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Revista de España (1868-09-01 00:00:00), página 23

RESEÑA ANALÍTICA

DE LAS OBRAS PÓSTUMAS

DE D. LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN.

No me propongo escribir un artículo histórico, crítico, biográfico acerca de Moratin y de su época.

Por más que á ello me incline la singular afición, el afecto tradicional en mi familia á ese gran escritor, ni me ofusca la vehemencia del deseo, ni alcanza á ocultarme las dificultades de una empresa para la que desgraciadamente no es exacto, á pesar de que me lo escriba un distinguido literato, á quien en este caso ciega la amistad, que me sobren datos, ingenio y corazón.

Tal vez me resuelva andando el tiempo, cuando las Obras Póstumas sean conocidas, cuando acerca de ellas haya dado la crítica su dictamen y el público su fallo, á emprender la publicación de una edición completa del insigne dramático. Entonces habrá oportunidad de publicar, á manera de prólogo, algunas noticias curiosas de su vida, y aun de manifestar mis ideas y opiniones acerca de sus escritos, cuya fama crece, cuya importancia aumenta, cuyo singularísimo mérito se aquilata en la misma proporcion en que el tiempo inexorable impone silencio á las míseras envidias de los contemporáneos y permite contemplar á la debida distancia y á su verdadera luz, hombres, cosas y acontecimientos.

Por hoy habré de limitarme á dar á conocer esas Obras Póstumas, que encierran verdaderos tesoros de gracia y de ingenio; y para ello, dicho se está, que habré de usar de las citas, cediendo
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siciones: al primero toca la declaracion de los derechos; á la segunda la ejecucion... La ley, que estatuye en términos generales, y cuyo imperio abarca la nacion entera, no puede ni prever ni arreglar todo. Frecuentemente es necesario reparar sus omisiones, desenvolver sus principios: sin este complemento, la ejecucion de sus disposiciones seria variable, arbitraria, defectuosa. Es, pues, menester que entre la ley que ordena, y el agente que le presta su brazo, se interponga una autoridad, que hable por ella en lo que calla, que decrete las medidas secundarias, que la ley misma no ha prescrito, que precise la voluntad del legislador cuando este no se explico con claridad. Tal es el oficio de la Administracion, que lo desempeña por medio de reglamentos. Este oficio intermedio, que le confiere un carácter casi legislativo, que la erige en suplente, y según se ha dicho con razon, en sustituto del legislador, resulta naturalmente de la institucion misma... Por otro lado, la Justicia y la Administracion son tambien dos poderes distintos, por más que tengan un punto de contacto comun, en cuanto el objeto de ambos es la ejecucion de las leyes, razon por la cual no falta quien considere al poder judicial como una rama del ejecutivo. La justicia está encargada de la defensa de los intereses privados é individuales: la Administracion vela por los intereses colectivos y generales. Ninguna autoridad discrecional es permitida en la primera: las convenciones particulares, y la ley, cuya aplicacion le está encomendada, son la regla inflexible de sus actos, aun á costa, si es menester, de la equidad. Sus depositarios son irresponsables, inamovibles é independientes: sus decretos son soberanos. Por el contrario, la Administracion ha de atemperarse á condiciones de tiempo y lugar. El interes público es su ley suprema. Por eso está constantemente sujeta á dar cuenta de todos sus actos: sus agentes son amovibles: sus acuerdos pueden ser modificados ó anulados.» De aquí la necesidad de la separacion y completa independencia de los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que en el terreno de los principios es doctrina comun de todos los partidos liberales formados sobre las teorias politicas que han nacido de la Revolucion en Francia.

Entre nosotros tambien se ha escrito, y aun legislado mucho en el mismo sentido sobre esta materia; y muy recientemente, aunque sin contraerse de una manera directa á la doctrina constitucional de la division de los poderes, ha tratado, al parecer bajo su
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influencia, y desenvuelto científicamente la teoría de la Administración, mucho mejor en nuestro concepto que Vivien, un publicista de nuestra patria, que por su talento superior, por su vasto saber, y por la autoridad de una sólida experiencia adquirida en larga y honrosa carrera de funciones políticas y administrativas en todas las gerarquías y en todas las esferas de acción del poder público, tiene títulos muy legítimos para ejercer incontestable magisterio en el asunto. No necesitamos exponer aquí las conclusiones de este notable trabajo científico, que todos pueden leer en una obra de condiciones verdaderamente populares, que ahora empieza á publicarse (1), y que, dicho sea de paso, si termina según comienza, será una excelente adquisición para nuestra moderna literatura política, y superior á la obra francesa que le sirve de modelo. Nuestro objeto hoy no es discutir la doctrina, por más que no tenemos por qué ocultar que en algunos de sus puntos, acaso de los más fundamentales, estamos en completo y radical desacuerdo con tan imponentes Autoridades: nos limitamos solamente á averiguar en qué relación se hallan esas teorías, en cuanto se refieren al Gobierno parlamentario, con las instituciones inglesas, de las cuales indudablemente traen su origen.

Montesquieu es, sin disputa, el verdadero fundador de esta doctrina. La formuló con su habitual dogmatismo en su célebre capítulo sobre la Constitución de Inglaterra en el Espíritu de las leyes. Después de determinar el objeto especial que, según su manera de ver, se propone cada Estado, y es peculiar de cada organización política, fuera del fin natural y común á todos de la propia conservación, atribuyendo á unos el engrandecimiento ó la guerra, á otros la religión, ó el comercio, ó la gloria, dice: «Hay en el mundo un pueblo, cuya Constitución tiene por objeto especial la libertad política. Vamos á estudiar los principios fundamentales de esa Constitución: si son buenos, la libertad se verá en ellos como en un espejo.» Entra de seguida en la exposición teórica de aquellos principios, presentándolos basados todos sobre la división de los poderes, como condición necesaria de la libertad política, y apreciando el valor intrínseco y fundamental de aquella Constitución con estas palabras: «No trato de inquirir si los Ingleses tie-

(1) Diccion. gener. de Polít. y Administr. por D. E. Suárez Inclán y D. F. Barca. Artículo Administración, de D. José Posada Herrera.
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nen ó no actualmente el goce real y efectivo de esta libertad. A mí me basta verla, como la veo, grabada en sus leyes; y no tengo para qué indagar más: » y luego con la prudente cautela, que caracteriza toda su obra, añade para terminar: « Bien pudiera, analizando todos los Gobiernos moderados que conocemos, averiguar de qué modo están en ellos distribuidos los tres poderes, para deducir de aquí el grado de libertad á que cada uno se presta: pero no siempre es conveniente agotar un asunto de manera, que no se deje nada á la penetración del lector. No es mi propósito hacer leer, sino inducir á pensar. »

Sentada así la doctrina, y con autoridad tan respetable, pronto ganó en la teoría francesa el carácter, que hoy tiene, de verdadero dogma, y no sabemos que ahora sea por alguien, no ya puesto en duda, sino aun discutido siquiera. La discusion versa solamente sobre sus aplicaciones y consecuencias prácticas. Ya desde muy antiguo había distinguido la ciencia política las tres funciones principales del poder social; pero la aplicación á estas funciones de los nombres de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y la doctrina constitucional de su necesaria separacion, pertenecen á la ciencia moderna, fundada en la doctrina de Montesquieu.

Locke varió sustancialmente la antigua clasificacion, omitiendo en ella el poder judicial, y sustituyendo en su lugar otro, que llamó poder federal ó confederativo, el cual, debiendo regir sobre las relaciones internacionales en estado de paz ó de guerra, no puede considerarse sujeto á los mismos limites y condiciones que determinan la competencia y las atribuciones del ejecutivo de cada nacion. Alguna analogía tiene á primera vista con esta nueva clasificación la de Montesquieu que, al deslindar los tres poderes del Estado cuya division preconiza como la mejor y más esencial garantía de la libertad política en la Constitucion inglesa, los distingue en estos términos: «El poder legislativo, que hace, corrige y deroga las leyes: el poder ejecutivo en las cosas que dependen del derecho de gentes, que hace la guerra y la paz, envia y recibe embajadas, y provee á la seguridad y la defensa de la nacion: y el poder ejecutivo en lo que concierne al derecho civil, que castiga los delitos y decide en las cuestiones y contiendas entre los propios súbditos. » Mas luego advierte el mismo escritor, que al tercero de estos poderes se le puede llamar poder judicial, y al segundo simplemente el poder ejecutivo del Estado, y así
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vuelve al camino trillado, sin pararse en la extraña confusión de ideas, que de este modo introduce en su teoría.

A estos tres poderes, Benjamin Constant, en 1814, agregaba un cuarto con el nombre de poder Real, distinto e independiente de aquellos, especie de potencia neutral exclusivamente consagrada á restablecer en caso necesario la armonía y el movimiento acorde de las otras tres, sin cuyo acuerdo es imposible la marcha regular del Gobierno, y provista á este fin de la triple facultad de destituir á los Ministros con respecto al poder ejecutivo; de cerrar y disolver las Cámaras con relación al legislativo, y de hacer gracia en cuanto al poder judicial: idea que sin duda es ingeniosa, pero nada más, y que no ha echado por eso raíces en la escuela. Ya mucho antes también había tratado de agregar otro cuarto poder con el nombre de poder militar la primera comisión encargada en la Asamblea Nacional de 1789 de proponer las bases para la nueva Constitución francesa: idea que el actual historiador del Gobierno Parlamentario en Francia, Duvergier de Hauranne, censura vivamente atribuyéndola á la falta de precisión, de que entonces adolecía aún el lenguaje político. La verdad es, sin embargo, que de este defecto adolece también hoy el idioma francés, muy pobre aún en este punto: lo cual se explica bien teniendo en cuenta que la lengua política se ha formado allí, no por la elaboración natural y espontánea del pueblo sobre la práctica de sus instituciones, sino por las nociones abstractas y puramente teóricas de la ciencia.

Una vez aplicada la palabra poderes en el sentido que se aplica en esta teoría, hay en nuestro concepto indudable consecuencia, y aun necesidad lógica de distinguir y separar en la clasificación, no solamente el que la comisión de Constitución de 1789 proponía con el nombre de poder militar, y el que Locke denominaba confederativo ó internacional, sino también algunos otros, tales como la autoridad del Gobierno con relación á los deberes y derechos religiosos ó eclesiásticos, donde rige el principio de una iglesia ó religión del Estado con, ó sin, la concurrencia de otras toleradas; la gobernación política de las colonias donde hay provincias ó territorios sujetos á la misma Soberanía y exceptuados de la ley común, y lo relativo á la educación y enseñanza; funciones sociales todas ellas que difieren del poder ejecutivo, bajo del cual se ocultan á nuestra vista, tanto, cuando menos, como las del que especificamos con el nombre de poder judicial.
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¿Cuáles son, pues, y en qué consisten las diferencias esenciales que deben determinar científicamente los diversos poderes de cuya separación dependen las garantías que la Constitución del Estado puede ofrecer á la libertad política? La ciencia y la historia de la antigüedad nada pueden enseñarnos sobre esto, porque los antiguos Griegos y Romanos se creyeron algún tiempo libres sin tener idea siquiera de la necesidad de separar los poderes para asegurar su libertad. Mas ya que este principio fundamental es hoy de necesidad indeclinable para todo pueblo que quiere ser libre, ¿hasta qué límite debe de llegar la división, y cuáles son de las muchas funciones del Estado, más ó menos radicalmente diversas entre sí, las que deben de estar necesariamente separadas, y cuáles pueden reunirse sin peligro para la libertad? La escuela liberal francesa ha proclamado el principio en abstracto sin definirlo; y en este punto la armonía, la unanimidad, son completas: no hay disidencia, como ya hemos visto, entre los liberales monárquicos de 1814 y los democratas de la República. Mas vienen luego las aplicaciones concretas, y entonces la unanimidad desaparece: las cuestiones se multiplican, y como cada cual entiende á su manera el principio fundamental, que todos sin embargo toman por punto de partida común, estas cuestiones no tienen solución fácil en la teoría, y se han traducido más de una vez por conflictos graves en la práctica del Gobierno.

Por un lado ya desde 1789 surgió una escuela entonces preponderante que, tomando la doctrina de la división en todo su rigor literal, dedujo de ella lógicamente la separación completa de los tres poderes, yendo á parar en sus aplicaciones á la incompatibilidad absoluta de las respectivas funciones en todas las esferas de su acción. De aquí nació, entre otras, la célebre cuestión del veto, que bien pronto se convirtió en terrible bandera de partido, con cuyo nombre se hizo correr mucha sangre en París durante el paroxismo de la Revolución. El abate Sieyes fué el que primero y mejor formuló la doctrina francesa en este sentido, fundando sobre ella sus fantásticos proyectos de Constitución, ora monárquicos, ora republicanos. Con dificultad habrá hoy, aun entre los partidos más radicales, á quienes exclusivamente está ya limitada la profesión de esta doctrina política, alguien que se atreva á prohibir las extravagantes lucubraciones de aquel presuntuoso convencional, á quien choca oír todavía calificar de profundo, como no
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sea por el hondo vacío de ideas sólidas y racionales que caracteriza todas sus concepciones; pero lo cierto es que en esas extravagancias está toda la esencia de los principios teóricos y prácticos, que algunos de esos mismos partidos liberales á la francesa, y no sólo de los republicanos, pretenden aplicar en esta materia con más ó menos amplitud al Gobierno del Estado.

Por otro lado, los liberales de la Asamblea de 1789, que aun á través de graves inconsecuencias tendían más á imitar las instituciones de Inglaterra, y que ni remotamente pensaron nunca que hubiese de ser la República el fin necesario de la revolución, percibieron claramente desde el principio los peligros que ésta corría con esa manera absoluta de entender y aplicar la división de los poderes. Pero al mismo tiempo que justamente condenaban como imposible y absurda la doctrina rigorista, no se atrevían, sin embargo, á combatir de frente el dogma, ya sacramental para todos, y se contentaban con eludir, á costa de la lógica, la dificultad política, suponiéndolo limitado por consideraciones de un orden superior que hacían indispensable alguna compenetración de los poderes divididos, para conseguir el movimiento acorde de todos ellos, sin el cual no puede existir el Gobierno. «Para que los poderes (decía Mounier) estén para siempre divididos, no es menester que se hallen completamente separados;» y esta frase que, aunque muy encomiada, no es en rigor sino una verdadera paradoja, parece ser hoy el símbolo de la fe política de la escuela parlamentaria en Francia sobre la división de los poderes. No advierten, en nuestra opinión, los que así discurren, que destruyen radicalmente con una mano el cimiento que con la otra pretenden echar á su edificio; porque en esta teoría el principio fundamental de la división resulta por necesidad subordinado á otro más alto, que no se define ni precisa en su esencia, dejándolo en una vaguedad misteriosa sin embargo de reconocerlo en una u otra de sus aplicaciones concretas. Para ser consecuentes valiera más desechar francamente el supuesto dogma, como patrimonio exclusivo de los partidos más radicales, y aceptar en su lugar la doctrina de Locke, quien por el contrario establecía como condición necesaria de todo Estado bien gobernado la subordinación de todos los poderes cuando estos se hallan más ó menos divididos: división que, como hecho histórico, ó mejor dicho, como necesidad práctica del Gobierno en mayor ó menor grado, se encuentra, y se encontrará
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siempre, porque no puede dejar de haberla, en toda sociedad cualesquiera que puedan ser las formas de su organización política, si ha pasado de los más toscos rudimentos de la civilización.

Otra inconsecuencia más grave acaso contribuye también á desautorizar en este punto la doctrina francesa que en este momento nos ocupa. Los que la sostienen, mientras que por un lado, para salvar el veto Real, el derecho de disolución y convocatoria, y en general la acción é iniciativa parlamentaria del poder ejecutivo, combaten enérgicamente, como hemos visto, la interpretación rigorista y literal de la división de los poderes, por otro lado no hacen escrúpulo de buscar en ese rigorismo inflexible la razón y único apoyo de otras instituciones favorables al mismo poder ejecutivo, que, aunque nacidas en otro régimen, han venido como á inscrutarse en su sistema parlamentario. Así, por ejemplo, no con otra razón que la del ineludible respeto á este dogma en su tenor más absoluto, se sostiene teóricamente la institución que con el extraño nombre de justicia administrativa hace parte integrante y esencial de la organización moderna de Francia, que tan servilmente hemos copiado, y que, de todo lo que de allí hemos tomado, es acaso lo más inconciliable con la existencia misma de un Gobierno liberal. De suerte que, según esta doctrina política, el principio de la división de los poderes no es admisible sin limitaciones en daño del poder ejecutivo; pero es sacramental y hay que tomarlo en todo su rigor literal en cuanto conduzca á favorecer y asegurar su entera independencia y libertad de acción. De esta manera, y con tan visible inconsecuencia se ha venido, á la sombra del decantado dogma, á entronizar científicamente en el sistema de administración á la francesa, bajo la dependencia omnímoda y exclusiva del poder ministerial que la domina, un nuevo orden social más invasor, vigoroso y absorbente, que lo fueron los de la iglesia y la nobleza feudal en los días de su mayor pujanza y poderío.

Tales son á nuestros ojos las últimas consecuencias prácticas del principio mal definido de la división de los poderes; dogmático en su enunciación, incierto y vago en su comprensión, y por lo que la experiencia va enseñando, funesto en sus aplicaciones para la estabilidad y prestigio del régimen parlamentario y liberal, en cuyo abono se ideó. Mirabeau, con aquel admirable sentido político, que en su extraordinario talento suplía el vacío de tantas otras calida-
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des necesarias al verdadero hombre de Estado, fué acaso el único que en la primera Asamblea francesa percibió desde luego claramente la estéril vanidad del tal dogma. En uno de sus más bellos discursos, á propósito de las borrascosas discusiones á que dió lugar la primera caída del ministro Necker, dijo estas palabras, que aun hoy tienen oportunidad completa. «Mucho se habla de la division de los poderes. Pronto tendrémos ocasion de examinar esta bella teoría, que, bien analizada, revelará acaso la facilidad con que nuestro espíritu se presta á tomar vanas palabras por cosas reales, y fórmulas por argumentos. Entonces se verá cómo es posible concebir un poder judicial distinto del ejecutivo, y lo que es más aun, el poder legislativo sin participacion alguna en el mismo poder ejecutivo.» Y Mirabeau tenía razon; pero es tal la magia que ejercen las palabras y las fórmulas, cuando las vigoriza el rigor de las deducciones sistemáticas, y la belleza de exposicion que generalmente distinguen á todas las doctrinas francesas, que aun en Inglaterra mismo se ha hecho sentir su influencia. Allí, sin embargo, esta influencia no se echa de ver más que en las formas usuales del lenguaje político: no ha trascendido aún á las instituciones.

Lo que nosotros llamamos administracion provincial y local, es decir, todas las funciones del poder público en las provincias y en los pueblos, en cuanto no está constitucionalmente reservado al self-gouvernement municipal (á excepcion de algunos servicios especiales como los de aduanas, correos y otros análogos), están confiadas en Inglaterra á un córto número de agentes, que en rigor no son verdaderos empleados en la acepcion ordinaria de esta palabra, sino que tienen un carácter parecido al de las magistraturas de la antigua República Romana, y con el mismo nombre genérico de Magistrados son tambien allí distinguidos de los otros agentes, que con propiedad se llaman oficiales ministeriales. El primero de estos Magistrados locales por su autoridad y representacion (como si dijéramos el Gobernador de la provincia) es el Sheriff, Jefe politico del Condado, que nombra la Corona á propuesta en terna de los tribunales de Westminster, y de algunos otros dignatarios del Consejo Privado, y se renueva todos los años, porque su cargo es anual y gratuito. Pero la autoridad más importante en el Condado por la extension y calidad de sus atribuciones, es la de los Jueces de la Paz (Justices of the peace), cargo tambien gratuito, que confiere la Corona en nombramiento libre por tiempo indefinido.
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Estos Magistrados, lo mismo que el Coroner, especie de Promotor fiscal ó Juez de instruccion y policia judicial, en ciertos casos, como de muerte repentina, avería maritima y otros accidentes, y á veces tambien sustituto del Sheriff, ejercen promiscuamente funciones verdaderamente judiciales, con otras puramente administrativas y del Gobierno civil, politico y militar de sus distritos. No descenderemos á detalles sobre esta materia, cuyo desenvolvimiento, aun el más somero, nos distraeria demasiado de nuestro objeto. Sobre ella se han publicado ahora dos tratados muy completos que son ya bastante conocidos entre nosotros, aunque merecen serlo mucho más. El uno es la Memoria ó informe que en 1858 dieron al Gobierno belga los Sres. Fisco y Van der Straeten, comisionados oficialmente para estudiar el sistema ingles de tributacion local; esta Memoria fué publicada despues por sus autores en forma de monografia con el título de Institutions et taxes locales du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (1), y es de lo mejor y más instructivo que se ha escrito sobre el particular. La otra obra más completa y fundamental, sobre todo en la exposicion historica de las instituciones, y en su relacion con la constitucion politica, fué publicada hace pocos años en aleman por el Dr. Rodolfo Gneist, Profesor de la universidad de Berlin, y miembro distinguido del partido liberal en el Parlamento prusiano desde su origen, y hoy tambien en el de la Confederacion del Norte. Se ha comenzado su traduccion en frances sobre la segunda edicion, con el titulo de La Constitution communale de l'Angleterre ou le Self-Government, cuyo primer tomo, limitado á la parte historica, se publicó el año ultimo, aunque esta traduccion francesa se contrae solamente, segun indica su titulo, á la exposicion de las instituciones locales, que en la obra original alemana forma la segunda parte del tratado general de la Constitucion inglesa que es su asunto (Actual derecho constitucional y administrativo de Inglaterra).

El que lea estas dos obras, de completa y merecida autoridad en la materia; puede formarse una idea cabal de las instituciones inglesas en cuanto se refiere á la accion del poder social en el gobierno y la administracion de las provincias y pueblos; y sin ne-

(1) Tenemos entendido que de esta excelente obra se ha hecho y publicado recientemente una buena traduccion española por D. F. del Villar y Don D. M. Rayon.