La Cruzada (Madrid) (1869-02-20 00:00:00), página 10

de esta diócesis por sospechas de complicidad en un delito, que de ningún modo causa desafuero ni aún en virtud de lo que en España se ha legislado desde 1833.

Este hecho, que destruye la esperanza concebida, obliga al exponente á levantar respetuosamente su voz ante V. E., para protestar contra la violación del derecho de la Iglesia, solemnemente reconocido por el Estado en el último Concordato, y para suplicar al Gobierno provisional la suspensión de aquella medida, hasta que tratándose el negocio con la Santa Sede, se dégne ésta acceder, si lo estima conveniente; á que se alteren los límites del fuero eclesiástico en los puntos que puedan admitir más ó menos extensión, sin perjuicio de lo esencial al mismo.

A estas razones de justicia y de derecho se agregan otras no menos atendibles, aunque de distinto carácter. Cuando por desgracia es el clero blanco de la persecución y la calumnia en los periódicos y en reuniones, enemigos de todo lo que se relaciona con la religión, ¿se querrá autorizar dicha persecución, y rebajar el prestigio y el respeto que por su carácter merece el sacerdote que tenga la debilidad de caer en un delito, acaso nada grave, ó á quien calumniosamente se acuse sin haberlo merecido, confundiendole con los criminales en los tribunales y en las prisiones? Aun cuando se declare después su inocencia, ¿cuánto perderá ante sus feligreses el párroco que ha sido encerrado en una cárcel y confundido con los hombres avezados al crimen?

A la superior penetración de V. E. y del señor ministro de Gracia y Justicia no puede ocultarse la fuerza de estas reflexiones, y por ello espera el Obispo expontene que se suspenderá la ejecución del mencionado decreto, haciéndolo saber á las audiencias y á los juzgados á fin de que no sean molestados los clérigos en su derecho de ser juzgados por sus prelados, más que nadie interesados y celosos en la represión de todo exceso, y en la indicación de todo derecho, y no se vean éstos en la necesidad de protestar contra los actos de los funcionarios de la potestad civil en legítima defensa de aquel derecho.

Faltaría, Excmo. Sr., á su consecuencia el Obispo que expone, y haría traición á sus deberes, si no levantase también la voz en unión con todos sus hermanos lamentándose amargamente y protestando contra otros agravios inferidos á la Iglesia.

Comprenderá V. E. que se refiere á la expulsión de los hijos del inmortal Ignacio de Loyola, sin que se haya acreditado una razón fundada ni aún aparentemente para ello, y cuando estaban prestando grandes servicios á la Religión y á la Patria en las misiones de Ultramar y en la enseñanza de la juventud.

No menos comprenderá V. E. que se refiere á la supresión y reunión de comunidades de religiosas canónica y legalmente establecidas, y á la disolución de las Conferencias de San Vicente de Paul, tan beneméritas de la Iglesia y de la sociedad, como consagradas á moralizar y socorrer á los pobres, y á la privación de la dotación consignada á los Seminarios conciliares para compensarles de lo que perdieron por las leyes desamortizadoras, y sancionada en el Concordato. Con estas medidas no sólo se ha vulnerado este pacto solemne, sino que ha venido á negarse á la Iglesia lo que la revolución ha concedido á todos proclamando libertades absolutas.

Sensible es por demás, Excmo. Sr., que así se proceda, al tiempo mismo de declarar á la faz de Europa que España es esencialmente católica, y que al catolicismo debe sus grandezas, y tanto más sensible, cuanto que la libertad con que se enseña el error, con que se calumnia al episcopado y al clero, se insulta á la religión, se profanan los templos y se ultrajan las imágenes sagradas por hombres que han perdido todo sentimiento religioso, y se cometen otros y otros excesos, hace temer á muchos que en la mente de algunos ya no se trata tan sólo de que se tolere á los extranjeros el ejercicio público de su culto, ni de que las sectas hereéticas tengan libertad igual á la de la Iglesia católica en la nación católica, sino de hacer desaparecer de su suelo nuestra religión, mediante la perversión de las ideas, la corrupción de las costumbres y la destrucción de todo lo que es propio de aquéllas.

Léjose del Obispo expontene el pensar siquiera que esto pueda entrar en las miras del Gobierno Provisional, que quiere á España con honra; pero siendo hechos públicos que tienden á mancillar esa honra, no puede méños de lamentarlos, y de pedir á V. E. la protección debida á la única Religión de los españoles. Tampoco puede ni quiere el Obispo dar crédito á los rumores que se propalan de que se trata de incutirse de las pocas alhajas que poseen las iglesias después de tantas viscosidades. Son acaso excitaciones que intencionalmente se dirigen al Gobierno, y que, á no dudarlo, rechaza la religiosidad de V. E.; porque, si esto se hiciera, quedaría altamente ofendida la piedad de los fieles que donaron esas alhajas, se despojaría sin título de justicia á la Iglesia de lo único que le queda, y por cierto de escaso valor material, y se privaría al culto católico de los medios necesarios para sostenerse con un poco del esplendor que tuvo y que corresponde á la Majestad Divina á quien se debe.

Seguro el exponente de que V. E. protesta en su corazón contra esas indicaciones, protesta también pú-