La Cruzada (Madrid) (1869-03-20 00:00:00), página 6

lo malo, ¿cómo es que se la desdén y contraría en sus más enérgicas y unánimes manifestaciones? ¿Y por quién? por los mismos que afectan hacia ella veneración e idolatría. La opinión pública, si algo significa esa palabra, no es la gárrula gritería de los mémos, que ensordece el oído de los más; no la forman tampoco las voces que hacen coro al poder político dominante en una época dada, ni esos rumores efímeros e inconstantes, que varían á compas de los acontecimientos. Dante lo ha dicho:

Non è il mondo nemor altro che un fiato
Di vento, ed’er vien guinei ed’er vien quindi,
E muta nome, perchè muta lato.

Lo que constituye la verdadera, la única opinión pública, lo que merece en realidad respeto, y muy grande, es la conciencia pública, ese conjunto de ideas y sentimientos hondamente arraigados en el corazón de un pueblo, constantes, permanentes, que han formado el fondo de su carácter, que se hallan reflejados en sus instituciones y en su historia, que se traducen en sus costumbres, en su lenguaje y en su modo de ser. Seguros estamos que, si consultáramos á este oráculo nuestros legisladores, no volvería á pronunciarse el nombre de matrimonio civil.

Y ya que nos hemos distraído con una digresión que no carece por cierto de importancia, séamos licito citar en apoyo de estas ideas las palabras pronunciadas por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en la última sesión (1), contestando al Sr. del Río, que había presentado una proposición para el establecimiento del matrimonio civil: «Hay puntos donde el matrimonio civil se está verificando, y esto es un mal que yo deploro, que yo condeno. Cualquiera que sean las personas entre quienes se celebren esos contratos, ora sea entre católicos ó ya se trate de matrimonios mixtos, esos contratos, que todavía no tienen nombre en España, no producen efecto alguno, ni dan derechos á los hijos que nacen de esas desgraciadas uniones, que no son verdaderamente sino concubinatos. Sí, señores; ninguno de vosotros creo que daríais vuestras hijas á un hombre por medio de esas uniones, para que viniera la deshonra á la puerta de vuestras casas.» Todo esto es indudable; aplandimos con la mayor sinceridad ese arranque de espontánea y natural hidalguía que ha brotado del pecho del Sr. Ministro; pero ¿por qué llama desgraciados esos enlaces? ¿Por qué no los considera más que concubinatos? ¿Por qué cree que el deshonor vendría á sentarse á la puerta de su casa, si consintiese á sus hijas contraer alianzas semejantes? No es, seguramente, porque sea un alcalde quien las autorice, pues si el matrimonio no fuera más que un contrato, para su existencia moral bastaría la voluntad de los contrayentes, como basta para todos los demás. Los contratos no pueden ser deshonrosos por la forma en que se celebran; ésta decidirá de su validez ó ineficacia, pero nunca de su bondad ó moralidad interna. Si, pues, el Sr. Ministro tacha este género de enlaces como contrarios al pudor y á la honestidad, es porque no ve en ellos el sello augustó de la Religión, que es la única que puede y sabe ennoblecerlos y santificarlos; es porque disuadan de nuestras costumbres; es porque lastiman aquel noble sentimiento nacional, que ha levantado la honra de los españoles muy por encima de su propia vida; es porque la conciencia universal se subleva, y la verdadera opinión pública habla por boca del Sr. Ministro. ¡Lástima grande que al mismo tiempo que el corazón la rendía tributo, la inteligencia del Sr. Romero Ortiz, ofuscada con los mismos revolucionarios, prescinde de ella hasta el punto de manifestar que el Gobierno no rechaza en absoluto el matrimonio civil, y que al efecto se está reformando, en lo que se refiere á las personas, el libro primero del Código Civil.

ROSENDO MARCILLA.

(Se continuará.)

LA CUESTION DE ARCHIVOS EN ESPAÑA.

ARTICULO IV.
Aspecto jurídico-político de la incautacion de archivos.

El Estado no tiene derecho ninguno para apoderarse de los archivos eclesiásticos, como tampoco lo tiene para apoderarse de los archivos de la grandeza, de los de los Bancos y sociedades mercantiles, y demás asociaciones licitas, ni tampoco de un pliego de papel escrito, ó en blanco, que sea del dominio de un particular, no habiendo éstos incurrido en algún delito, ó causa muy grave y justificada.

No citaré para ello ni leyes de Partida ni recopiladas, ni aun las ordenanzas antiguas de correos, que prescribían las formalidades con que se habían de entregar las cartas á los reos de delitos graves. Tan lejos estaba hace cien años y en tiempo del absolutismo de considerarse el Estado español dueño de apoderarse de los papeles de un hombre de bien ó de una corporación,