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Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 498

LA GRUTA AZUL.

A JOSE FORNARIS.

Frente á Sorrento, alzando sus arcadas
De las ondas á flor,
Hay una gruta en rocas escarpadas,
De Capri al rededor:

A contemplarla apréstase el viajero
Bajo agreste dosel,
Con que adorna solicito el remero
Su rápido batel;

Y de la costa apenas alejado,
Paisaje encantador,
Un mundo por la mente no soñado
Le muestra su esplendor:

Junto á la playa Nápoles tendida
En lecho de azahar,
Indolente sultana adormecida
A orillas de la mar;
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 499

En lontananza Prócida entre flores,
Itálico pensil,
Do en silencio lloraba sus amores
Graciella la gentil;

Hacia Oriente el Vesubio que levanta
Con grave majestad
Su dorado penacho, y gime ó canta
Con voz de tempestad;

Campiñas en que el oro y la esmeralda
Relucen por doquier,
Y horizontes que mezclan con la gualda
Su vivo rosioler!

«Tranquilo brilla el mar, enyuelto el cielo
En trasparente tul»
Dice el remero, boga y nuestro anhelo
Calma en la gruta azul!

Gruta elevada, con recodos miles
Tallados á cincel,
Pilares y estaláctitas gentiles
Horadan su dosel.

No sus paredes tiñe la mañana
De espléndido arrebol,
Ni en la tarde su bóveda engalana
El moribundo sol,

Que apenas si penetra débil lumbre
Del líquido al través,
Y del cielo la limpida techumbre
Dibuja á nuestros pies.
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 5

DON JOSE MARIA HEREDIA. (*)

La vida del cubano ilustre que vamos á escribir no podrá méños que despertar un vivo interés á todos los amantes del saber, la virtud y el verdadero patriotismo, viendo á un hombre adornado de prendas tan sublimes, privado del placer de emplearlas en bien de su país, y juguete de la fortuna, elevado unas veces á altos puestos para caer otras en la más triste oscuridad, morir al fin en la flor de sus años olvidado y pobre en la misma nacion extranjera que fué testigo y admiradora de sus triunfos.

Don José María Heredia nació en Santiago de Cuba el último dia del año 1803, y fué el primogénito de don José Francisco y doña Mercedes Heredia, descendientes del adelantado don Pedro, fundador de Cartagena, rama transplantada á América del tronco de Aragon, los cuales se habian acogido á esta Isla á causa de la situacion lastimosa en que se hallaba la de Santo Domingo su patria. Heredia pasó con su familia, niño aún, á la ciudad de Panzacola, adonde habia sido enviado su padre con el empleo de asesor de la intendencia, y este docto varon, honra de la magistratura;

(*) La correspondencia y manuscritos del señor Heredia, de que se hace mencion en esta biografía, se hallan en poder de su hija, la señora doña Loreto Heredia de Lamadrid, residente en Matanzas, á quien damos gustosos las más expresivas gracias por su amable condescendencia en facilitarnos su lectura y exámen, así como por las interesantes noticias que nos ha comunicado relativas á la muerte de su ilustre padre.
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 50

de su suelo, y reinando en todo él la tranquilidad y sosiego que el expónente expresa, esta es la preciosa ocasión de aumentar su agricultura.

No extrañe V. M. ni contemple extemporáneas estas ideas. Nadie más que el suplicante compadece á los franceses: Quisiera, á costa de su sangre, libertarlos del desastre; pero siendo esto imposible, y viéndolos sumergidos en una calamidad, que cuando no destruya toda su felicidad en aquella colonia, la atrasará infinito, es preciso que la mire, no sólo con compasión, sino con ojos políticos, y que en fé de buen patriota, y de buen vasallo, denuncie al mejor de los reyes la ocasión y los medios de dar á nuestra agricultura de las islas, ventaja y preponderancia sobre la de los franceses. Sólomente en este caso pudiéramos ir á su alcance. Un átomo al lado de un coloso era lo que figurábamos respecto de nuestros vecinos: ¿Cómo podríamos igualarnos ni llegar á dar nuestros frutos con la comodidad que ellos? Por más que nos esperásemos, nunca arribaríamos á su punto.

Ahora sí, que devastada la gran masa del Coloso, y destituido de movimiento por el descendiente de sus brazos, nos podemos nibelar; pero para esto, Señor, es menester andar mucho, y aprovechar por entero el tiempo de la inacción del vecino. V. M. comprenderá muy bien la intención del expónente; y su Soberana bondad deseará, que proponga los medios de conseguirla para examinar su justicia, y ver si acaso son dignos de adoptarse. El suplicante promete hacerlo sin dilación, luego que salga la Real Cédula, que está anunciada sobre el libre comercio, é introducción de esclavos.

Esta es la base de cualquiera raciocinio sobre el particular. Sin verla no se puede representar ni hacer á V. M. otra súplica sino la de que se digne perdonar la eficacia del que expone, como un efecto de su celo por el Real Servicio, y por el bien de su patria; y tomar en consideración las reflexiones que ha apuntado, haciendo de ellas el uso que fuere de su Soberano agrado.

Respuesta al oficio que acompañaba la representación.

En la Suprema Junta de Estado se ha visto la representación, que V. ha dirigido al Rey por mano de los señores Ministros que la componen,
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 500

En tanto que del agua luminosa
Brota la caridad,
De la gruta en la bóveda anchurosa
Reina la oscuridad.

Las leyes de la Natura así cambiadas
Despiertan la emocion,
Se afanan como nunca las miradas
Y late el corazon!

Tal es la gruta que al lucir del cielo
El trasparente tul,
Se muestra al caminante tras un vuelo
Bañado en tinta azul!

Nápoles, 1873.

JOSE ANTONIO CORTINA.
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 501

EXAMEN HISTORICO-CRITICO

DE LAS

leyes patrias que regulan la capacidad de la mujer durante el matrimonio.

(Concluye.)

110.— Nótese que la reforma es más radical de lo que pensaban hacerla, según se desprende de la frase transcrita, los mismos redactores de la Ley.

Con efecto, nuestro artículo se refiere á dos bienes dotales, hipotecados ó inscritos con dicha cualidad, según lo dispuesto en los números 1º y 2º del art. 183, y los comprendidos en el número 1º de este artículo son los que el marido recibe «como dole estimada, ó con la obligación de devolver su importe». Así, pues, la nueva disposición comprende á los bienes dotales estimados como á los inestimados: tanto aquéllos como éstos «no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges».

Ahora bien; el conflicto que existía anteriormente entre la ley y la práctica se refería únicamente á la dote inestimada. En cuanto á la estimada, era doctrina unánime que el marido, como único dueño de ella durante el matrimonio, podía por sí solo enajenarla y gravarla. La ley 7ª, tít. 11, P. 4ª, no podía, en efecto, ser más categórica: «non puede
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 502

el marido vender, nin enagenar, nin malmeter ......... la dote que recibió della: fueras ende, si la diere apreciada». La misma Comisión dice que «ha considerado que el marido es el dueño de la dote estimada, sin más obligación que la de devolver su importe á la disolución del matrimonio» (Exposición de Motivos). Pero si el marido es dueño de la dote estimada, ¿cómo es que no puede, como todo propietario, disponer de ella por sí solo? Lo lógico, en nuestro entender, hubiera sido asimilar los bienes dotales estimados, nó á los inestimados, sino á los propios del marido, y aplicarles, por lo tanto, no la regla del artículo 202, sino la del 203, es decir, que el consentimiento de la mujer sólo hubiera sido necesario cuando «la hipoteca» hubiese de «extinguirse, reducirse, subrogarse ó posponerse». Nos parece, pues, evidente que los redactores de la Ley han ido más allá de lo que querían.

Como quiera que sea, el artículo 202 no deja lugar á duda alguna: los bienes dotales, ora sean estimados, ora inestimados, «no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges».

111.—En presencia de estas palabras, tan claras y terminantes, nos parece imposible pretender, como lo dice la Exposición de Motivos, que el marido es dueño de la dote estimada y usufructuario de la inestimada.

Sabido es, en efecto, que el dominio comprende tres derechos: jus utendi et fruendi ó facultad de usar y gozar de la cosa, y jus abutendi ó facultad de disponer de ella. El verdadero dueño posee, y posee solo, esos tres derechos, y en ese caso se hallaba ántes el marido respecto á la dote estimada. El usufructuario sólo poseía los dos primeros y tal era la situación legal del marido en cuanto á la dote inestimada.

Ahora bien; el artículo 202 de la Ley Hipotecaria, por más que digan sus redactores, ha introducido dos reformas á cuál más importante en la legislación anterior: 1º Ha asimilado por completo, en lo relativo á los derechos de los cónyuges en ellas, la dote estimada y la inestimada. 2º No habla del jus utendi et fruendi, el cual, por consecuencia, continúa perteneciendo exclusivamente al marido sobre ambas dotes. Pero atribuye categóricamente el jus abutendi—que consiste cabalmente en la facultad de «enajenar, gravar é hipotecar»—á ambos cónyuges.

De modo que, en lo relativo al atributo más importante del dominio,
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al jus abutendi, el marido cesa de ser dueño de la dote estimada para convertirse en copropietario, y adquiere en la inestimada un condominio que antes no poseía.

En lo que respecta á la mujer, el cambio es aún mayor: antes, no tenía, durante el matrimonio, ningún derecho ni en la dote estimada ni en la inestimada; ahora, es copropietaria de una y otra por lo que mira al jus abutendi.

Así, pues, la Ley Hipotecarea, si bien se atiende, ha suprimido virtualmente el régimen dotal. Dos han sido, con efecto, en todo tiempo los caracteres esenciales de ese régimen: el dominio exclusivo del marido, mientras dura el matrimonio, en la dote estimada y la inalienabilidad más ó menos absoluta de la inestimada. Y ambos han desaparecido en virtud de la nueva Ley. No seremos ciertamente nosotros los que lo deploremos. Nuestro más ferviente deseo sería, por el contrario, que el legislador admitiese en todos los casos esa igualdad de derechos entre los cónyuges, que tan sólo ha aceptado, quizá sin quererlo, en lo que atañe á la enajenación y gravamen de los bienes dotales.

112.—Cúmplenos advertir que en ningún autor hemos visto expuesta la interpretación que del artículo 202 acabamos de presentar.

Los señores Fernandez Elias (P. 297), La Serna y Montalbán (t. I, p. 312, n° 158, 12ª ed.) y el mismo Dr. Gutierrez y Fernandez (t. I, p. 481, 5ª ed.) se limitan á reproducir la disposición de la ley sin explicarse sobre su significación.

El señor Falcón sostiene una opinión diametralmente contraria á la nuestra. «Claro está también, dice, que si el marido enajena por sí solo y sin consentimiento de la mujer un fundo dotal estimado, que á la vez hubiere sido hipotecado en favor de la mujer, la enajenación será válida; pero la hipoteca seguirá al prédio en virtud del principio de la adhesencia» (pág. 511).

Pero esta doctrina nos parece estar en palmaria contradicción con lo terminantemente dispuesto en el artículo 202: «Los bienes dotales.....no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar......SINO en nombre y con consentimiento expreso de AMBOS cónyuges». No cabe disposición prohibiva más categórica. Puesto que los bienes dotales no se pueden enajenar sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges, lo claro es que, si el marido los enajena por sí solo, la venta será nula. Y nuestro
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artículo, como lo hemos demostrado, se refiere al mismo tiempo á la dote inestimada y á la estimada.

El artículo 252 del Reglamento (del vigente en Cuba) nos afianza en nuestro modo de ver: «Si por ser ambos cónyuges mayores de edad bastare para la validez de dichos actos su libre y común consentimiento, etc.» Luego cuando el consentimiento no es común, sino que emana del marido solo, el acto no es válido.

Por último, nuestra interpretación se vé confirmada aún más claramente si cabe, por la comparación de los artículos 202 y 203 de la Ley. Según el primero, «los bienes dotales......no se podrán enajenar, etc., sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges». En virtud del segundo, «los bienes propios del marido.....podrán enajenarse, gravarse ó hipotecarse por el mismo marido sin los requisitos expresados en el párrafo primero del artículo anterior, siempre que esto se haga dejando subsistente la hipoteca legal constituida sobre ellos, con la prelación correspondiente á su fecha.—Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse, subrogarse ó posponerse, será indispensable el consentimiento de la mujer, y se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente». Hay, pues, una gran diferencia entre los dos casos: en el primero, el consentimiento de la mujer es indispensable para que los bienes dotales «se puedan enajenar, gravar ó hipotecar»; en el segundo, lo es tan sólo para que «la hipoteca» pueda «extinguirse, reducirse, subrogarse ó posponerse».

Ahora bien; según el señor Falcón, la enajenación que el marido, «por sí solo y sin consentimiento de la mujer», hace de un fundo dotal estimado é hipotecado en favor de ésta, es «válida, pero la hipoteca seguirá al prédio en virtud del principio de la adhocrencia». Y de ahí se deduce forzosamente que el consentimiento de la mujer sólo tendría por objeto impedir que la hipoteca siguiese al prédio, suprimir la hipoteca. Mas eso es lo que prescribe, nó el artículo 202, sino el 203. De manera que la doctrina del señor Falcón equivale á declarar la dote estimada regida por las reglas del segundo y no por las del primero. Lo cual es de todo punto inadmisible. Cierto—y nosotros mismos lo hemos reconocido—que esa solución era la más lógica. Pero es indiscutible que el legislador no la ha adoptado. El artículo 203 trata exclusivamente de los «bienes propios del marido», y en cuanto á éstos únicamente es que el consentimiento de la mujer sólo se exige para que «la hipoteca» pueda extinguir-
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se, reducirse, subrogarse ó posponerse. Mas por lo que hace á los bienes dotales, el artículo 202 es el que se ocupa de ellos, de todos ellos, de los estimados como de los inestimados, y exige el consentimiento de ambos conyuges para que se puedan enajenar, gravar ó hipotecar, es decir, para que estos actos de enajenación, gravamen ó hipoteca sean válidos.

113.—La Ley Hipotecaria se refiere únicamente á los inmuebles.

De consiguiente, la legislación anterior subsiste en cuanto á los muebles dotales. Sabido es que se ha discutido mucho sobre si los muebles dotales inestimados no fungibles son ó no inalienables. Pero á nosotros no nos incumbe examinar la cuestión. Nuestro deber se reduce á estudiar la capacidad de la mujer, no la del marido, y claro es que, ora se declaren inalienables los mencionados muebles, ora se permita al marido enajenarlos, la esposa, durante el matrimonio, no tendrá ningún derecho sobre ellos: se encuentra en la misma situación que hemos descrito al ocuparnos de la administración de la dote en general (nº 108).

Observaremos también, para ser completos, que el artículo 202 sólo se refiere á los bienes dotales hipotecados ó inscritos en el Registro con dicha cualidad. De consiguiente, la legislación anterior subsiste respecto de los que no se hallen en ese caso. Bien es verdad que eso será muy difícil, si no imposible, porque los redactores de la nueva Ley han tomado las medidas más eficaces para asegurar el cumplimiento de sus prescripciones.

114.—El artículo 202 de la Ley Hipotecaria, ¿ha modificado la ley 61 de Toro?

Esta importante cuestión ha sido dilucidada en las columnas de la Revista de Legislación y Jurisprudencia por D. E. Ucelay, y el más ilustre de los redactores de la Ley Hipotecaria, el señor Gómez de la Serna, ha declarado aceptar «todas las razones del artículo» de aquél (V. Revisa, t. 26, página 78 y siguientes).

Nosotros, sin embargo, aunque contestes en principio con el parecer de tan grande autoridad, confesamos no estarlo en cuanto á alguno que otro punto especial.

A.—Es indudable que el artículo 202 no ha modificado en lo más mínimo la parte de la ley de Toro que se refiere á la obligación mancomunada, y, en estos límites, comprendemos que el insigne jurisconsulto exclame: «Será tal vez una obcecación, pero por más que leemos el ar-
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tículo que acabamos de mencionar, no encontramos en él una sola palabra de que pueda inferirse la menor modificación á la ley 61 de Toro».

En efecto, los esposos, al modificar juntos la dote, no sólo no se obligan mancomunadamente, pero ni siquiera se obligan. El contrato de hipoteca engendra, nó una obligación, que es un vínculo personal, sino un derecho real. El mismo fundo, y nó el constituyente, es el que responde de la deuda hipotecaria. Las reglas de la hipoteca y las de las obligaciones por la hipoteca garantidas son, pues, totalmente distintas. Tan es así que una persona puede hipotecar sus bienes á deudas por otro contraídas. Ahora bien; el artículo 202 se refiere exclusivamente á la constitución de hipoteca. En todo lo relativo á las obligaciones que se pueden garantir con esa hipoteca, el derecho común queda vigente y una de las disposiciones del derecho común es cabalmente la ley 61 de Toro.

El mismo raciocinio se aplica á los contratos por los cuales los esposos pueden gravar los bienes dotales, puesto que estos contratos engendran también únicamente derechos reales.

Pero la venta, tal vez se diga, produce obligaciones personales. Luego el artículo 202, al permitir que los esposos vendan los bienes dotales, les permite obligarse mancomunadamente y modifica, por tanto, la ley 61.

Esto sería confundir la obligación mancomunada con la colectiva. Cuando dos personas venden un inmueble común, contraen colectiva, mas nó mancomunadamente, las obligaciones que de la venta resultan. Supongamos, por ejemplo, que una finca pertenezca en parte al marido y en parte á la mujer como parafernai. ¿Se opone acaso la ley 61 á que ambos la enajenen? No ciertamente y así lo ha declarado el Tribunal Supremo: «Vendida por consentimiento y voluntad de marido y mujer una finca perteneciente en sus tres cuartas partes á aquél y á ésta en la otra cuarta en concepto de parafernai, autorizado al efecto el marido por poder especial de la mujer, y sin que aparezca vicio alguno en el contrato, debe considerarse válida y eficaz, y no se opone en manera alguna.....ni finalmente á la ley 51 de Toro y doctrinas á su tenor establecidas por el Supremo Tribunal relativamente á las fianzas otorgadas por la mujer en favor de su marido y obligaciones contraídas por ambos mancomunadamente» (Sent. de 6 de Julio de 1872). Pues bien; en una situación análoga se encuentran los cónyuges con relación á los bienes dotales. Y, por lo tanto, el artículo 202, al permitirles enajenarlos juntos, no ha modi-
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ficado en lo más mínimo la parte de la ley 61 que á la obligación manco-munada se contrae.

B.—Más difícil y complicada es la cuestión en lo que dice á la parte de la ley de Toro relativa á la fianza. Y en este punto es el en que nos parece no estar completamente de acuerdo con el ilustrado redactor de la Revista.

Confesamos, empero, que, ora sea por falta de penetración en nosotros, ora por falta de claridad y precisión en el autor, no hemos podido comprender cuál es la verdadera conclusión del articulista.

«Respecto de la clase á que pertenezcan los bienes que trate de hipotecar la mujer, dice, hay que distinguir si son dotales ó parafernales, dotales de dote inestimada ó estimada; pues siendo diversos los efectos y naturaleza legal de estos bienes, media también entre ellos relativamente al caso que nos ocupa radical diferencia» (Id. p. 82).—Cierto que se debe distinguir entre los dotales y los parafernales, tanto máscuanto que de aquellos únicamente se ocupa el artículo 202. Mas, por diversos que sean á otros respectos los efectos y naturaleza legal de los dotales de dote inestimada ó estimada, nos parece que no média entre ellos relativamente al caso que nos ocupa ninguna diferencia. Con efecto, el caso que ocupaba al señor Ucelay, como nos ocupa á nosotros actualmente, es el de la hipoteca, y el artículo 202 no establece absolutamente ninguna distinción—en lo relativo al derecho de hipotecarlos, como al de enajenarlos ó gravarlos—entre los bienes dotales estimados y los inestimados. Así, pues, la solución del problema que estudiamos tiene que ser la misma, ya se trate de unos, ya de otros.

Lo más deplorable es que el señor Ucelay no nos dice categóricamente en qué consiste esa «radical diferencia relativamente al caso que nos ocupa». Hé aquí el único pasaje del artículo que podría ilustrarnos sobre este punto: «¿Acaso el artículo citado (el 202 de la Ley Hipotecaria) habla de la fianza de la mujer por el marido? Acaso faculta á ésta para que afiance con hipoteca los contratos celebrados por aquél?»

Planteada en términos tan generales, la cuestión no puede menos que resolverse negativamente. Es innegable que el artículo 202 no faculta de una manera absoluta á la mujer para que afiance con hipoteca los contratos celebrados por el marido.

Mas, en nuestro sentir, la verdadera cuestión es ésta: ¿Se podrán hi-
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potecar los bienes dotales, en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges, para afianzar obligaciones contraídas por el marido solo? Ni el señor Ucelay ni el señor Gomez de la Serna se pronuncian directamente sobre este punto, en el que estriba, á nuestro juicio, la verdadera dificultad.

Si fuese cierto que la ley de Toro no ha sido «derogada ni modificada por la Hipotecaria», que no hay en el artículo 202 «una sola palabra de que pueda inferirse la menor modificación á la ley 61 de Toro», tendríamos que contestar negativamente la pregunta indicada. Hemos, en efecto, demostrado que, según el artículo 202, la mujer, en lo que hace á los actos de disposición, al jus abutendi, es copropietaria de los bienes dota- les. Ahora bien; si ambos cónyuges pudiesen hipotecar estos bienes á las obligaciones del marido, la hipoteca, la fianza hipotecaria procedería de ambos, toda vez que ambos son propietarios de aquéllos; luego el consentimiento de la mujer sería nulo, en virtud de la ley 61, y, como el artículo 202 exige como requisito indispensable el consentimiento de ambos, nula por completo sería la constitución de hipoteca. Para poner más de relieve nuestro raciocinio, tomemos el mismo ejemplo de hace poco: la mitad de una finca pertenece al marido y la otra mitad á la mujer en concepto de parafernial; si ambos cónyuges hipotecan la finca para afianzar obligaciones del marido, ¿no sería evidentemente nula la hipoteca respecto de la mitad de la mujer? Pues bien; en idéntica situación se hallan los cónyuges, después de la ley Hipotecaria, con relación á los bienes dotales. La solución debe ser, por lo tanto, la misma cuando se trata de éstos, con la diferencia de que en el ejemplo citado la hipoteca sería tan sólo nula en cuanto á la mitad de la esposa, al paso que, tratándose de la dote, el consentimiento de la mujer es indispensable para la validez de la hipoteca, y, de consiguiente, siendo nulo su consentimiento, es totalmente nula la constitución de hipoteca.

No creemos, sin embargo, que esta interpretación sea conforme al espíritu del artículo 202 y á la intención del legislador.

Antes de la ley Hipotecaria, el marido, como único dueño de la dote estimada, podía indiscutiblemente hipotecarla á sus obligaciones personales, y la Comisión ha declarado que continúa considerando al marido como dueño de los bienes dotales estimados. Verdad es, como hemos dicho, que esto no es de todo punto exacto; que, en realidad, el artículo