La Ilustración de España (1885-08-31 00:00:00), página 3

Y no hay para qué reclamar, no señor; se pierde el tiempo, la paciencia y los intereses.

Pero los excelentísimos e ilustrísimos señores que dirigen esa casa que se llama Comunicaciones tienen pingües sueldos, y bien puede asegurarse que sus correspondencias no sufren extravío.

Lo que en España ocurre con el servicio de correos, tiene muy gráfico calificativo en el habla de Cervantes.

Los periódicos están ya cansados de clamar contra la mala administración postal, y se van convenciendo de que claman en desierto.

¿Será preciso que se haga una manifestación pública, nutrida, compacta y unánime, para que la cosa tenga enmienda? Ni aún así habría que esperar nada.

De El Profesorado, de Granada, tomamos lo siguiente:

«A los Maestros de escuela de Murcia se les adeudan 30,000 reales, no obstante las gestiones practicadas cerca del señor gobernador; pues si bien éste ordenó el pago, el alcalde no lo ha obedecido, y sin embargo, el cobrador de consumos comuna con verificar el apremio á los Maestros por sus cuotas respectivas.

»Llamamos la atención de la Junta de Instrucción pública sobre este asunto, que sería risible si no fuera irritante.»

En el caso de los Maestros de escuela de Murcia hay muchos en España.

De desear sería que el Gobierno se fijase algo en esto, y viese la manera de buscar la compensación, para el caso, muy frecuente por desgracia, de que los ayuntamientos no abonen á los Profesores.

Del mismo colega:

«El Noticiero de Madrid echa á broma las desgracias de Granada.
»La pasión política convierte á los hombres en bestias.
»¡Para bromas estamos!»

Efectivamente que es una broma execrable, y que revela en quien la da una buena dosis de cinismo.

El Sr. Mesequer, actual gobernador de Cuenca, sí que se encuentra ya con el ánimo más serena, que si la tendrá, porque el cólera ál décrese bastante, puede ejercitar sus energías en obligar á los ayuntamientos al pago de haberes á los Maestros de escuela, en la seguridad de que las circulares que en tal sentido publique, estarán más en razón que la célebre que dió á luz en el Boletín Oficial del 31 de Julio último.

Ahí, Sr. Mesequer, hay Maestros que, sin contar las crecidas sumas que de antiguo se le adeudan, no han cobrado aún sus asignaciones del año anterior; y si las cosas siguen como van, más víctimas que el cólera va á hacer el hambre en esa clase, á quien tan sin piedad trata su señoría.

Haga algo bueno en este sentido el gobernador de Cuenca, que ya se lo elegiría todo el mundo y recibirá las bendiciones más cordiales de cuantos rinden culto á la razón, á la justicia y á los intereses sociales.

La Junta de instrucción pública de esta provincia ha resuelto, hasta que mejore el estado sanitario, suspender la adjudicación de los premios votados por la Diputación de Madrid para los Maestros y Maestras de primera enseñanza que más se hayan distinguido en el cumplimiento de su ministerio.

Dichas recompensas consistirán en diplomas de honor y premios en metálico hasta la cantidad de 2,500 pesetas.

ENSEÑANZA LIBRE

Sobre esta materia se ha publicado en la Gaceta del 25 del actual un real decreto, cuyo texto transcribimos en nuestras columnas, dejando para otro día el emitir imparcial juicio.

Por de pronto, podemos decir á nuestros lectores que ha sido muy mal recibido por todos los periódicos, y que ha producido deplorable efecto en las personas dedicadas á la enseñanza.

Dice así el real decreto:

«EXPOSICIÓN

»Señor: Manifestado tiene ya el Ministro que suscribe, en las diferentes reformas llevadas al ramo de la instrucción pública, que es objeto preferente de los desvelos de este Gobierno el arraigar y perfeccionar en nuestra patria las instituciones tutelares de la libertad de enseñanza. Afortunadamente, por esfuerzo común de todos los Gobiernos, va recibiendo entre nosotros progresivo desarrollo el saludable principio de que la enseñanza no debe constituir un monopolio del Estado ó un mero servicio administrativo, sino una función social, á la cual han de cooperar todas las fuerzas é iniciativas de la vida social, compartiendo con el Gobierno las glorias y responsabilidades de esta obra fecunda de regeneración, en cuyo seno se decide la suerte de las futuras generaciones.

»Merecen por ello grande y unánime aplauso las reformas que, animadas de este espíritu, vienen sucediéndose en no interrumpida serie, desde que el decreto-ley de 29 de Julio y 29 de Septiembre de 1884, encuadruando por una parte la anarquía en que vivían los estudios, confundida la libertad con la licencia, y abriendo por otra los horizontes de más seguras y ordenadas franquicias, vino á sentar las primeras bases para que las escuelas sostenidas por el Estado y las creadas por la fecunda iniciativa individual, y la más poderosa aún de las asociaciones voluntarias, pudieran coexistir sin estorbarse y como hermanas, para consagrarse al fomento de la general cultura.

»Desde entonces las instituciones para afianzar las libertades de nuestro derecho público en materia de enseñanza, lejos de haber padecido el menor retroceso, han continuado afortunadamente en la senda de la luz, pero sin seguro desenvolvimiento. En este mismo sentido propiamente se informó el real decreto de 29 de Noviembre de 1883, cuyo principio general debe guardarse siempre como valioso tesoro, aun cuando el detalle de sus disposiciones se modifique para amoldarse á los sucesivos perfeccionamientos que aconseja la experiencia.

»Con tales precedentes, el primer deber de lealtad política para todo Ministro investido de la alta confianza de la Corona, para la dirección y gobierno de los capitales intereses de la instrucción pública, consiste en este punto en no proponer á la real sanción de V. M. reforma alguna que no represente positivas conquistas en orden á la libertad, y que por su bondad intrínseca se convierta en necesaria institución de Gobierno para todo hombre de Estado, que en lo sucesivo fuése llamado por la confianza de la Corona para regir este ministerio.

»En esta mira se han inspirado principalmente las disposiciones del proyecto de real decreto, que después de minuciosa deliberación del Consejo de los Ministros, sometidos á la aprobación de V. M. Nuestro principal propósito ha sido que en este real decreto que viene á desenmascarar y organizar en una parte del artículo 12 de la Constitución de la Monarquía española, se le venga á dar una institución de libertad, que convenga porque á todos los partidos, tanto desde el punto de vista de los intereses de gobierno, como para el afianzamiento y defensa de las libertades públicas que gozan los súbditos de esta Monarquía.

»Otras leyes y disposiciones especiales vendrán pronto á introducir, en la enseñanza organizada por el Estado, las provincias ó los municipios, las grandes reformas que reclama el estado social contemporáneo, determinando las atribuciones y deberes del Profesorado público, dando al Catedrático en todos los ramos de la enseñanza, y muy especialmente al que desempeña los modestos puestos de los Institutos y del magisterio de primeras letras, todas aquellas compensaciones á que es acreedor por su misión bienhechora, remunerándolo el Estado en la proporción que consentan sus presupuestos, ya que tal remuneración difícilmente podrá guardar justa medida con los merecimientos de la clase. El actual proyecto se limita á dar un paso más en el reconocimiento y consagración de los derechos de la enseñanza, entre el Estado, y de las relaciones de ésta con la oficial.

»Fundados en este criterio, únicamente en lo concerniente á la colocación de grados, se introducen aquí reformas que alcanzan á la enseñanza oficial, partiendo de la base constitucional de que al Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretendan obtenerlos, y la forma en que han de probar su aptitud; y armonizando esta base constitucional con el principio fundamental para la libertad de enseñanza, de que el Estado debe considerar perfectamente iguales ante el derecho su propia enseñanza oficial y la enseñanza debida á la iniciativa privada, se impone como lógica y necesaria consecuencia que para la validez académica de los estudios y concesión de grados, el Estado, cualquiera que sea la procedencia de los estudios y concesión de grados, se ha de limitar á someterlos á las pruebas convenientes, juzgándolos á todos con el criterio de imparcialidad de un mismo Tribunal, y no teniendo en cuenta otro dato que el provecho de sus alumnos.

»En el estudio de esta disolución, se ha procurado además que el principio de la libertad de enseñanza y las naturales garantías que le ha de prestar el poder público, no quedaran reducidos á un mero derecho individual, para que cada cual elija y aprenda su profesión como mejor le parezca y pueda fundar y sostener libremente establecimientos de educación é instrucción.

»La libertad de enseñanza quedará siempre mutilada si, igual de los derechos del individuo, los organismos creados por el fecundo principio de asociación para las funciones de la enseñanza no hallan también en el seno de la ley común una fianza de amparo y respeto de sus derechos que les permita des-