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mujer casada». Pero puesto que no lo ha hecho, manifiesto es que no ha querido distinguir, y que sus disposiciones se aplican á todos los menores, cualquiera que sea el sexo ó estado de los mismos.

6º La curatela, se dice, debe acabar por el matrimonio, puesto que la patria potestad concluye por él (arg. 3º).

Aun suponiendo la exactitud de esta conclusión, es evidente que el legislador, con razón ó sin ella, no la ha admitido. En efecto, según las leyes de Partida, ni la patria potestad ni la curatela acababan por el matrimonio. Ahora bien; yá hemos visto que la ley 47 de Toro se limita á declarar extinguida la primera. En cuanto á la segunda, no sólo no modifica lo dispuesto por el Código Alfonsino, sino que ímplicitamente lo confirma, toda vez que declara á la mujer emancipada por el matrimonio es decir, sui juris, y, en caso de ser menor, sometida á la curatela.

Por lo demás, de que la patria potestad concluya, no es en buena lógica indispensable deducir que la curatela también debería acabar. Al contrario, por lo mismo quela curatela es de menor importancia, se concibe muy bien que no cese, sobre todo después que la Pragmática de 1623, tal como la interpretan los tribunales, concedió al marido mayor de 18 años la administración de los bienes de su mujer menor. El poder paterno es demasiado absoluto para que pueda compadecerse con el marital. La autoridad del padre sobre la persona de sus hijos, sus derechos sobre los peculios, mal podrán compaginarse con las facultades que entre nosotros competen al marido como jefe, representante y administrador único de la sociedad conyugal. Pero la intervención de un curador, limitada á los casos extraordinarios en que se trata de enajenar ó gravar ciertos y determinados bienes, está muy lejos de presentar los mismos inconvenientes.

7º Nos extraña sobramenera se pretenda que «el marido es para su mujer mucho más que curador» (arg 4º).

No se trata, en efecto, aquí ni del poder sobre la persona, puesto que el curador non personae, sed rei datur, ni de la administración de los bienes de la mujer, que todos estamos contestes en atribuir al marido, en virtud de la Pragmática de 1623 y del artículo 46 de la Ley de matrimonio Civil.

Se trata únicamente de los actos por los cuales se enajenan ó gravan los bienes comprendidos en el artículo 1401 de la Ley de E. C., y, en
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cuanto á ellos, es completamente inexacto afirmar que «el marido es para su mujer mucho más que curador».

Lo contrario, cabalmente, es lo cierto.

Como lo hemos visto, la ley 55 de Toro sólo exige que la mujer obtenga la licencia de su marido, licencia que puede ser general ó especial, expresa ó tácita, que puede darse de cualquier modo y en cualquier época. Y una vez que la ha obtenido, la misma mujer puede obrar por sí sola, entenderse directamente con la persona con quien contrae, ejecutar el contrato sin intervención de nadie, cobrar, por ejemplo, personalmente el precio de la venta. En una palabra, el papel del marido se reduce exclusivamente á dar ó negar su autorización. ¡Cuán distintas no son las atribuciones del curador! Según las Partidas, él era quien pedía la licencia judicial y procedía á la venta. Según la Ley de E. C., él es quien recibe el precio de la venta (art. 1410), á él es á quien se entrega, en caso de transacción, el testimonio de la providencia que otorga la autorización para hacerla (art. 1413), y, si ya no es él quien por sí solo pide la licencia, debe por lo menos asistir al menor y firmar la solicitud junto con él (Manresa y Reus, t. 5 p. 534).

8º Lo que acabamos de exponer muestra al mismo tiempo que el sistema contrario, cuando se trata de enajenar ó gravar bienes raíces de la mujer, conduce á inextricables dificultades.

Tan es así que nuestros adversarios no se pronuncian expresa y francamente sobre este punto, ni parecen estar muy de acuerdo sobre su solución. Pero lo cierto es que todas las que de sus premisas se deducen pugnan abiertamente con los principios y las leyes.

Según el disertante, «la mujer menor de edad casada, asistida de su marido, tiene plena capacidad jurídica» (p. 104). De lo que se infiere que las únicas leyes aplicables al caso son las de Toro. Y así lo ha declarado terminantemente uno de los defensores de la Memoria: «Las reglas por las cuales la potestad se rige están en las leyes de Toro y en la ley del Matrimonio Civil, y, según esta legislación, no hace falta para nada el curador de la mujer casada» (pág. 589).—Mas tampoco hace falta para nada, según esa legislación, la licencia judicial y la pública subasta. De modo que la mujer menor de edad, casada, podría, sin más requisitos ni formalidades que la autorización de su marido, enajenar y gravar sus bienes raíces! La violación de las leyes de Partida y de la Ley de Enjuici-
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ciamiento no puede ser más flagrante. Ni es menos ilógica é injusta que ilegal la solución indicada. La incapacidad de los menores no es ficticia, sino real y efectiva. ¿Acaso cesa por el mero hecho del matrimonio? Al exigir la intervención del curador, al ordenar en algunos casos ciertas solemnidades legales, el legislador se ha propuesto favorecer á los menores, protegerlos, ampararlos contra la mala fé de los extraños y contra su propia inexperiencia. ¿Por qué privarlos de ese privilegio, de esa protección, de ese amparo, cuando no han hecho más que cambiar de estado? ¿Se dirá por ventura que la mujer encuentra esa protección en su marido? Donosa protección á fé nuestra la que puede ejercerse por medio de una licencia general ó tácita! Y, en todo caso, protección á medias, toda vez que no se observan los demás requisitos y formalidades legales.

Según el Presidente Sr. Romero Girón, «es de todo punto indudable que la representación de la mujer menor de edad corresponde en todo caso al marido» (p. 599). De aquí lo que se seguiría es que el marido, como representante en todo caso de su mujer menor, podría, por sí y sin formalidades de ningún linaje, enajenar ó gravar los bienes raíces de su esposa.—Pero entonces se violaran manifiestamente, no sólo las referidas leyes 18 y 60 y la de Enjuiciamiento—las cuales atribuyen aquel derecho, no al marido, sino al menor asistido de su curador y mediante la observancia de las formalidades legales—si que también la misma ley 55 de Toro y la misma Ley de Matrimonio, las cuales facultan al marido, no para que contrate personalmente en representación de su mujer, sino para que le permita á ella contratar por si. Esta solución sería, pues, aun más inadmisible, si cabe, que la anterior.

9º Con lo dicho queda contestada la pregunta que se nos hace: «¿Qué ventajas puede traer que un curador represente á la mujer casada?» (arg. 59).

Las mismas que trae el que los menores sean representados por sus curadores. ¿Por qué privar de ellas á la mujer casada?

Porque ésta, se dice, «encuentra amparo y protección naturales en la afición de su marido» (arg. 69). Ojalá existiese siempre esa afición. Pero todos sabemos por una triste experiencia que, á la vuelta de algunos años, el odio ó la indiferencia reemplazan por lo común en el corazón del esposo el amor inextinguible de los primeros tiempos. Hay más. Ese mismo afecto, aun admitiendo que exista, sería más bien un peligro, por
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que fácilmente moverá al marido á permitir actos que un extraño imparcial, sine ira et studio, jamás consentiría. De todos modos, nunca podría ser el cariño del esposo tan grande, tan puro, tan desinteresado como el del padre. ¿Por qué, pues, privar á éste, so pretexto de que su hija se ha casado, del derecho que las leyes le conceden de designar una persona de su confianza para que la ampare y defienda contra todos?

Por lo demás, no es exacto «que el marido pueda prohibir á la mujer celebrar ciertos actos jurídicos» (arg. 59). Verdad es que, según la ley 55 de Toro, el marido puede dar ó negar su licencia; pero, en virtud de la 57, la mujer, si el marido se la niega, puede á su vez pedir y obtener la del juez. Pues bien; la intervención del curador no modifica en nada este estado de cosas. Cuando se trate de enajenar ó gravar los bienes del art. 1401, el curador deberá pedir al marido su licencia, y, negándosela éste, podrá acudir al Juez

10º El artículo 1354 de la Ley de E. C., de que oportunamente hemos hablado (núm. 56) confirma plenamente nuestra doctrina. Según él, la autorización judicial no basta, no le dá á la mujer menor plena capacidad jurídica; es, además, necesario proveerla de curador.

Ahora bien; según la ley 59 de Toro, la licencia del Juez tiene el mismo valor y produce los mismos efectos que la del marido: «la que el marido le había de dar, la cual, así dada, valía como si el marido se la diese.»

Por consiguiente, la autorización del marido tampoco basta; tampoco confiere á la mujer, como lo pretenden nuestros contrarios, plena capacidad jurídica; es, además, necesario que tenga un curador.

11º Quizás se quiera hacer hincapié contra nosotros en el mismo artículo 1354.

—Según él, se dirá, es necesario proveer de curador para pleitos á la mujer menor que ha obtenido la habilitación para comparecer en juicio. Conforme á los art. 1253 y 1254, sólo se puede nombrar curador ad litem cuando el menor no tiene tutor ó curador, ó éste no puede representarlo con arreglo á derecho. Luego el art. 1354, al declarar que se le proveerá de curador ad litem, indica claramente que la mujer no tenía curador ordinario, porque, de tenerlo, á éste hubiese confiado la representación de la esposa.

—La respuesta no puede ser más fácil.—El art. 1354 no prejuzga la
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cuestión de si la mujer podía ó no tener curador ordinario. Supone, según la costumbre de todos los legisladores, quod plerumque fit y por eso dice: se le proveerá. Hemos dicho ya, en efecto, que las más de las veces la mujer no tendrá curador ordinario, puesto que sólo necesita su intervención en casos excepcionales.

12º Se nos objeta también que, según nuestra teoría, la mujer menor de edad casada está en peor condición que la soltera (arg. 7º).

Indudablemente. Mas la mujer mayor de edad casada está asimismo en peor condición que la soltera, toda vez que ésta no depende de nadie, y aquélla se encuentra sometida á su marido. No es, pues, extraño, sino natural y conforme al espíritu de nuestras leyes, que lo propio le suceda á la menor de edad. El sistema contrario es, como creemos haberlo demostrado, el que entraña gravísimas inconsecuencias y dificultades insolubles.

13º No es posible invocar contra nosotros ni la Pragmática de 1628 ni los artículos 45 y 46 de la Ley de matrimonio.

La primera concede al marido mayor de 18 años la administración de los bienes de su mujer menor, cosa que nosotros no hemos nunca negado. Los segundos le conceden además el derecho de autorizar á su mujer. Tampoco lo hemos negado. Respetamos esas leyes; pero queremos que se respeten igualmente las de Partida, que están también vigentes, y la de Enjuiciamiento. Y por eso es que, aplicando unas y otras, decidimos que, cuando se trata de enajenar ó gravar bienes raíces de la mujer, es necesaria la intervención de un curador, el cual deberá, como representante de una mujer casada, obtener la licencia del marido ó del Juez, y, como curador, observar los requisitos y formalidades impuestos en esos casos á todo guardador.

14º Tampoco vale el argumento sacado de la ley de 18 de Junio de 1870 sobre abolición de la pena de argolla, etc. (arg. 9º).

De la regla 4ª del art. 4º no se deduce que antes de la interdicción del marido la mujer no podía tener curador, sino—y esto es muy distinto—que podía no tenerlo. Con efecto, nosotros reconocemos que el marido es quien administra los bienes de su mujer menor y sólo creemos necesaria la intervención del curador—como nos hemos visto precisados á decirlo varias veces—cuando se trata de enajenar ó gravar bienes raíces de la esposa. Por consecuencia, repetimos que lo común y frecuente en la prá-
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tica será que la mujer casada menor de edad no tenga curador, porque tanto las personas que pueden nombrarlo por testamento como la misma mujer que puede pedirlo, considerarán inútil hacerlo mientras no se presente el caso indicado. Por el contrario, cuando el marido está sufriendo la pena de interdicción, no hay quien administre los bienes de la mujer, el curador es entonces absoluta e inmediatamente necesario y por eso ordena el legislador que se le nombre. Mas la ley no prejuzga la cuestión de si la mujer podía o no tener curador antes de la interdicción; lo que ha querido decir es: se le proveerá de curador, si no lo tuviera.

Y para demostrar perentoriamente que esta interpretación es la única exacta, nos bastará reproducir la regla 1ª del mismo artículo 4º: «Si el penado con la interdicción civil fuese soltero y estuviese emancipado, se le proveerá, según su edad, de curador ejemplar u ordinario, etc.». Como se vé, el legislador emplea aquí exactamente los mismos términos que en la regla 4º. Y ¿prueba eso, por ventura, que el soltero menor de edad emancipado no podía, antes de la interdicción, tener legalmente curador? Sabido es que no sólo podía, sino que debía tenerlo. Luego las mismas palabras se le proveerá tampoco prueban, en el caso de la regla 4º, que la mujer no pudiese legalmente tener curador.

15º Para terminar esta demostración, que la importancia de nuestros opositores y la circunstancia de no tener aliado alguno nos ha obligado á hacer tan larga, invocaremos un último argumento, que nos parece aún más irrefutable que los precedentes y que efectivamente no ha dos refutado.

La Ley Hipotecaria supone en varios artículos que la mujer casada menor de edad puede tener curador. El art. 182 (196 en Cuba) dice: «A falta de estas personas, y siendo menor la mujer, esté ó no casada, deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos el curador, si lo hubiere». «El curador de la mujer, dice el 184 (198 en Cuba), podrá pedir la hipoteca dotal, etc». Los artículos 183, 185 y 190 (197 199 y 204 en Cuba) hablan igualmente del curador de la mujer. En fin, el artículo 188 (202 en Cuba) exige de una manera implícita, pero evidente, la intervención del curador en uno de los casos en que, según nuestra teoría, es necesaria: «Si cualquiera de los cónyuges, dice, fuere menor de edad, se observarán en la enajenación de dichos bienes las reglas establecidas para este caso en la ley de Enjuiciamiento civil». Y entre las reglas «establecidas
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para este caso» se encuentran las siguientes: «Para decretar la venta de bienes de menores......se necesita: 1º Que la pida por escrito el tutor, del menor ó éste asistido de su curador (art. 1402); «el precio se entregará al tutor ó curador», etc. (art. 1410).

Repetimos que este argumento no ha sido refutado. Hé aquí lo único que dijo el disertante—y eso refiriéndose tan sólo á los artículos 182 y 190, y no al 188, más probante que los primeros en nuestro concepto—: «en cuanto á las demás consideraciones que dejo indicadas, basta examinarlas con algún detenimiento para persuadirse que no puede inferirse de ellas ningún argumento concluyente contra la doctrina que sostengo» (p. 101).

Pero ni el autor de la Memoria ni ninguno de los que la apoyaron hicieron ese examen detenido para probar que no es concluyente el argumento sacado de la Ley Hipotecaria.

63.—La doctrina que acabamos de sostener es, por más que se diga la admitida por el Tribunal Supremo.

En cuanto á la necesidad de la licencia judicial y de la subasta pública para enajenar los bienes raíces de la mujer menor, no cabe duda alguna. La encumbrada Corporación ha repetido una y otra vez «que la ley 60, tít. 18, Part. 3ª, contiene un precepto general y absoluto, con arreglo al cual, como lo tiene declarado repetidamente este Tribunal, no pueden enajenarse los bienes raíces de los menores, sino por los motivos y con las formalidades prevenidas en ella y en la 18, tít. 16, P. 6ª (28 de Nov. de 1863.—V. también las de 8 de Oct. de 1862, 2 de Dic. 1862, 12 de Marzo 1864), y, aplicando expresamente esos principios á la mujer casada, «que la prohibición de enajenar sin decreto judicial los bienes inmuebles de los menores es absoluta y por tanto comprende á la mujer casada menor de 25 años» (18 de Set. 1862).

Respecto á la necesidad de la intervención del curador, de los considerandos citados resulta ya con toda evidencia que el Supremo la admitía implícitamente.

Con efecto, según las expresadas sentencias, la enajenación de los bienes raíces de los menores debe hacerse con las formalidades previstas en las leyes 18 y 60. Ahora bien; lo que más esencialmente exigen dichas leyes es que el curador intervenga: «En que manera debe ser fecha la Carta, quando el Guardador del huérfano vende algunas cosas,
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Cas. ¿Qué hablas tú de temor?
Br. ¡Osas, esclavo,
Compadecerme? Compadece á Roma,
Y llora por sus hijos criminales,
Que han vendido su gloria y sus derechos
Por ventura sacrílega. Disfruten
Sus placeres indignos, y del seno
De sus honores, ó su torpe infamia,
Insulten el esfuerzo generoso
Con que al Cielo y á Roma vindicamos.
A tu suerte ¡oh Caton! nos abandona
Su odio feroz, y yo los abandono
A la ignominia de su vil grandeza.
He visto á la república entregada
A mil facciones y anegada en sangre
Por la insensata furia de sus hijos.
Testigo de estos males, he querido
Resucitar de Roma la grandeza.
Dentro de poco el fallo de la suerte
Detidirá: puedo morir vencido,
Pero libre morré. Si mi carrera
Llega á su fin, admirará marcada
Con austera virtud: nieto del héroe
Que á Tarquino expelió, yo recanimará
De Roma la virtud y su destino,
Si ella la gloria y libertad amará.
Esta cuestion, Agripa, terminemos:
La ley es mi señor: vuelve á los tuyos:
Dí que los conocemos.

La suspension de Heredia de su destino fué por haber defendido con las armas en la mano al gobierno legítimo contra una facción que se levantó en Jalapa en 1829 y logró al fin usurpar el poder soberano del Estado. Mas la hondura de esta conducta y su capacidad en el desempeño de su ministerio eran tan conocidas que el nuevo gobierno dió una prueba de imparcial justicia nombrándolo en Enero de 1831 oidor interi-
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que sean rayz, de las que del tiene en guardas; se pone de el Guardador del susodicho, con otorgamiento e con mandado del Juez, vende tal cosa, e tal heredad, &. Todos los terminos de las citadas leyes suponen, ordenan, exigen que haya un curador. Bien es verdad que la Ley de Enjuiciamiento ha introducido en este punto algunas modificaciones, pero, como lo hemos mostrado, la intervención del curador continúa siendo imprescindible (art. 1402, 19 y 1410).

Y puesto que las leyes enunciadas contienen preceptos generales y absolutos, siguese forzosamente que la intervención del curador es necesaria aún cuando la menor sea casada.

Así lo ha declarado, con efecto, el Supremo Tribunal de la manera más directa y terminante en su sentencia de 2 de Junio de 1868:

«Considerando que, según lo establecido por la ley, el marido es legítimo administrador de los bienes de su mujer menor de 25 años, y que en tal concepto es un deber inherente á tal cargo promover cuantas reclamaciones sean conducentes á la buena gestión del mismo;—Considerando que el marido en virtud de este carácter está legalmente habilitado para gestionar cuanto conduzca á la buena administración, en cuyo concepto se comprende la reclamación de la deuda que ha dado origen á estos autos, sin que haya habido necesidad del discernimiento del cargo de curador, NO TRATÁNDOSE, COMO NO SE TRATA, DE ENAJENACIÓN NI HIPOTECAS».

El disertante afirmó que esta sentencia «es favorable á su tesis, pues declara que el marido de una mujer menor puede litigar á nombre de ésta sin que tenga discernido el cargo de curador» (p. 596). Cierto. ¿Pero, cuándo? Cuando—como lo declara textual y categóricamente la sentencia—se trata de «cuanto conduzca á la buena administración», cuando «no se trata de enajenación ni hipoteca», porque, tratándose de enajenación ó hipoteca, hay «necesidad del discernimiento del cargo de curador».

Y esa distinción es cabalmente la que nosotros hemos sostenido, y, según creemos, demostrado. (1)

(1) La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente en la Península desde el 12 de Abril último—y que, aprovechando la oportunidad, pedimos por segunda vez se declare cuanto antes aplicable á estas provincias—no distingue tampoco entre los menores casados y los solteros al tratar del nombramiento de curadores para los bienes en el Libro III, título 3º, Sección segunda. Y los nuevos artículos 1853, 2012, núm.
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II.

64.—La anterior solución nos servirá de norma en los casos análogos que pueden presentarse.

A.—La mujer es mayor y el marido menor de 25 años.

Este caso, dicho sea de paso, no nos parece tan anómalo como se ha pretendido en unos tiempos en que, así en las viejas capitales de Europa como en las nuevas ciudades de América, se considera tan á menudo el matrimonio, no como un vínculo sagrado que enlaza dos corazones igualmente llenos de amor, sino como una especulación afortunada que une dos bolsas, una vacía y otra repleta.

El disertante Sr. Lobatón y Aranda sostuvo, sin encontrar oposición, que el marido en nuestra hipótesis tiene los mismos derechos que si fuese mayor (Revista, t. 52, p. 102 y 106).

Nosotros somos del propio parecer cuando el marido la cumplido los 18 años. Pero no podemos opinar del mismo modo cuando aún no ha llegado á esa edad.

La cuestión se halla resuelta de la manera más terminante por la Ley de Matrimonio: «El marido menor de 18 años no podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados en el párrafo anterior». Y entre «los derechos expresados en el párrafo anterior» se cuenta el que nos ocupa, á saber, el de dar á su mujer licencia para celebrar actos y contratos.

En presencia de un texto tan claro y decisivo, no comprendemos dudas ni vacilaciones de ningún género: el marido menor de 18 años no puede dar licencia á su mujer mayor. Mas no por eso adquiere la mujer plena capacidad. Nuestro artículo se limita á declarar que el marido no es el que puede autorizarla. Queda, pues, sometida á la regla general que le prohibe contratar sin licencia. Pero como el marido no puede dársela, aplicaremos por analogía la ley 59 de Toro y decidiremos que debe obtener directamente la del Juez. No vemos otro modo de conciliar nuestras diferentes disposiciones legales.

22, 2024 y 2029 reproducen respectivamente sin cambio alguno las disposiciones de los antiguos artículos 1253 y 1254, 1402, n° 12, 1410 y 1413.—Subsisten, por lo tanto, los argumentos que hemos expuesto en los párrafos 62, números 1º, 5º, 7º, 8º, 11º y 15º, y 63.
(Nota agregada durante la impresión de la Memoria.)