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de crédito territorial; exígelo también la situación especial en que han venido á colocarle las profundas y provechosas reformas políticas, civiles y administrativas hechas por nuestras leyes en los últimos tiempos, y que han cambiado fundamentalmente la manera de ser de la sociedad española. Al comenzar el siglo actual, bien puede asegurarse que las dos terceras partes de la tierra estaban poseídas por manos muertas. Las Cortes de Cádiz con sus sabias leyes sobre señorios, sobre montes, sobre acotamiento de heredades, sobre arrendamientos rústicos, etc., iniciaron una fecunda y utilísima revolución en la organización de la propiedad española. Las Cortes de 1820, siguiendo el propio impulso, votaron la ley de desvinculación; y en la tercera época constitucional, bajo el actual reinado, continuando siempre el mismo movimiento y tal vez exagerándolo, hemos visto declarar primero nacionales los bienes de las comunidades religiosas, y trasformar después en renta pública la propiedad del clero secular, de los pueblos y las corporaciones, devolviendo así á la libre circulación y al comercio, una inmensa masa de bienes, esterilizados antes por la mano muerta. El suelo en España se ha trasformado, pues, completamente en lo que va de siglo: pero esta trasformación no ha podido verificarse sino inmovilizando los españoles casi todos sus ahorros, de donde resulta forzosamente un notable desnivel entre el capital inmobiliario y el circulante.

Y no es esto solo. Hace más de treinta años que tenemos abierto ese vasto mercado de inmuebles, es verdad; pero para las ventas á plazo. Hemos disfrutado durante algún tiempo de cierta holgura y bienestar, y nosotros, pueblo meridional, tan fácil á la esperanza como al desaliento, arrastrados por el atractivo de los plazos y por ese secreto é irresistible encanto que tiene para el corazón humano la propiedad, nos hemos lanzado á comprar sin discrección ni medida, contando, más que con nuestros recursos, con la Providencia. Tras de una época de bonanza y de ilusiones, ha venido otra de penuria y desengaños; y hoy la mayor parte de los compradores se ven en la dura alternativa de abandonar las fincas, perdiendo el importe de los plazos satisfechos y sufriendo las consecuencias del apremio, ó de pedir prestado entregándose en las manos de implacables usureros. Resulta de aquí que no solo hemos consumido todos nuestros ahorros en la compra de inmuebles, sino que todavía no los hemos pagado; es decir, que estamos
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liquidando nuestro suelo: y en tal estado, bien se comprende la importancia que ha de tener en España una institucion que prestando á largo término y con condiciones ventajosas, dé respiro al propietario y le permita desenvolverse, reembolsando el préstamo por medio de la amortización anual en un período de veinte, treinta ó más años.

La saludable accion de un Banco de esta especie no se limita á los propietarios particulares, sino que se extiende también á los pueblos, á las provincias y al Estado. Nuestras municipalidades y diputaciones provinciales, que á pesar de ser muchas de ellas ricas y de poseer sólidas garantías, no pueden levantar fondos por la falta de ideas de crédito que hay en nuestro país, ni siquiera para proporcionar trabajo en días de escasez á las clases menesterosas, encontrarán en aquella institución los recursos necesarios para construir, aparte de otras obras de interés para la provincia y el municipio, una red de caminos vecinales y de carreteras de tercer orden que, facilitando el movimiento y la circulación interior de sus productos, estimularán la producción y desenvolverán el tráfico por las vías férreas, dando así el doble resultado de aumentar la riqueza general y de sacar de su actual postración á las compañías de obras públicas.

Para el Estado llega por desdicha demasiado tarde el Banco de Crédito territorial. Durante mucho tiempo la Cartera del Tesoro ha estado abundantemente provista de pagarés de bienes nacionales. En la necesidad de realizar estos valores de vencimiento largo, el Tesoro ha tenido que forzar sus operaciones é imponerse grandes sacrificios, consintiendo en la pérdida de una buena parte del capital. Mucho más provechosa habría sido sin duda la desamortización si el Tesoro hubiera podido levantar fondos sobre esos valores por el intermedio y con el auxilio de una institución destinada á prestar sobre inmuebles ó sobre títulos representativos de inmuebles, que para el caso es lo mismo, mediante una cómoda cuota anual, comprensiva del interés y la amortización, y por un período de veinte á treinta años. ¡Ah! ¡Cuán distinta sería nuestra situación si hubiera podido establecerse en 1855 el Banco de Crédito territorial! Nosotros lo intentamos hallándonos sin merecerlo al frente del Ministerio de Fomento; pero pronto hubimos de convencernos de que nada podía hacerse sin reformar antes radicalmente nuestro sistema hipotecario; así es que por entonces nos limitamos á exci-
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tar á nuestro compañero el Ministro de Gracia y Justicia á que renunciando á su idea favorita, la codificación, ordenara á la Comisión de códigos que se ocupase en formar una ley especial sobre hipotecas, segregándola del Código civil. En 1866, hallándonos sin título alguno al frente del Ministerio de Hacienda, la ley hipotecaria estaba ya en vigor, y por lo tanto podíamos hacer sin inconveniente lo que en 1855 era imposible, lo que aconsejábamos que se hiciera en 1862 desde nuestro humilde bufete, lejos de la esfera del poder. El establecimiento del Banco de Crédito territorial era en efecto una de las bases fundamentales de nuestro plan: teníamos firmado un contrato para su constitución en España con el gobernador del Crédit Foncier de Francia, y redactados el proyecto de ley y los estatutos; pero primero dificultades interiores que no sería hoy discreto explicar, y más tarde la terrible crisis que pesó sobre el mercado de Londres, conocida con el gráfico nombre de Viernes negro, y la guerra promovida contra el Austria por Víctor Manuel y Mr. de Bismarck, la cual produjo, como era natural, el retraimiento del mercado de París y un pánico general, nos obligaron á aplazar la realización de un pensamiento que siempre hemos acariciado y que consideramos altamente benéfico para la nación.

Lo que creíamos entonces, siendo poder, eso mismo creemos hoy; y no ha de faltar nuestra débil ayuda, ni hemos de escasear nuestros elogios á los que, más afortunados que nosotros, logren plantear acertadamente en España tan fecunda y provechosa institución.

Hé aquí ahora las ideas principales que sobre este punto expusimos en el año de 1862.

II.

No hay para qué hablar de la importancia del crédito territorial y de su influencia en el desarrollo de la riqueza pública y en el bienestar de los particulares. Nos hemos propuesto preceindir de consideraciones generales y abstractas, bien conocidas de todo el mundo, y por eso diremos sólo que de todas las instituciones de crédito, esta es sin duda la mejor, y que el que entre nosotros lle-
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gue á organizarla sólidamente, hará al país un beneficio inmenso.

¿Pero ha llegado el momento de realizar este beneficio, de organizar un Banco de Crédito territorial? Como se ve, no es esta una cuestión sin importancia: hoy hiere en todos los ánimos la idea de fundar un Banco de esta especie: son muchos los que se agitan y quieren anticiparse, y es menester saber lo que hay de ilusorio y lo que hay de real en tal aspiración, en esta general tendencia.

A nuestro juicio, es evidente que esta es la ocasión oportuna de pensar en un Banco de Crédito territorial y de prepararse á su establecimiento. Antes de ahora, era inútil pensar en ello, porque el crédito territorial era imposible sin una reforma profunda y completa en nuestra legislación hipotecaria: hoy las cosas han variado, porque tenemos una ley que se ha hecho precisamente con este objeto. Como ya hemos indicado, tuvimos la honra de excitar en 1855 al Ministro de Gracia y Justicia para que ordenase á la Comisión de códigos que con preferencia se ocupase en redactar una ley hipotecaria, á fin de poder formular después sobre esta base una ley de Crédito territorial. La Comisión de códigos ha respondido dignamente al pensamiento del Gobierno, de tal manera, que hasta ha sacrificado, en ocasiones, principios jurídicos muy respetables é intereses muy altos, á la idea dominante de atraer capitales á la tierra y fundar el crédito territorial sobre firmísimos cimientos. Bajo este punto de vista, el Banco en España funcionará mejor y más desembarazadamente que en Francia, porque la nueva ley hipotecaria es superior á la legislación francesa. Ha llegado, pues, sin duda el momento de preparar el establecimiento de una Sociedad de Crédito territorial.

Pero es menester no engañarse: no hemos pasado del período de preparación. Tenemos, sí, la ley hipotecaria, pero nos falta la ley de Crédito territorial. Y aunque quisiera prescindirse de esta, siempre sería al menos precisa una ley de concesión para la compañía que hubiera de erigirse en Banco ó Sociedad de Crédito territorial. Más claro: no puede establecerse una sociedad de esta especie sin medidas legislativas. Podrán estas adoptarse en una ley general de Crédito territorial, ó en la ley especial de concesión. Pero de cualquier modo que se adopten (porque esta es una cuestión de método que no afecta á la esencia de las cosas), la verdad es que son indispensables, de tal modo, que sin
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ellas es imposible marchar. El Gobierno podria, ciertamente, sin el concurso de las Cortes, autorizar la constitucion de una Companía de Crédito, con sujecion á lo dispuesto en la ley de 28 de Enero de 1856; pero esta companía seria ni más ni menos que lo que es hoy, por ejemplo, la Mercantil é Industrial española, y no estaria en las condiciones propias y peculiares de una Sociedad de Crédito territorial. La faltaría el privilegio; no tendria subvencion, y sin hablar de la subvencion ni del privilegio, cosas ambas sin las cuales se concibe perfectamente la existencia de una sociedad de Crédito territorial, se encontraría sin la obligacion ó cédu- la hipotecaria, que es la rueda principal en el mecanismo de esta clase de sociedades, su gran instrumento de crédito, la moneda en que hace los préstamos, el alma de todas sus operaciones, la corona de la institucion.

Tal vez habrá quien se asombre de oir esto recordando que la ley de 28 de Enero de 1856 autoriza para emitir obligaciones á las Sociedades anónimas de crédito; pero basta fijarse en el texto de su art. 4.º para convencerse de que nuestra tesis es exacta y perfectamente legal. ¿Cuál es, en efecto, el fin esencial de una Sociedad de Crédito territorial? Prestar sobre fincas, no en dinero, sino en obligaciones. Pues bien, sostenemos que una Sociedad de Crédito no puede emitirlas para hacer esta clase de préstamos con arreglo á la legislacion actual. Dice el art. 4.º: «Las operaciones de las Sociedades de Crédito podrán extenderse á los objetos siguientes…… 5.º Emitir obligaciones de la Sociedad por una cantidad igual á la que se haya empleado y exista representada por valores en cartera por efecto de las operaciones de que tratan los párrafos 1.º, 2.º 3.º y 4.º de este artículo. ¿Y está por ventura comprendida en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del art. 4.º la operacion de prestar sobre fincas? No. Y, no solo no está comprendida, sino que está formalmente excluida, una vez que la ley reservó dicha operacion para hablar de ella concreta y determinadamente en el párrafo 7.º, que dice así: «Prestar sobre….. fincas, fábricas, etc.» Luego es evidente que hoy las Sociedades de Crédito no pueden emitir obligaciones para hacer préstamos sobre fincas sin infringir el texto de la ley, que si bien les autoriza para emitirlas con relacion á ciertas operaciones comprendidas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del art. 4.º, no extiende esta misma facultad á la operacion comprendida en el párrafo 7.º del propio artículo.
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Y la ley de 28 de Enero de 1856 fué en esto sabia y previsora, porque comprendió que las Sociedades de Crédito territorial necesitan una ley aparte, distinta de la general sobre Sociedades anónimas de Crédito, y en la cual se las otorgue la facultad exclusiva de emitir obligaciones hipotecarias con destino á préstamos sobre inmuebles. Déjese esta facultad indistintamente á todas las sociedades anónimas de Crédito, y es imposible que viva y prospere una Sociedad de Crédito territorial. Así, cuando hemos dicho que se concibe la existencia de esta sin el privilegio, nos hemos referido al privilegio que consiste en no permitir que se establezca más que una sola Sociedad en todo el reino, ó en una determinada demarcación territorial, pero de ninguna suerte á ese otro privilegio que consiste en que solo las Sociedades de Crédito territorial puedan emitir obligaciones para hacer de ellas la moneda de sus préstamos sobre inmuebles. Este privilegio nos parece absolutamente indispensable, porque sería imposible la concurrencia de una institución de Crédito territorial con otras sociedades dedicadas á operaciones muy lucrativas, aunque menos seguras; sociedades que á su vez no pueden ser investidas sin peligro de una facultad incompatible con el riesgo de las operaciones á que suelen dedicarse.

Si hoy tuviera toda Sociedad de Crédito la facultad que le negamos, sería preciso quitársela y declarar que solo las Sociedades de Crédito territorial podrían en lo sucesivo emitir obligaciones hipotecarias con destino á préstamos sobre inmuebles.

La ley de 28 de Enero, aun interpretada de distinto modo que la entendemos, no llena los fines de una institución de crédito territorial, ó sería indispensable al menos ampliar para ello el límite que señala su art. 7.º á la facultad de la emisión. Dice este, refiriéndose siempre á la clase de obligaciones que hoy pueden emitir las Sociedades de Crédito, y que no son obligaciones de crédito territorial, «las obligaciones que emitan las Sociedades con arreglo al párrafo 5.º del art. 4.º, Serán al portador, etc.»

«Interin no se haya hecho efectivo todo el capital, las Sociedades solo podrán emitir el décuple de la parte realizada en obligaciones á vencimientos á más de un año, y hasta diez veces su importe cuando el capital se haya realizado por completo.»

En primer lugar, no hay razón para que las obligaciones del Crédito territorial no hayan de poder ser nominativas. En Francia, al menos, las hay de ambas clases, nominativas y al portador,
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y seria conveniente que la institucion que se organizase en España reclamara esta misma libertad; y en segundo lugar (y esto es lo más grave), la facultad de emitir en obligaciones hasta el décuple del capital social, podrá bastar á la generalidad de las Sociedades anónimas de Crédito, pero de ninguna manera es suficiente para una Sociedad de Crédito territorial, si esta ha de responder á los grandes fines de su institucion. Es necesario cuando menos que se la autorice para emitir hasta veinte veces el importe del capital realizado, ó lo que seria aun mejor, para emitir el décuple del capital como á las demás sociedades, con más una cantidad igual al importe de todos los préstamos que hubiere hecho sobre inmuebles á término largo. Por supuesto que esto no envuelve la idea de que haga una emision cada vez que verifique un préstamo. Nadie tiene más interés que la Sociedad en que haya el menor número posible de emisiones, y en que cuando se verifique alguna, sea de una gran cantidad.

Haremos por último otra reflexion muy importante para demostrar que, aunque no existieran los obstáculos legales de que se ha hecho mérito, sería inútil fundar hoy la Compañía, porque no podría funcionar. La nueva ley hipotecaria está promulgada como ley del reino, pero no rige todavía, ni empezará á regir hasta que no se organicen los registros en todas las provincias del reino y se allanen las dificultades con que tropieza su ejecución. Pues bien; mientras esta ley no rija, es un sueño pensar que un Banco pueda hacer préstamos con hipoteca. La legislación antigua, que es todavía la vigente, no ofrece garantía alguna, de tal suerte, que puede decirse de España lo que con menos razón decia de Francia en 1840 el célebre M. Dupin ante el Tribunal de Casacion: «El que compra una finca nunca está seguro de ser el propietario de ella; el que presta sobre hipoteca no adquiere jamás la seguridad de ser reembolsado.» En el estado actual de la titulación de la propiedad en España, y bajo el sistema todavía vigente de las hipotecas legales y ocultas ¿quién puede pensar seriamente en hacer funcionar una Sociedad de Crédito territorial? Hay que esperar á que rija la nueva ley hipotecaria, y aun entonces, por las razones que se expondrán después, al ocuparnos de la parte legislativa, será preciso durante el primer año proceder con gran pulso y cautela al hacer los préstamos para no comprometer la existencia y el porvenir del Banco.
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exhalarán quejas y lamentos que habría ahogado ciertamente el régimen preventivo.

De cierto no espera aquel Gobierno, que movidos de indeleble agradecimiento los antiguos periódicos y los nuevamente fundados, hayan de consagrar sus cuotidianas tareas á cantar en coro las alabanzas del Imperio. No imaginará que cada diario, sin excepción alguna, ha de ser modelo de moderación y cordura. Entre los periodistas sucede como entre los demás mortales, como entre los oradores y los funcionarios públicos por ejemplo; los hay cultos e ignorantes, modestos y presumidos. Unos son templados y probos, otros corrompidos y procaces. Suponerlos exentos de las humanas flaquezas sería delirio, y además se ha de tener en cuenta que no se requieren aprendizajes, ni estudios, ni categorías, ni pruebas de calidad y virtud para penetrar en lo que, digase lo que se quiera, nunca será sacerdocio, ni magistratura, ni una clase del Estado: ¡qué labios no se ha asomado la sonrisa al leer en el discurso de M. Thiers el picante retrato del escritor imberbe que presume de enseñar á los hombres de Estado encanecidos y expertos lo que es España ó Inglaterra, y quiere dar lecciones de desinterés á quienes ya han pasado por las pruebas de la vida? Al lado de estos doctores precoces está el periodista independiente que pasa el día pretendiendo destinos y la noche escribiendo artículos de oposición destemplada. ¿Quién no ha conocido á alguno de esos diaristas, á quienes impacienta la templanza del Gobierno en tiempos de razonable libertad, y que van apretando los resortes de la polémica hasta que logran que las denuncias y condenas y prisiones les den motivo para clamar contra la tiranía de Ministros y jueces, preparando con los méritos de un martirio fácil los beneficios de popularidad mal adquirida? Al lado de estos se encuentran también escritores hábiles y laboriosos que en trabajos anónimos marchitan la flor de su inteligencia y en beneficio de partidos ingratos consumen talentos que pudieran reservar para obras méños efímeras y fugaces. No faltan algunos cuyo carácter resista á todos los riesgos de la inexperience y á todos los halagos de la corrupción. Donde hay graves peligros para la flaqueza y la inmoralidad, también ha de haber algún laure para la independencia y el verdadero patriotismo. En resumen, sucede á esta libertad de la imprenta como á todas, y es que por lo mismo que abren al mal las puertas haciéndole posible, acrecen también y aquilatan el mé-
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Lo dicho basta para disipar infundadas alarmas nacidas del apresuramiento de algunos. Ha llegado, sí, el momento de preparar el establecimiento del Crédito territorial; pero ni puede fundarse una Compañía de esta índole sin el concurso de las Cortes, ni aun fundada puede funcionar mientras no empiece á regir la ley hipotecaria.

III.

¿Qué operaciones debe abarcar la Sociedad de Crédito territorial? Este es uno de los puntos más interesantes de este trabajo, porque es el que más directamente afecta á la buena organización y al porvenir del Banco. La principal, la más importante de las operaciones del Crédito territorial consiste en prestar á largo plazo en obligaciones ó cédulas hipotecarias á los propietarios de inmuebles, exigiéndoles el pago de anualidades que comprendan el interés ó rédito del capital, los gastos de administración y un tanto por ciento de amortización, de tal manera que los mutuarios vayan extinguiendo gradual y sucesivamente y casi sin sentirlo su deuda, con solo pagar por espacio de 40, 50 ó 60 años una suma anual algo superior al interés del dinero.

Pero aunque esta sea la principal y más importante de las operaciones de un Banco de esta especie, la experiencia ha demostrado que puede igualmente consagrarse á otras no menos útiles á los accionistas que al país en general sin comprometer por eso la existencia de una institución que está llamada á producir beneficios incalculables.

Con efecto, el decreto orgánico de las Sociedades de Crédito territorial en Francia, limitaba su objeto á dos clases de operaciones: 1.ª al préstamo hipotecario reembolsable por anualidades á largo plazo; y 2.ª á la emisión de obligaciones ó cédulas hipotecarias (art. 1.º y 4.º del decreto de 28 de Febrero de 1852): les estaban formalmente prohibidas cualesquiera otras operaciones (art. 44).

Pero apenas comenzó á funcionar esta institución, se sintió la necesidad de dar mayor ensanche á su esfera de acción; y más tarde, cuando merced á la prudencia y acierto de sus directores, se arraigó y popularizó levantándose al nivel de los establecimientos
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de crédito de primer orden, el Gobierno francés se creyó en el deber de dotarle con nuevas e importantes atribuciones, eligiéndole además como auxiliar e intermediario para que no continuase siendo letra muerta la ley que otorgó á la agricultura en Francia una subvención de 100.000.000 de francos.

No haremos mérito, no, de todas las operaciones que pueden hacer los Bancos territoriales, porque sería un trabajo inútil, pero sí de las que pueden tener alguna aplicación á España.

El Crédit Foncier fué autorizado en 1854 para hacer préstamos á corto término; es decir, reembolsables en un período de menos de diez años. Estos préstamos eran también hipotecarios pero sin amortización, y no gozaban de los privilegios otorgados á los de largo plazo, reembolsables por anualidades, ni daban lugar á la emisión de obligaciones territoriales: la Sociedad debía hacerlos con los capitales procedentes de la realización del fondo social y sus beneficios.

Los motivos que tuvo el Gobierno para otorgar esta autorización al Crédit Foncier están expuestos con tal claridad en el preámbulo del decreto de 5 de Julio de 1854, que lo mejor será copiar algunos de sus párrafos. Dice en él el Ministro de Hacienda, «en ciertos momentos en que el interés del dinero sube más de lo ordinario, naturalmente la Sociedad de Crédito territorial había de tener pocos pedidos de préstamo á término largo, porque á pesar de la facultad que tienen los mutuarios para hacer el reembolso por anticipación, habían de estar poco dispuestos á comprometerse por muchos años en condiciones desfavorables, y preferirían recurrir temporal y provisionalmente á préstamos de corto vencimiento. Durante estos momentos de transición, añade el Ministro, durante estos períodos de corta duración, es conveniente que los propietarios de inmuebles puedan también dirigirse á la Sociedad y obtener de ella los préstamos temporales que necesiten, sin acudir á los capitalistas que naturalmente habían de sacrificarlos. Estos préstamos transitorios y de corto vencimiento, no serán las más veces sino el principio y el preludio de préstamos á largo plazo, en que vendrán á convertirse probablemente.»

El Crédit Foncier usó al principio con gran parsimonia de esta facultad, pero en el año 59 los préstamos á corto plazo ascendieron ya á la considerable suma de 7.911.000 francos.

Los préstamos á largo término representados por obligaciones ó