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El Progreso (Madrid. 1889) (1889-01-01 00:00:00), página 148

recho á la lealtad; el amor lo tiene á la pureza; el contrato al cumplimiento de lo pactado, porque el amigo que deja de ser leal lesiona el derecho que el otro ha fundado en la relación. Cuando la relación depende simplemente de la voluntad, como en la amistad y en el amor, los correlacionados la rompen cuando uno de ellos lesiona el derecho del otro, sin intervención extraña de ningún género. Si la relación establecida tiene carácter obligatorio, por su naturaleza jurídica, su cumplimiento se impone por la fuerza.

Por consiguiente, las relaciones son voluntarias y obligatorias.

¿En cuál de esos géneros es clasificable la Religión? En el primero evidentemente. Depende de que el hombre reconozca á Dios: crea en su existencia. Y, además, de que le sea simpático y le interese. ¿Puede tener Dios derecho á imponer la relación? El simple sentido y la Razón protestan. Supuesta la afirmativa ¿quién puede declarar y hacer efectivo ese derecho? A Dios nadie le ve ni le oye. En cuanto á la Iglesia hay muchas y aún no ha podido averiguarle cuál es la verdadera: cada una dice que ella.

¿Puede el Estado hacer efectivo ese derecho é imponer esa relación? ¿Cómo, si el establecerla depende exclusivamente del individuo? Tanto equivaldría á imponer un amigo ó una querida, y de la misma suerte que no puede hacernos querer no puede hacernos creer.

La cuestión tiene una segunda parte. Una mujer agrada á uno mientras es indiferente á muchos; ó uno la ve y muchos la ignoran: el primero podrá relacionarse con ella. Con Dios es natural que suceda lo propio, y sucede: quien cree en su existencia y lo tiene á bien le adora. El que no se encuentra en ese caso no establece la relación.

Ahora bien; ¿tienen algún derecho los creyentes á imponer á los incrédulos las atenciones y reverencias que Dios les merece? No, sin duda. ¿Lo tiene el Estado? Este es órgano del Derecho, el cual, según queda expuesto, asiste con igual fuerza al creyente y al incrédulo. De lo contrario sería el órgano de los creyentes contra los incrédulos. En consecuencia, sí el incrédulo ridiculiza los actos del culto del creyente, el Estado sale de su propia esfera, invade y lesiona todos los derechos del individuo, interviniendo en el acto y exigiéndole responsabilidad jurídica de un estado íntimo de la conciencia, inviolable fuero del hombre.

Por otra parte; el acto de irreverencia, ¿ofende á Dios ó al cré-
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yente? Si al primero—y es objetivamente real—él se hará justicia, que no ha nombrado ejecutores entre los hombres. Si al segundo, trátase de una cuestión personal, cuyos efectos sociales habrá de intervenir el Estado; mas no antes de producirse.

Pero las formas de relación entre ambos sujetos en la Religión varía notablemente al recibir expresión concreta, lo cual constituye las distintas Confesiones que siembran la exclusión y las preocupaciones en la tierra, cuando no la enemistad y la guerra entre los hombres. Cada una de esas confesiones se caracteriza por sus doctrinas, ritos y legislación, lo cual constituye la Iglesia. Cada confesión, por consiguiente, tiene la suya, sus representantes (sacerdotes), y sus creyentes ó fieles.

Por consiguiente, de relación simple y directa (personal) entre el hombre y Dios viene á ser—al hacerse históricamente efectiva la idea religiosa—relación compuesta y mediata en la cual entre el hombre y Dios se interpone la Iglesia, con quien el fiel establece la inmediata relación religiosa. Según lo cual, el problema anteriormente formulado en principio debe recibir una posición histórica que podemos formular en los siguientes términos: ¿Qué derecho tiene la Iglesia en el organismo de la vida social?

Es aquélla la institución particular de una idea, cultivada la cual por un grupo de individuos, se asocian entre sí para realizar en la vida los fines presupuestos por la idea que históricamente se efectiva en la Iglesia. El derecho de ésta, por consiguiente, lo define la Constitución política de cada País al reconocer á los ciudadanos su derecho de asociación para realizar los fines humanos.

Y como no es la Iglesia una institución del Estado (política) aquélla—como toda asociación particular—habrá de someter su instituto á la aprobación de éste. Pero nunca podrá imponerlo, ni, mucho menos, instituir su particular interés en ley del Estado, porque entonces vendría ese interés particular á absorber en sí el interés común, sacrificando, por consiguiente, cuantos se fundaren fuera de él (1).

Los miembros de toda asociación y, por tanto, los fieles de toda Iglesia se obligan voluntariamente á lo exigido por la institución; entre otras cosas á sostenerla. Y eso á que los socios se obligan

(1) La doctrina canónica es contraria á la que dejamos apuntada; pero la evidente irracionalidad de aquélla nos dispensa de su examen.
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deber y á lo que podía aspirar, precipitó la caída de Carlos IV, deshaciendo los planes de Godoy, y supo hacerse por un momento digno de ser un pueblo libre.

Después de los sucesos de Aranjuez, entró España en un nuevo período de reacción; su carácter meridional, dado á las fantasías de la tradición, le impidió ver, los inconvenientes del derecho divino de los monarcas, y proclamó entusiasmado, frenético, á Fernando el Deseado.

Más tarde tuvo que arrepentirse de su error, porque si hubiera puesto en balanza su valor, en oposición al de los altos poderes, en los que depositaba su más ciega idolatría, no hubiera lamentado las desgracias que en lo sucesivo se acumularon sobre él.

Juzgar la existencia de un siglo que, como el presente, tantas y tan transcendentales reformas ha experimentado, así en el orden político como en el orden social y psicológico, no es trabajo que pueda terminarse en breve tiempo y corto espacio; mas como quiera que sólo vamos á examinar la obra por el progreso realizada en España durante este período de tiempo, analizando las causas que en ella han podido influir, los vicios y virtudes que en la época y sus hombres han resultado, no fatigaremos al lector, concretando en lo posible los hechos que han de ser objeto de este trabajo crítico.

Una vez renunciada la corona por Carlos IV en favor de su hijo, éste logró, con su carácter travieso y astucia refinada, captarse las simpatías de un pueblo acostumbrado á vivir en la esclavitud, y dominarlo hasta el punto de hacerle saborear con verdadero placer las cadenas con que le sujetaba el más humillante de los absolutismos.

El noble y sufrido cuanto ignorante pueblo español no vió en su adorado Rey la causa de aquella sangrienta lucha que se llamó Guerra de la Independencia; que si gloriosa fué por la abnegación y patriotismo de que dieron pruebas los defensores de la Patria, triste y vergonzosa es su memoria si recordamos y examinamos los móviles que la inspiraron, con serenidad y calma.

¡Tantas energías, tanto valor, puestos á las plantas de un Rey tan imbécil como tirano!
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constituye los derechos del instituto. Por consecuencia, éste, en absoluto, carece de derechos relativamente á los que no forman parte de la asociación, por no haber pertenecido á ella ó por haber salido de su comunión. Ahora bien: ¿en qué fundará su pretensión un instituto para hacer efectivos derechos de que carece? Porque el individuo que no pertenece á una Iglesia carece de obligados para con ella.

Por otra parte; ¿cabe que el Estado haga derecho público del precepto privado de una institución (que deberán cumplir los asociados) é imponga como ley al País el reglamento de su instituto? La pregunta queda contestada con decir (lo que todos saben) que el Estado no es cosa diferente de la Sociedad ni está sobre ella: es la institución jurídica de la Nación.

El Estado, por consiguiente, que de aquella suerte proceda confisca la soberanía de la Nación y la libertad de los ciudadanos: impone á la Sociedad leyes que la son extrañas; obra como concussionario.

En España se ha hecho de la Iglesia católica una institución política y se nos ha obligado á pagarla. Ahora, se trata de sancionar, con notas penales, su inviolabilidad, impuesta por nuestras leyes desde siempre; no se la podrá mirar ni no mirar. En el primer caso porque podrá haberse hecho con malos ojos; en el segundo porque podrá suponerse irreverencia. Afortunadamente la despreocupación va cundiendo entre nosotros, y, por otra parte, las leyes capciosas, que son muchas, no llegan á la práctica. Sirven no más que para desacreditar los Poderes.

Acaso se dirá que la Iglesia no pretende más que el apoyo del Estado. Mas éste no puede garantir más pretensión que la fundada en instrumentos jurídicos. Ahora bien; algún creyente ó no creyente, ¿ha pactado con la Iglesia la sumisión y reverencia? En ese caso compete el asunto al poder Judicial (como que se trata de hacer efectivo un derecho); pero no al poder Legislativo.

Hasta aquí la acción del legislador reviste caracteres verdaderamente dramáticos: altos intereses combatidos por absurdos, y puestos en conflicto por pequeños intereses; el Derecho que se compromete y la ley puesta al servicio de la venalidad; la Razón desatendida y el interés social sacrificado al interés de una institución particular; el Estado sometido á una asociación y negada la Soberanía.
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Desde aquí la acción pasa de lo dramático á lo cómico. Con efecto; no basta que el Código persiga un delito; hay necesidad de un juez competente que decida si el delito se ha cometido.—Ahora bien; ¿quién tiene competencia para decidir en los delitos que contra la Religión persigue la enmienda? Necesariamente ha de suponerse en el juez que ha de dictar la sentencia, porque de lo contrario penaría un delito que no sabe calificar, lo cual es absurdo. Pero el juez resuelve según su criterio individual, á la vista del hecho del sujeto agente y del derecho del mismo, y ocurrirá en la práctica tanta variedad de apreciaciones que desvirtuarán la ley. Para un juez pacato siempre existirá delito, mientras uno desprecipitado no lo encontrará nunca.

Mas en materia de dogma y disciplina el criterio individual carece de validez; resuelve la autoridad. El Prelado decidirá, por consiguiente, si hay delito en el acto denunciado, y, según la calificación que merezca, el grado en que es penable. El cura sentenciará y el juez firmará la sentencia para imprimirla validez. Por consiguiente, el poder Judicial no es ya un órgano del Estado sino de la Iglesia: una dependencia de la sacristía.

Por otra parte; ¿qué no es, para un cura, delito contra la Religión? Todos los actos humanos son incluibles en el dogma, y de aquéllos sólo cabe una clasificación: actos que le confirman y actos que se le oponen. El Syllabus se erigirá en criterio civil de las acciones.

Un pensador sostendrá en el Ateneo la falta de realidad objetiva en Dios, y será declarado delincuente y perseguido como tal.

Otro escribirá un libro acerca de la separación de la Iglesia y del Estado y será declarado delincuente. Y perseguido como tal será aquel que declare, como resultado de sus investigaciones, alguna afirmación que se oponga al dogma y á la disciplina de la Iglesia.

Pero todas estas funciones son propias de la Ciencia, y ¿las castigará el Estado como delito? Hé ahí la organización de la teocracia: el cura dará la ley y castigará su infracción. Vamos progresando.

La cuestión va á pasar de lo cómico á lo ridículo. Con efecto, para fijar la pena necesita el legislador determinar el delito. Y dirá por ejemplo:

Constituyen delito contra la religión:
No descubrirse y santiguarse al pasar por delante de alguna iglesia, ermita ó convento; en fin, algo que huela á cosa católica.