La Ilustración de España (1885-04-30 00:00:00), página 3

Como verán nuestros lectores, manifestamos ante la superioridad que es imposible cumplimentar la circular mencionada, sin producir grandes perturbaciones para las escuelas y notable despechigio para los Maestros, imposibilitando además la enseñanza en los establecimientos públicos.

Cualquiera comprenderá, á poco que se fije y sin grandes esfuerzos, ser imposible que ni los Maestros, ni los Inspectores, ni las Juntas provinciales, ni nadie pueda saber con perfecta certeza cuáles sean los libros de texto, según el sentido legal de la palabra; pues si bien es verdad que en la Dirección se ha formado una lista de todos los aprobados hasta la fecha, que son algunos millares, también es cierto que la inmensa mayoría de esos libros han desaparecido de la escena, porque al cabo de los años han caído en desuso, nadie les acepta como útiles para la enseñanza, y los que subsisten han sufrido tales reformas después de aprobados, que en nada se parecen hoy á cuando fueron declarados oficiales. Esto es innegable. Ahora bien; la ley dice que no pueden alterarse en nada después de aprobados; de suerte que, exceptuando la Gramática y Ortografía de la Academia, todas las demás leyes legales especiales, que en cada caso señalan los libros que facultativamente han de llamarse de texto, pues si la prescripción legal dice que se considere como tal, el libro que no haya sufrido alteración alguna desde que el Consejo de Instrucción pública dió su dictamen favorable y el Ministro lo declaró oficialmente, claro está que las Juntas provinciales, para cumplir lo que se les manda, necesitan tener á su disposición un ejemplar de cada obra declarada—lo cual no es muy factible—y un negociado con algunas docenas de empleados para que vean cuáles son los libros que han sufrido alteración.

Y aun así no bastaría, pues se haría preciso que los inspectores, por su parte, ó se aprendieran de memoria todos los textos recomendados, para que cuando fuesen á hacer la visita viesen si son ó no legales los libros de las escuelas, ó de lo contrario viajar con tres ó cuatro carretas cargadas de libros para confrontar el parecido de unos y otros, empleando en la visita de cada escuela un trimestre.

Para cumplir con la ley exactamente, habría que obrar de esta manera.

Por eso fué muy sabia la disposición legal de 1868, declarando la libertad de textos; pues teniendo el Profesor libertad para elegir los libros que más en armonía estuvieran con sus particulares estudios, bastaba que el Consejo de Instrucción pública informase de que los libros que para este efecto se presentaban en el ministerio de Fomento no contenían nada que fuera perjudicial para la enseñanza, ni contrariá á la religión católica.

Verdad es que con fecha 26 de Febrero de 1875 se publicó una real orden para que volvieran á regir, respecto de textos, las prescripciones de la ley de 9 de Setiembre de 1857; pero en la parte expositiva de esa real orden se confirma nuestro aserto, que allí se consigna en las palabras que, copiadas literalmente, dicen: «Tampoco es el propósito del Gobierno de S. M. impedir que el Profesor elija libremente el método de su explicación compatible con la designación de los textos, y con el deber de presentar su programa; pero los perjuicios que á la enseñanza ha causado la absoluta libertad, las quejas repetidas de los padres y de los mismos alumnos, el deber que tiene el Gobierno de velar por la moral y las sanas doctrinas, y el sentimiento de la responsabilidad que sobre él pesa, justifican y requieren su intervención en la enseñanza oficial, para que de los frutos que puedan exigirse».

Este preámbulo, esta exposición de motivos, está perfectamente clara, y de acuerdo, no sólo con la opinión del Consejo de Instrucción pública, sino también con el examen que acabamos de hacer; y por si hubiese alguien aficionado á dar color político á todo, nos permitimos recordar que esta exposición de la real orden á que nos referimos, se hizo siendo Gobierno el partido conservador, ó sea el mismo que hoy rige los destinos del país.

Hemos apuntado, aunque á grandes rasgos, las dificultades que ofrece la circular en cuestión; y á poco que se medite, observaremos también que necesariamente ha de producir una perturbación grande para las escuelas públicas de primera enseñanza, y un despechigio para los Maestros; porque, efecto de esa prudente y necesaria tolerancia, autorizada y encomendada oficialmente por el Consejo de Instrucción pública en la real orden de 30 de setiembre de 1857, el cual creía en aquella fecha, ser perfectamente inútil la falá declaración de que se trata, ser penoso trabajo, basta para conseguir lo que se propuso el real decreto de 26 de Febrero de 1875, una simple recomendación á las Juntas provinciales, quienes á su vez lo recordarían á los Maestros, y es de suponer que ahora dicho Cuerpo consultivo opina lo mismo que entonces, porque no solamente no ha informado ni en pro ni en contra de ninguna de las obras que se han presentado en el ministerio de Fomento con este objeto desde hace dos años, sino que ni siquiera se ha nombrado; y entremezcla la examine, para cubrir la fórmula. ¿Y quién no ve en este proceder que los señores Ministro y Director del ramo opinan de igual manera que el Consejo y que nosotros?

Pero sobre la perturbación que necesariamente ha de introducir en las aulas la variación rápida de los libros en virtud de la circular, objeto de nuestra instancia, tenemos la consideración, de suyo bastante digna de tenerse en cuenta, de que estas alteraciones bruscas han de redundar precisamente en desprestigio de los Maestros, atacando la reputación de éstos cerca de las familias de sus discípulos, sin que valga para evitarlo el alejado de que obran en virtud de órdenes superiores.

Porque sabido es que los señores Profesores, sin haberse salido ni un punto de lo que las leyes les han mandado, han recomendado esos libros, que hoy han de retirar para sustituirlos por otros, quizá peores y de seguro mucho más caros, que siempre lo son los privilegiados, ya vengan de las librerías, ya de los autores, ó ya (y de esto hay por desgracia y desprestigio oficial mucho) de las mismas personas que ejercen cerca de los Maestros autoridades.

Y más bien, sumánganse ahora que un individuo, el más inclinado á que la ley regularice todo, tiene cinco hijos en una escuela pública, y que el Profesor les ha encargado comprar cuatro libros á cada uno, los cuales le ha costado á razón de veinticinco céntimos, á sea en total cinco pesetas, suponiendo que dicho individuo, como persona ilustrada y que se interesa por saber lo que sus hijos aprenden, examina los libros que le mandó comprar el Profesor de sus hijos, y que de dicho examen queda enteramente complacido, así como también de la buena aptitud de dicho Profesor; pero llega la circular, y con ella órdenes terminantes de los inspectores—más terminantes aún si éstos ó los secretarios de las Juntas tienen libros—y el Profesor manda á decir al consabido individuo que los libros que compró á sus hijos, aunque han sido recomendados por él y examinados y aprobados por el padre, no valen, y que tiene necesidad de comprar otros veinte libros, que lo costarán, á razón de una peseta cada uno, veinte pesetas. ¿Quiere decirnos el lector qué efecto le causará la innovación, máxime si, sobre ser más caros, son también más malos? Y esto sí contar que, tratándose de libros con cargo al presupuesto, el pobre Profesor verá que, además de ser, aumenta el concepto, importe cantidades que necesita para otras exigencias del material, consumiendo sin provecho de la enseñanza, pero en obsequio de esos libros oficiales, cantidades que, sumadas en todas las provincias, ascienden á muchos miles de pesetas.

Por otra parte considerado el asunto, resulta que las escuelas públicas quedan reducidas á peor condición que las privadas, dificultándose á la enseñanza oficial en tantos grados cuantos mejora la de los particulares; pues decididos los centros gubernamentales á no declarar sobre el mérito ó demérito de ningún libro nuevo, y empeñándose en que se estudien los antiguos textos, está claro como la luz del medio día que esto proscribe en las escuelas el fundamento de todo progreso, y condena á los pueblos á carecer de los medios de mejorar su ilustración y cultura.

Los señores socios que nos han inducido á procurar se amaine el rigor desplegado estos días respecto á la exigencia de libros de texto, tienen razón en esperar que la dirección general de instrucción pública hable consideración en los poderososísimos argumentos que mantienen la congruencia de mantener por ahora la tolerancia preexistente en esta materia. Habilérase Hilo de templar un poco los rigores que han desplegado estos días algunos inspectores; rigores que de seguro han visto con placer algunos secretarios de Juntas y algunos habitados.

Nosotros abrigamos la convicción de que la libertad de texto, en el sentido manifestado por LA ILUSTRACIÓN DE ESPAÑA, conquistará tantas adhesiones en la opinión pública, que antes de mucho dicha libertad se verá sancionada por la ley.

MISCELÁNEA

¿Habrá que aumentar la Guardia civil para vigilar á los Maestros de escuela, señor ministro de la Gobernación?

Es probable que S. E. se vea en la necesidad de hacerlo, si muchos de los inspectores que en la actualidad fiscalizan la instrucción primaria siguen siendo comprendido por algunos, al cumplir con lo preceptuado en la circular de la Dirección general del ramo, referente á libros de texto.

Hay individuos de la indicada clase que exigen á los Maestros que los libros no estén encuadernados en rústica; que contengan el nombre del autor; que lleven el sello de la librería que los expida, y que dicho sello se estampará PRECISAMENTE en las páginas 15 y 20 de cada ejemplar... Y no hay para qué hablar de la exigencia de cómo han de ser las mesas para los niños, los centímetros que han de tener, dando una reseña que no parece sino que se refiere á un modelo determinado...