El Liceo de Granada (1870-09-15 00:00:00), página 2

tual, impondrán en su grado mínimo la pena señalada en el Código; á menos que esta fuere la de muerte, ó alguna de las perpétuas; en cuyo caso, impondrán la inmediatamente inferior.» «La presente regla—dijeron, comentándola, dos ilustres magistrados, los señores Castro y Orozco y Ortiz de Zúñiga—es de una transcendencia inmensa en los delitos de pena capital; pues ni esta pena, ni otra perpétua, pueden ya imponerse (como han hecho alguna vez nuestros tribunales) sin que exista la confesión del reo, ó la depo- sición conteste de dos testigos idóneos: única prueba (además, se entiende, de la documental) reconocida como plena en nuestra jurisprudencia, cuando se trata de la generalidad de los delitos.» Esta predicción ha quedado cumplida de una manera que ha excitado justísima indignación; pudiendo citarse casos ocurridos en la práctica, que han sido la desesperación, ó al menos la vergüenza, de los hombres de conciencia e ilustración, que de ellos se han enterado.

La regla 45 de la Ley provisional, después de reformada ésta por el Decreto de 8 de Junio de 1850, decía: «En el caso de que examinadas las pruebas y graduado su valor, adquirieren los tribunales el convencimiento de la criminalidad del acusado según las reglas ordinarias de la crítica racional, pero no encontraren la evidencia moral que requiere la ley 12, título 14 de la partida 3.a, impondrán en su grado mínimo la pena señalada en el Código. Si ésta fuere una sola indivisible, ó se compusiere de dos igualmente indivisibles, los tribunales procederán con sujeción á lo que disponen las reglas 1.a y 2.a del artículo 66, respecto de los autores del delito frustrado y cómplices del delito consumado.»

Con esta reforma de la antigua regla 2.a, que consistió en lo que de la 45 he señalado con letra bastardilla, pudo creerse que se corregiría el mal de que llevo hecha mención; tanto que los señores Castro y Zúñiga llegaron á decir: «Nos parece muy digno de elogio, que sin remover pro- fundamente el terreno y aun sin hacer alarde de que se practica una gran innovación, se haya consumado una reforma, que es quizá la más trascendental á que han dado lugar las imperfecciones del antiguo Código. La Ley reconoce, con Bentham, diversos grados en las pruebas: el convencimiento y la evidencia; pero ésta y aquel se han de considerar moralmente, según las reglas de la crítica racional, no según un casuismo peligroso.»

III.

Esta vez no acertaron en su pronóstico, por más fundado que fuese, aquellos dos distinguidos magistrados; cuya sabiduría reconozco y respeto. Su opinión era, que cesarían los inconvenientes que la experiencia nos dió á conocer; porque si bien las pruebas (para la imposición de las penas legales ordinarias) habían de ser claras como la luz, la ley no se entrometía á delinear su forma, y dejaba, en todo caso, la calificación de su suficiencia al recto juicio, al buen sentido de los tribunales. ¡Vana ilusión! Á pesar de que, para formar este juicio y concebir la esperanza de que se pusiera coto á la impunidad de los malvados, había motivos tan fuertes como el notable informe del señor Arrazola, Fiscal entonces del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión de la célebre causa de parricidio, que se siguió en Valencia, y en la cual triunfó la doctrina de que las pruebas semiplenas, aun siendo varias y estando íntimamente relacionadas entre sí, no podían nunca producir evidencia moral; y el espíritu del moderno derecho penal español, manifestado en el proyecto de Ley sobre los delitos contra la Hacienda pública, en la cual se echaba abajo el importuno casuismo del criterio legal, estableciéndose, como base del juicio forense, las reglas de una crítica racional; en cuya virtud podía, en dichas causas, imponerse el castigo ordinario, con mérito á este criterio libre, sin la forzosa sujeción á la prueba taxativa: