El Liceo de Granada (1870-10-01 00:00:00), página 4

años: artículo 379. Tal vez hoy sería conveniente armonizar la teoría práctica de la absolución temporal, con el artículo 133 del Código aprobado por las Cortes Constituyentes, el cual establece la prescripción de los delitos (muy distinta de la prescripción de las penas, que introdujo en nuestro Derecho el Código de 1848) fijando el plazo de 10, 15 ó 20 años, según la calidad de aquellos (á excepción de los de calumnia é injuria, que prescriben al año y á los seis meses) y dice que se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable; volviendo á correr de nuevo desde que se termine sin condena del mismo, ó se paralice; á no ser por rebeldía del delincuente. Las dos frases que he notado con letra bastardilla, manifiestan, á mi entender, que, según el nuevo Código, se conserva la absolución de la instancia; sólo que el término es, no el, acaso demasiado corto, que el Sr. Seijas proponía, sino el de la prescripción de los delitos, de la manera que preceptúa el artículo 133.

Y tanto más me inclino á creer subsistente la repetida absolución de la instancia, cuanto que admitida en la práctica, conforme á la Ley provisional de 1848, no ha sido derogada por la de 1870. Aquella, lo mismo antes de reformada, que después de haberlo sido en 1850, siempre dijo en su artículo final: «Quedan en su fuerza y vigor las leyes que actualmente rigen sobre el procedimiento, en cuanto no se opongan á las presentes reglas.» Fundados, pues, en esta declaración, los señores Castro y Zúñiga en su Código penal explicado, dijeron: que en todas las ocasiones en que los tribunales no adquiriesen la certeza, pero si abrigasen algún recelo, ó sospecha fundada, de la criminalidad del acusado, para obrar en justicia, y conforme á las tradiciones de nuestro derecho criminal, deberán absolver al reo, no libremente sino de la instancia: solución que continúa siendo tan legal como lo ha sido hasta aquí en virtud de un derecho consuetudinario. Y después del Decreto de 8 de Junio de 1850, los ilustrados escritores que acabó de citar, advertían en su Código penal reformado: que debía seguir la absolución de la instancia, para los casos en que no resultase evidencia ni convencimiento (al tenor de la famosa regla 45) pero sí indicios ó sospechas livianas contra el acusado.

Ahora bien: la Ley de 18 de Junio de 1870, en su primer artículo, deja subsistente por ahora y hasta que se publique la de Enjuiciamiento criminal, la vigente legislación, con las únicas variaciones y adiciones en aquella establecidas; y siendo de derecho no escrito ó consuetudinario, que es una de las fuentes del positivo, la absolución de la instancia, claro es que se debe conservar; á menos que la creamos abolida por el artículo 13, que al hablar de la sentencia absolutoria, sólo consigna los fundamentos que puede haber para dar por libre, ó declarar exento, al acusado. Esta consideración, me indujo en un principio á opinar, y así lo manifesté á una de las Salas de esta Audiencia territorial en cierto informe, que no tenía cabida, según la citada ley de 18 de Junio, la absolución de la instancia; mas reflexionando después sobre la conveniencia y necesidad de esta fórmula, sobre la doctrina del non liquet recomendada por los jurisconsultos filósofos y sobre el artículo 133 del nuevo Código penal, que no puede referirse sino á aquella en las dos frases que dejó notadas, y singularmente la de paralización del procedimiento, similiar la rebeldía del tenido como delincuente, concepto que la duda que ha surgido acerca de si ha de continuar la absolución de la instancia, se debe resolver en un concepto afirmativo.

XII.

La disposición que juzgo discutible en la reforma del Sr. Montero Ríos, es la admisión de la confesión del acusado, como medio de prueba. Filangieri, á quien invoco tan á menudo, porque respeto mu-