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tales.» ¿Nos enseña esta psicología cuáles son las actividades psíquicas elementales en que se pueden descomponer las actividades complejas que llamamos percepcion, memoria, deliberacion, apetito, etc.? No; porque á lo más que llega es á determinar movimientos moleculares que decora con el nombre de ciertas funciones psíquicas, sin parar mientas en que quiere con un nombre poner un puente entre dos abismos. Precisamente, á medida que adelanta más camino la fisiología más lejos estamos de esa pretendida identificacion. Un movimiento ondulatorio que va á herir el nervio óptico en número de 497 billones de ondas por segundo produce en mí la sensacion de color rojo; un movimiento ondulatorio que va á herir el nervio óptico en número de 699 billones de ondas por segundo produce en mí la sensacion de color violeta. Señores, ¿descubrimos relacion alguna de semejanza entre una diferencia numérica y la diferencia entre dos colores del espectro? Esta relacion cuantitativa en lo objetivo ¿nos explica el acto subjetivo? Sabemos que el éter luminoso vibra con más celeridad para producir la sensacion violeta que para la roja, pero no sabemos absolutamente cómo ese movimiento y esa celeridad se transforman en mi sensorio en dos sensaciones distintas de color. Podemos calcular perfectamente la diferencia entre uno y otro movimiento; entre las dos sensaciones no hay cálculo posible; cuando más y de un modo relativo, podremos sentir que la una es en ciertos casos más clara, más intensa que la otra. Y todavía estamos en la superficie, como si dijéramos, de las dificultades. Este movimiento, que se diferencia sólo por su velocidad, al comunicarse al nervio la pierde casi por completo; de una velocidad de 308 millones de metros por segundo pasa instantáneamente á una mocion de 60 metros por segundo, que es la de la trasmision nerviosa; y sin embargo la diferencia objetiva entre los dos colores consistia, precisamente, en la diversa velocidad. Y hay más todavía esa misma sensacion de rojo, que consiste siempre en idéntico movimiento vibratorio, puede pasar en mi sensorio por todos los grados de intensidad desde la percepcion más viva hasta la más confusa, sin que hayamos cambiado en nada las condiciones objetivas de excitacion. Sin embargo, estamos en el umbral de la vida psíquica, estamos tratando de fenómenos cuyo concomitante objetivo en el organismo es bastante conocido; si damos un paso adelante; si de esa sensacion de color pasamos á la percepcion de forma, exteriorizacion, posicion; si seguimos el hilo de las propo-
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En el art. 52 se prohibe á la mujer publicar escritos ó obras científicas ó literarias, de que fuere autora ó traductora, sin licencia de su marido, ó en su defecto, sin la autorización judicial competente. El legislador del siglo XIX ha superado en severidad y rigidez al del siglo XVI. La ley 55 de Toro se limita á exigir la licencia marital para los contratos y quasi-contratos en que la mujer figure. La ley del Matrimonio Civil va más lejos: exige también la autoridad marital para la publicación de escritos, ó de obras científicas ó literarias. Es rendir un exagerado tributo á la potestad del marido, con menoscabo de los fueros del pensamiento y con daño de los superiores intereses de la ciencia y del arte. Prohibición tal equivale á exigir que la mujer ni piense ni ejerzite su talento, ni tampoco obedezca á la inspiración artística sin la vénia del marido. A la sujeción en los actos de vida civil se une la sujeción en donde no cabe, en la vida de la inteligencia y de la fantasía. Es en verdad demasiado.

Según el art. 53, podrá la mujer sin licencia del marido: 1º Otorgar testamento. 2º Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto á los hijos naturales reconocidos ó legítimos que hubiere tenido de otro y á los bienes de los mismos.

Con arreglo al art. 55, solamente al marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorización. ¿Y qué prueba esto? Que la autoridad marital no ha sido establecida ni consagrada para proteger á la mujer, como se pretende, sino para dignificar al marido y para favorecer sus intereses. Si no fuera así, se habría concedido también la acción de nulidad á la mujer y á sus herederos.

Graves son las contradicciones que en la Ley del Matrimonio Civil se notan en la materia á que esta Memoria se refiere. Más aún: las contradicciones se observan con relación á otros puntos que la misma ley contiene. Baste indicar que en el art. 64 se concede á la madre la patria potestad, y en los que hemos examinado se niega la capacidad civil á la esposa. Se enaltece merecidamente á la mujer en una situación y se le deprime injustamente en otra. La mujer, como madre, lo es todo; como esposa, no es nada.

La ley del Matrimonio Civil no está vigente en Cuba; lo están algunas de sus disposiciones, es decir, las que en puridad no son más que una copia de las leyes de Toro. La legislación, en este concepto, es idéntica en
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la Península y en esta Isla. El distinguido jurisconsulto señor Savall, ha pedido en un bien razonado dictámen, en su carácter de Fiscal de la Audiencia de Puerto Príncipe, se haga presente al Gobierno cuán conveniente sería que se hiciera extensiva á la grande Antilla el capítulo V de la referida ley. (1) De entera conformidad y con merecido aplauso, han informado los Colegios de Abogados de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. (2) Tanto éstos como el señor Savall, hacen hincapié principalmente en el art. 64 de la Ley del Matrimonio Civil, relativo á la patria potestad de la madre.

Tenemos entendido que el señor Labra, Diputado á Cortes por la Provincia de la Habana, ha presentado al Congreso una proposición para que se haga extensiva á esta Isla la mencionada Ley del Matrimonio Civil.

Con fecha 17 de Mayo de este año, el Ministro de Gracia y Justicia, señor Bugallal, ha presentado á las Cortes un proyecto de ley sobre los efectos civiles del matrimonio. Nada ofrece de notable en la parte que atañe al asunto de esta Memoria. La sección 1ª, del capítulo II no es más que una simple reproducción de la 1ª del capítulo V de la Ley provisional del Matrimonio Civil de 1870. No hay en dicho proyecto, en la parte referida, ni ideas de reacción ni mudanza alguna progresiva.

VIII.—El Código Penal.

Con arreglo al art. 24 del Código penal promulgado en esta Isla, existe la pena accesoria llamada interdicción civil. Por ella, según el artículo 41, queda privado el reo del ejercicio de la autoridad marital. Aún no se ha publicado entre nosotros el art. 4º de la Ley de 27 de Junio de 1870, que es el natural complemento del citado art. 41 del Código, y en que se determinan los efectos civiles de la pena de interdicción. Por la regla 4ª se preceptúa que «si el penado estuviere casado y no separado por sentencia de divorcio de su mujer, se encargará ésta de la administración de los bienes de la sociedad conyugal», si fuere mayor; por la regla 7ª se establece que la esposa que fuere mayor de edad, pueda dispo-

(1) Véase Revista del Foro. Año II, pág. 392.
(2) Revista del Foro. Año II, pág. 408.
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ner libremente de los bienes de cualquiera clase que le pertenezcan; y por la 8ª, que los hijos del penado menores de edad, estarán sometidos al poder de su madre.

El señor Savall, en otro excelente dictámen, ha pedido se haga extensivo á esta Isla el art. 4º, ya indicado, de la ley de 27 de Junio de 1870, (1) lo cual es de visible y urgente necesidad.

IX.—Del Código de Comercio.

Con arreglo á su art. 5º, la mujer casada mayor de veinte años, que tenga para ello autorización expresa, dada en escritura pública, puede ejercer el comercio, en cuyo caso quedan obligados á las resultas del tráfico sus bienes dotales y todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad social. Según el art. 6º puede la mujer casada comerciante hipotecar los bienes inmuebles que le pertenezcan, para la seguridad de las obligaciones que contraiga como comerciante. Se deroga, pues, la ley 55 de Toro en cuanto á la latitud que concede á la autoridad del marido. La licencia de éste es general y se exige por una sola vez. En punto á los contratos y demás actos que la mujer casada haya de realizar por consecuencia del tráfico mercantil, procede libremente; su capacidad jurídica es perfecta. Los bienes dotales y gananciales responden, sin que se tengan en consideracion los derechos que, conforme al derecho civil, corresponden al marido. En cuanto á los bienes parafernales, ha incurrido el Código de Comercio en grave inconsecuencia al eximirlos de la responsabilidad que hace pesar sobre los dotales y gananciales.

Una última observación: la licencia dada á la mujer casada para ejercer el comercio es irrevocable.

X.—El nuevo Proyecto del Código Civil.

El marido, según el art. 60, es el administrador legitimo de todos los bienes del matrimonio. Se repudia, por tanto, la ley 17, tit. 11, Partida 4ª relativa á bienes parafernales. Confirmase la Pragmática de 1623, suprimiéndose la expresion si fuere menor (la mujer). Se traslire, sin em-

(1) Revista del Foro. Año II, pág. 390.
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bargo, la administracion de todos los bienes del matrimonio á la mujer: 1º en caso de separacion por la pena de interdiccion civil; 2º si la mujer es curadora ejemplar del marido; y 3º si se opone á la declaracion de ausencia del mismo. Los tribunales conferiran tambien la administracion á la mujer, con las limitaciones que estimen convenientes, si el marido está prófugo y juzgado en rebeldía en causa criminal; ó si hallándose absolutamente impedido para la administracion, no hubiese proveido sobre ella. Artículos 61, 1358 y 1363. Corresponde á la mujer la administracion de los dotales: 1º si hubiere sido declarado ausente el marido; 2º si hubiere sido declarado pródigo. Artículos 61 y 1365. La mujer, dice el art. 1360, no podrá enagenar ni gravar durante el matrimonio, sin licencia judicial, los bienes inmuebles que le hayan pertenecido en caso de separacion, ó cuya administracion se le haya conferido. Se establece, como se vé, un sistema mixto insostenible. Sólo una excepcion es de admitirse: la referente á la enagenacion de los bienes inmuebles del incapacitado ó gravámen de los mismos. En lo demás, debiera ser completa la capacidad jurídica de la mujer. Con la licencia judicial, como requisito prévio, se le somete á tutela.

«El marido, dice el art. 62, es el representante legitimo de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí, ni por medio de procurador». «Tampoco puede la mujer, añade el 63, sin licencia ó poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enagenar sus bienes, ni obligarse». «Los tribunales, preceptúa el art. 64, con conocimiento de causa, pueden suplir la falta de la licencia marital, requerida en los dos artículos anteriores». Según ha podido observarse, en el nuevo proyecto de Código Civil no se ha hecho más que reproducir las disposiciones de las leyes 54, 55, 56 y 57. Con todo, se restringe la disposicion de la primera, toda vez que ni aún puede la mujer aceptar una herencia con beneficio de inventario. Igual observacion hicimos al hablar de la Ley del Matrimonio Civil. En el proyecto que nos ocupa no se ha dado cabida al precepto de la ley 58 de Toro, concerniente á la ratificacion del marido, como tampoco se le ha dado cabida, sino de una manera restringida, en la Ley del Matrimonio Civil, según se ha visto al examinar el art. 51 de la misma.

Finalmente, con arreglo al art. 67, el marido, la mujer y los herederos de ambos pueden reclamar la nulidad fundada en la falta de licencia.
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prescrita en los artículos 62 y 63. En la Ley del Matrimonio Civil se niega á la mujer y á sus herederos la accion de nulidad. Fundáronse los redactores del proyecto en que la falta de licencia hace nulo de derecho el contrato ó acto realizado por la mujer sin aquella, respecto del marido y de la mujer: del primero, porque se vió privado de una facultad que por ministerio de la ley le corresponde; y de la segunda, porque legalmente no pudo hacer lo que hizo. Véase ahora el fundamento del art. 55 de la Ley del Matrimonio Civil en que se niega á la mujer la accion de nulidad. Dice así la exposicion de motivos de la Ley referida: «En el art. 57 (55 de la ley) se consigna una regla que es de alta moralidad. Los actos jurídicos que la mujer celebre sin la autorización de su marido, ó la judicial en su defecto, habrán de ser nulos para que sus consecuencias no perjudiquen al que de ellas debe ser irresponsable. Por esto solamente podrán reclamar la nulidad de tales actos el marido ó sus causa-habientes, pero nunca la mujer, que de otra manera vendría á utilizarse del fraude que había cometido».

XI.—La Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para el cargo de curador ejemplar del marido, son preferidos los hijos á la mujer. Art. 1245.

El título VII de la 2ª parte de la Ley trata de las habilitaciones para comparecer en juicio. Necesita habilitacion la mujer casada para comparecer en juicio, en los casos siguientes: 1º Hallarse el marido ausente sin que haya fundada esperanza de su próxima vuelta; 2º Ignorarse el paradero del marido; y 3º Negarse el marido á representar en juicio á la mujer (Art. 1351). Para conceder la habilitacion es necesario concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1ª Ser demandada la mujer; 2ª Seguirse grave perjuicio de no promover la demanda para que pida la habilitacion (Art. 1352). Para conceder la habilitacion se oirá siempre al Promotor fiscal del Juzgado respectivo (Art. 1353). Cuando se pidiere la habilitacion por negarse el marido á representar en juicio á la mujer para la defensa de sus derechos, se sustanciará la demanda en juicio ordinario. Lo mismo sucederá cuando ántes de haberse otorgado la pedida por ausencia ó ignorarse el paradero del marido, compareciere este opiniéndose. (Art. 1357). Si el marido en los casos de ausencia y de igno-
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rarse su paradero, compareciese después de concedida la habilitación, se hará contencioso el expediente y sustanciará en vía ordinaria. Mientras se sustancia debidamente, continuará surtiendo todos sus efectos la habilitación (Art. 1358).

Al derecho civil corresponde por la índole de sus disposiciones el artículo 1351 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en que, según está visto, se enumeran los casos en que la mujer casada há menester de habilitación para comparecer en juicio. Guardan congruencia dichas disposiciones con las leyes 57 y 59 de Toro, siendo una excepción de la 55, ó como se dice en los Motivos de la Ley de Enjuiciamiento civil, un remedio extraordinario. El mencionado art. 1351 deroga, sin embargo, parte de la ley 57 de Toro, así como amplía el precepto de la 59 al caso de que se ignore el paradero del marido. Hemos dicho que el art. 1351 de la Ley de Enjuiciamiento civil deroga parcialmente la ley 57 de Toro; y así es la verdad. Se recordará que en dicha ley se preceptúa que el juez, con conocimiento de causa legítima ó necesaria, compelía al marido á que diera licencia á su mujer, y si compelido no se la diere, se la dé el juez. Por la Ley de Enjuiciamiento civil no es condición previa para la habilitación la resistencia del marido; basta su negativa. «Una reforma, dice el señor Gómez de la Serna, (1) hizo en este punto la Comisión en el derecho antiguo. Según una ley de Toro, el juez, con conocimiento de causa legítima ó necesaria, debía compelir al marido á que diera la licencia á su mujer, y sólo cuando después de cumplido se negaba, procedía la habilitación. La Comisión creyó que á nada conducía el compelir al marido; que lejos de fortalecer esta medida la potestad marital, la rebajaba; que la imposición de multas y de cárcel, que eran los medios de apremio que tenían los jueces para obligar á los maridos á que cumplieran con sus deberes, eran ocasión de división en las familias, ó cuando ya estaban divididas, motivos para ahondar sus resentimientos; que la cárcel no era apremio aceptable en nuestros días; que ni él ni la multa eran medios convenientes ni justos, cuando la obstinación del marido dimanaba del conocimiento íntimo que tenía de que el pleito no debía sostenerse, y por último, que en estas diligencias y apremios se malgastaba un tiempo á las veces precioso para los intereses de la mujer».

(1) Motivos de la Ley de Enjuiciamiento civil.
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XII.—La Ley Hipotecaria.

Han estimado algunos que por el art. 188 de la Ley Hipotecaria, ó sea el 202 de la nuestra, ha sido tácitamente derogada la Ley 61 de Toro. Dice así el mencionado artículo: «Los bienes dotales que quedaren hipotecados ó inscritos con dicha cualidad, según lo dispuesto en los números primero y segundo del art. 169 (183) no se podrán enagenar, gravar ni hipotecar, en los casos en que las leyes lo permitan, sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges, y quedando á salvo á la mujer el derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, en sustitución de los enagenados ó gravados, ó los primeros que adquiera, cuando carezca de ellos al tiempo de verificarse la enagenación ó de imponerse el gravámen».

«Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, se observarán en la enagenación de dichos bienes las reglas establecidas para este caso en la Ley de Enjuiciamiento civil».

«Si la mujer fuere la menor, el Juez ó Tribunal que autorice la enagenación cuidará de que se constituya la hipoteca de que trata el párrafo primero de este artículo.»

No parece ciertamente que haya entrado en el ánimo de los redactores de la Ley Hipotecaria prescindir de la Ley 61 de Toro. En primer lugar, nada contiene á este respecto la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria. En segundo lugar, bien examinado el texto del artículo preinserto, resulta que la Ley de Toro está vigente. En aquel se lee la expresión siguiente, que á nuestro entender disipa toda duda: «no se podrán, dice, enagenar, gravar ni hipotecar, en los casos en que las leyes lo permitan, sino en nombre, etc.» Esas palabras: «en los casos en que las leyes lo permitan», están indicando bien á las claras que si la enagenación, gravámen ó hipoteca proceden de la fianza dada por la mujer en pró del marido ó de obligación mancomunada entre marido y mujer, no serán válidas ni podrán, por tanto, ser inscritas. En tercer lugar, en el mismo artículo de la Ley Hipotecaria se establece que á la mujer queda á salvo el derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bienes, si los hubiere, en sustitución de los enagenados ó gravados, ó los primeros que adquiera, cuando carezca de ellos al tiempo de verificarse ó de imponerse el
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gravámen, añadiéndose en el párrafo tercero que si la mujer fuere menor, el Juez ó el Tribunal que autorice la enagenacion cuidará de que se constituya la hipoteca de que trata el párrafo primero; lo cual no se comprendería si por el propio artículo hubiese sido derogada tácitamente la Ley 61 de Toro, puesto que esta se refiere á contratos, siendo evidente que las responsabilidades procedentes de los mismos deben recaer sobre la mujer, ya en su carácter de fiadora, ya en el concepto coobligada si se trata de una obligacion mancomunada con su marido, sin que le correspondan más derechos que los que tengan su origen en la naturaleza del contrato y pertenezcan á cualquier otro contrayente; y como no es así conforme al art. 188 de la Ley Hipotecaria, como en él se previene que el marido hipoteque otros bienes en sustitucion de los dotales enagenados ó gravados, dicho se está que no cabe sostener que la expresion «en nombre y con consentimiento expreso de ambos cónyuges» signifique que sea licita la obligacion mancomunada entre marido y mujer. Por último, el art. 33 de dicha ley (41 de la nuestra) establece una regla general, á saber: que la inscripcion no convalida los actos ó contratos que sean nulos con arreglo á las leyes.

Lo que hace el art. 188 es señalar las condiciones y requisitos necesarios para que la enagenacion ó gravámen de los bienes dotales sean actos válidos y eficaces. Si exige el consentimiento de ambos cónyuges, es porque ambos tienen derechos en los dotales.

PARTE II.

LEGISLACION COMPARADA.

I.—PUEBLOS DE RAZA LATINA.

§ I.—FRANCIA (1).

El artículo 213 del Código civil dispone que el marido proteja á la mujer y que ésta obedezca al marido. Es consagrar la potestad marital,

(1) Código Napoleon, cap. VI, tít. V. Lib. I.—Laurent. Cours elementaire de Droit civil, pag. 267 y sigtes. del tomo I y Principe de Droit civil, tomo III.—Glas- son, Elements du Droit français, tomo I, pág. 143 y sigtes.—P. Gide, obra citada, pág. 485.—Aubry et Rau, Cours de Droit civil français. Tomo V, pág. 132 y sigtes.
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que si bien el Código no nombra, en cambio la establece en dicho artículo. En el matrimonio hay, pues, un superior y un inferior; no es una sociedad de iguales.

El artículo 1124 niega capacidad civil á la mujer para contratar y obligarse. ¿Por qué así? Tres son las razones: 1ª.—El matrimonio pone á la mujer bajo la potestad del marido, á quien debe respeto y obediencia. 2ª.—El matrimonio crea nuevos intereses; los actos de la mujer trascienden á toda la familia, afectan á los intereses de la misma; por lo que el jefe debo intervenir para garantía de los intereses comunes. 3ª.—El matrimonio es una sociedad; cada uno de los asociados tiene una esfera de accion propia: á la mujer toca el gobierno de la casa y la educacion de los hijos, y al marido la direccion de los negocios, porque su experiencia es mayor.

A decir verdad, la legislacion francesa no presenta unidad de principios en esta materia. Como en la española, se observan graves contradicciones, á causa de haberse dado cabida á ideas y conceptos que chocan entre sí, porque su filiacion histórica es distinta; más que distinta, antitética. ¿Cuál es el fundamento de la potestad marital? ¿La incapacidad natural ó inexperiencia de la mujer? ¿la obediencia que debe al marido? ¿ó el interés de la familia? Para todas estas preguntas tiene respuestas afirmativas el Código Napoleon, como vamos á verlo.

La incapacidad de la mujer es general. El artículo 215 dice: «La mujer no puede comparecer en juicio sin la autorizacion del marido, aún cuando los bienes no fueran comunes.»—El 217 añade: «Aún cuando no exista comunidad de bienes, no puede la mujer dar, vender, hipotecar, adquirir á título gratuito ó oneroso, sin el concurso del marido, ó su consentimiento por escrito.» No es tan severa la Ley 54 de Toro, pues permite á la mujer aceptar por sí una herencia con beneficio de inventario. Tampoco es tan severa la Ley del Matrimonio Civil, porque en su artículo 51 autoriza á la mujer para celebrar válidamente determinados contratos.

«Si el marido, dice el artículo 218, rehusare la autorizacion á la mujer para poder comparecer en juicio, podrá otorgarla el juez.» Es la habilitacion de nuestro Derecho.

Conforme al artículo 219, «si el marido rehusare á su mujer permiso para otorgar un documento público, ésta puede citarle directamente an-