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Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 342

65.—B. Ambos cónyuges son menores.

En este caso no tendremos más que aplicar distributivamente las anteriores soluciones.

Cada uno de los esposos tendrá su curador.

Pero, si el marido es mayor de 18 años, él será quien administre los bienes de su mujer, como los suyos propios y los de la sociedad; los curadores respectivos sólo intevendrán en las enajenaciones ó hipotecas de cosas raíces.

Si por el contrario es menor de 18 años, los bienes de la mujer serán administrados por su propio curador, y el marido administrará los suyos con arreglo á lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de Matrimonio.

Hay, sin embargo, quien pretende que la prescripción de dicho artículo debe extenderse á los bienes de la mujer (Revista, t. 52, p. 594). Mas basta reproducirlo para demostrar lo contrario: «El marido menor de 18 años no podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados en el cárrafo anterior; ni tampoco administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre, &.»

Nos parece innegable que las palabras «sin el consentimiento de su padre», &, se refieren exclusivamente á la administración de los propios bienes del marido. Ni cómo es posible admitir que se propusiera otra cosa el legislador? Subordinar la administración de los bienes de la mujer al consentimiento del padre ó madre de su marido, sería una verdadera aberración. No se invocará seguramente aquí la afección de éstos para privar á la esposa del amparo de su curador. Los dramaturgos, los moralistas y la experiencia de cada dia proclaman que no es precisamente afecto lo que existe entre suegros y nueras, que no son aquéllos los llamados á proteger á éstas.

III.

66.—¿Qué decidir cuando los cónyuges estén separados por sentencia firme de divorcio?

Ante todo, nos parece indiscutible que el divorcio no exime á la mujer de la necesidad de obtener la autorización.

En efecto, las leyes de Toro contienen un precepto general y absoluto, ninguna mujer casada puede contratar sin autorización.
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CAPACIDAD DE LA MUJER DURANTE EL MATRIMONIO

La mujer separada no deja por eso de ser casada, toda vez que el divorcio entre nosotros sólo tiene lugar quoad thorum, «maguer departe los que estuieren casados, siempre tiene el matrimonio» (Ley 2, tit. 10, Part. 4ª).

Luego la mujer casada no puede contratar, ni en general hacer ningún acto de la vida civil sin autorización.

Este raciocinio está confirmado por el art. 5º del Código de Comercio, que permite á la mujer separada ejercer el comercio sin licencia. Innecesaria hubiera sido esa disposición, si el derecho común hubiese eximido á la mujer divorciada de la necesidad de hacerse autorizar.

67.—Mas ¿debe la mujer pedir directamente la licencia al Juez, ó dirigirse primero al marido y sólo acudir á aquél cuando éste se la niegue?

A nuestro entender, lo más conforme al espíritu de nuestra legislación es hacer una distinción: Si el marido es el que ha dado causa al divorcio, la mujer podrá pedir directamente la autorización del Juez; pero, siendo ella la culpable, permanecerá obligada á pedir primero la licencia á su esposo.

En efecto, nuestros legisladores han propendido siempre á privar al cónyuge culpable de todos sus privilegios sin retirar ninguno al inocente. Así lo decidia Justiniano respecto de los hijos (Nov. 117, cap. 7). Y lo mismo ordenan las Partidas (Ley 8ª, tit. 19, Part. 4ª). De ahí dedujeron con sobrada razón los autores, y en consonancia con lo que sucede en la renuncia maliciosa de la sociedad establecida por contrato, que el cónyuge que diere motivo al divorcio libra al otro de sí, pero no se libra él del otro (Escríche, vº Divorcio). Y esta regla se aplica, no sólo á los gananciales, si que también á la denda de alimentos (Escríche, vº Alimentos, §1, II).

La Ley de Matrimonio Civil obedece asimismo á la tendencia indicada. El cónyuge culpable pierde la patria potestad, que el inocente adquiere ó conserva (art. 88, 2º y 3º). El marido culpable pierde, si la tenía, la administración de los bienes de su mujer, pero el inocente la conserva (art. 88, 5º y 6º).

Parecía, pues, natural adoptar la misma distinción en cuanto á la licencia. Sin embargo, el art. 47 parece rechazarla: «Tampoco podrá ejercer las expresadas facultades el marido que esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio».
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Como se vé, el texto no distingue entre el marido culpable y el inocente, de lo que se seguiría que ambos pierden el derecho de autorizar á la mujer.

Mas nótese que, así interpretado, nuestro artículo no está solamente en contradicción con el espíritu tradicional de todas las leyes anteriores y de la misma Ley de Matrimonio, sino también con las disposiciones claras y categóricas que la propia ley de Matrimonio contiene en otro lugar.

En efecto, las facultades á que alude el art. 47 son las «expresadas» en el 45, entre las cuales se cuenta la de administrar los bienes de la mujer. Ahora bien; hemos visto que, según el art. 88, 5º y 6º, el marido sólo pierde la administración de los bienes desu mujer cuando él es quien ha dado causa al divorcio, pero que, en el caso contrario, la conserva. Preciso es, por lo tanto, subentender la misma distinción en el art. 47: «incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula ejus proposita judicare vel respondere» (Dig. L. 24, De leg. et sen. cons., I, 3).

SECCION VII.

Efectos de la autorización y de la falta de autorización.

I.

18.—Consignemos, ante todo, un principio general é importante. Nuestra legislación no distingue, como otras, entre la licencia judicial y la marital. Según la ley 59 de Toro, la justicia dá á la mujer «la que el marido le había de dar, la cual, así, dadas, vala como si el marido se la diese». Ambas, pues, producen el mismo efecto.

Este efecto consiste en hacer á la mujer plenamente capaz de celebrar los actos para los cuales se le concedió la autorización: «y si el marido se la diere vala todo lo que su mujer ficiere por virtud de la dicha licencia» (Ley 56 de T.). Siguese que esos actos no pueden ser atacados por causa de incapacidad; pero no por eso dejan de estar sometidos, bajo los demás respectos, á todas las reglas relativas á la validez de los contratos. En
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una palabra, la mujer casada autorizada se halla en la misma situación que la soltera ó la viuda.

En consonancia con esta doctrina, el Tribunal Supremo ha declarado «que no puede desconocerse la fuerza legal de un instrumento público otorgado por una mujer casada con licencia y consentimiento de su marido y concurriendo en él todos los requisitos y solemnidades establecidas por la ley para su validez» (7 de Marzo de 1864).

69.—¿Qué límites tiene la autorización otorgada? á qué actos se aplica?

Sabemos que puede ser general. Pero nos parece que debe aplicarse á la licencia marital, por identidad de motivos, la doctrina que regula la extensión del mandato. Así, pues, la autorización, por generales que sean sus términos, no comprenderá los actos que pueden producir graves perjuicios, como la enajenación ó hipoteca de bienes inmuebles; para éstos es preciso una licencia especial. Ni se alegue que esta distinción no consta en las leyes. Tampoco está en ellos consignada la que se hace respecto al mandato, y sin embargo autores y tribunales convienen en aceptarla.

Siendo especial la autorización, será necesario, para saber cuál sea su extensión, recurrir á las reglas de interpretación de los contratos; será preciso examinar los términos en que ha sido otorgada, tener en cuenta la naturaleza del acto que se trata de verificar, las circunstancias accesorias, &c. Nos parece, por lo tanto, indudable que la licencia dada para un acto determinado no debe extenderse á un acto distinto. Por ejemplo, la autorización de vender concedida á la mujer no la faculta para contraer un mútuo y vice-versa.

70.—La autorización para ejercer el comercio produce efectos peculiares.

Se la considera como una licencia general, en virtud de la cual la mujer puede celebrar todos los actos mercantiles que se refieran á su tráfico (Cód. de Com. art. 5º y 6º).

Mas la mujer sólo adquiere plena capacidad en lo relativo al tráfico (art. 5º), en cuanto á las obligaciones mercantiles (art. 6º). Queda, pues, sometida á la regla general de la ley 55 de Toro respecto de todos los actos que no sean comerciales ó que no tengan una causa comercial: para celebrarlos, no le bastará la autorización para ejercer el comercio, sino que necesitará una nueva licencia de su marido ó del juez.
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Sin embargo, la mujer puede «hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia». Pero tan sólo «para seguridad de las obligaciones que contraiga como comerciante» (C. Com., art. 69). La prohibición subsiste, por lo tanto, cuando no son mercantiles las obligaciones que quiera afianzar con hipoteca.

También debe aplicarse el derecho común á las enajenaciones de inmuebles, toda vez que no son actos mercantiles (Cód. de Com., art. 359.)

Mas, ¿qué decidir respecto de la comparecencia en juicio?

No hemos visto planteadá esta cuestión en ningún tratado de Derecho Civil ó Mercantil. Tampoco existe entre nosotros un texto que, como el artículo 215 del Código Francés, declare terminantemente que la mujer necesita licencia para comparecer en juicio «aun cuando sea comerciante».

Pero nos parece que la misma solución es la exigida por el espíritu de nuestras leyes. La regla general es que toda mujer casada necesita licencia para estar en juicio. Ciento que la mujer comerciante tiene facultades especiales. Pero el Código de Comercio ha tenido cuidado de enumerarlas limitativamente y entre ellas no figura la de comparecer en juicio. Ni se invoque por analogía el art. 69. Por lo mismo que el legislador ha creído deber acordar expresamente á la mujer comerciante el derecho de hipotecar sus bienes inmuebles para seguridad de sus obligaciones mercantiles, igual declaración hubiera hecho indudablemente si hubiese tenido la intención de facultarla para sostener los litigios relativos á su tráfico. Y puesto que no lo ha hecho, manifiesto es que la mujer comerciante no puede en ningún caso comparecer en juicio sin licencia de su marido ó del juez.

71.—Siendo plenamente capaz la mujer que obtiene la licencia marital, evidente es que puede contratar con cualquier persona.

Y, por lo tanto, con su propio marido.

Autores hay, sin embargo, que rechazan esta última conclusión. Quiénes, como Avendaño y Acevedo, pretenden que la mujer puede contratar con su marido, pero que necesita para ello la licencia del Juez. Quiénes, como Gregorio Lopez y el Dr. Gutierrez y Fernandez, le niegan por completo esa facultad.

La primera opinión nos parece en teoría la más justa y equitativa, dado el principio de la incapacidad de la mujer, y así es que ha sido
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CAPACIDAD DE LA MUJER DURANTE EL MATRIMONIO

aceptada por el Código Civil Italiano. Pero es manifiestamente contraria al texto expreso de nuestras leyes de Toro. Según éstas, la licencia del marido es, por regla general, necesaria y suficiente: la del juez sólo se exige en ciertos y determinados casos, indicados por las leyes 57 y 59, y entre ellos ni directa ni indirectamente se encuentra el que nos ocupa.

Tampoco podemos admitir la segunda opinión. Gregorio Lopez invoca en su apoyo la máxima nemo potest esse auctor in rem suam; pero esta regla se ha establecido únicamente para la tutela, y no es posible por tanto extenderla á la potestad marital, sometida á leyes distintas y especiales. En cuanto al Dr. Gutierrez y Fernandez, se funda en que «la licencia se ha establecido, no en favor del marido, sino de la mujer, para que no sea engañada por su fragilidad» (Códigos, 4ª edic., t 1, p. 436). Lo más curioso es que el mismo Dr. Gutierrez, rebatiendo pocas líneas antes un argumento análogo, exclamaba: «el legislador no ha explicado sus motivos; suponiendo que lo sea el de evitar las consecuencias de una imprevisión, ¿se dirá que éste sea el único? El mismo Gomez, ¿no reconoce que ha podido ser otro, acaso el principal, la falta de personalidad de la mujer? (Id., pág. 435 in fine). «Pues bien, diremos nosotros á nuestro turno, el legislador no ha explicado sus motivos; suponiendo que lo sea el de que la mujer no sea engañada por su fragilidad, ¿se dirá que éste sea el único? El mismo Dr. Gutierrez, ¿no reconoce que ha podido ser otro, acaso el principal, «el carácter de superioridad que nuestras leyes atribuyen al marido», su «autoridad establecida en interés de la familia» ¿no confiesa categóricamente que «tampoco puede justificarse (la licencia marital) á pretexto de una supuesta inferioridad de la mujer»? (Id., p. 483).

Apliquemos, pues, la ley, cualesquiera que sean sus motivos. La única condición que el legislador impone á la mujer para que pueda contraer es que obtenga la licencia de su marido. Con ella es tan capaz como si no estuviese casada: «y si el marido se ladiere, vala todo lo que fiziere» (Ley 56). La regla no puede ser más general: no se declara válido lo que la mujer hace con éste ó aquél, sino todo lo que hace, quien quiera que sea aquel con quien lo hace. Para que no valiera lo que la mujer «fiziere» con su marido, sería necesario un texto que así lo declarase. Y ese texto no existe.
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Evidente es, por lo demás, que el marido autoriza á su mujer por el mero hecho de contratar con ella.

La opinión que acabamos de sostener es igualmente la de Antonio Gomez, Matienzo y Sancho Llamas (Com. á la ley 55, números 8 y sig.)

II.

72.—La falta de autorización produce la nulidad de los actos para que era necesaria (Ley 55 de Toro y art. 50 de la Ley de Matrimonio Civil).

La nulidad era antiguamente absoluta y podia ser invocada hasta por las personas que habian contratado con la mujer. Así resulta claramente del siguiente pasaje de Sancho Llamas: «Debe tenerse presente que la ratificación subsiguiente al acto ha de ser antes que la parte contraria reclama la nulidad del contrato ó del juicio» (Com. á la ley 58, nº 6). Esta solución parece, en efecto, conforme al espíritu de las legislaciones de origen germánico, puesto que habia sido tambien admitida por la mayoría de los Fueros (Coutumes) de Francia («Nouveau Denisart», vº «Autorisation», §2, nº 15).

Mas la doctrina indicada era inconciliable con la ley 58 de Toro, que permite al marido ratificar lo hecho por la mujer sin su licencia. Siendo absolutamente nulo el acto, producia desde luego una acción á favor de todos los interesados y los principios jurídicos se oponian á que uno solo de ellos, el marido, privase á los otros, ratificando el acto, del derecho de ejercer esa acción. Se violaba además otro principio universal de derecho, á saber, que la nulidad de un acto sólo debe ser invocada por las personas á cuyo favor se ha establecido.

El Proyecto de Código, á imitación del Código Napoleon, sólo concebe la acción de nulidad á la mujer, al marido y á los herederos de ambos (art. 37). Pero esta solución sería igualmente incompatible con la ley 58 de Toro. Si la acción de nulidad compete á la mujer, ésta adquiere el derecho á ejercerla desde el instante en que ha celebrado el acto, y no es posible, por tanto, admitir que el marido, ratificándolo, la prive de esa facultad.

Así, pues, lo único conforme á las leyes de Toro es decidir que el marido y sus herederos solamente pueden reclamar la nulidad de los actos
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otorgados por la mujer sin licencia ó autorización competente. Así lo había declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de Junio de 1866 y así lo ha sancionado la Ley de Matrimonio en su art. 55. (V. también la Sent. del Trib. Supr. de 30 de En. de 1872).

73.—¿Todos los actos celebrados por la mujer sin autorización son igualmente nulos?

Antonio Gomez, Matienzo, Covarrubias y Sancho Llamas (Com. á la ley 55, núm. 6 y 7) hacen una distinción: la obligación es nula si perjudica á la mujer, pero, si le es útil y ventajosa, será válida y subsistente. Es, como hemos visto, la doctrina admitida por la ley 244 del Estilo (núm. 9).

Nosotros creemos que esa opinión es, después de las leyes de Toro, completamente insostenible.

Gomez, á semejanza de la ley del Estilo, invoca el ejemplo del menor. Mas ya hemos dicho en otras ocasiones que la situación de la mujer, con ser análoga, no es idéntica á la del pupilo; la capacidad de una y otro está regida por leyes distintas y especiales. La teoría que combatimos es exacta respecto á los menores, porque consta en disposiciones legales expresas; pero no es posible extenderla á las mujeres casadas, toda vez que el legislador, al ocuparse de éstas, no la ha admitido.

Sancho Llamas (núm. 7) se funda en que «siendo el fin de esta ley el que no sienta perjuicio el marido por parte de su mujer sin su consentimiento, no pudiéndose verificar en este caso dicho perjuicio, parece debe cesar la disposición de la ley, siendo esta ilacion tanto más fundada, cuanto es conforme á la ley 54 de Toro».—Nada más fácil que retorcer este argumento. Si, como se pretende, la mujer no necesita licencia para celebrar contratos que no perjudiquen á su marido, ¿qué necesidad tenía el legislador de declararlo así expresamente en cuanto á la aceptación de herencia con beneficio de inventario? La ley 54 es excepcional y confirma por lo tanto la regla.

Ésta es general y absoluta y no admite distinciones de ningún género: «mandamos que no vala lo que ficiere», dice la ley 55. Y el artículo 50 de la Ley de Matrimonio es, si cabe, más terminante todavía: «Los actos de esta especie que la mujer ejecutare serán nulos».

73.—El marido que pide la nulidad de un acto celebrado por su mujer sin su consentimiento, no hace más que usar de un derecho que la
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no de la misma Audencia, trasladada á Toluca, y al mes siguiente tomó posesion de su silla. Este tribunal lo eligió su representante en la comision que debia formar los códigos del Estado, y en Setiembre del mismo año se le nombró para pronunciar en la plaza mayor de Toluca el discurso conmemorativo de la independencia nacional, que excitó el más vivo entusiasmo y mereció los honores de ocho ediciones en méños de un mes. Este año publicó tambien en cuatro tomos el ensayo filosófico en que se ocupaba desde su llegada á Méjico y á que dió el título de Lecciones de Historia universal; sirviéndose para su composicion de los Elementos del profesor Tytler, que completó hasta el primer tercio del presente siglo.

En 1832 apareció la segunda edicion de sus poesías, que consta de casi todas las publicadas en 1825, corregidas de los defectos que hallaron sus críticos, y de un número mayor de inéditas, cuyo mérito confirma el renombre de gran poeta que le dió el señor Lista. Esta edicion fué impresa en Toluca, en dos tomos: el primero contiene las poesías amatorias, y el segundo las filosóficas, morales y descriptivas; y tiene la particularidad de que todas las planchas de impresion fueron hechas por el mismo Heredia y su esposa, que habian aprendido el arte de imprimir para el caso de tener que apelar al trabajo de sus propias manos para obtener su subsistencia.

Estas poesías, y las publicadas despues, son indudablemente su mejor título á la inmortalidad, llenas de espontaneidad, sentimiento, elevacion, y armonía poética, que se imprimen en la mente con una fuerza irresistible, y en la juventud se leen con entusiasmo, en la edad madura despertan vivas simpatias por su autor y en la vejez se recuerdan con placer. Una de las pruebas más difíciles á que se pone la critica es la de decidir entre muchas composiciones buenas cuáles sean las mejores. Como esta eleccion depende en parte del gusto y sensibilidad del critico, las opiniones suelen no estar siempre conformes. Nosotros, sin pretender poseer en alto grado estas nobles cualidades, nos atrevemos á citar entre sus obras maestras, por la sublimidad de sus pensamientos, la grandeza y á veces originalidad de las imágenes y la propiedad y singular belleza del estilo, las odas En una Tempestad, La estacion de los Nortes, Al Sol, A mi caballo, En el Teocalli (templo) de Cholula, Niágara, y (la que escribió despues) Al Oceano. y los sonetos Inmortalidad, Roma, Caton, y A don Diego Maria Garay; y añadiremos que Cuba debe estar orgullosa de
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ley le concede. No está, por consiguiente, obligado á resarcir daños y perjuicios. Es, en efecto, un principio general «que non faze tuerto á otro, quien usa de su derecho» (Regla 14, tit. 34, Part. 7ª—Dig. L. 155, § 1, De reg. jur., L., 17).

75.—El acto sería nulo, aun cuando la mujer hubiese engañado á los terceros, pretendiendo, por ejemplo, que era soltera ó viuda ó que tenía licencia.

Con efecto, cada cual debe cerciorarse de la verdadera capacidad de aquel con quien contrae (Dig. L. 19, De reg. jur.). Además, la excepción de dolo sólo puede oponerse al que lo causó (Ley 2, § 2, De dol. mal., XLIV,4); «la culpa del vno non deue empecer á otro que non haya parte» (Regula 18, tit. 34, Part. 7ª).

Pero, en virtud de las reglas generales, el tercero engañado podria pedir á la mujer daños y perjuicios (Ley 3, tit. 16, Part. 7ª). Y, si el marido sacó algun provecho del fraude, sería «tenudo de fazer enmienda de tal engaño, fasta en aquella quantia que se aprovechare ende» (arg. L. 5, tit. 16, Part. 7ª).

Mas ¿podría el marido invocar la nulidad, aun cuando él mismo hubiere sido autor ó cómplice del fraude? Evidentemente no: «nemo admitit turpitudinem suam allegans». Por otro lado, siendo el marido en este caso el «engañador», es «tenudo de endereçar, e fazer enmienda del» (Ley 3ª, tit. 16, Part. 7ª), y el mejor modo y el más justo de «endereçar e fazer enmienda» del dolo es cabalmente declarar válido el contrato.

Por último, tampoco podría el marido reclamar la nulidad, si consta que el público ignoraba el matrimonio por culpa exclusiva de él: «error communis facit jus» (Dig. Ley 3, De off. præt., I, 14).
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SECCION VIII.

De los actos que están completamente vedados á la mujer.

76.—Ley 61 de Toro:
«De aquí adelante la mujer no se pueda obligar por fiadora de su marido, aunque se diga é alegue que se convertió la tal deuda en provecho de la mujer: é assi mismo mandamos, que cuando se obligare á mancomún marido, ó mujer en un contrato ó en diversos, que la mujer no sea obligada á cosa alguna, salvo si se provare que se convertió la tal denda en provecho della, cá estonces mandamos, que por rata del dicho provecho sea obligada, pero si lo que se convertió en provecho de ella fue en las cosas que el marido le era obligado á dar, assi como en vestirle é darle de comer, é las otras cosas necesarias, mandamos que por esto ella no sea obligada á cosa alguna, lo cual todo que dicho es, se entienda si no fuere la dicha fianza ó obligación á mancomún por maravedís de nuestras rentas, ó pechos, ó derechos dellas.»

Ante todo, la ley es evidentemente excepcional y debe, por lo tanto, interpretarse estrictamente. La regla general, como hemos visto, es que la mujer, con licencia de su marido ó del juez, puede celebrar válidamente toda suerte de contratos. Los únicos casos en que le está prohibido obligarse, aún con autorización, son los que nuestra ley enumera limitativamente. Así lo ha declarado repetidas veces el Tribunal Supremo (Sent. de 10 de Oct. 1861; 22 de Mayo 1862; 4 de Oct. 71; 15 de Nov. 71; 17 de En. 77; 30 de En. 78; 10 de Abril 1878).

Y, aplicando esta doctrina á casos particulares, la misma encumbrada Corporación ha declarado: 1º «que cuando la obligación de la mujer no procede de fianza que otorgase por su marido, ni de contrato en que se hubiesen obligado de mancomún los cónyuges, que son los motivos á que se refiere la ley 61 de Toro, sino de la que naturalmente y por ministerio de la ley tienen de criar, alimentar y educar á los hijos ……, no tiene aplicación dicha ley 61» (2 de Junio de 1865); 2º «que cuando la mujer