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Insertamos á continuacion la Real órden relativa á este asunto, que ha dado márgen á discusiones tan vivas, á pareceres tan encontrados: dice así:

«Ilmo. Sr.: Vista la Real órden de 16 de agosto de 1845 autorizando á los Sres. Lezca y Arrieta, representantes de la Diputacion general de Vizcaya, del Ayuntamiento y Junta de comercio de la ilustre villa de Bilbao y de otras corporaciones y personas, para construir una línea de ferrocarril desde Madrid á Irun:
Vista la Real órden de 29 de marzo de 1846, en que se aprueba la cesion de sus derechos hecha por las corporaciones y personas concesionarias á favor de una compañía extranjera:
Vista la Real órden de 22 de noviembre del mismo, concediendo una prórroga de diez y ocho meses para la presentacion del depósito definitivo y demás documentos necesarios:
Vista la Real órden de 6 de noviembre de 1848 mandando devolver á los concesionarios, de acuerdo con el parecer de la Junta consultiva, los cinco millones de reales que habian depositado en el Banco, y concediéndoles dos años mas de prórroga:
Vista la Real órden de 11 de junio de 1850, en que se concedió la prórroga de un año mas para principiar los trabajos y reponer el depósito de los cinco millones:
Vista la Real órden de 4 de julio de 1851, en que se concedió nueva prórroga de un año para los mismos fines:
Visto el Real decreto de 6 de agosto declarando á este camino comprendido en la ley de 20 de febrero de 1850, y fijando en seis millones de reales su capital máximo:
Visto el Real decreto de 4 de julio de 1852, en que se
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concedió definitivamente la construcción del ferro-carril de Madrid á Irun á las corporaciones de Vizcaya, se aprobó el convenio celebrado entre la empresa concesionaria y don José de Salamanca sobre la parte de la línea desde Madrid á Miranda de Ebro, y la propuesta hecha por el mismo para la construcción de esta parte de línea por cuenta del Estado:

Visto el Real decreto de 27 de noviembre, en virtud del cual aprobó la propuesta hecha por D. José de Salamanca de sacar á licitación pública el ferro-carril desde Madrid á Miranda de Ebro, quedando en lo demás vigente el Real decreto de 4 de julio:

Visto el Real decreto de 29 de diciembre, por el cual se suspendió la subasta acordada en el de 27 de noviembre, basta que se fijase la dirección de la línea y pudieran formarse y publicarse con la anticipación debida los pliegos de condiciones:

Vista la Real orden de 21 de enero de 1853, en que se acordó quedasen en su fuerza y vigor los derechos que en justicia tuviesen la Diputación provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, como primitivos concesionarios del ferro-carril:

Vista la Real orden de 21 de febrero del mismo año, en que se mandó conservar y mantener los derechos que á las corporaciones de Vizcaya y personas concesionarias del ferro-carril les fueron otorgadas en Real orden de 18 de agosto de 1845, y que se principiarán á contar desde 1.º de marzo los cuarenta y tres días que se les concedieron para efectuar un depósito de quince millones de reales:

Vista la Real orden de 26 de marzo, en que haciéndose cargo de la cesión verificada por los concesionarios en favor de D. José de Salamanca, y por este á una compañía extranjera, se manda admitir al mismo Salamanca la fian-
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za de veinticinco millones de reales, autorizándole para comenzar los trabajos en la seccion comprendida entre Burgos y Miranda de Ebro:

Visto el dictámen de la mayoría del Consejo Real, que manifiesta que al hacerse la primitiva concesion no se tuvieron presentes los principios generales del derecho «que niegan las corporaciones provinciales y municipales la capacidad legal para contratar y obligarse sobre ciertas materias;» y esplícando en seguida que el ferro-carril concedido no se limitaba al territorio de Vizcaya, sino que comprendía la mitad de la zona del reino, añade: «sin embargo, estas encomendaban á unas corporaciones que, cualesquiera que sean sus facultades por la legislacion foral, son puramente administrativas, y no pueden estenderse fuera del territorio que administran, ni á materias ajenas de su administracion interior:»

Considerando la necesidad de poner término á las confusiones y dificultades creadas por tan prolongada tramitacion y por tan contradictorias determinaciones:

Considerando la conveniencia y la importancia, bajo el punto de vista de los intereses públicos, de construir un ferro-carril de Madrid á Irun, reclamado por la opinion de los pueblos:

Considerando la utilidad de activar en lo posible la construcción de esta obra, y los grandes bienes que está destinada á producir en todo el territorio de la Peninsula:

Considerando que, negada la capacidad de contratar por parte de las corporaciones de Vizcaya, mucho mas fuera de su territorio, se desvía esta concesion en un punto cardinal de los demás de su índole:

Considerando que el verdadero interés, así de los pueblos como del Estado, consiste en la pronta adopcion de
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una medida que asegure la construccion del ferro-carril de Madrid á Irun, y que este interés está resguardado con la pública licitacion, que es uno de los medios establecidos en el Real decreto de 27 de noviembre de 1852:

S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar lo siguiente:
1.º Se saca á pública subasta la construccion por cuenta del Estado, de una línea del ferro-carril desde Madrid á Irun, dividiéndola para este efecto en cuatro secciones; á saber:
    Primera: de Madrid á Valladolid.
    Segunda: de Valladolid á Burgos por Palencia.
    Tercera: de Burgos á Bilbao.
    Y cuarta: de Bilbao á Irun.
2.º Esta licitacion se verificará por pliegos cerrados, y conforme á lo prevenido en el Real decreto de 27 de febrero de 1852 sobre contratos públicos, y se celebrará el dia 1.º de marzo de 1854 ante el Director general de Obras Públicas, debiendo abrirse los pliegos referentes á las distintas secciones en el órden en que quedan enumeradas en el anterior artículo.
3.º La construccion de cualquier túnel será objeto de un contrato y subasta especial, que se verificará dictándose al efecto las disposiciones que se juzguen convenientes.
4.º Con la anterioridad necesaria se publicarán el pliego de condiciones detallado, los presupuestos que resulten de los trabajos mandados ejecutar por el Gobierno, así como la forma en que hayan de estenderse las proposiciones de los licitadores.
5.º El Gobierno, oyendo al Consejo Real, abonará los gastos debidamente acreditados, á cuyo reintegro tengan derecho los anteriores concesionarios.
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6.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las anteriores disposiciones.

De Real órden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1853.—Estéban Collantes.—Sr. Director general de Obras Públicas.»

Hemos espuesto sencillamente los hechos tal como se desprenden de la Gaceta del Gobierno, y seguiremos tratando y esplicando esta cuestion de ferro-carriles hasta su terminacion definitiva, sin hacernos cargo de otras disposiciones adoptadas por el Sr. Estéban Collantes sobre otros ramos de la Administracion, para no involucrar las materias, y para dar la preferencia debida á un asunto tan vital como este, y que tan gravísimas consecuencias ha tenido en el órden político y en el órden económico de nuestro país.

Las disposiciones que el Sr. Estéban Collantes adoptó en la cuestion de ferro-carriles, hay que dividirlas en dos periodos. El primero corresponde al tiempo en que el Sr. Collantes formó parte del Ministerio que presidió el General Lersundi: el segundo las que adoptó bajo la presidencia del Conde de San Luis.

El decreto orgánico, si podemos llamarle así, y la mayor parte de las confirmaciones de las concesiones antiguas, se acordaron en tiempo del Ministerio Lersundi.
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Bajo la administracion del Conde de San Luis, solo tuvo verdadera importancia la resolucion del camino del Norte, anulando la concesion, sobre lo cual nos ocuparemos en seguida.

Bien examinados todos los antecedentes de este ruidoso asunto, que tanto ha dado que decir, que tanto ha dado que murmurar, y que fué nada menos que pretesto para una sublevacion y para una revolucion, nosotros, con un criterio imparcial y justo, deducimos los hechos siguientes, que nadie se atreverá con razon á negar ni á desvirtuar:

1.º La cuestion de ferro-carriles no fue iniciada por el Sr. Estéban Collantes, en los dos Ministerios de que formó parte.

2.º El Sr. Estéban Collantes acordó todas las resoluciones relativamente á este asunto en Consejo de Ministros, prévio el dictámen de los funcionarios que debian darle, y sujetándose á él, en todos los casos y sin una sola excepcion.

3.º Que el Sr. Estéban Collantes se conformó con el dictámen del Consejo Real, casi siempre; dando una publicidad tal á sus determinaciones, que cuando habia dictámen de mayoría y de minoría, se insertaban ambos en el testo de la Real orden; y cuando se modificaba algun tanto el dictámen del Consejo Real, se daba el fundamento de esta modificacion.
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4.º El Sr. Estéban Collantes no hizo concesion alguna de ferro-carril.

5.º El Sr. Estéban Collantes llevó íntegra esta cuestion á las Córtes, con todos sus expedientes y con dos proyectos de ley para zanjar completamente todas las dificultades.

Estos son los hechos, volvemos á repetir, que resultan de todo cuanto nosotros hemos estudiado sobre esta cuestion, en la cual ha habido mucha pasion, mucho encono, y una obcecacion lamentable, pero sobre la cual ha habido hasta ahora poca discusion razonada, y poca crítica fundada.

La anulacion de la concesion del Norte es un acto contradictorio, y que no se esplica lógicamente sino teniendo en cuenta los errores y las preocupaciones que reinaban en aquella época, en la que se intentaba sujetar las pasiones; pero en la cual las pasiones eran mas fuertes que todos los poderes de la tierra.

El Sr. Moyano habia escrito una Memoria que habia causado una crisis ministerial, y la única diferencia esencial entre el modo de ver del Sr. Moyano y sus compañeros, consistia precisamente en la distinta manera de ver la resolucion de la cuestion del camino del Norte; y con arreglo al decreto de 7 de agosto, el Sr. Collantes debió haber confirmado esta concesion, como todas las demas. Esto
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era lo lógico, y esto era lo consecuente; pero contra todos los antecedentes y contra lo que se aguardaba, apareció la Real orden que mas arriba hemos transcrito.

Indudablemente, el Gobierno que tal acuerdo adoptó, se dejó influir, no por el estado de la opinión, sino por la opinión de la oposición; pero nada adelantó: aquella oposición era tan constante y tan decidida, que si se hubiera podido conseguir el que ella misma hubiera formulado un orden de resoluciones, y estas resoluciones hubieran sido adoptadas por el Gobierno, aquella oposición las hubiera impugnado todas. Aquella era ya una lucha á muerte, y no acabó, ni aun con el triunfo por medio de la revolución.

En esta época, en que no puede negarse una gran publicidad y una gran actividad para resolver estas cuestiones, se pedía con grande ahínco la reunión de las Cortes, y La Época, uno de los órganos de la oposición, decía que el día en que se convocaran las Cortes, todas las resistencias vendrían á tierra, y todas las antipatías habrían de desaparecer. Las Cortes se abrieron, y la resistencia y las antipatías fueron mayores.

El Gobierno, sin embargo, cumplió todos los compromisos que había contraído. El primer día de sesiones se dió cuenta en el Congreso de la si-
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guiente comunicacion, y de la lista de expedientes de ferro-carriles que á continuacion trascribimos.

«Excmos. Sres.: De Real órden remito á VV. EE. los expedientes de ferro-carriles que expresa la adjunta relacion, con sus correspondientes índices, á fin de que el Congreso de señores diputados los tenga á la vista al discutir un proyecto de ley que se someterá á los Cuerpos colegisladores en el primer dia hábil de la próxima legislatura.—Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1853.—Agustin Estéban Collantes.—Excmos. Sres. Secretarios del Congreso de los Diputados.

Lista de los expedientes de ferro-carriles que radican en este Ministerio y se remiten al Congreso de señores Diputados con Real órden de esta fecha.

Caminos en esplotacion.
Madrid á Aranjuez.
Caminos por contrata.
Aranjuez á Almansa.
Sevilla á Cádiz.
Málaga á Córdoba.
Madrid á Irun.
Caminos que gozan intereses y amortizacion.
Langreo á Gijon.
Grao á Játiva.
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Caminos que gozan intereses durante la construcción.

Almansa á Játiva.
Almansa á Alicante.
Barcelona á Zaragoza.
Caminos en construcción que no gozan intereses.
Barcelona á Granollers.
Barcelona á Martorell.
Moncada á Sabadell y Tarrasa.
Jerez á Matagorda.
Tarragona á Reus.
Caminos que no están en construcción ni gozan intereses.
Almusafes á Cullera.
Sevilla á Córdoba y Andújar.
Mataró á Arenys de Mar.
Alar á Valladolid y Alar á Burgos.

Nota. No se incluyen en esta lista los expedientes de los ferro-carriles de Alar á Santander, Socuéllamos á Ciudad-Real, Barcelona á Tarragona y Martorell á Reus por Valls, por hallarse á informe del Consejo Real.—Madrid 18 de noviembre de 1853.—Estéban Collantes.»

Al mismo tiempo que se daba cuenta á las Cortes de esta importante comunicación, esponiendo al público por primera vez todo cuanto se había
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hecho en materia de ferro-carriles, se presentaban dos proyectos de ley, uno para legalizar las concesiones hechas, y otro general estableciendo las bases y las reglas que deberian observarse en lo sucesivo para esta clase de concesiones.

El primero de estos proyectos de ley estaba concebido en los términos siguientes:

«Artículo único. Quedan confirmadas, en la parte que corresponde á las Córtes, todas las concesiones hechas hasta el dia para la construccion de ferro-carriles, tanto por cuenta del Estado, como por la de particulares, sociedades ó empresas, en la misma forma, y con las exenciones y ventajas que se consignan en las diferentes Reales órdenes con que se ha aplicado á cada concesion lo dispuesto en el Real decreto de 7 de Agosto de este año, quedando igualmente aprobados los intereses y las acciones con que estas obligaciones se han cubierto, y las necesarias para terminar los trabajos emprendidos y decretados. Madrid 16 de noviembre de 1853.—Agustin Estéban Collantes.»

Estos proyectos pasaron á las secciones del Congreso para el nombramiento de las respectivas comisiones.

Por los documentos que hemos trascrito, y por la reseña que hemos hecho de todas las resoluciones en materia de ferro-carriles durante este perío-
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do administrativo, se ve claramente que la idea principal que dominaba era la publicidad y la legalidad; puesto que todo lo que la opinion pública reclamaba con justicia, á saber: que se inspeccionasen los expedientes, y que entendieran de ello las Córtes, todo esto se habia ejecutado; y se habia ejecutado precisamente por el Ministro que no habia tenido intervencion en las primitivas concesiones. Esto es obvio y claro, y merece que quede consignado.

La politica, sin embargo, se habia mezclado desdichadamente en esta cuestion; y la razon politica no se conformó con la razon legal. Así fué que, cuando parecia natural que los expedientes y los proyectos de ley de ferro-carriles se discutieran maduramente y con sosiego, por lo que de ellos resultaba, ó por lo que ellos establecian, surgió desde el primer dia una cuestion, que se llamó de etiqueta, y por otros de prerrogativa, que vino á complicar nuevamente este asunto en el momento en que parecia próxima su feliz terminacion.

Esta cuestion se suscitó en el Senado con motivo de hallarse pendiente allí desde la anterior legislatura otro proyecto de ley sobre ferrocarriles.

En el momento en que se suscitó esta dificultad procuró el Gobierno disiparla con medios pruden-
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tes para que se atajase el mal, y para que sus proyectos llevasen el curso ordinario.

Con este motivo, el Presidente del Consejo de Ministros dirigió al Senado la siguiente comunicación:

«Excmos. Sres.: Cumpliendo el Gobierno de S. M. con el deber de dar cuenta á las Cortes de todos los decretos espedidos en el intermedio de la pasada á esta legislatura sobre concesiones de ferro-carriles, ha presentado el correspondiente proyecto de ley al Congreso de los Diputados con la régia autorización y con arreglo al art. 36 de la Constitución del Estado; y debiendo al mismo tiempo el Gobierno de S. M. presentar íntegro su pensamiento en asunto de tamaña importancia y trascendencia para el bien público, porque las confirmaciones de las concesiones hechas por los Consejeros actuales de S. M. no pueden presentarse aisladas en su sistema, sin lo que se proponen hacer, competentemente autorizados para lo futuro, han acompañado al mismo proyecto referido otro sobre la construcción en lo sucesivo de los ferro-carriles, basado asimismo sobre operaciones de crédito.

El Senado, en su anterior legislatura, cuando no se había presentado sobre estos asuntos proyecto alguno de ley, usó de su iniciativa respecto á
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las líneas en construcción, y las que en adelante hubieran de construirse. El actual Gobierno de S. M. ha encontrado la cuestión mucho más avanzada, y tanto en la parte que le corresponde, como en la que han tomado Ministerios anteriores, la ha llevado á las Cortes íntegra, en toda su estension y con todos sus antecedentes, no habiendo podido llevarla sino como la Constitución le prescribe. El Gobierno, por tanto, lo participa todo al Senado, de orden de S. M., y ofrece á su consideración las razones espuestas, á fin de que, sin menoscabo de su iniciativa, se sirva usar de la facultad que le concede el art. 8.º de la ley de 19 de julio de 1857, si cree, como el Gobierno de S. M., que en ningún caso podrá aplicarse con mayor conveniencia pública y de todos los poderes del Estado.—Dios guarde á VV. EE. muchos años.—Madrid 22 de noviembre de 1853.—El Conde de San Luis.—Señores Secretarios del Senado.»

Esta comunicación pasó á las secciones para el nombramiento de comisión. El fraccionamiento del Senado, y casi su resistencia, se advirtió desde el primer momento. De siete individuos de que constan las comisiones, cinco fueron hostiles al pensamiento del Gobierno, y dos favorables. Se formaron, pues, dos votos; el de la mayoría y el de la minoría.
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Hé aquí íntegros estos dos dictámenes, para refrescar la memoria de nuestros lectores, y para reunir datos con los cuales mas adelante se ha de poder escribir la verdadera historia de este período.

DICTÁMEN DE LA MAYORÍA.

AL SENADO.

«La mayoria de la comision nombrada para dar su dictámen sobre la comunicacion del Gobierno de S. M. fecha 22 del corriente, que no ha tenido el gusto de atraer á su opinion á dos de sus respetables compañeros, encuentra en la historia de los hechos los fundamentos precisos para el juicio que debe emitir. Tres señores senadores, en uso del derecho que les concede el art. 35 de la Constitucion, que da la iniciativa de las leyes igualmente á los Cuerpos colegisladores que al Gobierno, presentaron á este Cuerpo un proyecto de ley, cuya base principal era hacer objeto de una disposicion legislativa las concesiones de los caminos de hierro. Discutiéndose estaba este proyecto en el Senado, despues de haberse dado sobre él el oportuno dictámen de la comision nombrada, cuando se cerraron las sesiones en la última anterior legislatura.

Abierta la actual, el Senado tenia su rumbo seguro en el art. 62 de su reglamento, el cual dispone que los proyectos de ley que deban su origen á proposiciones de los Senadores, y sobre los cuales hubiese recaido dictámen de la comision, sigan su curso. Tales eran los principios consignados en las disposiciones legales que se acaban de enunciar, y el Senado al abroquelarse en ellas, se mostraba fuerte en el derecho que consagraba su anticipada inteligencia.
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En este estado, el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley sobre ferro-carriles en el Congreso de los Diputados; mas aquel paso estaba abiertamente condenado por el art. 7.º de la ley de 19 de julio de 1837, el cual dispone que mientras esté pendiente en uno de los Cuerpos colegisladores algun proyecto de ley, no pueda hacerse en el otro ninguna propuesta sobre el mismo objeto. La tardía, y por lo tanto improcedente iniciativa del Gobierno en este caso, atacaba la prerrogativa del Senado; infringía la ley; hacia imposible todo procedimiento legal en lo sucesivo, é introducía el desorden en lo que estaba bien demarcado y definido.

Y no cree la mayoría de la comision que viene á apelar para escusar esta conducta al art. 36 de la Constitucion, que exige sean presentadas, primero al Congreso las leyes sobre contribuciones y crédito público, porque el proyecto de que nos ocupamos no tenía este carácter; porque ese artículo habla solo del caso en que la facultad del Gobierno está íntegra por no haberse hecho todavía uso de la iniciativa por ninguno de los dos Cuerpos, y porque el Gobierno se presenta contradictorio entre los principios que ahora invoca, y el hecho de haber sometido primero al Senado el proyecto de ley de quintas, que es la contribución más sensible de los pueblos.

Como si fuera necesario añadir una complicación á otra, el Gobierno ha dirigido al Senado la comunicación referida, para que tenga á bien suspender la discusion del proyecto de ley sobre ferro-carriles, de que se estaba ocupando desde la última legislatura. Este es verdaderamente el punto sobre que está llamada á dar su dictámen la mayoría de la comision. Pero mal hubiera podido hacerlo sin fijar primero los antecedentes que llevan en sí mismos to-
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dos los elementos de una resolucion acertada. La comision entiende que, segun la Constitucion, el reglamento y la ley, la facultad del Senado para discutir este proyecto es evidente; que ningun otro Cuerpo puede conocer de él hasta que en el Senado se concluya que ha sido improcedente el paso dado por el Gobierno al remitir al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre la misma materia, y que hoy no debe el Senado suspender la discusion que ya tenia empezada, porque esta referencia cederia en mengua de su prerrogativa, conculcaria todos los principios, y seria sentar un peligroso precedente, de que mas adelante podria abusarse con frecuencia. En este precedente podria encontrarse á cada paso el medio de eludir ó sofocar las discusiones de la Cámara vitalicia, que hubiera renunciado por su flexibilidad á su caracter é independencia.

Reasumiendo, la mayoria de la comision está persuadida de que el Senado se halla colocado en esta cuestion en el terreno constitucional y en el terreno de la ley; juzga tambien que no le es dado al Senado consentir en la coartacion de sus prerrogativas; que fuera muy trascendental el establecer un precedente en sentido contrario; que tratándose de la ley fundamental y de la potestad legislativa, que es su base, no puede haber ni cabe referencia que socave este cimiento de la monarquia constitucional, cuando en ello no se interesan ni la conveniencia pública ni los poderes del Estado, tan solo por salir de una dificultad que el Senado no ha suscitado.

En vista, pues, de estas observaciones, la mayoria de la comision es de dictamen que el Senado se sirva acordar que siga su curso el proyecto de ley sobre ferro-carriles pendiente en el mismo.

Palacio del Senado 28 de noviembre de 1853.—Facun-