La Cruzada (Madrid) (1869-06-05 00:00:00), página 10

archivo entre á formar parte de los históricos de la nación? Ahí era donde debía haber mostrado su energía el Sr. Zorrilla; pues el valor se muestra estrellándose con los fuertes, no arrollando á los débiles.

¿Y no era regular también que antes de arrebatar sus archivos á los cabildos hubiese exigido el Sr. Zorrilla que se llevaran al central de Alcalá los de los Consejos y otros, casi abandonados en Madrid y dependientes de varios Ministerios, que están casi perdidos y sin índices?

¿Y no era regular que antes de imputar al clero desacuido y desorden en sus archivos, se hubiese puesto el Sr. Zorrilla de acuerdo con el Sr. Ministro de la Gobernación, para que se entregasen en los archivos históricos todos los papeles de los Ayuntamientos que los tuviesen descuidados, mal guardados, sin índices y en parajes poco seguros ó inconvenientes?

Esto era lo que procedía, y esto lo que había propuesto la anterior Junta Consultiva, á la cual se ha injuriado suponiendo que los individuos de ella habíamos iniciado el pensamiento de incautación.

Es falso semejante aserto, y desde ahora reto á los que lo han vertido á que presenten pruebas.

El pensamiento de la Junta Consultiva era crear una red de archivos históricos que abrazase todo el ámbito de la Península y sus colonias, de modo que todos los papeles, pergaminos y documentos mal cuidados fuesen á parar á un archivo determinado en cada territorio. Que se clasificasen los archivos en administrativos ó históricos, siendo administrativos aquellos que corresponden á corporaciones activas y en los cuales se siguen los negocios y tratan los asuntos de interés general en cualquier concepto, y considerando como históricos á los depósitos de papeles que hubieren pertenecido á corporaciones públicas que han dejado de existir, ó que, al cabo de mucho tiempo de haber sido terminados, sólo sirven de confusión y embarazo en los administrativos, y donde los particulares pudieran también dejar los suyos en depósito.

Por regla general se podían considerar como históricos todos los papeles anteriores á este siglo, puesto que nuestra historia contemporánea principia por los últimos años del reinado de Carlos IV, que prepararon los funestos acontecimientos de la guerra de la Independencia, de la cual datan el nuevo modo de ser de la sociedad española y sus vicisitudes.

La administración militar ha dado en este particular un noble ejemplo, pues descarta de sus archivos, y entrega para los históricos, todos los papeles anteriores al año 1827. Lo mismo debería hacerse con los papeles de las Audiencias y otras corporaciones civiles.

Tampoco en los archivos administrativos de provincia deberá quedar papel ninguno anterior al año 1834, época de la actual división territorial.

El decir que á veces hay que entregar á los compradores de bienes nacionales los títulos de pertenencia, no es razón para que los papeles de los monasterios y otras corporaciones queden en los archivos de provincia. Eso es un desatino: esos títulos no deben darse á los compradores, como no da el escribano los originales de su protocolo. Los compradores no tienen derecho sino á pedir una copia autorizada, y ésa deben darla los oficiales del Archivo Histórico, pues los empleados de los archivos administrativos ni saben paleografía, ni la casi totalidad de ellos es capaz de buscar un documento antiguo, cuanto menos de leerlo ni entenderlo, si está en latín. De lo contrario, sucede lo que con los pergaminos de la Universidad de Alcalá, sustraídos á ésta por el Gobierno para regalárselos al Sr. Quinto, por la donación, más bien que venta del grandioso edificio Complutense, que á su favor se hizo por la Dirección de Estudios, mediante las cábala que para ello empleó su paisano y hechura, el Sr. D. Pedro Juan Guillén (1), el cual, á su vez, se quedó con el colegio de Manríquez, y también á menoscopo y á pesar de ser de patronato familiar.

La Junta consultiva pensaba también suplicar á los señores de la aristocracia española y á las corporaciones que tuviesen papeles y documentos antiguos los depositasen en los archivos históricos, reservándoseles el dominio y la facultad para registrarlos, y obligación de darles las copias que necesitasen, cuando los documentos no fueran muy extensos, y una parte del producto de las copias que se pidiesen.

De aquí, sin duda, surgió la injuriosa imputación de que la Junta consultiva había pensado ya en incautarse de los archivos eclesiásticos, y que esto había sido proyectado por el Sr. Catalina. Ni éste pensó semejante cosa, ni el Sr. Marqués de Pidal y yo, que fuimos nombrados para formar el reglamento de la sección de archivos, admitimos entre nuestros principios el de confiscación y expoliación de nadie á favor del Estado, cuanto menos de lo que pertenezca á la Iglesia.

Hónrense en hora buena con esas doctrinas de confiscación y absolutismo neto los que creen que el gritar ¡viva la libertad! ¡¡viva el progreso!! es una especie de panacea que cura todos los males y pecados, inclu-

(1) El Sr. Gil y Zárato alaba mucho á este funcionario y al Sr. Revilla, diciendo que con su ayuda llevó á cabo el arreglo y secularización de las Universidades de España en 1845. ¡Así salió ello! (Historia de la instrucción pública en España, tomo I, página 110.)