La Cruzada (Madrid) (1868-12-12 00:00:00), página 5

propiedad de las mismas, existan en poder de sus presidentes, secretarios ó de cualquiera otra persona.»

Este decreto se dió, no por el Ministerio de la Gobernación, sino por el de Gracia y Justicia, firmándolo en este concepto el Sr. Romero Ortiz. La Iberia lo anunció tan antes que la Gaceta, considerándolo como un gran triunfo.

En virtud del anterior decreto, el mismo dia 21, á la una de la tarde, fué invadida la modesta y pequeña habitación donde el Consejo superior de España tenía su secretaría con sus cartas, libros y papeles, los cuales fueron ocupados, intervenidos y sellados en el acto.

Con gran sorpresa suyo no hallaron allí fondos algunos, pues éstos estaban, como en todas las conferencias del mundo, en poder de los tesoreros. Consistían aquellos en unos 15.000 reales, no 5.000, como dijeron los periódicos, copiando á la Correspondencia, que, por errata ó por malos informes, suprimió un número. Conviene, por muchas razones, que se sepa la verdad de este hecho. Los fondos, tanto del Consejo superior de España como del particular de Madrid, fueron entregados al dia siguiente en el gobierno civil por los respectivos tesoreros.

Lo que sucedió con el Consejo superior de España, vino á ejecutarse con otros de provincias, de alguno de los cuales hemos tenido noticias particulares, y suponemos que habrá sucedido lo mismo á todos, con pocas diferencias.

Como esto se había mandado por el Ministro de Gracia y Justicia, del cual no dependían las conferencias, el de la Gobernación se creyó en el caso de llamarse á la parte, y en la Gaceta del dia 22 se mandó que los caudales y demas efectos de esta Sociedad, como también los ocupados á los jesuitas y comunidades extinguidas, se repartieran á los ministerios de Hacienda, Fomento y Gracia y Justicia.

Con respecto á los fondos de la Sociedad de San Vicente de Paul, es de notar que éstos eran procedentes de los bolsillos de los asociados, pues no recibían subvención alguna del Gobierno, y aquellos dineros eran de su propiedad colectiva.

La Constitución del año 1812 prohibió la confiscación de bienes, ni aun por sentencia judicial (art. 304), y esto ha sido desde entonces derecho constitucional de España, y se ha cacareado como una de las llamadas conquistas de la civilización.

El art. 4.º impone, no como quiera al Gobierno, sino á la Nación, la obligación de «proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demas derechos legítimos de todos los individuos que la componen.»

El art. 10 de la Constitución de 1837 es todavía más explícito: «No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.» Lo mismo repite textualmente el art. 10 de la de 1845.

Pues bien; lo que no se haría con un Banco y con una sociedad mercantil, ó con la redacción de un periódico, se ha hecho con esta Sociedad caritativa, cuyos fondos eran propiedad de los asociados y donativos de su propio bolsillo: el Ministro mismo lo reconoció así en el decreto de 19 de Octubre diciendo: «los libros, papeles y fondos, que, siendo propiedad de las mismas conferencias.» Pues bien; al despojarlas de la propiedad de las mismas, y pasar ésta al fisco, ó sea al Tesoro, se hizo un acto de confiscación. Al impedir á los socios seguir reuniéndose ¿por qué se les confiscó lo que era suyo y se les despojó de su propiedad?

A continuación de esto se recomendaba mucho la organización de las conferencias bajo el concepto filantrópico que tuvieron las asociaciones llamadas de Amigos de los pobres, durante el cólera á fines del año 1865, en las cuales la Unión Liberal, que entonces regía los destinos de España, creyó ver tendencias que en aquella época hubieron de alarmarla, y dieron lugar á contestaciones demasiado ágrias en los periódicos políticos.

Por nuestra parte, respetando las intenciones del señor Sagasta y su deseo de enmendar el desacierto de su compañero de Gracia y Justicia, creemos que el remedio es casi peor que la enfermedad. Las conferencias de San Vicente de Paul han sido disueltas á nombre de la libertad de asociación: una cosa se ha gritado, y se ha hecho todo lo contrario. Entre las cosas exigidas por las juntas se hallaba la descentralización administrativa, pues la monstruosa y exagerada centralización introducida en España agarrotaba de tal modo la acción individual, que, á poco más, nos iba á convertir en automatas. Pues bien; el Sr. Sagasta ha tenido el feliz pensamiento de centralizar la acción de la caridad, que los gobiernos anteriores no habían centralizado. La caridad es libérrima, inecerrible: semejante al espíritu de Dios, inspira donde quiere; y ahora se les exige á los socios la presidencia del Gobernador civil, confundiendo la acción de la beneficencia con el procedimiento de la caridad. Con las señoras de San Vicente de Paul el Ministro, á fuer de joven y galante, se contentó con habilitarlas por la Nación, como el papel sellado. A los socios se los ha sujetado al resello, pero como los reselamientos están desacreditados en España, dudamos mucho que los socios de San Vicente de Paul se sujeten á ser resellados por la revolución.

Dice así el periódico La Reforma, dirigido por cate-