La Cruzada (Madrid) (1869-03-13 00:00:00), página 6

pias, sin protesta ni contradiccion. Por eso los Reyes, á título de protectores de la Iglesia, legislan sobre cosas que sólo á la religión se refieren, y por eso tambien los Obispos, los Concilios y los Pontífices extienden su autoridad ám á negocios puramente seculares, y ajenos muchos de ellos á su peculiar instituto.

Otra causa hubo, que combinada con la exaltación religiosa y con el espíritu ferviente de la época, contribuyó poderosamente al mismo resultado de ampliar más y más la jurisdicción eclesiástica, aplicándola á multitud de asuntos profanos, de que ni antes había conocido, ni después ha vuelto tampoco á conocer. Los tribunales de la Iglesia, mejor organizados entonces que los tribunales civiles, más equitativos en sus fallos y más acomodados á un orden regular en los procedimientos, era natural que fuesen preferidos por los litigantes para la determinación de sus contiendas, pues encontraban allí la imparcialidad, independencia, ilustración y rectitud de juicio, que tan raras solían ser en los magistrados del fuero comun, gracias al lamentable estado de aquellas sociedades. Y así sucedió en efecto: las costumbres autorizaron la sumisión de los legos al foro de los Obispos, con exención casi completa del de sus propios jueces; y esto no porque la Iglesia pretendiera absorber al Estado, ni avocar á sí toda clase de negocios temporales, sino porque la mayor justicia y sabiduría de sus leyes, y las más eficaces garantías de justificación y acierto que sus tribunales presentaban, hicieron inevitable aquella situación. No abusó, ciertamente, de ella la Iglesia, como han querido suponer, sin fundamento alguno, sus eternos enemigos; antes, al contrario, su acción bienhechora, dejándose sentir en todas partes, fue el principal motivo de que su jurisdicción se aceptase sin dificultad, como la más competente para la decisión de los litigios, siquiera la índole de éstos fuese muchas veces puramente secular y externa.

En tal estado las cosas, no es de extrañar que el fuero eclesiástico adquiriese tanta importancia como llegó á tener en los siglos medios, y que esta inmunidad se ampliara y extendiera mucho más que lo había estado nunca en la época romana, donde eran bastante numerosas y trascendentales las restricciones que en determinadas materias la limitaban; porque sometidos aún los mismos legos, como acabamos de ver, á los tribunales de la Iglesia en la mayoría de los casos, con mayor razón debían estarlo siempre los clérigos, que más directamente de ella dependían. Así es que son numerosas las disposiciones eclesiásticas y seculares que tienden á este resultado de eximirles por completo de la jurisdicción ordinaria, así en los asuntos civiles como en toda clase de acusaciones criminales; y prescin- diendo del cánón 4.º del V Concilio de Paris, celebrado en 615, y de otros varios testimonios de igual índole, procedentes de aquel tiempo, tenemos la contestación dada en 866 á los Búlgaros por el papa San Nicolás, en que terminantemente les dice que no deben los legos entrometerse á juzgar á los clérigos, los cuales tienen tribunales propios ante quienes responder. Más adelante (en 1179) el Concilio III de Letran, undécimo de los generales, prohibió á los legos, bajo pena de excomunión, que obligasen á los eclesiásticos á comparecer ante jueces civiles, á Inocencio III, aquel gran Pontífice que gobernó la Iglesia desde 1198 á 1216, dispuso también, para robustecer más y más el privilegio del fuero, que en atención á no ser personal, sino de derecho público, no pudiesen nunca los clérigos renunciar á él.

Ya por entonces había Graciano dado caída en su Decreto, publicado, según se cree, en 1151, á los antiguos cánones y disposiciones referentes al asunto, si bien quizás en la depuración de los textos no procedió siempre con entera exactitud; mas, sin meternos nosotros á acribillar lo que acerca de esto ocurriría, es lo cierto que en pleno siglo XII alcanzó el fuero eclesiástico su mayor extensión, manifestada en el gran número de cosas y personas á él sometidas; siendo reconocido con toda amplitud en las naciones cristianas, cuyos piadosos Monarcas, aunque celosos de conservar su autoridad y su poder, no hallaban en ello grave inconveniente. En 1234, con la publicación de los Decretales de Gregorio IX, recibió una nueva sanción el fuero eclesiástico, y adquirieron mayor fuerza las disposiciones relativas al mismo, allí recopiladas; y aún, cuando los albores del Renacimiento, la creación de las Universidades y el estudio del Derecho Romano iban ya despertando de su letargo á los jueces seculares, que empezaban á reclamar como propias algunas de las atribuciones ejercidas por la jurisdicción eclesiástica, todavía se mantuvo ésta á gran altura, especialmente en lo que al juicio de los clérigos se refería; y las colecciones de Decretales posteriores á la formada por San Raimundo de Peñafort, continuaron insertando las nuevas disposiciones que al efecto se dictaban.

Por lo que hace á España, grande había sido durante la Monarquía Visigoda la autoridad de los Obispos, que en los Concilios de Toledo intervenían en los asuntos públicos y en la formación de las leyes, y dentro de sus diócesis tenían facultad para amonestar á los jueces injustos, y áun para enmendar sus fallos (1).

(1) Leyes 22, 28 y 29 tit. I, lib. II del Fuero-Juego, conformes con las disposiciones de algunos cánones conciliares.