La Ilustración de España (1884-09-08 00:00:00), página 2

cerebro, lo cual retardará algo la constitución definitiva de la Asociación; pero confiamos en que la experiencia, si el hecho de no impulsarnos otro móvil que su biega no es suficiente, los convencerá al fin de la bondad de la idea.

Tan sincera es ésta que nuestra tarea no ha de limitarse únicamente á organizar la Asociación y á trabajar por la mejora de la enseñanza y el bienestar de sus propios propios, sino que donde quiera que veamos un medio, aunque parezca independiente del objeto, que pueda redundar en beneficio de los Profesores de Instrucción primaria, allí acudiremos á recabar cuanto podamos de lo que pueda contribuir á su influencia moral ó al mejoramiento de su situación económica, porque es para nosotros axiomático que las más fecundas reformas de la enseñanza deben comenzar por el mejoramiento del estado actual de los encargados de ella, por lo cual no intentaremos siquiera defender planes generales, hasta que hayamos inculcado en el ánimo de todos la necesidad de atender prioritariamente á sacar al Magisterio de la insostenible situación en que se encuentra.

Por eso no cesaremos de excitar al Magisterio para que se asocié, no parcialmente como hasta ahora, sino mancomunadamente, á fin de que una sola vez tenga todo el prestigio y la fuerza de la clase, única manera de que las reformas á lo tocantes, el las inicié y casi determine y acabe; pues si la palabra, aisladamente desatiende y desprecia, á la palabra una y múltiple de numerosa agrupación no hay quien deje de prestarle atentos y solicitos oídos.

DERECHOS DE LOS MAESTROS.

El proyecto de ley belga, de que en otro lugar nos ocupamos, ha resuelto en Europa la cuestión de si los Maestros de instrucción primaria deben ser considerados funcionarios del Estado ó meros empleados municipales. En España este linaje de problemas no suele interesar á nadie, ni aún á los mismos á quienes más directamente afecta, los cuales malgastan el tiempo en avivar rencillas personales ó en defender grandes pequeñeces, que, por importar á unos cuantos, son por lo común perjudiciales á todos. En otros países se toma más en serio la cosa y se atiende con mitas más elevadas, siendo de ello buen ejemplo lo que ahora acontece en Bélgica, las reformas intentadas hace poco en Francia y la constante solicitud, con que Alemania ciuña de esta parte principalísima de su grandeza.

Respecto de este último país nada hay que decir, pues, aparte de deficiencias puramente técnicas, originadas en el creciente afán de mejorar la enseñanza, es el que mejor ha resuelto hasta la presente el problema. Ocasión llegaría en que podamos hacer un estudio comparativo de este ramo de la Administración pública, limitándonos por ahora á indicar ideas generales que, sino resuelven, estimulen al menos los ánimos para examinar un asunto, que interesa grandemente al país.

Italia, Francia, Bélgica y otros muchos pueblos van resolviéndolo paulatinamente, pero sin dejarlo de la mano un instante. Inglaterra, cuyo sistema en este punto como en otros muchos, es completamente distinto, como que obedece á una organización social y política diferente, también ha sentido la necesidad de variar de conducta, siendo allí, donde tan poderosa y fecunda es la iniciativa individual y la vida corporativa, donde con más ardor se ha discutido y se discute acerca del problema, que vamos á plantear. En España se suscitó indirectamente poco antes de terminarse la legislatura, con el discurso del Sr. Moyano, conocido en sus fundamentos por nuestros lectores, pues claro es que si el Estado tiene el deber de ocurrir á las necesidades más perentorias de los Maestros inhabilitados para el trabajo, este deber es consecuencia precisa del que tiene de atender directamente á los gastos ocasionados por la enseñanza primaria. De otro modo habrá que pensar que la jubilación pedida no es un derecho, que se reclama, sino una humillante limosna, que por favor se pide.

La cuestión entre nosotros, tiene tres aspectos; es uno de mostrar que la enseñanza es función del Estado, aunque no monopolio; otro, averiguar si es una contradicción práctica y grande inconveniencia la legislación vigente sobre la materia, y por último descubrir cuán perniciosamente influye en la educación de los niños el lastimoso estado y precaria situación de los Maestros, á causa de la manera contradictoria, como se hallan organizadas las Escuelas públicas.

En aquellas naciones, en que la Constitución determina la obligación del Estado, está fuera de duda el primer punto de vista, por lo cual, los consejos comunales belgas, tienen base tan firme para protestar del intentado ataque del Gobierno. Mas la vigente nuestra nada dice taxativamente en lo tocante á este punto, bien que puede venirse en conocimiento de que como función del Estado se considera la enseñanza según después veremos.

Mas que de un artículo sería objeto de un tratado de derecho público, el determinar cuáles son las funciones propias del Estado, y después de largas disquisiciones, acabaríamos por no poder fijar una regla ni principio fijo de determinación, puesto que, estando en relación directa con las necesidades sociales, acontece, como no puede menos, que una clase de actos, antes funciones del Estado, dejan de serlo, y otros propios antes de corporaciones particulares ó individuos, pasan por un cambio radical de las condiciones sociales, á ser función gubernativa ó administrativa. Tal acontece con el servicio de correos, de ferrocarriles y principalmente, desde que se fué secularizando el Estado con la Enseñanza.

No haremos pues, hincapié en demostrar teóricamente una cosa, que requiere solución práctica y pronta. Hoy en todas partes, aun en la misma Inglaterra, se aspira á considerar á la enseñanza como una de las más propias funciones del Estado. Podría discutirse si lo es ó debe serlo la enseñanza superior y aun la que se llama segunda en nuestra ley vigente, pero respecto á la primera, dudo mucho que haya quien se atreva á sostener lo contrario, siquiera haya muchos que obran de muy contrario modo al que debieran respecto á este punto.

Como hemos dicho, la Constitución, sin duda por haber creído sus autores que el de la enseñanza no era elemento fundamental para la organización social de España, nada dice; pero en su art. 84, al tratar de las atribuciones propias de Municipios y Diputaciones, señala como límite los intereses peculiares de estos, y después indica que si aquellos quisieran tocar lo que es de interés general, el gobierno intervendrá oportunamente. Ahora bien, ¿habrá alguien que considere de interés puramente local la enseñanza? ¿Habrá algo que más directamente influya en la vida pública y en el estado de un país? La cultura, resultado de la enseñanza, no es la característica más fundamental de un pueblo?

Que es contradictoria nuestra legislación se manifiesta con esto, pues siendo de interés general, y por tanto función del Estado la enseñanza, ¿por qué ha de encumbrarse toda ella á los Municipios? Pero además la ley de 9 de Septiembre de 1857 dice que el gobierno dirigirá la enseñanza pública, y si el la dirige, con qué justicia puede obligar al pago de los Maestros y al mantenimiento de las Escuelas á los Municipios. Los derechos son correlativos con los deberes, y en este caso el Estado arrebata todas las facultades y deja á las Corporaciones locales todas las obligaciones. Hasta en los más pequeños detalles se advierte esta contradicción, pues en otro artículo dice que en los presupuestos del Estado se fijará una cantidad para auxiliar á los pueblos, que no puedan costear Escuelas, prueba evidente de que el legislador se consideraba obligado, cuando establece esta especie de responsabilidad subsidiaria.

Áñádese á todo esto la ilógica distinción que se hace entre la primera enseñanza y la superior, dejando el cuidado de la primera á los pueblos, y á cargo del Estado la otra. Se explicaría que se hiciera al contrario, puesto que se quisieran establecer privilegios, ya que la primera, mayor y más general necesidad, es la de los estudios elementales y porque la historia nuestra y el ejemplo de otros países nos enseñan que esos establecimientos, donde se aprenden superiores conocimientos, no necesitan del Estado para vivir y prosperar extraordinariamente.

Por lo que se refiere á la conveniencia de que la Administración central se encargara de este ramo de la prosperidad pública, habremos de dejarlo para tratarlo separadamente, pues no es cuestión que deba ni pueda ventilarse de pasada ni encerrarse en un argumento.