La Cruzada (Madrid) (1869-03-20 00:00:00), página 7

que guardaba ciertas solemnidades para incautarse de las cartas de un criminal, siendo así que respecto de éstas no se estaba en posesión, pues ni tenía conocimiento de ellas el reo, ni habían llegado á sus manos. Un dependiente de correos debía hacer la entrega de las cartas al reo á presencia del juez, y éste, abriendolas en el acto, leía su contenido: si eran necesarias para la investigación del delito, las unía á los autos; si eran indiferentes para el proceso, se entregaban en el acto al reo. Ésta era la ley y ésta la práctica de los tribunales.

Quantum mutatus ab illo!

¿Hemos ganado ó hemos perdido en materia de respeto á la correspondencia privada, á la propiedad particular, á la inviolabilidad del secreto ajeno?

Veamos lo que disponen nuestras leyes modernas sobre este punto.

Constitución del año 1812.

«ART. 4.° La Nación está obligada á conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.»

Bajo la palabra individuos se comprenden, claro está, lo mismo los individuos ó entidades físicas que las morales, las corporaciones que los hombres ó ciudadanos singularmente considerados. Ni la ley ha exceptuado á las corporaciones ni, tampoco la interpretación ni el uso.

ART. 172. Restricciones de la autoridad Real.

«Décima. No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se les dé el buen cambio, á bien vista de hombres buenos.»

«ART. 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción á la cantidad á que ésta puede extenderse.»

«ART. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.»

Ahora bien, la incautación por el Estado es lo mismo que antes se llamaba confiscación: es más; la palabra Estado va siendo ya tan odiosa como lo era la palabra Fisco. Dícese que aquél es «la entidad á cuyo cargo está la realización del derecho.» Prescindiendo de la exactitud de esta definición, que no distingue apenas al Estado del poder ejecutivo en sus dos secciones de administración y tribunales, es lo cierto que si esa entidad, al apoderarse sin causa justa de la propiedad individual ó colectiva, no realiza el derecho, sino el torcido, ó los desaguisados y torticieras de que hablaba el Rey D. Alfonso el Sabio, no será el Estado.

No puede ser más concreto en esta parte nuestro derecho constitucional moderno; pues las constituciones de 1837 y 1845 en su art. 10 repiten lo mismo: «No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.»

Téngase en cuenta que la constitución de 1837 es obra del partido progresista, y por tanto de los hombres que hoy están en el poder, y sobre todo del Ministro de Fomento, que procede de aquel partido político.

Dícese á esto que hoy no rige ninguna constitución, pues que estamos en un período revolucionario y transitorio, durante el cual la revolución se sobrepone á todas las leyes, incluso las constitucionales.

Pero ¿esto es cierto? ¿Tiene derecho nadie á sobreponerse á las leyes que están basadas en el derecho natural, en la equidad, en la razón natural, en la conciencia pública, en el derecho constitucional histórico y consuetudinario, en ese derecho que el dedo de Dios escribe en la historia de los pueblos, en su verdadera constitución no escrita, que es una conciencia política?

No creo que esta doctrina, aunque propalada por la prensa revolucionaria, sea ni pueda ser la doctrina del Gobierno Provisional, sino un mero acto de adulación de sus oficiosos servidores. Que hoy no tenemos una constitución vigente en su parte formularia claro está, pues ni la de 1812, ni la de 37, ni la de 45 se juran ni se acatan; pero que los deberes y derechos consignados en ellas no sean obligatorios á los ciudadanos y al Gobierno cuando se derivan del derecho natural y consuetudinario, eso es lo que no concederemos á nadie.

Si la constitución, base de toda la legislación actual, está derogada, ¿sobre qué estriban las leyes vigentes, una vez quitada su base? Si los derechos y deberes han caducado por haberse derogado las constituciones anteriores, ¿en virtud de qué derecho se perseguirá á sus violadores, ó se reclamará del Gobierno? Es muy cómodo crearse una situación de irresponsabilidad omnímoda y absoluta.

¡Cosa rara! después de haber derregado á garrotazos en 1812, 1820 y 1887 á media España para hacerle gritar ¡Viva la Constitución! llegamos á 1869, en que se hace asco hasta de la palabra constitucional, y los ayuntamientos, principiando por el de Madrid, no se llaman ya constitucionales, sino populares; y no que- remos reyes constitucionales, sino monarquías democrá-