El Liceo de Granada (1870-09-15 00:00:00), página 4

cia de vista, y se impuso una pena extraordinaria, sentándose el principio de que no podía condenarse al castigo en el Código marcado para una determinada criminalidad, á no haber la evidencia moral de la ley de partida; es decir, la confesión, el documento fehaciente ó los dos testigos idóneos y conformes.

La otra causa, en que intervine como defensor de uno de los procesados, es la de Antequera, sobre el asesinato alarmantísimo de un canónigo, en el acto de que- rrelle cautivar, para exigir precio por su rescate, en una de las calles más públicas de aquella ciudad. Eran varios los reos; todos los acusados como autores de tan horrendo y escandaloso crimen, tenían idéntica responsabilidad; merecían la misma pena: sin embargo, unos padecieron la debilidad ó la desgracia de confesar su atroz delito, y otros mostraron la valentía, ó la insolencia, de negarle; á pesar de que estaban convictos, con evidencia moral, faltando sólo algún ápice para que hubiese la de la ley de partida. Pues á estos más perversos, más audaces, más impudentos y más cínicos, no se les pudo imponer la pena que á la enormidad de su delincuencia correspondía; y á sus compañeros, que no eran más malos, ni más criminales, ni tenían más responsabilidad por aquel detestable hecho punible, ni estaban más reconocidos como reos, en la conciencia de cuantos vimos el proceso á la luz de la recta crítica y la sana razon; á los coautores de los que fueron condenados á castigos menores de los que merecían únicamente por la insuficiencia de la prueba, se les condenó á la pena ordinaria. ¡Crueldad horrible, por la desigualdad injustísima de las condiciones de unos delincuentes entre los cuales la diferencia que se podía encontrar era tan sólo, que los más favorecidos por la suerte eran los peores; eran los más astutos y maliciosos, los más impudentes y acostumbrados á burlarse del poder judicial!

V.

En una sesión pública de la Academia del Liceo de Granada, hice mención de los referidos casos prácticos, y expuse las razones por las cuales me declaraba enemigo del sistema de la ley provisional de 1848, reformada dos años después. Han pasado bastantes desde aquella sesión; pero la recordarán sin duda los señores que tomaron parte en ella, y el numeroso público que se halló presente. Sostuve, que había necesidad de combatir, sin tregua ni descanso, la regla 45, que daba lugar á tan graves escándalos y tan tremendas injusticias: impugné la ridícula máxima de que la pena debe guardar proporción, más que con el delito, con la prueba; como si esta debiera ser la medida de la penalidad, en vez de serlo el mal de toda especie producido por el hecho punible; y no creyendo yo que los tribunales, tal como están constituidos en España, podían juzgar á los acusados con un criterio completamente libre y de pura conciencia, ó de apreciación racional; ni tampoco que debía optarse por la prueba legal, directa y taxativa, proclamé, como medio único de conciliar la justa imposición de las penas ordinarias y desaparición de las extraordinarias ó disminuidas por insuficiencia de prueba, con la calificación desembarazada y prudente de esta misma, el establecimiento del Jurado; á fin de conseguir la separación de las funciones de los Jueces del hecho y los del derecho; con arreglo á la teoría de Filangieri, que expuse en aquella ocasión, y veo con gusto ser la en que se ha inspirado el entendido autor de la Ley de 18 de Junio de 1870.

Voy á ocuparme de esta parte de la reforma; esto es, del sistema nuevamente establecido para la calificación y apreciación de la prueba en materia penal: por el momento, aplaudo sinceramente al señor Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia, que al redactar dicha ley ha mostrado ser digno Profesor de Derecho; con-