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la mesa el dictámen proponiendo la aprobacion del acta de Rivadavia y quedó el Congreso enterado de haberse sancionado por S. M. diez y nueve leyes de Contribuciones, obras públicas y pensiones, terminando con esto la sesion.

Ábierta la del dia 27, pidieron los señores Garcia Miranda y duque de Villahermosa constasen sus votos con los de la minoria en la votacion del acto de Calatayud y los señores Vizconde de la Armería y Fabié, pidieron asimismo constasen con la mayoría. El señor Ribó pidió al gobierno presentase una nota de la creacion de corregidores y separacion de alcaldes y empleados, desde que juró el Ministerio O'Donnell en 1859, hasta la constitucion del Congreso; el señor Garcia Miranda, otra de las secciones creadas últimamente, con especialidad la de Grado; el señor Diez del Rio, anunció una interpelacion sobre las coacciones ejercidas en las últimas elecciones y el señor Campoy y Navarro, pidió se presentase al Congreso el acta de Tijola en las de 1858. Quedó enterado el Congreso de no poder asistir á la sesion el señor Pastor y Maseda, por una desgracia de familia y de haberse presentado en la Secretaria las actas de Rivadavia y Berja. Se recibieron con aprecio 350 ejemplares de los Presupuestos del año económico de 1863 á 64, y 16 del Cuadro del comercio de cabotage entre los puertos de la Peninsula é islas Baleares y Canarias en 1862. Se dio cuenta de dos comunicaciones referentes al besamanos, por motivo del cumple-años del príncipe de Asturias, leyéndose la lista de los señores diputados, que habian de concurrir. Juraron y tomaron asiento, anunciándose que ingresaban en las secciones quinta, sesta y séptima, los señores Genér y Sendra, Soro y Moraza. Entrando en la orden del dia y discussion del acto de don Benito, obtuvo en contra la palabra el señor Lopez Dominguez, quien atacó sin fijarse esencialmente en aquel distrito las practicas electorales del gabinete y las palabras pronunciadas en otra sesion por el señor Ministro de la Gobernacion, que fueron por cierto una tristísima pintura del estado del sufragio en España, al mismo tiempo que una grave acusacion á dignisimas autoridades de la Iglesia y la Administracion de Justicia. Contestóle el señor Monares, Ministro de Gracia y Justicia, disculpando las separaciones, que criticaba el orador de la oposicion y despues de rectificar ambos señores, habló en pró de su acta el señor Dorado y el señor Manresa, en nombre de la comision, siendo aprobado el dictámen sin mas debate fué proclamado el diputado electo. Aprobóse igualmente sin discussion el referente á Rivadavia, siendo admitido diputado el señor Rodriguez Vaamonde. Recibierónse con aprecio los ejemplares del tomo IX de la
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Coleccion legislativa de la Deuda pública, remitidos por el señor Ministro de Hacienda y pasaron á la comision de actas dos reclamaciones, referentes á los distritos de Archidona y Selaya. No habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión, para reunirse el Congreso en secciones.

VARIEDADES.

—Ha muerto la noble y virtuosa marquesa de Mirabel.

La buena sociedad de la corte y cuantas personas conocian á esta ilustre señora, han sentido mucho la irreparable pérdida que llorarán eternamente sus afligidos padres, esposo y hermanos.

—El dia 11 falleció en Gerona, despues de una aguda enfermedad, doña Eulalia de Vilallonga, viuda de Pastors, madre política del héroe español general Enna, cuñada del benemérito general don Pedro de Pastors, y tía del gobernador militar de Gerona don Joaquín de Pastors y de Foxá, y señora muy conocida en aquella ciudad por sus virtudes.

—Ha fallecido últimamente en el barrio de Tetuan, nuestro querido y particular amigo don Eduardo Corrales y Peralta, taquígrafo del Senado y Auxiliar del Tribunal de cuentas del Reino. Joven aun y dotado de inestimables prendas de talento y carácter, dejará siempre su muerte con doloroso recuerdo en el corazon de sus numerosos amigos y un vacio imposible de llenar en su angustiada familia.

El señor Corrales había escrito tambien algunas obras para el teatro, de no escaso mérito, y puesto dos de ellas en escena.

—Las comisiones nombradas por la provincia de Huesca para gestionar cerca del gobierno sobre la línea ferrea á Francia por Canfranc, salieron de la capital para esta corte en la tarde del 14, y se compone de los señores don Pablo Perez y don Juan Lino Lasierra por la diputacion provincial; don Antonio Valles, y don Tomás Perez por el ayuntamiento, y de los señores baron de Alcalá y don Juan Escuer, por la Junta de Agricultura.

—El 30 de este mes celebra junta de socios el Banco de propietarios en la calle de Sevilla, número 16. Ya esta pagando esta sociedad los intereses de las imposiciones hechas hasta el 31 de diciembre. Esto prueba el estado floreciente de esta sociedad que no dudamos llegue á ser las primeras de sus género en España.

Felicitamos tanto al señor Chao sócio-fundador como al señor Ruiz Zorrilla, inteligente y activo gerente del Banco.
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

Desde que se publicó el Real decreto de 19 de Agosto último venimos preguntándonos á nosotros mismos y preguntando á personas más competentes, ¿por qué nadie ha de poder ejercer la judicatura ni la magistratura en el pueblo, ni en el partido judicial, ni en el territorio de la audiencia á que pertenezca el pueblo en que nació ó en que haya nacido su consorte? Y por más que hemos preguntado, averiguado y pensado, no hemos tenido la fortuna de oír, ni de hallar una sola razón que satisfaga, justificando la prohibicion.

En los decretos anteriores de 7 de Marzo de 1831, y de 24 de Febrero de 1852, á que el reciente se refiere, no está aquella razon; pues en el primero solamente se dice que S. M. resolvía lo que él dispone en vista de las razones que, de conformidad con el parecer del Consejo de ministros, había expuesto el de Gracia y Justicia, pero sin expresarlas.

Sin embargo, del texto de dichos decretos, y muy especialmente del último, se desprende, que la razon fué hallarse prescrito en las leyes recopiladas: al méños así se supone; y esto nos ha inducido á buscarlas, ya que no se citan, ni se determina cuáles sean, ni siquiera el título, ó los títulos en que se encuentran.

Por lo mismo, procediendo casi á tientas, hemos ido á buscarlos entre las materias más análogas para el caso.

Hemos comenzado por el título que trata de los oidores y de los alcaldes del crimen de las chancillerías y audiencias, y allí no hemos hallado una sola que directa ó indirectamente establezca, ni suponga establecida, semejante prohibicion.

Siguiendo la investigacion, hemos pasado, aunque con desconfianza, al título XI, del libro 7, de la novísima Recopilacion, y nos hemos detenido como por instinto en las leyes 14 y 28, y, ¿serán estas, nos hemos preguntado, las aludidas en el decreto?

Apénas nos resolvemos á creerlo: porque del siglo en que se proclama, casi como principio general, el recedant vetera, no parece propio desenterrar disposiciones seculares, que en circunstancias muy distintas de las actuales dieron D. Fernando y Doña Isabel, allá en el décimo sexto.
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Además, y prescindiendo de esto, ¿qué es lo que esas leyes dicen? «Mandamos, se lee en la una, que el asistente, gobernador, ó corregidor no tenga alcaldes, ni tenientes, ni alguaciles que sean vecinos, ni naturales de la tierra que lleva en cargo; y que los busque él los mejores y más suficientes que pudiere haber para los cargos que les diere, que no sean sus parientes dentro del cuarto grado del dicho asistente ó juez de residencia, ó sus alcaldes mayores, ó tenientes, ni sus yernos, etc.»

¿Está aquí, por ventura, la prohibición directa ni indirecta, de nombrar magistrado para una audiencia al que sea natural, ó casado con mujer que haya nacido en el pueblo de su territorio? No; porque aun entendiéndolo que la prohibición de elegir alcaldes, tenientes y alguaciles naturales ó vecinos de la tierra encargada al corregidor, suponga que este tampoco debía serlo, la ley hablaria con los corregidores, ó gobernadores; nunca empero con los entonces oidores, luego ministros y hoy magistrados de las audiencias.

Y ni aun podría con propiedad aquella prohibición aplicarse á nuestros jueces de primera instancia, porque inmensa es la diferencia entre estos y los antiguos corregidores, que llevando á su cargo, además del juzgado, la parte política, administrativa y económica, podían, por afeccciones de parentesco y amistad, causar graves daños á los pueblos, y hasta formar cierta especie de oligarquía en provecho propio, y en mengua y agravio de la justicia y de la administración y buen gobierno de aquellos.

El que conozca las atribuciones de los antiguos corregidores, no los comparará con los jueces actuales de primera instancia; y comprenderá que á estos no ajusta la razón de las leyes que para aquellos allá en su tiempo se establecieron. Nuestros jueces de partido no se parecen siquiera á los mencionados corregidores, como nuestros gobernadores civiles tampoco se asemejan á los gobernadores de que habla la ley citada.

No es más acomodable al caso la 28 de los mismos libro y título, que manda á la Cámara que en lo de adelante no proponga por gracias al sacar prorrogación alguna de corregidor ó alcalde mayor, bien sea de real nombramiento, ó de señorío particular; ni tampoco dispensación de naturaleza de los pueblos ó jurisdicciones donde fuesen nombrados para ejercer destinos de justicia.

Esto es, prohibía dar por servicio pecuniario, ó como si dijéramos, vender prórrogas de los seis años que duraban los corregimientos; y dispensas de naturaleza de los pueblos donde fuesen nombrados los cor-
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regidores; pero sin perjuicio de concederlas gratuitamente cuando la Cámara lo juzgase útil para los pueblos.

Así esta otra ley, que no existiendo ya semejantes corregidores, ni prórrogas, ni dispensas, ni gracias al sacar de que habla, es una antigüalla que pertenece á la historia del derecho, creemos que no habrá podido servir de autoridad en que fundar la prohibicion que introdujeron los decretos de 1851, 52 y 63.

Ni nunca, que sepamos, se ha entendido que aquellas leyes hablaron de oidores, ministros ni magistrados de las audiencias; pues lo mismo bajo el régimen monárquico puro, que bajo el constitucional, en todos tiempos hasta el año 1851, y aun después, ha habido en todas las audiencias de la Peninsula, y por cierto, sin agravio de la justicia, oidores y ministros y magistrados naturales de pueblos de sus respectivos territorios, y aun de las mismas capitales de su residencia.

Y léjos de reputarse esto infraccion de las leyes, ni inconveniente, era, en alguna provincia, condición necesaria según sus fueros particulares. Diganlo, si no, los de Valencia, en los cuales tratando de cargo de tanta importancia como el de justicia civil, se explicaba de esta manera:

«Lo que ha de esser elet en justicia de la ciutat de Valencia, ó altra ciutat ó vila del Regne, ó loch-tinen de aquell, sia natural de la ciutat, ó vila, hon se fà; ó que essent del Regne, haja habitat en Valencia cinchanys; y si es de fora del Regne vint anys; y en tal cas porsien esser avehinats, y no altrament.»

Y hablando de la real audiencia, decia: «Nomenant set doctors naturals, é suficients, ó es, un regent y sin doctors.»

Por consiguiente, si á la antigüedad se quiere recurrir, tan léjos estaban nuestros ascendientes de creer que nadie pudiese administrar justicia en la provincia y aun en el pueblo mismo de su naturaleza.

Ni en el filosófico é inmortal código de las Partidas encontramos tampoco la moderna prohibicion, ni rastro de ella. Nunca para ser magistrado de una audiencia, se ha exijido ser forastero con respecto al territorio de la jurisdiccion de la misma.

Y si para esto no hay, que sepamos, ley hasta el año 1851, ¿habrá razon filosófica ó de conveniencia, para la administracion de justicia? Debemos confesar, á fuer de leales, que si existe, se halla fuera de nuestro alcance y del alcance tambien de otros muchos muy pensadores; y por esto hemos dicho que tenemos la desgracia de no haber oído una razon satisfactoria en apoyo de la prohibicion de que venimos hablando.
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¿Por qué no ha de poder el hombre ser juez ni aun de tribunal colegiado en su tierra? ¿Será por temor á las influencias por relaciones de parentesco y de amistad? Por Dios, que esto no honra á la magistratura española. Mal concepto se tiene de ella si con tanto empeño se la quiere apartar del peligro y de la tentación de torcer la justicia por influencias y por pasiones, siquiera sean las más nobles: y la toga española no merece tal concepto, porque otro bien distinto tiene conquistado y creemos que jamás desmentido.

El que sea capaz de transigir en su ministerio por afecciones, no debe vestir la toga: porque si capaz es de doblegarse á ellas en su país, lo será también fuera de él. La prohibición es absoluta; y relativa no la admitimos, ni llegamos á concebirla. El juez probó lo es en todas partes, incluso el pueblo en que nació y se ha educado.

¿Que en este naturalmente tendrá parientes, amigos íntimos, intereses y por consiguiente compromisos? Pero ninguno superior á su juramento de administrar imparcialmente la justicia: y si esto razon fuera, lo sería para que el juez que no se sintiera con la escasa fuerza de voluntad que se necesita para arrostrarlos, no pretendiera ir á su país, nunca para que la ley se lo prohíba, porque la prohibición denota poca confianza en su virtud, y ni el ministro debe ser su padrino para evitarles compromisos, ni al juez pueden decorosamente aplicarse aquellos versos de Cervantes: «¡Es de vidrio la mujer, y no se debe probar, etc.,» porque el juez debe estar á toda prueba.

Afecciones de sangre, de amistad y de cariño las puedo tener, las ha de crear, si no las tuviera, allá donde vaya el magistrado; y más y mayores deben ser en el pueblo en que se casó que en aquel en que haya nacido. Las relaciones, las influencias, le seguirán, ó le saldrán al encuentro por todas partes: y por lo tanto, ó no han de ser inconveniente para administrar justicia, ó han de ser inconveniente absoluto.

¿Y qué? ¿En su órbita jurisdiccional no la administran en sus propios pueblos los alcaldes y sus tenientes y los jueces de paz? ¿Qué se diría de una ley que para estos cargos buscase forasteros? Y cuenta, que mayores pueden ser y de más trascendencia los compromisos en el alcalde, en el teniente y en el juez de paz con voto único y decisivo, que en el individuo de un tribunal colegiado.

¿Qué significa la excepción que los decretos de que tratamos hacen en favor de los jueces y magistrados de la corte? ¿Pues qué; acaso el juez ó el magistrado natural de Madrid, tendrá aquí menos afecciones y más independencia, que el aragonés en Zaragoza, ó el valenciano en Valencia?
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Hay, por otra parte, ó muy mal juzgamos, un contrasentido entre la prohibicion de administrar justicia en el pueblo en que se nació, y la permision de hacerlo en aquel en que se ha vivido, siquiera sea desde la infancia. No puede haber filosofía en el principio de constituir incompatibilidad relativa al lugar del nacimiento, y no al lugar de la residencia, por larga y constante que haya sido, porque si se huye de afecciones que amenguen la independencia, mayores deben ser en el segundo que en el primero.

No encontramos, pues, y eso que de buena fe hemos buscado, la razon filosófica de la prohibicion, ni tampoco sus ventajas para la recta administracion de justicia.

Más diremos, y es que cede, sin duda, en perjuicio de aquella. Prohibir el ejercicio de la judicatura y de la magistratura en el partido y en el territorio á que pertenezca el pueblo en que se ha nacido, es como imponer, relativamente á dichos partido y territorio, la pena de destierro al natural que quiera ejercerlos: y esto, que es una privacion que contraria las más íntimas afecciones del corazon, alejaría de la judicatura y de la magistratura muchas y muy competentes individualidades que podrian honrar la toga. ¡Cuántos y cuán excelentes magistrados hemos conocido, que no lo hubieran sido rigiendo la mencionada prohibicion, que tampoco favorece á esa mencionada clase!

En daño de la administracion de justicia cede ademas esa especie de destierro que los citados decretos imponen: porque en muchos, y aun en la mayor parte de los juzgados y de las audiencias de España, deben servir mejor los naturales que los extraños. Ventajas llevan para el buen desempeño de sus cargos el juez y el magistrado que conocen perfectamente los hábitos y costumbres, los fueros y el dialecto de cada provincia; y esta ventaja la tienen los naturales sobre los forasteros.

Poned sino un gallego en Barcelona, un catalan en Sevilla, un valenciano en Zaragoza, un castellano viejo en Valencia.

Dad á leer á este castellano ó al andaluz los fueros que más arriba hemos insertado, y decidles que les traduzcan; y luego que se nos diga si para la audiencia de Valencia será más á propósito un andaluz, un castellano viejo ó un valenciano; y si para la administracion de justicia convendrá alejar de Barcelona al catalan, de Palma al mallorquin, de Zaragoza al aragonés y de Valencia al valenciano, y poner en sus respectivas audiencias magistrados que desconozcan los usos y costumbres, los fueros y hasta el dialecto de cada una de aquellas provincias.

Sobre este punto el buen criterio no puede vacilar. Por lo mismo, la opinion pública se ha declarado contra la prohibicion de que trata-
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mos, y por consiguiente, contra el reciente decreto que la reproduce y que tantos trastornos ha causado con el trasiego de magistrados: por lo mismo se han escrito varios artículos, combatiendo el nuevo axioma de que nadie puede ser juez en el partido, ni magistrado en el distrito del pueblo en que nació, siquiera en otro desde la infancia haya residido: por lo mismo el decreto del año 1851 cayó en desuso, como caerá, si es que no ha caído ya también, el de 19 de Agosto último; y por lo mismo, en fin, debemos esperar que el Gobierno se apresure á derogarlo, desestimando como erróneo en el terreno de la ciencia, é inconveniente en el de la práctica, el principio en que se funda. Hágase justicia á la magistratura; rindamos homenaje á la experiencia.

VARIEDADES.

—Ha sido nombrado secretario de la diputacion y consejo provincial de Huesca el entendido y antiguo funcionario público don Agustín Escuer.

—En la eleccion para diputado á Cortes por el distrito de Gergal había obtenido el primer dia, mayoría absoluta, y por lo tanto es ya diputado electo por aquel distrito, don Francisco de las Rivas y Artiaga.

—Ya están establecidas en Sevilla las casas de socorro que con tanto interés plantcó el gobernador civil señor Dupuy con el apoyo de los considerables donativos hechos por los señores don Tomás de la Calzada, don José María Ibarra y don Pedro Manuel Durán. El ayuntamiento de la misma ciudad se propone por su parte instalar otras casas de socorro costeadas por el municipio.

—La comision que presidida por ilustrísimo señor don José Genaro Villanova, tuvo la honra de presentarse dias atrás á S. M. para darla gracias, en nombre del pueblo de Almería, por el suntuoso regalo que nuestra soberana ha hecho á la Virgen del Mar, patrona de aquella ciudad, según dijimos, obtuvo la venia de S. M. para avisar telegráficamente á Almería la noticia tan pronto como se indicase el fausto suceso que espera la monarquía y la nacion entera, con el objeto de que se celebren rogativas á la Santísima Virgen del Mar, en demanda de un feliz alumbramiento. Con los diputados señores Villanova y Rivera concurren á palacio los señores Gutierrez de Aguilar y Morcillo, hermanos todos de la Real cofradía de la Virgen, de la que es hermana mayor S. M. la Reina.
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donde desarmó al empezar el año de 1760 trasbordado al navío Oriente, regresó con él á Cádiz en donde quedó desembarcado.

Volvió á verificarlo en el nombrado Hector y sobre cuyo bajel trasportó tropas á los presidios de Africa y caudades á Génova y Marsella, cruzando después sobre los cabos de San Vicente y Santa María para proteger la recalada de las embarcaciones del comercio procedentes de América. Con el navío de su destino estuvo agregado á la escuadra del mando del Excmo. Sr. D. Carlos Réggio, que protegia la bahía de Cádiz de un ataque, que los ingleses tenían proyectado sobre ella y que no llegó á verificarse; habiendo trasbordado en esta época al navío Fénix, de la insignia del mismo señor Réggio, en donde subsistió hasta la paz en 1763 que por desarme de su buque quedó desembarcado.

Al poco tiempo fué destinado al navío Gallardo con el que salió para Canarias conduciendo caudales y tropas, y á su regreso cruzó sobre el cabo de S. Vicente.

Del anterior navío pasó al nombrado España, uno de los de la flota del jefe de escuadra D. Agustin Idiaguez, con la que navegó á diferentes puntos de la América Septentrional.

Por sus constantes navegaciones, aptitud y disposición obtuvo Winthuysen la honra en los últimos años de guardia de marina, de que se le destinase á maestre de una navegación de la Academia de Cádiz y de que en la flota del Sr. Idiaguez fuese electo ayudante de órdenes del mayor general de ella con aprobación después del Excmo. Sr. Director General.

A los ocho años y tres meses de haber sentado plaza y cerca de siete embarcado, fué ascendido á alférez de fragata siendo ya un completo oficial, no solo por sus conocimientos facultativos sino por su pericia y arrojo que demostraban en él para en adelante, cualidades de un esforzado marino.

Regresado que hubo á España en la flota del señor Idiaguez, descansó de sus trabajos en el departamento de Cádiz, y habiendo vuelto á embarcar en el navío Santa Isabel, pasó al Ferrol, cruzó sobre las costas de Galicia, y á mediados de 1769 desarmó su buque en dicho departamento.

Siendo alférez de navío, tuvo destino en 1770 en el navío Santo Domingo, con el cual salió á cruzar sobre las costas de Galicia y verificó una campaña de pruebas con la escuadra del mando del jefe D. Pedro Castejon, la cual concluida, pasó con su buque al departamento de Cádiz, y trasbordado á la fragata Palas, hizo viajes