La Cruzada (Madrid) (1869-09-18 00:00:00), página 9

curó favorecer con su cooperación la causa de la moral y del orden público, sin temer por eso comprometer la libertad e independencia de la Iglesia.

Pero el Gobierno de V. A. no necesita acudir á nuestra historia y á nuestra legislación para justificar el decreto. Por más que pudiera sostener la legitimidad de sus reglas á pesar de la libertad de cultos sancionada en la Constitución del país, como se sostiene y subsiste en Francia y en los demás Estados católicos de Europa, que plantearon la misma libertad política, le basta para el caso presente llamar la atención de V. A. sobre la índole de las disposiciones en aquél contenidas. Que la moral divina ordena el cumplimiento de las leyes y el respeto á las autoridades constituidas, no lo niega seguramente ningún prelado católico. Que éstos tienen como misión el predicar constantemente incansablemente su observancia, tampoco puede ponerse en duda. Que incurre en grave delito canónico el ministro eclesiástico que abandona indebidamente su iglesia, y mucho más el que lo hace para entregarse al servicio de las armas y alterar el orden público, sublevándose á los ciudadanos contra los poderes constituidos, nadie asimismo lo desconoce. Y que uno de los más sagrados deberes del Obispo es velar por la observancia de las leyes de la Iglesia, corrigiendo y castigando á sus infractores, cosa es por demás clara y manifiesta. Pues á esto, efecto, estaban reducidas las prescripciones cuyo cumplimiento se encargaba á los obispos.

No pretendía el Gobierno ejercer la jurisdicción eclesiástica necesaria para su cumplimiento; se limitaba á animarles, exhortarles y encargarles que la ejerciesen por sí mismos. Y á esto ha sido á lo que resulta y terminantemente se negaron algunos. Para ellos una cuestión de forma fue de tanta importancia, que se creyeron exentos de cumplir en tan críticas circunstancias lo que constituye por su objeto uno de sus más sagrados deberes, y de contribuir á devolver á la perturbada patria la paz y el orden, de que tanto necesita. La posterioridad leerá con asombro en las páginas de nuestra historia contemporánea que en los momentos en que un pueblo se vió en inminente peligro de caer en los horrores de una guerra fratricida, no faltaron sacerdotes de un Dios de paz, que desde el más elevado escalón de la jerarquía de la Iglesia, se resistieron públicamente y solemnemente á cooperar á la pacificación del país, y á poner término á una lucha impía, que no podían menos de ser objeto de abominación para todo hombre honrado.

El Gobierno, que con el más vivo placer tiene el honor de proponer á V. A. que se dé una prueba de agrado á los venerables prelados que han cumplido dignamente con lo dispuesto en el decreto, no puede, por doloroso que le sea, dejar de proponer también el correspondiente correctivo respecto á los pocos que han dejado de hacerlo. La obser- vancia de las leyes, ante las que todos son iguales, y la gravedad de la falta, así lo exigen.

Si el Gobierno hubiera de inspirarse en la legislación y en la política de otros tiempos, y hubiera de hacer uso de los medios que se acostumbra á emplear para corregir los abusos de los ministros eclesiásticos, propondría á V. A. una de las muchas medidas arbitrarias de que tantos ejemplos ofrece la historia de las relaciones de la Iglesia y del Estado, áun en los países más católicos y en las épocas en que más influencia ejerció el ministerio eclesiástico en la política de los poderes temporales.

Pero no es este el criterio en que se inspira el actual Gobierno. La Constitución sancionada por las Cortes Consti- tuyentes no ha cortado, es verdad, todos los múltiples lazos que ligaban á las dos instituciones en España. Pero dentro de ellas cabe ir destruyendo poco á poco las que no pueden armonizar con los nuevos principios en que descansa el régimen político que la nación ha establecido.

Los ministros eclesiásticos, cualquiera que sea su jerarquía entre los poderes de la Iglesia, son ante la ley civil ciudadanos, que, por lo mismo que deben estar sometidos á las mismas obligaciones, deben gozar en cambio de los mismos derechos y de las mismas garantías que los demas. Por esto el Gobierno de V. A., que en lo que de él dependa, si está dispuesto á no permitirles lo que á los demás ciudadanos está prohibido según su posición en el Estado, tampoco cree justo privarles de los derechos que de aquellos son propios, juzga que ha llegado el tiempo de que la arbitrariedad y el privilegio cesen para siempre de inspirar las relaciones que median entre la Iglesia y el Estado, bien sea para el efecto de ser aquélla por éste protegida, bien sea para el de ser corregidos y penados los ministros por sus actos en el orden civil. La ley común debe ser la base de las nuevas relaciones, y en la ley común hallarán la Iglesia y el Estado sus más justas y más firmes garan- tías.

Por esto se abstiene el Gobierno de proponer á V. A. ninguna medida gubernativa, que, por no haber de recaer sobre altos dignatarios eclesiásticos, dejaría de ser arbitraria y anticonstitucional si por ella se privase á éstos de alguna de las garantías que corresponden á todos los ciudadanos. Y, por el contrario, ha buscado en la ley común la solución del conflicto tan imprudentemente creado por quienes tenían más interés que nadie en evitarlo.

Los venerables Obispos que se limitaron á protestar contra la legitimidad del decreto en nombre de la libertad e independencia de la Iglesia, resistieron, es verdad, el cumplimiento de un mandato legítimo del gobierno temporal. Esta falta hubiera sido en otros tiempos inmediata y seriamente castigada; pero hoy, ante todo, y sin perjuicio de lo que después judicialmente proceda, debe ser objeto de una detenida deliberación para fijar la respectiva posición en que por consecuencia de las conquistas revolucionarias deben ocupar en lo porvenir la Iglesia y el Estado en España. Por esto el Gobierno cree propio del caso oír previamente sobre tan importante punto al Consejo de Estado, sin perjuicio de las resoluciones que las Cortes Constituyentes puedan desde luego adoptar. Pero hubo además otros que, no sólo se resistieron á dar cumplimiento á lo dispuesto, sino que se propusieron á lo que, aun dada la absoluta independencia de los dos órdenes, la negación de todo género de mutuas relaciones, sería siempre ilícito y censurable por parte de aquéllos, e indigno por parte de todo gobierno el consentirlo. Los que así han fal- tado deben responder de su conducta ante la justicia del país, que juzga con fría severidad de los actos de todos, y castiga á los que criminalmente infringen las leyes.

El Gobierno de V. A. respeta profundamente la independencia del criterio judicial, y no pretende ejercer de ningún modo influencia sobre él. Por ello se abstiene de decir más sobre este punto, y de calificar la conducta de dichos Prelados. El Tribunal Supremo, á quien corresponde apreciarla y juzgarla, dictará en su día la sentencia, y el Gobierno será el primero en respetar y hacer que sea debidamente cumplida.

Fundado, pues, en las consideraciones anteriores, el Mi- nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis-