La Cruzada (Madrid) (1869-03-13 00:00:00), página 8

se opera, que se sostienen reñidas disputas, teniendo algunas sangriento desenlace (1); y hasta se admiten con el tiempo prácticas tan desastrosas como la de las apelaciones ab abusu, inventadas en Francia por Pedro de Cugnères, en 1329, contra el obispo Bertrand de Antún, y trasplantadas un siglo más tarde á nuestra patria, en el reinado de D. Carlos y Doña Juana, bajo el nombre de Recursos de fuerza, con que todavía se les conoce en la actualidad. Pero, sin entrar nosotros á juzgar esta y otras instituciones nacidas por entonces, debemos únicamente hacer constar que desde aquella época, más perfecta que antes la legislación civil, mejor organizados los tribunales seculares, admitidas ya en ellos algunas de las reglas fundamentales del enjuiciamiento, y hasta decadente el poder feudal de los Obispos, que algo había contribuido á la mayor extensión de su potestad judicial, queda ésta concretada á sus límites naturales, encerrándose dentro de ellos todo lo que al fuero eclesiástico se refiere.

Así circunscribta en los modernos tiempos la jurisdicción de la Iglesia, el privilegio del fuero se ha considerado, no obstante, como necesario para que los ministros del altar puedan dedicarse á sus augustas funciones, sin que de ellas les distraiga la comparecencia ante jueces legos. El santo Concilio de Trento, en su sesión xxv, cap. xx, De reformatione, recomienda á los Príncipes seculares la observancia de esta inmunidad, «establecida por ordenación divina y por los sagrados cánones;» y determina asimismo en la sesión xxiii, cap. vi, también De reformatione, quienes deben en lo sucesivo gozarla, limitando algún tanto el derecho de los Decretales acerca del particular. Contenida en estos decretos, la disciplina vigente, se ve por ellos que las disposiciones eclesiásticas consignan clara y terminantemente á favor de los clérigos su exención de los tribunales ordinarios, y que consideran que los suyos propios son los únicos competentes para juzgarlos, así en lo civil como en lo criminal. Las estipulaciones acordadas en los Concordatos entre la Santa Sede y las potencias católicas han sancionado estos principios: las leyes civiles los han reconocido, aunque á veces con numerosas restricciones; y sólo desde el momento en que las revoluciones, manchándolo todo, han alzado sus inmundas cabezas, es cuando, sin respeto alguno á los fueros de la razón y de la justicia, han caído por tierra en algunos países los privilegios del clero, y entre ellos el que nos ocupa.

(1) Célebres son entre todas la cuestión de las investigadoras, las persecuciones de Enrique II de Inglaterra contra Tomas Becket, y las contiendas entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso.

En nuestra hoy desgraciada patria, las leyes Recopiladas, con algunas de Partida y otras disposiciones posteriores á la Novísima Recopilación, dando todas ellas por supuesta la inmunidad personal de los clérigos, determinaban los casos de desafuero, por cierto bastante numerosos, pero en cuya especificación no es nuestro ánimo detenernos. En los Concordatos de 1737 y 1851 se pactó igualmente la conservación de este privilegio; mas la revolución ha venido, con sus inseparables desórdenes y sus principios disolventes, y declarándose enemiga de la religión católica, cuya pureza de doctrinas es un anatema constante lanzado contra aquella, no ha perdonado medio de atacarla; ya en sí misma, autorizando el ejercicio de otros cultos y protegiendo al error contra la verdad; ó ya en sus ministros, privándoles de sus derechos, incautándose de sus archivos, reteniéndoles sus exigüas dotaciones, infamándoles calumniuosamente, negándoles de hecho la consideración de ciudadanos; y arrancándoles, por fin, á sus tribunales propios, para constituirlos bajo la dependencia inmediata de los del fuero común. Si esto es justo y legal, si ha podido ó debido hacerse, es lo que en otro artículo nos proponemos examinar.

Matías Barrio Mier.

AL AUTOR ANÓNIMO DE LAS FALSEDADES ACERCA DE SAN IGNACIO Y DE LA COMPAÑÍA (2).

Contestación y reto.

(Continuación.)

III.

SAN IGNACIO Y LAS DOCTRINAS DE LA COMPAÑÍA.

Recordarán nuestros lectores que terminamos el último artículo refutando la cita que el autor anónimo del mal forjado escrito remitido á El Imparcial hacia del gran jesuita Vazquez; y no habrán dado al olvido, asimismo, que probamos la falsedad de ésta por medio de la sencilla exposición de la racional y exactísima doctrina que en orden á la caridad profeso aquel eminente moralista, valiéndonos también de la oportuna y necesaria comparación de textos, con el fin de manifestar las falsificaciones de Pascal y sus plagiarios.

(2) Véanse los números 90 y 91.