La Cruzada (Madrid) (1869-04-17 00:00:00), página 6

EL FUERO ECLESIÁSTICO.

IV.

Brevemente reseñada en los anteriores artículos la historia del fuero eclesiástico, debemos en el presente circunscribirnos á examinar su razon de ser, tanto en sí mismo considerado, como juzgándole en relación con las circunstancias de la época en que vivimos. Porque es indudable que cuando esta inmunidad es tan antigua, y se ha sostenido con tanto vigor en los pueblos cristianos, hasta ser destruida en nuestros tiempos por la pieta demoledora de la revolución, que todo quiere echarlo por tierra, algún motivo habrá para que exista y en algún fundamento sólido se apoyará. Así sucede en efecto; mas como su conveniencia, y aun verdadera necesidad en ciertos casos, se deducen de elevados principios jurídico-canónicos y de consideraciones atendibles en el orden del Catolicismo, y en modo alguno de sosmas liberalescos, argucias de mala ley é impudentes declamaciones contra el sentido comun, de las que ahora se acostumbra, no es de extrañar que hayan pasado desapercibidas para el Sr. Romero Ortiz, cuya vista seguramente no es de lince, y que tampoco haya podido vislumbrarlas su digno compañero el Sr. Ayala. De otra suerte, si la pasion no les cegase, si las nubes levantadas por el humo de sangrientos motines y por el polvo de los templos derribados, no se interpusieran entre su pobre inteligencia y el sol de la verdad, es bien seguro que ni el Ministro de Gracia y Justicia hubiera suprimido el fuero eclesiástico en la Peninsula, ni el de Ultramar, que en mal hora abandonó las musas para empuñar las riendas del poder, hubiera extendido tal medida á nuestras Colonias (1), alguna de las cuales quizá, por su culpa y su torpeza, perdamos para siempre.

No vamos ahora nosotros á justificar la necesidad imprescindible de que existan tribunales eclesiásticos, para conocer áun cuando no sea más que de los asuntos propios y peculiares de la Iglesia, ni tampoco á demostrarnos en demostrar que ésta tiene verdadera jurisdicción y plena potestad coercitiva, lo mismo que las sociedades civiles, aunque no siempre encaminada á igual fin, ni ejercida en idénticas condiciones. De esto ya hemos dicho algo anteriormente, y es bastante para nuestro objeto, con tanta mayor razón, en cuanto que todo el mundo reconoce que sin esta fuerza coactiva la eficacia de su poder sería ilusoria, y en cuanto que además, muy lejos de negarlo el Sr. Romero Ortiz, así lo confiesa paladinamente en su decreto de unificación de fueros, cuando dice en el preámbulo que «la Iglesia tiene una jurisdicción propia, esencial, concedida por Jesucristo á los Apóstoles y á los Obispos, sus sucesores, que la ejercen, no sólo sobre los eclesiásticos, sino que también sobre todos los fieles, para poder llenar la misión que su divino Maestro les confió en la tierra.» Y no contento con tan explícita confesión, dice también que «esta jurisdicción santa no puede ser menoscabada ni restringida;» añadiendo después muy enfáticamente, como si por su libre voluntad concediese un gran favor, que «la Iglesia, fiel depositaria de ella, continuará ejerciéndola tal y como la recibió de manos de su Fundador y la han regulado los Canones en su ejercicio;» á cuyo efecto «las causas sacramentales, beneficiales, los delitos eclesiásticos y las faltas cometidas por los clérigos en el desempeño de su ministerio, serán de su conocimiento y competencia (2), extendiéndose únicamente el desafíero,» porque no estaba en manos del Ministro extenderla ni áun injusta é ilegalmente más allá, «á las personas eclesiásticas por razón de los negocios comunes, civiles y criminales.»

Tan terminantes declaraciones, reproducidas bajo otra forma por el Sr. Ayala, al consignar que entre los negocios ajenos á la jurisdicción ordinaria, tanto por su naturaleza cuanto por exigir una tramitación especial..., se encuentran sin duda alguna las causas sacramentales y beneficiales, los delitos puramente eclesiásticos, que requieren en el juez una potestad de orden espiritual, que no es posible atribuir á los tribunales ordinarios; y también las causas de divorcio y nulidad de matrimonios, cuando éstos adquieren el carácter de Sacramento con arreglo á las prescripciones de la Iglesia, nos excusan de entrar en menores acerca del particular; y como por otra parte ambos Ministros, que como buenos revolucionarios, se han creído autorizados para todo, y no han vacilado en arrogarse el augustó poder de legislar, confiesan en el número 1º, art. 1º de sus respectivos Decretos, haber procedido mal en la cuestión de forma, faltando abiertamente á los trámites legales que el caso requería; tampoco insistiremos en las consideraciones hechas ya por nosotros, acerca de la necesaria é indispensable intervención que debe tener la Santa Sede en un asunto ligado tan de cerca con intereses respetables, que afectan igualmente á la Iglesia

(1) Decreto de 1.º de Febrero de 1869, más depresivo todavía para la Iglesia que el de 12 de Noviembre de 1868, puesto que ni aun se concede á los Prelados el derecho de nombrar libremente á sus Provisores y Vicarios.

(2) Aunque el preámbulo no dice nada, en el articulado se hace extensiva la competencia de los tribunales eclesiásticos al conocimiento de las causas de divorcio y nulidad del matrimonio.