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Círculo, y bien os halagará todavía, para que sea necesario despertarla, la memoria de las gratas impresiones que sentimos.

Pocos días después empezó á funcionar la Sociedad; y desde entonces, señores, sin que los ardores de un verano extraordinariamente rigoroso, la temporal ausencia de la mayor parte de los compañeros, que fuera de la Habana y en lugares de temporada residían, la falta de arraigados hábitos y la novedad de la empresa fuesen obstáculo á nuestra acción, estimulada por el amor al estudio, continuaron los trabajos que ya han dado, en tan escasos meses, merecido renombre á nuestro Círculo.

Rápida reseña hará de ellos la Secretaría. En tres distintas categorías pueden clasificarse: discusiones públicas del Círculo en pleno, discusiones privadas en el seno de las secciones en que se divide el Círculo, y cursos públicos dados en él por distinguidos profesores.

Los trabajos del Círculo en pleno, tuvieron brillante inauguración, que estuvo á cargo del socio D. José E. Bernal.

Trató este señor de la prescripción en materia criminal, tema que con su mera enunciación se recomienda al interés general, porque indudablemente de todas las ramas del Derecho es el Derecho Penal la que mayores meditaciones provoca en la inteligencia por las árduas cuestiones de filosofía que ha de resolver; y la que más mueve también los corazones por su grandísima trascendencia, ya que nuestra flaca naturaleza haga necesario poner al lado de las leyes, base de la sociedad, las sanciones penales que son su salvaguardia.

¿Deben prescribir los delitos y las penas? ¿Ha de bastar el tiempo á detener el brazo de la justicia? ¿Pueden las leyes sin escarnio de la justicia, ó peligro del interés social, autorizar la impunidad de los delincuentes?

El Sr. Bernal, que veía en el orden social el fundamento de la prescripción en materia civil, encontraba el de la criminal en el fundamento mismo del derecho de penar, porque en su opinión no son suficientes á explicarla, por mejor decir, á legitimarla, ni el remordimiento que invocan los espiritualistas, y que el orador creía inpropio para satisfacer á la sociedad é inaplicable á la prescripción de faltas ó delitos de poca importancia, ni la dificultad de la prueba, inaplicable á los delitos probados. Y entrando, aunque sólo incidentalmente, en el examen de la cuestión capital de la filosofía penal, del origen del derecho de castigar, después de condenar aquellas edades en que la venganza de los hombres era la única fuente de la pena, y las teorías que hacían satélite de aquella venganza al Estado, y en su carácter de vengador supremo hacían estribar el derecho de castigar; después de glorificar al siglo xviii tan fecundo en bienes, que rompió con el pasado en todas las esferas, y dejó á las generaciones venideras las conquistas que fundan la vida moderna; después de negar la existencia del pacto social ligeramente sonado por algunos para explicar la vida social y los derechos de la sociedad, sobre el individuo; des-
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pues de afirmar que la reparación no puede, por no ser el único fin de la pena, ser su fundamento y de esforzarse por desvanecer la teoría de la defensa social, que, decía, es superficialmente ilusoria, pero no resiste á la meditación, porque no hay defensa de un daño consumado; y de combatir las teorías utilitarias de Hobbes y de Bentham con una sola frase, breve pero exacta, la de que confunden el fin de la pena con su legitimidad, se proclamaba el disertante francamente ecléctico, sosteniendo que la sociedad sólo castiga porque la justicia exige la reparación del daño, y porque sin el castigo el orden social se quebrantaría y no habría sociedad posible entre los hombres. La teoría de Rossi y de Pacheco: la justicia y la conveniencia social.

Del segundo de estos dos factores, de la conveniencia, hacia derivar el señor Bernal la prescripción de los delitos y de las penas, la cual cabe, por consiguiente, según su opinión, en todas las teorías que reconozcan por base el interés ó la utilidad social.

Entendía el señor Bernal que con el trascurso del tiempo desaparece la conveniencia del castigo de los delitos, porque desaparece la alarma, y que por consiguiente desaparece también en la sociedad el derecho de castigar, ya se trate de un delito que haya quedado por largos años desconocido, ya de un delito conocido, pero cuyo autor se haya ignorado ó haya eludido las persecuciones judiciales. Y hacia á renglón seguido una indicación que le acercaba á los sustentadores de la teoría correccional, que no tardaron en levantarse en el Círculo; la de que la pena sería inútil para el delincuente que, penado en rebeldía ó habiendo quebrantado su condena, hubiese pasado largos años sin caer bajo la acción de los poderes públicos, porque «bien puede decirse que está corregido» y hacia notar, en fin, que al cabo de cierto tiempo hasta perdía la pena su ejemplaridad.

Reglas de la prescripción del delito deben ser, según el señor Bernal, las siguientes:
1º Que todo delito sea prescriptible.
2º Que la gravedad del hecho determine el tiempo mayor ó menor de la prescripción.
3º Que el tiempo corra desde la comisión del delito.
4º Que la prescripción se interrumpa por cualquier acto de instrucción.
5º Que sea incondicional, es decir, que baste, para que exista, el mero trascurso del tiempo.

Y como 6º regla establecía que la prescripción es de derecho público y en demostración de la justicia y procedencia de todas se esforzaba en su brillantísimo discurso, siendo de notar entre sus razonamientos, no ya por el valor de las ideas y la abundancia de la doctrina, cualidades comunes á todos ellos, sino especialmente porque dieron lugar á posteriores
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debates, aquellos en que fundaba la 3ª y 5ª de las reglas expresadas. Sea ó no conocido el delito, estimaba el señor Bernal que debe obrar sus favorables efectos la prescripción, porque ésta no es en materia penal como en materia civil, pena de negligencias, y porque en uno y otro caso pesa el tiempo con igual poder sobre el delito, y es ineficaz el castigo. Y el tiempo por sí sólo ha de bastar, añadía, sin necesidad de mayores requisitos: porque no ha de ser distinta la prescripción de la acción penal de la prescripción de las acciones civiles, y por que su principio fundamental, el que la produce y legitima, se opone á toda restricción. Hallaba, pues, el orador, inadmisibles y contrarias á la ciencia esas condiciones que algunas legislaciones exigen, como la presencia en el territorio nacional, la indemnización del daño, la no comisión de nuevos delitos.

Seis reglas establecía también el señor Bernal para la prescripción de la pena, que según habrá podido observarse por este confuso extracto, cuidaba bien de distinguir de la prescripción del delito. Y después de afirmar como 1ª regla, que también era de derecho público la prescripción de la pena, decía:

2ª Que su tiempo ha de ser más largo que el de la prescripción de la acción penal.

3ª Que son imprescriptibles los delitos que no requieren actos físicos de ejecución.

4ª Que el tiempo debe contarse desde la ejecutoria ó el quebrantamiento de la condena impuesta.

5ª Que las penas que afectan derechos siempre deben subsistir.

6ª Que sólo el cumplimiento de la pena interrumpe su prescripción.

Aquí terminaba el señor Bernal sus estudios de índole filosófica sobre la prescripción, y con la doctrina acopiada en sus detenidas indagaciones entraba en el terreno de la crítica, haciendo la de las principales legislaciones positivas, cuyos preceptos fué detenidamente estudiando. Inoportuno sería que fuese recordándolas este extracto, á quienes, como vosotros, señores, sobradamente las conocen, y bastará decir para completar la exposición de las opiniones del señor Bernal, que confesaba explícitamente su simpatía por el Código francés de instrucción criminal.

A la sóbria y austera palabra del señor Bernal siguió la de uno de nuestros más brillantes oradores, la del señor Don Francisco de la Cerra, cuya vivacidad y afuencía tantas veces han sido nuestro encanto. El señor Cerra, que no quería pronunciar un discurso, hizo, sin embargo, un trabajo notable: el admirable análisis de detalles con que tegió su peroración. Y sin diferir del señor Bernal en cuanto al fundamento de la prescripción del delito y de la pena, combatió, si, alguna de las conclusiones que como reglas de una y otra había establecido aquel. No puede bastar el trascurso del tiempo, en opinión del señor Cerra, para la prescripción
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en materia criminal, y aún recordareis, señores, la imagen viva y enérgica que en este punto nos presentaba, llamando á su imaginación al auxilio de su talento, la imagen de un delinquente condenado que tranquilamente discurría por las calles de la Habana, insultando impune y osadamente con su presencia, á las víctimas de su delito no expiado.

Aprobaba además el señor Cerra algunas de las condiciones que merecían más severa condenación al señor Bernal, aprobaba la necesidad de la presencia del reo en el territorio nacional, y á su penetración sutilísima no podía haber escapado que disponer, cual hace el Código de 1850, que no corra la prescripción de la pena sino desde la fecha de la notificación personal de la sentencia ejecutoria es proclamar un principio para desconocerlo y olvidarlo, es hacer imposible ó poco méritos el beneficio de prescripción proclamado.

Después del señor Cerra levantóse el joven y distinguido catedrático de nuestra universidad, señor Álvarez Cuervo, firme sostenedor de una teoría que cuenta quizás escasos partidarios, pero que supieron hacer simpática é interesante sus inteligentes esfuerzos y su robusta argumentación. Conforme el señor Cuervo con los señores Bernal y Cerra, en que para resolver la cuestión que se debatía era necesario tener en cuenta el fundamento y el fin de toda penalidad, estimaba sin embargo que esto no bastaba y que era preciso además tomar en consideración la índole de la función que ejercita el Estado al perseguir los delitos. En rigor, decía, no puede llamarse acción á esta función, y para explicar que se le diese aquel nombre hizo una excursión rápida, pero completa en sus detalles, á la historia del derecho penal, manifestando que en los primitivos pueblos en donde la noción del Estado aparecía en confusa amalgama con la idea de la sociedad y de la religión, los legisladores encomendaron la acción de la justicia al interés particular; que más tarde el Estado trató de reintegrarse de sus atribuciones y se llamó venganza pública, vindicta pública, á lo que se consideraba como simple representación de las venganzas particulares: y que cuando la filosofía del derecho esclareció las diversas funciones de los organismos jurídicos, se presentó la acción del Estado como una función ó exigencia jurídica, derivada de la índole de las relaciones sociales, siendo, por consiguiente, no sólo un derecho, sino además un deber, una imprescindible necesidad para el organismo, cuyo fin principal es la conservación del derecho.

De esto, y recordando que al producirse un nuevo delito aparecen en acción tres entidades diversas: el interés particular que origina una acción privada, el interés general que da lugar á una acción pública ó mejor dicho popular, y el organismo jurídico que hace precisa la función del Estado para el restablecimiento del derecho perturbado, deducía el señor Cuervo que la acción particular y la popular podrían ser prescriptibles, pero que nunca podría serlo la función del Estado. Con la prescripción
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DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

de una obra publicada, derecho que se concede exclusivamente á su autor ó causa-habientes con el fin de asegurarles una remuneracion pecuniaria en recompensa del trabajo realizado. Tal es su nota característica, su elemento específico; y aquí he de ocuparme de algunos articulos de la ley de 10 de Enero, que á mi modo de ver pugnan con los buenos principios y con la verdad jurídica. No define dicha ley, la propiedad intelectual. La de 1847 definía la literaria en estos términos: «Se entiende por propiedad literaria para los efectes de esta ley, el derecho exclusivo que compete á los autores de escritos originales para reproducirlos ó autorizar su reproduccion por medio de copias manuscritas, impresas, litografíadas ó por cualquier otro semejante.» La definición es exacta. El haber callado sobre este punto la ley de 10 de Enero podrá atribuirse quizás á que era innecesario definir lo que ya constituye un derecho universalmente reconocido; y, sin embargo, en ella se desnaturaliza el derecho de propiedad intelectual y se le confunde con relaciones jurídicas que le son agenas. Buena prueba de lo que digo es el artículo segundo, y también el octavo. En aquel se lee: «La propiedad intelectual corresponde,—Primero. A los autores respecto de sus obras». Estas palabras presentan un sentido muy vago. El autor posee su obra en espíritu por decirlo así. ¿Se referirá á esto la ley? Sería pueril é inútil por que la relación íntima entre el autor y su obra no ha menester de reconocimiento alguno por parte del legislador; es un hecho natural. ¿Acaso será Cervantes el autor del Quijote porque así lo halla declarado la ley? Esta no tiene para que penetrar en el campo reservado á las investigaciones de la crítica y de la historia. ¿Se referirá tal vez dicho artículo á la propiedad que tiene todo dueño en cosa suya, y por lo tanto, el escritor sobre el manuscrito de su obra? Pues entonces huelga el artículo en una ley especial porque existen leyes generales que reconocen y garantizan el dominio constituido en cosa mueble ó raíz. ¿Se referirá por ventura al derecho de legítima defensa y reparación que á todo autor pertenece en caso de haberse introducido aclaraciones en su obra ó cometido usurpación de nombre? Si es así, habrá de oponerse que no es necesario que se consigne ese derecho porque ya de antemano existe protegido por la ley comun.

El verdadero sentido de las palabras arriba trascritas se encuentra en el artículo 46 de la mencionada ley, que dice así: «Los defraudadores de la propiedad intelectual además de las penas que fijan los artículos 555 y correlativos del Código penal vigente, sufrirán la pérdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entregarán al propietario defraudado». Esto significa bien claramente que la propiedad intelectual tiene por base el exclusivo derecho concedido al autor de una obra y á su causa habiente para reproducirla y por fin el lucro que de la venta de los ejemplares pueda resultar.

Según tengo ya dicho, el artículo octavo de la Ley á que me estoy con-
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ademas, agregaba el señor Cuervo, no se realizan los fines esenciales de la pena, cualquiera que sea la teoría que se acepte, ya sea la absoluta, ya cualquiera otra de las relativas y sincréticas.

Y llegado á este punto combatió el eclecticismo de los señores Cerra y Bernal que encuentran el fundamento del derecho de castigar en la justicia y la conveniencia, alegando que dichos señores no habian expuesto ni podian exponer cuál era principio determinante de la proporcionalidad con que debian combinarse la conveniencia y la justicia.

Extrañó que el señor Bernal no hubiese tenido una palabra para la escuela correccional, cuyas doctrinas eran tan importantes y á las que se debian grandes adelantos, á pesar de que la juzgaba inadmisible, porque siempre habia necesidad de acudir para legitimar la pena á un principio superior, que no podia ser otro que la justicia absoluta: cuya teoría defendió, desechando las tendencias exageradas que dentro de ella habian manifestado, ya el formalismo de Kant y Hegel, ya el realismo de Stahl.

Dijo que la prescripción en general y ante la filosofía del derecho sólo se justificaba como un medio supletorio de probanza, como presunción de derecho, y que por lo mismo ni dentro de la teoría correccional era admisible porque el sólo trascurso del tiempo no hacía presumir la reforma del delincuente: afirmó, bajo el punto de vista de la conveniencia, que la prescripción estimulaba al crimen, alarmaba á los hombres de bien y era contraria á la justicia distributiva dando lugar á inicuas desigualdades entre los coautores de un mismo delito: y estudiando, en fin, la cuestión bajo el punto de vista práctico concluyó diciendo que la prescripción en el Código de 1870 no estaba en armonía con el espíritu general que dominaba en él: que admitiendo penas perpétuas era ilógica la prescripción de todos los delitos; que el tiempo de la prescripción, ya que se admitiese, debía de estar en proporcion relativa á la importancia de la pena sin que hubiese tipos generales, como los que el Código consigna, y que la comisión de nuevo delito como causa de interrupción de prescripción no podia admitirse en general, sino sólo referida á delitos análogos al que prescribiese ó á otros cometidos exclusivamente para evitar la acción de la justicia.

Tambien combatió la prescripción el señor Prida, que sucedió en la tribuna al señor Alvarez Cuervo, y en cuya opinión, lo esencial para la resolución del problema planteado por el señor Bernal, era hallar el verdadero concepto de la pena, derivándolo del origen del derecho de castigar: punto de vista que debía naturalmente aumentar el interés con que son siempre oidas las siempre juiciosas observaciones del señor Alvarez Prida. Y daba este señor tanta importancia á aquel concepto porque entendía que los partidarios de la prescripción la defienden por tener un equivocado concepto de la pena, considerándola como un mal, lo cual,
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añadía el orador, equivale á negar su legitimidad, porque nadie tiene derecho á causar males. En esto fundaba el cargo, que dirigía á la escuela absoluta y á la ecléctica, que representaba el señor Bernal, el cargo de que estas escuelas sólo consideran á la pena como un mal, al extremo de haber afirmado uno de los grandes adalides de la ecléctica, el insigne Pacheco, que «el mal llama al mal, de modo que mal por mal es la ley de nuestra naturaleza y de nuestra conciencia, que no nos es dado romper» y uno de los más ilustres representantes de la absoluta, Hegel, que «la pena es la negación de la negación.»

No, decía enérgicamente el señor Prida, es un error suponer que el derecho pueda restablecerse por medio del mal; y la escuela correccional es la única que no ha incurrido en este error. Para ella la pena tiene por objeto el restablecimiento del Derecho por medio de la corrección: porque siendo el Derecho el conjunto de condiciones necesarias y dependientes de la libre voluntad para la consecución de los fines de la humanidad y consistiendo el delito en la perturbación del Derecho, la pena ha de tener por objeto restablecerle y este restablecimiento no se consigue sin la corrección del culpable, y sin que su voluntad, de la cual depende el conjunto de condiciones que constituyen el Derecho, se halle apropiada á su cumplimiento. Y de aquí deducía el señor Prida que no es posible admitir la prescripción en materia criminal, porque sin que se corrija al culpable el Derecho no puede quedar restablecido.

Si el culpable diese pruebas evidentes de haberse corregido, por haber tenido una vida ejemplar, y por haber reparado en cuanto le fuera posible los efectos del delito, entonces se habrían cumplido los fines de la pena y ya no sería ésta necesaria, en concepto del señor Prida; pero ésto no podría considerarse como prescripción, sino como una mera excepción sujeta á prueba, pues, dado el fin de la pena y su necesidad para el cumplimiento del Derecho, no hay términos hábiles para fundar la hipótesis de que por el trascurso del tiempo hubiera quedado restablecido. Y hacia observar, para concluir, que el señor Bernal al declararse partidario de las doctrinas del Código francés de instrucción criminal con arreglo al cual la prescripción se interrumpe por gestiones judiciales, era inconsecuente con los principios que había sentando, puesto que según ellos quedaba legitimado aquel beneficio por el mero trascurso del tiempo.

Después del señor Prida tomó la palabra el señor Cueto, á quien permitireis, señores, que dedique en este momento su compañero de Secretaría no sólo el cariñoso saludo del amigo, sino el testimonio de respetuosa admiración, que á todos inspiran su esclarecido talento y su brillante elo-cuencia: hermosas y raras prendas en sus tempranos años.

Empezaba el señor Cueto afirmando la importancia del tema elegido por el señor Bernal, en el concepto de que suponía toda la doctrina penal
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en su interior contenido: noción del delito y de la pena y relación etiológica entre una y otra.

Censuraba al señor Álvarez Chervo, porque á pesar de mostrarse defensor de la doctrina absoluta no había fijado un concepto de la pena, de que se pudiera partir, para afirmar por lógica deducción la imprescriptibilidad de la misma.

Negaba que pudiesen defender la doctrina de la prescriptibilidad aquellas escuelas que no consideraban en la pena otro fin ulterior á la misma, en el hecho de penar, ó con relación á la sociedad exclusivamente (doctrinas ó escuelas relativas;) pues para éstas, el delincuente, por el hecho de delinquir abjuraba de su personalidad jurídica, y se reducía á la condición de cosa, medio, respecto de la sociedad.

Afirmaba en seguida, que la pena ni desconoce la personalidad ni la niega, sino que es una verdadera situación jurídica para el culpable, que se ha hecho acreedor á ella.

Entraba luego á considerar que la pena tenía su razón en el delito y no era sino el medio jurídico de restablecer la perturbación jurídica creada por el delito; pero añadía que no era éste sólo su fin, pues debía enmendar la voluntad anti-jurídica del agente; que, por tanto, cuando el tiempo garantizaba que el criminal había ya enmendado su torcida voluntad, la pena era innecesaria; y de aquí derivaba la conclusión de que racionalmente considerada la pena debía ser prescriptible.

El señor Cueto, según ha podido verse por el bosquejo que precede de su discurso, se proclamaba francamente partidario de la escuela correccional, que defendía el señor Prida, aunque llegando cada uno, dentro de un mismo campo, á conclusiones radicalmente opuestas en materia de prescripción.

A la misma escuela pertenece el sócio que á continuación entró en el debate. Y en verdad, señores, que el Secretario que os habla os haría gracia del resumen de su discurso, si en las actas del Círculo no constase, y no debiese ser esta memoria extracto fiel de todos sus trabajos. Procurará, sin embargo, cumplir en breves palabras esta tarea enojosa y sin exponer los fundamentos de la doctrina que entonces tuvo ocasión de defender, se limitará á decir que considera también que el objeto de la pena debe ser la corrección y no otro: que no vé en ella, ni por otra razón la admite, más que una necesidad fatal de las sociedades, hija de la imperfección humana; que si estima que el daño del delito, en cuanto afecte á los individuos, debe ser reparado con las indemnizaciones civiles que procedan, no crée posible la reparación del daño que el Derecho sufre, porque la violación es indeleble, y el mal que al violador se imponga no lo hace desaparecer, como tampoco el arrepentimiento; y con ésto no necesita decirnos que admite la prescripción por los mismos motivos por que la admitía el señor Cueto.