El Liceo de Granada (1870-09-15 00:00:00), página 3

no obstante todo esto, que hacía tan atendible aquella opinión, el caso es que prevaleció en la práctica la de algunos intérpretes que sostuvieron la necesidad de la prueba directa, con exclusión de la indirecta, circunstancial ó de raciocinio, para constituir la evidencia, y condenaron á los Tribunales á no poder aplicar á los criminales más astutos ó más afortunados, las penas que merecían, las cuales, y esto era lo peor, sufrían otros de igual delincuencia, méños dichosos méñosaventurados á la estrategia y el descaro que se aprenden por lo común en las cárceles y los presidios.

Verdad es, que la Ley de Partida, citada en la regla 45 de la provisional, daba motivo para esta práctica funesta: la 12 del título 14 de la partida 3.a y su concordante, la 7.a del título 31 de la partida 7.a, exigían testigos idóneos, confesión ó documento fehaciente; y aunque la 26 del título 1.o de la partida 7.a, siendo más filosófica y más amplia ó ménos casuística, solo requería que hubiese pruebas sobre que no venga duda, y claras como la luz, la repetida regla 45 no aceptaba esta evidencia, considerada de un modo genérico; no decía evidencia moral indeterminada ó indefinidamente, si no se concretaba á la evidencia moral que requiere la ley 12, título 14 de la partida 3.a; esto es, la engendrada por la prueba taxativa de documentos, confesión ó testigos.

IV.

No debe, pues, culparse á los Jurisconsultos que opinaron en el sentido que aceptó la práctica, ni ménos á los tribunales que se atuvieron al texto de la regla 45; la culpa fué del autor de ésta. Pero ello es, que el principio de á menor prueba, menor pena, daba lugar á consecuencias horribles; fuera de que, considerado en sí, es tan absurdo como que representa una vergonzosa transacción entre la justicia y el delito, originada por la impotencia del poder judicial para averiguar y conocer la verdad de los hechos. Citaré algunos casos en que la máxima referida dió resultados escandalosos y hasta crueles. «Hemos visto—dicen los señores Castro y Orozco y Ortiz de Zúñiga—el ejemplo de un asesino que se libertó, con escándalo público, de la pena ordinaria, porque los testigos presenciales estaban presos en la misma cárcel donde se ejecutó el delito, y no había otros idóneos, según el literal tenor de una ley de partida: hemos visto pruebas moralmente robustísimas, invalidadas por derecho, á causa de faltarles requisitos legales secundarios, de todo punto indiferentes á los ojos de una sana crítica.» «La antigua y respetable jurisprudencia de los tribunales españoles—así se expresan en otro lugar—jamás admitió los simples y livianos indicios como plena prueba; pero jamás tampoco se detuvieron nuestros Jueces en imponer hasta la propia pena capital, por delitos alarmantes y escandalosos, cuando veían claro como la luz quien era el delinquente; fuese ésto por virtud de plena probanza ocular, fuese por semi-plenas pruebas de hechos necesariamente conexos entre sí; ó sea, la prueba circunstancial, como la llama Bentham.»

Yo también presencié los debates de una causa, y tuve intervención en otra, en que se vió prácticamente lo funesto de la doctrina á que las reglas provisionales, 2.a en su origen, 45 después de la reforma, daban lugar. Uno de los procesos á que aludo es el de parricidio, de Baeza; en el cual impuso la Audiencia de Granada, en grado de vista, la pena de muerte al acusado convicto, con evidencia moral, de un modo claro como la luz del medio día, pero no con prueba taxativa ó directa, sino circunstancial ó de raciocinio: teoría que sustentó brillantemente en su notable acusación el Fiscal señor Bravo Murillo; mas en la tercera instancia, y después de una gran defensa hecha por mi compañero y amigo el señor Doctor Hurtado y Leiva, con la profundidad y maestría que le eran propias, se suplió y enmendó la senten-