La Ilustración de España (1885-06-20 00:00:00), página 3

de gloria, sino que la han de ahorrar mayores sumas que deberían invertir en cárceles, asilos de mendicidad, hospitales y ma- nicomios.

«Tengan presente todo esto los Gobiernos españoles, y comience alguno á echar los cimientos de la regeneración de nuestra patria, reformando tan profundamente como sea preciso la instrucción pública; no continúe más tiempo la humillación que yo siento, que todos debemos sufrir al comparar nuestro humildeísimo presupuesto de este rango, que no alcanza á 8 millones de pesetas, con el presupuesto francés, el cual excede de 136 millones de francos, y eso que la población francesa apenas duplica á la española.

«Acométase esta reforma de paz, siquiera pensando que no han de ser las necesidades de estos períodos de ventura menos afortunados que los períodos de guerra y de todas las demás calamidades públicas. Es seguro que el país responderá como ha respondido para otras necesidades, y como han respondido otras cultas naciones.»

Imposible es reducir en poco espacio la irrebutable argumentación con que el sabio profesor de San Carlos demuestra la alta conveniencia de tener un Magisterio bien retribuido y organizado bajo la unidad del Estado.

Pero no queremos dejar de transcribir los razonamientos concretos y fundados en la situación actual del Magisterio que hace el alentado senador:

«Ya sé (continúa diciendo) que en rectos principios administrativos el derecho constituyente exige, para sostener la armonía de la Administración, que los servicios asignados al Estado sean pagados por el Tesoro público, los provinciales por las cajas de las diputaciones, y los municipales por los municipios; pero cuando la experiencia acredita que en todo lo referente á instrucción pública han sido y son letra muerta el art. 115 de la ley provincial para las diputaciones, y el art. 73 de la ley municipal para los municipios; cuando una triste experiencia ha puesto de manifiesto los abusos y coacciones indignas que se han cometido intentado sobre dignos maestros, por diputados y concejales; cuando está demostrado que el servicio de la instrucción pública es tan nacional como puede serlo cualquiera otro, no es mucho que yo aspire á que el Estado, si no puede inmediatamente cargarse de toda la enseñanza, procure que las diputaciones y municipios cumplan estrictamente todos sus deberes sobre este particular.

«Sin embargo de las dificultades que hay para hacer reformas trascendentales, no puedo menos de recordar algunas al digno señor Ministro de Fomento, y suplicarle que haga algo para su realización, ya que tan deseadas son por cada una de las clases del Profesorado á que se refieren, y que son quizás fácilmente practicables.

«Maestros de instrucción primaria. Conforme dispone la ley de instrucción pública vigente, España debe tener aproximadamente 28.000 escuelas; pero el número de Maestros propietarios excede poco de 15.000, de los cuales una tercera parte son Maestros, hallándose ocupadas gran número de las restantes escuelas por Maestros sin título, nombrados por autoridades municipales, provinciales ó eclesiásticas. Con todo esto, los sueldos de los profesores adicionan casi á la cantidad de 11 millones de pesetas, suma que parece excesiva á los Gobiernos españoles, siquiera sea pequeña para bélica. Y á pesar de poseer un territorio y una población tan escasos en comparación con el nuestro, consigna 20 millones de francos para este mismo servicio, y para Francia, que entre diferentes partidas consigna para instrucción primaria más de 80 millones de francos.

«Mas sea por lo que fuere, es lo cierto que el Estado no puede pagar en nuestro país aquellos 11 millones, no quedando otro recurso que seguir estas escuelas á cargo de los ayuntamientos. Pero aunque así sea, ¿por á qué tolerar el Gobierno que continúe el desorden actual? Pues yo declaro que no será posible asegurar el pago de sus sueldos á los Maestros, mientras que no se encuentre un medio en cuya virtud aquellos funcionarios dejen de percibir directamente sus pagas de los ayuntamientos; es preciso que, bajo cualquier forma, el Estado sea intermediario, de manera que cobre él á los municipios con una mano para pagar con la otra á los maestros. Mientras no se siga este camino, los abusos continuarán siendo aquellos funcionarios víctimas pro- piciadoras de las muchas patronas y venganzas de los caciques, y á mando de los festeros villanos. Recuérdese el fracaso de las numerosas disposiciones dictadas por todos los Gobiernos, guía- das por el deseo más plausible, y en particular la real orden del 10 de Julio de 1876, que, á pesar de su energía y minuciosidad, no ha producido otro efecto que el de llevar el convencimiento, hasta al mismo Gobierno, de que hace falta acudir á medios más energicos.

«En cuanto á los haberes pasivos de los Maestros, es indi- pensable hacer algo para evitarnos el dolor de ver en la miseria á las viudas y huérfanos de los mismos á quienes siempre recordamos gratísimamente como nuestros padres intelectuales.»

Ponemos término aquí á la exposición, aunque merece tanto como lo indicado, ser transcrita lo que resta. De todos modos, hemos de ocuparnos en números sucesivos de muchas de las interesantes cuestiones que va tocando el Sr. Calleja, pues su discurso es casi en su totalidad un programa que, á nuestro juicio, pudiera aceptar como ideal por ahora el Magisterio.

Esperanza grande es para éste que el ilustre senador se interese tanto por la hoy tristísima suerte de los Maestros y de la enseñanza; porque además de ser político tan influyente en el partido liberal, lo es de carácter entero y tenaz, y cuando go- bierna su partido, que no tardará, no ha de cejar hasta que logre ver realizado gran parte de su ideal.

Si además los Maestros ayudan á la realización de él con la unidad de miras y la eficacia del esfuerzo, bien puede asegurarse que con tales defensores no tardarán en ver colmadas sus esperanzas. El día que esto suceda, será para nosotros de alegría, porque no es otro nuestro anhelo, y de gloria por la modesta parte que con nuestra propaganda hemos tenido en ello.

¿POR QUÉ ASÍ?

Si no estuviéramos ya intimamente persuadidos de que, cuando se legisla en materia de instrucción pública, somos los Maestros siempre los que perdimos, sin duda por aquello de que «el pez gordo se come al chico,» bastaría á persuadirnos de ello una disposición de no lejana fecha. Es la real orden de 25 de Abril último, que dice que «habiendo concedido la Diputación provincial de Córdoba á los catedráticos del Instituto un aumento de sueldo de 500 pesetas anuales, S. M. el Rey (q. d. g.) ha dispuesto se den las gracias á la expresada corporación, por el interés por el ensenamiento y el profesorado que revela el citado aumento, y que se expidan á los interesados los correspondientes títulos administrativos.»

¿Por qué preguntamos, en la cuestión de calificaciones se consulta en sentido de que seamos iguales á los catedráticos, y se resuelve afirmativamente, y en tratándose de sueldos se pide diferente criterio en las altas regiones? Conocemos ya bastantes casos de aumento de sueldo á catedráticos de todas clases, y otros empleados del ramo de instrucción pública, y siempre hemos visto que ha sucedido lo que ahora; se da las gracias á la corporación que concede el aumento, y se expide nuevo título al interesado, para que le sirva para los ascensos que le correspondan en su carrera.

Por el contrario, hemos visto, á pesar de las negativas, algunos casos de Maestros á quienes se ha concedido algún aumento, que han solicitado les extendería la autoridad correspondiente tal documento, y siempre contesta la Dirección: «Es imposible acceder á lo solicitado, porque á ello se oponen las disposiciones de la real orden del 20 de Abril de 1872, y órdenes de la Dirección general de 24 de Setiembre de 1873 y 14 de Marzo de 1877. En éstas se dijo que los Maestros no están exclu- tados para aumentar las dotaciones, sin que por estos aumentos voluntarios se puedan considerar los Profesores en quienes re- caigan con más derechos que los que tienen por la categoría con que adquirieron sus escuelas, y por sus años de servicio, y sin que para el percibo de las mejoras otorgadas necesiten de nuevo nombramiento, ni título; pues hasta que el alcalde les expida un certificado para los efectos de contabilidad de la cantidad que se les ha aumentado, la que pueden suprimir cuando cesen las circunstancias por que hicieron el aumento, siempre que á la escuela le quede el sueldo con que fué anunciada la vacante.»

Es decir, que las Diputaciones, una vez elevado el sueldo, no pueden ya rebajarlo, y los ayuntamientos, como corporaciones más ilustradas, pueden hacer lo que los dá la gana, su- birla, bajarla, o haciendo, en una palabra, juguete suyo á los mentores de la infancia. ¡Ay, ay, ay, qué bueno val!

¿Por qué, pues, se nos niega este reconocimiento, y se nos asimila á los catedráticos en esto, como en la cuestión de pro- puestas por la mayoría absoluta? Ya lo hemos dicho; porque so- mos muy pequeños; porque somos los últimos de la escala de la instrucción, y casi de la social, y por ello, por más que nuestra misión sea la más importante, caemos siempre debajo, y no se nos atiende, aunque por todos se pretenda y prometa atendernos en primer término.

FELIX SARRABLO BAGÜESTE.
Aguarón (Zaragoza), Junio de 1885.

CONFIANZA

Nuestro apreciado amigo D. José Casteljón, Maestro de primera enseñanza en Paradas, provincia de Sevilla, nos dirige una sentida carta, en la que vierte sus impresiones, tristes en verdad,