El Instructor o Repertorio de historia, bellas letras y artes (1836-04-01 00:00:00), página 31

Art. 1. Todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones, toda casa de comunidad ó instituciones religiosas de monjes y frailes, comprendiendo las de Seculares, de las cuatro órdenes militares y la de San Juan de Jerusalem, existentes en la Península, las islas adyacentes, y las posesiones Españolas en África, quedan desde ahora suprimidos.

De esta orden quedan exceptuados, 1º. Los Colegios de Misioneros para las provincias de Asia, en Valladolid, Ocaña y Monteagudo. 2º. Las casas de los Padres Escuelicos. 3º. Los conventos de los Hospitalarios de San Juan de Dios.

El gobierno se reserva la facultad de fijar la residencia de los Misioneros y Hospitalarios del modo que juzgue más oportuno para el desempeño del objeto de su institución respectiva.

Los conventos de Religiosas quedarán reducidos al número indispensable para mantener con comodidad á aquellas que elijan continuar en clausura.

Las monjas de los conventos suprimidos serán distribuidas en los conventos de la misma orden que fueron mantenidos. No quedará ningún convento con menos de veinte monjas profesas, ni habrá en el mismo distrito mas de un convento de la misma orden.

Los religiosos pertenecientes á las instituciones no suprimidas recibirán una pension de cinco reales cada día para los sacerdotes, y solo tres reales las legos profesos. Los hospitalarios que, según la regla de su institución, no pueden aspirar al sacerdocio, recibirán también cinco reales por día.

Los individuos de uno y otro sexo que hayan adquirido ó adquirieren después medios de subsistencia, á la aprobación de las Juntas que serán nombradas para este fin, no recibirán pension alguna.

Los últimos artículos mencionan los fondos apropiados para el pago de estas pensiones, y otras medidas de menor importancia á nuestros lectores, concerniendo sólo á las personas religiosas desposadas de sus conventos.

Las Cortes generales fueron abiertas el 22 de Marzo por la Reyna Governadora con el discurso acostumbrado, del que extraemos los asuntos mas principales que intenta el gobierno someter á la asamblea del reino.

El proyecto de la ley electoral ocupa el primer lugar. La necesidad de revisar el Estatuto Real está generalmente admitida, y el único medio legal para llevar á efecto esta medida importante que fijará la Constitución que ha de regir en España, es la voluntad de la nación, declarada por una representación intachable.

El segundo punto es la importancia del reconocimiento absoluto de la independencia de los Estados de la América Meridional. "El tiempo ha llegado," dice el Discurso, "en que los dos países, hermanos por la naturaleza, se unen en vínculos de una eterna amistad, y que se establezcan unas relaciones mas suaves y durables que las de subordinación y dependencia, quedando fundadas en ventajas reciprocas."

En cuanto á la supresión de las órdenes religiosas, se dice brevemente:—"No hay duda que las instituciones religiosas han hecho, en tiempos antiguos, grandes servicios á la iglesia y al estado, pero al presente no están en armonía con el progreso de civilización ni con el espíritu del siglo; la voz pública pedia su supresión, y no era justo ni conveniente resistirla."

Después de mencionar medidas y decretos sobre la deuda nacional, la gangrena de todas las naciones de Europa y América, dice la Reyna: "No es la intención de mi gobierno el sustituir ni arriesgar teorías por un beneficio positivo, sino ocuparse en determinar estos puntos importantes, y establecer un sistema completo y que sirva de guía á la administración. —Las rentas de la nación siguen, sin embargo, las vicisitudes de las circunstancias en que está situado el reyno; y por grados, obtenida que sea la paz, que no puede estar distante, el producto de la hacienda será mayor, y la recaudación menos dificultosa."

El resto del discurso se reduce á indicar proyectos de mejoras en la administración de justicia, construcción de caminos, &c. y grandes elogios sobre la lealtad y valor de las tropas empleadas contra los rebeldes; de su lealtad y valor no tenemos razón para dudar, no habiendo desertado ni sido derrotadas, pero ignoramos que hayan conseguido victoria alguna en tres campañas, y bajo el mando sucesivo de siete generales en jefe. Es cosa singular que Don Carlos con sus fieles adherentes se halle en la misma situación y actitud en que estaba al principio, sin haber adelantado un paso, sin haberse declarado pueblo alguno de consideración por él, ni haberle desertado sus tropas, ni villa ó lugar alguno de Navarra ó Vizcaya que se declararon por él desde el principio. Es natural que nuestros lectores se pregunten ¿cuál puede ser la causa de la prolongación de esta guerra civil que ha entrado ya en una cuarta campaña sin ventaja de una ni otra parte? Procuraremos explicar esta duda con imparcialidad, y en el modo mas satisfactorio que nos sea posible.

En primer lugar será conveniente observar, que esta desgraciada guerra civil no es, como se supone generalmente, una resistencia de las provincias Vascongadas ni de Navarra en defensa de sus privilegios, cuya confirmación ni ha sido pedida al gobierno de la Reyna, ni ha sido negada, ni alegada su infracción, ni nombrada en manera alguna ni aun como pretexto. Desde que el difunto rey Fernando hizo reconocer á su hija por heredera del trono, se formó una facción en Vizcaya á favor del Infante Don Carlos, la que se mantuvo oculta hasta la muerte del Rey. El primer ministerio de la Reina miró aquella primera oposición con indiferencia, y por un año ó dos mandaba sólo algunos batallones, mal pagados y peor provistos, para detener el progreso de los facciosos, y la imposibilidad de sofocar la revolución con tales tropas atento mas á los sublevados, los que con la presencia de Don Carlos se apoderaron de los distritos mas montañosos de Guipúzcoa y Navarra, interceptando así la comunicación entre España y Francia por el camino mas principal de Vitoria á Bayona.