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la Nacion, lo que sigue, y tenganse presente los tiempos en que aquel periódico se publicaba y los que hoy corren, y no se olvide tampoco la escuela á que pertenecía aquel ilustre escritor:

«Quien haya de gobernar la España es necesario que á más de la España antigua, de la España religiosa y monárquica, de la España de las tradiciones, de los hábitos tranquilos; de las costumbres sencillas, de esas necesidades, de un carácter peculiar que la distingue de las demás naciones de Europa, vea la España nueva con su incredulidad ó indiferencia, su afición á nuevas formas políticas, sus ideas modernas en oposición con nuestras tradiciones, su vivacidad y movimientos, sus costumbres importadas del extranjero, sus necesidades hijas de un refinamiento de cultura, su amor á los placeres, su afán por el desarrollo de los intereses materiales, su prurito de imitar á las demás naciones, en particular á la Francia, su fuerte tendencia á una trasformación completa que borre lo que resta del sello verdaderamente español y nos haga entrar en esa asimilación ó fusión universal á que parece encaminarse el mundo. El Gobierno que se empeñase en prescindir enteramente de la España nueva, ateniéndose únicamente á la antigua, provocaría por necesidad gravísimos conflictos y acabaría por sucumbir. Se contiene un motín y se domina con la fuerza á los motinados: se desbarata una conspiración y se ahuyenta ó se castiga á los conspiradores: se reprime una insurrección militar ó se la previene con cuerdas medidas y disciplina severa; pero el curso de las ideas, el espíritu de la época, estas cosas se dirigen, se moderan, se modifican; pero no se detienen con la fuerza. La mano imprudente que se les pone delante, ó es hecha pedazos, ó es debilitada y descompuesta con la acción disolvente, con el aliento abrasador á cuya influencia está sometida ella misma.»

Si apoyados en la enseñanza que arrojan los sucesos anteriormente referidos y otros de índole análoga que pudieramos fácilmente recordar de pueblos cuyo desarrollo histórico está más en consonancia con el nuestro; si teniendo en cuenta estas atinadas observaciones, hijas de la buena fe y del recto juicio de una persona que no profesaba las ideas que nosotros profesamos; si teniendo en cuenta, repetimos, estos antecedentes, nos detenemos á analizar las reformas políticas que ha hecho el partido moderado, encontraremos el primer error, siquiera fuese dictado por los más puros móviles, en la reforma de la Constitución de 1837, y luego sin disculpa que atente su responsabilidad, en cuantas modificaciones ha sufrido después de 1845 la ley fundamental. La Constitución de 1837 había sido prenda de alianza, transacción preciosa entre partidos que al ser adversarios no debían olvidar que estaban llamados á realizar una idea común. Martínez de la Rosa había dicho en pleno Parlamento, que todo lo que fuese más de la Constitución de 1837, que todo lo que fuese menos de la Cens-
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titucion de 1837, sería un crimen. Argüelles, el defensor ardiente del Código de 1812, ensalzaba y defendía con el mismo ardor la nueva Constitución del Estado. Olózaga, Sancho, Gonzalez y Ferrer, componían la comisión que redactó sus bases. En ellas están de manifiesto el espíritu conservador, la tendencia conciliadora que reformaba en sus ya atrevidas, ya cándidas disposiciones, la ley de Cádiz. El día en que se juró la Constitución de 1837 fué un gran día para la nación española; todos los partidos se hallaban representados en la nueva ley, era una transacción común que prometía un periodo de paz y reconciliación.

Decía en la Cámara popular un orador notable del partido conservador, refiriéndose á este feliz acontecimiento: «Los emigrados que estaban en Francia, en Inglaterra, en el Peñón de Gibraltar, iban á volver á su patria. Los amigos se estrechaban en la calle, la Reina era llevada al santuario de las leyes en triunfo y con aplauso de todos, por un mar de pueblo en el que iban á confluirse los torrentes de todos los partidos que aquel suceso volvía á unir. Era un gran día, yo me acuerdo de él; de aquel día de la inauguración de la Constitución. La juramos todos, la juró el pueblo; la juró el ejército al frente del enemigo; la juraron aquellos soldados que más tarde se retiraron á sus casas y volvieron á bellas con el eco de la Constitución del 37, con aquel eco con que habían sido heridos y mutilados. Hubo el día de Vergara, y en aquel día á la sombra de la bandera de la Constitución de 1837, descansaron los ejércitos beligerantes. En ninguna Constitución de Europa se encontrará una página más bella que la de aquel magnífico acontecimiento.»

Recordando el estado en que la nación española se encontraba en 1837, no puede menos de hacerse justicia á la comisión que redactó las bases del nuevo proyecto de Constitución y á las Cortes Constituyentes que la aprobaron, sin temor á las iras de la demagogía ni á los inmoderados desahogos de los que se llamaban representantes de la opinión pública, basando el nuevo Código en principios moderados, en ideas de equilibrio y reconciliación entre los poderes públicos, en garantías mutuas para la libertad y para el Trono.

Separaba la Constitución de 1837 la parte reglamentaria de los puntos esenciales que deben constituir un Código fundamental, enmendando así un defecto de la Constitución de 1812; dividía las Cortes en dos cuerpos colegisladores, mejoras ambas que aconsejaban los adelantos del Gobierno representativo y los ejemplos de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda y de los demás pueblos regidos por instituciones parlamentarias; establecía el veto absoluto, imposibilitando así la existencia de un Parlamento revolucionario; reformaba la ley electoral, estableciendo la elección directa, única forma en que es posible la verdad del sufragio.

Si quedaron algunos lunares en el nuevo Código, no creemos que fue-
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sen de índole suficiente para justificar la reforma llevada á cabo por el partido moderado en 1845, reforma que abría de nuevo el periodo constituyente y preparaba sucesos peligrosos que han venido á realizarse luego y que ya entonces pronosticaron desde los escaños del Congreso Pastor Díaz, Isturiz, Pacheco, Posada Herrera, Roca de Togores, Latoja, Perpiñá y otros.

No vamos á hacer un estudio comparativo de las Constituciones de 1837 y 1845. En nuestro juicio, y prescindiendo del estado político del país en que cada una de ellas rigiera, haciendo abstracción por un momento de la índole de los partidos, de las necesidades políticas que pudieran satisfacer, de la manera y medios con que se estableciesen, estudiando, en fin, en abstracto ambos códigos: entendemos, y estamos persuadidos de que la mayoría de los hombres sensatos serán de nuestra opinión, que la Constitución de 1845 es superior en su estructura á la de 1837.

¿Pero las ventajas que podía traer la reforma, compensaban las grandes dificultades que se dibujaban en lo porvenir y que no podía dejar de prever la inteligencia méns perspicaz? La pasión de partido, el ardor de la lucha, un celo, tal vez indiscreto, llevó al partido moderado á efectuar una reforma, que si en otra ocasión hubiera podido ser favorable á los intereses públicos, exasperaba á la sazón el ánimo de los vencidos. Siguió á la reforma de la Constitución una verdadera dictadura ministerial y por la ley de 1.º de Enero de 1845 se autorizó al Ministerio que presidia el Duque de Valencia para fijar las atribuciones de los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Gobiernos políticos, Consejos de provincia, y para la creación de un cuerpo supremo de Administración, que estuviese en consonancia con la letra y el espíritu del nuevo Código: empezando así el partido moderado á poner en uso el sistema de las autorizaciones y á plantear reformas en determinada tendencia, que era natural combatiesen los defensores de las libertades parlamentarias aun profesando ideas conservadoras.

Se publicó á seguida la ley de Ayuntamientos, la de Gobiernos; se crearon los Consejos provinciales, institución desconocida en España, redactándose los decretos que establecían estas novedades por la docta pluma del Sr. Marqués de Pidal, Ministro de la Gobernación entonces. Se llevaron los delitos de imprenta al tribunal ordinario; por la ley de 13 de Julio de 1845 se determinó la organización y se señalaron las atribuciones del Consejo Real, alto Cuerpo consultivo del Estado y Tribunal de apelación de los Consejos provinciales. Se publicó el Nuevo Plan de Estudios y el Reglamento para su ejecución; planteó el Ministro de Hacienda el sistema tributario, y el de Gracia y Justicia hizo reformas en el ramo á cuyo frente estaba, promulgando el Reglamento de los Juzgados de primera instancia y la ley de vagos.
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bien, ante el Cónclave que eligió Papa á Pio IV, otras no leves muestras de atrevimiento. Corren ya además impresos ciertos Memoriales de su pluma, sobre lo tratado en el Concilio tridentino, y las cosas eclesiásticas que debían, á su juicio, reformarse en España, con ocasión de aquel Concilio, que lo señalan por hombre de muy libres opiniones en la materia; así como por uno de los consejeros y Ministros más constantes de Felipe II (1).

Con razon advirtieron en una nota los doctos eclesiásticos Salvá y Baranda, que «Vargas era escritor más vehemente que claro y »circunspecto;» y no debía faltarle ella tampoco al Pontífice Pio IV, cuando, según el mismo Embajador refiere en una de sus cartas al Rey Felipe, dió tras él cierto dia personalmente, diciéndole: «que »quería ser omnipotente y gobernarlo y censurarlo todo sin con- »venir en nada, antes haciendo siempre malos oficios, y que no »había de pensar que se lo sabía todo, pues había tantos otros »doctos y experimentados con quien él consultaba.» A la menor contradiccion, en materia que conviniese al Rey, exaltábase aquel jurista á punto de decir en otra de sus cartas, que á los Legados del Papa en Trento nada se les daba de la indignidad ó de la infamia, y que lo que solían hacer con título de religión era torpísimo, y tal, que no había lengua que bastase á explicarlo (2). Verdad es, que era acérrimo partidario, en cambio, del Santo Oficio, y que amargamente se quejaba de que no encontrase este en Roma toda la protección que él quería, por lo que importaba á su juicio la severidad contra los herejes, y la conservación de la autoridad de aquel Tribunal en los reinos de España. Tales contradicciones dan bien á conocer por cierto, el carácter del hombre en quien más que en otro alguno depositó al fin su confianza Felipe II, no sólo durante estas desavenencias con el Pontificado sino en todos los demás negocios que ocurrieron después, tocantes á las cosas eclesiásticas y á la Santa Sede apostólica.

Desvanecidos suficientemente en mi concepto todos los escrúpulos que pudieran oponerse á la autenticidad de los dictámenes de Cano y Vargas, paréceme inútil extenderme en demostrar la del Memorial del Rey Felipe II. Hallado, como he dicho, en una colección de papeles de letra del siglo XVI al XVII, corresponde exact-

(1) Tejada y Ramiro, Concilio de Trento.
(2) Documentos inéditos, tomo IX, págs. 143 y 149.
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Parecía natural que el partido moderado hubiese pronunciado entonces su última palabra, y que en aquellas reformas debía buscarse un credo político que, partiendo de ellas, aceptase luego las modificaciones que fuesen estando más en armonía con el espíritu de los tiempos; pero no sucedió así, el partido moderado se dividió pronto, intentando una gran parte de él en 1852 un nuevo proyecto de reforma de extraordinaria transcendencia, que no llegó á realizarse, porque sus hombres más distinguidos, se le opusieron con una energía por desgracia poco perseverante, pues en 1858, siendo otra vez Presidente del Consejo el Sr. Duque de Valencia, vuelve á ponerse mano en la ley fundamental, verificándose un cambio político que llevaba á la exageración los principios que habían servido de base á la reforma de 1846, influyendo el Sr. Noedal desde el Ministerio de la Gobernación en la marcha de la política triunfante.

En vano se opusieron á tan perjudicial tendencia ánimos previsores; en vano clamó la juventud conservadora contra la nueva doctrina; el impulso estaba dado y si alguna protesta se ha hecho luego desde los bancos de la oposición en tiempos de desgracia para los moderados; si hubo quien emprendió con ánimo decidido la improba tarea de armonizar las ideas y tendencias de este partido con el espíritu del mundo culto, sus esfuerzos fueron inútiles, sus voces se perdieron en los ecos del espacio, fracasando por completo aquella tentativa ante la resistencia en masa del partido y de sus más caracterizados jefes.

Las nuevas alianzas que los moderados habían hecho en el mando los empujaban naturalmente por el camino de la resistencia; la idea gubernamental, no queremos darle otro nombre, se había enseñoreado por completo de aquella agrupación política, la cual, al subir últimamente al poder, tomó posesión denodadamente de las más avanzadas trincheras del campo, á donde hace tiempo dirigía sus pasos.

Considerando desde este punto de vista, que es en nuestro juicio el verdadero, las Cortes que acaban de suspender las sesiones, han sido modelo fiel de abnegación y consecuencia políticas, nos complacemos en reconocer que es imposible llevar más adelante el entusiasmo y la decisión por una causa.

Las leyes del año 45, todavía en vigor, se consideraron insuficientes, y todo se ha reformado; Ayuntamientos, Gobiernos, Diputaciones provinciales, Instrucción pública, Ley de imprenta, Orden público, cuantos ramos encierra la gobernación de un país han sufrido formal alteración. Nuevas disposiciones sobre vagancia de un alcance innegable vinieron á completar el plan político trazado por el último Gabinete del General Narváez. El partido moderado, dando al olvido su antiguo lenguaje, empezó á usar un tecnicismo nuevo en la escuela y ajeno al de sus verdaderos apóstoles.
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Decía Donoso Cortés en el dictamen de la comisión de reforma en 1845:
«En la Constitución de 1837 no podían resplandecer los principios de la libertad y del orden con toda su limpieza, porque la sociedad estaba entregada á la anarquía.»

Ahora se ha dicho que es necesario «poner en la llaga, no el dedo, sino la mano entera,» para significar, sin duda con frase más pintoresca que propia, que ha llegado el momento de aplicar remedios supremos. Se ha hablado de la «constitución interna del país,» como si se quisiera dar á entender, que las instituciones liberales no son del todo compatibles con los hábitos, tendencias é instintos patrios.

El proyecto de estrechar las distancias que separa á los partidos liberales por medio de hábiles y sucesivas transacciones, se ha abandonado por completo considerándose peligroso y se han elevado por el contrario las barreras que los separaban, más que por las desgracias inevitables y nunca bastante deploradas de nuestras luchas internas, por lo que es obstáculo más constante y de más difícil remoción, por las diferencias establecidas en el organismo político del pais.

Otra era, en nuestro juicio, la línea de conducta que debía haber seguido el partido moderado. Una de las principales causas, si no la más importante de cuantas han contribuido á que en Inglaterra se cumpla más fácilmente que en ningún pueblo europeo la ley del progreso en la esfera del gobierno, hay sin duda que buscarla en las últimas modificaciones de sus partidos, por las cuales, para acomodarse á las exigencias de la opinión pública, los conservadores se han ido haciendo cada dia más liberales y los liberales más conservadores; viéndolo por lo tanto á ser el campo de sus debates dominios tranquilos ocupados por una y otra fuerza.

Bien puede asegurarse que las diferencias de opinión entre un Tory y un Wigh son ya poco exageradas. La mayor parte de los conservadores han creído una necesidad social respetar las reformas que no habian tenido fuerza para impedir, sin que allí sea posible este constante tejer y destejer de la política española, verdadera tela de Penélope, como la llamó el malogrado Larra en uno de sus inspirados artículos. Los liberales, sostenedores entusiastas del self-governement en toda su pureza, llenos de confianza en el prestigio popular, favorecen á su vez el desarrollo de cuantas libertades son compatibles con el orden público. Convencido el país de que posee su autonomía, de que tiene medios legales para realizar todas sus legítimas aspiraciones manifiesta sus deseos con enérgica tranquilidad, mirando con indiferencia la lucha de los partidos desacosos de conseguir las reformas que la opinión reclama como útiles y necesarias, sean cuales fuesen los nombres de las personas que las llevarán á feliz término.

A ningún inglés se le ocurriría hoy chamar contra un Gobierno que plantease una medida útil porque estuviese en poca armonía con el antiguo
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credos de su partido. Los airados discursos de lord Eldon y Sir John Bentinck contra Sir Roberto Peel no se oirían hoy sin gran desagrado en el Parlamento de Inglaterra. La disciplina antigua de los partidos solía organizarlos á manera de ejércitos beligerantes que siguen inconscientemente las órdenes de sus jefes, preocupándose tan solo de alcanzar á todo trance la victoria. Somos los primeros en reconocer la necesidad y conveniencia de los partidos para la existencia del régimen parlamentario, teniendo por fundamento la comunidad de ideas, pues idem sentire de republica será eternamente el gran vínculo que ligue á los hombres; mas para que estas asociaciones sean elementos útiles á la patria, es necesario que estén dotadas de la ilustración y el patriotismo necesarios para respetar y reconocer cuanto sea conveniente, por más que proceda del triunfo de un adversario. De este modo se forma al fin una población entendida que presta su desinteresado apoyo á los gobiernos cuando son justos y sofoca con su propia fuerza la sedición de las facciones.

No sabemos cuando llegarán á organizarse en España de este modo las agrupaciones políticas. No perdamos, sin embargo, la esperanza. «Los pueblos, ha dicho M. Guizot, no se engañan constantemente en el curso de un largo destino. Cuanto más una nación se engrandece, más necesita de libertad; en los Gobiernos libres es donde residen las garantías eficaces de los intereses generales de la sociedad, los derechos personales del hombre y el derecho comun de la humanidad.»

J. L. ALBAREDA.

EXTERIOR.

La crisis política que atraviesa el reino-unido de la Gran Bretaña sigue su curso con la lentitud que es propia del carácter de ese gran pueblo y de la larga experiencia que tiene en las prácticas del gobierno parlamentario. Varias peripécias han ocurrido en los últimos quince días, y en ellas se ha confirmado que el Gabinete Disraeli no tiene en su apoyo la mayoría de la Cámara de los Comunes, sin que tan frecuentes y evidencias derrotas hayan apresurado hasta ahora el desenlace de la crisis, y sin que
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sea posible calcular si el conflicto pendiente terminará con la caída del Ministerio, con la disolución inmediata de la Cámara de los Comunes, ó si se arbitrarán por el Gobierno y por la oposición medios para llegar hasta el fin natural de la legislatura, apelando al país en las próximas elecciones sobre la gran cuestión últimamente suscitada por Gladstone, la cual como hemos dicho se agita hace años en Inglaterra, y habrá de resolverse al cabo en favor de la justicia y de la tolerancia religiosa, poniendo fin á las monstruosidades de que aun es víctima la desgraciada Irlanda.

Dejemos, pues, para otra Revista el relato de lo ocurrido en esta gran cuestión, y quizá podamos entonces dar noticias de su desenlace, hoy nos parece más digno de atención el gran debate que durante nueve días ha ocupado al Cuerpo legislativo francés sobre los efectos del tratado de Comercio ajustado en 1860 entre el vecino imperio y la Gran Bretaña. El origen de tan extensas discusiones, que han tenido á veces una vehemencia que no parece muy propia del asunto, fué una interpelación presentada á la asamblea por M. Pouyer-Quertier y otros diputados y aceptada por las secciones conforme al reglamento que ha puesto estas cortapisas al devolver á los Diputados el derecho de interpelar al Gobierno, consecuencia natural de la iniciativa parlamentaria, y que debe existir sin más limitación que la de la prudencia, donde quiera que exista realmente el Gobierno constitucional y representativo. Como lo que hasta ahora ha habido en Francia ha sido una verdadera dictadura, según confesión espontánea del que la ha ejercido y de sus Ministros, la facultad de interpelar al Gobierno, la ley novísima de imprenta y la de reuniones son progresos dignos de aplauso en el sentido liberal y parlamentario, que no estableciendo una situación definitiva provocarán otros más importantes hasta que logre ese gran país el ejercicio legal y completo de sus libertades políticas, sin el que no podrá conseguir los adelantos á que aspira en todas las esferas de la actividad humana y que le son indispensables para conservar el lugar que ocupa entre las demás naciones de Europa.

Felizmente para nuestros vecinos ni aun en los tiempos más deplorables de su historia contemporánea, ha faltado á su actividad espacio en que ejercitarse; los excesos revolucionarios de 1848 produjeron la reacción que llegó á su último punto en 1852, pero ni aun entonces abdicó el pueblo francés todas sus libertades en manos del Príncipe á quien confió la árdua tarea de restablecer el orden social hondamente perturbado por las pasadas conmociones. En el terreno intelectual y en el religioso, la libertad no sufrió limitación alguna que no existiera antes de aquellos excesos, pues si la prensa periódica fué sometida al poder discrecional del Gobierno, y si fué difícil discutir aun en los libros las materias políticas y económicas, todas las