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conformes en algunos de los hechos que sienta, especialmente los que se refieren á la historia del pueblo de Dios y de los antiguos Patriarcas.

Con efecto: en todo lo que se llama propiamente y debe llamarse historia sagrada, sea antigua ó moderna; nuestra humilde opinion es: que para discurrir y razonar con acierto y seguridad acerca de los medios de que se, ha servido la Divina Providencia para conservar en la tierra el conocimiento de la verdad y la práctica de la virtud, esencial al fin con que el hombre fue criado; así bien, que la conducta de Dios en la grande obra de la redención del género humano, desde la caída de nuestro primer padre hasta la venida del Salvador, que le fué prometida; es necesario atenernos estrictamente á lo que el mismo Dios nos ha revelado, primero por su fiel siervo Moisés, después por sus profetas y varones santos, y últimamente por su hijo unigénito Jesucristo, y se contiene en los libros sagrados, así del antiguo como del nuevo testamento, donde se nos enseña el camino de la justicia y de la piedad, separando nuestro corazón de los bienes caducos y perecederos de la tierra, haciéndonos aspirar únicamente á los inmortales del cielo, que es la verdadera patria del cristiano.

Por lo demás, si este corto trabajo, que podemos llamar ajeno, mereciese la aceptacion de nuestros lectores, continuaremos publicando en los números sucesivos algunos otros artículos sobre religión, considerándola como el origen mas fecundo de la verdadera civilización, como base de la moral y como el fundamento mas sólido de la sociedad.

VICENTE VALOR.
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SOBRE LA REFORMA

DE LOS PROCEDIMIENTOS CRIMINALES EN ALEMANIA.

(Traducción del aleman.)

(Conclusion.)

II.

DE LOS PRINCIPIOS DE INQUISICION Y ACUSACION.

El principio de acusación tomado en el sentido de que el Estado no puede castigar el crimen sino cuando el ofendido ó otra cualquiera persona que tiene motivos de queja entabla una acusación, hace ya mucho tiempo que no tiene ningún defensor decidido en Alemania. Y en efecto no es digno de defensa, porque no puede quedar al acaso ó á la voluntad del ofendido el castigo de los delitos en un estado. La sociedad tiene un gran interés en que no quede impune ningún delincuente, necesitándose para la conservación del orden público y de la seguridad del Estado, que la pena siga al delito del modo más pronto, seguro y eficaz que sea posible. Porque el gobierno del Estado entre cuyos atributos se encuentra el de poder castigar, tiene precisa obligación de defender to-
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dos los intereses de la sociedad; y siendo principalmente uno de sus objetos alcanzar la seguridad legal del país, debe castigar desde luego sin aguardar las quejas del ofendido, siempre que sean por alguno infringidas las leyes penales. Sobre esto se está generalmente de acuerdo, como ya se ha indicado; únicamente en las nuevas legislaciones se modifica algo este principio si se exige como condición del procedimiento penal, la querella del ofendido en los delitos privados que le afectan exclusivamente, y en los cuales puede tener poco interés la sociedad, como por ejemplo, en las injurias leves ó algún corto daño en los bienes, ó en aquellos casos en los cuales relaciones de familia ó la consideración de la misma persona ofendida aconsejan no proceder de oficio, tales como el adulterio, estupro, rapto, etc.

Pero la cuestión sobre los principios de acusación e inquisición se refiere solamente á la forma y modo de conseguir el castigo del delito y á la determinación de los órganos que llama al efecto el Estado.

Según el principio de acusación, la persecución del criminal y la propuesta del castigo, deben dinamár de órganos del poder, diferentes de los tribunales que han de dirigir la averiguación y pronunciar la sentencia. Pero según el principio de inquisición que ha servido de base en otro tiempo al proceso criminal de Alemania, nombra el Estado los jueces para la persecución, la averiguación y sentencia; de manera, que en virtud de su cargo y sin esperar aviso de la autoridad del Estado, ejecutan estos jueces lo necesario para la realización de su objeto. Así es que conforme á este principio entra en acción el tribunal luego que tiene conocimiento de la existencia de algún delito, reúne y aprovecha los medios de prueba, se apodera de la persona que aparece sospechosa, y al dar por concluida la instrucción, pronuncia la sentencia y cuida de que se ejecute. No pertenece á lo esencial de este género de procedimiento, que el mismo tribunal que ha de fallar examine por sí todos los hechos de la indagación; ó que traspase este examen á un juez especial de instrucción, puesto que este se encuentra colocado bajo la inmediata vigilancia del tribunal de quien recibe el encargo general ó especial de proceder. Hay la costumbre de considerar el proceso de acusación en su importancia moderna, atendiendo solo á la forma de los de Francia é Inglaterra, como inseparables del procedimiento público y verbal ante jueces jurados, siendo así que no está de ninguna manera unido á esta forma, pues lo vemos puesto en práctica en algunos pueblos bajo diferentes bases, y especialmente sin la institución de los jurados. Prescindamos, pues, de esta cuestión y de las que conciernen á
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si los procedimientos han de ser verbales ó escritos, toda vez que ni una ni otra se interesa de un modo esencial á la controversia sobre acusación ó inquisición judicial; mas adelante se tratará de cada punto controvertible limitándonos por ahora á los principios legales y opuestos en la cuestión presente.

Partiendo del punto de vista puramente teórico, no merece el principio de inquisición la severa crítica y rudo ataque que tan reiteradas veces ha sufrido de los defensores del otro principio, al cual parece estar incluida decisivamente la opinión pública en Alemania. Como lograr el descubrimiento y castigo de los delitos es un esunto muy importante para el gobierno del Estado, puede muy bien este sin menoscabar la idea del derecho, encomendar á los tribunales el negocio en toda su extensión. Puede por lo tanto el tribunal luego que tenga conocimiento del delito, citar á los sospechosos, buscar y promover las pruebas del crimen y de la persona que lo ha cometido, y fallar, teniendo por base esta averiguación de qué modo se han de aplicar las leyes penales al autor del delito. Si los tribunales procediesen con prevision é imparcialidad, poco debería objetarse bajo el punto de vista teórico contra esta manera de poner en práctica la justicia penal. Aún más, cuando una posición independiente con respecto al Estado facilita la imparcialidad á los tribunales, se puede añadir que proceden con mas juicio y calma en la persecución del sospechoso, que cuando según el principio de acusación siendo los empleados dependientes del gobierno se ven precisados á formular la acusación y á seguir los pasos del tribunal. También es indisputable que la organización de los jueces criminales y el procedimiento de inquisición, aventajan en sencillez al proceso de acusación, en el cual según vemos en Inglaterra y Francia, se ponen en movimiento un gran número de empleados y jueces hasta que llega á decidirse si se han de aplicar y de qué modo las leyes penales. Pero también ha de concederse que en teoría tiene algo contra sí la idea de que el Estado que considera al tribunal como representante suyo va á presentarse como acusando (por medio del fiscal) ante sí mismo (esto es ante su representante el tribunal) siendo parte en el proceso.

En la práctica, la demora que trae consigo el principio de acusación, podía dar la ventaja al otro modo de proceder. Lo que ha de servir de base para resolver en materias relativas á la organización de los Estados, es la averiguación del modo con que un axioma ó una forma llena en la práctica su fin, y el conocimiento de si se consigue por su medio asegurar el objeto á que se refiere ó si acaso llega á ser perjudicial. Es
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pues necesario para encontrar lo que realmente es preciso y correspondiente al objeto dado; partir de la naturaleza experimentada del hombre en la que siempre se funda toda aplicación, y tener en cuenta las circunstancias tales como se presentan en la vida humana.

Los adversarios del principio de inquisición, objetan ante todo y con mucho fundamento, que no es propio que el tribunal represente el triple papel de acusador, de defensor y de juez, pues necesariamente ha de sostener los fines de alguna de las partes, si está en sus atribuciones la pesquisa de los delincuentes; el constituirlos en estado de acusación, y según la mayor parte de las legislaciones, el encargar de oficio, todo lo que respete á la defensa convenienté del acusado. ¿Pues quién no sabe por una repetida y triste experiencia, que el empleado público toma casi siempre un interés parcial en lo que toca al desempeño de su oficio, considerándolo como cuestión personal? ¿Quién ignora que las decisiones en vez de tener por base el pundonor, sólo se fundan en un equivocado espíritu de corporación? Así, el empleado de hacienda no tiene por lo regular reparo alguno en sostener de cualquier modo los intereses de las rentas del Estado, sin ocuparse mucho si con su defensa perjudica los derechos de los particulares ó otras consideraciones del bienestar social. El encargado de los bosques y plantas, fomenta su cultivo y aumenta el producto de ellos regularmente, por para afición y por honor, teniendo rara vez en cuenta el cuidadoso miramiento debido á los derechos privados y la consideración que exigen los deberes generales de los hombres públicos. El empleado de policía, el de administración, desempeñan frecuentemente el objeto de su destino con poco aprecio de la libertad individual y de los derechos de algunas corporaciones. La misma tendencia y parcial valimiento, se descubre desgraciadamente aun en los más elevados puestos de la esfera social. Por esta razón se considera necesario y está muy admitido en la mayor parte de los Estados alemanes separar de tal manera las funciones de los diferentes órganos del poder que no sea encomendado á ninguno de ellos asuntos contradictorios, y combinarlos y limitarlos de tal modo que se logre una armónica cooperación de todos los órganos del Estado al fin comun.

Del mismo modo la citada experiencia y expresadas consideraciones, exigen una separación de las diversas funciones que hasta la declaración de la sentencia definitiva se ejercen en el procedimiento criminal.

Ahora bien, para cumplir de una manera eficaz el deber que tiene el Estado de castigar los delitos, es necesario buscar sus huellas, reco-
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ger y aprovechar los medios de prueba; descubrir al sospechoso y apoderarse de él en persona, procurar su confesión ó su convencimiento, proporcionarle con facilidad auxilio para defenderse contra la apariencia del delito; y en fin, según lo que contra él resulte ó lo que se pruebe en su favor, pronunciar una sentencia imparcial. ¿Deberán todas estas funciones ser confiadas á un órgano exclusivo, sin recelo de que desatienda unas por atender á las otras, y de que siendo activo en estas deje de serlo en aquellas? La naturaleza de las cosas y de los hombres, la observación y la experiencia de lo que acontece en el procedimiento de inquisición en que se encarga el tribunal de toda clase de actos, de los que ejecuta unos por sí, como la sentencia, y encarga otros á los empleados que tiene á sus órdenes, como frecuentemente los actos de inflamación rechazan enérgicamente esta perjudicial concurrencia. Cuando el tribunal ha empezado á examinar un delito, tiene como es natural, deseo de descubrir al culpable y de aplicarle las leyes penales; su esfuerzo predominante es y debe ser hallar las pruebas del crimen, y viniéndose de ellas atraer á la confesión ó al convencimiento al sospechoso. La defensa produce en el acusado una impresión de justicia, siempre que no se vea privado en ella de lo que pueda serle provechoso. Pero en el modo de proceder que vamos examinando, se presenta el acusado ante jueces con los que entabla un combate respecto á la aplicación del castigo, luchando así el tribunal que en nombre del Estado se propone aplicar la ley y el acusado que procura su defensa, tomando por lo tanto aquel parte contra este. He aquí por qué se requiere más despreocupación e imparcialidad de la que generalmente se halla entre los hombres, para que el tribunal pronuncie una decisión tranquila e imparcial sobre la culpabilidad e inocencia, esto es, sobre el combate entre él y el acusado. También por los autos interlocutorios, relativos al tránsito del sospechoso al estado de acusación, pierde el tribunal su posición neutral tan necesaria para la decisión definitiva. Si ordena el examen especial contra el sospechoso, tiene ya en cierto modo atadas las manos, le asedia muy de cerca la tentación de justificar con una sentencia condenatoria el anterior auto interlocutorio, y acepta con mucha facilidad la responsabilidad de no satisfacer las dudas á que pueden estar sujetas la legitimidad de los autos interlocutorios y el tránsito del sospechoso al estado de acusación.

Razones son estas por las que aparece natural y conveniente no delegar la persecución al tribunal que ha de pronunciar la sentencia en virtud de la acusación del perseguidor y de la defensa del perseguido. Aun
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mas, en aquellos casos en que se ventilan cuestiones entre el Estado y el particular, es necesario para que la protección á que este tiene derecho sea una verdad, que no decidan aquellos que defienden los mismos intereses que se suponen ofendidos en el Estado, y si tribunales independientes que traten del mismo modo á ambas partes, que escuchen las proposiciones y pruebas que por ellas se presenten, y que se decidan en neutrales sobre la aplicación de la ley. ¿Pues qué, no deben ser protegidos el honor, la vida y la libertad del individuo contra la influencia que puede tener el gobierno dando su dictamen acerca del castigo á que le juzga acreedor al acusado? Es indispensable por lo tanto un tribunal imparcial, limitado á juzgar sobre la aplicación de la ley, que ni se incline á un lado mas que á otro, ni tome sobre sí la obligación que tiene el Estado de perseguir los delitos. Es un fenómeno muy notable en las instituciones alemanas, que á medida que son mas importantes los derechos de que se trata, disminuyen los reparos de hacer uso en puntos que tocan á la esencia de las formas poco detenidas, inclinando de este modo la balanza en favor del Estado. Cierto es que para honra de la justicia, se ha abolido el principio que los antiguos criminalistas habían establecido, y puesto en práctica de que en delitos graves no debe permitirse una defensa particular al acusado, aunque solo se trate de la averiguación de su culpa ó de su inocencia; también lo es que han cesado los castigos que por meras sospechas y para no desairar la petición del gobierno relativa á la pena se imponían sin verdadera prueba; pero uno lo es menos, que tiene aun aquella torcida opinión que antes hemos mencionado, alguna influencia en ciertas partes del procedimiento criminal alemán. Y esto justamente es propio del principio de inquisición, que desatiende la diferencia que debe existir entre el poder que juzga y los órganos destinados para á apoyar los intereses y los derechos del Estado, y que encarga al mismo juez la persecución y conocimiento del delito y la sentencia de la causa. También en casi toda la Alemania se observa el principio de que deben otorgarse tres instancias en los negocios de interés privado y solo dos en las causas criminales, advirtiendo que el juez superior puede agravar la primera sentencia de cuyo derecho hace uso en algunos casos.

Debemos convenir que el principio de inquisición no facilitará en tan alto grado la influencia del gobierno sobre la sentencia en los casos en que el interés de aquel no está próximo e inmediato, y, gr. en los delitos privados como aquellos en que lo es, y gr., en los delitos públicos, y sobre todo en los llamados políticos. Si tomamos las cosas como
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sólo en realidad; y si no nos atenemos á ideas abstractas y teorías, veremos que los depositarios del poder, y más inmediatamente los ministros, no se hallan exentos de las limitaciones, errores y vicios á que está sujeta la naturaleza humana, y que viéndolo todo, y con especialidad lo que se refiere al bien del Estado por el prisma de su mirada individual, escogen y determinan por decretos los medios y el camino que conduce según sus ideas y sentimientos personales, á la consecución del bien público. Pero como el poder del Estado se individualiza mas ó menos en estos órganos personales, que consideran como actos y negocios propios los actos y negocios en que como hombres políticos intervienen, los intereses objetivos y asuntos del gobierno, llégan á ser con mas ó menos estensión propiedad subjetiva para los intereses personales de los hombres á quienes se han confiado. Esta consideración es un argumento tanto mas importante en la cuestión presente, cuanto que no se funda en la impugnación dirigida á los depositarios del poder, ni en pareceres casuales; sino en la naturaleza de las cosas y de los hombres: Es por lo tanto inevitable que las personas que representan el poder, dejen de creer que los delitos contra el Estado, y especialmente los delitos políticos, les atacan también particularmente. Si estas personas que se creen lastimadas, ponen en práctica el derecho de castigar que al Estado pertenece por medio del defensor superior del gobierno, por los tribunales que administran este derecho, y son como sucedió con el proceso de inquisición, llamados al mismo tiempo á perseguir y á hacer valer los derechos del gobierno atacado, toda seguridad desaparece con el carácter que estos tribunales adquieren de representantes de un interés particular y con la ausencia de la posición imparcial que tanto necesitan. Y condiciones defectuosas que subsisten aun cuando los miembros del tribunal no dependan en su existencia y bienestar de los lastimados gafes del Estado, como por lo general sucede según las prescripciones del derecho aleman. Es cierto que las personas que constituyen el tribunal deben defender al Estado y hacer esfuerzos para descubrir e impone el castigo al criminal que ha ofendido inmediatamente al gobierno, y que este servicio es tanto mas propio de ellos, cuanto que se armoniza con las tendencias y miras de sus gafes; pero se espone el tribunal á perder la posición neutral que constituye la primera garantía de su justicia y es la base de la confianza pública en sus sentencias.

En los delitos privados puede también tener lugar, aunque no con tanta frecuencia, esta participación del juez en los intereses de los re-
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los jóvenes empleen la mayor parte del tiempo de su educacion en un idioma muerto, que muy pocos llegan á entender, y que casi todos olvidan al dejar los bancos de la escuela en que se educaron.

Al desechar el estudio de las lenguas sábias, como base general de enseñanza, es claro que no nos referimos á las carreras que especialmente exigen su conocimiento; nos lamentamos por el contrario viendo tantos juristas, tantos teólogos y tantos médicos entender con dificultad los libros facultativos que con frecuencia se ven obligados á manejar, y si bien ha desaparecido en las obras modernas el uso de una lengua universal que venía á unir á los sábios de todos los países, no queremos que queden condenados al olvido los trabajos eminentes que la serie de los siglos ha ido aglomerando en nuestro beneficio.

Pero fuera de las clases expresadas y de los que en la literatura buscan su ocupación principal, ¿qué utilidad, preguntamos nosotros, reporta á los demás el estudio clásico de las lenguas muertas? Menester es confesarlo; ninguna leccion provechosa sacan los jóvenes para la vida activa del mundo en que van á entrar; nada aprenden para cumplir sus deberes como hombres y como ciudadanos; por el contrario, al salir de los colegios se ven en la precision de adquirir nuevos conocimientos, casi siempre diferentes del todo de los que hasta entonces han sido objeto de sus tareas, y así vienen á olvidar lo que á fuerza de grandes vigilias empezaron solo á comprender. Para convencerse de la certeza de lo que decimos, bástenos observar, que sin embargo de que apenas hay un joven de mediana educacion que no haya constituido el latin como base de su estudio, son muy raros los que á los pocos años pueden aun comprender los clásicos latinos, si es que les fué dado llegar á conseguirlo.

No negaremos que el estudio de las lenguas muertas es de grande utilidad é influencia en la literatura y en la historia; no reprobamos por lo tanto que las personas que por su fortuna están en el caso de poder emplear muchos años en instruirse, se dediquen á ellas; deseamos solo que dejen de ser la ocupacion general de los que tienen muy limitado el tiempo de su educacion intelectual, y que por su causa dejan de emprender otros estudios que les serian infinitamente mas ventajosos. Este es el único terreno en que sostenemos la cuestion.

Oponen á nuestra opinion algunos, que el método de estudiar las antiguas lenguas ejercita la memoria, cultiva el hábito de atencion y aun enseña á razonar. Convengamos de grado en ello; pero no podrá negárseños al mismo tiempo, que la memoria, la atencion y la costumbre de