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gros. «Acusamos dijo, á Andrés Johnson, de haber cometido delitos capitales.» Por fortuna, aunque las intenciones de Stevens no parezcan muy desemejantes de las de ciertos personajes funestamente célebres de la convencion francesa, ni los cargos formulados contra el Presidente ofrecen grande importancia, ni aun ofreciéndola permite la Constitucion que pueda en tales ocasiones el Senado imponer otra pena que no sea la destitucion, y á lo sumo añadir la inhabilitacion para obtener empleos de lucro, honor ó confianza. Cuando las palabras de Stevens hablan de delitos capitales, dan lugar á pensar, que acaso en el furor de una ira bárbara se deseaba una parodia de las horribles y abominables catástrofes de Carlos I y Luis XVI.

¿A qué se reduce en sustancia esta acusacion? A pesar de hallarse dividida en varios articulos dependientes unos de otros, el escrito de acusacion se contrae á exponer, «que el Presidente ha infringido la ley del Congreso relativa á la separacion de empleados, destituyendo al Secretario de la Guerra Stanton, y encargando al Ayudante General Thomas del desempeño temporal de las funciones.» Por mucho que el espíritu de partido pondera la gravedad de los cargos, á primera vista se comprende que el proceso se limita á una cuestion política, incapaz de llegar nunca á las proporciones que pudieran inferirse de las palabras alarmantes y terroríficas del diputado Stevens.

Johnson estuvo muy distante de tomar la medida de destituir á Stanton, con la menor sombra de duda ni de misterio. Inmediatamente la comunicó al Senado, exponiendo los motivos que le habían á ello determinado. Al recibir el Senado esta comunicacion, adoptó la resolucion de declarar «que según la Constitucion y las leyes de los Estados Unidos, el Presidente carece del derecho de destituir al Secretario de la Guerra, y del de nombrar aunque sea interinamente á otro oficial para que desempeñe sus funciones.»

A este acuerdo del Senado de 21 de Febrero, respondió el Presidente en el dia inmediato, enviando á aquel Cuerpo un extenso mensaje explicando las razones de su conducta. Nos parece sumamente oportuno para que se forme cabal idea de la cuestion, insertar literalmente algunos pasajes de este documento, modelo en nuestro sentir de cordura y buen sentido.

«Que se me permita, dice, recordar de pasada que despues de la organización federal en 1789, todos los Presidentes de los Es-
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tados-Unidos han ejercido siempre sin contradiccion el derecho de destituir á todos los funcionarios federales que no son nombrados de por vida: este derecho ha sido siempre considerado como un derecho constitucional, no solo por los Presidentes y sus Consejeros, sino por las más importantes autoridades del orden judicial de los Estados-Unidos. Yo no podria, pues, ser privado de este derecho constitucional, á no ser por medio de una reforma ó enmienda de la Constitucion.

«Tomando en cuenta estos hechos y toda la legislacion anterior, tengo el íntimo convencimiento de que el tenure of office-bill, ó ley sobre destitucion de los empleados, adoptada por el Congreso en Marzo de 1867, es inconstitucional, y este convencimiento lo es tambien de todos los miembros de mi Consejo y de todas las personas que he creido deber consultar acerca de este punto de derecho público.

»Aparte de esto, aun dejando á un lado esta cuestion de constitucionalidad, mi conviccion, confirmada por el unanime dictamen de cuantos he consultado, es que la ley citada, segun su texto, nunca podia ser aplicable á Mr. Stanton, que no por mí sino por mi antecesor ha sido nombrado.

»Sin embargo, como al cabo yo pudiera estar en un error, á pesar de mi conviccion contraria, y á pesar de la conviccion de todos mis Consejeros legales y extralegales, yo tenia el objeto, procediendo, como lo he hecho, de provocar una decision de los tribunales federales, la más alta, sino la única autoridad competente en esta materia, con la firme resolucion de conformar mi conducta con su fallo, pero se han ordenado las cosas de modo, que se corte toda investigacion judicial acerca de la cuestion.

En todo esto, yo no he tenido otro fin que cumplir lo que creo ser mi deber rigoroso, como Presidente de los Estados-Unidos; y yo protesto contra la aserccion del Senado que me acusa de haber violado la Constitucion y las leyes de los Estados-Unidos.»

Se echa de ver, pues, claramente que en el fondo de este conflicto, y sobre el proceso pendiente en el Senado federal, existe una cuestion de derecho constitucional, reducida á saber si al Presidente pertenece ó no la facultad de destitucion de los funcionarios publicos. Prescindiendo de los motivos alegados por el Presidente en apoyo de su opinion y de su proceder, no puede rendir aquel Magistrado mayor homenaje de respeto y obediencia á las
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instituciones políticas de su patria, que someterse á la decision del poder judicial, cualquiera que ella sea, es decir, á la grande autoridad creada por la Constitucion para contener dentro de su esfera legítima de accion á todos los poderes públicos, así de la Union como de cada uno de sus Estados. Freno saludable contra el despotismo temible de las mayorías en un país, no solo libre, sino republicano, desconocido en las naciones del antiguo hemisferio, y que por la importancia de tales funciones y la elevada capacidad de los hombres que las desempeñan, coloca al poder judicial de la Union americana en esfera mucho más alta que la institucion judicial de ningun pueblo del mundo.

Como quiera, la acusacion pendiente es absurda, porque su base es quimérica. No hay proceso criminal posible sin delito preexistente, pero delito claro y manifiesto á los ojos de la ley que lo haya declarado, de forma que si falta esta declaracion, ó si se duda de si el hecho es ó no criminal, el proceso carece de su esencial fundamento. Así se ha admitido como una verdad obvia y hasta trivial que, sin cuerpo de delito, esto es, sin el hecho de la existencia del crimen, es nula é imposible toda actuacion criminal.

¿Y cuál es el crimen que se invoca, como base, de la acusacion intentada contra el Presidente Johnson? La supuesta violacion de la ley sobre destitucion de los funcionarios. Pero si el acusado estima que la Constitucion le atribuye el derecho de destitucion, que es contraria á ella la ley de Marzo de 1867, cuya infraccion se le imputa como un delito, es preciso que en el conflicto de la inteligencia contradictoria del sentido de la Constitucion sobre este punto, se fije préviamente la verdadera interpretacion constitucional por la autoridad que corresponde, y solo es posible, despues de esta declaracion, saber para el porvenir, si existe ó no delito é intencion criminal. Proceder de otra manera es dar por supuesto firme una dificultad, que aun no se ha resuelto, crear un delito que acazo sea una accion meritoria, si más tarde un veredicto del Tribunal Supremo federal viniera á declarar que el Presidente tiene el derecho de destitucion, que es deber suyo defender, y en fin, entre dos grandes poderes rivales y que contienden sobre el limite de sus atribuciones legítimas, erigirse uno de ellos en árbitro y soberano competidor.

El Times de Nueva-York, no obstante ser partidario del Congreso y defender generalmente su politica al examinar la cuestion
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del proceso, abunda en las mismas opiniones que acabamos de indicar. «Esta es, dice, una cuestion concerniente á los derechos respectivos del poder ejecutivo y del poder legislativo á propósito de la destitucion de los funcionarios del Gobierno. ¿Daba la Constitucion al Presidente un poder de que trata de privarle el Congreso por medio de la ley de Marzo de 1867? Esta es una simple cuestion de interpretacion, que ninguna de las partes evidentemente puede tener la pretension de decidir por si sola, y que ambas partes deben someter al árbitro comun que les está dado por la misma Constitucion. Si la acusacion de la Cámara de Representantes se prosigue y se juzga, antes que el Tribunal Supremo haya resuelto la cuestion, constituiria una violacion de este principio. Así el Senado y la Cámara de Representantes resolverian lo que no tienen derecho de resolver, que han tenido derecho para adoptar la ley sobre destitucion, que el Presidente es culpable por denegarles este derecho, y el Senado, que es una de las partes, juzgaría y condenaria la parte adversa!.... Segun nosotros, el curso de la acusacion seria una falta, en tanto que no esté decidida la cuestion de constitucionalidad de la ley. Si se declarara ser esta inconstitucional, el Presidente no puede ser condenado; si se la declara constitucional, entonces, pero solo entonces, el proceso sigue su curso, pero ni el Senado ni la Cámara son el tribunal competente para decidir la cuestion. Seria, en verdad, un espectáculo extraordinario ver al Congreso adoptar una ley creando un crimen y decretando la pena para su castigo, y en seguida, procediendo á la vez como acusador, juez, jurado y ejecutor del Presidente, castigarlo por haber infringido las disposiciones de esta ley!»

Lejos de querer el Congreso que el Tribunal Supremo decidiese la cuestion, se han tomado todas las medidas para impedir que conociera de ella y la fallara. Stanton habia intentado, por de pronto, una accion judicial contra Thomas por usurpador de funciones publicas. El demandado, de acuerdo con el Presidente, que deseaba provocar una decision sobre la cuestion de constitucionalidad, contestó, despues de asentar que desempeñaba su cargo por nombramiento de este, que subordinaba el asunto al juicio de la justicia. Mas los radicales, suponiendo que la decision no les seria favorable, y que en tal caso, se caia por su base la acusacion, obligaron á Stanton á desistir de su demanda, evitando, de este modo, que la cuestion fuese judicialmente fallada.
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Más tarde ha debido insistir el Presidente en esta conducta suya dirigida á provocar un fallo del Tribunal sobre la cuestion de constitucionalidad. Lo inferimos de un telegrama de 16 de Abril último remitido de Washington á un periódico de París. «Los abogados de la defensa, dice, han producido documentos dirigidos á probar que el Presidente, en su conducta respecto de Stanton, no tenia otro objeto que obtener del Tribunal Supremo un requerimiento á Mr. Stanton para que demuestre el derecho con que ejerce las funciones de Secretario de la Guerra, á fin de resolver la cuestion en litigio por la vía judicial.» Inútiles han sido todos los esfuerzos prudentemente empleados por Johnson para alcanzar una decision legítima del orden judicial sobre la cuestion de constitucionalidad.

Sea por el cuidado que haya producido en los radicales la constancia del Presidente en solicitar el veredicto del poder judicial, ó porque les haya desagradado el proceder del presidente del Tribunal Supremo Chase, que en el proceso pendiente preside el Senado, conforme á la Constitucion, y se ha mostrado un tanto celoso de que este cuerpo guardará mejor las apariencias de la forma y aparato jurídicos, se ha lanzado con intención suma, una amenaza encaminada sin duda á inspirar terror en el ánimo de los funcionarios del orden judicial. Desdeñando la inamovilidad e independencia de los miembros del poder judicial, tan diligentemente garantidas en la Constitucion, se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, proponiendo la remoción legislativa del presidente del Tribunal del Senado en la causa contra Johnson, privándole de su plaza de presidente del Supremo Tribunal de la Union. Si el que ocupa el primer puesto en la categoría judicial de la República es amenazado de esta manera, sin que satisfaga al partido radical que Mr. Chase milite en sus filas, y hasta sea su candidato á la presidencia de los Estados Unidos en la próxima eleccion, no parece sea necesario buscar más pruebas de la efervescencia y de las ardientes pasiones de que están poseídos el partido dominante y el Congreso, que es el reflejo de todos sus sentimientos. La acusación es un odioso pretexto. El derecho y la justicia son de todo punto despreciados. Nunca, en la República americana, se habian mirado con tal desden todos los principios del orden moral, ni se habia de este modo dejado arrastrar de las más aviesas tendencias de la pasion política la mayoría del Con-
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gresos. Todo muestra claramente, que el partido republicano no puede sufrir más tiempo este débil obstáculo de sus excesos, y que en las próximas elecciones podría ser, sino el desconcertador, al menos el denunciador de sus intrigas, amaos y violencias. Para nosotros, pues, mientras no cambien los vientos que reinan en las esferas del poder representativo de la Unión, es de bastante probabilidad que el término del extraño proceso pendiente será desembarazarse el partido radical, sin miramiento alguno, de un magistrado que contradice y se opone á sus injustas aspiraciones.

IX.

El aspecto más interesante de la crisis actual de los Estados Unidos es, sin disputa, el que se refiere á los resultados que en el porvenir deben seguirse de los acontecimientos presentes, y el influjo que tendrán en la duración, engrandecimiento y prosperidad de la gran República. ¿Se consolidará la paz alcanzada sobre el Sur por los Estados del Norte? La abolición de la esclavitud ¿será un hecho firme y estable, y vivirán pacíficamente reunidas las dos razas, negra y blanca, después de la manumisión de la primera? ¿Se puede esperar que desaparecerán en breve los efectos de la ley llamada de reconstrucción del Sur, y que se restablezcan, en esta parte de la República, las condiciones ordenadas y normales del régimen legal, y el equilibrio ó la lucha pacífica de los partidos demócrata y republicano? Estas cuestiones y otras no menos difíciles y trascendentales se ocurren á los admiradores de la grandeza, libertad y bienestar de la República americana al observar el curso de los sucesos y el punto á que ha llegado la revolución que en ella se está realizando. La prevision del porvenir en política pocas veces deja de ser muy ocasionada á errores, sea porque los hechos que sirven como premisas ó punto de partida para los cálculos, no son suficientemente conocidas en todas sus relaciones, sea también por la inmensa parte que pertenece en la marcha de los acontecimientos humanos á la ley del azar y de la fortuna. Nosotros procederíamos con inexcusable precipitación, sobre todo, tratándose de un país que nos es tan extraño como el de los Estados Unidos, si acerca de los problemas enunciados expusieramos soluciones absolutas y decisivas. Nos aventuraremos, pues, á ma-
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nifestar, más bien que un juicio firme, las opiniones que estimamos más probables, después de haber puesto á contribución, por decirlo así, las luces de escritores y hombres políticos que han examinado muy de cerca el carácter, leyes, costumbres é intereses de la sociedad americana.

No nos anima la confianza, en primer lugar, de que la paz que hoy se disfruta en el Norte-América sea una paz sólida y estable. Muy difícil, ciertamente, sería para el Sur emprender de nuevo una guerra, estando tan reciente el triunfo obtenido por el Norte, y no pudiendo abrigar la menor duda de su inferioridad en toda clase de recursos, demostrada de una manera evidente en la última guerra civil. Los habitantes del Sur, sin embargo, son de imaginación más ardiente, de carácter orgulloso y altivo, á la manera de los aristócratas, y privados á un tiempo del trabajo de sus esclavos, del único medio con que contaban para cultivar sus propiedades, y de toda participación política en el Congreso de la Unión, deben anhelar cualquiera ocasión que les permita sacudir el yugo de una dominación por extremo opresiva. Si ninguna potencia extranjera puede alentar los instintos hostiles del Sur contra sus dominadores, es posible que el Gobierno federal se halle envuelto en las complicaciones de su política interior ó exterior; y si estalla una grave disidencia entre el Gobierno central y otros Estados de la Unión, resucitarían todos los resentimientos del Mediodía, y en este hallarían los enemigos un energético aliado. El fuego de la última guerra civil aparece como apagado, pero no nos sorprendería que volviera á encenderse de nuevo si lo favoreciese cualquiera chispa que saltara del choque de acontecimientos exteriores.

Verdad es que no obstante el encarnizamiento de la última lucha, no se ha derramado, después de la paz, una gota de sangre, que en la prensa y en las reuniones se exhalan quejas y clamores con libertad contra la opresión del Norte, pero los odios precursorres y compañeros de la última guerra no se han extinguido, y antes se deben haber exacerbado por los tiránicos abusos que del triunfo, contra lo que se esperaba, ha hecho el vencedor. Es, pues, á nuestros ojos, cuestión meramente de oportunidad el rompimiento nuevo de hostilidades entre los antiguos beligerantes.

Acaso esta oportunidad no se presente, ó presentándose, el Gobierno nacional apoyado por los Estados del Norte imponga otra
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vez el yugo al Sur; pero siempre es muy claro que no existen motivos para confiar en la sólida duración de la paz.

Vemos, sin embargo, una prenda de esta en el nuevo modo de ser, que se establecerá en el Sur, por consecuencia de haber sido abolida la esclavitud. Los negros libres habrán de residir en los países meridionales; donde solo ellos pueden soportar los rigores del clima para cultivar la tierra. Esta raza es allí excesivamente numerosa, y como, según luego se dirá, la coexistencia de las dos razas libres es imposible, debiendo pretender exterminarse, el Sur sería teatro de una sangrienta lucha de razas, en que llevarían los blancos la peor parte probablemente, si no viniesen en su apoyo los Estados del Norte. Hé aquí por tanto, un interés manifiesto, consolidada la libertad de los negros, para que el Sur no aspire á separarse de la Unión federal.

Pero esta grande reforma, la abolición de la esclavitud, ¿se puede considerar irrevocablemente consumada? Nosotros no lo dudamos. La última guerra no ha sido, en todo su progresivo desenvolvimiento, más que una guerra de principios. Ningún otro objeto final se propusieron los beligerantes que el triunfo ó el vencimiento del principio de la esclavitud. Cuando litigios de esta clase, cuando cuestiones sobre cualquiera reforma moral ó civil se trasladan al terreno de la fuerza, empleándola en tan terrible e inmensa escala, como se ha desplegado en la guerra de los cuatro años, la idea civilizadora que en ella triunfó no retrocede, y se puede contar seguramente como sólida conquista para la humanidad. El hecho de la esclavitud se pudo mantener largo tiempo, y aun habría podido prolongarse algo más, si la impaciencia del Sur, no hubiese torpemente roto las hostilidades. Mas esta posesión no era ni podía ser, á los ojos de la civilización y del espíritu del siglo, más que una condescendencia temporal, cuyo término remoto y próximo, pero infalible, era la libertad de los negros. Lo que había de ser obra lenta del tiempo, fué el precio de una de las más grandes guerras que vió el mundo, y el fruto de una revolución, cuyo efecto es condensar el tiempo.

Los hombres de Estado de la Unión desde los primeros albores de la República lo habían previsto. Por más que respetaron esta forma de propiedad del hombre sobre el hombre, al promulgar la Constitución anglo-americana, no se les ocultó la enormidad de semejante institución, y vieron clarísimamente en lo porvenir su
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inevitable reforma. En las memorias de Jefferson se leen las palabras siguientes: «Nada, dice, está más claramente escrito en el libro de los destinos que la manumisión de los negros, y es asimismo cierto que las dos razas igualmente libres no podrán vivir bajo del mismo Gobierno.»

De la misma opinión, en cuanto á esta última parte es el hombre que ha estudiado más á fondo las instituciones y la sociedad de los Estados Unidos, el célebre Tocqueville. De su obra de «La Democracia en América», cap. 18, tomamos las palabras que dicen:» Yo confieso que cuando considero el Estado del Sur, no descubro, para la raza blanca que habita estas comarcas, más que dos maneras de proceder: emancipar los negros y fundirlos en ella; permanecer aislados de ellos y mantenerlos en la esclavitud el mayor tiempo posible. Los términos medios me parecen conducir próximamente á la más horrible de todas las guerras civiles, y quizá á la ruina de una de las dos razas.» En vano las leyes han llamado á la vida civil y política á los antiguos esclavos del Sur. La ley podrá elevar á los negros á la categoría de propietarios y de ciudadanos; pero ella será impotente para vencer las costumbres, esto es, las disposiciones de ánimo con que miramos los objetos. Si en los vagones de un ferro-carril, el blanco no puede tolerar la compañía del negro libre, si una repugnancia irresistible le obliga á desviarse de este, y si aun concediéndose á los negros, en algunos Estados, el derecho de votar, se abstienen de usarlo, temerosos de los riesgos, que al querer ejercitarlo, podría correr, ¿cómo se puede concebir la esperanza de que la acción de las leyes sea capaz de desterrar estos antagonismos íntimos y profundos, que no son de uno u otro individuo, sino de la raza entera, de toda la sociedad blanca? La fusión de las dos razas se nos presenta, pues, como un hecho imposible. Su coexistencia en los Estados del Sur, donde el número de los negros es muy considerable, y la antipatía de los blancos, sus antiguos dueños, extremada, no puede por desgracia conducir, sino al término horrible que ha previsto el insigne publicista, cuyas palabras acabamos de copiar. Socialmente considerada la situación de los Estados meridionales, después de concluida la guerra, es, por tanto, de las más alarmantes y más preñadas de peligros.

La situación política, ya se ha visto que no podría ser más grave y rigorosa. Los intereses egoístas del partido vencedor explican su