La Ilustración de España (1885-10-06 00:00:00), página 1

LA ILUSTRACION DE ESPAÑA

PERIÓDICO CONSAGRADO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MAGISTERIO ESPAÑOL

COLABORADORES
TODOS LOS SEÑORES PROFESORES Y PROFESORAS DE 1.ª ENSEÑANZA DE ESPAÑA, CUBA, PUERTO-RICO Y FILIPINAS

Un año de suscripción, 3 pesetas en la Península, un peso oro en Cuba y Puerto Rico, y 6 pesetas en Filipinas.

Las suscripciones empiezan el 1.º de Enero y terminan el 31 de Diciembre.

Año II
Madrid 6 de Octubre 1885.
ADMINISTRACIÓN
CALLE DE NOBLEJAS, 3

DIRECTOR
FUNDADOR Y PROPIETARIO
S. CALLEJA

ANUNCIOS
50 céntimos de peseta la Vaga.
Ya se demuestran los artículos.
La correspondencia á nombre del Director.

Núm. 31

PRESUPUESTOS DE LAS ESCUELAS

Hace tiempo que publicamos en esta Revista un artículo, en el cual se demostraba paladinamente, no sólo la injusticia, inconveniencia y absurdo que contenían las restrictivas disposiciones vigentes sobre libros de texto, sino la imposibilidad de aplicarlas. Al tratar de los presupuestos nos fijamos singularmente en el capítulo de libros, por ser el gasto cuya necesaria alteración es más perjudicial á los Maestros.

El espíritu de la ley del 57, del Reglamento de 1859 y de la contradictoria muchedumbre de disposiciones posteriores, se fundaba en el cumplimiento mutuo de los artículos que consignaban la obligación de aceptar un texto aprobado por el Consejo, y del deber que esa Corporación tenía de ir aprobando los que se presentasen cuando mismos se hallasen necesitados de condiciones; pero es el caso que hace mucho tiempo que ha dejado el Consejo de Instrucción pública de despachar solicitudes, en que se pida la declaración exigida por la ley; y como ésta es fundamento del deber que puedan tener los Maestros respecto á este punto, deja éste de existir desde que el fundamento falta.

Así lo habían entendido los anteriores Ministros, por lo cual predominaba en la práctica una racional tolerancia para la aprobación de los presupuestos escolares, respecto á lo concerniente á la lista de libros de texto preceptuada por algunas reales órdenes, no del todo concordes con el Reglamento. Mas ahora han vuelto las cosas al estado en que estaban, cuando al mismo tiempo se cumplían los preceptos correlativos tocantes al Consejo de Instrucción pública.

No se nos alcanza cómo podrán hacer cumplir esta última voluntad sus los gobernantes, á no ser abusando de su autoridad y contrariando los más elementales principios de jurisdicción. Objetivo á los Maestros á que presentan las listas de textos, es lo mismo, en cuanto á los mismos jurídicos, que obligar á un juez á aplicar una pena abolida; pues si bien es cierto que pueden quedar algunos textos antiguos, éstos, como anteces- simos, han sufrido transformaciones que los colocan en igual situación que á los libros no aprobados, puesto que, ó el precepto se refiere al espíritu del texto, en cuyo caso todo libro que en él se inspire, aunque no esté aprobado, equivale á él, ó significa que ha de ser formal y materialmente el mismo, en cuyo caso no existe texto alguno. Y esto último debe ser; pues obedeciendo el legislador á un execrable instinto de desconfianza hacia la competencia del Maestro, es claro que la aprobación, no sólo atañe á la doctrina, sino hasta al tipo de letra, cosa no despreciable tratándose de una publicación para niños que empiezan á aprender.

Los perjuicios que al Maestro se irrogan, saltan á la vista, pues se hallará perplejo para formar la lista y en peligro de que sea desaproba, sean los que tengan los libros que en ella consigne. Pero aún queda en peor situación después de aprobados los presupuestos, porque éstos no puede traspasar los límites de la cantidad asignada, ocurre lo mismo en las dos cosas: ó el editor de un libro, al saber que irremisiblemente está de comprar, aumenta cuanto le plazca el precio, ó que se agota la edición ó desaparece la casa editorial, dejando de publicarlo. En el primer caso, si compra á lo que alcanza la consignación, viola el presupuesto y la ley, porque se comprometió á adquirir tantos libros á tal precio, y además deja sin ellos á la mitad de los niños que lo necesitan; si compra lo consignado á doble precio, verifica una transferencia á que no tiene derecho, dejando desatendidos otros servicios. En ambos casos, incurre en responsabilidad y perjudicia á la enseñanza. El conflicto no tiene solución legal ni racional, dado el criterio predominante ahora.

El otro caso que puede ocurrir es, que el libro no se encuentre; y sucederá: primero, que no está autorizado para comprar ningún otro; segundo, que, aunque esto no fuera, habría de comprarlo de los similares, y si entre ellos no los hay declarados de texto, no pudiendo adquirirlos entre los demás, tampoco tendrá medio racional de cumplir el artículo de la ley, que manda enseñar la asignatura á qué dicho libro se refiere; pero supongamos que lo hubiera igual entre los declarados, y entonces, si es más caro, sobre que se expondría el Maestro á que lo castigasen por no ser el mismo libro consignado en presupuesto, se vería en el mismo trance que en el caso primero.

A iguales peripeyas da ocasión el aumento de discípulos en la escuela; pues como al Maestro se le prohibe adquirir lo mejor y más barato dentro del presupuesto de que dispone, se encuentra imposibilitado de hacer las necesarias combinaciones para satisfacer las imprevistas necesidades que surgen del aumento infinito.

Hasta el infinito podrían señalarse los conflictos que motiva la forma en que para favorecer á unos cuantos monopolizados, se obliga á los Profesores á hacer los presupuestos de las escuelas. Y aún más son los abusos y arbitrarias imposiciones de que son víctimas, con excusa de una disposición ministerial perniciosa y tiránica. Ya los iremos señalando sucesivamente, pues la materia es tan fecunda, que no se agotaría en un siglo de continuo escribir.

Otra iniquidad que envuelve esta ingeniosa manera de proteger á unos cuantos industriales que no saben enriquecerse sino por el monopolio, es la imposición á los ayuntamientos de gastos innecesarios. Cuesta un libro exactamente igual en el fondo, aunque mucho mejor en la forma material y literaria, que los privilegiados, tres cuartas partes menos que éstos; es decir, que el municipio comprará cuatro libros buenos con lo que compra uno mucho peor y de menos duración; con lo cual resulta que los pobres tienen que pagar forzosamente un crecido impuesto á los felicitosos dueños de esos textos.

Y acaso también que se deje al criterio de la Junta local, previa consulta al Maestro, el acordar los libros que habían de señalarse, con lo cual se armonizan todos los intereses, ya que no se haga lo que es más justo y digno del sentido á la libre elección del profesor, único juez competente en estas matérias.

Y es lo más notable que ni la ley del 57, con ser tan restrictiva, ni el Reglamento, establecen esas verdaderas infamias que después han prosperado; porque la primera se limita á consignarlas mutuas obligaciones á que aludimos, y el segundo sólo dice, en su art. 51, que se cuidará de que en el presupuesto se consigne la suma necesaria, y en el art. 143, referente á los inspectores, no dice que hayan de imponer, recomendar ó desaprobar tal libro de texto, ni otro alguno, únicamente que se enteren de los que hayan aceptado los Maestros.

La vaguedad de estos preceptos y la inclinación al privilegio de subsiguientes disposiciones, han dejado ancha puerta al abuso, por lo cual cada uno hace lo que quiere ó puede, según la categoría ó la ocasión le obligue á mandar ó á obedecer.

Escandalosos ejemplos hemos visto, en lo tocante á la aprobación de presupuestos, y algo de ello decimos en este mismo número, en que unas más graves nos reservamos, que iremos descubriendo oportunamente.

Como repetidamente hemos demostrado, nadie hay que pueda saber cuáles libros han de aceptarse en las escuelas, por lo cual los maestros, al formar los presupuestos, han de experimentar grandes vacilaciones y verse en terrible aprieto, aumentados con las desvergonzadas imposiciones que se les hace. No hay ley divina ni humana, que obligue á los Maestros á proporcionar ganancias locales á los agentes oficiales, contraviéndolo un precepto de ley natural y de ley positiva superior á la del 57: el de que, en asuntos de presupuestos, debe adquirirse lo mejor y más barato.