La Cruzada (Madrid) (1869-02-20 00:00:00), página 9

bres de recto corazón, lo que acredita la historia, y lo que eloquentemente y con razones ineludibles han demostrado en sus exposiciones á V. E. los Prelados todos.

Los mismos que desean la libertad de cultos se precian de católicos, esto es, de hombres que reconocen divina y salvadora la Religión católica, de la cual protestan que no quieren separarse. ¿Por qué, pues, pretenden levantar al nivel de ella falsas religiones, y dar al error derechos que no le competen y que son exclusivos de la verdad? ¿No es esto autorizar la duda sobre la verdad y santidad de las creencias en que fuimos educados y que son y siempre ha tenido por verdaderas y exclusivamente verdaderas el pueblo español?

Se confiesan, porque es evidente que España debe á la unidad de su fe y á la fiereza de sus creencias todo lo que encierra de grande, todo lo que la ha embellecido sobre los demás pueblos; ¿por qué, pues, se quiere robarle ese timbre glorioso, é introducir en su seno la semilla de la discordia, que debilitando esas creencias y poniendo al hermano frente del hermano, produzca la división en las ideas; la lucha en los sentimientos y el choque en las acciones?

Permita V. E. al que expone repetir aquí lo que ante inmenso concurso decía en 1862 desde el púlpito de Santo Tomás en esa capital. Ello será nueva demostración de la falsedad de lo que se le ha atribuido. ¿No tenemos bastante con las divisiones de las sectas políticas, que engendran el odio, los crímenes y las revoluciones, para que aun se quieran añadir otras divisiones más radicales, otros gérmenes de división y de ruina? La unión es la fuerza; la división es la muerte. Y si nos quiere quitar, se hacen esfuerzos para romper el único lazo de unión que nos queda, la única ancora de nuestra esperanza.

¿Y esto dicen para que seamos más grandes, más fuertes. ¿No es esto un sarcasmo? Dígase más bien que se nos quiere dividir, para vencernos. ¿Qué será de nosotros si esto se consigue!

El Gobierno Provisional en un solemne documento ha reconocido que España es esencialmente católica. Médite, pues, V. E., mediten todos los pensadores sobre las consecuencias de cambiar esa Constitución esencial de nuestra patria, que no sólo no lo necesita ni lo desea; sino que protesta en su inmensa mayoría, si no en su totalidad contra ese cambio radical y funesto á que se pretende someterla. Medite V. E. sobre esa pacífica y espontánea protesta que el episcopado, el clero y el pueblo español elevan al Gobierno Provisional y se prepara á elevar á las Cortes, y deducirá de ella que no es sólo perjudicial en sí misma la alteración que en nuestro modo de ser quiere introducirse, sino que es también antipática, y expuesta por lo mismo á grandes desgracias. Dignese Dios alejarla de nosotros, no permitiendo que se realicen los funestos proyectos de libertad de cultos ó de tolerancia religiosa, destruyendo nuestra hermosa y enviviada unidad.

El Obispo que suscribe no puede tampoco en conciencia dejar de manifestar á V. E. el dolor que le causa el decreto expedido en 6 de Diciembre último por el excelentísimo señor ministro de Gracia y Justicia, sobre unificación de fueros. Este decreto se opone á la inmunidad eclesiástica, así en las cosas como en las personas; inmunidad que no tiene su origen en concesiones de la potestad civil, sino que, como enseña el Santo Concilio de Trento, ha sido instituida por ordenación divina y sanciones de la Iglesia. Noblemente lo reconoce así el señor Ministro en el preámbulo de su decreto. Pero á la vez que hace esta confesión, repitiendo lo que está escrito en todos los códigos de España, y lo que reconoce todo el mundo católico, legista por sí sobre esta materia, ¿sin perjuicio, dice, de que el gobierno español concuerde en su día con la Santa Sede lo que ambas potestades crean conveniente sobre el particular.?

Hay aquí una contradicción, excelentísimo señor.

Se reconoce la necesidad de un acuerdo con la Santa Sede para legitimar la alteración que se hace en el fuero eclesiástico; y sin embargo se manda que cesen luego los tribunales eclesiásticos en el ejercicio de jurisdicción, y que pase ésta á los civiles. Reconocida la necesidad de que intervenga la Santa Sede y no contándose previamente con ella, ¿serán legítimos y válidos los actos de los jueces civiles en negocios del fuero eclesiástico? La confesión del señor Ministro, de que hay necesidad de concordar con la Santa Sede, implica la declaración de que será nulo é ilegítimo lo que se practique antes de obtener el acuerdo que se reconoce ser necesario? El poner pues en ejecución hoy aquel decreto, sea dicho con el respeto debido, sólo puede producir actos de más que dudosa validez.

Esta consideración, que no es posible se oculte al superior talento y penetración del señor ministro de Gracia y Justicia, hacía concebir al Obispo exponente la fundada esperanza de que no se ejecutaría el decreto hasta obtener el acuerdo de la Santa Sede; y viendo corroborada esta esperanza con el nombramiento de un embajador de España en Roma, á quien era natural se diesen instrucciones sobre la materia, le inclinaba á suspender toda reclamación y protesta.

Hoy, ya no le es posible callar, habiendo tenido la amargura de que por auto de un juez de primera instancia haya sido llevado á la cárcel pública un párroco