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ciendas bien adquiridas, es tan natural, decía el maestro, que conforme á la sentencia común, si los ofendidos no pueden conseguir de otra manera indemnidad, tienen derecho para matar al invasor de las unas y de las otras; y «por ser el Príncipe soberano señor de la República, no se libra de aquel nombre, ántes parece más culpable, puesto que lo hace abusando de la gran potestad que Dios le dió para bien de sus súbditos.» Ni es fácil, continúa luego, poner en duda que sea lícito atajar las injurias del tirano, aunque su potestad Real sea sacrosanta, ó que si para resistir á sus desafueros llega á ser lance forzado acabar con él, la razon natural no aconseje, que se distinga lo vil de lo precioso, colocando en primer lugar la libertad del pueblo, cuya salud ha de ser ley suprema; «y para cuyo descanso se ordenó la potestad Real, no al contrario.» A lo que se junta, prosigue, «que la República, de donde trae su origen la potestad Real, no la trasladó en el Príncipe tan absolutamente, que no reservase facultad en sí para poderle quitar el Principado, si á tanto estrecho llegasen las cosas; que lo contrario fuera no haber ocurrido al peligro mayor, quedando esclava de quien escogió por Ministro.» Y es consentimiento comun, concluye, así como ley natural escrita en los ánimos de todos, y que sería saludable que no olvidasen nunca los Príncipes «que el cáncer de la tiranía debe atajarse con hierro, y que contra el menosprecio de las leyes divinas y humanas pueden armarse las Repúblicas, no sólo lícita, sino loablemente: el temor de lo cual debe servir de freno á los antojos desordenados de muchos.» Tales son las razones que, sin escándalo ni declamacion, y con buena fe suma, expone Márquez para atonar aquella peligrosísima doctrina, no muy distintas en verdad de las de Mariana ó Suarez.

Pero después de expuesta, y sin quitarle punto de su fuerza ni contradecir ninguno de tales principios, declara solemne y paciblemente el Maestro, que él tiene por mejor el parecer contrario. Distingue, sin embargo, todavía entre las personas que carecen de título legítimo, (como son las que aspiran á la suprema Autoridad, sin ser llamadas á ella por especial voluntad de Dios, ó eleccion de la República, derecho de sangre, ó justa guerra), y las que, poseyendo cualquiera de tales títulos, merecen el nombre de tiranos por su mala administracion y gobierno. Márquez conviene con todos los Doctores de su tiempo, en que era lícito matará la primera especie de tiranos; pero por lo que hace á la segunda, ó sea á los Prínci-
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pes legítimos, que de su poder abusan, opina al revés, y de acuerdo, con la que él tiene por la mayor y más sana parte de los Doctores, que jamás es lícito matarlos. Fúndase en las propias razones de conveniencia que hoy son comunes, es decir, en que la tranquilidad de los buenos ciudadanos depende de la seguridad de sus Reyes, por malos y viciosos que sean; y en que nunca como en su siglo había sido necesario oponerse á aquella doctrina, puesto que iba abriéndose mucho la puerta, por religiosos motivos generalmente, á maquinar entonces contra la seguridad de los Príncipes: razon práctica á que debieran haber atendido, en su concepto, los que el parecer opuesto seguían. Que una vez otorgada licencia á la República para matar al tirano, ¿quién podrá detener, exclama eloquentemente, la rabia del pueblo, ni evitar que conspire con ocasiones livianas, y dando nombre de tiranía á los tributos, por ejemplo, ó á las órdenes que tal vez dispone el Príncipe de pura necesidad y contra su propio deseo?

Criticar así severamente á Mariana, no le impide con todo eso al Maestro refutar otros de los aforismos corrientes, por el contrario, extremo exagerados. Hasta se opone á uno del sabio Domingo de Soto que, acerca de las facultades del poder y de los derechos de los súbditos, profesaba, sin embargo, más liberales opiniones que las suyas. Tratando de la exención de responsabilidad, no sólo legal, sino moral, que corresponde á los que matan á otro en defensa propia, declaró en general Soto que no era sólo un derecho, sino un verdadero deber la defensa, aunque pudiera costarle al agresor la vida. Pero puesto caso que fuera este, no ya Rey exclusivamente, sino capitán general ó gobernante de cualquier clase, cuya vida pareciese muy necesaria al Estado, y que el atacado fuese persona vil é inútil de todo punto á sus conciudadanos, entonces opinaba el publicista latino que podía dejarse matar con buena conciencia, sin oposición alguna (1). Márquez modificó aquel concepto, diciendo que únicamente en el caso de que, por la muerte violenta dada así á un Príncipe, pudieran seguirse grandes turbaciones y guerras civiles, debía ser siquiera tanta abnegación disculpable. Bien se sabe, no obstante, que la poesía, que se apodera de lo más íntimo y activo de las sociedades en que florece, y que á pesar de la tendencia hasta anárquica de muchos Doctores y algún dramático

(1) De Justitia et Jure, lib. V, quaest. 1.
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siguió al fin y al cabo al espíritu nacional en su progresiva adhesión á la Monarquía absoluta, todavía se inclinó más en adelante á la doctrina del sutil autor De Justitia et Jure que á la de Márquez, poniendo sobre todos los respetos humanos el del Monarca, con los versos inmortales de García del Castañar y La Estrella de Sevilla.

Márquez, que al parecer, no daba la importancia que otros á las teorías referentes al origen del gobierno en las sociedades humanas, plantea después, bajo un punto de vista práctico, la cuestión; por decirlo así, esencialmente constitucional de entonces, que era la que sigue: «¿puede el Rey imponer y cobrar contribuciones no votadas antes en Cortes?» Aquí también, cual suele, comienza por establecer una distinción importante. Porque, ó había de fallarse el caso, según él, atento sólo el derecho divino y natural, ó considerando á la par el humano, que crean las leyes. Si esto segundo se miraba, para Márquez no ofrecía duda que el Príncipe carecía de la autoridad de imponer por sí sólo contribuciones en Reinos que, como el de Castilla, tenían leyes reales en su favor, además de costumbre antigua, para que no se repartiese nuevo servicio sin que viniesen en él sus Procuradores primero. Y esto porque, en su concepto, podían bien los Reinos haber elegido á sus Príncipes con tal condición desde el comienzo, ó hacerles tales servicios luego, que firmemente prometiesen en recompensa no echarles más cargas, sin consentimiento de sus Procuradores. Hallaba, pues, la regla cierta de este caso Márquez en el contrato virtual ó expreso que hubiese intervenido entre el Estado y el Príncipe; al que debía reputar este inviolable, si lo juró sobre todo. Pero atendiendo no más que al derecho divino ó natural, que eran para el autor que estudio uno mismo, juzgaba él que los Príncipes no necesitaban necesariamente del consentimiento de las Cortes en los tributos. Tres condiciones eran bastantes en toda Monarquía absoluta, según Santo Tomás y otros Doctores, cuyo parecer aquí seguí Márquez, para imponerlos con justicia; primera, Autoridad legítima en él que los exigía; segunda, necesidad urgente; tercera, proporción en su repartimiento. Faltando una sola de ellas, llega Márquez á decir, que es robo manifiesto gravar mucho ó poco á los súbditos; pero habiéndolas, la potestad de sacar contribuciones era igual en su opinión á la de hacer leyes, y esta conceptuaba que la poseía el Rey sin asistencia del pueblo, siempre que no hubiera sido
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elegido con tal condición expresamente, ó careciera por cualquiera otra causa de la Autoridad absoluta, que ya en su tiempo solían los Soberanos disfrutar por todas partes. Ni valía para él decir en contra que los Reyes no eran dueños de las haciendas individuales: porque tampoco lo eran los Procuradores en Cortes, que concedían los servicios en el Reino, ni los Regidores de las ciudades que en sus Consistorios tenían que votarlos. Todo estaba en no exigir más de lo meramente indispensable á los pueblos. Que sí tal se exigía, lo propio el P. Márquez que el P. Molina, en quien aquel se apoya, entendían que estaban obligados por conciencia á la restitución así los Procuradores de Cortes como los Reyes; advirtiendo en especial á los primeros que, cuanto concediesen á los segundos por vía de generosidad ó donación, no debían pagarlo sino ellos solos. Hállese, pues, si bien se mira, que Márquez profesaba un respeto estricto á las que podían llamarse entonces constituciones juradas, y hasta á las costumbres ó prácticas políticas que venían de antiguo; reconociendo sólo la potestad de hacer leyes é imponer de por sí tributos al Príncipe, allí donde ya regía, ó de hecho, ó por derecho indisputado, la Monarquía absoluta. Y aún en caso tal opinaba luego, que lo más útil era siempre reunir Cortes y pedirles á ellas los tributos: porque siendo por fuerza odiosos, convenía que se mostrase más padre que señor el Príncipe, y por sí mismos comprendiesen los vasallos que no se les repartía la carga á ciegas, sino que se les proponía la necesidad y se les dejaba que atendiesen á ella del modo que les pareciese méños dañoso. Prudente consecuencia, ya que no buenas premisas las de este dictámen.

No ignoró Márquez, por cierto, la teoría de la división de poderes, que Aristóteles había inventado, y que tanto se ha comentado después: solamente que el filósofo español admite dos de ellos no más, de acuerdo con bastantes publicistas modernos (1). Para conferir y tomar acuerdos, dice, son buenos muchos, que es lo que hacen los Cuerpos legislativos; pero para mandar ó ejecutar piensa que es mejor uno, «porque así como la deliberación ha de ser espaciosa, conviene que sea la ejecución apresurada:» con lo cual quería decir oportuna y ajustada al compás de las circunstancias. Del vulgo por otra parte, no sin razón pensaba Márquez, que tanto es más sumiso, cuanto el que le gobierna es más duro; y apartán-

(1) República de Aristóteles, lib. VI, cap. 9.
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dose luego de la doctrina de Platon, Santo Tomás, y Bartolomeu Felippe, asienta que en las repúblicas populares es más sanguinolento y desordenado el poder tiránico, que en las Monarquias, por lo cual reputa á estas en todos los casos mejores. De las más notables que Márquez trata, parécesme por último la cuestión esta: ¿deben ó no suceder las hembras, y señaladamente en los reinos? Después de una larga y fiel exposición de cuanto se había alegado hasta su tiempo en pró y en contra de las dos opiniones que caben, Márquez se pronuncia por el derecho de las hembras en los casos ordinarios. Pero considerando que con los reinos se hereda la suprema potestad sobre vida ó muerte, y la autoridad de hacer y revocar leyes, señalar jueces que las hagan guardar, defender el reino armas en mano, y mandar, vedar ó establecer sin recurso á otro superior en la tierra, cosas á que las mujeres no pueden dar expediente, por sí propias, pareciale al sabio teólogo que podían ser excluidas de los reinos, con mayor fundamento que de otras cosas; si bien tenía por temeridad reprender la costumbre de las provincias que con tal género de sucesión se hallaban satisfechas. Porque no se puede negar, decía, de acuerdo aquí con Mariana, que haya en él utilidad á veces, supuesto que, mediante los casamientos de las Reinas, se suelen ampliar los imperios, juntándose unas provincias con otras: demás de que se han visto ciertamente mujeres valerosas, que han ejecutado grandes hechos en el Gobierno, y, «cuando no hubiere más ejemplo que el de la Reina Católica bastara en lugar de muchos.» Pudiera añadirse ahora que los argumentos de Márquez, prueban sólo la indudable incapacidad de las hembras para ejercitar el poder absoluto, no el que no puedan gobernar con equidad y prudencia, en una Monarquía limitada ó mista, y regida por leyes fundamentales, de lo cual hay bastante ejemplo en nuestros días. No es ya posible que siga al padre Márquez más adelante. Si lo hiciera sería aquí de ver cómo debate también este autor del siglo XVI, la justicia é injusticia, la igualdad ó desigualdad, la comodidad é incomodidad de la contribución de consumos; las ventajas é inconvenientes de la libertad de cultos; la esclavitud; y muchas otras cuestiones de no inferior importancia con igual sensatez y doctrina, ya que no con el propio acierto siempre.

Las opiniones de Márquez, en general, deben tenerse por la expresión más exacta y completa que puede hallarse de cierta escuela
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templada ó media, entre las extremas de los Políticos castellanos de los siglos XVI y XVII. De la doctrina democrática ó aristocrática, pero claramente opuesta siempre á la Monarquía absoluta, que predominó como atrás se ha visto; en la época de las Comunidades, á la que Márquez propone ó enseña, hay grandes diferencias, sin duda, y muy favorables todas al acrecentamiento del poder Real. No menor diferencia habrá de notarse también en lo sucesivo, entre otras doctrinas de Márquez y las que tristemente prevalecieron al fin en el régimen de la Monarquía española, cuando el poder Real llegó á reputarse ilimitado no sólo de hecho, sino de derecho, desapareciendo completamente, como de las instituciones, de los libros mismos, toda señal ó germen de libertad política. Quedanme por apuntar aquí aún grandes protestas liberales todavía, algunas mayores y más graves que las que dejo ya escritas; pero no más eficaces que las pasadas para contener la corriente de las ideas y de las cosas. Y entre tanto, el Gobernador cristiano de Márquez, con que termino la primera parte de mi trabajo, siempre aparecerá estableciendo y marcando, según ya he dicho, el punto intermedio entre las opiniones anteriores y posteriores, que más opuestas entre sí se mostraron. Porque ni en este libro se considera á la autoridad como contraria á la naturaleza, que no menos era lo que pensaba el trinitario Castrillo; ni se la tiene por hija de un mero contrato ó pacto social, como algunos doctos eclesiásticos la reputaron más adelante; ni se explica por otra parte tampoco el derecho divino de los Reyes, en el sentido propicio á la tiranía, con que ya por algunos se entendía en su tiempo, y llegó generalmente á aceptarse en los desventurados años sucesivos. Todo el conjunto del libro de Márquez y algunas de sus textuales palabras, indican que se inclinaba en este último punto á aquella racional opinión del ilustre dominico Fray Domingo de Soto, fuertemente sustentada y explicada mucho tiempo después por el famoso italiano Belarmino, y por el no menos insigne jesuita español Francisco Suárez, conforme á la cual debía considerarse la potestad civil como un cierto atributo inmediatamente depositado en la multitud ó universalidad del pueblo, para que pudiese cumplir los fines providenciales de su existencia; y mediante el pueblo mismo trasladado en la persona ó personas que, ó ya eligiese, ó ya aceptase él luego para ejercer su gobierno (1).

(1) Véase El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones
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El hombre es animal social, decía Suarez de acuerdo con Soto en el libro De legibus, y la naturaleza no niega jamas lo necesario, como lo es la magistratura civil á la sociedad política; tan magistratura civil es la de un hombre sólo como la de muchos hombres encargados de ejercerla; y puesto que el género humano no se gobierna por medio de ángeles, sino de hombres, en los hombres debe residir forzosamente la potestad de gobierno (1). A la magistratura ó poder humano, se in suo ordine supremus sit, como textualmente añade, le corresponde la facultad legislativa, porque la ley es tambien condicion necesaria de la jurisdiccion, aunque no siempre la facultad legislativa, y la que hoy llamamos ejecutiva, por él apellidada imperio, se encuentren juntas, en una persona misma. Del origen mismo de la potestad civil deducia Suarez que no era en su expresion inmutable, sino al contrario variable, ya por comun consentimiento, ya por otra cualquiera justa causa. Ni contradecian estas doctrinas para Suarez los textos sagrados, como aquel de per me reges regnant, tantas veces citado por los defensores del absolutismo monárquico; porque tales palabras no querian decir sino que todo aquí abajo sucede por providencia de Dios, ú ordenante ó permitente. ¿Debia deducirse de aquí que la potestad ó autoridad politica fuera sólo de derecho humano? No; respondia Suarez en cuanto á la potestad considerada en sí misma, que era sin duda, en su concepto, provision de Dios; si, por lo que toca á la forma y á las personas que representan la potestad. Que en un país hubiese República ó Monarquía esto era ya, pues, para Suarez, como para Soto, de puro derecho humano; y hasta las mayores ó menores atribuciones de los Reyes reconocia el docto jesuita que debian considerarse sujetas á los pactos ó convenciones, celebrados entre ellos y sus reinos (2).

con la civilización europea, tomo III, cap. 48. Citanse en esta obra los textos de Belarmino y de Suarez en su ya referido tratado que lleva el título de Defensionem Fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicane Sectae errores, cum responsione ad Apologiam pro Juramento fidelitatis, et praefacionem monitoriam Serenissimi Jacobi magni Britanniae Regis.—Coimbricas 1613. En una obra de materia vasta nada tiene de extraño que Balmes no profundizara algunos detalles, y por eso parece dejar allí olvidado á Domingo de Soto cuando tanto ensalza á sus copistas ó secuaces Belarmino y Suarez.

(1) Tractatus De legibus ac Deo legislatore, Coimbrae, 1612; libro III, cap. I.
(2) De legibus, lib. III, cap. IV. De lege humana et civili.
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Dos causas movieron sin duda á los dichos teólogos entonces para establecer y afirmar tan resueltamente estas proposiciones y distinciones profundas: la primera, cual se ha dicho, defender la libertad de los súbditos católicos contra los Reyes heréticos, cosa que naturalmente los inclinaba á ver más claro que otras veces los derechos populares; la segunda, el no dar lugar á que se permitiesen los Reyes tener su autoridad por tan sagrada y respetable como la de los Papas. Couviene en esto último el ilustre Balmes con su sinceridad acostumbrada; aunque niega que semejante distinción deba merecer grande importancia de todos modos. Pudo muy bien no tenerla para él, por ejemplo, puesto que declaró sin rebozo que «en lo tocante á las formas políticas nada tiene determinado la Iglesia;» añadiendo, que «la conveniencia ó legitimidad de esta ó aquella persona, de esta ó aquella forma, no son cosas comprendidas en el círculo del derecho divino, sino cuestiones particulares que dependen de mil circunstancias, con respecto de las cuales nada en tesis general puede ser establecido.» Pero ha comenzado á verse ya, y se verá más claramente en lo que resta todavía, que no todos los escritores absolutistas han pensado otro tanto, y que aquella distinción teológica puede ofrecer puntos de partida á muy contrarias escuelas políticas. Por eso sin duda un predicador novísimo y muy celebrado en Francia, el P. Hyacinthe, se ha juzgado en el caso, poco hace, de condenar severamente el error en que cayeron al En aquellos otros teólogos que consideran á la sociedad civil como obra directa y excepcionalmente divina: lo cual conduce en su opinión ilustrada á la anulación de los individuos y á la tiranía del Estado.

Fáltame ya sólo para hacer un alto en mi camino, llamar la atención de los lectores hácía el valor moral, la buena fe y la moderación de lenguaje con que, lo mismo Márquez que cuantos escritores castellanos ó latinos le precedieron en España, suelen examinar las cuestiones todas, ó contradecir las ideas más opuestas á las suyas propias, y más odiosas en sí mismas. Obsérvese, en testimonio del valor moral que digo, cuán inexorablemente señalan sus deberes propios á los Reyes, ya que no sean siempre pródigos en reconocer derechos á los súbditos. Por lo que toca á la teoría del deber, son incomparables maestros los libros políticos españoles, aun aquellos que más defienden al poder Real. Sepúlveda, por ejemplo, que había enseñado á tolerar pacientemente á los Príncipes, por más que hiciesen obras de tiranos (sujetando estrictamente su doctrina á la
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del Concilio de Constanza, que no reconoció Mariana), no por eso dejaba de considerar á los tales como aborrecibles á Dios y á los hombres; ni titubeaba en declarar que no era el arbitrio humano el que podía regir bien la República, sino el imperio de Dios y de las leyes; ni entendía el poder Real sino de esta suerte: Rex enim est, quicumque unus in civitatem aut gentem perpetuum imperium cum summa potestate gerit ad bonum publicum spectans (1). Ninguno de nuestros Políticos definió al Rey con más vivo espíritu monárquico, y aquí se ve, sin embargo, que lo que se establece es más bien el hecho de su autoridad que no el derecho, apuntándose en cambio luego, los deberes indeclinables que el cargo impone. Bien puede señalarse en testimonio de la buena fe de nuestros Políticos, por otra parte, el que ni siquiera en el espacio trascurrido desde la Dieta de Worms, hasta la paz que se llamó de Westfalia, cuando más implacable parecía la controversia de los herejes y los católicos, se les ocurrió á los que mejor entre estos combatieron la Monarquía ó doctrina del tiranicidio; la evidente injusticia de suponer que ella fuera solamente hija ó «dañada» fruto del individualismo protestante, » como no ha temido afirmar há poco el P. Taparelli en una de sus obras (2). Obsérvese, por último, para estimar más aquella moderación de lenguaje, que el mismo P. Márquez y sus compañeros usaban en

(1) Joannis Genesii Sepulvedae Cordubensis.—De Regno et Regis officio. Libro I et II, Matriti, 1780. Sepúlveda era de los que consideraban á los más malos Reyes como justo castigo de los pecados de sus súbditos. Véase de qué manera tan elocuente distingue también al Rey del tirano el Obispo Jerónimo Osorio, portugués, en su libro de Regis institutione et disciplina, impreso en Colonia en 1588, y dedicado, por cierto al desventurado Rey D. Sebastian. Rex enim divinæ mentis paret, rectam rationem sequitur, juris æqualitatem colit, fraudem et malitiam coeret, modum et ordinem in omni officio conservat, Rerpublicam universam excellentibus meritis obstringit, nullum periculum adiri pro salute patriæ recusat, ad gloria sempiterna decus aspirat, et mortem denique contemnit, ut immortuitatem consequatur. Contra vero, tyrannus Dei, numen spernuit, rationis imperium repudiat, libidini et impuritate servit, jura divina et humana violat, dolis et fraudibus innititur, veram dignitatem abjectit, et falsam imaginem decoris et dignitatis amplificavit: et tunc se viri fortis officio egregie fructum putat, cum populum sibi commissum formidine perterret, et ex illius bonis prædator, ut per vim et fraudem fortunas suas amplificet.

(2) Esame critico degli ordini rappresentativi nella Società moderna, per Luigi Taparelli. Roma, 1854.