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desapareciendo estos lóbulos autónomos, pero quedaron subsistentes las divisiones de las provincias principales. La teoría de Huschke pone en su punto y al descubierto esta curiosa transformacion. Segun este filósofo, siendo tres las vértebras del cráneo, y correspondiendo á ellas tres partes principales del encéfalo, tres deben ser las facultades principales del espíritu, ó sean las propiedades psíquicas de cada una de esas partes. La médula oblonga y el cerebelo eran asiento de la voluntad; los lóbulos parietales de la sensibilidad, y los frontales del pensamiento.

Todas estas pretensas explicaciones y cuantas puedan imaginarse semejantes, claudican por su base. La fisiología nos ha enseñado que el proceso de todos los nervios en estado de excitacion—la neurilidad—es exactamente el mismo, sin deferir sino en grado, es decir por la intensidad ó la rapidez. Siendo así y no acusando la composicion histológica de las partes escogidas diferencias que justifiquen las diversas funciones que se les asignan, ¿dónde está la explicacion fundada en la estructura? Hay entonces, para salvar la lógica, que acudir á un procedimiento á primera vista especioso, pero que la acaba de arruinar. Refugiarse en la célula, y constituir en cada una un alma. En nuestros días hemos presenciado este curioso atrincheramiento. Descendamos más allá del protaplasma, lleguemos al plasson—á la sustancia plástica totalmente amorfa—agregado de moléculas compuestas de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, y azoe; pues bien cada una de estas moléculas—llamadas plastidulas—manifesta ya todas las propiedades vitales, incluso las psíquicas; sí, señores, la plastídula no sólo se nutre y se reproduce y se contrae y se mueve, sino que siente, quiere y recuerda. Es decir que tomais un alma de tamaño natural la reducís á las proporciones de un alma microscópica, la alojais en una plastídula, y ya está explicado el mundo subjetivo. Porque, lo que era eminentemente complejo y confuso estudiado en nuestra conciencia, no será menos complejo, pero debe quedar perfectamente claro estudiado en la conciencia de un citodo, ó sea de una molécula plastidular.

Y aquí está el error lógico é invencible de esta novísima teoría, que aparece refutada con anticipacion por Wundt. Se nos dan funciones complexas desempeñadas por órganos simples; y es el caso, como ha dicho el gran psicólogo aleman, «que necesariamente debemos admitir que órganos elementales no son susceptibles sino de funciones elemen-
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y penetró del orbe las edades.
Vé los escombros que el pasado muestra:
canto el amor que el porvenir nos brinda.
Abrase á nueva lid nueva palestra;
gloria más pura al vencedor se rinda:
obtengan, con las armas de la ciencia,
triunfos de amor sus bienhechoras manos;
suene, como el aplauso, en su conciencia
tu ronca voz que nos proclama hermanos.

FRANCISCO DE ABARZUZA.
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EXAMEN HISTORICO-CRITICO

DE LAS

leyes patrias que regulan la capacidad de la mujer durante el matrimonio.

V.—Antinomias.

Ya hemos reproducido el texto de la Ley 17, tit. XI, Partida 4ª relativa á los bienes parafernales, ley tomada de la 8ª, tit. XV, libro V del Código de Justiniano. Importa reproducir nuevamente dos pasajes de la mencionada ley: «E todas estas cosas llamadas paraferna, dice, si las die- re la muger al marido, con entencion de que haga el señorío dellas, men- tra que durarare el matrimonio auerlo ha; bien asi como de las quel dá por dote;—E si las non diere al marido señaladamente, nin fuere su entencion que haya el señorío en ellas, siempre finca la muger por señora dellas».

Otra ley hemos copiado: la 55 de Toro (1), por la que la mujer casada no puede contratar ni cuasi contraer, ni apartarse de los contratos que hubiere celebrado, sin que medie la licencia del marido; así como tampoco puede comparecer en juicio.

Por último, hemos transcrito la Pragmática de 1623 (2) que concede

(1) Ley 11, tit. I, Libro 10 de la Nov. Recop.
(2) Ley 7ª, tit. II, Libro 10 de la Nov. Recop.
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al marido, en entrando en los diez y ocho años, la administracion de su hacienda y la de su mujer, si fuere menor.

Basta la mera lectura de esas tres leyes, para comprender que su coexistencia produce un grave conflicto en nuestro derecho civil. A la jurisprudencia toca resolverlo; y, sin embargo, la jurisprudencia dista mucho de haber llegado á la consecucion del objeto apetecido. En ella se notan contradicciones de monta, como pronto veremos. A nuestro juicio, intentar y proponerse la conciliacion de las leyes mencionadas, es intentar y proponerse la realizacion de una obra imposible de alcanzar. La antítesis es insoluble.

Ante todo, ¿qué se entiende por señorío de los bienes parafernales? ¿Es dominio? ¿es administracion tan sólo? Opiniones encontradas se han sustentando acerca de este punto. Quién ha entendido lo primero; quién lo segundo. El Tribunal Supremo de Justicia ha decidido la cuestion. En sentencia de 11 de Mayo de 1874 ha declarado: que la expresion el señorío de los bienes parafernales, tomada de la ley 17, tit. 11, Part. 4ª, no puede significar otra cosa, en el espíritu de esta ley y en su combinacion con las demás del mismo título, que la administracion de dichos bienes, como lo ha declarado ya este Supremo Tribunal, y de ningun modo su dominio ó propiedad, que conserva siempre la mujer, aun en los parafernales que entrega á su marido para que éste los administre durante el matrimonio, como lo conserva en los bienes dotales inestimados que con el mismo objeto pasan á poder del marido».

Señorío, es, pues, administracion; pero ¿á quién incumbe ejercerla? La ley de Partida dice que á la mujer, si señaladamente no hubiere entregado al marido los parafernales; la Pragmática de Felipe IV dispone que al marido en todo caso; y la ley de Toro hace imposible el ejercicio de la administracion por la mujer. Bien visto no es causa directa de conflicto, porque, conforme á su texto, el marido administra la hacienda de su mujer, si esta fuere menor. La antinomia existe entre la Ley de Partida y la Ley de Toro. Para resolverla han sostenido algunos que la Ley de Partida ha sido derogada por la de Toro. El Tribunal Supremo de Justicia en numerosos fallos ha declarado lo contrario. Ambas leyes, la alfonsina y la recopilada, están vigentes. Subsiste, por lo tanto, la dificultad. Consultemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y veremos que no resuelve la antinomia, sino que más bien es una reproduccion de la misma.
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En sentencia de 9 de Enero de 1860 declaró el Tribunal Supremo que no tenía el marido la cualidad de único administrador de los bienes de la mujer, atendido lo que las leyes establecen y confirma la jurisprudencia respecto de los parafernales. Pero en otra sentencia, la de 13 de Octubre de 1866, declara precisamente lo contrario: declara que el marido tiene el carácter de jefe y representante de la familia y administrador único de la sociedad conyugal. Refiriéndose á estas dos sentencias, se expresa el señor Ortiz de Zúñiga en estos términos: «Apuntamos estas opuestas doctrinas sin más comentarios, limitándonos sólo á indicar la necesidad de que la jurisprudencia las uniforme sobre materias tan importantes, para el deslinde de los mutuos derechos sobre los bienes conyugales.» (1)

Al voto del insigne jurisconsulto y magistrado del Supremo no han correspondido los hechos. En sentencia de 9 de Mayo de 1870 ha declarado dicho Tribunal, que «miéntras un matrimonio no se separa judicialmente, corresponde al marido la administracion de los bienes de ambos», que es lo mismo que decir: el único administrador de los bienes de los cónyuges durante el matrimonio es el marido.

Sin embargo, contando y no pesando las declaraciones del Tribunal Supremo en orden á esta materia, resulta que son más las sentencias en que reconoce y confirma la ley de Partida sobre la administracion de los parafernales por la mujer, que aquellas en que asienta que el marido es el único administrador de los bienes de la mujer. La cuestion capital surge desde luego: ¿de qué modo ejerce la mujer la administracion? ¿podrá ejercerla, no obstante, la ley 55 de Toro? No, contesta el Tribunal Supremo de Justicia. «La declaracion de que á la mujer corresponde la administracion de los bienes parafernales, no puede menos de entenderse sin perjuicio de la intervencion que segun las leyes 11 y 12, tit. 1º, Libro 10 de la Nov. Recop., debe tener el marido en los actos y contratos á que sin su licencia ó autorizacion no puede concurrir la mujer casada miéntras subsista el matrimonio». Sentencia de 8 de Octubre de 1866. En la de 29 de Enero de 1862 había declarado que la mujer puede enagenar los bienes parafernales por sí, contratando libremente y vendiéndolos con licencia de su marido.

A la objecion que naturalmente se desprende del texto de dos leyes

(1) Jurisprudencia Civil de España, 1869, Tomo I, pág. 149.
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contradictorias y del exámen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que consiste en negar que la mujer pueda administrar los bienes parafetales, se ha contestado de una manera poco satisfactoria por el señor Ortiz de Zúñiga en su obra ya citada. (1) Transcribiremos sus palabras: «¿Pero cómo puede administrar la mujer, se pregunta, siendo el marido el jefe de la familia, y sin cuya licencia nada puede aquella hacer? Repetidos fallos, dice el señor Ortiz de Zúñiga, han respondido á esta objecion: el marido conserva su autoridad, pero al mismo tiempo debe autorizar á su mujer para los contratos que tenga que celebrar, si ella se reserva el señorío, y por consiguiente, la administracion de sus bienes parafetales; y si el marido se opone, la autoridad judicial debe compelérla á ello ó autorizar á la mujer. ¿Cuál es si no el objeto de la ley 57 de Toro, 13, título 1º, Libro 10 de la Nov. Recop., que previene que «el juez, con conocimiento de causa legítima ó necesaria, compela al marido á que dé licencia á su mujer para todo aquello que ella no podria facer sin licencia de su marido, y si compelido no se la diere, el juez sólo se la puede dar?» O es menester borrar de nuestros códigos esta disposicion legal, ó convenir en que hay muchos casos, en que la mujer habrá de obtener necesariamente la licencia de su marido, ó la del juez en su defecto, á pesar de los inconvenientes que pueda ocurrir, y que tanto se temen, de esa dualidad de administracion, y á pesar tambien de esa idea de terror que se quiere difundir, suponiendo que los fallos del Tribunal Supremo en que se ha procurado conciliar el sentido de las citadas leyes, van á producir la disolucion de la familia.

Loable es el esfuerzo del señor Ortiz de Zúñiga; pero siempre resulta vano su empeño. Concederle á la mujer la administracion de los bienes parafetales y someter los actos y contratos que exija y reclame esa misma administracion á la licencia del marido, sin otorgar otra garantía ni ofrecer otro amparo contra la negativa ó resistencia de aquel, que un recurso á la autoridad judicial, es tanto, en realidad, como negar á la mujer la administracion de dichos bienes; es, según dice el señor Gutierrez, (2) conceder un título sine re. No cabe ciertamente administracion más em-

(1) Tomo I, pág. 160 y siguiente.
(2) Códigos ó estudios fundamentales sobre el Derecho civil español. 4ª ed. Tomo I, pág. 528.
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barazosa, ni más ocasionada á inconvenientes y tropiezos, ni tampoco más onerosa, si se atiende á que es necesario esclarecer en juicio civil ordinario á quién asiste la razon, si á la mujer ó al marido.

Se trata en realidad de conciliar dos principios opuestos: el de la independencia de la mujer, encarnado en el derecho que se le concede de retener para sí apartadamente los bienes parafernales y reservarse su administracion, si quisiere; y el de la dependencia de la misma respecto del marido, consagrado por la ley de Toro. Principios son esos cuyo respectivo origen histórico arranca de condiciones sociales que nada tiene de comun, según lo tenemos demostrado ya. El dualismo que en nuestro derecho se observa á este respecto, es un dualismo que tiene su raiz en las entrañas de la historia y que lo causan, por lo mismo, elementos que son irreductibles. Así lo comprendieron los redactores del nuevo proyecto de Código Civil, al suprimir la diferencia entre bienes dotales y parafernales (1).

VI.—Las Provincias de fueros.

Navarra.—Segun el cap. VI, tít. 1º, Libro 5º del Fuero, «ninguna mujer casada no puede dar heredamiento sin mandamiento de su marido, mas puede recibir si le dan heredamiento ó mueble». La propiedad, usufructo y administraciones de los bienes parafernales corresponde á la mujer. Esta no puede, sin embargo, contraer obligacion alguna ni comparecer en juicio sin expresa licencia de su marido ó poder suyo, debiendo el escribano dar fé y testimonio en la escritura de haberse pedido y obtenido semejante licencia. La mujer no puede constituirse fiadora de su marido ni recibir como principal la obligacion anteriormente contraída por éste ó por otro cualquiera, y si lo hiciera se obligará de esta obligacion mediante el Senado-consulto Veleyano. (2) En Navarra es derecho supletorio el romano.

Cataluña.—El complemento de la legislacion foral es el derecho romano. Tiene la mujer la propiedad, usufructo y administracion de los parafernales. (3) No puede ser fiadora de su marido, porque lo prohibe la

(1) Art. 1272.
(2) Gutierrez. Códigos. Tomo VI. Pág. 306.
(3) Ley 22, tít. 30. Libro IV, Constituciones.
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Auténtica Si qua mulier.—En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Mayo de 1866, se ha declarado que en Cataluña la facultad que tiene la mujer de administrar los parafernales está limitada por la prohibicion impuesta á la mujer en la ley 11, tit. 1º, Libro 10 de la Nov. Recop., de celebrar contratos ni separarse de los celebrados sin licencia y consentimiento de su marido.

Mallorca.—La mujer tiene tambien la propiedad, usufructo y administracion de los parafernales. La mujer puede obligarse en interés del marido, aunque no renuncie á la Auténtica Si qua mulier. De consiguiente, en Mallorca no rige la Ley 61 de Toro. El derecho especial prevalece sobre el general del Reino. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Noviembre de 1872.

Aragón.—La mujer no puede celebrar contratos sin la licencia de su marido: uxor non potest pebere debitum quod et debebatur, nisi cum consensus viri, siendo nulo el que carezca de dicho requisito si aquel no lo ratifica. (1) Tampoco puede comparecer en juicio, si bien puede el marido ratificar lo hecho sin su licencia. (2) La mujer no administra sus bienes: de consuetudine regni vir, constante matrimonio, est administrator bonorum sedentium. (3) Todos los bienes de la mujer se consideran dotales, ó como resultantes de ellos, sin que se conozcan los bienes parafernales.

«Pero no es tan restringida, dice el señor Gutierrez, (4) la capacidad civil de la mujer que no tenga importantes facultades.»

«La mujer, continúa, administra los bienes del marido ausente que no haya dejado procurador especial con este objeto; puede comparecer en juicio y conferir poder á procurador para litigar con su marido; sustituir el que éste la hubiese otorgado y compelirle, durante el matrimonio, á que la dote». (5) Además, la mujer puede enagénar sus bienes propios (6) y obligarlos para pago de las deudas del marido. (7)

(1) Observ. 32 de jur. dot.—Observ. 1. Mandati.
(2) Observ. 1. Mandati.
(3) Observ. 1. rer. amot.
(4) Códigos. Tomo VI, pág. 105.
(5) Observ. 23 de jur. dot. Molino, Repertorio. V. Vir et uxor. Observ. 13, de procur. Observ. 50 de jur. dot.
(6) Observ. 39 de jur. dot.
(7) F. 2, de contractibus conyugum, lib. V.
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CAPACIDAD DE LA MUJER DURANTE EL MATRIMONIO

Vizcaya.—Aunque existe la autoridad marital, puede decirse que la mujer es igual en derechos al marido. Prevalece el régimen de comunidad respecto de los bienes. La administración pertenece al marido. No puede éste vender los bienes raíces, muebles y semovientes, que no sean ganados durante el matrimonio, mientras la mujer, principal interesada ó con- dueña, no preste su consentimiento. (1)

VII.—La Ley provisional del Matrimonio Civil.

Fué promulgada en 18 de Junio de 1870. Su capítulo V trata de los efectos generales del matrimonio respecto de las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes, sin perjuicio del derecho foral. Del primer extremo se ocupa la Sección 1ª de dicho capítulo. Comprende desde el art. 44 al 55, ambos inclusive. Como se verá en breve, pocas han sido las innovaciones introducidas en esta materia. La tradición ha prevalecido sobre los buenos principios. Ninguna de las antinomias que hemos indicado respecto de las leyes de Partida y de Toro, ha sido resuelta. Por punto general, puede decirse que el objeto esencial de la Ley ha sido reivindicar para el Estado, secularizar, la institución del matrimonio. En cuanto á las disposiciones y principios, se ve aún poderosa la influencia del derecho canónico.

«El marido debe tener en su compañía, dice el art. 45, y proteger á la mujer. Administrará también sus bienes, excepto aquellos cuya administración corresponda á la misma por la ley». Aquí vemos consagrada nuevamente la ley 8ª, título XV, Libro V del Código de Justiniano, reproducida en la 17, tit. XI de la Partida IV, sobre el señorío de los bienes parafernales. Hubiera valido más aceptar el art. 1272 del nuevo proyecto de Código civil. Por lo menos, habría unidad y sistema en la legislación sobre materia tan importante. En el resto del art. 45 se copia la ley 55 de Toro.

En el propio artículo se confirma la Pragmática de Felipe IV, por cuanto concede al marido la administración de la hacienda de la mujer, con la salvedad indicada. También se le confirma en el art. 46 respecto al beneficio concedido al marido mayor de 18 años. Hay, sin embargo,

(1) L. 9, tít. 20. Fuero de Vizcaya.
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una diferencia, y es, que en la Pragmática se concede al marido la administracion de la hacienda de su mujer, si fuere esta menor, al paso que en la ley del Matrimonio Civil no se distingue. Tal diferencia poco significa en verdad, estando reservada á la mujer la administracion de los parafetales y encontrándose vigente la disposicion de la ley 55 de Toro.

Dice así el art. 46 ya citado: «El marido menor de 18 años no podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados en el párrafo anterior (licencia marital y comparecencia en juicio por la mujer), ni tampoco administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorización judicial, que se le concederá en la forma y en los casos prescritos en la Ley de Enjuiciamiento civil». ¿Y si la mujer fuere mayor? La ley no distingue; y deberá distinguir, porque si no cabe ejercer la autoridad marital por defecto de edad, no parece lógico ni justo que la mujer se vea privada de capacidad jurídica para la libre administracion de sus bienes y sometida á la misma condicion que su marido menor.

«Tampoco, dice el art. 47, podrá ejercer las expresadas facultades el marido que esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que se halle ausente en ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de interdiccion civil». Si, como es evidente, el precepto de este artículo se funda en que no hay términos hábiles de hecho ni de derecho para el ejercicio de la autoridad marital, ¿por qué no se ha de reconocer á la mujer mayor la facultad de administrar libremente sus bienes, caso de que el marido sea menor de 18 años, dado que tampoco en tal caso existen condiciones legales para que aquel ejerza la autoridad marital? Por lo demás, en este artículo se deroga en parte la ley 59 de Toro, pues conforme á esta, en caso de ausencia del marido, corresponde al Juez dar á la mujer la licencia que el marido le habia de dar, «da cual ansi dada vala, como si el marido se la diese».

Artículo 48: «La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su companía y seguirle á donde éste traslade su domicilio ó residencia. Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán, con conocimiento de causa, eximirla de esta obligacion cuando su marido traslade su residencia al extranjero». Conforme á la jurisprudencia colonial, queda exenta de la obligacion antedicha la mujer cuando el marido traslade su residencia á Ultramar.
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En el artículo 49 se reproduce nuevamente el precepto de la ley 55 de Toro. También se confirma la disposición de la ley 54, aunque no en términos, absolutos por cuanto á que la mujer no puede aceptar una herencia ex-testamento ó ab-intestato ni siquiera con beneficio de interven-tario. Necesita siempre de la autoridad marital. De suerte que la ley del Matrimonio Civil es aún más restrictiva que la de Toro.

En el artículo 50 se dispone «que los actos de esta especie (los que exigen la licencia marital) serán nulos y no producirán obligación ni acci-on, si no fueren ratificados expresa ó tácitamente por el marido». En cuanto á la ratificación, se reproduce la ley 58 de Toro.

En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Enero de 1872, se ha declarado: «que es jurisprudencia establecida por el mismo considerar válida la obligación contraída por la mujer, aunque no haya procedido la licencia, ni seguido el consentimiento del marido, con tal que este, á quien únicamente corresponde la acción de nulidad, no la haya propuesto ó reclamado». Semejante declaración no se compadece ni con la ley 55 de Toro ni con el artículo 50 de la Ley del Matrimonio Civil, vigente la cual se hizo declaración tan grave y notable. El mismo Tribunal, en sentencia de 25 de Setiembre de 1861, había declarado que «para que produzca efectos legales la licencia del marido, no basta que se su-ponga ó presuma, sino que es necesario que conste sin género alguno de dudas».

Merece copiarse íntegro el artículo 51. Contiene una reforma digna de aplauso. Dice así: «Será válida, no obstante, la compra que al contado hiciere la mujer de cosas muebles, y la que hiciere al fiado de las que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia y no consistiesen en joyas, vestidos y muebles preciosos, por más que no hubieren sido hechas con licencia expresa del marido».

«Sin embargo, prosigue dicho artículo, se consolidará la compra hecha por la mujer al fiado de joyas, vestidos y muebles preciosos, desde el mo-mento en que hubieren sido empleadas en el uso de la mujer ó de la fa-milia con conocimiento y sin reclamación del marido».

De ese modo se mitiga el rigor excesivo de la ley 55 de Toro y se sanciona lo establecido por la necesidad y la costumbre, poniéndose á salvo al propio tiempo los derechos del tercero que hubiere contratado con la mujer casada.