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Para emitir mayor número de billetes será preciso una ley.

Estos billetes serán pagaderos al portador y á la vista en su caja de Madrid y en las que se establezca en provincias.

Art. 3.º Deberá tener constantemente el Banco en caja y en metálico y barras una tercera parte cuando menos del importe de los valores emitidos, á fin de que en todo tiempo mantenga con los demás valores una garantía efectiva y superior á la suma de billetes en circulación.

Art. 4.º El importe de cada billete no podrá esceder de 4,000 reales vellon, ni bajar de 500. La falsificación será castigada con arreglo á las leyes.

Art. 5.º El Banco podrá establecer, con real aprobacion, cajas subalternas en las plazas del reino que lo juzgue conveniente.

Art. 6.º No habrá en lo sucesivo mas que un solo Banco de emision y descuento, debiendo por tanto ponerse de acuerdo el de San Fernando con los de Cádiz y Barcelona para hallar los medios de que se verifique la unión de estos al primero sin la menor lesión de sus respectivos intereses y con la aprobacion del Gobierno.

Conseguido este objeto, los Bancos de Cádiz y Barcelona funcionarán como cajas de descuento
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del de San Fernando, y sus accionistas recibirán acciones de este establecimiento.

Art. 7.º El Banco tendrá un fondo de reserva equivalente al 20 por 100 de su capital efectivo, ó sean 40 millones de reales, formado de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones con deducción de 6 por 100 para pago del interés anual de su capital. Los beneficios que resulten después de satisfechos los gastos ó intereses, se aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de reserva hasta que llegue á los referidos 40 millones. Cuando estos se completen se repartirán íntegramente á los accionistas los beneficios obtenidos en las operaciones del Banco.

Art. 8.º Los accionistas solo responderán del importe de sus acciones respectivas.

Art. 9.º Los extranjeros pueden ser accionistas del Banco y tomar parte en todas las operaciones de cambio y giro; pero no obtendrán cargo alguno en su gobierno y administración si no tuviesen domicilio en el reino y carta de naturaleza con arreglo á las leyes.

Art. 10. Los fondos pertenecientes á los extranjeros que existan en el Banco, no estarán sujetos á represalias en caso de guerra con sus respectivas potencias.

Art. 11. Un año antes de espirar el término de
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los veinticinco de duracion que tiene concedidos el Banco, podrá proponer el Gobierno á las Córtes su constitucion si la Junta general de accionistas lo solicite.

Art. 12. En caso de que antes de cumplirse los veinticinco años de duracion del Banco quedase reducido á la mitad su capital, se verificará inmediatamente la disolucion y liquidacion de la sociedad que constituye este establecimiento.

Art. 13. El Banco se ocupará de descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Gobierno y sus dependencias competentemente autorizadas, con corporaciones y con particulares sin que el establecimiento quede nunca en descubierto.

Art. 14. No podrá el Banco hacer préstamos bajo la garantía de sus propias acciones. Tampoco podrá negociar efectos públicos.

Art. 15. El premio, las condiciones y garantías de las operaciones expresadas en el artículo 13, se fijarán en cada una por el Banco conforme á lo que prevengan los reglamentos del mismo.

A los préstamos sobre efectos públicos precederá una resolucion que fije tambien el valor de los efectos sobre que hayan de verificarse. Esta resolucion se renovará cada quince dias cuando menos.

Art. 16. El Consejo Real conocerá en lo suce-
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sivo de todas las infracciones de las leyes y reglamentos que rijen en el Banco.

Art. 17. El Gobierno hará formar, con arreglo á las precedentes bases, los nuevos estatutos que han de regir al Banco.

El objeto que el Sr. Mon se proponía con estas bases para la fundacion del nuevo Banco, se halla expresado tanto en el preámbulo de este real decreto como en los discursos que en su apoyo pronunció en las Cortes y en el Senado.

«Robustecerle, decía, con todos los medios que necesita un establecimiento de crédito, para que facilite al comercio todas las ventajas á que es acreedor, y para que pueda prestar al Gobierno los servicios que su administracion económica necesita; esta es la mision que el Gobierno tiene que cumplir, y que cree es llegado ya el caso de poder verificarlo.

Una circunstancia notable, añadía poco despues, ha acaecido en España y es tal vez la primera en la historia de estos establecimientos de circulacion y de descuento. Varios de estos establecimientos perecieron por los negocios que tuvieron con los Gobiernos. Muchos sufrieron considerablemente en sus intereses por estos mismos negocios; y el Banco Español de San Fernando ha obtenido por ellos ganancias que le han permitido
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BANCOS DE ESPAÑA.

Su origen, historia y vicisitudes.

Al ocuparnos de una de las materias de mayor interés é importancia para cualquier país, debemos protestar contra toda idea ó pretension de superiores aspiraciones que se pueda suponer en nosotros, pues nuestro objeto se halla limitado á hacer una sencilla narracion de las vicisitudes por que en nuestra nacion han atravesado estos establecimientos de crédito, sin mezclarnos en la parte científica ó teorías de la economía política en que se apoyan ó por que se hallan atacados. Nuestra tarea pues está reducida á referir á grandes rasgos el origen de los Bancos en España, á contar la forma en que se introdujeron entre nosotros, y á presentar, por último, en un breve resumen histórico las peripecias á que estuvieron sometidos los antiguos Bancos de San Carlos y San Fernando, lo mismo que el de Isabel II hasta su reunion con el actual de España. Seremos sobre manera parcos en los
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beneficiar á sus accionistas con un 183 por 100 de intereses en el espacio de trece años, y duplicarles el capital sin que este resulte en parte alguna comprometido por sus relaciones con el Gobierno.

»Los grandes beneficios que han obtenido las acciones de este establecimiento autorizan para que se les exija un sacrificio, mucho mas cuando el Gobierno y la nacion entera acaban tambien de hacerle grande en un anticipo de 100 millones de reales para ayudarle, satisfaciendo al mismo tiempo parte de sus obligaciones. Si contra la esperanza del Gobierno los accionistas no se presentasen á tan justa como legal exigencia, el Gobierno se veria en el caso de llevar á ejecucion lo que previenen los estatutos del mismo Banco acerca de su existencia ó disolucion. Al Gobierno de S. M. le está confiada la garantía de todos los intereses públicos; unos y otros le piden hoy una medida pronta que repare los males causados y prometa bienes futuros, dando nueva vida y ser á un establecimiento que circunstancias difíciles, tristes acontecimientos y hasta crímenes que las leyes persiguen han desorganizado su administracion, maltratado su crédito y quitado su confianza sin la cual no puede existir un solo instante, pero que puede volver á alcanzar, porque tiene en sí mismo elementos para ello.»
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Espresándose en tales términos, inútil es decir que el Sr. Mon se hallaba decidido á llevar á cabo su proyecto, á pesar de todas las oposiciones y aun de los encontrados intereses, que se aunaron entonces para hacerle cruda guerra. Pero por entonces el triunfo mas completo vino á coronar sus esfuerzos.

Discutióse el proyecto del Sr. Mon en el Senado y el Congreso, y la comision nombrada por el último para informar acerca de él y compuesta de los Sres. D. Manuel Cantero, marqués de Villagarcía, D. Federico Vahey, D. Rufino García Carrasco, D. Juan B. Latoja, D. Manuel Cortina y D. Augusto Amblard, secretario, opinó que tratándose solo de organizar el Banco de San Fernando y no de crear uno nuevo, debia hacerse una importante variacion en el artículo 1.º mudando la palabra efectivo en efectivos; pues según ella, por la primitiva redaccion pudiera creerse que no habia reorganizacion, mientras el capital del Banco no estuviese en caja en metálico, en cuyo caso habrian de suspenderse todas las operaciones hasta lograr aquel fin. Variada la redaccion, seguia el Banco en sus trabajos, y ayudado de la proteccion del Gobierno podria presentar al tiempo de verificarse la reorganizacion su capital completo en metálico y valores de pagarés y efectos sobre la plaza que
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fueran irremisiblemente cobrables el dia de vencimiento, tanto porque sus garantías los tuvieran á cubierto, cuanto por la salvabilidad de las personas por quien estuvieran firmadas. Se vé pues que la reorganización se debía hacer con 200 millones de reales efectivos.

En cuanto á los motivos sobre que se fundaba la reorganización del Banco, creyéndolos justos y legítimos, decía aquella Comisión: «Al fundar en España la institución de los Bancos sobre el principio de centralización y de unidad, no sería justo ni conveniente prescindir del Banco de San Fernando. No sería justo, porque se tenían que destruir intereses creados y derechos adquiridos á la sombra de la legislación que ha estado vigente hasta ahora, dando á la nueva ley un efecto retroactivo que no puede ni debe tener, no siendo conveniente, porque nunca puede serlo desperdiciar el gran número de elementos que podrían aprovecharse y debían contribuir poderosamente á la pronta realización del pensamiento cardinal de la ley, que era la creación de un gran Banco de emisión y descuento que diera facilidades al comercio é impulso á la producción, poniendo en giro y trayendo á circulación los cuantiosos capitales que se hallaban estancados é improductivos.

No se atrevió la Comisión á tocar el artículo 2.º
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del proyecto, fundada en que era un correctivo del 1.º; y si bien por este no se permitia al nuevo Banco emitir mas que una cantidad igual á la del capital, por aquel se añadia que si fuera necesario aumentar la emision se pudiera hacer, pero por medio de una ley. Estos dos párrafos que parecian en contradiccion significaban, segun los individuos de la Comision, que el legislador queria colocarse para influir en la oposicion en el propio terreno donde esta se hallaba, no pretendiendo al conseguirlo encontrarse con las manos atadas, y teniendo abierto un camino que le condujese adonde le aconsejaban los buenos principios y sanas doctrinas. A las anteriores razones se añadia tambien: en la actualidad circulan en Madrid 100 millones en billetes, y esta circulacion pesa demasiado sobre la plaza. No aumentando esta cantidad, circularán los billetes con toda facilidad, por la esperanza del establecimiento de sucursales en las provincias y salida de Madrid de gran número de billetes.

En el artículo 3.º la Comision cambio la palabra billetes emitidos en la de billetes en circulacion, creyendo que la relacion de la tercera parte entre los billetes en circulacion y la que debe existir en el metalico que se encuentra en las cajas para responder de su conversion á voluntad del tenedor establecida por el Gobierno, era la misma que la
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experiencia ha demostrado suficiente para responder á todas las eventualidades.

Hiciéronse dos alteraciones en el artículo 4.º para modificar esencialmente su pensamiento y completarlo y desenvolverlo. El Gobierno había fijado el máximum y el mínimo del valor de cada billete; la Comision señaló el mínimo en la de 500 reales y dejó que la administracion del Banco designase el máximum. No se tocó al artículo 5.º, y el 6.º se le reformó esencialmente; pues si bien el Gobierno habia sentado el principio de que no hubiera mas que un Banco de emision para toda España, no pudo negarse despues á dejar subsistiendo los Bancos de Cádiz y Barcelona, cuya existencia se hallaba fundada en otros principios mas generales.

En el artículo 7.º se redujo á 20 millones el máximum del capital que pudiera tener el Gobierno para reserva, no siendo otro su objeto que compensar cualquier pérdida ordinaria que pudiese sufrir el Banco en el curso de sus negocios, y proveer al completo del dividendo del 6 por 100 anual en el caso de que algun año dejase de producirlo el establecimiento. Los siguientes artículos fueron admitidos, suprimiendo en el 13 la expresion de con corporaciones y particulares.

Sucedió lo mismo con el 14, porque en él se
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prohibia al nuevo Banco hacer préstamos sobre la garantía de sus propias acciones. Prohibicion que hallaba la Comision bien fundada, pues tenia por objeto evitar que el Banco único llegara á ser un Banco fraudulento, y cortar al mismo tiempo los abusos que se podian originar de la facultad concedida al Banco de prestar con la garantía de sus acciones. En España se habia hecho uso de esta autorizacion con grande latitud, pronunciándose la opinion pública de tal manera contra ello, que la Comision creyó deber respetarla; aunque confesó que sin este motivo hubiera modificado el artículo en cuestion, limitando la prohibicion al 80 por 100 del capital del Banco, y facultándolo para poder hacer préstamos sobre el 20 por 100 restante con condiciones y cortapisas que á su entender hubieran alejado toda clase de abuso.

Los artículos 15, 16 y 17 añadidos por la comision, que se fundó para hacerlo así en incontestables razones, pues habia encontrado, á su parecer, un vacío en el proyecto del Gobierno que era necesario llenar, el cual se referia á la organizacion y administracion del Banco, por lo que acordó conveniente que la nueva ley debia abrazar ambos objetos, para que no quedasen espuestos á las varaciones que eran comunes en los asuntos que no estaban fijados por la ley. Mas desgraciadamente
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cuando se trató de descender al exámen de las bases que debían ser objeto del proyecto, la unanimidad que la comision tuvo en las demás cuestiones desapareció, desintiendo tres de sus individuos, que formularon un voto particular. La mayoría de la comision redactó pues los tres artículos en la forma que después veremos.

El que era 16 en el proyecto del Gobierno, pasó á ser 19, no haciéndose en él modificacion alguna.

MANUEL OVILLO Y OTERO.
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EL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

PERSONAL.

Desde 30 junio, 1858.

I.

La historia de este departamento, descartada de la del movimiento de su personal, quedaria reducida á ese cero, sobre el que se ha disputado si es una cantidad, y que no se podrá negar vale mucho en ciertas ocasiones, para algunos sobre todo en la presente. Prescindiendo pues del cero, vamos á ocuparnos en esta ocasion de lo que representa en nuestras ESCENAS, pero de una manera bien positiva, como no podrán menos de convencerse nuestros lectores.

Prescindiremos pues del actual ministro del ramo, cuyos hechos son ya asunto de discusion en el Senado y Congreso. Nosotros los trataremos con los mejores datos, que no son por cierto en corto núme-
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ro los que poseemos sobre este notable sugeto. Inútil es decir que tampoco referiremos por ahora cómo reemplazó al Sr. Fernandez de la Hoz, antecesor del celebérrimo D. José J. Casaus, persona á quien solo se conoce por su nombre, y seria muy de desear que solo por este título se hubiera distinguido y señalado, que mucho mas le valdria por cierto á alguno, cuyos actos debemos tambien omitir, ya que el principio de este artículo ha de ser todo él de omisiones.

Pero entremos por ahora en materia, dejando para su dia y en artículo aparte decir lo que significan hoy aquellas, pues por ahora la única esplicacion que de ellas podemos dar, es que el presente escrito se consagra esclusivamente á hablar del movimiento del personal, única cosa en que ha dado señales de vida este departamento. En 6 de julio D. Ramon Gil Osorio, subsecretario de este ministerio, fué nombrado fiscal de la audiencia de Madrid, reemplazándole en su cargo el redactor de La Epoca D. José Lorenzo Figueroa, quien segun tenemos entendido obtuvo en su carrera este pequeño destino como fruto de sus afanes en el periódico ministerial de la época. El cesante Sr. Gil Osorio era un antiguo empleado y diputado á Cortes, que por desgracia no se habia distinguido mucho en sus trabajos, sin que por eso dejara de me-
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recer la confianza del ministro que le colocó á su lado. Como aun no es conocido por sus actos el Sr. Figueroa, á ellos esperamos para juzgarle; ha sido fiscal de la audiencia de Pamplona, y es en la actual legislatura diputado á Cortes.

En la magistratura se han verificado diferentes cambios y traslaciones muy dignas de ser conocidas. Los Sres. D. Bernardo Belinchon, presidente de sala de la audiencia de Cáceres; D. Jacinto Medina, que obtenia igual cargo en la de Granada, hallándose jubilado desde 1854; D. Luis Vicen, magistrado de la última audiencia citada; D. Domingo Rusío, que servía en la de Burgos con la misma categoría, han sido jubilados, promoviéndose á los dos primeros al grado superior inmediato al de regente en la audiencia de Madrid. Para cubrir estas vacantes han sido nombrados los Sres. D. Ramon Diaz Vela, fiscal de la audiencia de Valladolid, que elegido presidente de la audiencia de Cáceres, se le destinó en seguida con el mismo cargo á la de Granada, pasando en su lugar á Cáceres el digno magistrado y conocido escritor público D. Carlos Collantes y Bustamante, presidente de sala que había sido de la audiencia de Canarias; D. Ramon García Romana, magistrado electo de Cáceres, ha sido destinado á Búrgos.

Cesantes han sido declarados los magistrados
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vastos asuntos que abraza nuestro cometido, por no mezclarnos en problemas ajenos á nuestro carácter y carrera, y porque quedaremos satisfechos de nuestro trabajo, si hemos conseguido popularizar el origen y ventajas de estos establecimientos, y de la historia de su prosperidad ó desgracias deducir ejemplos para aumentar la una, al mismo tiempo que evitando las otras (1).

El origen de los Bancos según el célebre economista Smitch, es bastante sencillo. La moneda corriente de los grandes Estados, aunque llegue á gastarse, se puede con facilidad volver á su primi-

(1) Hemos tenido presente para formar este escrito cuanto se ha publicado notable sobre la materia, en verdad muy poco, pues exceptuando una pequeña serie de artículos debida á la pluma del laborioso y entendido economista D. Nicolás Cabanillas, y algunos otros en diversas publicaciones, nos referimos constantemente á los datos oficiales de los Bancos y á las discusiones promovidas sobre estos establecimientos en el Senado y en el Congreso. «Ciento veinte autores franceses, alemanes, ingleses y de otras naciones, cita el economista Carlos Coquelin al tratar de esta fecunda y benéfica institucion, y en tan numerosa bibliografía solo se encuentra un nombre español, y aun este se reduce á una memoria presentada á S. M. para la formacion de un Banco nacional de España, por el Excmo. señor conde de Florida Blanca, primer secretario de Estado. Esta memoria, del Sr. D. Francisco Cabarrús, se publicó en Madrid en 1782, si mal no recordamos, y tuvo por resultado la formacion del Banco español de San Carlos.» «La inferioridad comparativa que se nota en el número de nuestras obras especiales sobre bancos, demuestra de un modo lastimoso la poca afición que ha habido siempre entre nosotros al estudio de esta institucion que tan poderosamente ha contribuido al engrandecimiento comercial, industrial y agrícola de otras naciones.» Cabanillas, Coleccion de articulos publicados en el Diario español, parte segunda, página 59. Madrid 1856.
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D. Pedro Selles, de la audiencia de Oviedo; don Melchor Carbonel, de la de Búrgos; D. Victoriano Sudor, de la de Pamplona, á solicitud suya; D. Vicente Sebastian García, de la de Cáceres, por no haberse presentado á servir su destino; D. Rafael Reinoso, de la de Búrgos, y D. Luis Manso y Juliol de la de Cáceres, á consecuencia de solicitud de su parte.

Colocados en las anteriores vacantes lo han sido los Sres. D. Manuel Lopez Sagredo, juez de primera instancia de Lérida, promovido á magistrado de Búrgos; D. Ramon Villapol, juez de primera instancia del distrito de Mediodia de las afueras de esta córte, ascendido á magistrado de la audiencia de Pamplona; D. Francisco Sanchez Ocaña, juez de primera instancia y decano de los de esta córte, trasladado como magistrado á la audiencia de Cáceres; D. José María Ulloa, juez de primera instancia de Lugo, enviado de magistrado á la audiencia de Burgos; D. Antonio Ibarrola y Echeguren, juez cesante de primera instancia del distrito del Prado en Madrid, nombrado para la audiencia de Búrgos, y D. Victor Lopez Miya, cesante de la misma, repuesto en la de Burgos; acto que no podemos menos de aplaudir, por lo raro que es hoy dia, atendiéndose con frecuencia mas á dar ascensos que á colocar á los cesantes de su clase, que son nume-
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rosos y continúan á veces en esta situacion por una época indefinida, si es que la muerte no acaba por hacerlos pasar á otra categoría. Por estas razones no podemos dejar de aplaudir el nombramiento de magistrado de la Coruña, hecho en favor de D. Juan de Dios Espejo, vocal togado que ha sido de la Junta consultiva de guerra y oidor cesante de Puerto-Rico, sintiendo no poder decir otro tanto del ascenso dado á D. Benito Posada Herrera, juez de primera instancia cesante y ex-diputado á Córtes, promovido á fiscal de la audiencia de Valladolid.

D. Francisco de Paula Millá y Liñán ha sustituido por fallecimiento en su plaza al Sr. D. Rafael Gordillo, y aunque parece que aquí podríamos estendernos en otros muchos nombramientos, lo dejaremos por ahora para el próximo artículo, en que nos ocuparemos de los demás magistrados y jueces de primera instancia, pasando á referir, si con alguna brevedad, las principales traslaciones que han ocurrido entre los magistrados.

D. Agustín Posada Herrera, juez de primera instancia que ha sido de Logroño, y magistrado que era de la audiencia de Canarias, ha pasado á la de Cáceres.

D. Juan Gomez Inguanzo, juez de primera instancia que fué de Valencia, y posteriormente magistrado de Granada, lo es en la actualidad de la
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audiencia de Sevilla, donde ha sido trasladado á peticion suya, lo mismo que D. Luis Vazquez Mondragon, que de este punto ha pasado á Granada.

D. José Jimenez Mascarós, magistrado de Albacete, ha pasado á Zaragoza, audiencia á que ya ha pertenecido hace algunos años, y donde es muy apreciado por sus buenos servicios y excelentes cualidades.

D. Joaquin María Casalduero, activo y benemérito magistrado que cuenta en su larga y laboriosa carrera muchos y muy notables méritos, siendo sin duda muy acreedor á ascenso, ha sido trasladado desde Valencia á Albacete.

D. José Soto y París, antiguo juez de primera instancia de Valencia, oficial que ha sido del ministerio de Gracia y Justicia, y posteriormente magistrado de la audiencia de Granada, ha pasado á la de Valencia, cubriendo la vacante que en esta ha resultado D. Rafael Ramirez Arroyo, que servia en la de Zaragoza.

Sentimos que la falta de espacio no nos permita dar mas latitud ni ser mas estensos en esta materia; pero como hemos dicho, lo dejaremos para el próximo artículo, en que nos ocuparemos de cuanto en este ha quedado pendiente, y en particular de los jueces de primera instancia.

J. Sanchez.