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Revista de Andalucía (1877-01-03 00:00:00), página 121

¡POBRES QUINTOS!

Beso su frente, y abrazado á ella
    adelanto resuelto...
y sigo mi Calvario, aun mas horrible
    desgracia presintiendo,
deseoso de apurar toda la copa
    del amargo veneno.

Al fin penetro en la anhelada calle,
    y con espanto veo
brillar en los balcones de una casa
    funerarios reflejos.
¡De allí me despidieron con suspiros
    y lágrimas y besos!

Los vecinos se apiñan á la puerta.
    Los padres lloran dentro.
¡Mi amada ya no existe! ¡Aquellos toques
    anunciaban su entierro!—
Su cuerpo estaba entre los cuatro círios,...
    y su alma en el cielo.

ANTONIO LUIS CARRION.
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UN COMENTARIO.

(Conclusion.)

Tambien fallan los jurados muchas veces por el convencimiento puramente subjetivo; pero el procesado halla siempre en éstos la garantía del número. Los jurados salen del seno de la sociedad, á la cual inmediatamente vuelven como simples ciudadanos, encontrando en la pública censura castigo sus errores; en la indignacion de los hombres de bien freno sus arbitrariedades; la parcialidad expiacion así en las reconvenciones de los amigos, como en las acerbas críticas de los adversarios; la impetuosa corriente de las pasiones y la imperceptible de la preocupacion insuperable valla, no ya solo en la propia conciencia, si que tambien en la conciencia de todos que por maravillosa manera encarna en ellos. Tienen por lo comun noticias extrajudiciales de los hechos, y algunas veces conocen los delitos hasta en sus mas insignificantes detalles, lo cual les coloca en ventajosísimas condiciones para calificarlos. El jurado pide inspiraciones á la amistad, á la honradez, al parentesco, á la familia, recoge los ecos de la venganza pública y los gritos de la misericordia, la secreta confidencia que nunca llega al tribunal y el juicio público en sus casi siempre acertadas apreciaciones; combina sus noticias con las que arroja el proceso, la declaracion de los testigos con sus propias observaciones, hallando con frecuencia lógico, natural y de todo punto evidente lo que á un juez ordinario parecería oscuro, dudoso e incomprensible. Los jurados permanecen completamente extraños á la instruccion del proceso, no siendo por consiguiente de temer que esclavos de las primeras sospechas ó presunciones que concibieron, enderecen á su confirmacion
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todas las diligencias, viendo en los mas livianos detalles circunstancias que vengan á comprobarlas.

Oblíguese al Jurado á fallar conforme á pruebas taxativamente señaladas por la ley y quedará desnaturalizada esta institucion, desapareciendo sus principales ventajas. Que fallen al revés los jueces y tribunales ordinarios, sin sujecion á esas pruebas de antemano tasadas por las leyes, sin otras limitaciones que las de su criterio racional y saldrán de su esfera propia, convirtiéndose en una especie de Jurado con todos los inconvenientes que á esta institucion se atribuyen, pero sin ninguno absolutamente de los bienes que reporta.

Se dirá que el artículo que nos ocupa, no ha dejado al libre arbitrio judicial la apreciacion de los indicios. Es cierto, pero en la práctica vienen á resultar de todo punto estériles las reglas taxativas del mismo, puesto que no se dá el recurso de casacion contra las sentencias en que fuesen infringidas.

La apreciacion de la prueba es de la exclusiva competencia de la sala sentenciadora. Este principio domina en materia civil y en materia criminal. El artículo 317 de la ley de enjuiciamiento civil, impone á los jueces la obligacion de apreciar las declaraciones de los testigos según las reglas de la sana critica. Pero no se extienden á tanto sus atribuciones como en asuntos criminales. Los fallos en pleitos civiles no pueden basarse en indicios ó presunciones. Bien podrá el juez creer que asiste razon á un demandante; pero si no prueba su demanda plenamente, no puede menos de absolver de ella al demandado. En las causas criminales si el fiscal demandase la imposicion de una pena, aunque no resultara prueba, sino presunciones elevadas á la categoria de indicios, podria el juez aplicarla, sin atender á otra cosa que á su propio conocimiento por la apreciacion de las presunciones ó indicios, considerados como prueba plena. ¿Pero fué este el espíritu del artículo 12 de la ley de 18 de Junio de 1870?

Aun si este artículo hubiese enumerado los diversos medios de prueba, sin añadir nada á ninguno de ellos, no cabría cuestionar sobre él. Fuera mas ó menos conforme á los sanos principios de la Filosofía del Derecho, pero indiscutible en cuanto á su aplicacion.

Mas no fué así: enumeró los cinco medios de inspecccion ocu-
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lar, confesión de los acusados; testigos fidedignos, juicio pericial, y documentos fehacientes; sin imponer á los jueces y tribunales otra limitación que la ya dicha referente á las reglas del criterio racional. Al enumerar el sexto, que es el de indicios graves y concluyentes, añadió: «para que pueda fundarse la condenación solamente en indicios es necesario...» y señala taxativamente tres reglas ó condiciones. Luego la prueba de indicios, según este artículo, no se halla en igual caso que las restantes; luego no fué el ánimo del legislador darle la misma importancia que á las demás, ni dejarla comprendida en iguales límites. Despréndese del mismo texto y en especial del adverbio solamente que dá á la frase un sentido restrictivo, vieniendo á patentizar que no fué tenida esta prueba por tan completa, perfecta y acabada como las restantes.

Y debe notarse que no se habla de indicios tan solo, sino de indicios graves y concluyentes, que no es lo mismo. Pueden concurrir varios indicios de la criminalidad de un procesado, sin ser ninguno grave; pueden ser todos ellos graves sin ser ninguno concluyente. Conviene fijar la etimología de esta palabra para deducir su propio y genuino sentido. Viene del verbo latino concluso, compuesto á su vez de la preposición cum y de cludo. Aquel significa cerrar, concluir, deducir consecuencias, y esta mas precisamente aun cerrar, contener, rodear y menos propiamente concluir. El verbo concluso; pues, tiene en latín las mismas acepciones que el verbo concluir en castellano, que se toma por finalizar, acabar, poner término á una obra, significando asimismo deducir consecuencias de ciertos hechos ó premisas. La palabra concluyente puede usarse ó como un participio sustantivado; así se dice concluyente el que concluye ó deduce consecuencias, como se dice el amante el que ama; ó bien en concepto de adjetivo, en cuyo caso significa lo que concluye, lo que convence, lo que tiene la cualidad de llevar la convicción al ánimo sin ningún género de duda. Se vé pues que en el adjetivo se combinan los dos sentidos más usuales del verbo concluir y de los verbos concluso y cludo latinos de donde deriva. Es concluyente la consecuencia deducida conforme á las reglas de la lógica, que pone término á una cuestión, convenciendo al adversario y cerrando la puerta á la afirmación contraria. He aquí el sentido en que debe tomarse
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la palabra concluyentes aplicada á la de indicios. El embarazo es indicio concluyente de la cohabitacion. Tal es el ejemplo puesto por Mittermaier.

De cualquier modo, apreciar si los indicios deben considerarse como graves y concluyentes, conforme á las reglas del criterio racional, es de la exclusiva competencia de la sala sentenciadora; pero no basta para dictar fallo condenatorio. Es preciso sobre esto que haya mas de uno. Si en la sentencia se aprecia un hecho compuesto, que constituye un solo indicio grave y concluyente, como si fuesen varios, se incurre en error, resultando infringida la condicion primera del número sexto, que no ha quedado á la mera apreciacion del criterio racional de los jueces.

Tan poco basta que los indicios graves y concluyentes sean varios, requiérese ademas que resulte probado el hecho de que deriva el indicio. Estimar si los hechos deben considerarse como probados ó improbados tambien compete al tribunal sentenciador. Mas si en los considerandos se aprecia para la sentencia un indicio derivado de un hecho que no se estima probado en los resultandos, se infringe abiertamente la condicion segunda. Tampoco ha quedado á la apreciacion del criterio racional determinar cuáles son los indicios que pueden estimarse: la ley ha dicho que solo los que se deriven de hechos probados.

Por último, sobre ser mas de uno y derivar de hechos que se estimen probados, se necesita que el conocimiento que produzca la combinacion de los indicios sea tal, que no deje lugar á duda racional de la criminalidad del acusado, según el orden natural y ordinario de las cosas. Esta condicion adolece de vaga y general, entrando por otra parte en el terreno de la conciencia de los juzgadores, de los cuales es únicamente decir si dudan ó no. Pero veces hay que aparecen probadas con toda evidencia las dudas racionales. Supóngase que el fiscal en primera instancia aprecia ciertos indicios como graves y concluyentes de que el acusado ha consumado un envenenamiento, pidiendo en virtud de ellos la imposicion de la pena de muerte al culpable. El juez estudia concienzudamente el caso, duda, y no considerando los indicios de igual suerte, absuelve al procesado. Consultada la sentencia, el fiscal pide en la superioridad su confirmacion, por no apreciar tampoco los indicios como gra-
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ves y concluyentes de las que no dejan lugar á duda. La sala se divide: tres magistrados revocan la sentencia, imponiendo la pena de muerte al reo, y los otros dos, formulando voto reservado, la confirman y le absuelven por lo tanto. He aquí un caso, (hemos visto alguno semejante en la práctica) en el cual aparece de los mismos autos, que los indicios en que se funda la sentencia dieron lugar á dudas racionales respecto de la criminalidad del acusado; pues por racionales deben tenerse las dudas de los jueces y magistrados, que en el cumplimiento de su árdua y dificilísima mision, después de pesar en conciencia todas las razones en pró y en contra, se creen en el caso de absolver, por no haberse convencido bastantemente de la criminalidad del acusado.

¿Deberá ejecutarse la sentencia que, concurriendo tales circunstancias, condenó á muerte á un reo? Ocho funcionarios del orden judicial y del fiscal conocieron de la causa. Cuatro de ellos, el juez en primera instancia, el fiscal en la audiencia y dos magistrados en voto particular, le consideran digno de absolución. Otros cuatro, el fiscal en primera instancia y tres magistrados en segunda, le consideran merecedor de la pena de muerte. Prevalece la opinión de éstos por la manera propia de funcionar los tribunales. Pero ¿se consentirá que perezca en el patíbulo, culpable ó inocente, el reo á quien cuatro de sus jueces absolvieron en el fondo de su conciencia?

Atendida la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, ni en éste ni en cualquier otro caso que pudiera imaginarse, procede el recurso de casación por infracción del artículo que nos ocupa. La sentencia por lo tanto es firme y debe cumplirse. Contra ella á lo sumo podría utilizarse alguna vez el recurso de sentencia manifiestamente injusta. Pero este es un recurso extraordinario, de difícilísimo ejercicio, que ya por su índole y naturaleza, sea por sus consecuencias, ora en fin por las circunstancias que han de concurrir, no puede entablarse sino rarísimas veces. No necesitamos de mucho esfuerzo para llevar al ánimo la triste convicción de que semejante recurso no es el que se necesita para estos casos.

¿Qué efecto producen entonces las tres condiciones impuestas por el legislador? ¿Es que se propuso únicamente ilustrar la conciencia de los jueces? Sin duda no, porque ni esta es mision
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propia de la ley ni nuestros jueces y tribunales necesitan de tales enseñanzas por ser suficientemente ilustrados. Lo que sin duda se propuso fué imponerles limitaciones. ¿Cómo entonces puede quedar á su arbitrio ó criterio racional el apreciarlas?

Si se han dictado taxativamente tres reglas para que pueda aplicarse una pena por prueba de indicios graves y concluyentes, es claro que esas reglas pueden ser por error ó equivocacion infringidas, y claro tambien que cuando lo fueren, la sentencia es nula é injusta. ¿Qué términos habia para anularla, puesto que el recurso de casacion nunca procede en tales casos?

Es cierto que este artículo de que se trata es meramente procesal; pero no lo es menos que él solo tiene tanta ó mas importancia que todas las leyes procesales juntas y aun que el Código mismo. Pero en verdad importa que éste señale tales ó cuales penas para ciertos delitos, que determine cuáles sean circunstancias atenuantes, cuálos agravantes y cuáles eximentes, si despues los jueces y tribunales, pueden apreciar libremente por indicios, sin mas trabas que las del criterio racional, ó sea las de su propia conciencia, que un ciudadano es reo de tal delito, ó que las circunstancias que en él concurrieron deban considerarse como agravantes ó atenuantes, sin que haya recurso contra sus posibles equivocaciones. ¿No quedan de esta suerte la libertad, la honradez, el buen nombre y la inocencia á merced de la sabiduría y justificacion de los tribunales? ¿No podria decirse que estos tienen mas amplias atribuciones que ningun otro poder del Estado?

La prueba de indicios resulta de este modo una prueba privilegiada, mas comprensiva que las restantes, y aun que todas juntas. Si el hecho que aparece probado por la confesion del reo ó por la deposicion de varios testigos fidedignos, se califica, por ejemplo, de complicidad en un crimen, cabe discutir si al hacer semejante calificacion, se incurrió en el error á que se refiere el caso 4.º del artículo 798 de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero si la sala aprecia ese mismo hecho de indicio grave y concluyente de la complicidad del procesado, ya no cabe discutir si incurrió ó no en error, ni puede por este concepto anularse y casarse la sentencia pronunciada ¿No es esto absurdo en el terreno de los buenos principios? ¿No es propenso á inmensas dificultades, ergotismos y sutilezas en la practica?
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Debe tenerse presente, que siempre que se abre un proceso hay hechos que inducen á sospechar la posible criminalidad de un procesado; que de esos hechos, mas ó menos relacionados con el crimen, y con la persona del criminal, los jueces llevados de un excesivo celo por el descubrimiento de los delitos y por imponer el justo castigo á los criminales, pueden deducir indicios, que alguna vez no reúnan las condiciones que la ley exige; que podrá faltar la confesión del reo, la deposición conforme de testigos mayores de toda excepción, que no habrá lugar á la inspección del juez, ni al juicio de peritos, ni clase alguna de documentos, pero que rara vez faltarán presunciones, indicios ya graves, ya livianos, concluyentes ó equívocos: lo cual se comprende con solo atender á que sin ellos no puede declararse á nadie procesado, ni recibírsele indagatoria.

Y he aquí donde encontramos el mayor inconveniente de esa prueba tal como entre nosotros se practica. El juez que instruye el sumario, el que declaró procesado á un individuo por hallar indicios suficientes de su criminalidad, el que le recibió indagatoria y ordenó cuantas diligencias creyó oportunas para el esclarecimiento de los hechos y en todo caso para la confirmación de los primeros indicios, es el mismo que después falla. Si es siempre conveniente que no dicten sentencia los jueces mismos que forman los sumarios, principio innegable, en práctica ya en todos los pueblos cultos donde la institución de jueces instructores no es, como entre nosotros, un mero precepto escrito, que quizá no se cumpla en mucho tiempo, lo es doblemente cuando se trata de una prueba artificial, que puede basarse tan solo en meras presunciones de quien instituyó el proceso.

Cuantos legisladores creyeron que la prueba artificial con ciertas condiciones puede producir la certeza tan completamente como la prueba directa, han procurado tasar con minuciosidad esas mismas condiciones porque, como ha dicho el más decidido defensor de esa prueba, «sería exponer á graves riesgos la seguridad pública si se ordenase absolutamente la condena fundada en indicios.» Así la ley de Gotha, la de Oldemburgo, Mecklenburgo, Meiningen Holstein, Baden, Wurtemberg, Hannover, Austria, Babiera, Holanda y Prusia. No solamente imponen todas ellas reglas precisas y taxativas para la
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apreciacion de los indicios, sin dejarlo al arbitrio judicial, sino que ademas pohiben la aplicacion de la pena de muerte, solo por esta prueba.

Y en España donde todas las leyes, sin excepcion de la famosa regla 45, á juicio de un distinguido jurisconsulto, D. Simon Santos Lerin, pero en particular el Código penal, tienden á poner en lo posible diques á la arbitrariedad de los jueces, se ha venido á dar en el extremo contrario por un contrasentido, que apenas se explica. Y esto sucede en un pais cuyos mas sabios juristas estimaron siempre la arbitrariedad judicial como el mayor de los males que á la administracion de justicia podian oponerse; en un pueblo cuya fiera altivez prefirió en todas ocasiones antes someterse á las leyes, por duras y tiránicas que fueran, que no á la voluntad de los hombres, por recta y justificada que se la considere.

Es verdad que luego de abolirse el tormento, infame recurso para arrancar mentidas confesiones de imaginarios delitos, pensaron muchos que la sociedad quedaba inerme á presencia de los criminales; que ofreciéndose la prueba taxativa en el menor número de casos era preciso conceder mas facultades á los jueces, permitiéndoles fallar por indicios. Pero de aquí á la libre apreciacion de ellos ¿cuánta diferencia no existe? Es verdad que hay escuelas, muy en boga por cierto, que pretenden sustituir el arbitrio de los jueces á la fijezza de la ley, no ya solo en cuanto á la aplicacion de las penas, sino tambien en cuanto á su naturaleza y duracion; ó lo que es lo mismo, abolir el Código para reemplazarlo con lo que hay de mas instable, debil y tornadizo, con la apreciacion individual de los hombres, sujetos por desgracia siempre, porque tal es la condicion de su naturaleza, á toda suerte de errores, enconos, simpatias, pasiones y prejuicios. ¡Pobre la sociedad donde tal sucediere! ¡Desdichado el pais que á semejante extremo llegase! El despotismo no es otra cosa que el predominio de la voluntad sobre la ley. Allí donde los ciudadanos vean sus derechos en mano de otro ó otros hombres, donde su libertad, su felicidad, su honra dependan solamente de la justificacion de sus semejantes, reinará el mas horrible despotismo. Poco importa que el despota sea uno, que sean varios, llámeselo el Tribunal de los Diez ó el Santo oficio.

Ni la sociedad debe quedar sin defensa ante los criminales,
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que mas los ha perseguido. Ciento es que este pueblo, por su carácter, por sus antiguas prácticas era refractario en aquel tiempo á aquellos en medio de los cuales vivia, pero en manera alguna puede ser esto motivo ni razon para predicar su esterminio por aquellos que mas debian estar animados del espíritu de tolerancia y caridad.

A. FERNANDEZ MERINO.

EL VESTIDO LARGO.

Broma fué nada mas y, sin embargo,
aun me hace estremecer, tierna hija mia,
aquella gravedad con que lucia
ese cuerpo infantil vestido largo.

Como padre, ya ves, no me hago cargo
del ansia natural que te movia;
que hallas en ser mujer dulce alegría,
y á mí no verte niña me es amargo.

Aun no sabes qué quieres ni qué esperas,
y tus muñecas ves con repugnancia,
y vestirte de largo ya quisieras.

Y luego, cuando salves la distancia,
¡si, cortando el vestido, al fin pudieras
volver al santo goce de la infancia!...

EDUARDO BUSTILLO.
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ni tampoco ante los posibles errores de los jueces, concediéndoles mas de lo que su propia institucion reclama. ¿Se cree necesario recurrir á mas fáciles pruebas para la imposicion del condigno castigo á los delincuentes? ¿Se teme que con la sujecion á pruebas taxativas resulte la impunidad? ¿Se cree que la prueba de indicios debe apreciarse libremente para evitar el caso de que el juez ó tribunal tengan que absolver al acusado á quien consideran culpable? ¿Se busca, en una palabra, la aplicacion de la pena por el puro convencimiento subjetivo? Sea en horabuena; mas para ello rehabilitese el Jurado. «Que el convencimiento de la criminalidad en el juez, según Escriche, no ha de ser subjetivo ó personal, sino arreglado á lo que resulta del proceso. Nuestros tribunales no deben participar del carácter de los Jurados, y por lo tanto tiene que fallar siempre secumdam allegata et probata.»

En resumen resulta: que con motivo del art. 12 de la ley de 18 de junio de 1870, se ha operado la mas trascendental reforma que en nuestro derecho podia operarse, ó mejor, que se ha introducido la mas importante novedad, sin que pueda señalarse á punto fijo si por la ley ó por la jurisprudencia; cosa en verdad extraña, incomprensible en cualquier pais donde no sea la legislacion solo un conjunto de leyes, buenas ó malas, que mutuamente se completen, amplien, expliquen, afirmen, deroguen ó restablezcan, manteniendo muchas veces en vigor disposiciones contradictorias é inconciliables, principios heterogéneos, tendencias opuestas, dejando en la perplejidad el ánimo de los pueblos en cuanto á las que han de cumplirse y en la duda el espíritu de los jueces respecto de las que deban aplicarse. Resulta que la prueba de indicio entre nosotros es no solo una prueba plena y acabada, sino de mucha mas importancia y trascendencia que las restantes. Resulta que mientras muchos paises han declarado abolida la pena de muerte, disponiéndose otros á hacerlo, nosotros la aplicamos solo por prueba indicia- ria. Resulta, por fin, que si los jueces y tribunales en 1.ª y 2.ª instancia respectivamente, se equivocan al apreciar los indicios, cosa harto fácil, atendida la naturaleza de esta prueba, bien que exista aqui el Tribunal Supremo, solo Dios puede revocar sus sentencias, pidiéndoles cuenta de sus equivocaciones.

S. LOPEZ-MORENO.
Revista de Andalucía (1877-01-03 00:00:00), página 131

PABLO Y VIRGINIA.

Sr. D. Antonio Luis Carrion.

Querido amigo:
Si le parece bien, acepte esta carta en pago de la deuda que hace tiempo contrage con la REVISTA DE ANDALUCIA, que V. dirige con el acierto propio de su talento. ¡Está V. conforme? Me anticipo á su respuesta enviándosela, con lo cual, si mi proposicion fuese aceptada habria conseguido que ambos gandásemos tiempo..... ganancia que V. á guisa de laborioso estima en mucho, y en nada los tantos españoles que han descubierto el problema de hacerle. Sin pretensiones de enviarle un juicio critico, cual los que muchas veces he leido en su discreta REVISTA, le diré lo que pienso acerca de Pablo y Virginia de Bernardino de Saint Pierre, le diré lo que pienso—cual pudiera hacerlo en una conversacion amistosa paseando junto á la Farola ó por las pintorescas orillas del Guadalhorce,—acerca de uno de los romances mas bellos que conozco, acerca de una de las joyas de mejor gusto de los tesoros literarios de la Francia. Pablo y Virginia es el poema de la felicidad infantil en medio del campo, un tierno idilio, cuyas páginas recuerdan los paisajes de Lorena y los fondos de los cuadros anacreónticos de Albani, una égloga encantadora, donde revive la naturaleza, como en las del Cisne de Mantua. Libro embelesador, el libro de S. Pierre. Con letras de oro y en hojas de rosa debiera estar impreso.

Su argumento, nadie lo desconoce. En una isla del Océano, unas veces quieta y brillante, otras sacudida por las olas, desarrolla el escritor frances á maravilla una accion interesante,