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También la defendió, el último en orden, don Eusebio Valdés Domínguez, el entusiasta bibliógrafo y publicista cuyos interesantes trabajos todos conocéis.

No es la prescripción, decía el señor Domínguez, una institución de derecho filosófico en su esencial concepto. Es solamente, una institución autorizada por medidas equitativas, conceptos de vida y de interés en la marcha social de los pueblos.

Y buscando en el orden histórico apoyo á sus palabras, afirmaba que en los tiempos antiguos de Roma no había sido conocida ninguna prescripción, ni la civil, que vino después, en el annus utilis del Pretor: que entre los Germanos, por razón del concepto de la pena que tenían, tampoco había verdadera prescripción en lo criminal, aunque en los delitos privados, que eran los más, cupiese la de las acciones del ofendido, como castigo de su abandono: de cuyo precedente se separó el Fuero Juzgo, estableciendo ya la prescripción de los delitos. Y por aquellos motivos equitativos á que se había referido, defendía el señor Domínguez la prescripción: que no es verdadero jurisconsulto, según decía al concluir, el que entregado á las idealidades de un derecho abstracto, rehuye el estudio y la aplicación de un criterio de verdad.

Aquí terminó la discusión y siguió á ella un notable resumen del Presidente del Círculo, señor González Llorente. Confiesa la Secretaría su grave culpa: en las actas apenas hay un brevísimo resumen de aquel resumen brillante. Hay palabras elocuentes que no pueden ser copiadas, porque oyéndolas se extasia el entendimiento, y es imposible que la voluntad fuerze á la mano á correr sobre el papel: y tales fueron las del señor Presidente.

Después de felicitar con merecidos elogios al señor Bernal por su trabajo, tan lleno en el fondo, como bello en la forma, y de recorrer uno por uno todos los discursos, pronunciados, recordando los argumentos expuestos y haciendo sobre ellos acertadas y profundas observaciones, expuso el señor Presidente del Círculo las principales disposiciones del Derecho Romano y del Canónico en lo concerniente á la prescripción en materia criminal, demostrando que la legislación romana era en esta materia, como en otras muchas, la fuente en que los Códigos modernos habían ido á buscar las verdades fundamentales, y haciendo en este punto las que consideró necesarias rectificaciones. Inquiriendo después el fundamento de la prescripción en materia criminal dijo el señor Presidente que á su juicio no descansaba sólo en las bases exclusivas de ningún sistema, sino que en todos encontraba apoyo, y que además se legitimaba por un sentimiento universal que iba extinguiendo con el trascurso del tiempo los principales motivos de la imposición de la pena.

Son sufrimientos tan ciertos y tan crueles los del remordimiento, decía el señor Presidente, la emigración ó la ocultación, la perpetua zozobra, la
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inseguridad de la libertad ó de la vida, y cuantos siguen al delito impúne, que la consciencia humana perdona, juzgándole bastante castigado, á quien por largo tiempo los ha sentido. Así se robustecía, según la opinión del señor Presidente, el fundamento de la prescripción; no sólo los partidarios de determinados sistemas podían proclamarla, como consecuencia lógica, pero exclusiva de ellos, sino que en todos podía encontrar legítimo y no usurpado lugar, hasta en el sistema de la justicia absoluta que á primera vista parece rechazarla, como incompatible con este concepto, pero en el cual, sin embargo, perfectamente en caja, porque cualquiera que sea el fundamento en que se base la pena, y el fin que se le atribuya, siempre será una verdad, y siempre deberá ser atendido, si no han de chocar las leyes con la naturaleza, aquel sentimiento natural y universal cuyas existencia y valor sentaba el señor Presidente.

Al llegar á este punto, con aquella rica y sustanciosa erudición que tanto realiza siempre sus discursos y tanto interés les presta, hizo el señor Llorente una feliz digresión por el campo de los hechos, y refirió algunos notables en la Historia, en que á los impulsos de indignación contra los reos de graves delitos había sucedido, después de algunos años, un sentimiento de commiseracion y de olvido. Recordamos entre aquellos hechos el notabilísimo proceso seguido en el Parlamento británico contra Warren Hastings, el célebre gobernador de las Indias inglesas, proceso en que Sheridan había pronunciado la oración considerada por muchos como el mejor modelo de elocuencia en su género, proceso que por su importancia ocupaba primer lugar entre los más famosos de los tiempos antiguos y modernos, que por la eminencia de los hombres que en él debatieron hacia recordar la época mejor de la oratoria ateniense, y en el cual, la apasionada excitación del pueblo de Inglaterra, los cargos terribles y las graves pruebas contra Hastings acumuladas, las desgracias que hacían simpatías á algunas de sus víctimas, la acusación del mismo Sheridan, todo fué impotente y se estrelló ante la acción del tiempo, de tal suerte que cuando al cabo de algunos años llegó el momento del fallo, ya el odio antiguo se había trocado en piadosa commiseracion, y adormecidas, sino muertas las pasiones, obtuvo la absolución el que había merecido la más severa condenación de los hombres y la hubiera merecido, sin duda, de la Cámara que le juzgó, si á los delitos hubiese seguido inmediatamente el fallo.

Abogó, pues, el señor Presidente, por la prescripción. Y se detuvo en ponderarla, más que en otro caso, en los delitos políticos, respecto á los cuales el cambio de las ideas y las eventualidades de los hechos hacen más variable la calificación, y dan lugar á que obre con más fuerza aquella especie de reacción á que se había referido, que está, por decirlo así, en el espíritu y en las condiciones de la humanidad. Y como al hablar de delitos políticos se hubiese referido incidentalmente al indulto y la amnistía, hizo notar también el Presidente las analogías que hay entre estas insti-
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tuciones y la prescripción en materia criminal. El indulto y la amnistía son, dentro de la ley, la excepción, y son sin embargo instituciones laudables y provechosas: son quizás el único medio de impedir que en algún caso la inflexibilidad de la ley traiga la injusticia, summum jus summa injuria, y un remedio contra la suma injuria es también la prescripción.

Con el propósito de agitar en el seno del Círculo una de las cuestiones que con más empeño ocupan en países extranjeros, á jurisconsultos y publicistas, escribió y nos leyó el señor Govín, apenas terminó la anterior discusión, una memoria sobre la propiedad intelectual ante la filosofía del Derecho y la Legislación, tema de notoria importancia, porque no se refiere a una idea, cuyas relaciones con la realidad no sean claramente perceptibles y cuyo valor quede encerrado en los dominios de la teoría, sino que consiste en esclarecer la naturaleza y carácter de un principio que lleva en sí un gran valor práctico, que posee una trascendencia tal, que sobre tener asegurado el concurso del pensamiento, debe constituir para el legislador objeto de preferente atención, y de singular estima para el jurisconsulto. Que el jurisconsulto, decía elogiosamente el señor Govín, no limita sus tareas en los tiempos que alcanzamos al examen aislado de uno y otro texto legal ni agota los esfuerzos de su ingenio en resolver antinomias y escribir glosas; el jurisconsulto va más lejos; estudia las instituciones á la luz de los principios, las examina en sus rasgos fundamentales, señala la correspondencia en que están con el genio de los pueblos, con el grado de su progreso histórico, con los adelantos y tendencia de la civilización, en suma, con la vida social.

Del último tercio del pasado siglo arranca, según el señor Govín, la legislación relativa á la propiedad intelectual, y del presente la controversia de distintos pareceres que ha suscitado.

Entre los romanos, aunque fuera reprobable el plagio, según acredita el célebre sic vos non vobis, callaban las leyes respecto de los derechos de los autores, lo cual se explica, en opinión del disertante, ya porque no era fácil multiplicar los ejemplares de una obra, ya porque, dada la índole de aquel pueblo, no pudo crear, no creo un derecho de producción ó de trabajo.

Tampoco en los tiempos posteriores pudo existir: el favor de los príncipes pudo ser recompensa de los autores y estimulo al explendor de las letras, las ciencias y las artes; pero el mismo privilegio, que data del siglo xv, en que otorgó el primero que se conoce la República de Venecia, y cuya existencia en España atestiguan las leyes 24 y 25, tit. 16, lib. 8º, Novilisima Recopilacion, era escasa recompensa, aunque no tan personal ni precaria como el favor y la pension del Rey.

Trazó después el señor Govín un cuadro de las legislaciones relativas á Propiedad intelectual en todos los pueblos del mundo civilizado, deteniéndose especialmente en la legislación española; y aunque de todos serán
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conocidas las disposiciones legales que nos recordó, y bien pudiera excul- sar su repetición la Secretaría, permitásele, sin embargo, reproducirlas, que el interés general de la materia hará útil su reproducción para las personas extrañas al «Círculo» que no las conozcan.

Recordó el señor Govín que el reino de Sajonia fué el primero que por la ley de 1778 reconoció como un derecho independiente de la gracia y permanente como la justicia, el derecho de los autores; y que la primera ley que siguió después este ejemplo fué la de Julio de 1793 en que la Convención francesa aseguró á los autores el derecho de vender, distribuir sus obras y trasmitir la propiedad de las mismas, por un término de 10 años, término que extendieron hasta 20, 30 y 50 años respectivamente el Decreto imperial de 5 de Febrero de 1810, y las leyes de 8 de Abril de 54 y 14 de Julio de 1866; que en España la primera ley sobre propiedad intelectual fué el decreto de las Cortes de 10 de Junio de 1813, según el cual los autores gozaban del derecho de reimprimir sus obras durante su vida, y lo trasmitían á los herederos por 10 años; y al cual siguieron el Real Decreto de 4 de Enero de 1834, concordante con aquel, la ley de 10 de Enero de 1879, que amplia este último término hasta 80 años; que en Italia, la ley de 25 de Junio de 1865 concede al autor el derecho de reproducir sus obras durante su vida, si viviese 40 años ó más desde la publicación, y si no los viviese, se trasmite el derecho á los herederos por el término que faltase para completarlos: que en Portugal, el Código Civil reconoce aquel derecho en el autor durante su vida y en sus herederos ó cesionarios por 50 años; que en México y en Brasil es de 10 años este plazo; de 5 en Chile; de 30 en el Imperio alemán, según las leyes de 11 de Junio de 1870 y 9 de Enero de 1879, relativas la primera á los escritores y la segunda á los artistas; de 30 también en Austria, con facultad en el Gobierno para ampliarlo, respecto de obras de relevante mérito; de 50 en Rusia, según la ley de 8 de Enero de 1830 y el Código Civil de 1857; de 7 en Inglaterra, si el autor en vida gozó de aquel derecho por más de 33, y en otro caso de los años que falten hasta 40; y que son los Estados Unidos el único país donde la ley no garantiza el derecho de los autores por toda su vida y un término más ó menos largo, después de su muerte, sino sólo por 28 años, que pueden ampliarse á 40.

Hizo presente después el disertante que no son sólo los autores nacionales los que en algunos de estos países gozan la protección de las leyes. Gonzala, con completa igualdad, los extranjeros, en Dinamarca según la ley de 7 de Marzo de 1828, en varios estados secundarios de Alemania, en Grecia desde 1833, en Baviera desde 1840, desde 1844 en Sajonia y Suecia; desde 1846 en Austria; en Portugal desde 1817; en Francia desde 1852, aunque no en términos absolutos sino con condición de reciprocidad, establecida también en Venezuela y en Chile, y en los tratados celebrados por España con Francia, Inglaterra, Bélgica, Cerdeña, Portugal y Países
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Bajos, y con sujecion á la cual puede la Reina en Inglaterra conceder á los autores extranjeros los mismos derechos de los ingleses. Los Estados Unidos, difiriendo de este general concierto, niegan toda proteccion á las obras de los extranjeros, cuya reproduccion es completamente libre; pero son, como se ha visto, una excepcion.

La corriente de los tiempos es favorable á los autores. Al precepto de las leyes y á la accion diplomática, se ha unido la iniciativa particular de escritores y artistas, que en Paris, durante la Exposicion de 1878 y en Londres en Junio de 1679 han celebrado congresos literarios internacionales.

Así trazaba el Sr. Govin rápidamente la historia de la legislacion relativa á la propiedad intelectual, y demostraba las proporciones que ésta ha tomado en el Derecho civil y el internacional, y el gran interés que despertaba. Y terminada esta parte de su trabajo, planteara la principal cuestion que se proponia estudiar en los siguientes términos: ¿Es ó no una verdadera propiedad la propiedad intelectual?

Reconocia el Sr. Govin que por la afirmativa se decide la mayor parte de los juristas españoles, Vicente y Caravantes, D. Benito Gutierrez, Gomez de la Serna; opinion que aceptan igualmente en Francia Laboulaye, Passy, Modesto Pailletet y otros; pero que contradicen en cambio, en la misma Francia, Wolowski, Lavergne, Foucher, Riviér, Hue, Maillot, Proudhon, en Italia Triaca y Filippis, en Alemania Ahrens, Bluntschli, Heustetel y Dahn, y en Inglaterra y los Estados Unidos casi todos los que de la materia han tratado.

En cuanto á las leyes, hacia observar el Sr. Govin que la española declara verdadera propiedad á la propiedad intelectual: que la francesa evita cuidadosamente el uso de la palabra propiedad, como tambien la italiana y las del Imperio Aleman, que usan la expresion Urheberrecht (Derecho de autor,) desechando la antes usada de Geistiges Eigenthum (propiedad intelectual,) y las de Inglaterra y los Estados Unidos, que emplean el término Copyright (Derecho de copia.)

¿Quién está en lo cierto? ¿Quién se encuentra en posesion de la verdad? En opinion del Sr. Govin los que sustentan que la propiedad intelectual no es una verdadera propiedad.

Debe distinguirse, decía el disertante, entre la obra y el manuscrito. El derecho al manuscrito, que indudablemente tiene todo autor, es una verdadera propiedad sobre una cosa mueble, regida por la ley comun, con todas las facultades inherentes al dominio, con la accion reivindicatoria, con los recursos de los interdictos posesorios. Porque en esta propiedad media la relacion entre un sujeto y un objeto, sin la cual no es dable que la propiedad exista. Pero el derecho sobre el manuscrito no es el derecho llamado de propiedad intelectual.

Tampoco puede confundirse con éste, tampoco lo constituye el otro de-
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recho que posee todo autor de mirar por la integridad de su obra y por el respeto de su nombre, derecho de carácter moral, relativo al honor y reputación del autor.

La propiedad intelectual reviste un carácter económico, asegura una utilidad material, reconoce el derecho exclusivo de obtener una remuneración puramente pecuniaria, y en nada se relaciona con el valor científico, literario ó artístico de la obra, ni con la inviolabilidad moral del autor.

La propiedad intelectual consiste en el derecho de reproducción: Y por esto, añadía el Sr. Govin, es un error de la ley española de 1879 decir, como dice en su art. 8º, que «no es necesaria la publicación de las obras para que la ley ampare la propiedad intelectual.» Es un error, por que sin la publicación ni se adquiere la propiedad intelectual, ni se puede entrar en goce de los derechos que la ley concede, para el cual, según la misma, es necesario inscribir el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con entrega de tres ejemplares de la obra que se inscriba, y el art. 36 dice explícitamente que los beneficios de la ley se disfrutarán desde el día en que comience la publicación.

Y he aquí, decía el Sr. Govin, una contradicción en que incurrían los que consideran á la propiedad intelectual como verdadera propiedad: porque sus beneficios nacen precisamente con la publicación, cuando las ideas ó los sentimientos pasan al conocimiento del público y dejan de pertenecer al autor, supuesto propietario.

Insistía después el Sr. Govin, ya determinada la naturaleza de la llamada propiedad intelectual en demostrar que en ella no existe relación de persona (sujeto) y cosa apropiada (objeto). ¿Cuál es la cosa apropiable? No la concepción, decía, no la inspiración, las ideas, los sentimientos, el propósito científico, el fin estético, porque todo esto es incorpóreo; no el manuscrito, cosa mueble con independencia de la cual existe la obra, que pertenece por su origen y naturaleza al espíritu: y el autor que podrá ser propietario de su manuscrito, de los ejemplares de su obra, de su estatua, de su cuadro, que por su forma y condiciones constituyen objetos apropiables, no puede ser, en el orden jurídico, propietario de su obra.

La obra es inmaterial, confúndese con el espíritu productor y ser propietario de ella equivaldría á ser persona y cosa á un tiempo, ser propietario de sí mismo, lo cual es imposible. Y además el derecho de propiedad intelectual no hace relación á la obra considerada en sí misma, no aprecia su mérito ni gradúa su valor, no ampara la posesión exclusiva de las ideas lo cual sería imposible y absurdo. Su fin consiste en asegurar los beneficios pecuniarios que puedan resultar de la reproducción de las obras.

La propiedad es además un derecho exclusivo. El propietario quiere la cosa para sí, y el autor, al contrario, lejos de encerrar sus ideas, tiende á difundirlas y las dá á luz para que sean del dominio común, por la irre-
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sistible fuerza de expansión que impera en las elevadas esferas de la ciencia y del arte.

Como la vida tiene sus necesidades, es justo dar á los autores remuneraciones pecuniarias, y es este un deber altísimo del Estado. Como órgano del Derecho, encargado de amparar las condiciones necesarias para la cumplida realización de los fines humanos, debe fomentar los intereses superiores de la civilización y favorecer, facilitándoles condiciones de vida á los autores. Pero los derechos que les otorgue no son una propiedad sino un modo de adquirirla. Y es inútil y peligroso, porque subvierte las ideas y produce confusión, en opinión del Sr. Govin, la expresión «propiedad intelectual» aplicada á aquel derecho.

Las mismas leyes que la usan y consideran como verdadera propiedad aquel derecho, incurren, según el disertante, en una contradicción, que es una negación. No le conceden la perpetuidad, por que la ley, quiera ó no, debe ceder á la naturaleza de las cosas y no se la conceden porque la Filosofía del Derecho reconoce en las instituciones dos elementos, que han de coexistir, sin absorberse, el elemento individual y el elemento social, basado el primero en la personalidad humana considerada en sí misma, y el segundo en la personalidad humana también, pero considerada en sus relaciones.

No hay autor, por original que sea, que no deba algo al esfuerzo extraño, al trabajo acumulado de las generaciones, que constituye la educación del género humano, y de los tres trabajos de toda obra científica ó literaria, el de investigación, el de concepción, y el de composición, sólo en los dos últimos, pero no en el primero radica la originalidad.

Los intereses de la sociedad, por otra parte, reclaman respeto. Las ideas son de patrimonio común una vez publicadas y á nadie debe ser licito privarlas de circulación y oponerse á que revivan ó se perpetúen por medio de la imprenta u otro medio de reproducción, y no es admisible que queden sometidas al arbitrio del autor. Como no se pierde, según dicen los físicos, ningún átomo ni ningún movimiento en el seno de la naturaleza, ninguna idea debe perderse en el dominio de la ciencia y del arte: y los autores, que mucho deben á las generaciones que les han precedido, tienen una deuda para con la sociedad.

Este respeto que merecen los intereses de la sociedad no pudo ser olvidado por la ley de 1879 vigente entre nosotros. Según su artículo 6º la propiedad intelectual corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por término de 80 años, y también es transmisible por actos entre vivos y corresponderá á los adquirentes durante la vida del autor y 80 años después del fallecimiento de éste, si no deja herederos ab intestato: mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará 25 años después de la muerte del autor y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de 55
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treyendo incurrir en un grave error jurídico. Dice; «No es necesaria la publicación de las obras para que la ley ampare la propiedad intelectual.» Y con todo, es necesaria. Sin la publicación de la obra no se adquiere la propiedad intelectual ni puede entrarse en el goce de los beneficios que concede. Así lo ha reconocido la misma Ley en su artículo 36. «Para gozar, dice, de los beneficios de esta ley es necesario inscribir el derecho en el Registro de la propiedad intelectual con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores». ¿Y qué se establece en éstos? Entre otras cosas, que se entreguen firmados tres ejemplares de las obras con destino uno al Ministerio de Fomento; otro, á la Biblioteca Nacional y el tercero; á la biblioteca provincial respectiva. Pero ¿Qué más? ¿no se lee en el ya citado artículo 36 que los beneficios de la ley los disfrutará el propietario desde el día en que comience la publicación? Esto basta para convencerse de que ni la lógica ni la fuerza de los principios dominan en la ley hoy vigente sobre propiedad intelectual.

El análisis nos ha conducido á determinar con precisión lo que constituye la naturaleza de la propiedad llamada intelectual. Veamos ahora si el derecho exclusivo que corresponde al autor de una obra artística, literaria ó científica como á sus causa-habientes para reproducirla es ó no un derecho de propiedad.

Desde luego se vé que el objeto de ese derecho no es ni puede ser la obra en sí misma sino la forma que revista con tal que sea susceptible de una reproducción lucrativa; pues de otra suerte no habría términos hábiles para la existencia de la propiedad intelectual en el sentido jurídico de la expresión.

La base racional de la propiedad es la relación entre una persona (sujeto) y una cosa apropiable (objeto). ¿Acaso se cumple esa condición fundamental en la propiedad mal llamada literaria y artística? ¿Cuál es, en efecto, la cosa apropiable? ¿Lo serán la concepción, la inspiración, las ideas, los sentimientos, el propósito científico ó el fin estético? Nó; porque cuanto queda dicho es incorpóreo. Pero se dirá ¿qué es el manuscrito cosa apropiable? Quien tal dijera olvidaría la índole de la cuestión. El manuscrito nada significa para los efectos de la propiedad intelectual. Con especial cuidado he distinguido la obra del manuscrito, de la estatua, del cuadro. La obra, que por su origen y naturaleza pertenece al espíritu, existe independientemente de la materia en que se exteriorice. Hecha esta distinción, que el análisis dá, resulta claramente que el autor no puede ser en el orden jurídico propietario de su obra; lo será si, de su manuscrito, de los ejemplares de aquella, de su cuadro, de su estatua, productos de su trabajo creador y que por su forma y condición materiales constituyen objetos apropiables y susceptibles por lo mismo de su derecho real. El Derecho no reconoce más que personas, cosas materiales y relaciones, ora entre personas, ora entre personas y cosas.