ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 518

de los parafernales, es la que le concede, al declararla propietaria de ellos, el derecho de enajenarlos, gravarlos é hipotecarlos.

Así es que todos los argumentos empleados por nuestros contrarios, á suponerlos exactos, se aplicarian igualmente á los actos de enajenación y gravamen.—La ley 55, se dice, es general, y no deroga por tanto la 17, que es especial y atribuye la administración de los parafernales á la mujer; luego ésta puede administrarlos sin licencia.—Con la misma razón, ó, mejor dicho, con la misma sinrazón podríamos decir: La ley 55 es general, y no deroga por tanto la 17, que es especial y atribuye á la mujer el dominio de los parafernales; luego ésta puede enajenarlos sin licencia.

Así, pues, el mejor argumento contra la distinción que combatimos es la distinción misma. Si los autores franceses, adonde tal vez se haya ido á buscarla, la presentan, es porque el Código Napoleón la establece formalmente en el artículo 1576. Pero entre nosotros, no sólo no hay ningún texto que la adopte, sino que las mismas leyes, en que se pretende apoyarla, la rechazan. Serán quizás malas; pero, mientras subsistan, no se culpe al más alto de nuestros tribunales porque las respeta y aplica.

120.—Lo que llevamos expuesto sobre los parafernales se entiende solamente cuando la mujer «non los diere al marido señaladamente, nin fuese su entención que haya el señorío» en ellos.

Mas si la esposa los entregase al marido «para su administración por escritura pública y bajo la fé de Notario», entonces la condición de los parafernales, en lo que mira á la capacidad de los consortes en ellos, sería la misma que las de los dotales inestimados. De consiguiente, cuanto hemos dicho respecto á éstos se aplicaría en esa hipótesis á aquéllos (Ley 17, tit. 11, Part. 4º y artículos 194 y 205 de la Ley Hipotecaria (de Cuba, combinados).

SECCION II.

De la capacidad de la mujer para obligar los bienes del matrimonio.

121.—Hemos llegado á la parte más difícil de nuestro trabajo. ¿Cuál es la capacidad de la mujer para obligar los bienes del matrimonio? O, en otros términos, ¿cuáles son los bienes del matrimonio que responden de las deudas contraídas por la mujer?
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 519

La cuestión, según creemos, es muy oscura y confusa entre nosotros. Y eso por culpa de los expositores de nuestro derecho. Todos los jurisconsultos extranjeros, desde Guy Coquille y Pothier hasta Blackstone, Dalloz y Holtzendorff, tratan separadamente de las deudas de la mujer y de las del marido, y examinan, también con la debida separación, cuál es la suerte de unas y otras en lo que respecta á las relaciones de los cónyuges con sus acreedores y en lo tocante á las relaciones de los consortes entre sí. Nuestros pragmáticos, por el contrario, sólo se ocupan de las deudas al tratar de la disolución de la sociedad conyugal y muchos ni siquiera entonces hablan especialmente de las contraídas por la mujer. De ahí la oscuridad, la confusión á que aludíamos.

Ojalá que, al esforzarnos nosotros en exponer esta materia con la mayor claridad posible, supla al talento que nos falta el buen deseo que nos sobra.

122.—Nos parece, ante todo, indispensable distinguir entre la responsabilidad de la mujer para con sus acreedores y la que le incumbe en sus relaciones con su marido.

Esta distinción es una consecuencia forzosa del principio de la sociedad conyugal y existe, por lo tanto, necesariamente en todas las legislaciones que lo admiten.

Entre nosotros, las leyes relativas á los gananciales, como lo ha declarado el Tribunal Supremo, «se refieren á la época de la disolución del matrimonio por muerte ó divorcio» (Sent. de 4 de Marzo de 1867). De ellas se ha deducido—porque no lo dicen expresamente—cuáles son los bienes que responden de las deudas contraídas por los cónyuges. Mas ¿en qué momento y bajo qué punto de vista? Cuando se disuelve el matrimonio y en lo concerniente á las relaciones de los cónyuges entre sí.

Ahora bien; es indudable que los acreedores no están obligados á esperar que el matrimonio se disuelva para cobrar sus créditos, ni á pasar por lo que decidan el consorte sobreviviente y los herederos del premortuo, lo cual es para ellos res inter alios acta. La circunstancia de ser casado el deudor no cambia en lo más mínimo la naturaleza y efectos de la obligación contraída. Invocando el derecho común, el acreedor tiene la facultad de dirigirse á su deudor, sea éste quien fuere, el día del vencimiento, y, si no paga, ejecutarlo en sus bienes. Sin duda, si el deudor es, por ejemplo, un marido que paga con sus bienes personales una deuda
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 52

mildamente la gracia de que su calificacion se confie tan solamente á las superiores luces de la Suprema Junta de Estado, para que se trate este asunto con la reserva que pide, y se excusen las perjudiciales demoras, que proporcionaría la consulta y exámen de otros cuerpos, ó al mémos Señor, que no se dilate la decision de los puntos en que no haya inconveniente; que se separen desde luego los que parezcan que piden informe ó mayores dilaciones.

Si me excedo en esta súplica, no es para mi interés: repito, que es para el de V. M., que consiste en aprovechar este momento, el único en que puede darse un fomento increíble á la riqueza nacional, ó lo que es lo mismo, á la agricultura de Cuba.

Tampoco crea V. M. que pido una cosa irregular en pretender que se decida sin informe de otros cuerpos un asunto de tanta entidad, y de tan grandes relaciones: Yo nada digo en mi papel que no haya probado, ó que no esté pronto á probar, y además de esto, existirán en el Archivo de la Secretaría de Indias mil expedientes que satisfagan las dudas que pudieran ocurrir, para expedir la Real Cédula de 12 de Abril de 1786 en beneficio de la isla de Santo Domingo: de ninguna parte puede venir más ilustración que de este expediente.

Lo mismo que concedió el Augusto Padre de V. M. á aquellos isleños es, con corta diferencia, lo que yo pido para los míos; pues hasta el proyecto que se incluye, y que parece un pensamiento original, está indicado en la gracia 3ª, 1ª y 12ª de aquella Cédula.

Guardada proporcion entre la fortuna de las dos Islas, la razon de decidir es la misma en una que en otra, y en las presentes circunstancias tal vez es más favorable á la isla de Cuba, que á la de Santo Domingo. La última está cadavérica y para resucitarla es menester un milagro político, como V. M. lo ha visto prácticamente en los ningunos progresos que ha hecho después de la citada Real Cédula; y la de Cuba, por el contrario, está convidando á su amo, prometiéndole ciento por uno si se digna dispensarla su protección; si se digna atender sus súplicas, concediéndola una parte de las gracias que obtuvieron de la bondad del Señor Don Carlos III, los vecinos de Santo Domingo.

Madrid y Enero 24 de 1792.
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 520

común, tendrá derecho á indemnizarse en los gananciales cuando se haga la liquidación de la sociedad conyugal; pero esta es una cuestión entre marido y mujer, con la cual nada tienen que ver los acreedores.

Hé ahí, pues, el doble aspecto del problema que nos ocupa. Para estudiar cumplidamente los efectos de las deudas contraídas por uno ó otro cónyuge, no basta examinar cuáles son las que definitivamente soporta en sus relaciones con el otro consorte; es preciso además investigar de cuáles y con qué bienes responde á sus acreedores.

Dividiremos, por consecuencia, esta sección en dos artículos: en el primero trataremos de las deudas de la mujer bajo el punto de vista de su responsabilidad para con sus acreedores; en el segundo, de las deudas de la mujer bajo el punto de vista de sus relaciones con su marido.

ARTICULO I.—DE LAS DEUDAS DE LA MUJER BAJO EL PUNTO DE VISTA DE SU RESPONSABILIDAD PARA CON SUS ACREEEDORES.

123.—El principio fundamental en esta materia es que «quien se obliga, obliga todos sus bienes y nada más que sus bienes» (Escríche, Diccionario, vº Acredor—Accarias, «Précis de Dr. Rom., nº 284»).

Él nos servirá de guía para decidir cuáles son los bienes del matrimonio que responden de las deudas de la mujer.

§ 19.—Parafernales.

124.—Ante todo, en virtud del principio que acabamos de enunciar, es evidente é indisputible—y por eso hemos cambiado el orden seguido en la sección precedente—que la mujer obliga sus parafernales al pago de sus deudas. Los parafernales, en efecto, son única y exclusivamente suyos.

Pero es igualmente manifiesto que las obligaciones deben haber sido contraídas con licencia del marido ó del Juez, porque, sin este requisito, son nulas.

De acuerdo con estos principios, el Tribunal Supremo ha declarado «que la mujer puede contratar válidamente, con licencia de su marido, sobre sus bienes parafernales» (Sent. de 30 de Enero de 1862 y 6 de Julio de 1872).
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 521

125.—La nulidad de la obligación contraída sin licencia debe entenderse con una salvedad importante.

Nadie debe enriquecerse á expensas de otro: «Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem» (Dig. I., 206, De reg. jür., L., 17—Regla 17, tit. 34, Part. 7ª). Y bien se echa de ver que no se trata aquí de una disposición especial, sino de una regla general, absoluta, fundada en la equidad y aplicable á toda clase de personas.

Por consiguiente, la mujer responderá con sus parafernales de la obligación contraída sin licencia quatenus locupletior facta est.

126.—Tampoco responden los parafernales de las deudas contraídas por la mujer como apoderada de su marido.

Creemos haber suficientemente demostrado que no debe confundirse la licencia que el marido dá á su mujer con el poder que le otorga. No volveremos, pues, sobre ese punto, y nos limitaremos en lo adelante á exponer las consecuencias que de aquella distinción se deducen.

La principal de estas consecuencias se relaciona con la materia que actualmente nos ocupa.

El que contrae con licencia de otro, se obliga á sí mismo sin obligar al otro; mientras que el mandatario obliga al mandante sin obligarse él mismo. Por manera que los parafernales responden de las deudas contraídas por la mujer con autorización, pero nó de las que contrae como apoderada de su marido.

Por lo demás, ocioso es advertir que no pretendemos hacer depender el resultado de las palabras empleadas, pues no ignoramos que en nuestro derecho no hay términos sacramentales y en la interpretación de los contratos se atiende á la voluntad de las partes.

Lo que decimos es que, si consta que el marido sólo quiso autorizar á su mujer para que ella se obligase en nombre propio, las reglas aplicables son las de la licencia: los parafernales responden de la deuda. Pero si resulta que la voluntad del marido fué que la mujer contratase en nombre de él, las reglas aplicables son las del mandato: los parafernales no responden de la obligación.

127.—Algunos autores sostienen que, cuando la mujer ejerce el comercio con autorización del marido, sus parafernales no están afectos á las consecuencias del tráfico (La Serna y Reus, Código de Comercio, 4ª
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 522

ed., p. 36, nota 1, y Vicente Carabantes, citado por el señor Huebraj:
Mas los señores Gonzalez Huebra (Curso de Derecho Mercantil, 1859, p. 27, nota) y Martí Eixalá (citado por el anterior) parecen pensar lo contrario. Y de esta opinión somos decididamente nosotros:

1º El principio fundamental en estas cuestiones es, como hemos dicho, que quien se obliga, obliga todos sus bienes. Y por eso hemos declarado, de acuerdo con el Tribunal Supremo, que la mujer puede contratar válidamente, con licencia de su marido, sobre sus bienes parafernales (Sent. de 30 de Enero de 1862).

Ahora bien; la mujer casada comerciante contrata con licencia de su marido, toda vez que, para ejercer el comercio, ha necesitado autorización expresa de él (art. 5º, C. Com.).

Luego contrata válidamente sobre sus parafernales.

2º La regla general, se dice, está derogada por el artículo 5º, puesto que éste, al enumerar los bienes obligados á las resultas del tráfico de la mercadería, no menciona los parafernales.

Pero esta misma omisión es una prueba más en nuestro favor. Cierto que el citado artículo sólo habla expresamente de los dotales y gananciales. Mas ¿por qué? Porque, según el derecho común, ni los dotales ni los gananciales responden de las obligaciones de la mujer. Luego, si no se ocupa de los parafernales, es cabalmente porque, en cuanto á ellos, entiende mantener la regla general.

3º Esta interpretación es de todo punto conforme á los principios. El Derecho Comercial es complementario del civil. Las leyes mercantiles no derogan á las civiles más que en lo que terminantemente disponen. En todos los casos en que el Código de Comercio no contiene disposición expresa, el derecho común debe aplicarse. Y esto es lo que ocurre en la cuestión que nos ocupa.

4º Obsérvese, á mayor abundamiento, que la regla general que se supone derogada no existe solamente en lo civil sino tambien en lo mercantil. Como cualquiera otra persona, el comerciante que se obliga, obliga todos sus bienes.

De manera que el artículo 5º no sería tan sólo contrario al Derecho natural y al civil, si que tambien al mercantil. Y esta triple derogación á los dictados de la equidad, á las leyes civiles y á las disposiciones comerciales, del mero silencio del legislador es de donde se pretende inferirla!
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 523

59 ¿Y cuáles serían los motivos de una prescripción tan reñida con el sentido común y con los principios jurídicos?

Uno solo han encontrado nuestros eminentes contradictores: «La razón es porque la ley parte del principio de que sólo deben quedar obligados los bienes en que ambos cónyuges tienen derechos importantes, y ha considerado que no los tiene el marido bastantemente en los propios» (La Serna y Reus, id).

Con que «ambos cónyuges tienen derechos importantes» en los bienes dotales y en los gananciales? ¡Extraña afirmación á fé nuestra! Lo cierto, como todo el mundo sabe, es que la mujer, durante el matrimonio, no tiene linaje alguno de derechos, ni importantes ni no importantes, ni en los dotales, ni en los gananciales, (salvo lo recientemente dispuesto respecto á aquellos por la ley Hipotecaria). Para demostrarlo nos bastará apelar del señor Gomez de la Serna, colaborador del señor Reus, al señor Gomez de la Serna, colaborador del señor Montalbán: «Nuestras leyes dicen expresamente que el marido se hace dueño de la dote que se le ha entregado» (Elementos de Derecho Civil y Penal, 12ª edic., p. 361, núm. 157); «el marido en concepto de dueño mas ó menos absoluto de la dote, tiene su plena administración y dispone de ella libremente cuando es estimada y en todo caso de los frutos» (Id., p. 383, núm. 159); «mientras dura la sociedad conyugal, el marido tiene, no tan sólo la administración, sino también la facultad de disponer de los gananciales» (Id., p. 390, núm. 199).

Queda, pues, cumplidamente probado que «ambos cónyuges» no tienen derechos importantes sobre los bienes dotales y gananciales. Y, por lo tanto, la razón en que descansa la doctrina contraria no existe.

60 Lo dispuesto expresamente respecto de la dote y las ganancias demuestra, por el contrario, no sólo que no hay razón para excluir los parafetales, sino que la hay a fortiori para considerarlos comprendidos en nuestro artículo.

En efecto, el mismo señor Gomez de la Serna nos acaba de decir que el marido, durante el matrimonio, es el dueño exclusivo de los bienes dotales y de los gananciales. Y, sin embargo, nuestro artículo los declara obligados á las resultas del tráfico de la mercadera. Luego con mucho mayor motivo debe decidirse lo mismo respecto de los parafetales, únicos que real y efectivamente pertenecen á aquella.
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 524

7º La disposición relativa á los bienes dotales y gananciales muestra que la mente manifiesta del legislador ha sido aumentar la responsabilidad de la mujer cuando ejerce el comercio, toda vez que así lo exigían la confianza y buena fé, tan necesarias en los negocios mercantiles, y el interés bien entendido de la propia esposa.

Nuestros mismos contrincantes lo confiesan implicitamente: «Que queden obligados los bienes dotales, sobre ser justo, es conveniente á la mujer; que de otro modo difícilmente encontraría quien quisiera negociar con ella, por el temor natural de que á la sombra de los privilegios dota- les eludiese sus obligaciones mercantiles» (La Serna y Reus, Id).

Ahora bien: ¿no es evidente que lo propio puede decirse, con mayor razón, de los parafernales? Si es justo que la dote responda de las obligaciones de la mujer casada, cuando ésta ejerce el comercio, lo cual es una excepción á la regla general, ¿no lo es manifestamente más, aplicarle el derecho común, según el cual toda mujer casada obliga sus parafernales cuando contrae con licencia de su marido? Y ¿no existe también la misma conveniencia en ambos casos? ¿No es palmario que la esposa, si sus parafernales no respondiesen de sus obligaciones, encontraría más difícilmente que un comerciante ordinario quien quisiese negociar con ella, toda vez que ofrecería menos garantías?

8º Curioso es igualmente que los autores que tan extrañamente interpretan el artículo 5º sean los mismos que aprueban al legislador por no haber declarado los bienes del marido responsables del tráfico de su mujer. Y ¿en qué se fundan? En que «la ley ha querido que marido y mujer tengan iguales privilegios y consideraciones cuando se dediquen al tráfico» (Citado por Huebra, p. 27 y 28, nota).

Mas, cuando el marido es el que ejerce el comercio, obliga sus bienes personales. Luego habiendo querido el legislador, según nuestros contrarios, establecer completa igualdad entre los consortes, la reciproca debe ser cierta cuando la mujer sea la mercadera.

9º Por último, si fuese necesaria una prueba más, nos la suministraría el artículo 69 del mismo Código de Comercio, que adopta virtualmente nuestra doctrina.

En efecto, si la mujer puede hipotecar sus parafernales para seguridad de las obligaciones que contraiga como comerciante, ¿cómo no ha de poder obligarlos? ¿Qué es, efectivamente, hipotecar, sino obligar especial-
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 525

mente y bajo condiciones más onerosas una finca determinada al pago de una deuda? Es un precepto de lógica y un principio de Derecho que el que puede lo más, puede lo menos.

§ 2º.—Dote.

128.—Es indudable que, antes de la Ley Hipotecaria, los bienes dotales no respondían, constante el matrimonio, de las deudas contraídas por la mujer en nombre propio.

En efecto, la dote inestimada era legalmente inalienable y por lo tanto de ninguna clase de obligaciones podía responder. Y en cuanto á la estimada, pertenecía al marido y de consiguiente á sus deudas únicamente estaba afecta.

129.—¿Ha cambiado este estado de cosas en virtud del artículo 202 de la nueva Ley?

A.—Ocupémonos primero de la dote estimada.

Sabemos que, respecto á ella, nuestro artículo ha restringido las facultades de que gozaba antes el marido. Yá los bienes dotales estimados no pueden ser enajenados, gravados ó hipotecados por él solo, sino que deben serlo «en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges». De lo cual resulta, según hemos observado, que existe actualmente una especie de copropiedad entre los consortes en cuanto á esos bienes.

Pues bien, podría decirse; la mujer es copropietaria de la dote estimada; luego puede obligarla por mitad, porque quien se obliga, obliga todos sus bienes.—Esta conclusión sería infundada. El derecho que nuestro artículo concede á la mujer no es una copropiedad propiamente tal. El verdadero dueño puede disponer libremente y por sí solo de su parte. Y la mujer no goza de ese derecho. Luego tampoco le es permitido obligar por sí sola una parte de la dote estimada.

Pero entonces, quizá se objete, en idéntica situación se encuentra el marido. El tampoco es un verdadero dueño; él tampoco puede por sí solo disponer de una parte de la dote estimada. Luego tampoco puede obligarla en parte, y, como yá no es dueño exclusivo de ella, resulta que de está igualmente prohibido obligarla en totalidad.

Nos parece que esta solución es rigorosamente conforme al texto del
Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 526

artículo 202. No la admitiremos, sin embargo, porque la creemos contraria á su espíritu y á la mente del legislador.

En efecto, la Ley Hipotecaria es una ley especial y por lo tanto tan sólo deroga á las generales en lo que categóricamente dispone. Su redactores han repetido una y otra vez que no se proponían hacer alteraciones en el derecho anterior, y, en lo tocante al mismo punto que nos ocupa, han declarado que continuaban considerando al marido como «dueño de la dote estimada». Verdad es, y nosotros lo hemos reconocido, que estas afirmaciones no son de todo punto exactas; que el artículo 202 ha modificado la legislación anterior al restringir las facultades que antes tenía el marido en la dote estimada. Pero las mismas salvedades con que siempre hemos tenido cuidado de exponer esta doctrina, indican que, á nuestro juicio, no se trata de una modificación radical y completa. El artículo 202 estatuye únicamente sobre la potestad de enajenar, gravar é hipotecar. Dentro de estos límites, bajo este punto de vista, en lo concerniente á este triple derecho, es indudable que existe una copropiedad sui generis entre los consortes. Pero en todo lo demás, la legislación anterior queda vigente. Luego la dote estimada, ahora como antes, no responde de las deudas contraídas por la mujer en nombre propio; el marido, ahora como antes, es quien exclusivamente puede obligarla.

Sin duda alguna es hasta cierto punto ilógico que el marido pueda obligar por sí solo bienes que por sí solo no puede enajenar.

Mas obsérvese que los redactores de la nueva Ley no podían evitar esta inconsecuencia sin violar una de las prescripciones más importantes de la legislación anterior. Perteneciendo, en efecto, conjuntamente á ambos consortes el derecho de enajenar la dote estimada, lo estrictamente lógico hubiera sido decidir que á ambos conjuntamente competía también el de obligarla. Pero á eso se oponía abiertamente la ley 61 de Toro.

De modo que la aplicación literal del artículo 202 nos conduciría á un resultado totalmente inadmisible. Ninguno de los dos consortes podría obligar apartadamente y por sí solo la dote estimada, puesto que no le es permitido enajenarla de esa manera. Pero tampoco podrían obligarla juntos, toda vez que lo prohibe la ley 61 de Toro. Vendríamos, pues, á parar en que la dote estimada no respondería de ninguna especie de deudas. Y esto en virtud de una ley que se ha propuesto justamente suprimir los privilegios de que gozaban los bienes dotales!