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cesidad de acudir á las fuentes originales, verá claramente que con respecto á esta esfera de accion no hay en Inglaterra ni sombra de la division de los poderes de la teoría francesa. En ella tienen los Magistrados la plenitud de la autoridad social para gobernar, administrar y juzgar, dentro de los límites marcados por la ley á las respectivas jurisdicciones, con la intervencion directa y más ó menos amplia del pueblo en algunas de estas funciones. Si algunos servicios especiales, de carácter esencialmente general, están excluidos de la accion de aquellas magistraturas y sometidos á una agencia peculiar bajo la autoridad superior de una direccion central, es por razones de conveniencia ó de necesidad inherente á la índole del servicio mismo, no en virtud del principio teórico de la separacion de los poderes.

Mas prescindamos de esto, y busquemos la aplicacion de ese principio constitucional en la organizacion y mecanismo del Gobierno general y supremo del Estado. Las nociones comunmente admitidas y hasta vulgares ya en este punto son: que el poder ejecutivo reside en el Rey solo, que lo ejerce por medio de sus Ministros responsables; que, á manera de rama que brota del mismo poder Real, el judicial es ejercido en nombre y por virtud de delegacion de la Corona por Jueces y Tribunales de su nombramiento, aunque con libertad en el juicio y total independencia de la autoridad personal del Rey; y que el poder legislativo es el atributo exclusivo de las dos Camaras de los Lores y los Comunes, aunque sujeto á la sancion del Rey, que tiene facultad de veto libre y absoluto sobre lo que aquellos Cuerpos acuerdan. En la formacion de las leyes, decia Montesquieu, las Camaras ejercen la facultad de estatuir; y el poder ejecutivo, sin ser parte del legislativo, interviene sin embargo con su facultad de impedir, que era el poder de los Tribunos en la antigua Republica Romana. Estas ideas, de que nacio luego la famosa cuestion del veto, se han arraigado profundamente en las teorias politicas del Continente, y corren hoy sin contradiccion alguna, aun en las obras francesas con especialidad consagradas á explicar las instituciones de Inglaterra. «El poder ejecutivo (dice Franqueville en una muy reciente y justamente estimada) pertenece al Soberano (el Rey), que lo ejerce por medio de sus Ministros.—Tiene el derecho de gracia, como fuente de la justicia, que se administra en su nombre.—El poder legislativo es ejercido por el Soberano y el Parlamento. El Parlamento se
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á cada momento la palabra al autor, en lo que saldrán evidentemente gananciosos los lectores de la Revista.

Constituyen la publicacion tres gruesos volúmenes, que comprenden, y la mera enumeracion revela su importancia, unas extensas y curiosísimas notas al Viejo y la Niña, y sobre todo á La Comedia nueva, que D. Juan Eugenio Hartzenbusch no vacila en considerar tan bien escritas como la misma Comedia nueva, ó mejor: un viaje por Inglaterra, que encierra singularísimas apreciaciones: otro viaje más extenso por Italia, que ciertamente no se ha de caer de las manos á cuantos tengan verdadera afición á las artes y las letras; y por último, una larga correspondencia familiar ó literaria, tan amena, tan sabrosa, tan abundante en fácil gragejo, que no tiene rival en nuestro idioma, y que sostiene con ventaja la competencia con cuantos modelos de estilo epistolar puedan presentarnos las naciones antiguas y modernas.

Tal es el atractivo de esas cartas, que la lectura de una sola ha bastado para decidir la publicacion de esos modelos de buen decir, que yacían hace muchos años estérilmente sepultados en la Biblioteca Nacional, en tanto que las prensas españolas arrojaban á centenares traducciones plagadas de galicismos, ó producciones de neo-cultos, llenas de vocablos apolillados y giros violentos y estrambóticos.

Don Juan Eugenio Hartzenbusch y D. Cayetano Rosell, dignos apreciadores del tesoro literario que custodiaban, y ansiosos de darlo á luz como eficaz antídoto contra los extravíos literarios de la época, se pusieron de acuerdo con el que esto escribe, y que ocupaba á la sazon, sin merecerlo, el alto puesto de Director general de Instruccion pública.

Inclinábase ya por entonces la opinion por la corriente de las economías con la misma exageracion con que años antes nos suponíamos más ricos y poderosos que las naciones más envidiadas, y era sobre manera difícil arrancar al severo Marqués de Vega Armijo, Ministro entonces de Fomento, el menor gasto que no considerase de absoluta necesidad.

Nadie como yo, que le veía todos los días en recia lucha con la columna de aspirantes á empleos, contratistas de obras públicas, gerentes de ferro-carriles y sociedades de crédito, que dan continuados asaltos á la Secretaría de Fomento, podía apreciar mejor la dificultad que ofrecía arrancar un pellizco al presupuesto.
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compone de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Para que el bill acordado por las dos Cámaras sea ley, es necesaria la sancion Real.» El mejor modo de apurar la verdad de estas ideas es probarlas en el crisol de las instituciones mismas que en ellas se teorizan; pues aun cuando en Inglaterra tambien es ya vulgar y corriente en el lenguaje ordinario el uso de la palabra parlamento, limitada á significar las dos Cámaras deliberantes, y el nombre de sancion Real aplicado al acto en que el Monarca expresa su asentimiento á los acuerdos legislativos de aquellas, esto, que acaso no es más que un efecto de la manera de discurrir y hablar que ha difundido por todas partes la universal influencia de las ideas francesas, según acabamos de indicar, está completamente fuera de la ciencia política. El mismo uso vulgar aplica tambien al Rey solo el nombre de Soberano, sin que de aquí pueda inferirse que la idea de la soberanía, como atributo de la autoridad Real, quepa en la índole de la Constitucion inglesa.

Ya hemos visto que la soberanía en absoluto reside de hecho y de derecho en el Parlamento. Este es uno y trino: es trino, porque se compone de tres elementos heterogéneos y esencialmente distintos entre sí; y es uno, porque el concurso unánime de estos tres elementos es indispensable para la accion del poder Soberano, sin que baste la voluntad de dos de las tres partes para producir el acto legislativo contra la voluntad ó sin el asentimiento de la otra parte. Ninguna de estas tres potencias parlamentarias responde de sus actos más que á sí misma; y todas tres tienen igualmente la inviolabilidad constitucional, que no es atributo solo del Rey. A todas y cada una de ellas por igual pertenece la doble facultad de proponer y aprobar definitivamente la ley, que es la expresion por excelencia de la Soberanía; es decir, en términos parlamentarios, la iniciativa y la sancion. La facultad de estatuir y la facultad de impedir, de que habla Montesquieu, no son atributos desigualmente repartidos entre los tres poderes, y más ó menos privativos de uno ó de otro, sino que son ámbas atribuciones comunes de todos tres, é igualmente peculiares de cada uno de ellos. La proposicion de ley, quien quiera que para ello haya tomado la iniciativa, es un bill hasta el dia en que, anunciado solemnemente en la Cámara de los Lores el asentimiento de la Corona por el Secretario del Parlamento, adquiere el carácter de verdadera ley (Act of Parliament), y como tal empieza á regir desde el momento sin
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más promulgacion, ni otra formalidad ni firma que la de aquel funcionario, que en el acto anota y suscribe al pie la fecha del propio dia. Como se ve, no hay en todo esto nada que pueda dar ocasión á las tan debatidas cuestiones de la teoría francesa sobre el veto Real y sobre la mayor ó menor intervencion que el Rey, como Jefe del poder ejecutivo, deba tener en el ejercicio del poder legislativo en el gobierno parlamentario. Esta intervencion le corresponde por la índole constitucional del mismo Gobierno, como parte integrante y esencial del propio poder legislativo, con perfecta igualdad á la participacion que con él tienen en la soberania del Estado las dos Cámaras; y Montesquieu desconocia completamente la esencia de este Gobierno cuando aseguraba que «si el Monarca tomase parte en la legislacion con facultad de estatuir, la libertad sería imposible.»

Es un error suponer que la circunstancia de no intervenir el Rey personalmente en la discusion de las leyes entraña una diferencia esencial entre la parte que le corresponde y la que tienen las dos Cámaras en el ejercicio del poder legislativo. En rigor puede decirse que el Rey discute las leyes, lo mismo que se dice que ejerce el poder ejecutivo, por medio de sus Ministros. Mas aun prescindiendo de esto, si fuese cierto el supuesto, á nadie podria aplicarse en Inglaterra con más exactitud que al Presidente de la Cámara de los Comunes. Este alto dignatario, á pesar de la significacion de su nombre, Speaker (literalmente, hablador, y por ampliacion, orador) está inhibido por reglamento de tomar parte, ni aun con su voto en las deliberaciones de la Cámara, que dirige con inmensa autoridad. Su opinion es siempre, ó se presume que es completamente ignorada. En un solo caso tiene, no ya el derecho, sino el deber ineludible de votar, y es en toda votacion que resulta empatada, como, entre otros mil ejemplos precedentes, algunos de mucha trascendencia, acaba de suceder muy recientemente en dos ocasiones distintas en la actual legislatura. Su voto en estos casos es naturalmente decisivo y de calidad, ó lo que llaman los ingleses casting-vote: y como por otro lado es de derecho completamente libre, resulta que el Speaker tiene por consiguiente en sus manos, como una contingencia por lo menos, el verdadero veto de los antiguos Tribunos de Roma, que puede oponer al acuerdo unánime y ya conocido del Rey, la Cámara de los Lores y aun la de los Comunes, que quizás ha dejado de expresarse formal-
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mente por la ausencia accidental de algunos miembros en el momento preciso.

Tampoco se debe inferir teóricamente diversidad esencial entre el Rey y las Cámaras, con respecto á su respectiva intervencion en el ejercicio del poder legislativo, del hecho de tener la Corona que aceptar ó desechar en absoluto el bill que le proponen los dos Cuerpos, sin que esté á su arbitrio considerarlo en sus detalles para aceptarlo en una parte y repelerlo en otra. Prescindiendo de lo que ya hemos indicado sobre la participacion que tienen los Ministros en la discusion del bill, en aquel caso se encuentran tambien las Cámaras entre sí, y con relacion al Rey, para la adopcion de algunas leyes. En las de amnistia, por ejemplo, (Acts of Grace) la iniciativa corresponde exclusivamente al Rey, con cuya firma personal tiene que estar autorizado el bill, para que las Cámaras puedan tomarlo en consideracion; y estas no pueden modificarlo de modo alguno para restringir ó ampliar la gracia, sino que han de aceptarlo ó desecharlo en absoluto despues de una sola lectura en cada una con solemnidades especiales. A igual limitacion esta sujeta la Cámara de los Lores en su facultad legislativa sobre los bills de dinero ó crédito acordados por la de los Comunes, los cuales no pueden aquellos alterar ni enmendar, sino aceptarlos ó desecharlos en su totalidad. En cambio la primera Cámara tiene la iniciativa absoluta para las leyes de rehabilitacion ó restitucion de la dignidad de par. El bill en estos casos, acordado ya por los Lores, debe obtener el consentimiento de la Corona para pasar á la otra Cámara, que solamente despues de cubierto este requisito, puede tomarlo en consideracion para aceptarlo ó desecharlo, y su acuerdo en cualquier sentido es nulo si no le ha precedido el asentimiento Real. En 1853 Lord Drummond obtuvo de la alta Cámara un bill de restitucion en los titulos de Conde de Perth y de Melfort, que sus antecesores habian perdido por actos penales del Parlamento (attainder) por haber tomado parte por los pretendientes Estuardos en las célebres rebeliones de 1715 y 1745; y el bill aprobado tambien por los Comunes en la forma ordinaria, fué llevado á la sancion Real: mas entónces se echó de ver, que por inadvertencia no se habia significado el asentimiento de la Corona antes de la deliberacion de la segunda Cámara, y fué preciso anular su acuerdo y volver á pasar por ella el bill despues de subsanado el defecto.
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Las fórmulas que nosotros hemos adoptado para expresar la sanción Real, basadas sobre la doctrina del veto, son realmente contrarias al espíritu y á los principios fundamentales del sistema verdaderamente parlamentario. En las condiciones esenciales de este sistema es hasta absurdo decir de parte de la Corona: «Sanciono y ejecútese,» como decíamos ántes; ó como decimos ahora, «que las Córtes han decretado y Nos sancionado:» porque realmente ni las Córtes, es decir, las Cámaras legislativas, decretan solas ni pueden decretar por vía de ley nada, ni el Rey solo tampoco sanciona: sino que son la Corona y las Cámaras conjuntamente las que decretan y sancionan (que es lo mismo) la ley. Con esta noción fundamental del Gobierno parlamentario están en perfecta armonía las fórmulas usadas para el caso en Inglaterra. Allí la sanción de la Corona se llama «Royal Assent,» es decir: asentimiento ó consentimiento del Rey, que es la misma expresión con que se significa la aprobación por cada una de las Cámaras de los bills procedentes de la otra. La manifestación de este asentimiento ó sanción Real es puramente oral; se hace pública y solemnemente ante las dos Cámaras reunidas y convocadas al efecto en la sala de los Lores, ya sea en presencia del Rey, si asiste á la sesión, lo cual sucede muy rara vez y por motivos especiales, ya en su ausencia por una comisión ad hoc: no se escribe ni se firma la sanción en el bill, y de hecho no es este acto solemne más que una especie de promulgación de la ley, que, como hemos dicho, no tiene allí otra: porque la Constitución (como dice Blackstone) considera la ley hecha y deliberada por todos y cada uno de los ciudadanos ingleses congregados en el Parlamento por medio de sus Representantes, lo cual hace innecesaria toda promulgación formal. En aquel acto se leen sucesivamente los títulos de los bills, que se trata de sancionar, y á cada uno de ellos el Secretario del Parlamento (cleric of the parliaments) dice en alta voz: «Le Roy (ó la Reyne en su caso) le veult,» (el Rey ó la Reina lo quiere ó consiente) si se trata de una ley de carácter público ó general; ó bien «soit fait comme il est désiré» (hágase como se desea), si el bill es de interés particular, private-bill. Hace ya más de ciento sesenta años que no se ha dado el caso de negar la sanción Real á un bill: para este caso la fórmula es «Le Roy s'avisera» (1) el Rey tomará Consejo,

(1) Una de las pruebas más singulares del apego que los Ingleses tienen á
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lo cual quiere decir simplemente que se reserva la decision definitiva para otro Parlamento, puesto que no en otra parte puede la Corona buscar para esto el Consejo.

Todas estas formas y ritualidades del derecho político de Inglaterra guardan perfecta congruencia con el principio fundamental de su Constitucion parlamentaria, que hace al Rey parte integrante del poder legislativo y soberano en completa igualdad con los otros dos elementos aristocrático y popular del mismo poder. Y por ahí se ve cuán poco profundizó Montesquieu en la inteligencia de aquella Constitucion, cuando, preocupado por su idea favorita de la division de los poderes, inventó su teoría del veto Real, como una prerrogativa especial reservada al Monarca en concepto de Jefe del poder ejecutivo por vía de necesaria y legítima defensa contra las agresiones del poder legislativo. Esta teoría, que tan hondas raíces ha echado, y tanta influencia ha ejercido en la direccion de las ideas políticas en Francia, no tiene aplicación posible en la ciencia con relación al Gobierno parlamentario: sólo es aplicable al sistema republicano, que, como el de los Estados Unidos de América, está basado sobre una real y efectiva separación de los poderes, según la doctrina francesa. Discutir, pues, como se discutió en la Asamblea Nacional de 1789, y en nuestras primeras Cortes á su imitación, si el Rey ha de, ó no, tener la facultad del veto, aunque sea absoluto, no es más ni menos que renunciar desde luego y de comun acuerdo al sistema parlamentario, y buscar limitaciones más ó menos estrechas á un Gobierno puramente republicano. De esta idea se creían en verdad bien distantes aún los hombres que de buena fé combatían en aquel palenque el tan llevado y traído veto: y á sus argumentos, tratando estas materias como cuestiones de lógica pura, tenían difícil respuesta los que en su defensa aceptaban como principio fundamental, y premisa común, la doctrina de Montesquieu sobre la división de los poderes.

sus tradiciones es la conservación para estos actos solemnes de las fórmulas antiguas en la lengua franco-normanda, que era la única oficial en la Corte aun en tiempo de Eduardo III. Después de la revolución (en 1708), cuando Inglaterra estaba en guerra con Francia, se propuso y aprobó en la Cámara de los Lores un bill para abolir el uso de la lengua francesa en todos los actos y fórmulas del Parlamento y de los Tribunales; pero los Comunes lo rechazaron, y después nadie ha vuelto á ocuparse más del asunto.
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A estos extravios contribuía no poco en aquella doctrina la idea falsa también de considerar al Rey exclusiva y principalmente como Jefe del poder ejecutivo. Ya hemos visto en los párrafos que al principio hemos copiado ó traducido de los Estudios Administrativos de Vivien, cómo entiende la escuela parlamentaria de Francia este poder bajo la denominación general y abstracta de la Administracion. Así considerado, puede decirse que el poder ejecutivo no existe en Inglaterra de hecho ni de derecho: porque allí no hay ni idea siquiera de esa «autoridad casi legislativa intermedia entre el legislador y el agente que le presta su brazo,» que la doctrina francesa requiere como condición indispensable y garantía esencial de independencia y libertad de acción en la separación de los poderes. El Parlamento, al expresar legislativamente su voluntad soberana, no se limita á declarar el derecho y establecer la regla general para la dirección superior de la acción administrativa, dejando á la autoridad especialmente encargada de esta acción inmediata la tarea de desenvolver sus principios por medio de reglamentos y ordenanzas de ejecución. Por el contrario, el Parlamento gobierna y administra por sí mismo legislativamente, es decir, soberanamente sobre todos los intereses sociales, desde los más altos hasta los más infimos; y en la variedad infinita é incalificable de las cosas, que pueden ser objeto de una disposición autoritativa, las Cámaras inglesas se ocupan de igual manera, y con iguales formas en establecer el orden de sucesión á la Corona, ó hacer una reforma fundamental en su Constitución, como en determinar el sitio donde ha de construirse algún edificio destinado á cualquier servicio público, en dar reglas para la pesca del salmón ó la cría de las ostras, ó en fijar los reglamentos y formularios para los libros del registro del estado civil ó otro cualquiera ramo de la estadística. Sin más que leer en los periódicos los innumerables objetos, que diariamente se discuten y resuelven por medio de bills en las Cámaras inglesas, basta para comprender, que la administración entera, y todo lo que nosotros consideramos atribución privativa del poder ejecutivo en la gobernación del país, está en manos del Parlamento. Cuando un miembro de cualquiera de las dos Cámaras se levanta á proponer un bill, éste podrá ser rechazado aún antes de la primera lectura, si la mayoría no abunda en sus opiniones sobre la bondad ó oportunidad de la proposición; pero de seguro á nadie le ocurrirá oponerle una objeción declina-
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toria fundada en incompetencia de la Cámara, por ser el asunto meramente administrativo y reglamentario, y peculiar como tal de las atribuciones del poder ejecutivo.

Cuando por una ley se adopta una organización especial para algún servicio determinado, bajo una dirección superior y central, es ahora frecuente conceder á este centro directivo facultades reglamentarias; mas no sin disponer en la misma ley, que se dé siempre á las Cámaras previo conocimiento de todas las instrucciones y ordenanzas de carácter general, que aquel centro superior acuerde circular á sus subordinados para reglamentar el servicio; marcándose en esta prevención la idea dominante de las instituciones inglesas, que es la de concentrar en el Parlamento sólo el origen y fuente de toda autoridad, y el poder exclusivo de delegar y conferir toda clase de atribuciones, que impongan obligación y responsabilidad, y exijan obediencia de parte del individuo. Pero no es sólo de esta manera formalmente legislativa como ejerce y práctica el Parlamento directamente por sí mismo la real y efectiva gobernación del Estado. Las Cámaras ejercen además una fiscalización incesante y de todos los momentos sobre los actos del Gobierno y de sus agentes, aún con respecto á la atribución más necesaria é incontestable del poder ejecutivo, cual es la de nombrar sus empleados; y esta fiscalización se ejerce por medio de interpelaciones, resoluciones, votos de censura, y mensajes al Rey, que en cada una de ellas, y especialmente en la de los Comunes, puede proponer con entera libertad cualquiera de sus miembros; y si la proposición es adoptada por la mayoría de la Cámara, no habrá Ministro que se atreva á dejar de atemperar á ella su conducta. Estas, que nosotros llamamos prácticas parlamentarias, son en Inglaterra atribuciones realmente gubernativas de las Cámaras, tan constitucionales como las funciones puramente legislativas, á que falsamente suele suponerse limitado el poder del Parlamento. De esto no hay día en que no se ofrezcan casos prácticos en las sesiones de las Cámaras inglesas; pero entre mil hay uno muy reciente, que por lo notable y significativo merece especial mención.

En 1865 era Gran Canciller, y como tal Presidente de la Cámara de los Lores; en el Ministerio presidido por Lord Palmerston, un antiguo Magistrado de alta reputación, Sir Ricardo Bethell, que al subir á aquella dignidad había recibido, como es consiguiente, la de Par con el título de Lord Wertbury, y que, realizando las