La Ilustración de España (1885-07-31 00:00:00), página 2

basta con que no contengan nada contrario ni á la moral ni á las leyes.

Aqui se hila mucho más delgado, y así estamos tan lucidos en materia de instrucción pública; así, en vez de dar al Maestro la autoridad moral de que debe revestirse, se le anula y humilla; y así, en vez de dar al inspector facultades que contribuyan al prestigio de su delicado cargo, se le envía una lista de libros para que entre repasando por las escuelas si se adoptan los mismos que contiene.

¿Qué gran procedimiento! ¡Y qué elevación de miras! No creemos que los Maestros hagan mucho caso de recomendaciones oficiales, cuando se trata de libros malos, porque desde luego suponemos que tienen suficiente criterio para saber los que eligen; pero de todos modos, ya va siendo hora de emanciparlos de una tutela vergonzosa á su dignidad profesional, y de que se les deje aceptar lo bueno o rechazar lo malo, ya que deben ser jefes supremos del sacerdocio que ejercen.

Los gobernadores y las Juntas de instrucción pública harán bastante con inspeccionar, por los medios de que disponen, si los libros de las escuelas contienen algo opuesto á la moral o á las leyes. Todo lo demás, si aún es de su incumbencia, no deberá serlo, si es que el criterio y el espíritu liberal que toda la Europa ilustrada acepta en estas materias ha de concluir alguna vez entre nosotros con esa presión oficial que esteriliza cuanto toca, resto de aquel absolutismo vergonzante que se encarga de pregonar por tanto tiempo el atraso intelectual de nuestro pueblo.

Pero esta materia tiene también su segunda parte, que no deja de ser por todo extremo interesante y curiosa.

Para nadie es un secreto el afán, la verdadera fiebre con que aquí se buscan y solicitan los cargos honoríficos, bien que no se otorgan al mérito ni al talento, sino á la influencia y al favor; y entre esos cargos está el de consejero de instrucción pública. Claro es que el Consejo que tenemos es un Consejo de eminencias, más dispuesto á moverse en las elevadas esferas en que se agita, que á descender al mundo práctico de lo que tiene entre las manos, y más á propósito para darse tono que para hacer algo útil y provechoso. Pues bien: este tribunal supremo de la instrucción pública nacional, abrumado por las tareas de su cargo, remedia el déficit de sus miembros y gasta poco á poco el abultado espíritu por los vigilantes del estudio, nombra hace mucho tiempo una comisión á quien echo el mochuelo de examinar todos los libros que el ministerio de Fomento se presentaban, con la pretensión de que se les declarase de texto si se les consideraba dignos de ello. Los señores consejeros sabían bien que por este sencillo procedimiento ellos se quedaban con los honores de su cargo y otros apeguchaban con las pequeñas molestias que aquél podía originar.

Pero esta solución, que verdaderamente era una ganga, por lo cómoda y sencilla, tuvo un término inesperado. Hace más de tres años que entre esa comisión y los señores del Consejo se suscitaron, no polémicas elevadas, sino ciertos dimes y diretes sobre los dictámenes emitidos á propósito de algunos libros. La comisión se dio por ofendida, retiró los dictámenes y presentó la dimisión. No fué aceptada; pero, en cambio, la comisión no presentó dictamen alguno. Y el Consejo, que en materia de bibliotecas soluciones conciliadoras es una verdadera especialidad, hubo de entenderse del siguiente modo: se hizo alguna molestia de las cosas así, y así siguen, porque el doctor cuerpo creyó, sin duda con razón, que no podía haber nada más cómodo que no ocuparse para nada de las nuevas obras que se iban presentando al Consejo, y que éste debía limitarse, como lo hace en la actualidad, á disponer que se hagan en los sótanos ó en las buhardillas (de esto no tenemos entera seguridad) del ministerio de Fomento. Allí duermen el sueño de los justos ó el de los inocentes, cubiertas de polvo y semirroídas por los ratones, que, en defecto de la comisión y de los consejeros, se han encargado de examinarlas, y que son los únicos que hasta ahora no han encontrado molesta la ocupación de repararlas; y allí seguirán esperando el turmo pacífico, muertas de risa, mientras los consejeros también se rien para sus adentros del bromazo que las dan.

Digáense ahora si no estamos en esta materia á una altura enviable. Porque ni aun dentro de lo anómalo, raro y ridículo de la imposición de ciertos libros para la enseñanza pública, hay ni un servicio aceptable, ni un criterio determinado ni personas que los lean, ni Consejo que se ocupe de semejante cosa. Desde que se descubrió que la designación de un consejero de instrucción pública para emitir dictamen como ponente respecto de un libro, era una incumbencia inaguantable, se cerró la puerta á toda nueva declaración de texto, bien que sin perjuicio de recomendar por accidentes á la chita callando (no diremos por quién ni á quiénes) la adquisición de ciertas obras de determinado colorido, cuyos autores, sin la ayuda de esa recomendación, acaso y sin acaso no venderían ni un ejemplar siquiera de sus notables producciones.

Con lo dicho basta para que nuestros lectores formen cabal idea de nuestro flamante Consejo de Instrucción pública, que por cierto en estos momentos disfruta de vacaciones.

La verdad es que buena falta le hace descansar ahora para emprender después, con el ardimento que acostumbra, sus cotidianas tareas, que ya se iban resintiendo de la fatiga consiguiente á sus penosos y nunca interrumpidos trabajos."

PROFESIONAL

(Continuación.)

Aunque la ley no define la enseñanza, fija en el art. 2.º su contenido, determinando lo que ha de aprenderse con espíritu muy restrictivo, pues se omiten cosas necesarias á todo ciudadano, para incluir otras solamente precisas á unos pocos.

En la primera enseñanza, como en la segunda y como en todo, influyeron sobre los legisladores del 37 las preocupaciones de los enciclopedistas, que tanto daño causaron en todos los ramos del saber.

Dicho en mejor criterio, el Gobierno decretó en 23 de Febrero de 1870 que se enseñase en las escuelas la Constitución del Estado. Esto era mucho y era poco; lo primero, porque la constitución de un pueblo suele ser compendio, no sólo de todo su espíritu jurídico, sino hasta las doctrinas políticas de los partidos, y es poco, porque si bien en dicho Código se formulan todos los derechos del ciudadano, no es bastante para el conocimiento de los deberes. Además de conocer la estructura general y órganos superiores al ciudadano, conviene saber cómo funcionan aquellos otros centros políticos y sociales, con los cuales siempre está en relación. Por eso, mejor que la Constitución, debiera haberse decretado la enseñanza de elementos de derecho político, no en el primer grado, sino en el superior de la elemental.

El párrafo sexto del art. 2.º, conforme con el plan de 21 de Julio de 1858, establece una cosa, buena para aquella época y aun para el tiempo en que se publicó la vigente ley, pero que hoy exige una más amplia morfología.

Entendidas las y las escuelas modelo y las escuelas de agricultura, y habiéndose de dilatar extraordinariamente estas enseñanzas, consideramos inútil recargar á los Maestros con el trabajo de hacer aprender cartillas agrícolas, como ha dispuesto muy especialmente la ley de 1.º de Agosto de 1876, en su artículo 1.º; disposición tanto más extraña, cuanto que el espíritu en que toda ella se informa es totalmente diverso, puesto que en los restantes artículos se inspira en el moderno criterio. De todo lo que en ella se ordena, sólo interesa á los Maestros el párrafo segundo del art. 9.º de la citada ley, que dispone que, á falta de otras personas, el Maestro de primera enseñanza leerá un capítulo todos los domingos en conferencia pública, de la obra que haya designado la Junta de Agricultura, Industria y Comercio.

La ley se inspira en dos errores gravísimos: en una injustificada desconfianza en los Maestros, y en un abuso de autoridad respecto á éstos. En los pueblos donde no haya escuelas especiales, debe subsistirse, sin duda, el Maestro, la docencia, porque es mucho mejor que el que puede hacerlo; pero esta obligación debe ir unida á una asignación ó sobreseimiento de antemano fijada, y á carga del centro administrativo á que se refiere la enseñanza, y además á la libertad profesional de exponer la doctrina, no limitando la acción del Maestro á leer un capítulo de la obra prefijada; porque esto, sobre ser poco menos que inútil, es degradante para una persona que tiene un título y una escuela por oposición.

Dejar, como hace la ley, á merced del Ministro el proponer las recompensas por este servicio, sobre ser ocasionalmente al favoritismo y la injusticia, equivale además á no recompensar por un trabajo uniforme y constante como ese.

Las disposiciones oficiales que sobre estas materias rigen, son las siguientes: real decreto de 14 de Mayo de 1881, y real orden de 19 de Diciembre del mismo año, abriendo un concurso de cartillas agrícolas, y la orden de la Dirección, recomendada la primera.

Por lo demás, transcribimos íntegra la parte de la ley de 1.º de Agosto de 1875 á que nos referimos, que dice así:

«Artículo 1.º Se establece como obligatoria en todas las escuelas del reino la enseñanza de una Cartilla agraria.

Art. 4.º El ministro de Fomento y la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, oyendo al Consejo superior del ramo, propondrán inmediatamente, por medio de certámenes, los programas, y designarán los libros que hayan de servir de texto para la enseñanza agrícola.