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Revista de Cuba (1881-01-01 00:00:00), página 527

CAPACIDAD DE LA MUJER DURANTE EL MATRIMONIO

Creemos, por consiguiente, que la legislación anterior subsiste y que por lo tanto la dote estimada no responde de las deudas que la mujer contrae en nombre propio.

B.—Por análogas razones somos de la misma opinión en lo tocante á la dote inestimada.

El artículo 202 se ha limitado á conceder á la mujer el derecho de concurrir á la enajenación, gravamen ó hipoteca de la expresada dote. Mas nada dice de la facultad de obligarla. De consiguiente, la legislación anterior subsiste también en este punto.

130.—Escusado es advertir que lo hasta ahora expuesto se refiere á las obligaciones contraídas por la mujer con licencia. Sabemos que cuando obra como apoderada de su marido, las reglas aplicables son las del mandato. Es entonces como si el mismo marido hubiese contraído las deudas, y los bienes dotales responden de ellas en los mismos casos en que responderían de las contraídas directa y personalmente por él.

131.—Hemos visto de pasada que, en virtud del artículo 5º del Código de Comercio, los bienes dotales responden especialmente de las obligaciones mercantiles contraídas por la mujer que ejerce el comercio con autorización de su marido.

132—Otra excepción existía antiguamente. Según la ley 78 de Toro, «la mujer, durante el matrimonio, por delito puede perder en parte ó en todo sus bienes dotales……»

El Dr. Gutierrez y Fernandez (t. 19, p. 597, 4ª ed.) presenta y comenta esta ley como si, abolida en cuanto á la confiscación, estuviese vigente en cuanto á las demás penas. De lo que resultaría que todos los bienes dotales estarían actualmente afectos á las resultas de los delitos por la mujer cometidos. Y tal es también la doctrina que el señor Falcón expone categóricamente (t. 29, p. 581).

Nosotros no la creemos exacta.

Ante todo, nos parece indudable que la ley 78 no se halla vigente. Está, con efecto, concebida en los mismos términos que la 77, y el Tribunal Supremo ha declarado que la disposición de esta última «se refiere á los casos en que procedía la pena de confiscación de bienes, que ya no existe» (Sent. de 4 de Marzo de 1867). Luego ambas han quedado derogadas por el mero hecho de haber sido abolida la pena de confiscación, único caso á que se referían.
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No habiendo, pues, leyes especiales sobre el punto que nos ocupa, necesario es recurrir al derecho común.

Ahora bien; el principio fundamental en esta materia—principio análogo al que, como hemos visto, rige en lo civil—es que «solamente el culpable debe sufrir las responsabilidades inherentes al delito» (Misma Sentencia). En otros términos, el culpable responde con todos sus bienes y nada más que con sus bienes de las resultas de sus delitos. Y por eso es que el Tribunal Supremo ha declarado los bienes gananciales afectos al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el marido en virtud del delito que cometa, por corresponderle el pleno dominio de ellos, constante el matrimonio (Misma sentencia).

Apliquemos ahora estos principios á la cuestión que examinamos.

En cuanto á la dote estimada, la solución es evidente. El marido, durante el matrimonio, tenía en ella el pleno dominio, y la Ley Hipotecaria no ha modificado este estado de cosas más que en ciertos y determinados casos, entre los cuales no figura el que nos ocupa. De consiguiente, «el principio de derecho criminal, según el cual solamente el culpable debe sufrir las responsabilidades inherentes al delito» se opone á que se hagan efectivas de los bienes dotales estimados las obligaciones contraídas por la mujer en virtud del delito que cometa. Como se ve, esta proposición no es más que el corolario de la presentada por el Tribunal Supremo en la Sentencia á que nos venimos refiriendo.

Respecto á la dote inestimada, sabido es que el derecho del marido no es tan exclusivo. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de este derecho; pero la opinión que ha prevalecido es la aceptada por los redactores de la Ley Hipotecaria: «el marido sólo tiene el derecho de aprovecharse de la dote inestimada para las necesidades de la familia, como lo hace el usufructuario, etc» (Exp. de Mot.) Así, pues, el marido tiene únicamente el usufructo de la dote inestimada; la nuda propiedad pertenece á la mujer. Y repetimos que las modificaciones hechas también en este punto por el artículo 202 de dicha Ley no comprenden nuestro caso. Por consiguiente, la mujer debe estar, con la nuda propiedad de su dote inestimada como con los demás bienes que son exclusivamente suyos, á las resultas de sus delitos. Pero al mismo tiempo es preciso respetar el usufructo del marido, en virtud del principio de derecho criminal, «según el cual solamente el culpable debe sufrir las responsabilidades inherentes al delito».
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CAPACIDAD DE LA MUJER DURANTE EL MATRIMONIO

Resumiendo, creemos que las obligaciones procedentes de delitos cometidos por la mujer no pueden hacerse efectivas en la dote estimada ni en el usufructo de la inestimada, pero sí en la nuda propiedad de esta última.

§ 3º.—Arras.

138.—La mujer se encuentra, respecto á las arras, en la misma situación en que se hallaba con relación á la dote inestimada.

No puede, por consiguiente, obligarlas cuando contrae en nombre propio; pero cuando obra como apoderada de su marido, las obligará en los casos en que sea lícito á éste hacerlo.

§ 4º.—Bienes del marido.

134.—Del principio fundamental que venimos aplicando parece natural inferir que los bienes del marido no responden de las obligaciones por su mujer contraídas, siquiera sea con su autorización.

135.—Hemos visto, sin embargo, que la ley 12, tit. 1º, lib. 5º del Fuero Viejo resolvía lo contrario.

Esta decisión es, con efecto, una consecuencia lógica del sistema de la sociedad conyugal. Verdad es que, por regla general, la autorización dada á un incapaz no obliga personalmente al que la otorga: «qui anctor est, non se obligat». Pero este principio, muy justo cuando se trata de un guardador, no se compadece con los privilegios exorbitantes que el marido tiene bajo aquel régimen. Siendo las ganancias comunes y disponiendo de ellas casi arbitrariamente el esposo, lo natural es suponer que éste, al asentir al acto por su mujer celebrado, ha querido obligarse él también, toda vez que, como jefe y administrador de la sociedad, tiene casi siempre un interés más ó menos directo en las obligaciones que autoriza. Puede suceder sin duda que la obligación interese tan sólo á la esposa; pero, ¿cómo pueden saberlo los terceros? Lo lógico es presumir que el interés es común, y, por lo tanto, equiparar la obligación contraída por la mujer con la licencia de su marido á la que contrajere mancomunadamente con él. Así es que encontramos la disposición del Fuero Viejo en todas las legislaciones que establecen la sociedad conyugal. Los antiguos fueros (Cou-
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Discurso sobre la Agricultura de la Habana y medios de fomentarla.

Nada es tan falible y equívoco, como las esperanzas humanas. ¿Cuáles mejor fundadas que las que lisonjearon á España, cuando descubrió el Nuevo Mundo? ¿Quién no temió su poder? ¿Quién no envidió su fortuna? ¿Y quién no confiesa ya que este precioso aumento ha tenido mucho influjo en la debilidad y decadencia de esta grande Monarquía?

Todos los españoles lloran con amargura lo que celebraron sus mayores con tanta alegría y entusiasmo: pero la diferencia está en que unos maldicen la América, y otros los desgraciados principios con que se empezó á gobernar; aquéllos hablan á ciegas, y sin buscar el remedio gastan todo su tiempo en llorar y declamar.

Estos, por el contrario, tratan de buscar las raíces de los males que sentimos: suben á la dichosa época de nuestros Reyes Catélicos, y corriendo desde allí la dinastía Austriaca nos van descubriendo en ella los males y sus remedios.

Sigamos los ilustres pasos de los verdaderos patriotas, y llenemos los deseos de nuestro sabio gobierno.

Verdadero origen de los males que nos ha traído de que pasen por verdades, y aún por verdades eternas, el descubrimiento de la América. Por los desvelos de aquellos logramos hoy la ventaja de las cosas que en el siglo anterior apenas se habían elevado á la clase de problemas. Ya nadie niega ni duda que la verdadera riqueza consiste en la Agricultura, en el Comercio, y las Artes, y que si la América ha sido una de las causas de nuestra decadencia, fué por el desprecio que hicimos del cultivo de sus feraces terrenos; por la preferencia y protección que acordamos á la minoría, y por el miserable método con que hacíamos nuestro comercio.

Remedios que se han aplicado desde que reina la casa de Borbón en España. Gracias á la casa de Anjou que ha sabido desprenderse de encima los Galeones, y las flotas: que estableció los Correos marítimos: que abrió la comunicación entre los reinos de América: que subdividió los gobiernos de aquellas bastas regiones: que facilitó la entrada en todas las provincias de España á las embarcaciones que vienen de nuestras posesiones ultramarinas: y que, por último, trata de animar por todos los medios la industria de la Nación, adoptando con prudencia los sólidos y justos principios.
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tumes) franceses decidían que, cuando la mujer obraba con licencia de su marido, «el acto se hacía común á éstos» (Bourjon, «Droit commun», título «De la communauté», 4ª parte, cap. 3º, secc. 4ª, nos. 23 y 24). Y los artículos 1409 y 1419 del Código Napoleón han consagrado la misma doctrina.

136.—Mas las propias razones aducidas demuestran que la solución no puede ser la misma según nuestras leyes modernas. En efecto, hemos visto que la ley 61 de Toro—apartándose en este punto del derecho foral para seguir al romano—anula respecto á la mujer la obligación que contrae mancomunadamente con su marido. Resulta, pues, de la combinación de esta ley con la 56, que la deuda contraída por la esposa con autorización no obliga personalmente á su consorte. Efectivamente, si lo obligase á él también, la deuda sería mancomunada, esto es, nula respecto á la mujer, según la ley 61. Luego, para que la obligación contraída por la esposa con licencia sea válida, como lo declara la ley 56, es preciso decidir que élla únicamente es la obligada.

137.—Hé ahí uno de los casos en que, por querer amalgamar sistemas antagónicos, se ha llegado á resultados ilógicos e injustos.

En primer lugar, la mujer casada, en el último estado del Derecho Romano, se obligaba, como hemos visto, sin autorización, por sí sola, sin intervención alguna de su marido, el cual además no tenía en principio ningún interés en los parafernales. No se perjudicaba, por lo tanto, á los terceros, al anular los actos de intercesión de la mujer. Pero la situación, lo repetimos, es completamente distinta bajo el régimen de la licencia marital y de la sociedad conyugal; el marido interviene en el acto y tendrá casi siempre interés en él, y es, por consiguiente, soberanamente injusto que no quede obligado para con los terceros.

Hay más. Lo que se propusieron Augusto, Claudio y Justiniano fué proteger á la mujer, precisamente porque sus actos la obligaban á ella exclusivamente. ¿Lo ha conseguido la ley 61 al imitarlos? No, por cierto. La esposa no podrá interceder por su consorte bajo la forma de una obligación mancomunada ó de una fianza, pero, ¿no le permite la ley 56 hacerlo, contrayendo por sí sola la deuda con licencia de su marido? Por eso es que la decisión del Fuero Viejo es la que realmente protegía á la mujer, porque era hasta cierto punto una garantía para ella que el marido también respondiese del contrato. Y no que actualmente la mujer
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queda expuesta al mismo peligro á que los emperadores romanos la quisieron sustraer, á saber, que se obligue, sin obligar á su marido, en provecho de éste. Y no se diga que la mujer, por lo mismo que su responsabilidad es exclusiva, opondrá más resistencia en este caso que si se tratase de una obligación mancomunada. Lo concedemos. Pero es igualmente indudable que el marido, por lo mismo que la obligación contraída por la mujer sola le es más ventajosa que la mancomunada, hará mayores esfuerzos por obtenerla. De todos modos, consta que el peligro subsiste, y que, por tanto, habiéndose propuesto el legislador de Toro evitarlo, lo hubiese conseguido, no copiando el derecho romano, sino conservando las leyes nacionales.

Y consta igualmente que la doctrina moderna conduce á una flagrante injusticia, toda vez que el marido estará, como jefe de la sociedad, á las ganancias que produzcan los actos de la mujer, más no á las pérdidas. Esta injusticia se patentiza sobre todo cuando la mujer ejerce el comercio con autorización de su marido. Así es que jurisconsultos eminentes han criticado lo dispuesto por el Código de Comercio en este caso. «Es duro, dice el señor Martí Eixalá, que los bienes dotales de la mujer respondan de sus obligaciones mercantiles, si no alcanzan los gananciales, quedando exentos de esta responsabilidad los del marido, que tiene el derecho á percibir las utilidades en el caso de haberlas» (citado por Huebra, tomo 1, p. 26, nota). Y del mismo parecer es el señor Huebra: «No alcanzamos razón que justifique la obligación exclusiva de ésta (de la mujer) cuando no alcanzan los gananciales á cubrir sus compromisos mercantiles, y opinamos con el señor Martí, que se resiste que sus bienes sólo corran los azares de su tráfico, quedando libres los del marido» (Id. p. 27 y 28, nota). Pero parece que los ilustrados autores no han echado de ver dos cosas: 1º que si la disposición del Derecho Mercantil es injusta cuando la esposa es comerciante, también lo es la del Derecho Civil cuando la mujer, sin serlo, contrae cualquier obligación con licencia de su marido; 2º que el Código de Comercio no ha hecho más que respetar, por lo menos en lo relativo á los bienes personales del marido, lo dispuesto por la ley 61 de Toro. El mal proviene, por consiguiente, de haber tomado del Derecho Romano una disposición de todo punto incompatible con el sistema de la sociedad conyugal.

138.—Como lo hemos dicho incidentalmente, los bienes del marido
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responden y responden sólo de las obligaciones contraídas por la mujer, cuando ésta ha obrado como mandataria de aquél.

§ 59.—Gananciales.

139.—En éste, como en los casos precedentes, no encontramos ninguna disposición expresa en las leyes, ninguna solución especial en los autores.

Pero tenemos entendido que en la práctica se consideran los gananciales como responsables por mitad de las obligaciones contraídas por la mujer con licencia.

Esto será tal vez práctico. Mas no nos parece legal:

1º El principio general es que quien se obliga, no obliga más que sus bienes;

Los gananciales, durante el matrimonio, no pertenecen ni en todo ni en parte á la mujer, sino en totalidad al marido;

Luego la mujer, cuando contrae en nombre propio, no puede obligarlos ni en todo ni en parte.

Y no se invoquen las leyes 1ª y 4ª, tit. 4º, lib. 10 de la Nov. Rec. para pretender que la mitad de los gananciales pertenece á la mujer y debe, por lo tanto, responder de sus deudas. El Tribunal Supremo responderá por nosotros que «las leyes 1ª y 4ª del título examinado de la Novísima Recopilación, al declarar los bienes que deben considerarse gananciales, sobre estar explicadas por la 5ª, se refieren á la época de la disolución del matrimonio por muerte ó divorcio, como la única en que procede hacer liquidación de ellos y de los peculiares á cada uno de los cónyuges» (Sent. de 4 de Marzo de 1867). La ley 5ª, en efecto, ley hecha para «declarar las leyes del Fuero y lo contenido en el libro del Estilo de corte y las otras leyes, etc., etc.», es la que habla de los gananciales durante el matrimonio y decide «que los pueda enagenar el marido, durante el matrimonio, si quisiere, sin licencia ni otorgamiento de su mujer». Así es que los intérpretes se han visto precisados á reconocer que el pretendido dominio in habitu de la mujer «sólo produce los efectos de un verdadero dominio, después de la disolución del matrimonio ó de la separación de los cónyuges por divorcio legal» (La Serna y Montalbán, tomo I, p. 390, nota 3, 12ª ed.). En una palabra, la mujer, como decían
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los antiguos jurisconsultos franceses, «non est domina, sed speratur fore», no es, sino será propietaria de la mitad de gananciales. Y con igual franqueza ha declarado el Supremo que «al marido corresponde el pleno dominio de los bienes adquiridos durante el consorcio» (La misma Sentencia).

Queda, pues, incontestablemente demostrado que los gananciales, constante el matrimonio, no son ni en todo ni en parte de la mujer. Ni en todo ni en parte deben, por lo tanto, responder de las obligaciones por ella contraídas.

2º Adviértase, á mayor abundamiento, que la doctrina contraria conduciría á resultados totalmente inadmisibles.

Si la mujer pudiese obligar por mitad los gananciales con la licencia de su marido, también debería poder hacerlo con la del juez, toda vez que la de éste es «la que el marido le había de dar, la cual, ansi dada, vala como si el marido se la diese». De manera que la esposa podría hacer indirectamente lo que la ley 5ª le prohibe hacer directamente: disponer, durante el matrimonio, de su mitad de gananciales contra la voluntad del marido.

Hay más. Si la mujer puede obligar la mitad de los gananciales, es porque esa mitad le pertenece. Luego el marido no deberá igualmente poder obligar más que su mitad. Y esto es, en efecto, lo que se pretendía en el recurso de casación fallado por la sentencia antes citada de 4 de Marzo de 1867. Pero ¿puede darse pretensión más palmariamente opuesta á la ley 5ª, que declara al marido dueño de disponer libremente de todos los gananciales sin distinción?

3. Nuestra doctrina ha sido aceptada categórica, aunque implícitamente, por el Tribunal Supremo: «Todos los bienes de la sociedad conyugal se hallan inmediatamente afectos al cumplimiento de las obligaciones y cargas contraídas en beneficio de la misma, ya lo hubieran sido mancomunadamente, ó sólo por el marido como legitimo administrador y mientras no se justifique intervino ánimo doloso para ello» (Sent. de 11 de Febr. de 1870).

Como se vé, el Supremo no cuenta las obligaciones contraídas por la la mujer sola entre aquellas de que responden los bienes de la sociedad conyugal.

Y la misma conclusión resulta de lo que dice sobre la obligación
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mancomunada. En efecto, si la mujer pudiese obligar la mitad de los gananciales, sería, lo repetimos, porque se la consideraría dueña de esa mitad. Y como la obligación mancomunada, según la ley 61 de Toro, es nula respecto á la mujer, claro es que sólo la mitad de gananciales perteneciente al marido deberá responder de ella. Si el Supremo declara todos los gananciales afectos á su cumplimiento, es cabalmente porque, durante el matrimonio, todos los gananciales pertenecen exclusivamente al marido, respecto al cual la obligación mancomunada es válida.

49. Obsérvese, por último, que la solución contraria, apesar de estar, según se nos ha dicho, admitida en la práctica, conduce prácticamente á una dificultad insuperable. ¿Cómo ejecutar la mitad de gananciales durante el matrimonio, cuando no es posible saber hasta la disolución del consorcio si hay mitad y hasta si hay gananciales? «Para determinar la calidad y cuantía de los bienes gananciales y por lo tanto el derecho que de su mitad corresponde á cada uno de los cónyuges, es preciso resulte ese sobrante después de cubiertas todas las obligaciones; y esto no puede tener lugar sino á la disolución de la sociedad conjugal, según con repetición ha declarado el Tribunal Supremo» (La misma Sent. de 11 de Febr. de 1870).

140.—Es evidente que, cuando la mujer obra como apoderada de su marido, la solución será la misma que si éste hubiese contraído personalmente la obligación.

141.—La excepción indicada al tratar de los bienes dotales existe respecto de los gananciales. Responden de las resultas del tráfico de la mujer autorizada por su marido para ejercer el comercio (art. 5º Cód. de Com.).

142.—También existía antes, en lo tocante á los gananciales, la excepción de la ley 78 de Toro, hoy derogada, á nuestro juicio (V. número 182).

Actualmente, creemos que los gananciales no responden ni en todo ni en parte de las obligaciones procedentes de los delitos cometidos por la mujer.

Y lo persuaden las mismas razones en que se funda el Tribunal Supremo para decidir lo contrario respecto del marido.

«El principio de derecho criminal, según el cual solamente el culpable debe sufrir las responsabilidades inherentes al delito, no se opone»,
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dice la encumbrada Corporación, á que «las obligaciones contraídas por el marido en virtud del que cometa se hagan efectivas de los bienes adquiridos durante el consorcio, por corresponderle el pleno dominio de éstos hasta que llega el caso de la disolución del matrimonio» (Sent. citada de 4 de Marzo de 1867).

Luego el mismo principio de derecho criminal se opone á que las obligaciones contraídas por la mujer en virtud del delito que cometa se hagan efectivas de la mitad de los bienes adquiridos durante el consorcio, por no corresponderle el pleno dominio de ella mientras subsiste la sociedad.

ARTICULO II.—DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUJER, BAJO EL PONTO DE VISTA DE SUS RELACIONES CON SU MARIDO. (1)

143.—Bajo el punto de vista de las relaciones de los consortes entre sí, las reglas relativas á las deudas son muy distintas de las anteriormente expuestas.

Dos son aquí los principios fundamentales: 1º Son comunes y deben en primer lugar pagarse con los gananciales las deudas contraídas durante el matrimonio para atender á las obligaciones de la sociedad conyugal; 2º Son privativas y deben pagarse con el caudal particular de cada cónyuge las contraídas en interés exclusivo de él.

Nuestros autores acostumbran apoyar las anteriores reglas en la ley 14, tit. 20, lib. 3 del Fuero Real y en la 207 del Estilo. Al verlas citadas sin la menor explicación ni salvedad, no parece sino que están vigentes del mismo modo y con la misma significación que en los tiempos del Rey Sábio. Nosotros creamos que no hay tal. Hemos, con efecto, tratado de demostrar (números 97 y 135) que las leyes de que se trata no se referían únicamente á los gananciales, sino á todos los bienes de

(1) Parecerá tal vez á primera vista que la materia de este artículo está fuera de los límites de nuestro trabajo. Mas, ¿cómo ocuparnos de las deudas de la mujer sin decir quién las ha de pagar en último resultado? Además, la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación consiguiente, no tienen solamente lugar en caso de muerte del marido, cuando ya la mujer no es casada, sino también en caso de separación, cuando la mujer continúa siéndolo. Nótese, por último, que, aquí como siempre, nos hemos esforzado en circunscribirnos con la mayor escrupulosidad á lo que exclusivamente atañe á la mujer.