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Con referencia á éstos, añadía el Sr. Quintana, es sabido que, según el art. 376, terminados por ejecutoria los pleitos sobre declaratoria de herederos, declarados quiénes lo sean, el juicio de ab-intestato debe acomodarse á los trámites establecidos para el de testamentaria; y es igualmente sabido que con sujecion al 380 el Juez del ab-intestato es el único competente para conocer de las demandas que se deduzcan contra los herederos del difunto ó sus bienes, después de prevenido el juicio: que también lo es, según el 381, para conocer de todas las demandas ejecutivas ó ordinarias por accion personal pendientes en primera instancia contra el difunto, por lo que los autos en que se sigan esas demandas han de acumularse al juicio universal: que no lo es á tenor del art. 382 para conocer de los pleitos en que se hubiera ejercitado una accion real, los cuales deben continuar en el Juzgado en que se hubiesen promovido, cuando sea el del lugar en que esté la cosa inmueble ó el de aquel en que se hubiere hallado la mueble sobre que se litigue, pero no cuando sea otro el Juzgado, en cuyo caso es competente el que conozca del juicio universal: que según el art. 384 el administrador de los bienes del ab-intestato representa á éste en todos los pleitos que se promuevan ó estén promovidos al prevenirse el juicio, y debe ejercitar las acciones que al difunto correspondieran, mientras no haya por ejecutoria heredero declarado; y que el art. 503, que se encuentra en la Seccion 3ª del título de la Ley de procedimientos relativo á testamentarias, ordena que en todo lo concerniente á la administracion, enajenaciones, subastas, reclamaciones de fondos, correspondencia; recompensa del administrador y rendicion de cuentas, sean aplicables las reglas dictadas para los ab-intestatos, con una sola y leve diferencia relativa á la apertura de la correspondencia. Preceptos todos que son inconcusos en la jurisprudencia recibida en los Tribunales, y se aplican lo mismo á los juicios de testamentaria que á los de ab-intestato, aunque sólo se refieran á éstos en la Ley, con excepcion del citado en último lugar, siendo por consiguiente acumulables á las testamentarias los mismos juicios que lo son respecto de los de ab-intestato. Y de estos principios y considerando que el Juez de la testamentaria es, en su virtud, quien debe conocer de tales juicios, prosiguiéndolos, decía el Sr. Martinez Quintana, que del propio modo deberian proseguir, lejos de paralizarse, los ejecutivos que se acumulasen á la testamentaria.

Sostuvo despues el orador que la doctrina profesada por el Sr. Carbonell era, además de inadmisible, irritante, porque si se admitiese privarla al acreedor de derechos de que no puede ser despojado, y se le obligaria á hacer lo que en él es testotestativo, ó sea someterse á la tramitacion especial del juicio testamentario; porque éste se convertiría de hecho, si fuese obligatoria semejante sumision, en un concurso de acreedores, sin las ventajas del mismo, cuyo objeto es calificar, graduar y pagar los créditos, mediante un orden especial, distinto del que se observa en los juí-
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cios de testamentaria y de ab-intestato, cuyo fin es la division de la herencia entre los herederos.

Recordando la afirmacion del Sr. Carbonell de que los trámites de estos últimos juicios eran sencillos, contestóla el Sr. Martinez Quintana, diciendo que no por esto deberia sujetarse á ellos el juicio ejecutivo, más rápido y más breve, y que aunque aquellos trámites fuesen únicamente los de inventariar, valuar y dividir, pueden ocurrir y ocurren á menudo incidentes, motivados ya por los mismos inventarios, avalúos y division, ya por la administracion del caudal ó la rendicion de cuentas, contribuyendo todos á demorar la conclusion del juicio mortuorio. Y así, continuaba, siempre que ocurriesen semejantes demoras, serian perjudicados, en vez de salir favorecidos los acreedores, cuya conveniencia consiste en cobrar pronto, realizando bienes que puedan embargar ó que les estén afectos, y no en intervenir en los trámites é incidentes de un juicio mortuorio, ni en obtener fianzas, que podrian ser ineficaces para evitarles nuevos juicios, si no fuesen debidamente cumplidas. Esto seria desnaturalizar el título ejecutivo, ordinario el procedimiento, rodear de dificultades á los acreedores.

Tampoco estuvo conforme el Sr. Martinez Quintana con el Sr. Carbonell en que la accion que ejercite cualquier acreedor, personal ó mixta, exija el requerimiento personal del deudor, opinando que podria válidamente practicarse esta diligencia en el heredero ó administrador del ab-intestato, según los casos: ni admitió la doctrina de que en las testamentarias deben discutirse á la vez y terminarse por una sola sentencia todas las cuestiones que en ellas se ofrezcan, porque en su opinion son pruebas de lo contrario los incidentes, tan varios y numerosos, que caben en aquellos juicios.

Y concluyó el resumen con la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Abril de 1876, que declaró que el art. 407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no obligaba á los acreedores á promover el juicio de testamentaria de su acreedor para el cobro de sus créditos: de lo cual, dijo el Sr. Vice-Presidente, se deduce que es potestativo en el acreedor promover un juicio particular ó gestionar en el universal; que la existencia del de testamentaria sólo produce como consecuencia, cual sucede en el de ab-intestato, la de que el Juez que de aquel conozca debe conocer igualmente de los juicios iniciados ó que inicien los acreedores para el cobro de sus créditos.

Terminado este debate, digno principio de las tareas de la seccion, discutióse en ella si son parte los acreedores para promover el juicio de ab-intestato de su deudor, sosteniendo la negativa el ilustrado y laborioso-sísimo joven D. Antonio Mesa y Dominguez. Tras un rápido examen de los abusos á que daba lugar la Legislacion anterior á la promulgacion de la Ley de Enjuiciamiento Civil que vino á cortarlos de raiz, expuso el
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disertante que los sostenedores de la opinión contraria á la que profesaba é iba á defender buscaban apoyo en la misma Ley por la analogía que creían encontrar entre el art. 407 inciso 3º relativo á testamentarias y los juicios de ab-intestato, y en las opiniones de los tratadistas Manresa, Miguel y Reus.

Prescindiendo de los primeros artículos del tit. 9º de la Ley en lo que se refiere á competencia de los Jueces para conocer de los juicios de ab-intestato, arribó á los que guardan relación con el punto que se debatía, y fijó los tres casos que pueden ocurrir en todo juicio ab-intestato: ó el difunto dejar parientes dentro del 4º grado civil; ó los que tienen derecho á la herencia lo son en grado posterior; ó no existen unos ni otros. Si lo primero, la misión del Juzgado se limita á poner en seguridad los bienes y dar el opportuno aviso á los herederos, cesando su intervención en cuanto éstos hayan comparecido y sean declarados tales, á no ser que alguno de ellos solicite lo contrario. Si lo segundo, procederá el Juez á nombrar un albacea dativo, cuyas funciones brevemente explicó el disertante, constituyendo el primer período del juicio y cesando su intervención luego que exista un heredero declarado por ejecutoria; con el que se entenderán las cuestiones pendientes y que en lo sucesivo se promovieren.

Y entrando ya de lleno en el debate, afirmó el Sr. Mesa que en el caso de existir herederos, dentro del 4º grado ó de grado posterior no cabía dudar que «no eran los acreedores parte para promover el ab-intestato de su deudor» por ser la Ley terminante, fijando de un modo explícito las medidas á que debe en tales casos limitarse la acción judicial. Para los acreedores sería inútil la promoción del ab-intestato y sobre inútil omniosa; porque después de hacer las erogaciones necesarias para ella, se encontrarían obligados, luego que hubiesen comparecido los herederos, y sido declarados tales, á promover contra estos nuevos juicios. ¿Qué papel ha de representar en el ab-intestato el acreedor? ¿Qué ha de promover? ¿Qué interés tiene en él?» se preguntaba el Sr. Mesa. Ninguno, nada ha de promover.» «El verdadero juicio de ab-intestato no tiene ni puede tener otro fin que investigar quienes son los herederos, y hallados, declarados «tales.» ¿Para qué ha de pedir los autos el acreedor? ¿Para que se efectúen las diligencias de la Ley? Si se trata de un ab-intestato de oficio, el Juez las practicará sin excitación de nadie, por ministerio de la Ley; y si los herederos han solicitado la intervención judicial, las practicará á su instancia, por excitación de los mismos herederos. ¿Qué podría hacer al acreedor en todos esos trámites de justificación de parentesco con el difunto, de celebración de la junta y demás análogos? La simple enunciación de esta pregunta, más que cualesquiera argumentos legales, basta á probar, según el disertante, la sin razón de los que sostienen la ingerencia del acreedor. Pero si se desean argumentos de ese género, añadió el señor Mesa, no es preciso buscarlos fuera de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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narios sujetar á gente tan mansa y desprevenida para la guerra, en que casi nunca se habian ejercitado.

Llegó la noticia á Jamáica de estar Velazquez en Cuba; y con permiso del capitán Juan Esquivel, pasó á ella con treinta flecheros á principios de 1512, Pánfilo de Narvaez, hombre de grave y aventajada persona, rubio algo bermejo, de buena conversacion, y aguerrido, pero descuidado en demasía. Hizole buen acogimiento Velazquez como su paisano que era, y nombrándole su capitán principal, se le consideró de allí adelante como su segunda persona en toda la Isla.

Era ya tiempo de que se pensase en poblar; y con efecto, cerca del rio Macaganigus, en un puerto de la costa del Norte, que los naturales llamaban Baracoa, se echaron los fundamentos de la primera poblacion española en esta Isla, con el nombre de la Asuncion de Nuestra Señora, selanándole Velazquez 200,000 indios, aunque entonces no tenía poder para repartirlos. Proveido lo conveniente á la colonia, envió con Pánfilo de Narvaez una partida camino de la provincia del Bayamo, por donde los dejaremos ir, Narvaez caballero en una yegua retozona, y los demás á pie, para ocuparnos de lo que en la Asuncion pasaba.

Es el caso que algunos de los pobladores estaban descontentos del Gobernador, porque no los trataba tan bien como quisieran; y viéndose Diego Velazquez turbado en su mando, procesó al principal de ellos, Francisco de Morales, sevillano honrado, y capitán de autoridad, y preso lo remitió al Almirante. Esta providencia sólo sirvió para exasperar á los desafectos, y como les llegase la noticia de estar ya en la Española los jueces de apelacion, firmaron sus memoriales é informaciones secretas, y eligieron para llevarlas á la nueva Audiencia, como más arrojado y ladino, al mismo secretario de Velazquez, Hernando Cortés, ocupado entonces en pacíficas granjerías, y que después conquistó el rico imperio mejicano. Estando ya á punto de embarcarse en una canoa en desempeño de su peligrosa mensajería, lo hizo prender el Gobernador, y amenazaba ahorrarlo: pero mediaron ruegos de amigos y acordó mandarlo á la Española. Ya embarcado, dióse maña Cortés en sacar el pie del grillo, y mientras los de la nave dormían, se echó al mar, abrazado según unos á un madero, y según otros en un equife. La creciente lo arrimó á la playa á tiempo que alboreaba, y aunque triste y desfallecido, supo esconderse hasta que tuvo ocasion de refugiarse en la iglesia. Cerca de ella vivía el granadino Juan Suarez, y con él su hermana Catalina, doncella honesta y de hermosa presencia, que caía en gracia á Cortés; y por solazarse en su retiro, comenzó á requebrarla con buena fortuna: mas al salir un dia á sus galantes, cogiólo desprevenido por los hombros Juan Escudero, alguacil, y lo llevó á la cárcel.

Entonces fué cuando Diego Velazquez ejecutó una de las acciones que más le honrara, porque hace ver que su corazon era capaz de impulsos generosos. En efecto, irritado justamente con su mal agradecido secretario,
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Basta leer su articulado que de todo en todo y siempre se refiere á herederos, nunca á acreedores.

En el caso de que declarada vacante la herencia, pase al Fisco, son así mismo aplicables, en opinión del Sr. Mesa, los argumentos consignados. Y concluyó su discurso repitiendo que por ser de índole muy distinta los juicios de testamentaria y los de ab-intestato, era absurdo buscar analogía en los artículos de la Ley relativos á ambos; que nada adelantaban los acreedores con ser parte en el ab-intestato de su deudor, teniendo siempre y para todo caso expeditos sus derechos contra el cuerpo de bienes; y que sería injusto que los herederos se viesen obligados á abonar las costas causadas por el acreedor con su innecesaria intervención en el juicio.

El Sr. Bermudez, que usó de la palabra en defensa de la doctrina combatida por el Sr. Mesa, estimaba que siendo parte legítima según el expreso tenor del art. 407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para promover la testamentaria de su deudor, el acreedor que tenga á su favor un título cumplido, (art. 408) y pudiendo con este carácter figurar en los períodos de inventarios, avalúos y división y particion, así como en los incidentes que con relación á ellos se susciten, virtualmente está decidido que también lo sea en el ab-intestato de su deudor, que no es un verdadero juicio, sino un conjunto de diligencias previas para que pueda entrar en el juicio llamado de familia, y que tienen por objeto poner en seguridad los bienes del que falleció sin otorgar testamento, á otra final disposición y suplir la omisión ó silencio del finado, suponiendo que su postrimera voluntad fué que á sus bienes se diese la distribución marcada por la Ley de Mostrencos. Entender otra cosa sería, en opinión del señor Bermudez, atribuir al legislador un contrasentido inconcebible en derecho, pues si para lo más, que es tramitar el juicio de testamentaria, se le concede personalidad al acreedor, no es posible negársela para lo menos, ó sea para promover y activar aquellas diligencias sin las que no podría entrarse en el juicio de familia, corroborando este concepto el que, si á los jueces les es potestativo, mejor dicho obligatorio, conforme al art. 351 de la citada Ley, prevenir de oficio el ab-intestato tan luego como llegue á su noticia por cualquier medio el fallecimiento de alguna persona, sin que conste haber hecho testamento, ni dejado ascendientes, descendientes ó colaterales dentro del 4º grado, con mayor razón ha de ser potestativo al acreedor con título cumplido gestionar para que el ab-intestato se inicie y cuanto antes exista persona con quien pueda sustanciarse la reclamación que tenga que hacer para realizar el reembolso de su crédito.

También el Sr. D. Fernando de Castro reconocía al acreedor el derecho de promover el ab-intestado, pero sólo para facilitar ó expeditar el nombramiento del Administrador con quien pudiera entenderse después
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en el correspondiente juicio, como representante de la herencia; y por la afirmativa opinó tambien D. Antonio P. López, fundado en que no puede puede influir en los derechos del acreedor la circunstancia de que el deudor haya muerto con testamento ó sin él, por lo cual debe ser aplicable á los ab-intestados la facultad de promover el juicio, concedida respecto de las testamentarias, á los acreedores que justifiquen cumplidamente su crédito.

Puede darse, decía, y se dá frecuentemente el caso de que existan créditos mayores que el haber de cada heredero y es primero pagar que heredar: la testamentaria es continuacion del ab-intestato, debiendo éste considerarse como un juicio anterior á aquella, en el cual se tiende principalmente á la declaratoria de herederos por no haber testamento en que estuviesen instituidos; y no podria explicarse que dando la ley derecho para conseguir el fin, que es cobrar los créditos, interviniendo los acreedores en los inventarios, tasaciones, etc., no permitiese el medio de promover el ab-intestato, poniéndose en seguridad los bienes y haciéndose la declaratoria de herederos para llegar á los trámites de la testamentaria. Y es indiferente añadía, que haya ó no constituido administrador en el ab-intestato, porque administrador hay también en la testamentaria, y sin embargo, el acreedor interviene, si lo cree oportuno, á los efectos de la ley.

Resumió esta discusion el Presidente de la Seccion Sr. Carbonell, y opinó en el propio sentido que el Sr. Mesa, cuyos argumentos merecieron todos su completa aprobacion. Esto dicen únicamente las actas y ésto se limita la Secretaría á repetir en la memoria. Y en verdad era un trabajo completo el del Sr. Mesa y no sorprende que la Presidencia, adhiriéndose á su opinion, no creyese necesario esforzarla con nuevos razonamientos.

Un amigo querido de los socios y socios honorario del Circulo, el señor D. Guillermo Bernal, Juez de primera instancia de Cienfuegos, propuso en una visita con que honró á la Sociedad y á la seccion de procedimientos, el siguiente tema: Declarado el concurso necesario, ¿procederá la acumulacion de los juicios ejecutivos que se encuentre en diversa instancia? Encargóse su estudio á D. Fernando de Castro, y fué durante algunas noches, objeto de animada discusion.

En una memoria de la cual sólo dirá la Secretaria lo que dicen las actas de la seccion, que fué acogida con general aplauso; defendió el señor Castro la improcedencia de la acumulacion de los juicios ejecutivos á que se referia el tema propuesto. Lo primero que al examinar la cuestion notaba y hacia notar el Sr. Castro, es que todas las disposiciones legales que se contraen á la sustanciacion de los incidentes de acumulacion de autos hablan siempre de Jueces y de Juzgados: que en ninguna se establecen trámites para la sustanciacion de tales cuestiones entre un Juzgado y un Tribunal Superior, no refiriéndose tampoco en ningun caso á diversos gra-
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dos ó instancias; y disponiéndose en el art. 172 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que para la resolución de las contiendas sobre acumulación hayan de remitir los Jueces contendientes los autos al Superior respectivo, que será, según el art. 173, el que lo sea para decidir competencias: y que en el siguiente se dispone que allí en adelante, es decir, desde la remisión de los autos se acomodará la sustanciación de los incidentes de acumulación á lo prevenido para las competencias.

De este precepto deducía el Sr. Castro que las cuestiones de acumulación deben regirse por los principios reguladores de las de competencia, en cuanto la ley no contenga disposiciones expresas y diferentes, adaptación que encontraba muy racional, porque toda cuestión de acumulación implica una de competencia, y deploraba que tampoco en el título que trata de las competencias resolviese la ley si cabían ó no, tratándose de juicios que estuviesen en diversas instancias.

Acudía, pues, para resolver el problema propuesto, á los principios fundamentales que regulan nuestro sistema de enjuiciamiento y á los orgánicos de nuestro Tribunales. Y recordaba que de las diversas instancias que tienen los juicios, la primera, en que propiamente se libra la batalla judicial, se deducen las acciones y las excepciones, y se produce la prueba, es la verdaderamente consagrada á la sustanciación del pleito, no siendo la segunda en realidad más que la revisora del fallo de la primera, ni la casación, especie de tercera instancia, más que la revisión del fallo de la segunda. Principios para cuya aplicación ha sido necesario organizar los Tribunales bajo un sistema gerárquico ó de gradación de atribuciones, y con sujeción al doble principio de la subordinación y obediencia respectiva y de la independencia de cada grado dentro de la esfera de sus atribuciones, de tal modo que si excediéndose un Tribunal de sus atribuciones conociese de cualquier juicio en grado distinto del de su jurisdicción, sería absolutamente nulo cuanto actuase.

En estos principios se funda la doctrina que citaba el Sr. Castro, según la cual, admitida por un Juez una apelación en un pleito, concluye su jurisdicción para conocer del mismo y sus incidencias, y no puede, por consiguiente, sostener competencias sobre aquel ni sobre ésta, y la de que la jurisdicción no es prorrogable de grado á grado. Y es opinión de los más autorizados comentadores, según el disertante, que para que sea posible una contienda de competencia entre dos Tribunales es necesario que no exista entre ellos relación de inferior á superior respectivo: opinión que aceptaba el Sr. Castro, fundándose en que no puede caber contienda entre un inferior y su superior respectivo, por razón de la obediencia debida por el primero, y apoyándola con las consideraciones de que al paso que en las leyes de procedimiento y en los reglamentos de las Audiencias se establece el modo de sustanciar competencias entre dos jueces de primera, y entre salas de una misma Audiencia, ninguna mención se hace de com-
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petencias entre aquellos y éstas; de que la única referencia ó indicacion relativa á semejantes contiendas que hay en disposiciones anteriores á la Ley de Enjuiciamiento Civil se contrae á las que ocurriesen entre un Juez y una Audiencia de distinto territorio: y la de que en la ley orgánica del poder judicial vigente en la Península se preceptúa terminantemente que el Tribunal Supremo no formará competencias, que ningún Juez ó Tribunal podrá promoverlas contra él, y que si algún Juzgado ó Tribunal entendiere en negocios que fuesen de la competencia de aquel alto cuerpo, se limitará éste á ordenar que el Juzgado ó Tribunal de que se trate se abstenga de todo procedimiento y le remita los antecedentes.

Dados estos principios resolvía el Sr. Castro la cuestion que era objeto de su memoria, en el sentido que más arriba se ha indicado. Si el objeto de la acumulacion, decia, es que los antos acumulados se sigan en un sólo juicio y sean terminados por una misma sentencia, ¿cómo habrian de ser posibles una y otra cosa respecto de juicios que se encuentren en diversas instancias? ¿Cómo acumular á las actuaciones de primera instancia de un concurso las de los ejecutivos que se encontrasen en apelacion en la segunda, ó tal vez en la que podriamos llamar tercera, pendientes de casacion? ¿Con qué jurisdiccion, con qué competencia, con qué atribuciones podria un Juez de primera instancia que en ella conociere de un concurso asumir la jurisdiccion, la competencia y las atribuciones propias únicamente de los Tribunales Superiores ó del Supremo para entender simultáneamente de los ejecutivos que estuviesen en segunda instancia ó en casacion, y comprender en una misma sentencia la que en el concurso le correspondiese pronunciar en primer grado y la que en los ejecutivos debiese dictar la Audiencia ó el Tribunal Supremo? ¿Cómo podria, en fin, confirmar, revocar, modificar ó anular las sentencias que en dichos ejecutivos hubiese ya proferido otro juez de su mismo grado, ó quizás una Audiencia—si ya se hallaban aquellos en casacion? Además, seguia diciendo el Sr. Castro, si toda cuestion de acumulacion implica una de competencia, ¿cómo habia de poder promoverla el Juez que conociese del concurso á su superior gerárquico, ó al Tribunal Supremo?

La acumulacion es, pues, en estos casos, un imposible jurídico, y esto explica por qué la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece forma alguna para tramitarla, y por qué la ley orgánica del poder judicial, que aunque no rige en Cuba, tiene excluyente autoridad, exceptúo terminantemente de la acumulacion en su art. 309 los juicios que estuviesen en diversas instancias, y no sólo éstos, sino tambien los que estuviesen conclusos para sentencias.

Si los autos de un concurso á virtud de una apelacion, se hallasen en la Audiencia y en ella tambien los ejecutivos cuya acumulacion se solicitase, entonces, si, decia el Sr. Castro, procederia la acumulacion, la cual deberia sustanciarse ante la Audiencia, como si se tratase de una compe-