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que deben concurrir para formar un juez perfecto en lo humano. Su prestigio en el pueblo es inmenso, y para los que no tenemos la dicha de respirar en igual atmósfera, casi incomprensible. Todo esto, sin embargo, no es bastante para ponerla á cubierto de la escudriñadora vigilancia de los mil ojos del Parlamento. La circunstancia de estar un negocio sub-judice, y aun la santidad de la cosa juzgada, no son ni han sido nunca en Inglaterra motivos por sí solos suficientes, para impedir que sobre los asuntos de justicia se ejerza antes y después del fallo de los tribunales la más libre censura por la iniciativa parlamentaria en las Cámaras, como por la accion de la opinión pública en la prensa. El ejercicio de aquella iniciativa es allí cuestion de prudencia, no de principios: y la prudencia política, que impone á todo el mundo el deber de no llegar al límite de su derecho, y resuelve siempre los conflictos por compromisos y transacciones, es una de las grandes bases prácticas de la Constitución inglesa, como lo demuestra muy bien el Sr. Amezaga en la obra á que ya hemos hecho referencia en estos estudios. Ese buen sentido político es otra de las virtudes peculiares, que solemos regalar al carácter idiosincrático del pueblo inglés; pero en realidad no es sino el fruto de sus instituciones, como resultado natural y seguro del Gobierno parlamentario, cuando está ya con solidez cimentado. La historia de ese mismo pueblo ingles basta para demostrarlo.

Esa historia nos ofrece casos numerosos, y muy frecuentes antes y después de la revolución de 1688, de fallos ejecutorios de los Tribunales anulados por actos del Parlamento en todos sus efectos, y por los méritos intrínsecos del juicio. No hay duda que en el mayor número de esos casos el interés y la pasión política de los partidos, en la sobreexcitación consiguiente á una encarnizada lucha, tendrían tanta parte por lo menos como las consideraciones de equidad y de justicia. Pero esto no afecta al principio fundamental de aquellos actos parlamentarios basados teórica y prácticamente sobre el poder y facultad constitucional del parlamento de revisar y apreciar por sus propios méritos en justicia los juicios feneecidos por sentencias ejecutorias y ejecutadas en cualquier tiempo por los Tribunales, y de anular estos fallos, reparando en lo posible la injusticia consumada por ellos, y borrando radicalmente todos sus efectos legales, no por vía de gracia ó amnistía, sino por un acto puramente legislativo en la forma y en el fondo,
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aunque esencialmente judicial en su objeto y resultados. Este poder no es hoy, como no ha sido nunca, disputado por nadie al Parlamento, por más que ahora no sean frecuentes como antes los casos naturalmente excepcionales y extraordinarios de su aplicación y ejercicio.

Teóricamente el Parlamento es el Tribunal Supremo de la nación, aunque en la práctica este nombre (the High Court of Parliament) se aplica solo á la Cámara de los Lores, que realmente, aparte de su alta jurisdicción criminal, es el tribunal de última alzada en todos los juicios civiles, que se ventilan y deciden ante los jueces de derecho de Westminster y los de equidad de la Chanchillería, lo mismo que ante los de Escocia é Irlanda. Por esta razón sin duda los jueces de los tres tribunales superiores de Westminster, aun cuando no sean Pares, son siempre personalmente convocados al principio de cada legislatura á aquella alta Cámara, donde tienen su asiento especial en los sacos de lana (Wool-Sacks) al lado del Canciller Presidente; y aunque sin voz ni voto en sus deliberaciones, asisten allí para dar su opinión, cuando la misma Cámara acuerda pedírsela, no sólo en asuntos judiciales sino también en ciertos casos sobre materia legislativa; y esto no como comisarios ó representantes del Gobierno, sino como agentes auxiliares (assistants) del propio Parlamento, como que hasta hace muy poco tiempo (hasta 1855) ellos solos eran los conductores legales de los mensajes ó comunicaciones de los Lores á los Comunes.

Además una parte muy importante de las tareas legislativas, que diariamente ocupan á las Cámaras, conocida con el nombre de Private bills, que son proyectos de ley de interés privado, ya sea de personas individuales, ya de pueblos ó otras corporaciones ó empresas particulares, es materia que tiene un doble carácter esencialmente judicial y de jurisdicción civil contenciosa, ya por los derechos que en ellos se consideran y determinan con audiencia de todos los interesados que la piden oportunamente, ya por las formas especiales de su exámen y deliberación con intervención de los defensores letrados de aquellos interesados y admisión de pruebas jurídicas, y hasta con pago de derechos y honorarios arreglados á tarifas dispuestas al efecto por las mismas Cámaras en sus reglamentos. Y sin embargo, estos bills, que así participan de las dos naturalezas de ley y sentencia, cuando han obtenido el triple
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asentimiento de las dos Cámaras y de la Corona, son verdaderas leyes ó actos del Parlamento Private Acts, y como tales entran en la coleccion legislativa del Estado (Statute Books).

En la Cámara de los Lores, como High Court of Parliament reside tambien por regla general la jurisdiccion suprema y de última instancia por apelacion de los tribunales de Westminster en materia criminal, aunque limitada naturalmente á cuestiones de derecho ó de legalidad del procedimiento en el juicio, como es consiguiente á la soberana decision del jurado sobre la cuestion de hecho. Claro es que en todos estos casos la jurisdiccion suprema del Parlamento no afecta á la independencia y libertad de juicio de los demás tribunales, á quienes está más especialmente encomendada la administracion de justicia civil y criminal; pero esto no es allí un atributo privativo del poder judicial, sino que se extiende, según ya hemos indicado, á todos los funcionarios y agentes del poder en todos los órdenes y clases del servicio público, dentro de los límites de las atribuciones respectivas, como condición necesaria de la responsabilidad personal ineludible á que todos están sujetos por sus actos y omisiones en el ejercicio de las mismas atribuciones. No hay, pues, en este punto diferencia legal entre los Jueces y los demás funcionarios públicos ó Magistrados en general.

Mas fuera de esta jurisdiccion, en cierto modo parcial, puesto que, aunque suprema, la comparte en su ejercicio con los demás tribunales ordinarios, tiene el Parlamento ingles otra más alta, que absorbe la plenitud del poder judicial, y en que, sin instancias ni recursos sucesivos, con una sola expresion de su juicio soberano puede disponer inapelablemente hasta de la fortuna y de la vida del ciudadano, con absoluta inhibicion de aquellos otros tribunales y de todo remedio ó garantía legal contra la arbitrariedad ó la injusticia, ni aun la garantía del Habeas Corpus. En los límites de esta jurisdiccion extraordinaria entra, hasta cierto punto, la que privativamente corresponde á la alta Cámara para juzgar á los Pares acusados de cualquier delito; pero en este caso todavía el juicio está sometido y debe ajustarse, así para la calificacion del hecho justiciable, como para la aplicacion de la pena, á las disposiciones de la ley comun; y la diferencia, por consiguiente, entre este caso excepcional y de verdadero privilegio y los ordinarios, no está más que en la especialidad del procedimiento y de la
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jurisdiccion misma. No sucede así cuando el Parlamento y aun las Cámaras por sí solas ejercen lo que bien podemos llamar el poder judicial absoluto, á que ahora principalmente nos referimos; porque entonces no está ligado su libérrimo juicio por ley alguna positiva, más que, si acaso, por las reglas establecidas por sus propios precedentes; y claro es, que el que sólo tiene que atenerse á precedentes propios, puede también crearlos nuevos para lo futuro.

De este modo juzga cada una de las dos Cámaras soberanamente en todos los casos, que afectan á su propia autoridad, por cualesquiera actos que envuelvan la ofensa conocida con la denominacion de breach of privileges (infraction de los privilegios de las Cámaras y de sus miembros.) El ejercicio de esta jurisdiccion extraordinaria ha producido en muchas ocasiones, y algunas muy recientes, colisiones gravísimas ya entre una y otra Cámara, ya entre la de los Comunes y los tribunales de Westminster, llegando alguna vez el conflicto hasta el extremo de ser reducidos á prision de órden de aquella, no solamente las personas que acudian ante los Jueces, quejándose y buscando recurso legal contra algun acto de fuerza de los dependientes y oficiales de la misma Cámara en la ejecucion de sus acuerdos, y los Procuradores y Abogados que autorizaban estos recursos, sino tambien á los propios Jueces que los habian admitido. Estas colisiones más de una vez escandalosas, son la consecuencia inevitable de la imposibilidad que hay de marcar un límite preciso al ejercicio de esa autoridad parlamentaria, que de suyo no puede dejar de tener en la práctica algo de arbitraria, puesto que no está de hecho ni de derecho sometida á disposicion alguna legal, sino solamente á las resoluciones y órdenes, ora permanentes, ora transitorias y accidentales, de la propia Cámara que la usa y ejercita.

Alguna analogía con estos casos de juicio parlamentario tiene en cuanto á la raíz del poder que en ellos se revela, el conocido con el nombre de impeachment; aunque en este la autoridad y soberanía judicial se reparten entre las dos Cámaras, correspondiendo á la de los Comunes la acusacion, y el juicio á la de los Lores. Esta jurisdiccion no se limita solamente á los tres casos de responsabilidad ministerial, lesa-majestad y fuero personal de los miembros de la alta Cámara, á que se ha limitado generalmente en las constituciones modernas del continente, que la han tomado de la inglesa. Durante largo tiempo fué tambien dudosa y muy dispu-
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tada en Inglaterra la facultad de los Comunes de acusar ante la alta Cámara á individuos que no fuesen Pares del reino, sobre quienes únicamente se prestaban los Lores á constituirse en tribunal. Pero, aunque Blackstone sostenía aún la doctrina de esta limitación, es lo cierto que desde la revolución de 1688 quedó en definitiva asentado, de comun acuerdo de las dos Cámaras, el principio hoy vigente, según el cual, cuando quiera que la Cámara de los Comunes resuelve acusar por impeachment de cualquiera delito, á cualquiera individuo sea ó no Par, la Cámara de los Lores está obligada á oír la acusación y dar su juicio. De suerte que legalmente el ejercicio de este poder judicial parlamentario depende sólo de la acción de la Cámara de los Comunes, y no tiene más límites que su prudente arbitrio.

Pero el más alto grado de poder del Parlamento con carácter judicial, es el que ejerce en las célebres leyes penales denominadas Acts of attainder. Estas son verdaderas leyes en todas sus formas y condiciones parlamentarias, con la misma iniciativa y discusion reglamentaria del bill correspondiente en una y otra Cámara, é igual necesidad del asentimiento de la Corona que en todos los demás bills de carácter privado, á cuya clase pertenecen; y sin embargo, en estas leyes no hay más que un real y efectivo juicio criminal, porque su objeto exclusivo es, declarar que el individuo ó individuos, sobre quienes recaen, han cometido un delito, é imponerles en el mismo acto el castigo consiguiente, sin sujecion á regla alguna jurídica, como precepto obligatorio en la apreciacion de las pruebas y en la aplicación de la pena, que ordinariamente ha sólido ser siempre en estos casos la de muerte. Y es de advertir, que así en este caso, como en el de impeachment, la Corona no tiene la prerrogativa de indulto para salvar la vida del acusado. Hace ya largo tiempo, que en Inglaterra no se ha hecho uso de este poder parlamentario en una ni otra forma, y sobre todo en la última: pero no hay que inferir de aquí, que el poder mismo y la doctrina constitucional que lo sanciona, no estén tan vigentes hoy como antes: el desuso nace únicamente de que no se ofrecen las ocasiones que en otros tiempos eran frecuentes para obligar á echar mano de estos remedios supremos, gracias á los progresos de las costumbres públicas, y á las sólidas raíces que en el suelo inglés han echado los principios liberales del parlamentarismo.

Vemos, pues, en resumen, que por la constitución inglesa, cu-
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yas principales instituciones no hemos hecho aquí más que bosquejar someramente por sus contornos de más relieve, en el Parlamento están reunidos, no sólo virtualmente por su soberanía, sino prácticamente y de hecho todos los poderes y funciones deliberativas y activas del Estado. El legisla, gobierna, administra y juzga directamente por sí mismo sin limitación alguna teórica á la extensión de sus facultades activas en todos estos sentidos. Para los detalles de la ejecución ó aplicación práctica de estas funciones, claro es que se necesitan agentes especiales, cuyo número se aumenta á medida que con los progresos de la civilización se multiplican y complican las relaciones sociales y las exigencias de la vida nacional. Estos agentes, unos individuales, otros colegiados, tienen el carácter de Magistrados ó de meros oficiales ministeriales, es decir, verdaderos empleados; y todos desempeñan sus respectivas funciones con entera responsabilidad personal ante el Parlamento, y con la consiguiente independencia y libertad del propio juicio dentro de los límites legalmente marcados á las atribuciones y deberes de cada cual. Entre estos diversos agentes y funcionarios puede haber varios grados de subordinación gerárquica dentro de cada servicio común: pero no forman en su conjunto una clase ó orden social determinada, bajo la dependencia absoluta de una autoridad colectiva única responsable por todos ante el Parlamento. En la Constitución inglesa no existe ni teórica ni prácticamente semejante autoridad colectiva intermedia entre el poder soberano del legislador y sus agentes, y única responsable por estos.

Sobre la bondad y mérito científico de estas instituciones, no solamente en sus detalles, sino aún en los principios fundamentales de su organismo político y administrativo, pueden variar las opiniones. Juzgadas por el criterio que en todo lo relativo al orden social nos hemos formado nosotros al amor de las ideas de la teoría francesa, artísticamente combinadas en un cuadro de proporciones y medidas casi matemáticas, aquellas instituciones no pueden menos de parecer irregulares y hasta monstruosas en algunos de sus puntos más esenciales. Y acaso no será bastante para desarmar la severidad de este juicio la comparación de los resultados; viendo por un lado, como á despecho, ó quizás al amparo de tales anomalías, se ha levantado un pueblo á la mayor altura que ha alcanzado hasta ahora otro alguno en la historia, así en cuanto á su prospe-
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ridad y grandeza moral y material, como en el goce sereno de una libertad política y civil tan real y efectiva como sólidamente cimentada; mientras que, por otro lado, Francia y los que á manera de satélites gravitamos hacia ella, aunque más favorecidos en otros conceptos por la naturaleza, no encontramos, sin embargo y con esta ventaja, en la bella regularidad de nuestras doctrinas políticas preservativo eficaz que nos salve de tener que arrastrarnos pobremente de tropiezo en caída en busca de igual prosperidad sin columbar el descanso en nuestra peregrinación. Pero no caben estos juicios comparativos* en nuestro actual propósito. Ya hemos dicho y repetido que sólo tratamos ahora de averiguar si el principio de la separación de los poderes como condición necesaria del gobierno parlamentario, está realmente tomado de la Constitución de Inglaterra, como suponía Montesquieu, y con su autoridad ha pasado á ser doctrina corriente en la teoría política moderna; y en este punto creemos que á no negar rotundamente la exactitud de las ideas que acabamos de exponer sobre las instituciones inglesas, ideas que en tiempo de aquel ilustre escritor tenían una realidad práctica mucho más ostensible que hoy, nadie podrá dejar de reconocer que el error de la escuela francesa es radical y completo, y que su enseñanza en esta materia está en abierta contradicción con la de las mismas instituciones.

Cuando Montesquieu escribía, la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no era en Inglaterra en la esencia diferente de la que regía en Francia, como en España y en todos los demás pueblos de Europa. En todas partes había jueces y tribunales especialmente encargados de administrar la justicia con independencia y responsabilidad; mientras que las funciones gubernativas y de administración civil general y local eran incumbencia de otros cuerpos, y agentes menos dependientes que hoy en más de un concepto del poder supremo: y en la Corte los altos Consejos que rodeaban al Trono, preparaban, discutían y ordenaban las leyes. Con arreglo á las disposiciones precisas y conocidas de estas leyes obraban y juzgaban todos aquellos diversos órdenes de magistrados, agentes y cuerpos activos ó consultivos, entre los cuales se distribuían las diferentes funciones del Estado, según su clasificación entonces como ahora generalmente reconocida, y se resolvían los conflictos que entre unos y otros podían ocurrir por competencia de atribuciones, sin que estas estuviesen ordinariamente
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más confundidas ó reunidas en unos mismos funcionarios en algunos casos, que lo estaban, y lo están aún hoy, según hemos visto, en Inglaterra; salvo todo lo relativo á la organización militar, en cuyo particular el pueblo inglés, por fortuna suya, ha sido siempre, ó por lo menos desde el siglo XV una excepción única en Europa. En la marcha ordinaria y normal de los negocios todas las funciones públicas se ejercían, ó debían ejercerse con sujeción á las leyes establecidas, y con respeto á los derechos más ó menos amplios ó limitados, que las mismas leyes garantizaban: contra los abusos había en último término el recurso á la justicia del Soberano. Es verdad, que toda esta regularidad podía romperse á cada instante por la súbita interposición de la voluntad omnipotente del Monarca absoluto, y por consiguiente de los favoritos, que de esta voluntad Real se apoderaban: pero estas perturbaciones, así en las cosas grandes como en las pequeñas, eran y se consideraban siempre, sino ilegales, porque la soberanía ilimitada de la corona las legitimaba, á lo menos extraordinarias y excepcionales. Ya hemos visto que estos casos de acción extraordinaria y excepcional del poder soberano pueden darse también constitucionalmente en Inglaterra: la teoría política es la misma sin más que sustituir al Rey absoluto el Parlamento igualmente absoluto, á los favoritos del Monarca los partidos dominantes en el propio Parlamento, ó en el país.

Los bills of attainder (por no citar más que un ejemplo), que seguramente son la expresión más alta del poder ilimitado del Parlamento, y lo que acaso puede chocar más á nuestras ideas de justicia y de orden legal, porque en ellos parece como que se presentan fundidas en una sola todas las funciones posibles del poder público, tomando así los caracteres de la fuerza sobrepuesta al derecho, son generalmente considerados como una peculiaridad del pueblo inglés, á lo menos en los tiempos modernos. Así los consideraba Montesquieu, que, viendo con razón en ellos alguna analogía con el ostracismo de los atenienses, y con los privilegia, ó judicia populi de los romanos, los justifica en estos términos: «Confieso que el uso de este remedio extraordinario por los tres pueblos más libres que ha habido en el mundo, me inclina á creer que hay casos en que es preciso echar por un instante un velo sobre la libertad, como cubrían los antiguos las estatuas de los Dioses.» Pero mirándolo bien, no hay en la raíz y esencia de estas
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yo me olvide de tantas obligaciones? Usted quisiera en cada correo una carta mía, y esto es imposible. Ya la escribí á V. desde Zaragoza y desde Narbona: ahora lo repito, y deseo que mi carta la halle á V. con tan buena salud como la que yo tengo.

¿Y de qué quiere V. que yo le hable, si no sabe V. latín, ni entiende palabra de estadística, ni de diplomacia, ni de economía política? No hay quien la saque á V. de su Padre Mariana, su Historia de los Incas, su Padre Rivadeneyra, Guerra de Granada, de Ginés Pérez de Hita, Los Emperadores de México, Lazarillo de Tormes, Calderón, Moreto y el Caballero de la Triste Figura. Tía más romántica que V., ningún sobrino la ha tenido jamás.

Yo no sé por dónde echar. Pero ahora me ocurre qué si la cuento á V. lo que vi ayer, desempeñaré el encargo que V. me hace de llenar bien las cuatro llanas de mis cartas. El caso fué este:

Dióme gana de ir á ver la Sinagoga, donde los judíos acuden á hacer sus devociones, mientras el templo de Jerusalén se reedifica. Es un salón cuadrado, muy espacioso, con barandilla en lo alto para las mujeres, una multitud de campanitas de cristal todo alrededor, otras en medio pendientes de una armazón de hierro que cuelga del techo, una mesa de altar, y detrás una gran cortina; las paredes pintadas, y á trechos varios textos de la Escritura en caracteres hebraicos.

Celebrábase un acto solemne, que reuníó en aquel lugar muchos judíos y judías y judígitelos. El caso era este. A un judío viejo, seco y pálido, decía haber entregado un hermano suyo, colorado y gordo, no sé cuántos escudos por cierto contrato celebrado entre ellos: el hermano seco negaba haber recibido la tal cantidad. Acudieron al Magistrado, y á falta de documentos y testigos, se determinó que el viejo hiciese juramento en manos del Rabi de que era cierto lo que exponía en sus alegatos.

Llenóse de gente el salón, llenóse de sombreros amarillos, mezcláronse indistintamente los hijos de la Ley de Gracia con los nietos de la Ley Escrita, y todos aguardaban impacientes la hora de que aquella ceremonia empezase. Vino el Juez acompañado del Notario, y el viejo trajo de renta á un hijo suyo para que jurase también: vino el Sacerdote, sucesor de Aaron, que parecía un cochero simoníaco: pelinegro, narigudo, patí-corto, de ridicule arquitectura; metióse en un chiribitil que servía de sacristía, y sin quitarse el sombrero, se puso sobre la casaca un roquete, y salió vestido de ceremonia; fué al altar, hizo varias genuflexiones, descerró la cortina, y de un especie de armario que había detrás de ella, sacó el libro de la Ley. Leyó el Notario el auto, y el judío se preparaba á jurar. Otros judíos le tiraban de la manga, le hablaban aparte: él se enfurecía y echaba ternos, y, de todo esto, llegó á inferir piadosamente el auditorio que el tal hébreo no debía ser escrupuloso en demasia, y que,