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bueno y criticaremos todo lo que en nuestro concepto sea malo, sin cuidarnos de si es nacional ó extranjero; pero indicaremos al mismo tiempo los puntos mas principales de nuestra legislacion que tenga relación con el proyecto que nos ocupa.

II.

ESTUDIOS Y DEMAS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER EL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO.

A dos clases corresponden los requisitos que se exigen por el Gobierno á los notarios. Los unos se refieren á las cualidades personales y los otros á las científicas. En el primer extremo todos los notarios han de ser iguales, pero no en el segundo; pues el proyecto marca notabilísimas diferencias entre los que han de ejercer su profesion en la Corte y capitales de provincia; en los demas pueblos del reino, y en Aragon, Valencia, Cataluña é Islas Balcares, ordenando mayores y diferentes estudios en los unos que en los otros. La comision del Congreso borró acertadamente las diferencias que el Gobierno quería establecer entre los notarios y los redujo á una sola clase y con iguales estudios. Nada mas justo ni mas prudente. Ni entre los abogados, ni entre los médicos, arquitectos y demas profesores que tienen carrera señalada, se advierte tan odiosa diferencia. Todos son iguales, todos han estudiado las mismas ciencias y en igual número de años. La comisión del Congreso ha mejorado, pues, la obra del Gobierno en esta parte, lo mismo que en la que tiene relación con las cualidades personales; pero una y otra han quedado todavía defectuosas, aun despues de aprobadas por el Congreso, y deberian corregirse por el Senado.

Para ser escribano, se exige por el Congreso, el tener 25 años, ser español, del estado seglar, y no haber sido condenado criminalmente por delito comun. El gobierno quería ademas de esto en su proyecto, que el aspirante al notariado estuviera exento del servicio militar ó lo hubiera cumplido, y que se hallase en ejercicio de los derechos políticos. La diferencia entre el Gobierno y el Congreso consiste en que aquel copió literalmente la ley
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francesa y éste ha descastado de ella los dos últimos requisitos.

Las leyes 7 y 8, título 9.º, partida 2.a, ley 2, título 19, partida 2.a; leyes 2, 5, 6, 7, 8 y 10, título 13, libro 7.º, de la Novísima Recopilación, son las que tratan de esta materia y disponen en sustancia, lo que se ha aprobado por el Congreso, pero con la notabilísima diferencia de que á los escribanos no se les exigía como hoy, el que no hayan sido condenados por delito común, sino tan solo una información verificada ante la autoridad local con citacion del procurador sindico, en la cual se hacía constar sus morigeradas costumbres y buena conducta.

Nosotros quisieramos que se consignase tan justo principio en la ley del notariado; pues estamos convencidos de que muchos hombres que hayan sido encausados alguna vez por delitos comunes, serán más honrados y virtuosos, que otros que aunque llenos de vicios y de costumbres infames, jamás hayan comparecido ante un tribunal como reos.

Una ley de notarios no debe fijar la mayor edad por el número de años, sino con referencia al Código civil. En esta parte estaba mejor redactado el artículo del proyecto del Gobierno que el de la comisión del Congreso, que ha sido aprobado por la cámara popular.

Quisieramos también que se dijera en la ley que se prepara como se hacía en las antiguas españolas, que hay ciertos impedimentos físicos y materiales que incapacitan á los ciudadanos para ejercer los oficios de notarios, como son la sordera y otros que no indicamos aquí, porque cualquiera puede conocerlos. Sin embargo, ni el Gobierno ni la comisión del Congreso, ni la cámara popular entera, han tenido presente este y otros puntos de la mayor importancia, aunque han descendido á menores reglamentos.

En cuanto á los estudios que hoy se quieren imponer á los escribanos, ellos demuestran una verdad que todos los días se repite dentro y fuera de la península. Los españoles, se dice con razón, tienen un carácter demasiado vehemente y siempre pasan del uno al otro extremo. Efectivamente. Hasta la época actual ha estado abandonada la instrucción de los notarios, y muchos de ellos ni aun sabían escribir con reglas gramaticales; pero si el
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Senade aprueba el proyecto de ley, tal cual ha salido del Congreso, resultará tan recargada y larga la carrera del notariado como la de la abogacía, medicina ó otra de las mayores y mas estensas, como con mucha oportunidad ha dicho el diputado señor Gomez de la Serna. Nosotros opinamos con aquel que los escribanos deben ser escribanos y no filósofos ni jurisconsultos. El oficio de notario se tiene que aprender con la teoría y estudio necesarios, pero este estudio ni debe ser tan estenso como el Gobierno y el Congreso quieren, ni serviría de nada si una práctica esmerada no viene á fortificarlo y darle complemento.

Creemos que lo primero que deberian estudiar los notarios despues de la gramática castellana, aritmética etc., etc., es el latín, á pesar de que el señor Gomez de la Serna ha sido de contraria opinión en el Congreso. Después les haríamos cursar solamente dos años teóricos y completar su carrera con cuatro años de práctica. Jamás consentiremos, como el Gobierno y el Congreso lo hacen imprudentemente, que los años de práctica pudieran simultanearse con los de teoría, porque este es el mejor medio de que nada se aprenda ni estudie. Finalmente en el recibimiento ó examen de notarios, que debería hacerse, no en la audiencia sino en las universidades ó escuelas, convenía establecer un grande y estremado rigor, y reprobar á cuantos no fueran capaces de llenar cumplidamente las obligaciones de su encargo.

Con razon, aunque sin fruto, sostuvo en el Congreso el señor Gomez de la Serna que los títulos de los notarios deben darse, no por el ministerio de Gracia y Justicia, sino por el de Instrucción pública.

Aunque tomada de la legislación francesa, aprobamos la idea de abrir una matrícula y reglamentar la pasantía de los que aspiren al notoriado; porque se cometían grandes abusos en la manera libre y sin trabas con que hasta ahora se ha procedido en esta parte.

También nos parece justo que los abogados, licenciados en jurisprudencia y actuales escribanos, no necesiten de estudios, ni de exámenes para ser notarios, pero no así el que se liberte á los abogados de los requisitos personales, como sucederá según
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la redaccion de los proyectos del Gobierno y de la comision del Congreso; pues en ambos se dice, que les bastará la presentacion de sus titulos para obtener el de notarios. Aprobando como ha aprobado el Congreso esta disposicion ha obrado con bastante ligereza y sin acordarse que hay en España muchos abogados y licenciados en jurisprudencia, que son menores de edad, y que acaso habrán sido condenados por delitos comunes; y segun la letra de esta ley pueden ser escribanos. Estableceríase con esto un privilegio odioso en favor de ciertas clases. El titulo de abogado ó licenciado, debe bastar para probar la capacidad cientifica, pero no la idoneidad personal, que deberá ser la misma en todos los notarios.

Por justo tenemos que á los bachilleres en jurisprudencia, que hayan concluido esta carrera, y á los que despues de aquel grado hayan ganado dos años de practica de notario, se les declare en disposicion de entrar á exámen de escribanos. Este precepto, que no existia en el proyecto del Gobierno, ha merecido, con razon, la aprobacion del Gobierno á propuesta de su comision.

La alarma que cundió entre los jóvenes que siguen la carrera de escribanos, al ver que el proyecto del Gobierno tan solo respetaba los derechos adquiridos por los que la hubieran concluido, y no por los que solo la tenian comenzada, fué causa de que sus quejas llegaran al ministerio de Gracia y Justicia y se corrigiera el proyecto por la comision del Congreso, haciendo extensiva la declaracion de no necesitar nuevos estudios ó años de cátedra á los que se hallaren siguiendo la carrera de notarios conforme al Real decreto de 13 de Abril de 1845. Esta disposicion aunque transitoria es de suma importancia y nos congratulamos de que los jóvenes cursantes para escribanos hayan conseguido que se les respete los derechos que tienen adquiridos.
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III.

DE LOS NOTARIOS, SU RESIDENCIA Y NÚMERO.

Era tiempo de que desapareciera la diversidad de clases entre los escribanos españoles; y el principio de la unidad ha sido proclamado por el Gobierno y el Congreso de Diputados. En lo sucesivo no habrá mas que una clase de estos funcionarios denominándose notarios públicos. El señor Gomez de la Serna rechazó la palabra notarios diciendo que es francesa y no se encuentra en nuestros códigos y que deberia sustituirse con la de escribanos. Nosotros no damos nunca grande importancia á cuestiones de palabras, pero sin embargo consignaremos nuestra opinión sobre esta polémica parlamentaria. La voz notario es no francesa sino latina ó romana si se quiere buscar su verdadera patria. Cualquiera sabe que en Roma había diferentes oficiales conocidos por los nombres de Scribe, Logographi, Notarii, Tabularii, Argentari y Chartularii; y que nuestros escritores y nuestras leyes han usado en todos tiempos de las denominaciones romanas traducidas á nuestro idioma y han llamado á los funcionarios de quienes hablamos Escribanos, Crrsoues, Cartularios, Secretarios y Notarios. Verdad es, que el gobierno y la comision del congreso han adoptado la voz notarios menos usada, pero igualmente latino-española que la de escribanos, porque la han encontrado en la legislacion francesa, que como nosotros la tomó de la romana; pero esto no impide para que reconozcamos la pureza de la palabra notario. Nosotros acostumbramos á dar la razon á quien, en nuestro pobre juicio, la tiene. Por esto opinamos á veces con el Gobierno, á veces con sus contrarios y á veces ni con el uno ni con los otros. El Gobierno obró prudentemente conservando en su proyecto las denominaciones de notarios públicos ó escribanos escriturarios; y aunque la comision del Congreso y esta cámara suprimieron ligeramente el segundo de estos dos nombres, no por esto se les puede acusar de haber dado carta de naturaleza en nuestra legislacion y en nuestra lengua á la voz notario. Ley 7, título 9, Partida 2.º y todo
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el título 13, libro 7 de la Novísima Recopilacion.

El que sea vitalicio el cargo de notario público y resida e escribano en el pueblo que se le asigne en su título, son cosas justas y que ya se habian ordenado, por regla general, en nuestras antiguas leyes. Ley 7, título 23, libro 10 de la Novísima Recopilacion y otras.

Creemos que, en lugar de autorizar al Gobierno para que determine el número y residencia de los notarios de una manera absoluta, sería mejor que fuera condicional é interinamente y despues se presentará el arreglo á la aprobacion de las Cortes. Cabalmente es este uno de los principales capítulos de una ley de escribanos y por lo mismo no debe quedar abandoñado á la voluntad del gobierno. Recoja en buen hora este, oyendo á las audiencias; á los gefes politicos, á las diputaciones y consejos provinciales y demas corporaciones que crea puedan ilustrarle cuantos datos y noticias necesita, y aun haga y planteé un arreglo provisional en tan importante materia; pero despues preséntese á las cortes y diga: «Aquí está mi obra, apruébese si lo merece, y sino corríjase en lo que fuere defectuosa.»

Nos ha chocado sobremanera, que ni el Gobierno ni el Congreso se hayan acordado de fijar la jurisdicción de los notarios al mismo tiempo que han tratado de su residencia y número. Hay una laguna inmensa que deberá llenarse en el senado marcándose la jurisdicción de los notarios. Necesario es, que en una ley orgánica se diga cuales serán la estension y límites de esta profesion; si cada notario ha de trabajar, en un radio determinado, por si solo ó juntamente con otros compañeros; y el modo de suplirse este oficio en los casos de ausencia, enfermedad ó imposibilidad del escribano ó escribanos que se consignen á cada pueblo ó distrito. Nuestras antiguas leyes fueron en esta materia mas previsoras que la que nos ocupa. Ley 7, título 23, libro 10, y ley 2, título 32, libro 12 de la Novísima recopilacion.

Si el Gobierno y las Cortes hubieran consultado mas nuestros códigos y menos los franceses no tendríamos que lamentar estos descuidos.
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IV.

DE LA PROVISION DE NOTARÍAS Y DE LAS FIANZAS: JURAMEN-
TO Y DEPÓSITO DE FIRMA Y RÚBRICA QUE DEBEN HACER LOS NO-
TARIOS ANTES DE COMENZAR Á EJERCER SU OFICIO.

No concebimos como siendo la idea del Gobierno y del Con-
greso el dar importancia y consideracion al notariado, según se
ha dicho repetidas veces en las discusiones de aquel cuerpo co-
legislador, se haya adoptado el medio de la licitacion y fianza
para la provision de las escribanías. El modo de dar importancia
y consideracion al notariado, no es el de ofrecer las escribanías
como una vil mercancía, á la especulacion y al dinero, sino el
darlas generosa y gratuitamente al mérito, á la virtud y á la
capacidad. Las escribanías deben proveerse, como todo cargo
público, en oposicion, prévio exámenes y concurso entre los que
las pretendieren. ¿Qué resultaría si se llevara el maléfico y de-
gradante principio de venta y licitacion á las plazas de la judica-
tura, profesorado, éct., ect.? Que la Nacion se escandalizaría de
que un pensamiento tan innoble é inmoral fuera proclamado por
los legisladores del siglo XIX. ¡Ojala que los senadores dén oídos
á nuestros razonamientos y hagan desaparecer de la ley tales bor-
rones!

El objeto á que se destina la fianza de los notarios, nos con-
firma mas y mas en nuestras opiniones. Esta fianza, este depósi-
to, convierte á los escribanos en una especie de editores respon-
sables de un periódico de oposicion al Gobierno. Es inútil y
ademas de inútil gravoso, y aun ofensivo á la venemérita clase de
escribanos públicos, el obligarles á consignar una cantidad de di-
nero, tan solo con el objeto de cobrarse las multas que se les im-
pusieren por las faltas en que puedan incurrir. Las verdaderas faltas
de un notario, sus abusos en el ejercicio de su profesion no se
deben ni pueden purgar con todo el oro del mundo; por consi-
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guiente tan solo descuidos insignificantes y leves han de pagarse extrayendo algunos reales de estos depósitos. Sin necesidad de medidas tan gravosas se conseguiría el mismo fin, pues no ha habido, ni habrá nunca, un solo escribano, que deje de pagar las multas que se le impongan, cuando sabe que de no hacerlo se le privaría de su oficio.

Es además injusto el depósito ó fianza de los escribanos, porque no se exige igual requisito á los demás ciudadanos que ejercen cargos públicos, de los cuales puede abusarse y se abusa mas que del notoriado. Ni el magistrado, ni el abogado, ni el arquitecto, ni el médico, ni el farmacéutico, ni nadie en fin, consigna cantidad ninguna para responder anticipadamente de sus faltas. La fianza y depósito, en buenos principios de legislación, solo se exigen á los que cuidan ó administran, bienes, fondos y caudales que no son suyos.

El Gobierno y el Congreso han adoptado sin reflexion el sistema de fianzas á la francesa para los notarios. Aunque este sistema podía haberse apoyado hasta cierto punto en leyes españolas, sin acudir á las extrangeras, no por eso sería jamas aceptable ante los ojos de la filosofía y de la sana razon. Así hemos visto que una práctica general de largos siglos de existencia, ha libertado de toda fianza á los escribanos y ha desechado justamente la ley 7, título 9 partida segunda, que disponía que los notarios poseyeren bienes raíces. La obligacion de arraigo de la ley de partida era sin embargo menos dura que las fianzas de ahora; pues ni fijaba cantidad alguna, ni privaba á los escribanos de disponer de sus bienes libremente. Justo es en lo demas, que ni los escribanos actuales ni los que en lo sucesivo lo sean de títulos enagenados y de los adquiridos por compra vitalicia, estén exentos de las fianzas que dejamos refutadas.

Es laudable el pensamiento del Gobierno, adoptado por el Congreso, de ir rescatando poco á poco para la nacion, los oficios de escribano, que en épocas de mala administracion se enagenaron. Si el estado del tesoro público lo permitiera, sería lo mejor, consumir dichos oficios inmediatamente, devolviendo el precio de egresión á los compradores; pero ya que esto no es posible nos parece aceptable la medida transitoria de continuar prove-
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yendo las notarias libres en el mejor postor á venta vitalicia, para destinar sus productos á la consuncion de las enagenadas.

Util es que los escribanos presten el juramento y hagan la consignacion de su firma y rúbrica, de la manera que en los proyectos del gobierno y comision del congreso se designa.

(Se concluirá.)
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PROYECTOS DE LEY

SOBRE REGULARIZACION DEL SISTEMA MONETARIO.

Afortunadamente van ya cesando las borrascosas al par que estériles discusiones políticas, exclusiva ocupación no ha muchos días de los cuerpos colegisladores. El Gobierno con laudable actividad presenta diversos proyectos sobre los varios ramos, cuya legislación es muy urgente y las Cortes se dedican á su discusion con mas calor y energía del que de la naturaleza de la corporación debía esperarse.—Buena prueba son de ello la ley de sociedades anónimas ya promulgada, la del notoriado y la de casos de reelección, la de minas, y aun en tela de juicio y entre otros el proyecto de ley, de que vamos á tratar, leído en el Congreso el dia 19, por el ministro de Hacienda.

Toda reforma se cree ventajosa, pues nuestro espíritu inclinado á la perfectibilidad entiende por reformar, mejorar lo existente. Sin embargo, es tal la fuerza de los hábitos y la fijeza de los hechos consumados, que toda reforma, que aun mejorando
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literaria, aunque no se ocupara en cosas científicas, se verá obligado á echar una mirada al hombre y á la sociedad considerados, en sus mas íntimas relaciones. Así es, que sin recelo de engañarnos, proclamaremos por falsa la opinión de los que creen, que pueda escribirse una historia literaria sin penetrar en la constitución política y religiosa de los pueblos, en sus hábitos y en sus costumbres. Una historia literaria, escrita en términos tan mezquinos, sería una verdadera lección de retórica ó de humanidades.

De lo que llevamos expuesto, se saca también como legítima consecuencia, que una historia puramente literaria, puede dar idea cabal del estado político, civil y religioso de un siglo, ó de los muchos que recorre, pero no puede indicar, y aun menos escudriñar, las causas que han impulsado la sociedad hácía las mejoras, ó la han detenido en su curso, ó la han hecho retroceder: pues, si quisiera examinarlo todo, deberá penetrar en la parte científica que no es de su propósito.

Por lo que, diremos que la historia de la literatura de un pueblo, aunque pueda interesarnos por sus escenas dramáticas, por el retrato fiel de las costumbres, por lo vasto de su erudición, por la justa aplicación de las reglas de la estética, por los juicios profundos y atinados acerca de los mejores escritores que florecieron en varias épocas; no podrá nunca indagar las causas que han promovido el progreso social, puesto que, este depende del libre ejercicio de nuestra inteligencia, que se enlaza con el pleno ejercicio (1) de todos los demás derechos del hombre; los cuales se apoyan en las ciencias políticas, morales y económicas, que no forman el objeto de una historia exclusivamente literaria.

Todas las naciones pueden jactarse de haber tenido en épocas distintas un crecido número de historias literarias; pero, tales obras leídas con avidéz por los contemporáneos, se han quedado más bien como documentos dignos de ser consultados por los venideros, que como obras, que forman el objeto de un estudio profundo.

Tiraboschi y Andrés, que hemos mencionado más arriba ¿nos

(1) Recordamos á nuestros lectores, que más arriba hemos notado con especialidad que el hombre debe tener el libre ejercicio de todos sus derechos en lo que no perjudica, al buena moral, y no quebrantá los lazos sociales.
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la existente los contraria, es no ya un bien sino un gran mal, de no pequeña trascendencia.

Y de cuantas reformas puede imaginar un gobierno ó llevar á cabo una resolucion ninguna hay de mas profundas consecuencias como la alteracion, de la moneda.—Tan delicada y espinosa es esta materia, que nos atrevemos á asegurar vale mas dejar subsistir antiguos errores que cortar su vida atrevidamente sin consideracion ni miramiento. Muchos han de ser los conocimientos, mucha la reflexion, muchos los datos para proceder con alguna esperanza de acierto. Por lo cual no es de extrañar que repetidas veces se haya predicado el absurdo, y tanto los legisladores como los criticos, llevados de la necesidad ó pasion del momento, hayan proclamado dogmáticamente muy crasos desatinos.

Pero por otra parte, cuando son grandes los perjuicios que determinadas clases padecen del statu-quo, no puede un gobierno escusarse con lo arriesgado de la empresa, del deber de remediar aquellos males. Puesto que si por falta de ciencia ó valor dejase de hacerlo, la nacion podria con mucha justicia hacerle dejar un puesto, del que no era digno, para colocar en él á quien lo llenase cumplidamente.

Así, pues, evitar la continuacion de los daños indicados, al par que respetar lo existente dejando para otras circunstancias la reforma en toda su extension y según los consejos de la ciencia, era lo que tocaba hacer al Gobierno español respecto al arreglo del sistema monetario.

El comercio español y la nacion entera hace mas de veinte años padecen las consecuencias de la disparidad de ley entre la moneda nacional y la extranjera. Desde que se dió el valor de 19 reales á la pieza de cinco francos, cuyo valor no tiene intrínsecamente, la moneda francesa invadió nuestro territorio, y si no fué esta la única causa del hecho que á nadie se oculta, fué por lo menos una muy principal. Al mismo tiempo que recibiamos esa moneda imperfecta en cuanto á su estimacion, por razon contraria y por el estado de decadencia de nuestra industria así como tambien por la abundancia de metales preciosos, nuestra moneda era y es exportada continuamente al extranjero. Antes habíamos sido por largo tiempo un canal de oro y plata que regaba el