El Progreso (Nueva York) (1884-12-01 00:00:00), página 15

por las leyes les están reconocidos como ciudadanos, les obliga á acudir á V. E., como superior jerárquico de la enseñanza, á fin de imputar la intervención de su autoridad, para la defensa de aquellos derechos, castigo de los delitos cometidos y rehabilitación del prestigio del cuerpo docente.

Al hacerlo, no temen los que suscriben ni siquiera por un momento, que nadie pueda sospechar que hacen causa con un con los perturbadores del orden, ya sea en las calles ó en los claustros de la Universidad, que no han adelantado tan poco las costumbres públicas que la protesta legal y la reclamación jurídica contra la violación del derecho, al reprimir un delito, pueda jamás confundirse con la comisión del mismo.

Esto sentado, los que suscriben necesitan manifestar que hubieran querido y se habían propuesto que esta reclamación llegara á V. E. con la debida autoridad del claustro universitario, para lo cual se apresuraron en el día de ayer ante el señor rector, apenas hubo tomado posesión del cargo, intentar su convocatoria inmediata, que nunca hubiera sido más oportuna que en los momentos actuales, en que á un tiempo los intereses de la enseñanza y los de los profesores se encuentran seriamente comprometidos; pero su petición ha sido negada, allegando el señor rector, contra el espíritu y la letra del art. 59 del reglamento de Universidades, ser extrallegalmente la convocatoria del claustro.

Privados de este medio, lo hacen por el único que les queda, cual es la apelación y petición al superior jerárquico, sin abandonar el derecho que las leyes reconocen á todos los ciudadanos para obtener el castigo de los que hayan faltado á la ley.

Creen los que suscriben, que esta ha sido violada de dos distintas maneras: una especial á la Universidad y cuerpo docente, y comun la otra á todos los ciudadanos. En efecto, la Universidad se rige por reglamentos cuidadosamente estudiados, reproducidos en diferentes ocasiones por diversos gobiernos y sancionados por la costumbre, en virtud de los cuales, la autoridad superior y gobernante dentro del propio edificio, es el rector de la Universidad, funcionario nombrado por el gobierno y representante suyo, circunstancia que recordamos para hacer ver que está siempre en manos de aquél, sin limitación alguna, el dirigir y hacer respetar el orden interior de la Universidad, puesto que el menor desacuerdo entre el gobierno y su representante, dando motivo á su libre separación, proporciona al ministro el medio legal. Prácticamente, el hecho de hacer cumplir su voluntad.

Esta doctrina se halla confirmada en el artículo 181 del reglamento de Universidades de 22 de Mayo de 1859, en el cual se establece entre otras cosas, que los funcionarios de la autoridad civil no pueden entrar en el edificio de la Universidad, aun en caso de desorden grave entre la generalidad de los alumnos, sin previo el llamamiento o la autorización del jefe académico.

Y tan completo es nuestro sistema legal en esta materia y tan armoniosas sus disposiciones, que el artículo 546 de la ley de enjuiciamiento criminal define los establecimientos públicos, á fin de que pueda cumplirse lo preceptuado en el 546 de la misma, según el cual ni aun los jueces ó tribunales pueden penetrar en dichos establecimientos sino con ciertas condiciones.

Si el razonamiento expuesto perdiera su fuerza y valor en los momentos actuales, y los profesores y jefes de establecimientos de enseñanza se vieran privados de la consideración que se guarda á que manda un cuartel ó goberna una cárcel, hasta ahora los que suscriben fundan la reclamación y queja que á V. E. elevan en aquel derecho que les asiste y que no se pierde ni puede disfrazarse bajo ningún concepto.

Es el derecho que como ciudadanos les asiste para que no se emplee contra ellos la fuerza material; sino con arreglo á los requisitos y garantías de la ley, una de las pocas, pero salvadoras medidas, con que los países civilizados han puesto á cubierto el derecho y la vida de los ciudadanos contra los apasionamientos, las violencias ó las arbitrariedades de los encargados de mantener el orden público.

Los hechos á que nos referimos, ocurridos en la Universidad el día 20 del actual, aun cuando conocidos de todo el mundo, han revestido dentro del edificio caracteres tan especiales que nos cumple dejar consignados en los siguientes puntos:

Primero. Cuando el desorden de la calle comprometió el orden en el interior de la Universidad, el rector asistido de los decanos, envía á preguntar al jefe de la fuerza pública las medidas que pensaba tomar, á fin de obrar de concierto con él; cada cual en su respectiva esfera. La respuesta, cuyos términos no hay por qué recordar, para no mezclar la inconveniencia con el derecho, fue tal, que el Rector y los catetristas se encontraron perplejos y su saber de qué manera deberían obrar para secundar la acción del gobernador. Pero no tuvieron tiempo de reflexionar, puesto que momentos después y sin ningún género de aviso, anunció ó notificó, se lanzó la fuerza pública sable en mano en los claustros de la Universidad. Era el instante en que salían tranquilamente de sus cátedras multitud de alumnos que, ignorando lo que ocurría, se unieron sorprendidos por aquella carga inicalificable, ante la cual el pánico, las carreras y los gritos llegaron á su último extremo, en medio de lo cual, la autoridad del rector fue desconocida por los guardias y menospreciados los catetristas, á quienes algunos de aquellos, no solo insultaron, sino que amenazaron con las armas, cuando poner la mano sobre el rector y algunos de los profesores maltratados y apriisionados al secretario. Estos hechos serán objeto de pieza especial, si, con o es probable, fueran puestos en duda por los que los han perpetrado.

Segundo punto. Que en ese momento fueron a enchillados los alumnos, heridos varios de ellos y manchados con su sangre la escalera y claustro de la Universidad, siendo así la represión en todo y por toda manera excesiva, violenta y desproporcionada al acto que se trataba de evitar, si es que en realidad los agentes de la autoridad sabían lo que debían hacer en aquellas circunstancias. Se ha hecho, pues, ese día, á esa hora y dentro de la Universidad, uso de la fuerza material en su manera más violenta y faltando terminantemente expresamente á lo que dispone el artículo 257 del Código penal, no mediendo los requerimientos ó intimaciones que para emplearla éste exige, aun en la plaza pública, que son la garantía de los que accidentalmente se encuentran entre los revoltosos, y sin los cuales la represión legítima puede degenerar en atentado.

Bien saben los que suscriben que tienen, no sólo el derecho, sino la obligación señalada en los artículos 258 y 262 de la ley de Enjuiciamiento criminal de denunciar ante los tribunales á los autores de semejante acto y solicitar su castigo; pero han creído que deben también emplear el propio tiempo todos los medios legales y acudir directamente á V. E., que es el jefe del profesorado, y que por serlo tiene no sólo la misión de hacer cumplir las leyes á los que están bajo su autoridad, sino de velar por el prestigio y ensalzamiento del Cuerpo Universitario, que necesita del respeto de todos para desempeñar su altísima función social, y hoy se ve ultrajado de una manera jamás conocida.

La causa del profesorado está á nuestros ojos bien clara y definida, y pronto la elevaremos á V. E. pidiendo reparación y justicia. Nada tenemos que ver en el motín y la violencia, nada tampoco con la manera como hayan cumplido los representantes del gobierno las órdenes superiores, lo único que nos interesa, porque de nuestro deber se trata, es que ante los alumnos á quienes hemos de enseñar, ante las familias que nos confían sus hijos, ante la opinión pública, que si no miran las Universidades con respeto, vale más que no las miren de modo alguno, aparezca el profesorado acudiendo á los medios legales para obtener reparación y dar ejemplo á las demás clases de la sociedad, haciéndoles ver que el remedio contra la violencia debe buscarse en las leyes que protejan la vida y la honra de los ciudadanos.

"En vista de los hechos y de las razones expuestas, los que suscriben suplican á V. E. con el mayor respeto:

1.º Convoque el Claustro de profesores de la Universidad Central, para que, de conformidad con el art. 58 del reglamento, délibere acerca de las medidas que para ahora y para más adelante reclamen los intereses del profesorado.

2.º Que como jefe superior de la enseñanza, y previa la información que estime oportuna, en la cual los que suscriben soliciten se oídos, se encargue de pedir, con arreglo á las leyes, el castigo de los hechos perpetrados por la fuerza pública el día 20 del actual.

3.º Que examinando la legislación vigente de Instrucción pública, en consonancia y armonía con el Código penal y la Constitución del Estado, prepare y ponga á la aprobación de S. M. ó á la sanción de las Cortes, aquellas medidas que crea necesarias para hacer respetar los derechos reconocidos á los jefes de los establecimientos de enseñanza, cuyo libre ejercicio, fundado además en las buenas prácticas administrativas, es indispensable para el buen cumplimiento de la misión del profesorado.

(Siguen cien firmas.)