La Cruzada (Madrid) (1869-08-28 00:00:00), página 6

para el orden público y para las buenas costumbres.

» Descendiendo ahora á las disposiciones del decreto que V. E. ha propuesto á la aprobacion de S. A. el Regente, séame permitido hacer sobre su contenido algunas ligeras observaciones. El decreto está expedido como si el Estado conservase hoy con la Iglesia española las antiguas relaciones y la concordia de otros tiempos, cuando por la nueva Constitucion se ha divorciado de ella, mirándola como igual á los cultos falsos que se van estableciendo en nuestra nacion. ¿Qué digo como igual? Una serie de actos que no están autorizados por ninguna Constitucion, sino que son contrarios á un solemne Concordato, y contra los cuales hemos reclamado los obispos, muestran que desde el principio de la revolucion se ha puesto el Gobierno en actitud hostil contra la Iglesia, cosa que no ha hecho con los falsos cultos. Cuando las cosas llegan á esta situacion, no tiene el Gobierno que ordenar nada á la Iglesia, sino contentarse con conservar el orden publico, conteniendo á las perturbadores con la represion de la justicia.

» Así, pues, hoy menos que nunca, puedo reconocer el deber que se supone de dar los Obispos parte al Gobierno de los eclesiasticos que hayan abandonado su residencia. El Gobierno no tiene que cuidar de si residen ó no residen los eclesiasticos, sino de aplicar penas justas á los que perturben el orden. Afortunadamente en mi diócesi no conozco ninguno hasta ahora que se halle en ese caso.

» Nada tengo que decir respecto al articulo 2.º del decreto, sino que á ningún Gobierno, y menos el Gobierno de un Estado que se ha divorciado de la Iglesia; y que ninguna proteccion está dispuesto á prestar la más que la general que se debe á todos los ciudadanos, sean catolicos, protestantes ó ateos, tiene un obispo católico obligacion de darle conocimiento de las medidas canónicas y públicas que haya adoptado respecto de los eclesiasticos en cuestion, que hayan abandonado la residencia.

» Pero los articulos 3.º y 4.º merecen más severo examen. Se nos intima que publiquemos una pastoral en el término de ocho dias, y remitamos copia á esa secretaria sin pérdida de tiempo, y que recogamos las licencias á los eclesiasticos notoriamente desafectos al régimen constitucional. Lo estoy leyendo y me parece mentira; me parece un sueño que un ministro que debe saber que la Iglesia en su esfera es independiente de la potestad civil, quiera confundirlas ambas, dando á la civil la supremacía en el orden religioso.

» Yo no puedo hacerme cómplice de esa demasia, rindiéndome á la intimacion y conculeando la libertad que Jesucristo dió á su Iglesia, á la cual parece que vuestra excelencia pretende mirar como un ramo de la administracion civil.

» Yo no puedo menos, en cumplimiento de un deber muy sagrado, de reclamar contra esa exorbitancia. Esto es mucho más grave que otras cosas; porque pretender obligarme á que publique una pastoral y la remita á esa secretaria, y que retire las licencias á estos ó á los otros sacerdotes, es una cosa tan contraria á la libertad de la Iglesia, que me duele tener que manifestar francamente á V. E., aun á riesgo de que forme de mí el juicio más desventajoso, á pesar de mi notorio retraimiento de la politica, que no accederé jamas á semejante pretension, ni V. E. debe querer que yo me degrade hasta el punto de consentir en la esclavitud de la Iglesia.

»Yo dirigiré cartas pastorales á mis diocesanos, no cuando me lo intime el Gobierno, sino cuando lo estime conveniente. Esa intimacion estaria en su lugar dirigiéndose á obispos protestantes, que reconocen la supremacía de la potestad temporal en asuntos religiosos, como lo son sin disputa el dar pastorales y recoger licencias.

» Los obispos católicos miramos esa absorcion de la potestad religiosa por la civil como la herejía mil veces anatematizada por la Iglesia, y que es uno de los puntos más graves que nos separan de las comuniones protestantes. Sufríré con resignacion cualquier cosa por esta manifestacion de mis ideas religiosas, pero no puedo resignarme á ejecutar un acto que sería en mi una indigna prevaricacion, un reconocimiento de la supremacía religiosa de los gobiernos civiles; y si V. E. pretendiese esto, sería lo mismo que publicar un edicto de persecucion; cosa que no puedo creer de un ministro de justicia, y mucho menos en unos tiempos en que se ha proclamado la más amplia libertad para todos los espanoles, y tantas precauciones se han tomado en la nueva Constitucion contra los abusos del poder.

» Dios guarde á V. E. muchos años, Santiago 16 de Agosto de 1869.—El CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO.—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

REFLEXIONES.

I.

Desgracia es de inmensas consecuencias que desde el primer instante en que se inauguró el sistema politico que cambiaba la manera de ser de España, poco más