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cion de la paz. Los republicanos proclaman como condicion para restaurar la Union, que los Estados rebeldes supriman la esclavitud, esto es, que la causa de la guerra perezca con la guerra. Los radicales aspiran á poner los Estados rebeldes á merced de las medidas arbitrarias de los Representantes del Norte, empezando por la confiscacion de bienes, como se pudiera ordenar bajo el mando del más odioso tirano.

La ausencia de los votos del Sur dió el triunfo á Lincoln, que vino á quedar reelegido Presidente por 2.200.000 votos, habiendo tenido Clellan 1.800.000, y Jonhson fué elegido Vicepresidente. Victima más tarde Lincoln del puñal asesino, contra lo que era de esperar de las costumbres anglo-americanas, entró á reemplazarle, conforme á la Constitucion, Jonhson. Había sido este Senador en el Congreso por el Estado de Tennesse, y aunque las Autoridades de este Estado se declararon neutrales en la gran lucha entre los beligerantes para adherirse sin duda al que fuese favorecido por la fortuna, aquel hombre político se mantuvo siempre firme, activo y decidido por la causa de la Union. Dió en este proceder separándose de sus compatriotas, grande ejemplo de independencia de carácter y solidez de convicciones, cualidades que había de confirmar más solemnemente en el desempeño de las altas funciones, á las cuales cuando menos se lo prometía, le elevaba el funesto fin del Presidente.

Cuan penetrado se hallaba de sus gravísimos deberes y de su delicada situacion, lo significó desde las primeras manifestaciones oficiales. En su primer mensaje declaró al Congreso que seguiría á Lincoln en el ejercicio de la autoridad de Presidente como el mejor modelo, declaración importante, porque siendo poco conocidos del público sus designios, andaba la opinion muy dividida, y en el Sur especialmente se abrigaban preocupaciones erróneas acerca de sus propósitos. La Constitucion y el programa del partido que le había elevado, y que él consideraba identificado con el interés de la República, debian ser la luz que le guiara en las oscuras y complicadas circunstancias en que ascendia á la primera magistratura. Testimonio público y formal de ella fueron las palabras siguientes, que pronunció en ocasion muy conocida: «Los negocios del país están, en estos instantes, en situacion casi tan crítica, como cuando una fuerza armada trataba de destruir el Gobierno. La tentativa de destruir el Gobierno por la fuerza, no es más per-
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judicial para la vitalidad de la nacion que el minarlo y desnaturalizarlo, hollando y pisando con los pies las garantias protectoras de la libertad del pueblo escritas en la Constitucion. Mi posicion se halla tomada, mi linea de conducta está trazada; yo defenderé y mantendré la Constitucion contra los esfuerzos de quien quiera que la ataque, de donde quiera que vengan los ataques.»

Despues de tal declaracion, los partidos debian comprender cuáles eran las intenciones y designios del nuevo Presidente, mal apreciado antes por los pueblos del Sur, considerándole más rigoroso é intolerante que su malogrado antecesor, así como por los radicales, que contaban tener en este Magistrado un dócil y flexible instrumento para la ejecucion de sus planes de predominio é intolerancia.

Las esperanzas de los radicales y republicanos no han tardado en fracasar ante la firmeza del Presidente Johnson, oponiendo su veto á las medidas del Congreso por hallarlas invasoras de otros poderes y opuestas por lo mismo á la Constitucion. Las iras del partido dominante han estallado contra el Jefe del poder ejecutivo, y se le ha inculpado de querer dominar sobre el Congreso y de haber hecho traicion á su partido, cuando él procede en la íntima persuasion de que su conducta es la que le dictan la fidelidad al programa publicado por sus mismos amigos políticos al tiempo de su eleccion, el cual olvidan, adhiriéndose á los radicales, y el más señalado respeto á la ley constitucional, que considera conculcada por las resoluciones del Congreso, intúitmente contrariadas por su veto. De aqui la pugna abierta entre el Congreso y el Presidente, que ha dado lugar á los más serios conflictos, y ha llegado recientemente á formal acusacion entablada contra el Presidente Johnson ante el Senado por la Cámara de Representantes.

Necesario es, pues, que demos una breve idea de las cuestiones que han sido objeto principal de disidencia entre el poder legislativo y ejecutivo de la Union, y que apreciemos con perfecta imparcialidad, á la luz de los principios de su Constitucion, las causas del rompimiento que ha estallado en las más altas esferas del Gobierno.
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VI.

Sobre todas las cuestiones concretas que traen desacordes al Presidente y al Congreso de la gran República, domina entre estos poderes una contradiccion radical de tendencia, una oposicion de miras en un punto demasiado fundamental para que deje de sentirse este espíritu de contrariedad á cada paso, al intentar resolver los multiplicados y árduos problemas sobrevenidos después de la paz, y que habian, antes de esta, preocupado por extremo á los hombres de Estado más partidarios del triunfo de la Union. ¿Cómo habian los Estados del Sur, una vez vencidos, de volver á entrar de hecho en el cuerpo de la República, del cual se habian separado? ¿Se les ha de admitir en ella, como si nada hubiese ocurrido desde 1861, dejando sin efecto las medidas acordadas contra el Sur durante la guerra, como la abolicion de la esclavitud y confiscacion de bienes de los rebeldes? ¿Han de restablecerse las relaciones políticas entre los Estados vencidos y el Gobierno federal, como lo estaban ante bellum, de modo que elijan sus Representantes y Senadores para tomar la misma parte en los negocios públicos que ejercen los otros Estados de la Union? ¿O por el contrario, se los ha de tratar como á los demás territorios incorporados á la República por la fuerza ó por los tratados á los cuales se les imponen por el Gobierno central las condiciones que estima convenientes, antes de admitirlos á formar parte de la nacion como Estados federales? No existiendo acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo acerca de estos problemas por decirlo así cardinales, natural y lógico es que en las soluciones de los otros, que de aquellos dependen, el voto del Congreso disienta de la opinion presidencial, se haga uso más frecuente que en otras empresas de la prerrogativa del veto, quede este anulado por la insistencia constitucional del Congreso en sus anteriores acuerdos, y ocurran roces peligrosos y tirantez excesiva en los altos resortes, en las esferas más elevadas del Gobierno.

Acerca de las cuestiones mencionadas profesan el Congreso y el Presidente un modo de ver no diferente, sino casi de todo punto contrario. Aquel magistrado entiende que la guerra no se ha sostenido más que para conservar la integridad de la República y re-
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ponerla en aquel estado, que la habia conducido á una prosperidad y grandeza inauditas, habiendo sido á sus ojos, una verdadera cuestion de existencia, impedir que ocho ó diez Estados, diesen la ley á veinte y siete, ó lo que es lo mismo, que la minoría subyugará á la mayoría. Aceptada por siete Estados del Sur la enmienda constitucional de la supresion de esclavitud, y reuniendo así esta medida las dos terceras partes de los Estados que para su validez demanda la Constitucion, el Presidente, fiel á los principios del derecho y á las ideas del programa de su partido, antes que se aliara y fundiera en el abolicionista, quisiera que se corriese un velo sobre los infortunios pasados, y que el Sur como el Norte concurrieron con iguales derechos á los que habian ejercido antes de la excision á formar la Cámara de Representantes y el Senado de la República. El Congreso se halla en este punto muy distante del parecer de Johnson.—Intereses de partido y especiosas razones de Estado inspiran á las Cámaras sobre esta gravísima materia.

El interes del partido republicano le aconseja alejar todo lo posible á los Estados del Sur de toda participacion politica en el gobierno federal, porque sus Representantes unidos á la minoría democratica, que hoy existe en el Congreso, la convertirian en mayoria inmediatamente. De la altura del poder, del predominio absoluto en la provision de las funciones y cargos publicos, vendria el partido republicano á caer en la situacion de todas las minorias, y el partido democratico le reemplazaria en la completa dominacion que hoy aquel disfruta. Al lado de este importante interes, sufririan otros intereses que no lo son tanto, pero que hablan muy alto en el corazon de las facciones politicas. Los jefes militares, radicales en su mayor parte, que han ocupado los distritos del Sur despues de la guerra, y cuya conducta con los vencidos ha sido dura y por demas opresiva, habrian de dar cuenta ante sus victimas de los excesos cometidos si estas pudieran hacerse oir en las Cámaras de la Republica. No pocos de sus amigos politicos, si se entrara en una situacion ordinaria normal, tendrian que dejar sus puestos para ser sustituidos por otros, que nombraria una administracion menos irregular. Y algunos en fin, habiendo comprado á precios excesivamente cómodos los bienes confiscados á los rebeldes, no muy confiados en sus titulos de adquisicion, una vez variado el actual orden de cosas, cuentan con el apoyo de su partido para no ser inquietados en el goce de sus nuevas propiedades,
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y les es indispensable por lo mismo, que el statu quo no experimente alteracion.

Pero el sentido político de los anglo-americanos, por más que tributen culto con idolatría al interés material, no se satisfaría sino se fortificaran estos motivos egoístas con el apoyo, siquiera especioso, de razones jurídicas y de Gobierno. Así se ha proclamado que, habiendo sido desterrado el pabellón estrellado de los Estados del Sur, cesaron de pertenecer á la República. Por efecto de su rebelion han incurrido además en la pena de perder su independencia. Habiendo sido vencidos, en fin, por las armas del Norte, las leyes de la guerra le atribuyen el carácter de vencedor y de conquistador, perteneciéndole los derechos reconocidos sobre los pueblos conquistados.

A estas alegaciones jurídicas se añaden razones de Estado, que nosotros no exponemos, para dejar la palabra á un escritor distinguido anglo-americano, Emerson, que como literato y filósofo goza de celebridad. En un discurso pronunciado en Boston en 1862 se expresó en los términos siguientes: «Es menester advertir, dice, que, en los Estados del Sur, las leyes relativas á la propiedad, á las costumbres locales y á la esclavitud dan en el dia al sistema social el carácter aristocrático y no el carácter democrático. La oligarquía de estos Estados ha mostrado de año en año las disposiciones más acerbas y más agresivas, hasta que el instinto de la propia conservacion nos ha obligado á hacerles la guerra. El objeto de esta guerra es precisamente destruir la mala constitucion de la sociedad en el Sur, destruir lo que impide su reconstruccion sobre una base sólida y racional. Hecho esto, nuevas afinidades entrarán en juego. Las viejas antipatias se borrarán: suprimida la causa de la guerra, la naturaleza y el comercio, confiad en ello, nos darán los medios de establecer una paz duradera. Entonces esta raza desventurada y paciente, á la cual ha restituido su vida la proclama de Mr. Lincoln, perderá algo de la abyeccion que durante muchas edades ha quedado grabada en sus rasgos de bronce, de esta languidez que se ha exhalado en los suspiros de su música melancólica. Esta raza naturalmente buena, dócil y laboriosa, que debe su desgracia á los servicios mismos que puede prestar, podrá, en una edad más moral, no solamente defender su independencia, sino tambien tomar su puesto en una gran nacion.» Si como afirma Emerson, el objeto de la guerra es destruir el estado social del Sur,
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trasformándolo en otro estado social nuevo, mientras este cambio profundo no se realice, el Norte no puede retirar las medidas necesarias para conseguir que se planteé y consolide un sistema social opuesto al que en el Sur reinaba antes de la guerra.

Acaso el criterio que nos guía á los europeos, en nuestras apreciaciones, sobre las cosas del Nuevo Mundo, no sea siempre seguro y acertado. Mas, en la ocasión presente, los principios admitidos en los países civilizados no están en consonancia con las máximas jurídicas invocadas en apoyo de la reducción de los Estados del Sur á la condición rebajada de territorios de la República, sin voz ni voto en los negocios de esta, y sometidos al mando de gobernadores ó procónsules nombrados por el Gobierno central.

La desaparición del pabellón estrellado de los pueblos del Sur era consecuencia del estado de insurrección y rebelión en que se habían colocado contra la República, de modo que la verdadera cuestión se reduce á saber, cuáles derechos pertenecen á una nación sobre provincias rebeldes, que aspiran á la independencia, pero que á viva fuerza son puestas de nuevo bajo la obediencia del Gobierno nacional. Y en plantear de este modo el problema, lejos de enfriar el derecho de la Unión anglo-americana, creemos ensalzarlo, tal vez excediendo los límites de lo justo, porque al cabo la Constitución guarda absoluto silencio acerca de la segregación eventual de uno ó más Estados, es harto más débil el lazo que une á los diversos Estados entre sí y con la República que los vínculos de sumisión que ligan á las provincias con el Gobierno central de las otras naciones, y entre los pueblos mismos del Norte de la Unión se opinó antes de la guerra, como ya se ha indicado, que eran dueños los Estados de segregarse de la República federal, cuando lo tuvieran por oportuno. Ahora bien; preguntamos nosotros: ¿Hasta dónde alcanza el límite de los derechos que corresponden á una nación que, por medio de la guerra, reduce á la obediencia á las provincias que se le rebelan, sosteniendo con las armas la causa de su autonomía? Con todos los escritores de derecho internacional, desde Grotio hasta nuestros días, responderemos, que es lícito en la guerra, todo lo necesario para obtener el fin, que la guerra se propone. «Omnia sunt licita, quae ad consequendum finem belli sunt necessaria.» Cual haya sido el fin de la última guerra civil de los Estados Unidos, lo han manifestado pública y repetidamente las más elevadas potestades federales. Todos han
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concepto para curar las enfermedades de Roma, ni para estorbar las injurias que muchos Ministros de aquella Santa Católica Iglesia, habian hecho y hacian á los vasallos, tierras, y señoríos del Monarca español.

Más aún que en las respuestas á los puntos concretos, respecto de los cuales se le preguntaba, diferian ciertamente Soto, el Vice-Canciller, y Melchor Cano del Memorial del Rey, en lo tocante á la exposicion de motivos con que empezaba. Leíanse en ella, entre las cláusulas que tocaban directamente á las diferencias pendientes, otras muy graves. De estas era que, faltándole dos votos de los necesarios para su eleccion canónica en el Cónclave, se sentó Paulo IV, no obstante, en la silla donde suelen ser adorados los Papas, y estuvo allí sin querer levantarse por un dia entero, hasta que los Cardenales que lo apoyaban forzaron á dos de los contrarios á consentir en la adoracion, por medios violentos. Imputábasele en el mismo documento al Cardenal Carlos Carrafa su sobrino, en cuyas manos se suponia que hubiese depositado totalmente Paulo IV el gobierno espiritual y temporal de la Iglesia, el haber insultado con increibles demostraciones en Venecia al Santísimo Sacramento, y dicho públicamente que no creía en él: calificándosele por otra parte de sedicioso, disoluto, robador y asesino. Acusábasele allí, por último, al propio Santo Padre, no solo de haber dicho que podia justamente emplear la ferocidad de los turcos contra los Estados del Rey de España, sino de haber traído sobre Oran una de aquellas armadas infieles, según creian muchos, á fin de poner en aprieto á la de España, y divertir las fuerzas del Rey católico. De ninguno de estos enormes y sin duda exagerados cargos hizo cuenta en su dictamen Melchor Cano. Lejos de eso encareció, no menos que Domingo de Soto, la dificultad de los tiempos tocante al Sumo Pontífice y su autoridad, recordando que los alemanes comenzaron la reyerta, so color de reformaciones, y de quitar abusos y refrenar agravios; «y que, por poner el remedio de su mano y hacerse médicos de Roma, sin sanar á Roma, hicieron enferma á Alemania.» Ni dejó de manifestar al propio tiempo, que no parecia bien dar ocasión á que se favoreciesen los protestantes con el ejemplo del Rey de España; reputando por igual á la de este su causa, por ser ambas contra el Papa, y tener, si no intencion semejante, muy conforme apariencia. Hasta la propia opinion que tenia Melchor Cano del estado de la corte de Roma en su tiempo, á la cual juz-
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leido los mensajes dirigidos al Congreso por el Presidente, las discusiones y resoluciones de este, los despachos del Gobierno federal enviados á los Gabinetes extranjeros, sobre todo cuando se combatía la idea de que se reconociera á los Estados del Sur el carácter de beligerantes, y en todos estos documentos y otras muchas manifestaciones públicas, se repitió hasta el exceso, que la integridad de la Unión era el exclusivo fin de la guerra, y que el precio único de la paz, era la reposición de las cosas al estado anterior á la secesion del Sur. ¿No es contradicción evidente con estos principios, que pasan por inconcusos en todas las escuelas de derecho, proceder, después de desarmados los pueblos insurrectos, como se está procediendo, y afirmada la paz, tratarlos como país conquistado, y privarlos de todos sus antiguos derechos, de su legítima y constitucional participación en los negocios federales? ¿No ofrece extraño contraste la conducta del Congreso, admitiendo al goce de los antiguos derechos federales á los Estados ó parte de los Estados que fueron sojuzgados al principio y durante el curso de la guerra civil, y rehusar todo derecho, toda consideracion política, y mirar como ilotas á los habitantes de los países del Sur, que á última hora han rendido las armas y hecho sumision al Gobierno federal? ¿Cómo se explica este proceder tan contradictorio? Si la ley del vencedor puede imponer tan duro tratamiento á los últimamente rendidos, la misma ley es aplicable á los pueblos que sucesivamente fueron sujetándose á la dominacion federal. El derecho no reconoce una distinta fórmula respecto de los enemigos que se someten más pronto ó más tarde, y siendo igual para los que en cualquiera de estos dos casos se encuentran, el someterlos á medidas tan diferentes, á disposiciones tan contradictorias, solo se puede interpretar como abuso de la fuerza, y como patente arbitrariedad.

Por otra parte; en todos los países cultos las leyes de la guerra han desterrado las bárbaras prácticas de los pueblos antiguos, y, merced al principio cristiano, el vencedor, no pudiendo hacer más daño á su enemigo que el indispensable para conseguir el fin de la guerra, no es dueño de la vida, de la libertad ni de las propiedades de los particulares, una vez terminadas las hostilidades entre los beligerantes. En buen hora que pueda el Gobierno vencedor, en determinados casos, tener accion y derecho para ser indemnizado de los gastos de la guerra, y que, por medio de impuestos exigidos bajo las formas menos gravosas, se procure el reembolso
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de los sacrificios que una guerra injusta le hubiese ocasionado. Pero de estas máximas á las aplicadas á los pueblos ó Estados del Sur por el Gobierno federal, la distancia parece inmensa. Los habitantes han sido condenados en gran parte á la confiscacion de sus bienes, habiendo algunas familias descendido de la verdadera opulencia á la última estrechez, viéndose en la dura necesidad de procurarse, por medio del trabajo, los medios de ocurrir precaria y escasamente á las atenciones de la vida. Sin tener en cuenta las multiplicadas y complicadísimas causas que influyen en la conducta de los ciudadanos durante las discordias civiles, en lugar de acudir al único remedio que desde los más remotos tiempos recomiendan las lecciones de la historia, que es el olvido de lo pasado, ó sea la amnistía, diríase que no se han oído más que los sentimientos de la venganza. ¿Qué importa, en efecto, la amnistía publicada á raiz de la paz por el Presidente, si las leyes votadas por el Congreso privan de toda voz y voto en politica á los que desconocieron é hicieron armas contra el Gobierno federal? ¿No comprende esta resolucion reaccionaria, sin distincion alguna, á casi todos los habitantes del Sur, imponiéndoles una exclusion poco méños que general de los derechos más apreciados en un país libre? La Constitucion de los Estados Unidos prohibe en términos formales que el Congreso pueda dictar leyes de proscripcion, y nosotros no podemos calificar sino de positiva proscripcion la pérdida de todos los derechos políticos impuesta, como medida general, á los habitantes de los países del Sur que se adhirieron á la bandera de rebelion, es decir, á la masa total de la poblacion. Ni la misma Constitucion ni las leyes anteriores á la guerra habian previsto el caso de que uno ó más Estados generales quisieran separarse de la Union. El acto de la separacion y el empleo de la fuerza para realizarla, no figuraban como delitos en la legislacion federal, y, en este supuesto, los castigos y penas establecidas contra el Sur son de una legitimidad muy problemática. Los delitos no se declaran ex-post facto. Pero admitase por un momento la existencia de este delito. ¿Qué prescribe la Constitucion para que se castigue legítimamente todo delito? En un articulo expreso declara que todos los delitos serán juzgados por jurados, y el juicio se celebrará en el Estado en que se haya cometido el delito. Nosotros no hallamos término medio en el dilema siguiente: Si antes de la guerra no estaba calificada como delito la aspiracion, aun armada, de un Estado á separarse de la Union federal, no