidad de 264.546.659, presentando por consiguiente un aumento de 800.098 escudos sobre el ejercicio corriente, cifra que la comisión, según confesión propia, y guiada por el deseo de que este presupuesto sea una verdad, se ha visto precisada á elevar á 980.113 escudos más, ante la necesidad de no dejar desatendidos algunos servicios ineludibles; si bien confiando, añade la comisión, que el Gobierno por su parte, en uso de las facultades de que se halla revestido, hará aquellas reducciones que exija la situación del Tesoro y sean compatibles con el mejor servicio público.»

Estamos persuadidos de que á todo el que lea con alguna detención este párrafo se le ocurrirá la siguiente pregunta: ¿cuándo hará el Ministerio las reducciones que la comisión desea? ¿en qué ocasión se encontrará el Gobierno en circunstancias más favorables que después de haber percibido 88 millones por la conversión de deudas amortizables y la enajenación de la segunda serie de billetes hipotecarios? ¿será posible que cuente nunca con más apoyo en las Cámaras y más debilidad en las oposiciones?

El Sr. Barzanallana tenía preconcebido un plan de Hacienda más ó menos conveniente; proyectaba reformas que hubieran dado mejor ó peor resultado: los Sres. Moyano, Nocedal y otros, presentan cada uno, apoyados por sus amigos, enmiendas importantes, de que nos ocuparemos en el curso de los debates; pero el Sr. Sanchez Ocaña, el Sr. Ministro de Hacienda, tranquilo ante el déficit que arroja de si el presupuesto que va á discutirse y los presupuestos anteriores, nada idea, nada propone, nada intenta. El plan, por lo que se ve, es muy sencillo, gastar aun más de lo que gastábamos, contando con que las rentas eventuales produzcan mé-