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la intención del agente, son susceptibles de combinarse entre sí, y el resumen de esos tres elementos ofrecerá uno solo: la responsabilidad. Y tendremos, en último resultado, un elemento subjetivo, la responsabilidad del agente, y otro objetivo, la malicia caracterizada del acto.

En cuanto al elemento subjetivo del delito, la responsabilidad requiere intención en el agente, exterioridad é imputabilidad en el acto, y esta última cualidad exige á su vez, por parte del agente, conciencia, inteligencia y libertad.

En cuanto al elemento objetivo, que está formado por aquellos deberes requeribles para cuyo cumplimiento no son eficaces las sanciones civiles: el apreciarlos, determinarlos específicamente y señalarles penalidad, es en cada época y en cada país obra del derecho positivo.

Descendamos ahora al terreno legal, entremos en la vida práctica y examinemos dentro de ella la naturaleza del delito, según las declaraciones del legislador depositadas en el Código penal vigente.

Acabamos de ver que el elemento objetivo del delito lo constituyen todos aquellos deberes activos ó pasivos, cuyo cumplimiento no sanciona eficazmente la Ley civil. Y lo primero que nos dice el Código es que sólo son delitos ó faltas las acciones ó omisiones penadas por la Ley, es decir, sólo aquellas respecto de las cuales consideró necesaria la sanción penal, por insuficiencia de la civil. En los libros segundo y tercero define taxativamente cuáles sean estas acciones ó omisiones, allí les señala su penalidad, y únicamente estas infracciones penadas por la Ley, merecen la consideración de delito ó falta respectivamente; porque el artículo segundo prohibe de la manera más terminante á los Tribunales, proceder respecto de hechos que estimen dignos de represión, si no están penados por la Ley. Tal limitación que obedece al mismo tiempo á la independencia de los poderes constitucionales de la sociedad española, es la ratificación más explícita del precepto contenido en el artículo primero. Las consideraciones y razonamientos de los Tribunales, más detenido estudio de las exigencias de la época, y mejor conocimiento de las necesidades sociales, podrán ameritar variaciones de mayor ó menor trascendencia en la definición de los delitos. Pero bajo la legalidad existente, el estigma de la delincuencia sólo es aplicable, hoy por hoy, á los perpetradores de las infracciones descritas por la Ley penal, porque éstas y sólo éstas son las que consideró desprovistas de suficiente sanción por parte de la Ley civil.

Debemos notar, sin embargo, siquiera sea incidentalmente, que el Código penal, depositario en términos generales de esas infracciones, no excluye de una manera absoluta la existencia de otros delitos reprimidos por leyes especiales; ora deban aplicarlas los Tribunales ordinarios, ora
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otros dotados de diferente jurisdiccion. Los reos de semejantes delitos deberán ser juzgados con arreglo á las leyes que los definen y penan, y no con sujecion al Código penal, según su artículo séptimo. En esos casos: el elemento objetivo del delito está encerrado en la ley especial que lo crea: en el fuero ordinario, que es la regla general, ese elemento se encuentra en los libros segundo y tercero del Código.

Antes de ocuparnos del elemento subjetivo, que no es otro que la responsabilidad del agente, recordemos que la sancion penal vino por defecto de la civil; y fácilmente se concebirá entonces, que si la segunda propiamente dicha es exclusiva de la primera, ésta lleva imbibita aquella por su propia virtud. La responsabilidad civil va anexa siempre á la criminal, con arreglo á las prescripciones del capítulo segundo, título segundo, libro primero del Código. El artículo diez y seis establece el principio, y los siguientes hasta el diez y nueve inclusive limitan las excepciones y dictan reglas acerca del modo de hacerla efectiva. Son, pues, responsables civilmente de los delitos ó faltas, todos aquellos sobre quienes pesa la responsabilidad criminal; y ésta comprende á los autores, cómplices y encubridores en los delitos, y sólo á los autores y cómplices en las faltas, á tenor de lo prescrito en el capítulo primero del mismo título y libro, que define y explica estos diversos grados de responsabilidad.

Varía la graduacion de la responsabilidad criminal, por razon del agente según la distinta participacion que como autor, cómplice ó encubridor le quepa, en el hecho punible; y con relacion á este mismo, atendido el estado que su desenvolvimiento alcance. Tratándose de delitos legalmente tales, ó sean los reprimidos en el libro segundo del Código, incurre en responsabilidad el agente, tanto por la tentativa, como por el delito frustrado y consumado, y casos hay en que hasta por la conspiracion y la simple proposicion. Cuando las infracciones se reducen á las faltas comprendidas en el libro tercero, es preciso que hayan sido consumadas, ó frustradas contra las personas ó la propiedad para que resulte responsable el agente sea autor ó cómplice. Así lo prescribe el Código en sus artículos tercero, cuarto y quinto.

La idea de la responsabilidad criminal, elemento subjetivo del delito, produce en nuestra mente por inevitable asociacion las de imputabilidad y exterioridad del acto, é intencion del agente. Hasta aqui sólo hemos leído en el Código que el infractor es responsable en el orden criminal y en el civil: que lo es cualquiera que sea su participacion en el delito: que lo es aunque éste se halle en su origen. El Código, la Ley escrita, no podía renegar de la ciencia del derecho. Al escribir el legislador la palabra responsabilidad, no olvidó los elementos que le dan el ser.

Por falta de conciencia educada, de inteligencia ó de libertad, deja de ser imputable al agente el hecho punible. Acciones ó omisiones voluntarias, dice el Código que son los delitos ó faltas; y uno ó otro de aquellos
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preciosos atributos humanos que quiso expresar el legislador bajo la forma de la voluntad, echarémos de menos en la gran mayoría de los catorce casos á que se refiere el capítulo segundo que se ocupa de las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal.

No pudo ni debió el legislador confiar la libérrima apreciacion de estas circunstancias al poder judicial cuyo único encargo es la aplicación de la Ley. Tampoco le era dado ahogar el criterio de los juzgadores acerca de este particular, porque la justicia habría resultado comprometida en múltiples casos prácticos á que jamás descienden las leyes. Atendiendo á una y otra consideracion, el Código proclama en primer lugar, en el artículo noveno como circunstancias simplemente atenuantes, aquellas que no reúnan todos los requisitos indispensables para producir la absoluta exención. É inspirándose en una racional benignidad, al paso que el número décimo de dicho artículo noveno, deja abierta la puerta para que se admita como circunstancia atenuante, cualquiera de igual entidad y análoga á las taxativamente fijadas en el capítulo tercero; el capítulo cuarto describe las veinte y seis circunstancias, que con exclusion de todas otras, pueden ser apreciadas como agravantes.

Finita, como todo lo creado, la justicia humana, está limitada á los hechos perceptibles: no puede juzgar más allá de lo externo, porque se lo estorba la imposibilidad física de conocerlo. Ni necesidad había de que el Código reconociese la exterioridad del acto, como condicion imprescindible para que sea justiciable. Sin embargo, al prevenir gravísimos delitos castigando no sólo la conspiración, sino hasta la simple proposición, al tratar de sorprender al delincuente en el mismo momento de la concepción del delito, como si en aquel instante quisiera reprimirlo; define la proposición diciéndonos que ésta existe, cuando el que ha resuelto cometer un delito, propone su ejecución á otra persona. Hasta que la resolución interna no se traduce materialmente y reviste una forma ostensible, no cae bajo la jurisdicción humana.

Por último, el Código tributa también el debido homenaje á la intención del agente, que no es otra cosa que la determinación de la voluntad, circunstancia esencialísima de todo delito. Entra en su definición la voluntad determinada, voluntad que se presume siempre en nombre de la filosofía y de la razón, mientras no se prueba lo contrario. La demostración auténtica de falta de intención en el agente, envuelve la declaración de que éste no ha delinquido, á tenor de lo prescrito por el caso noveno del artículo octavo, que exime de responsabilidad criminal, á aquel que ejecutando un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente sin culpa ni intención de ocasionarlo.

Bien puede suceder que el acto practicado no sea lícito en sí mismo, ó que en su realización no se haya guardado la debida diligencia. Ame-rita entonces, á pesar de la falta de intención del agente, las sanciones
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en Constantinopla, por el Presidente ó los obispos de la ciudad en las provincias. Y lo mismo sucedía cuando el padre había sido hecho prisionero ó estaba ausente; pues, á los tres años de cautividad ó de ausencia, podía el matrimonio celebrarse en la forma indicada, aun cuando la patria potestad subsistiese ó la hubiese de recuperar el padre á su regreso.

Según el párrafo 12, tít. 10, lib. 2º de las Institutas, la falta de consentimiento paterno anulaba el matrimonio; igual disposición se contenía en la ley 11, tít. 5º, lib. 1º del Digesto; por mucho que algunos canonistas hayan pretendido que en tal caso había connubium y no justas nupcias (1).

Las anteriores indicaciones bastan para persuadirnos que el Derecho romano no resolvió nunca en racional sentido la verdadera naturaleza de la intervención que á los padres corresponde en el matrimonio de sus hijos; pues ni aún en las disposiciones con que, bajo la influencia del cristianismo, se suavizó la barbarie del primitivo derecho, encontramos esa fórmula conciliadora, ese equilibrio entre la respectiva subjetividad del padre y del hijo, fórmula y equilibrio que de consuno reclaman el derecho de cada uno, el interés de ambos, y el interés también de la sociedad.

El derecho canónico se conformó con el romano hasta el siglo XII en que, so pretexto de favorecer los matrimonios, se entronizó la doctrina de que, si bien los hijos faltaban gravemente á los padres, los matrimonios eran válidos, sin embargo. (2)

En Francia se consideraron nulos, antes y después del Concilio de Trento. En ese Conoilio los Embajadores del Rey de Francia y el Cardenal de Lorena instaron por la declaración de nulidad; pero aunque al principio fueron atendidos, el decreto «de reformatione matrimonii» reiteró después la validez. (3)—Y como en ese país, el Derecho romano no era universalmente observado, antes bien había numerosas provincias que se regían por sus costumbres propias, podemos establecer que, según la organización de la familia en cada una, según la mayor ó menor severidad de la potestad paterna, así había en Francia mayor ó menor latitud para la libre celebración de los matrimonios.

El Código de Napoleón unificó el derecho en ese punto.—Veamos cuáles fueron las disposiciones de tan inmortal monumento legislativo.

Desde luego empezó por fijar la edad de 25 años en los varones y la de 21 en las hembras, como período, dentro del cual necesitaban el consentimiento paterno y materno para el matrimonio. Notable fué ese

(1) Goyena.
(2) Idem.
(3) Idem.
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penales que en el capítulo de los daños establece el artículo quinientos noventa y tres, según expresamente dispone el artículo ochenta y tres del Código. Pero éste no se desentiende entonces de la intención del agente: castiga lo ilícito del acto, en sí mismo considerado, ó la reprochable negligencia con que se procedió en su ejecución, circunstancias ambas independientes de la intención. Estos mismos caracteres, y sobre todo el último, predominan en la infinita variedad que ofrece el delito de imprudencia temeraria, delito, que precisamente exige como condición constitutiva, la ausencia de malicia por parte del agente. Cuando el acto ha sido licito y practicado con la debida diligencia, es irresponsable el agente, cualesquiera que sean los males originados, si no tuvo intención de causarlos.

De esta manera se ha verificado en el Código la condensación de la ciencia. En estos términos la legislación penal vigente ha entendido concretar para su aplicación práctica, los principios eternos del derecho.

En el libro primero, legisla acerca del elemento subjetivo del delito, la responsabilidad, elemento magno, á cuya creación contribuyen por una parte la intención ó sea la voluntad determinada del agente, y la exterioridad del acto; y por otra la imputabilidad de ese mismo acto, que procede de la conciencia, inteligencia y libertad que asistían al agente al perpetrarlo. Y después de dictar las disposiciones referentes á la penalidad, su aplicación y ejecución; en el libro segundo nos ofrece completamente formado el elemento objetivo del delito, y en el libro tercero el de las faltas: ó sea las terribles listas de aquellas infracciones para las cuales consideró necesaria la sanción penal, por insuficiencia de la civil.

JOAQUIN M. DEMESTRE.
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EL SISTEMA MONETARIO DE ITALIA.

Del «Banker's Magazine» de Nueva York.

Las guerras de 1859 y 1860 allanaron el camino á la union de casi toda la península italiana bajo el cetro de Victor Manuel, quien fué oficialmente proclamado rey de Italia en 17 de Marzo de 1861, aunque Venecia y los Estados Pontificios no se hallaban aún incorporados á sus dominios. La previa division de la península en pequeños estados habia producido correspondientes diversidades de acuñacion. Así, los Estados Pontificios, Módena, Parma, Cerdeña, Venecia, Toscana y Nápoles tuvieron primitivamente sendos sistemas monetarios propios, y estos sistemas, en su mayor parte, carecieron de uniformidad así en las unidades principales, como en las subdivisiones. A la consecucion de la unidad nacional, pronto se siguieron medidas que tendieron á unificar la circulacion monetaria, semejantes á las que más recientemente se han ejecutado en Alemania. Publicaciones recientes sobre la cuestion de la plata, incidentalmente han traído á más general conocimiento algunos hechos interesantes relacionados con esta reforma monetaria y la experiencia de Italia acerca del papel moneda irredimible.

Por una ley promulgada en 24 de Agosto de 1862, se previno que todas las monedas en uso en las diferentes provincias que anteriormente formaban cualquiera de los antiguos estados italianos, se retirasen de la circulacion y ocupase su lugar piezas del sistema francés, que ya estaba adoptado en Parma, Plasencia y los Estados Sardos. En Venecia se abolió la
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antigua moneda en 1866, y en los Estados del Papa en 1867, y entonces se estableció en toda la península un sistema monetario uniforme, cuya unidad fué la lira ó franco (19.3 cents.), dividido en cien centésimos. Por un real decreto de 20 de Octubre de 1861, las casas de monedas del reino fueron dadas en arriendo al Banco Nacional. Este arrendamiento se prorrogó por un año al expirar el contrato; pero finalmente se terminó en 31 de Diciembre de 1874. La única casa de monedas que desde 1º de Enero de 1875 ha acuñado en Italia, ha sido la de Roma, dirigida por el Gobierno, por cuenta propia y con administración oficial. La suma de las piezas antiguas de los sistemas que en Italia existían en 1862 y retiradas hasta el año de 1877 inclusive, ascendía á 576.848,672 liras, de las cuales 30.435,641 eran de oro; 518.072,487 eran de plata y 28.340,544 eran de cobre. De 1862 á 1877, último año á que llegan nuestras noticias, la acuñación de la casa de monedas de Italia fué como sigue:

PLATA.

    Años.
    Oro.
    900 milésimas.
    835 milésimas.
    Bronce.
    Total.

    Liras.
    Libras.
    Liras.
    Libras.
    Liras.
    Libras.
    Liras.
    Libras.
    Liras.
    Libras.

  1862	28.608,760	964,435	330,960	28.190,443			58.094,598

  1863	76.514,100		31.751,913		8.000,000		116.266,013

  1864	12.172,600	601,935	30.696,351				43.470,886

  1865	68.705,190	4.010,835	41.937,107				114.653,132

  1866	8.926,020	2.351,760	33.501,071		20.000,000		59.778,851

  1867	5.525,830		16.530,146		41,293		22.097,269

  1868	6.807,940		1.252,452		19.958,707		28.019,099

  1869	3.707,100	19.976,280					23.683,380

  1870	1.095,400	30.729,280					31,824,680

  1871	470,160	35.116,695					35.586,855

  1872	66,100	35.611,920					35.678,020

  1873	20.404,140	42.273,935					62,678,075

  1874	5.919,420	60.000,000					65.919,420

  1875	2.244,440	50.000,000					52.244,440

  1876	2.154,560	36.000,000					38.154,560

  1877	4.947,960	18.000,000					22.947,960

  Total:	243.269,720	335.637,025	156.000,000	76,190,443			811.097,188

Las piezas de plata subsidiarias están formadas de 835 milésimas de
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metal fino y 165 de liga. Todas las otras piezas de plata y todas las de oro son de 900 milésimas de metal puro y 100 de liga. La pasta obtenida de la plata antigua, no reacuñada, fué exportada y cambiada por oro. La ley reconoció el oro y la plata de peso y ley íntegros, como moneda de curso legal por cualquiera suma, en la relación de 15\( \frac{1}{2} \) de plata por 1 de oro; pero el artículo 6º de la ley sobre moneda prescribió que las piezas de plata de 5 francos, de 900 milésimas, se acuñasen únicamente por cuenta de particulares. Esta última disposición, debida á la depreciación de la plata, se modificó por una ley, hecha en 17 de Julio de 1875, que autorizó al gobierno del rey á suspender temporalmente la aplicación del precepto que prohibía la fabricación de piezas de plata de cinco francos, de 900 milésimas, á no ser por cuenta de particulares. Por varios sucesivos convenios con los otros estados de la Unión Latina, la acuñación de piezas de cinco francos se limitó á 60.000,000 de liras en 1874; 50.000,000 de liras en 1875; 36.000,000 de liras en 1876; 18.000,000 de liras en 1877, y 9.000,000 de liras en 1878. Por un segundo tratado monetario, que ha de estar en vigor hasta 1886, en lugar del que se termina en 1880, se suspende enteramente la acuñación de las piezas de plata de cinco francos y no puede continuarse sin que antes medie el unánime consentimiento de los estados contratantes. Este precepto es aplicable también á 1879, último año del antiguo tratado; pero Italia podrá acuñar 20.000,000 de liras, con objeto, se entiende, de que sustituya las antiguas monedas de plata por otras de cinco francos. Por el mismo tratado, Italia queda obligada á reducir su moneda de plata subsidiaria (silver token money) que ascende á unos 80.000,000 de liras que están circulando en los otros estados de la Unión Latina y que han cesado de tener curso legal fuera de Italia desde 1º de Enero de 1880. La suma de estas monedas hasta aquí recogidas es de 71.031,467 liras en Francia y sus colonias; 6.501,418 liras en Bélgica, y 1.557,241 liras en Suiza; ó sea un total de 79.090,121 de liras.

Las recién contraídas responsabilidades, nacidas del ingreso de Italia en la familia de las naciones, envolvían gastos que pesaban severamente sobre los recursos del país. Los gastos públicos subieron de 921.016,396 liras en 1862 á 1,066.459,285 liras en 1865. De 1860 á 1865 inclusive el exceso de los gastos sobre los ingresos fué de 2,653.667,003 liras, ó unos 500.000,000 de dollars. La deuda nacional aumentó de 2,439.351,650 liras, en 31 de Diciembre de 1860 á 5,583.475,570 liras en 31 de Diciembre de 1865, y el interés anual pagado se acrecentó de 115.764,606 liras en 1860 hasta 269.851,363 liras en 1865. El exceso de las importaciones sobre las exportaciones había creado al mismo tiempo una gran deuda extranjera, representada por acopios públicos y las obligaciones y acciones de ferrocarriles y otras compañías. El interés pagadero en lo exterior aumentó próximamente, de 31 millones de liras en 1861, á unos 90 millones de liras en 1864.
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Tal era la situacion rentistica cuando, en Marzo de 1866, Italia contra-jo alianza con Prusia para la liberacion de Venecia, á que se siguió, en 20 de Junio, la declaracion de guerra contra Austria. Estas complicaciones politicas vinieron simultáneamente con una crisis comercial que, si bien sentida con grandísimo rigor en Londres, comunicó sus efectos á todos los principales mercados monetarios. Una considerable suma de obligaciones públicas que se hallaban en el extranjero, fueron remitidas á su domicilio, y arrojados al mercado italiano, produciendo así una fuerte extraccion de metales preciosos de los bancos. Las rentas consolidadas del cinco por ciento habían bajado de 65 por ciento, á principios de 1866, á 43 por ciento al finalizar el mes de Abril. Bajo semejantes circunstancias, realizar empréstito para operaciones de guerra, en un mercado libre, hubiera sido imposible á no ser con ruinosas condiciones. Para que el Banco Nacional pudiese prestar los necesarios auxilios al Gobierno, se hicieron precisas medidas excepcionales, y en 19 de Mayo de 1866, á virtud de una ley votada en el dia precedente, un real decreto suspendió los pagos en metálico y dió al papel moneda curso legal. No fué este papel moneda directamente emitido por el Gobierno, sino por el Banco Nacional, que provayó de él al Estado bajo la denominacion de empréstitos al Tesoro del Reino. En esa época la suma de los varios metales acuñados en circulacion se calculaba en unos 900 millones de liras.

El papel moneda principió desde luego á depreciarse, llegando el premio del oro á 18\( \frac{1}{4} \) por 100 despues de la derrota de los italianos en Custozza. Todas las monedas de peso al justo rápidamente desaparecieron de la circulacion. Las piezas de plata subsidiarias, aunque valiendo siete por ciento menos de su valor nominal, tambien hallaron el camino que las llevó fuera del pais en grandes cantidades y se acumularon, como ya se ha dicho, en otros estados de la Union Latina, especialmente en Francia y Bélgica, sirviendo de serio trastorno á las clases comerciales. Aun las monedas de bronce, que apenas valen la tercera parte de un valor nominal, fueron atesoradas en considerable suma, en las provincias napolitanas. Esta desaparicion de la moneda subsidiaria dió margen, como en los Estados Unidos despues de la suspension de pagos en efectivo en 1861, á la emision de billetes pequeños por instituciones de menor importancia, tales como los bancos populares, los de obreros y las cajas de ahorro. La circulacion de esta especie de moneda se mantuvo y aun se extendió hasta 1874, en que se dictó una ley para poner término al abuso y proveer á la circulacion de los pequeños billetes bajo la autoridad del Gobierno. Por esta ley, de 30 de Abril de 1874, seis principales establecimientos de crédito,—el Banco Nacional del Reino de Italia, el Banco Romano, el Banco de Nápoles, el Banco de Sicilia, el Banco Toscano Nacional y el Banco de Crédito Toscano.—quedaron autorizados para formar un consorzio ó Sindicatura con el privilegio de emitir mil millones de liras en bille-