La Cruzada (Madrid) (1869-02-27 00:00:00), página 8

terminio y á la destrucción, que son las armas de que se valen sus perseguidores. Entonces la potestad de la Iglesia, no permaneciendo ya encerrada dentro de sí misma, como antes por necesidad sucediera, se manifiesta poderosamente al exterior; y los asuntos temporales en que interviene se multiplican, y aunque habían cesado las principales causas que impelían á los cristianos á hacer á los Obispos árbitros de sus diferencias, todavía acuden muchas veces á ellos, prefiriéndolos á los magistrados civiles, en aquella época cristianos también. No de otro modo se explica lo que nos refiere Posidio de San Agustín, ocupado frecuentemente en dirimir los litigios de sus fieles de Hipona, y la dificultad que el mismo Santo Doctor nos dice en sus Confesiones que tenía para ver á San Ambrosio, por hallarse éste muy á menudo rodeado de los litigantes de Milan.

Muy lejos los Emperadores de contrariar estas tendencias, procuraron en general favorecerlas, ora concediendo á los Obispos verdadera jurisdicción contenciosa en el orden exterior, ora haciéndoles intervenir de algún modo en la administración de la justicia secular; y á la vez que el derecho de asilo, adquirió entonces la Iglesia otros privilegios e inmunidades importantes, contándose entre ellos el fuero eclesiástico, que aparece desde luego con los propios caracteres que en los tiempos posteriores ha tenido. Constantino mismo estableció ya en una ley, mencionada por Eusebio, que los Obispos y los clérigos fuesen juzgados sin apelación en los Concilios; y esto parece igualmente confirmarse en otra ley del emperador Graciano, dictada en 376, cuyo objeto fué distinguir la jurisdicción civil de la eclesiástica, devolviendo á aquélla gran número de asuntos de que ésta conocía; mas sin mencionarse entre ellos las causas contra los ministros del culto, como debiera haberse hecho, por ser las más importantes de todas, si se las hubiera querido comprender en la regla general. Y nada vale en contra de nuestro parecer la ambigua y poco decisiva ley que Honorio expidió en 399; y tanto más, en cuanto que el mismo Emperador dictó en 412 otra ley, comprendida como la anterior en el Código Teodosiano, y en la que terminantemente dispone que los clérigos no puedan ser acusados sino ante los Obispos, estableciendo además ciertas prescripciones relativas á la acusación. Valentiniano III, poco favorable á los privilegios eclesiásticos, restringió algun tanto el del fuero, pero sin llegar, ni mucho menos, á abolirlo; y así continuó la legislación romana acerca de este punto, hasta que Justiniano estableció en sus Novelas (1) una doctrina fija y permanente, en virtud de la cual quedó ampliamente reconocido el fuero eclesiástico, tanto en las causas civiles como en las criminales.

Pero más decisivas que las disposiciones directamente emanadas de la autoridad imperial, son las que la Iglesia dicta en sus Concilios, confirmados también por los mismos Emperadores. El Concilio I de Constantinopla, celebrado en 381, distingue en su cánón 6º, entre las acusaciones que se hagan contra los Obispos por razón de su cargo, y las que se hagan por otro motivo cualquiera, prescribiendo que los Concilios Provinciales ó de orden superior conozcan de unas y otras, aunque en forma diferente; cuyo cánón, dictado á la vista de Teodosio y confirmado por él, con los demás que entonces se dictaron, se refiere tanto á los presbiteros como á los Obispos, por más que de estos últimos se ocupe con toda preferencia. También el Concilio de Calcedonia, que se celebró en 451, y cuyos cánones recibieron la sanción de Marciano y Valentíniano, dispuso que las diferencias entre los clérigos, aun en asuntos civiles, se dirimiesen por los Obispos, y no por jueces legos; pero más terminante que todos, un Concilio de Cartago lanzó poco tiempo antes la pena de deposición contra todos los clérigos, que llevasen sus diferencias ante los tribunales seculares. Otras muchas disposiciones conciliares de aquella época están inspiradas en el mismo espíritu, y en todas ellas se procura afanar el privilegio del fuero, considerándolo siempre como de suma utilidad y conveniencia; lo cual, unido al constante asentimiento de los Emperadores, y á la conformidad que las leyes de éstos guardan con la disciplina de la Iglesia, nos da la verdadera medida de la gran extensión que el fuero eclesiástico alcanzará por entonces.

Aparte de esto, la historia confirma además que los Obispos y los clérigos no estaban sujetos á los tribunales civiles, sino á los suyos propios. Multiples ejemplos de esta verdad se citan por los autores; mencionándose entre los casos más notables que ocurrieron, el de San Atanasio, acusado de asesinatos y otros muchos crímenes,—que no es nuevo, ni sólo de nuestros días, el lanzar semejantes acusaciones contra el clero y el episcopado,—pero contra el cual no procedieron los tribunales del Imperio: el de San Juan Crisóstomo, acusado ante un concilio de traición y de otros varios delitos puramente seculares: el de Gregorio de Antioquía, juzgado y absuelto por los Obispos reunidos en Constantinopla, á consecuencia de una acusación de conjuración é incesto lanzada contra él: el de Dióscoro, acusado de varios crímenes ante el Concilio de Calcedonia, y juzgado por los Obispos allí congregados; y por último, el del patriarca Severo de Antioquía, convencido de asesinatos y otros delitos, y juzgado por el II Con-

(1) Principalmente la 79, 83 y 123.