La Ilustración de España (1885-08-10 00:00:00), página 2

mos ni sea conveniente decretar la perpetua ignorancia del pobre, establezcamos en la educación la necesaria diferencia para que se mantenga eterna desigualdad; porque es claro que ésta es segura entre unos que pagan y otros que reciben la educación, como limosa en aquellos mismos, que con ellos aprenden, y no como cosa á que tienen derecho.

El principio de justicia en que parece inspirarse el precepto, es completamente falso. Acordada la enseñanza general y obligatoria, claro es que no había de pagarla el pobre, porque ad impossibilita nemo tenetur. Contribuirá á ella como á las demás cargas del Estado; por eso consideramos hipocresía reprobable esa apariencia de favor que al pobre se hace librándolo del pago.

A cambio de este falso beneficio, se le obliga al bochorno y las molestias de la certificación de pobreza, sambento con que entra el niño desvalido en la escuela, por librarse del cual, hemos visto á las madres hacer increíbles sacrificios.

El pago de la enseñanza en su totalidad, debe correr, pues, á cuenta del Estado, que á fin de que tenga medios saldos. Es además iminente castigar la virtud del hombre casado y con hijos, obligándole á sufragar un gasto de la Nación sólo porque los tiene, haciendo de mejor condición al cílibe corrompido y vicioso.

Si es una función social, todos deben contribuir á ella proporcionalmente.

Y nada decimos de los inconvenientes y molestias que á los Maestros ha producido la práctica de tan absurdo precepto legal, indicando solamente lo que ganaría el Maestro si la ley lo considerara completamente desligado del discípulo, en cuanto á intereses se refiere.

Aunque algo quiso enmendar la ley de 1868, se paró en la mitad del camino, sin atreverse á romper con el estado de absoluta desigualdad creado en las escuelas por la ley que comenzamos.

Respecto á este punto, para concluir, no hay más remedio que preceptuar la completa y absoluta gratuidad de la enseñanza, especialmente de la primaria, corriendo los gastos que ocasiona á cuenta del Estado; á no ser que se pretendería plantear la inmediata abolición de la libertad absoluta, sin ninguna intervención de los organismos políticos, lo cual equivaldría á establecer la eterna ignorancia de las clases.

No merece especial mención lo consignado en el art. 10, que por lo inocente, consideramos bueno, y esto que lo mucho que pudiera anadirse, es más propio de un reglamento que de una ley.

Como después, cuando hayamos terminado el examen de la ley del 57, pensamos hacerlo del Reglamento, omitimos por ahora todo comentario de este carácter.

Paréceños muy bien, puesto que en nada afectará á la organización de las escuelas, la interpretación que se le diera al artículo 11; pero creemos fuera de razón que se encaje en esta ley un precepto que hasta cierto punto determina una obligación impuesta al párroco. En cosas tan delicadas cuadratura, mejor que en otras, un criterio de libertad.

Claro es que habiendo el legislador pasado los límites de sus atribuciones, no habrá de lograr que se cumplieran sus preceptos, á pesar de la recomendaciones hechas á los prelados por el Gobierno de la Nación.

En este sentido actuaron más atinados los legisladores de 1868, dejando al arbitrio de los párrocos lo que atañe al aspecto de la enseñanza religiosa que se comprende en el art. 11, bien que el apasionamiento político hiciera entonces incurrir en equivocaciones sobre las recíprocas relaciones entre el Estado y la Iglesia, que hicieron muy efímera la ley de 2 de Junio de 1868; desgracia grande que tiene sobre sí la enseñanza en España, y que la imposibilidad de adquirir una forma permanente.

Después se han dictado varias disposiciones gubernativas, sin que, una vez leídas, pueda afirmarse en conciencia si está vigente el citado art. 11, aunque para el caso es lo mismo, puesto que no se cumple.

Las disposiciones á que nos referimos son la circular de 26 de Febrero de 1877, la real orden de 3 de Marzo de 1881, en oposición al parecer con la anterior, y otra real orden aclaratoria, sin importancia alguna, fecha 28 de Junio de 1885.

TITULO V
DE LOS LIBROS DE TEXTO (1).

Art. 86. Todas las asignaturas de la primera y segunda enseñanza, las de las carreras profesionales y superiores y las de las facultades hasta el grado de licenciado, se estudiarán por libros de texto; estas obras serán señaladas en listas que el Gobierno publicará cada tres años.

Art. 87. La doctrina cristiana se estudiará por el Catecismo que señale el Prelado de la diócesis.

Art. 88. La Gramática y Ortografía de la Lengua española será texto obligatorio y único para estas materias de la enseñanza pública.

Art. 89. Se señalarán libros de texto para ejercicios de lectura en la primera enseñanza. El Gobierno cuidará de que en las escuelas se adopten, además de aquellos que sean propios para formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas y morales, otros que los familiaricen con los conocimientos científicos e industriales más sencillos y de más general aplicación á los usos de la vida; teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada localidad.

Art. 90. En las demás materias de la primera enseñanza no pasará de seis el número de obras de texto que se señalen para cada asignatura, ni de tres el de las que se aprueben para las asignaturas de segunda enseñanza e instrucción superior y profesional.

Art. 91. Para proveer de obras de texto aquellas asignaturas en que no las haya á propósito, el Gobierno abrirá concursos ó atenderá por otros medios á las necesidades de la enseñanza, oyendo siempre al Real Consejo de Instrucción pública.

Art. 92. Las obras que traten de religión y moral no podrán señalarse de texto sin previa declaración de la autoridad eclesiástica de que nada contienen contra la pureza de la doctrina ortodoxa.

Art. 93. De los libros que el Gobierno se proponga señalar para ejercicios de lectura en la primera enseñanza, se dará conocimiento á la autoridad eclesiástica con la anticipación conveniente.

(Se continuará.)

MISCÉLÁNEAS

Con el título de Al Magisterio de primera enseñanza de la Isla de Cuba, publica un colega habanero una alocución exaltante al profesorado de Instrucción primaria á formar en la ASOCIACION NACIONAL DEL MAGISTERIO ESPAÑOL á que tenemos la honra de pertenecer, y de la cual es órgano nuestro periódico.

Pasando por alto los elogios que, de seguro inmerecidos, nos tributa, insertamos algunos párrafos de la alocución citada, pues ellos indican, bien á las claras, el estado deplorable en que allí se encuentran los Maestros.

Dice así el colega antillano:

«El proyecto no puede ser más plausible ni meritorio: la unión compacta y uniforme del Magisterio como el medio más eficaz de salvar sus más caros intereses del indiferentismo y la apatía á que parece condenado.

»La hora es oportuna. Cuando todo se agita y se remueve, como á las alteradas en busca de un nivel; cuando de las diversas esferas sociales se levanta un eco unánime en demanda de seguridad protección, y cuando el Magisterio peninsular ácoge entusiasta el jubiloso pensamiento del Sr. Calleja nosotros, que, más que los Maestros peninsulares, somos el desgarrado del actual estado de cosas, fluctuando entre una legislación á medias y el dictamen personal del porque sí; para nosotros los Maestros de Cuba existe aún el imperio del orden y mundo, y sujetos al poste de la tiranía, ¡no hemos de seguir en los empeños de ese letargo de muerte, en la atonia sepulcral del indiferentismo, tendidos á la larga en el lecho enervante de la incuria más lamentable y peligrosa!

»Hora es ya de que el magisterio de primera enseñanza de esta Isla dé señales de vida, si no quiere que se agraven los síntomas de la lenta consumción que lo condena á muerte inevitable.

»Para ello basta sólo apoyar el proyecto del Sr. Calleja, adherirse á él y exponer nuestra situación demostrando todo cuanto en derecho nos corresponde.

Así lo esperamos, siquiera por apego á la vida, y conforme á las leyes que rigen la propia conservación.»

El periódico que aquí tomamos las anteriores líneas, es El Profesional de Cuba, publicación dignamente redactada por el Sr. Alarcia, y que, notablemente escrita, se consagra con inextinguible afán á la defensa de tan altísimos intereses, como son los de la instrucción primaria.

Algunas adhesiones de la Isla de Cuba hemos tenido el gusto de recibir ya, y en verdad hemos de confesar que anhelamos el momento de ver unidos en fraternal y fuerte lazo á todos los Maestros españoles, formando un solo cuerpo, una sola familia, único modo de llegar al unánime desideratum del profesorado.

El documento antes citado se publicó en el mes de Junio, y á mediados del siguiente mes el Sr. Alarcia declinó el puesto que ocupara en la Asociación de Profesores de Cuba, y su periódico