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Yáquimo, San Juan de la Maguana y Azua; y estaba tan en la gracia del Comendador, que lo hizo su Teniente en las cuatro poblaciones.

El año adelante de 1511 determinó el segundo Almirante poblar esta Isla, y como se ha dicho, eligió para capitán de la expedición á Velazquez, que cierto ninguno se hallara tan aproósito; porque además de las buenas prendas mencionadas, recomendábalo el ser más rico que ningún otro y estar muy ducho en este linaje de empresas.

Pregonada la expedición por la Española, acudieron muchos á alistarse; la mayor parte gente perdida, adeudada y áun recién salida de las cárceles, y los demás caballeros aficionados al capitán; y reunidos como unos 300 en Salvatierra, zarparon á fines de Noviembre, y desembarcaron en el puerto de Palmas, de la provincia de Mayci, la más oriental de Cuba.

Pero antes que ellos llegó la fama de su proyecto, y se prepararon á disputarles el desembarco muchos indios que de la provincia de Guahabá, en la Española, se habían pasado á la de Mayci capitaneados por un Cacique cuerdo y valiente, á quien los coronistas dicen Hatuey, aunque Diego Velazquez en una carta al Emperador, le llama indistintamente Icahuey, Yacahuey ó Jahatuey, el cual se había enseñoreado de los mansísimos naturales de esta Isla. Defendiéronse con efecto dos meses, pasados los cuales tuvieron que recogerse á las selvas donde los monteaban los soldados: ponían éstos todo su empeño en apoderarse de Hatuey; y para averiguar su paradero daban tormento á los que cogían; supieronlo al cabo, y aprehendido, lo condenó Velazquez á ser quemado vivo.

Los isleños de Cuba eran de apacible y alegre condición, y no ajenos de policía y civilidad en sus costumbres. Su lengua era casi la misma que la de Haití: vivían en pueblos de hasta 300 casas: comían poco: castigaban el hurto: casabúanse con una ó más mujeres: los varones en general iban en carnes, y las hembras cubiertas con unos pañetes de algodón. Labraban la tierra: cazaban y paseaban de varios modos, y hacían sus víveres, ó corrales de cañas bravas, en los remansos de la mar. Religión, casi no la tenían: al cielo llamaban Turey; al diablo Cemi; y á sus agoreros, médicos, ó sacerdotes, behiques. Sus diversiones eran el batey ó pelota; areitos, ó bailes muy á compás; cantares de suave consonancia con trovas ó leyendas históricas, y artificiosos juegos de manos. Por medio de unos cañutos en figura de Y, que llamaban tabacos, y cuyos dos extremos superiores introducían en las ventanas de la nariz, aspiraba hasta embriagarse, el humo de la planta á que ahora damos el mismo nombre. En cuanto á sus muebles, sólo tenemos noticias de sus hamacas, de sus jabas, del cibucan, ó talega en que esprimían la yuca para hacer el cazabe, y de sus asientos en forma de animales con orejas de oro. Los naturales de Cuba se llamaban en general ciboneyes; los sirvientes naborías, y los señores Caciques.—Este rápido bosquejo servirá para dar á conocer lo fácil que sería á los expedicio-
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escusion, solo lo hacen obligatorio cuando el fiador simple lo exige, y para ello es fuerza que anticipe los gastos y las costas que para el acreedor ha de importar el juicio, determinando bienes libres de toda responsabilidad, presentes en el lugar en que radique el juicio.

Doctrinas contrarias á las del Sr. Cueto sostuvieron, en un meditado y erudito discurso D. Benito Bermudez, y en breves y ligerísimas palabras el que cs la dirije en este instante. En opinion de ambos, es confundir el derecho constituyente con el derecho positivo, estimar que deban ser de cargo del fiador las costas y gastos del juicio de escusion por la razon de ser éste introducido en su beneficio: porque el fiador no pagando al acreedor mientras no hayan sido escutidos los bienes del principal obligado, no deja de cumplir obligacion alguna por cuyo incumplimiento deban afectarle responsabilidades, ya que teniendo su obligacion la favorable condicion que le dan las leyes, sólo nace cuando esta condicion se realiza.

Otra cosa seria desconocer la ley, que será dura, si se quiere, pero debe ser cumplida, y dar á la responsabilidad del fiador una extension en que éste no entendió consentir; porque sólo consintió con la condicion de la ley, es decir, con la voluntad y el derecho de utilizar los beneficios que ésta concede. El acreedor pudo no contratar sino exigiendo un fiador que renunciase á aquellos beneficios: al aceptar el que le fué ofrecido y que no los renunció, consintió en las condiciones de la ley, consintió en la necesidad del prévio juicio en caso de incumplimiento. ¿Cómo, pues, favorecerle en perjuicio de otro, en más de lo que el mismo quiso ser favorecido?

Además, decia el sócio que os habla, no siempre tiene el acreedor que hacer escusion de bienes del deudor: dispensado está de ella cuando el deudor está ausente, según dispone la Ley 9, título 12, Partida 5ª, y tambien, según la doctrina aceptada por la casi universalidad de los autores, en el caso de insolvencia del deudor. Insolvencia que, si al dirigirse el acreedor directamente contra el fiador fuese negada por éste con la pretension de que se siguiese el prévio juicio de escusion contra el deudor, sería un hecho sujeto á prueba, pero que probado daría al acreedor el éxito apetecido.

El Sr. Bermudez insistió notablemente en la diferencia que hay en derecho entre fiador por fianza simple y fiador principal pagador, y negada por el Sr. Cueto esta diferencia, pues para él no hay más que una clase de fianza, y la fianza con renuncia de los beneficios de orden y escusion es una obligacion solidaria, surgió una cuestion accidental en que el Secretario que os habla trató de demostrar la diferencia negada por el Sr. Cueto, apelando entre otros argumentos, á la diferencia que entre una obligacion solidaria y una fianza con renuncia de los beneficios se ofrecía, en cuanto á su validez, en ciertos casos, como por ejemplo, los de la Ley 17, tít. 1º, libro 10 N. R., pues según ella sería nula la fianza con renuncia de beneficios, la que podia llamarse fianza solidaria, adyecta á la obli-
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gacion de un menor, y no lo seria la obligacion solidaria contraída por un mayor en union de un menor, lo cual demuestra clara y prácticamente la diferencia esencial que hay entre ambos contratos: pero no merecen, en verdad, aquella discusion incidental, ni los demás argumentos del que os habla, ocupar en esta memoria mayor espacio del que ocupan ya.

El Presidente de la seccion don Antonio P. Lopez, resumió á continuacion el debate. Despues de apreciar las razones alegadas en pró y en contra de las opiniones sustentadas, y exponiendo la suya, empezó diciendo que la fianza por su naturaleza es esencialmente un contrato de garantía, cuyo origen histórico se encuentra en el Derecho Romano, que fué perfeccionándose por las doctrinas de los jurisconsultos de los tiempos de Caracalla y Alejandro Severo en las cuales está ya resuelta la cuestion debatida en sentido afirmativo, del mismo modo que se ha aceptado casi unánimemente por los Códigos modernos desde el de Napoleon: que Justiniano no alteró esa jurisprudencia sancionada en el Digesto, sino que estableció el beneficio de orden, conocido tambien con el nombre de excusión; de suerte que antes y despues de esta reforma habia términos hábiles para la cuestion: y que debia recordarse la division de los contratos de Derecho extracto y de buena fé para entender con más claridad las Leyes Romanas, pues en los primeros, sólo puede pedirse lo estipulado y los segundos se extienden á cuanto ex æquo et bono proceda.

Entrando luego en la cuestion, tratóla el señor Presidente con arreglo al Derecho romano, deteniéndose en oportunas consideraciones sobre lo dispuesto en las siguientes leyes:

La Ley 54 Dig. de loc. según la cual el fiador que se obligó por el arrendatario, sin poner limitacion, queda obligado tambien á los intereses de demora, como lo está el arrendatatio. La 52, § 2º, Dig. de Fidej, de la cual se infiere que el fiador es responsable no sólo de la renta sino tambien del daño causado en la heredad. La Ley 68, que declara que los fiadores de Magistrados no son responsables de la pena ni de multa que no pro-metieron y de cuyo párrafo primero se deduce claramente que están obligados á los intereses cuando no limitan la garantía á lo principal. Y la Ley 73 que declara libre al fiador de las penas en que ocurriese su fiado por contumacia.

Puede, pues, establecerse, decia el señor Presidente, que según el Derecho romano, dada una fianza para asegurar el cumplimiento de cualquiera contrato en términos generales, sin restriccion, se obligaba el fiador, no sólo á lo principal, sino á los intereses, daños, perjuicios y costas, ó sea á las responsabilidades que naciesen de la causa del contrato y no de causa extraña.

Pasó despues el señor Lopez al estudio del Derecho pátrio, exponiendo que en nuestros Códigos, desde el Fuero Viejo de Castilla sólo ha encontrado una Ley, que es la 13, título 18, libro 3º del Fuero Real que puede
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aplicarse á la cuestion, y dice asi: «Todas las cosas que es tenudo el deudor á todas es tenudo el fiador, é no á más.»

Y por último, comparando la Legislacion patria con la extranjera, observó que segun el Código Francés, el Sardo, el Napolitano, el de la Luisiana, el de Vaud, y el Holandés, la fianza se extiende á los accesorios de la obligacion principal, con los cuales está conforme nuestro proyectado Código Civil, expresando que «si fuere, la fianza simple é indefinida comprenderá, no sólo la obligacion principal, sino tambien todos sus accesorios inclusive los gastos del juicio.»

Esta discusion es la unica de que ha dado cuenta á la Secretaria general la de la seccion primera y la unica de que cabe hacerencion en esta memoria. Otras ha habido en aquella seccion, así como en la segunda y la quinta, de las cuales tampoco se ha recibido más que un acta en la Secretaria general, pero para no incurrir acaso en inexactitudes ó omisiones y por no tener notas que pudiesen suplir á las actas, no ha querido el Secretario ocuparse en su memoria de otros trabajos de aquellas secciones.

El acta remitida por la segunda se refiere á una disertacion leída por el Sr. Cueto, en que se propuso demostrar que al socio comanditario que tome parte en la gestion de una sociedad no puede hacersele responsable de las operaciones de la misma como socio colectivo.

Despues de establecer que el caso era pura y exclusivamente mercantil y estaba sujeta, por tanto, su resolucion al Código de Comercio, invocó el Sr. Cueto en favor de su doctrina la consideracion de que ninguno de los articulos que comprenden las cuatro secciones del título 2º del 2º libro de aquel Código impone al socio comanditario que se encuentre en el caso supuesto en el tema, la obligacion á que el mismo se refiere, aunque la impone al comanditario que incluya su nombre en la razon social. Caso bien distinto y singular, y en el cual sin hacer gran violencia no sólo al espíritu del precepto legal, sino á la construccion gramatical del art. 270 del Código, que lo encierra, no puede comprenderse, según el Sr. Cueto, el caso propuesto.

Inútil será, decia, que nos figuremos el caso de un socio comanditario que como tal celebre un contrato en nombre de la sociedad, porque ni obligará á ésta, por no poder intervenir en su gestion, ni se obligará á sí mismo, pues la única alegacion posible por parte del otro contratante no surtiría efecto, desde el momento en que deberia estribar en la ignorancia del Derecho.

Suponiendo despues el caso de que el socio comanditario contratase á nombre de la Sociedad, atribuyéndose la calidad de gerente, sostenia el Sr. Cueto que la Sociedad no quedaria obligada, más si en su particular el socio contratante, que hasta podria ser considerado como reo de estafa, en virtud del 1.º inciso del art. 559 del Código penal, si no cumpliese la obligacion contraida. E imaginando, en fin, el caso de que el comanditario
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hubiese contratado con el beneplácito y aquiescencia de los socios gestores, estimaba indudable el disertante que la sociedad quedaria obligada, por aquella aquiescencia, ya porque quien reconoce de una manera solamente la validez y eficacia de un acto ó contrato no puede legalmente venir después contra él, ya porque aquella obligacion está implicitamente declarada en el art. 320 del Código de comercio, segun el cual tienen los socios la de indemnizar á la compañía por los daños ó perjuicios que le causen obrando con dolo, abuso de facultades ó negligencia grave, con tal que no pueda deducirse por acto posterior su aprobacion ó ratificacion virtual ó expresa.

Pero ni en el último de los tres casos que supuso, entendia el señor Cueto que la responsabilidad del comanditario pudiese ser otra que la establecida en el art. 273 del Código mercantil, es decir, la responsabilidad limitada á la comandita aportada.

Este artículo no admite más excepcion que la del art. 271: «fuera del caso, dice, de contravencion al art. 271» que prohibe á los comanditarios inscribir su nombre en la razon social. El Código, decia el Sr. Cueto, limita la responsabilidad del socio comanditario al capital que aportó, sin necesidad de previo pacto, porque le niega la intervencion que concede á los socios administradores en la gestion de la sociedad, porque aquel ni administra, ni puede legalmente administrar, ni aun como apoderado de un socio gestor; porque el legislador que vació todas sus disposiciones en las prácticas respetables del comercio, sabía que las ganancias de una sociedad se reparten por lo comun entre la industria y el capital de por mitad, percibiendo, por lo regular, menos el comandatario, á quien por último hasta se niega el derecho de intervenir en el consejo prévio de ciertos actos como no sea con el simple voto consultivo. A quien tanto negaba la ley, alguna garantía debia conceder, y le concedió la limitacion de su responsabilidad.

Si el comanditario, empero, incluye su nombre en la razon social, debe cesar aquella garantía por respeto á los intereses de terceros que contratase con la sociedad, movidos quizás por el crédito que aquel nombre les inspirase. Pero este motivo no concurre en el caso supuesto en el tema. El socio comanditario no puede obligar á la compañia: si ésta acepta, sin embargo, la obligacion que aquel á su nombre haya contraido, por esta aceptacion, no por los actos de aquel quedará obligada, en la misma forma que si hubiesen contratado sus gestores.

Las doctrinas generales de la ciencia y las reglas del buen sentido, no podrian amparar nunca, decia el Sr. Cueto, á los que obrando con la mala fe más asquerosa, reconocieran sólo cuando á sus intereses conviniera la validez ó la ineficacia de un contrato. Esas doctrinas que sancionan el principio, más moral que juridico, de que no es lícito volverse contra los actos que se reconozcan expresa ó virtualmente, y que hasta en el caso
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del contrato doloso, siendo el dolo causa de nulidad de los contratos, crean obligaciones legítimas, tan sólo por salvar los intereses de un tercer contratante de buena fe, no podrían servir de escudo á torpes ambiciones que de otro modo serían ilegalmente satisfechas. Enhorabuena que la Ley ampare al que no puede ni debe ser perjudicado por los actos, dolosos ó no, de un tercero, cuando su voluntad no consta y sólo impera, en su silencio, el precepto legal que no permite administrar sino en ciertas condiciones; pero cuando el silencio se rompe y el consentimiento se dicta una ley que deroga la supletoria del legislador, ¿qué remedio cabe, sino bajar ante el consentimiento la cabeza?

El comanditario, como tal, no puede, repetía concluyendo el Sr. Cueto, celebrar contratos de ninguna especie. Si se supone gerente, el contrato será rescindible, y no obligará á la sociedad, ni podrá constituirlo en la calidad y responsabilidad de socio gerente, fuera del caso del art. 271 del del Código del Comercio.

Tuvo este trabajo del Sr. Cueto la rara fortuna de no provocar discusión: sus doctrinas merecieron en la sección una aceptación unánime.

Pero no fué por esto menos provechoso, ni menos agradable, porque gracias á él pudieron cuantos lo oyeron confirmar con las del Sr. Cueto, opiniones que quizás estudios anteriores ya les habían sugerido, y sentir la satisfacción que siempre causa ver traducido en la palabra agena el pensamiento propio.

Más numerosos que en otras y altamente interesantes, fueron los trabajos de la sección de Procedimientos civiles y criminales, que inauguró su mismo Presidente, el ilustrado catedrático de aquella asignatura en nuestra Universidad, D. José María Carbonell y Ruiz, leyendo una memoria sobre acumulación de juicios ejecutivos á las testamentarias; materia en que abundan y difieren las opiniones y no se ha fijado aún constante jurisprudencia. El Sr. Carbonell, fundándose en el art. 178 de la L. de E. C. según el cual en los casos de acumulación á juicios universales deberá acomodarse desde luego á la sustanciación de éstos la de los juicios acumulados, entendía que no cabe la sustanciación simultánea del juicio universal y del ejecutivo ni aún dando á este la forma de incidente. Y estimaba esta resolución no sólo legal, sino justa, porque siendo parte legítima para promover el juicio de testamentaria el acreedor que tenga título ejecutivo, debiendo ser citado para los inventarios y avalúos, pudiendo ser parte en los incidentes que se susciten sobre inclusión y exclusión de bienes, no caducando su derecho mientras no se le dé fianza bastante y debiendo preceder á la división del caudal hereditario que resulte haber, el pago de las deudas y siendo muy breves y sencillos los trámites del juicio de testamentaria, están perfectamente garantizados los derechos de los acreedores y son innecesarios los trámites, gastos y demoras de otro juicio. Consideraba, además, el orador, contrario á la índole y esencia de
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los juicios universales, en que ha de discutirse todo á la vez y terminar por una misma sentencia, el permitir que en juicios aparte, siquiera con la forma de incidentes, se entablasen discusiones parciales.

Previendo las objeciones que se le pudieran hacer, decia el Sr. Carbonell que la duracion y costos de los juicios testamentarios en la practica son abusos, que pueden evitar las gestiones del acreedor, y que por ser abusos no pueden servir de base para apoyar procedimiento alguno: que con la doctrina que sustenta no se arrebata al acreedor la accion ejecutiva, pues mientras no haya terminado la testamentaria, la accion de aquel es contra la masa hereditaria, contra la universalidad de bienes, no contra los herederos, y estando aquella sujeta á un juicio, cuyo fin principal es averiguar el liquido sobrante despues de satisfechas las deudas, no es aceptable ni legal que se consumen disagregaciones aisladas y prematuras; que muerto el deudor, no es posible el requerimiento, trámite necesario de la ejecucion, y por esto la ley, suprimiendolo, permite al acreedor que acuda desde luego á la testamentaria de su deudor, cuya facultad no le daria si pudiese deducir en forma ejecutiva sus acciones: y en fin, que no es de temer que los herederos puedan, dando fianza, atajar el derecho de los acreedores y no terminar despues el juicio, gozando entretanto de los bienes, ya porque la ley fija los trámites necesarios del juicio, cometiéndolos á la autoridad del Juez, ya porque en la testamentaria necesaria no pueden los herederos celebrar convenio alguno que impida la conclusion del juicio, ya porque el acreedor podrá negarse á aceptar fianza que no sea eficaz y comprensiva de obligacion de pago en época determinada, ya porque aunque la condicion de este pago fuese la terminacion del juicio testamentario, podria el acreedor exijir de los herederos el cumplimiento de esta condicion; ya, en fin, porque no es probable que nadie, por impedir que otro cobre una cantidad, se avenga á mantener indefinidamente otra en deposito improductivo ó sus bienes con un gravamen perpetuo.

En la discusion provocada por la memoria del Sr. Carbonell tomaron parte, entre otros socios, los Sres. D. Benito Bermudez, D. Fernando de Castro, D. Leopoldo Cáncio, D. Juan Alum, D. Antonio Mesa, y siente la Secretaria General que en las actas de la seccion no estén consignadas las opiniones y razonamientos de tan distinguidos contendientes. Por fortuna la memoria del Sr. Carbonell es la mejor defensa que podia hacerse de la doctrina en ella sostenida, y la mejor defensa de la contraria fué el resumen con que cerró la discusion el Vice-Presidente de la Seccion, Sr. Martinez Quintana, resumen que contienen las actas con suficiente precision y minuciosidad para que pueda ser trascrito á esta memoria.

Comprendia el Sr. Vice-Presidente que el Sr. Carbonell ajustándose estrictamente á la letra del articulo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su segunda parte, hubiese tratado de probar que el resultado de
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la acumulacion de un juicio ejecutivo á una testamentaria, deba ser la paralización de aquel, y la necesidad de que el acreedor intervenga en la testamentaria, en su sustanciación y en sus incidentes, y lo comprendía porque los términos oscuros en que la segunda parte del artículo 178 está redactada, podían servir de base á tal afirmación. Pero lo que no comprendía ni se explicaba, era que el Sr. Carbonell hubiese tratado de mostrar que tal sistema era útil, que ahorraba tiempo, gastos, otro juicio y sus costas.

El tema elegido por el Sr. Carbonell debía estudiarse bajo dos puntos de vista. 1º Si la segunda parte del artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prescribe de un modo indudable que el juicio ejecutivo acumulado á una testamentaria, debe paralizarse, ó en otros términos, no proseguir, debiendo el acreedor intervenir en la sustanciación de la testamentaria hasta que se le pague ó se le dé fianza; y caso de suscitarse cuestión sobre el crédito de un acreedor, sustanciarse al punto en un incidente por los trámites marcados por la ley para éstos.—2º Si en efecto es ventajoso este sistema, ó si, por el contrario, introduciría confusión y desorden, á la vez que implicaría la coartación de un derecho constante en título de los que traen aparejada ejecución, de un derecho reconocido por la Ley.

Consignó el Sr. Martínez Quintana que, en cuanto al primer punto, su opinión era que la segunda parte del artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resolvía la cuestión en la forma en que lo efectuaba el Sr. Carbonell. El artículo dice: «Cuando se acumulen los pleitos, se suspenderá el curso del que estuviere más próximo á su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo estado. Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que se hagan á los juicios universales á cuya terminación se acomodarán desde luego los que se acumulen á ellos.» Acumular, decía el Sr. Vice-Presidente no es sinónimo de paralizarse; y la 2ª parte del art. 178 no habla de paralización sino de acomodamiento sin decir cómo deberán acomodarse los juicios ejecutivos á la tramitación de las testamentarias. Y á los comentadores de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se les había ocurrido explicar esa 2ª parte, ni para ellos parecía ofrecer dificultad, y era uniforme la práctica observada constantemente en nuestros juzgados y tribunales, según la cual nunca la acumulación de unos ejecutivos al juicio de una testamentaria habían dado por resultado la paralización de aquellos, antes por el contrario, habían seguido siempre su marcha, conociendo el Juez de la testamentaria, bien porque se hubiese ocurrido á él desde un principio, bien porque los ejecutivos se hubiesen acumulado á la testamentaria á virtud de reclamo de alguna de las partes de la misma. Y así parece que debe ser desde el momento en que se fija la atención en que la 2ª parte del art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya citado, habla de juicios universales, refiriéndose tanto á los cursos y testamentarias como á los ab-intestatos.