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puede este hecho ser tratado como delito sino en virtud de una ley posterior á esta, ó que tenga efecto retroactivo, cosa terminantemente reprobada por la Constitucion anglo-americana, cuando dispone en el núm. 3, seccion 9.ª, art. 1.º: «No se hará ninguna ley de proscripcion ni que tenga efecto retroactivo.» Si existe ley que castigue aquel hecho como delito, no siendo de los que son acusados por la Cámara, conforme al núm. 3, seccion 2.ª, art. 3.º de la Constitucion, su juicio debe hacerse por jurados en el Estado donde se hubiese cometido. En la region del Derecho, no hay, por tanto, fácil, ni quizá posible defensa de la politica adoptada y seguida por el poder legislativo federal respecto de los Estados del Sur después de restablecida la paz. Y si exceptuamos la abolicion de la esclavitud, acordada por el Presidente Lincoln, como medida de guerra contra el Sur, durante las hostilidades, y ratificada despues de la paz, por siete de aquellos Estados, no nos es posible asociarnos al sistema opresivo, á los rigores vejatorios, vindicativos y despóticos á que se halla actualmente sometida la parte meridional de aquella Republica.

Pero si la legalidad condena este regimen prebostal, por decirlo así, ¿se puede coherenciar por las exigencias de la nueva situacion social, porque sin el brazo pesado de la dictadura, no se realizarian las profundas trasformaciones que en los senos más íntimos de aquel país, habrá de traer la desaparicion del trabajo esclavo, la libertad concedida á la raza negra? Al llegar á este punto, preciso es que confesemos cuánto nos duele no conocer de cerca el gran pais que nos ocupa, porque solo asi podríamos apreciar con seguridad perfecta la fundada ó infundada exactitud de la consideracion expuesta. Pocas veces, aun no mediando cambios tan radicales; se deja de establecer un sistema dictatorial en el intervalo que casi siempre existe entre la victoria ó la pacificacion material y el asiento de la situacion nueva que se desea consolidar despues del triunfo. Mas asi y todo, la politica que se sigue, despues de la guerra, en los Estados del Sur, da lugar á las más serias objeciones. La autonomia de los Estados es en efecto un principio fundamental en el orden de las instituciones constitucionales de la Union americana, y si cabe, según su texto, suspender el Habeas corpus en caso de invasion ó rebelion, no se permite, ni por su letra ni por su espíritu, privar por mucho ni por poco tiempo á ninguno de los Estados del caracter de independen-
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cia reconocido por la Constitucion. Más facultades que las en esta consignadas, no poseen los poderes federales. Sin violencia, pues, puede ser mirada como una usurpacion de autoridad, la que se arrogaron aquellos, reduciendo á los países del Sur á la condicion de territorios extranjeros conquistados, retirándoles las facultades autonómicas, con que entraron en el lazo ó vínculo federal. Por otra parte ¿cómo al tiempo mismo que se anulan por el Gobierno federal la independencia y derechos constitucionales de esos Estados, se les oye y se pide su voto sobre la enmienda de la Constitucion relativa á la supresion de la esclavitud de los negros? ¿No se descubre en este proceder una contradiccion manifiesta? Además las dictaduras, por lo mismo que llevan en su seno el silencio de las leyes, y el resúmen de todas las potestades, en todos tiempos, han sido breves y muy transitorias, midiéndose su duracion en razon inversa de la latitud de atribuciones extraordinarias que contiene. Mas en la dictadura, de que vamos hablando, no hay plazo señalado para su terminacion, se prolonga por años, y vendría á hacerse indefinidamente perdurable, si su fin ha de coincidir con la consolidacion del nuevo estado social que se indica pretender introducir en las últimas consecuencias de la desaparicion de la institucion servil. Finalmente, en los otros Estados, en que la esclavitud, ó se ha desterrado del todo, ó se camina á su pronta supresion, indemnizando á los propietarios de esclavos en virtud de las leyes promulgadas sobre este objeto, los efectos de esta gran medida han de producir innovaciones igualmente considerables en su modo de sér, en las más profundas interioridades de la sociedad. ¿Por qué en estos, sin embargo, no se apela al régimen de dictadura, y se considera conciliable la trasformacion social que se debe verificar, como en los pueblos del Sur, con el libre y ordinario ejercicio de su autonomia, y con su plena participacion constitucional en las leyes y los negocios federales? Mientras no se nos haga entender una respuesta plausible á estas observaciones, nos parecerá falta de todo apoyo razonable la politica, bajo cuyo yugo gimen los Estados del Sur, y la condenaremos con tanta mas fuerza, cuanto es á nuestros ojos, más odioso el despotismo y más repugnante la arbitrariedad ejecutados en nombre del Gobierno, que pasa por ser el más libre del universo.
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VII.

Consecuencia inevitable del sistema dominante en el espíritu del Congreso; cuya mayoría está compuesta por el partido republicano, es el desvío de los límites trazados por la Constitución á sus facultades; en todo lo que los otros poderes puedan ejecutar en menoscabo de su privativa supremacía y de su dominacion en las elecciones y en el Gobierno de la República.

Como las legislaturas de los Estados del Sur, eco y expresion de las ideas políticas que en ellos reinan, no aceptarian en el régimen electoral reformas contrarias á sus opiniones, pero que el Norte considera necesarias para obtener la mayoría, se anula su autoridad á pesar de la Constitucion, y se establece por el Congreso, faltando á esta, medidas concediendo ó negando el derecho electoral á clases numerosas. Tales electores son conocidos como favorables al partido democrático, se les priva de su derecho de sufragio. Hay otra clase que se presume concederia sus votos al partido republicano, todos sus individuos son elevados á la categoría de electores.

Lo primero se alcanza exigiendo juramento á los habitantes del Mediodía, en que declaren no solo no haber hecho armas contra la Union, sino el no haber prestado ayuda ni auxilio á ningun poder ni gobierno que haya estado en hostilidad con el de la República. Esta medida equivale á excluir del derecho de sufragio á casi los habitantes en masa de los Estados rebeldes. Lo segundo se consigue otorgando el carácter de electores á los negros libertos ó manumitidos, cuyo número es tan considerable en el Sur, que en algunos parajes excede á la poblacion blanca. Esta grande reforma cuenta con la probable y casi segura adhesion á las miras del partido republicano de los miembros de una raza que le debe el incalculable beneficio de la libertad.

Pero ambas reformas se hallan fuera de las atribuciones del Congreso arriba detalladas muy circunstanciadamente. La legislacion electoral, como la administrativa, civil, penal y judicial pertenece privativamente á la legislatura de cada Estado, y en ninguna de la atribuciones reservadas de un modo explicito y formal al Congreso se hallará una sola palabra que lo autorice para le-
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gislar en orden á los derechos electorales de los anglo-americanos. Así en todos tiempos desde que fué promulgada la Constitucion hasta la época presente, el Congreso se abstuvo de acordar sobre esta grave materia disposicion alguna. Al contrario se procedió en las Cámaras de los Estados de la Union. Acerca del sufragio electoral cada Estado acordó, modificó y revocó sus acuerdos, según lo estimó, libremente. Así las legislaciones electorales sostienen medidas muy varias, y gozan del derecho de votar en un Estado personas que están inhabilitadas en otros para ejercer esta prerrogativa.

Invasion manifiesta, por consiguiente, de las facultades legislativas reconocidas á los Estados por la ley fundamental, y en cuyo plenísimo ejercicio se han hallado hasta el dia, encierra el acto de legislar el Congreso, ora concediendo, ora privando de sufragio político á los individuos comprendidos en las recientes leyes federales.

Y no se diga que durante la guerra se tomó la resolucion al declarar incapaces de ejercer ninguna funcion pública de los Estados Unidos á los que hubieran tomado parte en la guerra civil. Sin embargo, semejante ley no se puede invocar. Ella alude expresamente á los cargos públicos, y en este número no cabe comprender el ejercicio del derecho electoral. Refiriéndose además á las funciones ó empleos públicos de la Union, es evidente que no puede extenderse á las funciones propias de los ciudadanos como miembros de los Estados particulares, las cuales son de todo punto independientes de las funciones federales, que son iguales, ó más bien, son la misma cosa que las funciones de los Estados Unidos, que es la expresion textual de la ley. En fin, aun concediendo por un instante que esa excomunion politica lanzada por aquella ley fuera tan descompasadamente extensa, que alcanzara al uso de los derechos electorales, no creemos pudiera conservarse despues de las diferentes amnistías concedidas por los poderes centrales á los Estados rebeldes, á mémos que borrado hasta el hecho culpable, que es el efecto de la amnistía, se mantengan las penas fulminadas contra los autores ó cómplices de ese hecho mismo.

Como quiera, el Presidente, penetrado de la inconstitucionalidad de la ley sobre elecciones aprobada por el Congreso, le opuso su veto, aunque sin resultado eficaz, porque el partido republicano de ambas Cámaras tuvo mayoría bastante para hacer prevalecer
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el proyecto, convirtiéndole en ley á pesar de las fundadas observaciones del Presidente.

Pero este alto Magistrado no podía dejar de incurrir en el desagrado y en las antipatías del Congreso, oponiéndose, en estas y otras cuestiones, á las vivas exigencias del interés de partido. Por escasa experiencia que se tenga de las costumbres de los pueblos libres, de las necesidades que creó en ellos la política, no siempre conciliables con la justicia, y sobre todo el calor y ardimiento que despliegan los partidos por conquistar ó mantener su dominación, se comprenderá fácilmente, como la mayoría del Congreso, formada de la fusión de radicales y republicanos, debía mirar al Presidente siempre tenaz en el cumplimiento de su programa, y hostil por tanto á los intereses más queridos del partido dominante. Una vez estallada la disidencia por tales motivos entre las fuerzas vivas constitucionales, entre los altos poderes políticos, á la disidencia sigue la discordia, y á esta la lucha, hasta que uno de los dos elementos contrarios se somete á discreción, ó desaparece, vencido por su rival ó adversario. Esta contradicción lleva cada vez más lejos de su estado normal á estos elementos discordes. Así, la mayoría del Congreso, con los ojos fijos en el triunfo de las elecciones inmediatas, abandona escrúpulos constitucionales, por conseguir este objeto final. El Presidente, al contrario, en medio de las preocupaciones de su situación, cada día parece apartarse más de los republicanos, y, sin sentirlo casi, se acerca al partido demócrata, con el cual se supone que una necesidad inevitable, la lógica invencible de los hechos, le arrastra á confundir sus miras, sus esperanzas y sus destinos. Esta es toda la clave del enigma de los conflictos presentes.

VIII.

La animosidad del Congreso contra el Presidente Andres Johnson se ha mostrado en las leyes encaminadas á disminuir y derogar algunas de las atribuciones conferidas por la Constitución al primer Magistrado, al Jefe del poder ejecutivo, y en las persecuciones directas fulminadas contra su persona intentándose una acusación, cuyo término sea, cuando menos, lanzarlo de la escena
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política, dejando su puesto vacante. No bastaba que la soberanía federal se sobrepusiera inconstitucionalmente á la soberanía de los Estados, y usurpara las facultades legislativas indisputables, que, antes y después de plantear la Constitucion en 1789, han ejercido los Estados de la Unión. Era preciso que las Cámaras federales invadieran las prerrogativas expresamente atribuidas á la autoridad del Presidente por la ley fundamental, y que la saña del partido republicano removiera el obstáculo de la imparcialidad presidencial, procurando en el reemplazo un instrumento menos indócil á sus miras. Ha traspasado, pues, el Congreso su esfera de acción en doble sentido, y además ha desplegado su venganza, sus iras políticas y personales contra el más alto Magistrado de la República.

Corresponde á este el ejercicio del poder ejecutivo en la Unión, lo mismo que el mando de las fuerzas militares de mar y tierra, según en otro lugar queda dicho. Le competía por lo mismo evidentemente dirigir y vigilar la ejecución de las medidas acordadas por el Congreso relativamente á los Estados del Sur, así como el nombramiento de los Jefes ó Agentes militares enviados al Mediodía para ejercer allí la jurisdicción militar de que están revestidos, y cuyo peso tanto se deja sentir en aquellas comarcas. Sin embargo, el Congreso, sin detenerse en el texto terminante de la Constitución, ha ordenado las cosas de muy distinta manera. Por una ley se autoriza al Generalísimo para nombrar los Comandantes militares, á quienes está encargada la representación del poder central en el Sur, y no obstante los graves abusos que se sabe se están cometiendo contra los habitantes, el Presidente se halla tan imposibilitado de corregirlos, como ha sido extraño á la designación de semejantes funcionarios. En buen hora que la Constitución declare formalmente el Magistrado en quien reside el poder ejecutivo. El Congreso ha trasladado á otras manos las funciones presidenciales respecto de los Estados del Sur, y las leyes se ejecutan en aquella parte de la República, sin la menor intervención del poder ejecutivo, único que la Constitución reconoce. ¿En qué se puede fundar esta manifiesta derogación de la ley constitucional? Nosotros no podemos explicar, sino por un exceso de autoridad que se ha arrogado el Congreso, una violación del artículo constitucional, que la mayoría ha querido adoptar, oyendo, ciegamente apasionada, la voz de los más bastardos intereses de partido.
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La destitucion de los empleados públicos amovibles ha sido otra de las facultades presidenciales, que el Congreso ha derogado. El derecho americano sobre esta materia es muy conocida. Los textos legales y los comentadores jurídicos y la jurisprudencia no permiten sobre este punto duda alguna.

La Constitucion nada disponía acerca de las separaciones de funcionarios. Limitada á expresar la necesidad de la intervencion del Senado en su nombramiento, como se ha dicho, respecto de su remocion, guardaba absoluto silencio. Este silencio nos parecia sensato y natural. Habiendo establecido el principio absoluto y general de que el poder ejecutivo residia en el Presidente, es á todas luces claro, que al primer Magistrado pertenecen todas las atribuciones inherentes al poder ejecutivo, en cuanto no se halle modificada esta regla por las excepciones explicitas de la misma ley fundamental. Pero las excepciones son de sentido limitado, y no admiten, por su índole, una interpretacion extensiva. Si la Constitucion, pues, en cuanto al nombramiento de funcionarios públicos, prescribe la concurrencia de las dos terceras partes de los votos del Senado, y nada expresa en punto á su destitucion, no es dudoso que en esta facultad del poder ejecutivo ninguna limitacion ni cortapisa se quiso imponer á los Presidentes, y que la Constitucion se la ha dejado libre y expedita. La mera razon y el sentido comun resolverian sin dificultad, de esta manera, la cuestion de destituir á los empleados, si cuestion pudiera haberse suscitado. Pero, á pesar de su claridad, ella ha sido objeto de una interpretacion autentica.

En el mismo año en que empezó á regir la Constitucion, se promulgó una ley que declaraba corresponder al Presidente la facultad de destituir á los funcionarios públicos, y de ella han usado sin la menor contradiccion todos los Presidentes desde Washington hasta Mr. Lincoln.

Un célebre comentador del derecho americano, dice, hablando de esta ley, que «el Presidente es el alto funcionario responsable de la ejecucion de las leyes, y el derecho de destitucion es un poder accesorio, necesario para el cumplimiento de este deber, y que puede ser frecuentemente indispensable.

»La cuestion no ha sido nunca judicialmente examinada, y la interpretacion dada á la Constitucion, en 1789, no ha cesado de descansar sobre esta simple manifestacion de la opinion del Con-
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gresos y sobre el asentimiento general de todas las ramas del Gobierno desde entonces.»

El no haber sido esta cuestion objeto de exámen judicial, es la mayor prueba de la perfecta uniformidad de opiniones que reinaba en los Estados Unidos acerca de los derechos atribuidos en este punto al Presidente. En aquella república es el poder judicial custodio de las leyes constitucionales, y cuando el Congreso en sus leyes, ó las legislaturas de los Estados en las que dictan, infringen la Constitucion, ó se cree que la han infringido, se instaura una demanda judicial y son los tribunales, especialmente el Supremo, los que deciden la controversia y declaran, si la ley reclamada es ó no conforme á la Constitucion. Por lo demás, hay muy pocas cuestiones políticas en aquel país que no se conviertan en judiciales, como ya lo había observado el profundo Torqueville en su gran obra de la Democracia en América.

Contra aquella célebre ley, que por ser contemporánea de la Constitucion y haber sido acordada por los hombres eminentes que la redactaron, se consideraba como fundamental, se ha pronunciado últimamente el Congreso. Una ley especial priva al Presidente del derecho de separar á los empleados, y aunque Johnson opuso su veto, las Cámaras, dominadas por una considerable mayoría del partido republicano, insistieron en su acuerdo, y el proyecto adquirió el carácter de ley. La anomalía que de esta medida se sigue, no puede ser más extraña. El Presidente es siempre el alto magistrado responsable de la ejecución de las leyes, y no puede remover á los agentes, aunque obren en el sentido más contrario á sus órdenes e instrucciones. Solamente un exagerado radicalismo puede admitir tal aberración contra la lógica y el sentido común. Es de esperar que, calmadas las pasiones políticas, se retablezca la legislación constitucional.

Otra interpretación de esta, que desde los primeros tiempos de la Unión no había dado lugar á ninguna duda ni incertidumbre, ha ocasionado también cuestion sobre las prerrogativas presidenciales, que acaba de ser resuelta por el Congreso en menoscabo del Presidente. Confiérele la Constitución, como se ha visto, el importante derecho de conceder perdones á los delincuentes. ¿Se contiene virtualmente en esta facultad la de amnistiar á los culpados? No es de este momento exponer la diferencia de perdón y amnistía, porque habríamos de repetir lo que acerca de este punto ya hemos
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gaba en tal extremo, «que ya no podía sufrir su mal ni su remedio,» le movió á aconsejar al Rey una prudencia extrema, diciéndole, que cuando se padecían enfermedades incurables, era mejor dejarlas, que aplicarles inútiles remedios.

Pero quien igualó ya en lo osado de sus respuestas las graves cláusulas del Memorial de Felipe II, fué D. Francisco de Vargas Mejía, que aparece como Embajador ordinario de España en Venecia en los últimos días de Diciembre de 1556, y después de la paz en Roma (1). En el mismo tomo manuscrito de la Biblioteca Nacional, de donde he extractado la respuesta del Vice-Canciller de Aragón, se hallan copias de dos papeles de su pluma, tocantes á la materia de que estoy tratando. Comienza el principal de tales documentos con estas literales palabras: «Francisco de Vargas, habiéndole mandado S. M. poner por escrito lo que en su presencia dijo sobre estas materias del Papa, dice:» y lo que en resumen dice, es lo que sigue. Sobre dos puntos pensaba él que debía contestar principalmente: el uno el de la justificación que podía tener lo hecho, y las armas y remedios de que S. M. debía usar contra el Papa: el otro el de lo que se podría pedir, al tratar de paces, en lo tocante á la reformación y remedio de las cosas eclesiásticas de los reinos de España. Acerca del primer punto entendía Vargas, que es regla que desciende del derecho natural y del de gentes, que siempre que falta superior que remédie y deshaga la tiranía ó injusticia notoria, puede cada uno hacerse justicia por su mano: que no había diferencia entre la guerra con el Papa ó con otro Príncipe temporal, porque el primero no tiene ni recibió poder para pecar ni tiranizar, y así es que no ha de hacer violencias ni injusticias, por ser su poder para edificar y no para destruir como dijo San Pablo: «que las censuras de Su Santidad, cuando contenían manifiesto error, ó eran notoriamente injustas,

(1) Que estaba allí en esta fecha se deduce del Summario delle cose notabili successe dal principio d'Aprile 1556 á tutto giugno 1557, inserto como apéndice á la historia de Pedro Nores en la edición de Nápoles, 1847. Cabrera pone en boca de este D. Francisco de Vargas Mejía, un habilísimo discurso refutando los argumentos con que el Cardenal Carrafa quería persuadir al Senado veneciano la alianza con el Papa. Vargas, natural de Madrid, y colegial de San Ildefonso de Alcalá, fué uno de los mayores juristas de la época, y paró al cabo en monje de Santa María de la Sisla de Toledo; dejando impresos muchos libros. Buena.—Hijos de Madrid, tomo 2.º Suele confundirsele, con otro anterior, por quien se dijo aquello de "averigüelo Vargas."
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arriba indicado. En España, más de una vez, se ha producido la misma cuestión, habiendo defendido algunos publicistas y contradicho otros, que en la prerrogativa de indulto con arreglo á las leyes, conferida al Rey por nuestra Constitución, se entendía que podía el Trono conceder amnistías.

La jurisprudencia no ha sido constante entre nosotros, conociéndose amnistías aprobadas por las Cortes y sancionadas por el Rey, y otras, acaso más en número, concedidas por el Rey, sin intervención alguna de las Cortes.

Mas en los Estados Unidos, la jurisprudencia ha sido menos variada desde el establecimiento de la Unión hasta nuestro tiempo. Los Presidentes han amnistiado desde Washington hasta Lincoln y Johnson, y nadie disputó que este derecho era consecuencia natural de la prerrogativa de perdonar otorgada en los términos más generales á los Presidentes por la Constitución. El Congreso por una ley ratificó en 1862 este derecho del Presidente, para conceder por orden propia amnistía á las personas y en las ocasiones que tuviera por conveniente. Sin embargo, en Enero de 1867, cuando ya el Congreso se había declarado en abierta hostilidad contra el Presidente, revocó la disposición legal de 1862 que autorizaba al primer magistrado de la Unión para conceder amnistías, considerándose que después de esta revocación quedó privado de semejante prerrogativa.

Todas estas restricciones inconstitucionales, si descubren demasiado el furor de la pasión hostil al Presidente que en el Congreso domina, no son sin embargo suficientes á mostrar toda la incompatibilidad que existe entre Johnson y el partido radical. El signo más evidente de esta incompatibilidad es el proceso intentado en este año por la Cámara de Representantes ante el Senado, acusando á Johnson de haber violado una ley reciente del Congreso para lanzarlo de su alta magistratura y reducirle á la vida privada. El 26 de Febrero último se presentó ante el Senado la acusación por los diputados Stevens y Bingham, en forma solemne, á nombre de la Cámara de Representantes. En el mismo día nombró el Presidente del Senado una comisión de siete Senadores para la instrucción del proceso, y desde entonces continúan las actuaciones con actividad.

Si hubiéramos de apreciar la acusación por las frases empleadas por el representante Stevens al presentarla al Senado, deberíamos considerar al Presidente Jonshon, rodeado de los más serios peli-