La Cruzada (Madrid) (1869-05-15 00:00:00), página 7

parte se apoya en él; porque esto es lo mismo que cerrar los ojos á toda consideración, y desconocer que también la Iglesia varía su Disciplina, según se modifican las circunstancias y necesidades de cada periodo histórico, y que por consiguiente sus tribunales, que en lo antiguo se limitaban á imponer penitencias y censuras, pueden muy bien emplear hoy otra clase de penas, previamente sancionadas y reconocidas en las leyes; y si por acaso la ejecución y cumplimiento de estas penas es, por su naturaleza propia, poco conforme al espíritu y carácter que en la misma Iglesia dominan, puede igualmente entregarse el delincuente al brazo secular, después de sentenciado, para que se le haga sufrir el castigo que por su delito mereció. Nada obsta, pues, á la conveniencia de que exista el fuero eclesiástico en los delitos comunes, siendo quizá más necesario hoy que nunca, por lo mismo que la pasión política ciega más á los hombres, y es fácil que en la animadversión que algunos tienen contra los clérigos, se les encause muchas veces sin razón; de suerte que privarles de su inmunidad, equivaldrá en ocasiones á entregárselas sin defensa en las manos de sus perseguidores. Y si hay crímenes atroces, que por su notoriedad y monstruosa gravedad, reclaman que ninguna clase de consideraciones se guarde con el delincuente, y si hay otros que, por su publicidad y por el escándalo causado, exigen también que sea público y ejemplar el castigo, aquéllos y éstos pueden muy bien exceptuarse del privilegio del fuero, poniéndose al efecto de acuerdo ambas potestades para establecerlo, y ambas jurisdicciones para ejecutarlo.

No son menos evidentes las razones que aconsejan la admisión del fuero eclesiástico para los asuntos civiles, en todos los casos en que no haya un motivo especial que dificulte ó imposibilite el reconocimiento de la inmunidad. Tal sucede, por ejemplo, en los actos de jurisdicción voluntaria, todos los cuales por su índole peculiar son propios del fuero común; bastando para convencerse de ello pasar la vista por la parte 2.ª de nuestra Ley de Enjuiciamiento. Lo mismo acontece, aun tratándose ya de actos contenciosos, en los juicios universales de testamentaria y abintestato, pues unos y otros son ajenos á la jurisdicción eclesiástica, por más que en ellos estén interesados clérigos, que necesariamente habrán de tener entonces la consideración de demandantes, y aun cuando quizá se trate de la herencia de un sacerdote, cuya personalidad, extinguiéndose con la muerte, determina también la cesación del fuero desde aquel momento mismo; y lo único que en este último caso podremos pretender para los tribunales de la Iglesia, es que se les reconozca el derecho á intervenir en las primeras diligencias, indispensables para la seguridad de los bienes y papeles del difunto, á prevención con la justicia ordinaria.

Pero fuera de estos casos de excepción, y otros análogos que pudieran presentarse, y que nuestra imparcialidad nos obliga á reconocer, la competencia de la jurisdicción eclesiástica es perfectamente legítima en los juicios civiles intentados contra un clérigo, bien sea otro clérigo el demandante, y enténcese la sumisión de ambos al superior comun, dándole preferencia sobre el juez secular, es hasta un acto natural de obediencia y respeto á la autoridad de quien dependen, ó bien sea por el contrario un logro el que entable la demanda. Las mismas razones de conveniencia y decoro que hemos visto aconsejan la admisión del fuero criminal, existen también aquí; desapareciendo hasta la sospecha, siempre inexacta, de que este privilegio pueda convertirse en perjuicio de la sociedad ofendida ó en menoscabo de la ley violada, puesto que se trata pura y simplemente de una cuestión entre particulares, y en la que la vindicta pública nada tiene que pedir. Lo cual, unido á la independencia y libertad de acción que hemos hecho constar exige el ejercicio de las funciones sacerdotales, y al gran inconveniente que resulta de que los clérigos puedan ser distraídos con frecuencia de ellas, para llevarlos inopportunamente á intempestivamente á la presencia de jueces legos, están revelando la imperiosa necesidad de que se les conserve y reconozca su fuero en los asuntos civiles; necesidad que sólo pueden dejar de percibir los que con un criterio anti-católico examinen la cuestión, y aquellos que, en su odio insensato á la Iglesia, niegan todo derecho y procuran quitarla todo cuanto pueden.

Principalmente tratándose del ejercicio de acciones personales, en que la individualidad misma y los actos ó contratos del clérigo contra quien se intentan, aparecen al descubierto en el juicio, y son la causa eficaz de su inación, la razón de la inmunidad no puede revelarse con más evidencia; y hasta podríamos decir que el lego, al contratar á sabiendas con un clérigo, se somete voluntariamente á la competencia del tribunal eclesiástico, para el caso en que tenga que hacer alguna reclamación. Otras acciones hay, como en general todas las reales, en que persiguiéndose la cosa donde quiera que se encuentre, sin considerar ó atender para nada á la persona del poseedor, la individualidad del clérigo viene casi á desaparecer; aunque no de un modo tan absoluto, que sea inadmisible en ellas la idea del fuero. Mas cuando se presenten juicios que, como los interdictos, requieren una tramitación especial, otros que, como los retractos, exigen determinadas condiciones para su inter-