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sobre sus arras. Y la libertad era tan absoluta que algunas mujeres, como nos lo dice el texto latino de nuestra ley, las daban á aquellos «cum quibus constititerit nequiter eas vixisse»; 2º Que el rey Chindasvinto estableció sobre ellas una legítima de tres cuartas partes á favor de los descendientes; 3º Que la mujer continuó libre de «fazer de sus arras lo que quisiere» cuando no tuviese «hijo ó nieto vivo», y de disponer en todo caso de la cuarta parte de dichos bienes.

Esto corrobora de nuevo lo que hemos dicho de los gananciales. Si tan omnímodas eran las facultades de la mujer en los bienes que debió á la liberalidad de su marido, ¿con cuánto mayor motivo no habrían de ser respetados sus derechos sobre los que adquiría en virtud de la ley? Así es que, cuando los legisladores posteriores atribuyeron al marido la administración de los gananciales, le concedieron igualmente la de las arras. Lo dispuesto en este punto por el Libro de los Jueces muestra claramente que el legislador de Toledo aceptó el principio de la independencia pecuniaria de la mujer casada con todas sus consecuencias y sin ninguna linaje de limitaciones.

93.—Por último, fácil es suponer cuál fuese la capacidad de la mujer respecto de sus propios.

Las leyes no lo dicen expresamente. Pero la solución tiene que ser a fortiori la misma que en los casos precedentes. Basta para ello aplicar el derecho común. A la mujer, propietaria exclusiva y absoluta de su caudal, es á quien únicamente debe competir la facultad de administrarlo, gravarlo, enajenarlo y defenderlo en juicio.

94.—Tal era la capacidad objetiva de la mujer, según el Fuero Juzgo. Y si recordamos lo en otro lugar expuesto sobre su capacidad subjetiva (números 1 y siguientes), resulta que la capacidad jurídica de la mujer casada era en principio plena y cumplida, según el Libro de los Jueces.

Y sin embargo, una ley del mismo Código dice que «el marido á la mujer en su poder segund la sancta escriptura» (Ley 16, tit. 2, Lib. 4º).

Los que tan peregrinas consecuencias sacan del principio de la potestad marital extrañarán seguramente que los legisladores godos la hayan creído conciliable con la plena capacidad civil de la mujer. No así nosotros. Segund la sancta escriptura, según las enseñanzas de Aquel cuyo reino no era de este mundo, el poder del marido no puede consistir en una especulación vergonzosa ni en una tiranía mezquina, sino en una
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DISCURSO
sobre la agricultura en la Habana y medio de fomentarla.

El siguiente discurso fué escrito por el eminente patricio don Francisco Arango y Parreño cuando era apoderado del Excmo. Ayuntamiento de esta capital en Madrid, y fué presentado á S. M. con el objeto de promover el progreso de nuestra agricultura, acompañando el plan de las reformas que, en su opinión, deberían adoptarse para conseguirlo.

Señor:

Don Francisco de Arango y Parreño, Apoderado General de la Ciudad de la Habana, con el mayor respeto expone á V. M. que creídos sus causantes de que el Correo extraordinario que llegó ayer á esta Corte ha salido de aquel puerto con el objeto de anunciar los lamentables efectos de la sublevación que ha habido en la Colonia del Guarico, y persuadidos también de que el exámen de este suceso, después de excitar la compasión del Gobierno por la desgracia del vecino, ha de fijarse en descubrir la trascendencia y relaciones, que pueda tener con nuestras islas, han conceptuado preciso encargar al exponente que esté á la mira de todo; y que oportunamente haga ver á vuestra Majestad la inquietud en que se hallan por su inmediación al incendio, y por la posibilidad de su comunicación.
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protección desinteresada. El derecho de exigir de su consorte fidelidad, respeto y obediencia en los asuntos domésticos, he ahí á lo que se reduce la potestad del marido segund la sancta escriptura y la razón natural. Y así lo comprendieron los legisladores de Toledo.

No lo olviden los que, para mantener á la mujer en una esclavitud disfrazada, invocan las tradiciones nacionales y los dogmas del cristianismo, y de ateos y afrancesados tratan á los que reclaman su emancipación. Españoles y católicos eran, ó mucho nos equivocamos, los redactores del Fuero Juzgo, y ellos, los fundadores de nuestra raza y de nuestra nacionalidad, son los que—recientemente convertidos al cristianismo y reunidos en asambleas en que predominaba el clero, en que hacían oír su voz los más ilustres prelados de la época—sancionaron el principio de la independencia de la mujer casada respecto á los actos de la vida civil.

II.—LEGISLACIÓN FORAL.

95.—Al renacer el mundium germánico en los Fueros municipales, la capacidad objetiva de la mujer casada sufrió, como la subjetiva, las más graves modificaciones.

En cuanto á los bienes comunes, la mujer, durante el matrimonio, no tiene derecho alguno; el marido es quien únicamente y por sí solo puede administrarlos, enajenarlos y gravarlos (Fuero Viejo, Ley 8, tit. 1º Libro 5º.—Ley 205 del Estilo).

«Aunque el derecho de los cónyuges debiera ser igual, dice á este respecto el Dr. Gutierrez y Fernandez, el buen orden exige que el marido disponga de estos bienes» (T. 1, 4ª ed., p. 577). No se nos alcanza cómo puede el buen orden exigir una disposición que se declara contraria á lo que debiera ser, pero conste de nuevo que los primeros que entre nosotros comprendieron de ese modo las exigencias del buen orden, no fueron los sabios prelados de Toledo, sino los toscos guerreros de los siglos medios.

96.—Respecto de los bienes propios de la mujer, ésta es en principio la que tiene el derecho de enajenarlos, si bien necesita para ello licencia de su marido, en virtud de las reglas que rigen su capacidad subjetiva; el marido por sí solo no puede venderlos.

Pero el Fuero Viejo contiene sobre este punto las más curiosas dispo-
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siciones: «E si el marido vendier algund eredamiento, que sea de sua mujer, sin otorgamiento de ella, non lo pude demandar en sua vida dél, viendo con él, é estando en suo poder; mas tal eredamiento como este, puedelo demandar ella, o sus eraderos despues de la muerte del marido.» (Ley 7, tít. 19, Lib. 59). Y lo mismo repite la 8ª. «Otrosi puede (el marido) vender, si quisier, los bienes quella anie de suos próprios muebles, e eredades ante que casase con él, e despues que casó con él en vida del suo marido non le puede contrallar, nin le puede demandar; mas despues de la muerte del marido, puede demandar estos bienes ella a suos erederos, dó quier los falle.»

Como se vé, la ley prohibe al marido hacer la venta; pero, si el marido viola la ley y despoja á su mujer, el buen orden exige que no se le moleste mientras viva y se le deje gozar impunemente de su fechoría!

97.—Pasivamente, la mujer responde con sus bienes propios de la mitad de las deudas que el marido contrae por sí sólo:

«Y es á saber, dice la ley 207 del Estilo, que el deudo que face el marido, maguer la muger no lo otorgue, ni sea en la carta del deudo, tenn-da es á la meytad de la deuda.»—Las palabras subrayadas demuestran, á nuestro juicio, que se ha querido declarar á la mujer responsable, no con su mitad de gananciales, sino con sus bienes propios, porque, pudiendo el marido disponer libremente de los gananciales durante el matrimonio, evidente es que éstos responden por el todo de las deudas del jefe de la sociedad.

En el mismo sentido había decidido ya el Fuero Viejo «que si el marido face alguna debda, o fiaduria por cosas, que le pertencen á él, ansi como comprar bestias, o tomar pan emprestad, o otras cosas semejables, que son a pró dellos, la muger a sua parte en ellas, maguer quella non sea en la fiaduria á otorgar, quando la figo el marido.» Manifiesto es igualmente que la responsabilidad de la mujer se entiende aquí en cuanto á sus propios, porque, respecto de los gananciales, la ley 8 ha declarado ya que el marido puede hacer de ellos lo que «quisier, e ella (la mujer) non gelo pueda embargar.»

Más claramente, creemos que, según la legislación foral, de las deudas contraídas por el marido respondían principalmente y por el todo los gananciales y los propios del mismo marido, subsidiariamente y por mitad los propios de la mujer.
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Confirma esta interpretación la excepción que admiten la citada ley del Fuero Viejo y la 5ª, tít. 18, Lib. 3º del Fuero Real. «Mas, dice la primera, si el marido enfiò algund otro ome por hacerle placer, ella nin suos bienes non an que ver en tal fiaduria. E si saca algunos maravedís de Judíos, o de otro logar el marido encubiertamente, non a ella en ello parte, nin en suos bienes, si non se probare que fue metido en pró de él, e della.» Y en virtud de la segunda, «si el marido ficiere fiadura sin otorgamiento de su mujer, e la pechar, ella, ni sus herederos no sean tenudos de pechar ninguna cosa por razon desta fiadura, en vida, ni en muerte.»

Todos los términos de estas leyes están indicando claramente que se trata de los bienes propios de la mujer, de suos bienes, como dice la del Fuero Viejo. Y lo demuestra también el mismo hecho de exceptuarse algunas de las obligaciones del marido, porque repetimos que los gananciales, como sus propios bienes, responden de todas sin excepción.

Obsérvese por lo demás—y esto corrobora una vez más nuestra explicación—que de la ley 12, tít. 1º, Lib. 5º del Fuero Viejo resulta una regla análoga en cuanto á las deudas de la mujer: «Si la mujer, que a marido, face debda, o mete fiadores á otro ome por cualquier debda que sea, el marido non lo otorgando non pagará la debda, nin quitará la debda, nin fiaduria, que oviese la mujer fecho.»—Como se vé, la ley no distingue; ordena de una manera general que el marido «non lo otorgando non pagará la debda». «Otorgándolo», por consiguiente, la pagará, y la pagará, no sólo de los gananciales, si que también de sus propios.

98.—Nada dice el Fuero Viejo sobre las arras.

Es de suponer, por lo tanto, que estuviesen sometidas á las mismas leyes que los propios de la mujer.

III.—LAS PARTIDAS.

99.—Con las Partidas cambia de nuevo la escena.

El Código Alfonsino tolera la sociedad conyugal cuando se hubiere pactado ó fuere costumbre «de aquella tierra do fizieron el casamiento» (Ley 24, tít. 11, Part. 4ª). Mas lo que establece como régimen legal es el sistema dotal romano, tal como lo modificaron las últimas reformas de Justiniano.

Así, pues, la capacidad objetiva de la mujer casada, según la compi-
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lación del Rey Sabio, es la misma que bajo el emperador bizantino. La esposa no tiene en principio ningún derecho sobre sus bienes dotales, porque al marido, durante el matrimonio, es á quien pertenece, ya el verdadero dominio, ya el dominium civile de los mismos. Mas los parafernales quedan sometidos al derecho común, y, por consecuencia, á la mujer, propietaria única y absoluta de ellos, es á quien exclusivamente corresponde, por sí sola y sin licencia alguna, administrarlos, enajenarlos, gravarlos y obligarlos.

100.—Legalmente, el sistema dotal no debió nunca haber adquirido derecho de ciudadanía en nuestra legislación.

Con efecto, sabido es que la ley 1ª, tit. 28 del Ordenamiento de Alcalá es la que dió fuerza legal á las Partidas, pero sólo «en aquello que non furen contrarias á las Leyes deste nuestro Libro, é á los fueros sobredichos».

Ahora bién: las leyes de Partida son diametralmente contrarias á las forales en todo lo concerniente á los bienes del matrimonio. Hay disparidad completa, antagonismo radical, incompatibilidad absoluta entre uno y otro régimen: el primero nació en la reina del mundo antiguo, el segundo en las selvas de la Germania; la mujer es, según el uno, quien dá la dote al marido, y, según el otro, el marido á la mujer; éste permite al marido usufructuar y hasta obligar los bienes propios de la mujer, aquél no le concede más derechos que los que la misma mujer le otorga.

En virtud, por consiguiente, de la ley del Ordenamiento, las Partidas no eran aplicables en este punto, y los bienes, como las personas de los cónyuges, debian regirse exclusivamente por las disposiciones de los Fue- ros municipales, del Viejo y del Real.

Pero, como hemos observado en otras ocasiones, los autores, letrados y jueces de aquella época, que estudiaban en el Digesto y despreciaban las compilaciones nacionales, no podían resignarse á relegar el Código Alfonso- no al último lugar. No les era posible, sin embargo, darle por completo la preferencia en la cuestión que nos ocupa, porque la sociedad de gananciales era costumbre inveterada y general en casi todo el reino. Idearon, por lo tanto, conciliar lo inconciliable, aplicando á un tiempo ambas legisaciones. Y esta práctica fué sancionada implícitamente por las leyes de Toro, muchas de las cuales hablan de la dote, tal como la organizaron las Partidas.
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Desde entonces, nuestra legislación vigente ofrece, en esta como en tantas otras cuestiones, una mezcla confusa de principios y leyes contradictorias. No se extrañe, pues, que haya dado y dé lugar á dificultades gravísimas y poco menos que insolubles.

Capítulo II.

DERECHO COMUN VIGENTE.

101.—En virtud de la fusión operada entre el sistema de las Partidas y el de los Fueros, hay que distinguir entre los bienes pertenecientes al marido, los comunes y los propios de la mujer, subdividiéndose estos últimos en dotaless, arras y parafernales.

Al estudiar la capacidad que en ellos tiene la mujer, dividiremos nuestro trabajo en dos secciones. En la primera, examinaremos la capacidad de la mujer con relación á los actos de administración, enajenación y gravamen. En la segunda, nos preguntaremos cuál es su capacidad para obligarlos, ó, en otros términos, cuáles son los bienes matrimoniales que responden de las deudas contraídas por la esposa.

SECCION I.

Actos de administración y disposición.

Artículo I.—Bienes del marido.

102.—Las leyes no han establecido reglas especiales respecto á los bienes del marido.

Están, por lo tanto, sometidos al derecho común. El marido es quien únicamente puede administrarlos, enajenarlos y obligarlos. Pero puede dar poder á su mujer para que ésta celebre esos actos en su nombre.

Aquí se ve claramente la importancia práctica de la distinción, en otros lugares expuesta y demostrada (números 25, 26 y 85), entre la licencia y el poder. La primera sólo faculta á la mujer para enajenar á
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obligar sus bienes propios; la segunda, para enajenar u obligar los bienes de su marido.

Y de ahí una consecuencia importantísima. Cuando se trata de sus bienes propios es únicamente cuando la mujer, no obteniendo la licencia de su marido, puede pedir la del juez. Pero respecto de los bienes del marido, la mujer no tiene ni puede tener más derechos que los que el mismo marido le otorga en virtud de un poder. Y, según las reglas del mandato, el marido es dueño absoluto de dar ó negar ese poder; si se niega á otorgarlo, ningún juez puede hacerlo en su lugar.

103.—La mujer podrá igualmente, en virtud de los principios generales, ser negotiorum gestor de su marido.

Pero necesitaría para ello autorización judicial. En efecto, hemos visto (número 22) que la mujer no puede obligarse activamente en los cuasi contratos sin licencia de su marido ó del juez. El marido, en el caso que nos ocupa, no puede dársela ni expresa ni tácitamente, puesto que la gestión de negocios tiene cabalmente lugar cuando la ley presume en el dueño de los bienes un consentimiento que en realidad no ha dado. Luego es necesaria la del juez.

104.—Excepcionalmente, la mujer administra los bienes de su marido:

1º Cuando se la nombra curadora ejemplar de su esposo en virtud, del art. 1245 de la ley de E. C. (1) En este caso es evidente que tiene respecto de esos bienes los mismos derechos y está sometida á las mismas obligaciones que todo curador.

2º Cuando el marido se halla sufriendo la pena de interdicción (Ley de 18 de Junio de 1870 sobre abolición de la pena de argolla, etc.)

Verdad es que la regla cuarta del art. 4º sólo confía textualmente á la mujer «la administración de los bienes de la sociedad conyugal», entre los cuales rigorosamente no figuran los del marido. Mas de la combinación de las diferentes reglas contenidas en el expresado artículo resulta claramente que el legislador comprendió lato sensu los bienes del marido entre los comunes. En efecto, nuestro artículo empieza por decidir que si el penado es soltero y emancipado, ó es casado y se halla separado de su

(1) Disposición reproducida, como ya hemos dicho, en el 1849 de la nueva Ley de Enjuiciamiento vigente en la Península desde el 1º de Abril último.
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cónyuge, se le nombre un curador ejemplar u ordinario, «á fin de que administre sus bienes» (reglas 1ª y 2ª). Y después de eso es cuando la regla 4ª declara que «si el penado estuviere casado y no separado por sentencia de divorcio de su mujer, se encargará ésta de la administración de los bienes de la sociedad conyugal». La mente del legislador no puede ser más clara: el penado casado y no divorciado no necesita curador, porque las atribuciones de éste se confían á la mujer. De lo contrario, quién administraría sus bienes?

La regla 5ª confirma esta interpretación. Decide que «los bienes del penado que correspondan á la clase de los comprendidos en el art. 1401 de la Ley de E. C. no podrán ser enajenados, hipotecados, empeñados ni gravados sino en la forma y con las solemnidades establecidas en los artículos 1402 y siguientes de la misma ley.» Pero, ¿quién hará esos actos de enajenación y gravamen? ¿El mismo penado? No, porque la ley se lo prohíbe (art. 43 Cód. Pen.) ¿El curador? No lo hay.

Resulta, pues, forzosamente que la mujer hace las veces de curador del penado, y, en tal concepto, administra los bienes de éste y los enajena y grava con las formalidades legales.

Artículo II.—Gananciales.

105.—Según la ley 5ª, tit. 4º, Lib. 10 de la Nov. Rec., al marido, durante el matrimonio, es en principio á quien únicamente compete el derecho de administrar y enajenar los gananciales.

De consiguiente, la mujer, respecto de los bienes comunes, se encuentra en la misma situación que respecto á los propios del marido. Cuanto hemos dicho sobre éstos se aplica igualmente á aquellos.

Así es que la esposa sólo podría administrar ó enajenar dichos bienes en virtud de un poder expreso ó tácito de su marido. Y se trata aquí de un poder propiamente tal, de un mandato, no de una licencia. Por consecuencia, no sería dable á la cónyuge invocar la ley 57 de Toro y pedir al juez que la autorice para administrar ó enajenar los gananciales, cuando el marido se niega á permitírselo.

106.—Por las mismas razones creemos que tampoco podría la mujer, estando ausente el marido, invocar la ley 59.

Pero nada se opone á que el juez la autorice á encargarse de la ad-
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ministración y manejo de los gananciales á título de negotiorum gestor. Por un lado, es una regla general que toda persona mayor de 17 años puede ponerse sin mandato á administrar los negocios de un ausente (Leyes 26 y 27, tit. 12, Par. 5ª—Escríche, Diccionario, vº Ausente, 1874, t. 19, p. 874, col. 2ª in fine); y por otro, la mujer casada, en ausencia de su marido, puede con licencia del juez celebrar toda clase de contratos y casi contratos.

Y adviértase que hay una gran diferencia entre los dos casos. Si la mujer pudiese obtener directamente del juez licencia para administrar los gananciales, los administraría por derecho propio y tendría las mismas facultades de un propietario. No siendo más que un negotiorum gestor, estará sometida á todas las reglas del casi contrato de gestión de negocios.

Es, por lo demás, indudable que, por aplicación del derecho común, la mujer, estando ausente su marido, podría ser nombrada curadora de los bienes gananciales como de los propios de aquél (Escríche, Diccionario, loc. cit.).

107.—La mujer administra excepcionalmente los gananciales en los mismos dos casos en que la ley le confía la administración de los bienes del marido (V. n° 104.)

Artículo 3º.—Dote.

108.—Sabido es que los autores han discutido largamente sobre la naturaleza del derecho que el marido tiene en la dote. A nosotros no nos toca, ni nos importa, ocuparnos de esa cuestión. Cualquiera que sea la teoría adoptada, todos convienen en los mismos resultados prácticos.

En cuanto á la administración de la dote, es evidente que pertenece exclusivamente al marido, ya se trate de la dote estimada, ya de la inestimada: «e el marido debe ser señor e poderoso...... de recibir los frutos de todo comunamente» (Ley 7ª, tit. 11, P. 4ª). Es, por tanto, necesario aplicar de nuevo aquí lo expuesto respecto de los bienes del marido y de los gananciales: la mujer sólo puede administrar la dote cuando el marido le dé poder para ello (V. números 102 á 107).

Pero, á más de los indicados (nº 104), hay un caso especial en que la mujer adquiere el derecho de administrar los bienes dotales, y es, cuando,
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no habiendo el marido constituido hipoteca dotal y comenzando á dilapidar sus bienes, la mujer pide en juicio que los que subsistan de su dote se le entreguen, se depositen en lugar seguro ó se pongan en administración, y el juez tiene á bien adoptar el primer remedio (Ley 29, tit. 11, Part. 4ª, modificada por el art. 187 (201 en Cuba) de la Ley Hipotecaria.)

109.—Respecto á los actos de disposición, la legislación ha variado.

Según la citada Ley 7ª, tit. 11, Part. 4ª, «non puede el marido vender, nin enagenar, nin malmeter, mientra que dure el matrimonio, la donación quel dio a la mujer, nin la dote que recibio della; fueras ende, si la diere apreciada.»

De ahí resultaba: 1º que el marido era dueño único y absoluto de enajenar la dote estimada. De consiguiente, la mujer se hallaba, respecto á ella, en la misma situación que hemos descrito en los dos artículos precedentes. 2º Que la dote inestimada era inalienable. En efecto ni el marido ni la mujer podian disponer de ella: el marido, porque la ley 7ª se lo prohibia expresamente; la mujer, porque, no ella, sino el marido era el «Señor e poderoso de todo esto sobredicho», y, como quiera que se interpreten estas palabras, era preciso convenir y convenían todos los autores en que la esposa, aun suponiéndola propietaria de la dote inestimada, no podía durante el matrimonio ejercer su derecho de propiedad. Además, el marido estaba obligado á restituir la dote inapreciada en especie. De lo que se seguía forzosamente que era inenajenable.

En la práctica, sin embargo, no se respetaba esta disposición legal, sobre todo cuando las enajenaciones no excedían de la mitad de la dote inestimada. Se permitía al marido hacerlas con tal que la mujer consintiese con juramento y renunciase al Veleyano; pero la mujer podía repetir el precio contra los bienes del marido, y, no bastando éstos, reclamar la misma finca vendida, ó su importe, á elección del comprador, á menos que, al tiempo de dar ella su consentimiento, no tuviese ya el marido bienes con que reintegrarla. Y además, se consideraba la venta como definitivamente válida, cuando la mujer era quien la hacia por sí sola con licencia de su marido (V. Tapia, Febrero Novísimo, Libro 1º, Tit. 2º, Cap. 39, números 10, 11 y 12).

Urgía, por lo tanto, que el legislador interviniese. «Semejante estado de contradicción entre la Ley y la conveniencia pública, y entre lo pres-