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desatentados, que sin duda alguna pueden contribuir á un desenlace de los más trágicos.

Estas consideraciones son tan graves, afectan de tal manera el bienestar de nuestra sociedad, que deben llamar muy seriamente la atención de los Sres. Ministros de Gracia y Justicia y de Fomento, para que sin demora se corrija un mal de tanta gravedad y trascendencia. El primero, por de pronto, entendemos que debe mandar á sus subordinados en la administracion de justicia que nunca nombren peritos, en estos casos, á los que no hayan estudiado el análisis químico como se debe, y dado buena prueba de poseer esta parte de los estudios químicos, única que da suficiencia para el mejor desempeño de una cuestion pericial; el segundo ha de procurar que los licenciados en Farmacia estén provistos de dichos conocimientos, no sólo para el mejor desempeño de su facultad, sino también para que el representante de la ley pueda encontrar en ellos el perito que necesite para la recta y pronta administracion de justicia.

Aconsejan ademas al Sr. Ministro de Fomento que tome pronto esta medida, las recientes disposiciones que ha dictado, admitiendo en los dominios españoles á todos los profesores extranjeros que hayan estudiado las materias que se exigen á los nacionales para el ejercicio de su profesión, pues si bien es cierto que la Gaceta de 7 del corriente sólo habla con nuestros vecinos los portugueses, cuyos estudios y títulos profesionales declara válidos en España, previas las consignaciones acordadas; la del dia siguiente ya generaliza esta disposición á los médicos de todas las naciones; debiendo admitirse lógicamente que no dejará de hacerse extensiva esta gracia ó derecho á los farmacéuticos que la soliciten, por la sencillísima razon de que es mucho más fácil á un extranjero ejercer esta profesion que la del médico, de quien se exige al menos un conocimiento exacto de nuestra habla, para que le entiendan los clientes que le llamen. En esto supuesto, si los extranjeros quieren ejercer la Farmacia en los dominios españoles, es evidente que podrán hacerlo acogiéndose á dichas disposiciones, pues todos probarán haber estudiado las mismas materias que los nuestros y algunas más; pero, en cambio, admitiendo desde luego que los gobiernos extraños, por no ser menos galantes, nos ofrezcan la reciproca bajo las mismas condiciones que se exigen á sus nacionales, ningun farmacéutico español podrá ejercer su profesion en los dominios alemanes ó en los franceses, por ejemplo, por carecer de los estudios y conocimientos que tienen los profesores de dichos países. Si el Sr. Ministro de Fomento hubiese reflexionado sobre esta competencia insostenible desde luego por nuestros compatriotas, de seguro en su patriotismo se habría concretado á sentar el principio,
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aplazando su planteamiento para cuando, equiparada la enseñanza de esta facultad con la que se da donde se halla mejor establecida, y obtenida la reciprocidad como es justo, se pudiera sostener por nuestra parte una competencia digna y elevada, cual se requiere siempre que se trata de cange de títulos profesionales, que arguyen un caudal científico de buena ley. Pero, ya que así no se haya hecho, urge que S. E. llene sin demora el vacío que dejamos señalado, á fin de que, si no los actuales, los próximos futuros licenciados puedan rivalizar en saber con los de otra procedencia cualquiera. Hágalo así el Sr. Ministro de Fomento, sin que le arredre la insignificancia del ligero aumento de gastos que habrá de hacerse. Los gastos que se hacen en la enseñanza son siempre eminentemente reproductivos, y más aquí, por estar íntimamente ligados con la pronta y recta administración de justicia, y con una cuestión de decoro nacional. Si no se hace así, entiéndalo bien el Sr. Ministro de Fomento, los dominios españoles se verán invadidos por numerosos farmacéuticos extranjeros, sin que los nuestros puedan tomar la reciproca. ¿Es esto lo que ha querido hacer S. E.? Como nos precisamos de conocer un poco su rectitud, no dudamos en responder negativamente; pero la verdad es que, esta rectitud no obstante, las puertas de España se han abierto de par en par á todos los profesores extranjeros, sin que los nuestros puedan invocar igual derecho: primero, por falta de tratados internacionales que se lo reconozcan; y segundo, por carecer de la suficiencia científica oficial, que una reciprocidad justa y equitativa exige. Concédase ésta pronto, muy pronto, hoy antes que mañana, miéntras la diplomacia se encarga de obtener la debida reciprocidad, y entonces las recientes disposiciones sobre la libertad de títulos profesionales producirán los buenos resultados que de ella sin duda se esperan, y que siempre se obtienen de una competencia digna y elevada, como lo son las que se entablan en el campo de la ciencia. Y si, contra lo que fundadamente esperamos, no se atienden nuestras leales observaciones, y se dejan las cosas tales como están, entonces habrémos de convenir con dolor en que unas disposiciones que sólo favorecen á los extraños, en detrimento y menoscabo de nuestros derechos, son impolíticas, antieconómicas y desconocidas hasta el presente en los tratados internacionales.

N. T.

Sres. Redactores de los ANALES.

Muy señores míos: Sonó, por fin, la hora de que los padrastros de la profesion conozcan el error en que viven, y declaren de una
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ANALES
DE
QUÍMICA Y FARMACIA
FÍSICA É HISTORIA NATURAL.

NÚM. 51.        1.º de Febrero de 1869.        AÑO III.

SECCION DOCTRINAL.

ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA OFICIAL
EN LA FACULTAD DE FARMACIA.

Ardua por demas, difícil y delicada, es la tarea que nos propone-
mos desarrollar en el presente artículo, en el que tratamos de formular
la nueva organización que debe darse á los estudios teórico-prácticos
de la facultad de Farmacia. Los más eminentes hombres públicos han
legislado sobre dichos estudios. En 1857 fueron consultadas las facul-
tades de Farmacia de las distintas universidades de España, y todos
aquello farmacéuticos que por su ilustración eran reputados como
hombres eminentes en la ciencia; los más distinguidos farmacéuticos
y catedráticos han intentado en estos últimos años dar á los estudios
de nuestra facultad la organización que requerían los modernos ade-
lantos, y lo que el público en general y las autoridades en particular
tienen derecho á exigir de esta importante profesión. Estos esfuerzos,
unas veces no han pasado de las columnas de un periódico profesional;
otras veces, más afortunadamente, han sido llevados á la práctica;
pero digamos con franqueza, en defensa de sus autores, que estos pla-
nes, que han merecido la sanción oficial, han tenido que ajustarse á
ciertas bases, por las que todos los arreglos, á pesar del buen deseo
general, no han satisfecho las necesidades de la profesión, teniendo
en contra de ellos el que han sido á cada paso alterados, por las dife-
rentes vicisitudes por que ha tenido que pasar el período de la segunda
enseñanza y por el afán de que nuestra profesión no comprendiese los
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los Profesores, con su demostrado afán de aprender, adquieran particularmente los conocimientos que han menester y la enseñanza oficial les niega; es preciso que el farmacéutico pueda ostentar pruebas, títulos fehacientes, irrefragables, de que posee los conocimientos generales de las ciencias naturales y físico-químicas, y de que sabe hacer de ellos la acertada aplicación que imperiosamente reclaman la Higiene, la Terapéutica y la Toxicología: sin tales condiciones, el farmacéutico, en vez de alcanzar el rango elevado y el prestigio que le corresponde, arrastrará una vida penosamente afflictiva; se consumirá entre la indiferencia ó el desprecio de las gentes, sin la recompensa que sus ignorados sacrificios merecen. De esta incompleta y viciosa organización de la enseñanza toma origen primordialmente el males- tar y el deplorable abatimiento de nuestra indefensa clase farmacéu- tica. Para salvarla de la gravísima situación en que se halla, son de urgente necesidad esfuerzos heroicos; debemos recabar perentoria- mente las reformas indispensables, que no han de lastimar de seguro ningun derecho preexistente.

Si VV., con el acierto y con la constancia que es de esperar de su perspicaz ingenio y del buen deseo que les reconozco, contribuyen en primer término á levantar la consideración moral de la clase far- macéutica con la ampliación de la enseñanza; si coadyuvan á redi- mirla de la abyeccion y servidumbre en que yace aplastada bajo el peso mortal de toda la afrentosa legislación especial sanitaria; si co- operan á que logre las mejoras materiales á que legítimamente aspi- ra; no duden VV. que todos los Profesores de Farmacia aprecia- rán sus esfuerzos con el entusiasta agradecimiento que por las pro- mesas que acaban de hacer les ofrece su afectísimo amigo, seguro ser- vidor, Q. S. M. B.—CÁRLOS ULZÚRRUN.—Madrid, Enero 21 de 1869.

SECCION OFICIAL.

Precedido de un notable preámbulo, que sentimos no po- der insertar por su mucha extensión, se decreta por el Mi- nisterio de Fomento las siguientes bases para la nueva le- gislación de Minas.

CLASIFICACION Y DOMINIO DE LAS SUSTANCIAS MINERALES.

Artículo 1.º Son objeto del presente decreto las sustancias útiles del reino mineral, cualquiera que sea su origen y forma de yacimien-
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to, hállese en el interior de la tierra ó en la superficie, y para su aprovechamiento se dividen en tres secciones.

Art. 2.º En la primera sección se comprenden las producciones minerales de naturaleza terrosa, las piedras silíceas, las pizarras, areniscas ó asperones, granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el yeso, las arenas, las margas, las tierras arcillosas, y en general todos los materiales de construcción cuyo conjunto forma las canteras.

Art. 3.º Corresponden á la segunda sección los pláceres, arenas ó aluviones metalíferos, los minerales de hierro, de pantanos, el esmeril, ocores y almagras, los escoriales y terrenos metalíferos procedentes de beneficios anteriores, las turberas, las tierras pirítosas, aluminosas, magnesianas y de batan, los salitrales, los fosfatos calizos, la baritina, espato fluor, esteatita, kaolin y las arcillas.

Art. 4.º Se comprenden en la tercera sección los criaderos de las sustancias metalíferas, la antracita, hulla, lignito, asfalto y betunes, petróleo y aceites minerales, el grafito, las sustancias salinas, comprendiendo las sales alcalinas y térreo-alcalinas, ya se encuentren en estado sólido, ya disueltas en el agua, las caparrosas, el azufre y las piedras preciosas.

Debe considerarse que pertenecen también á este grupo las aguas subterráneas.

Art. 5.º En todos los terrenos que contengan las sustancias expresadas por los artículos anteriores, ó otras á ellas análogas, se considerarán siempre para los efectos de este decreto dos partes distintas:

1.ª El suelo, que comprende la superficie propiamente dicha, y además el espesor á que haya llegado el trabajo del propietario, ya sea para el cultivo, ya para solar y cimentación, ya con otro objeto cualquiera distinto del de la minería.

2.ª El subsuelo, que se extiende indefinidamente en profundidad desde donde el suelo termina.

Art. 6.º El suelo podrá ser de propiedad particular ó de dominio público, y el dueño nunca pierde el derecho sobre él, ni á utilizarlo, salvo caso de expropiación; el subsuelo se halla originariamente bajo el dominio del Estado, y éste podrá, según los casos y sin más regla que la conveniencia, abandonarlo al aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del suelo, ó enajenarlo mediante un cánon á los particulares ó asociaciones que lo soliciten; pero todo ello con sujeción estricta á lo que determinan los artículos siguientes.

Art. 7.º Las sustancias comprendidas en la primera sección son de aprovechamiento común cuando se hallan en terrenos de dominio público.
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Cuando estén en terrenos de propiedad privada, el Estado, confirmando el art. 3.º de la ley vigente de minas, cede dichas sustancias al dueño de la superficie, quien podrá considerarlas como propiedad suya, y utilizarlas en la forma y tiempo que estime oportunos, sin que quede sometido á las formalidades y cargas del presente decreto.

Estas explotaciones sólo estarán sujetas á la intervención administrativa en lo que se refiere á la seguridad de las labores, según determine el reglamento de inspeccion y policía mineras.

Art. 8.º Las sustancias comprendidas en la segunda seccion estarán sujetas, en cuanto á la propiedad y á la explotacion, á las mismas condiciones del artículo precedente. Pero cuando se hallen en terrenos de particulares, el Estado se reserva el derecho de cederlas á quien solicite su explotacion, si el dueño no las explota por sí, con tal que antes se declare la empresa de utilidad pública, y se indemnice al dueño por la superficie expropiada y daños causados. Según el art. 19 establece, el que obtenga la concesion deberá pagar anualmente un cánon de 2 escudos por hectárea; pero el dueño está libre de esta carga si lleva á cabo por sí la explotacion.

Art. 9.º Las sustancias de la tercera seccion sólo podrán explotarse en virtud de concesion que otorgue el Gobierno, con arreglo á las prescripciones de este decreto.

La concesion de las sustancias á que se refiere este artículo constituye una propiedad separada de la del suelo: cuando una de ambas deba ser anulada y absorbida por la otra, proceden la declaracion de utilidad pública, la expropiacion y la indemnizacion correspondiente.

DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LAS PERTENENCIAS.

Art. 10. Todo español ó extranjero podrá hacer libremente, en terrenos de dominio público, calicatas ó excavaciones, que no excedan de 10 metros de extension en longitud ó profundidad, con objeto de descubrir minerales: para ello no necesitará licencia, pero deberá dar aviso préviamente á la autoridad local.

En terrenos de propiedad privada no se podrán abrir calicatas sin que proceda permiso del dueño ó de quien lo represente.

Art. 11. La pertenencia ó unidad de medida para las concesiones mineras, relativas á las sustancias de la segunda y de la tercera seccion, es un sólido de base cuadrada de 100 metros de lado, medidos horizontalmente en la direccion que designe el peticionario, y de profundidad indefinida para estas últimas sustancias. Para las primeras termina dicha profundidad donde concluye la materia explotable.

Art. 12. Los particulares podrán obtener cualquier número de
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pertenencias por una sola concesion, con tal que este número sea superior á cuatro. Todas las pertenencias que por su conjunto formen una concesion, deberán estar agrupadas sin solucion de continuidad, de suerte que las contiguas se unan en toda la longitud de uno cualquiera de sus lados.

Art. 13. Cuando entre dos ó más concesiones resulte un espacio franco, cuya extension superficial sea menor de cuatro hectáreas ó que no se preste á la division por pertenencias, se concederá á aquel de los dueños de las minas limítrofes que primero lo solicite, y por renuncia de éstos á cualquier particular que lo pida.

Art. 14. La pertenencia minera es indivisible en las compras, ventas, cambios ó otras operaciones análogas de los dueños de las minas.

DE LAS CONCESIONES, EXPLOTACION Y CADUCIDAD DE LAS MINAS.

Art. 15. Para obtener la propiedad de cuatro ó más pertenencias mineras, ya de la segunda, ya de la tercera seccion, se acudirá al Gobernador por medio de una solicitud en que se expresen con claridad todas las circunstancias de la concesion que se solicita.

El Gobernador, instruido el oportuno expediente según en el reglamento se determine, y demostrada la existencia de terreno franco, deberá precisamente en todos los casos, previa la publicidad necesaria para oir las reclamaciones que pudieran intentarse, disponer que se demarque la concesion, y otorgar ésta en un plazo que no exceda de cuatro meses, á contar de la fecha de presentacion del escrito.

Art. 16. La prioridad en la presentacion de la solicitud da derecho preferente; pero si se trata de sustancias de la segunda seccion, el dueño será siempre preferido si se compromete á explotarlas en un plazo que la Administracion le marque y no exceda de 30 días.

Art. 17. La demarcacion de los límites en cada concesion deberá hacerse, cumplidas que sean las condiciones del art. 15, aunque no haya mineral descubierto ni labor ejecutada.

Estas demarcaciones podrán comprender toda clase de terrenos, edificios, caminos, obras, etc., siempre que los trabajos mineros se ejecuten con sujecion á las reglas de policía y seguridad.

Art. 18. Cuando el objeto sea ejecutar galerias generales de investigacion, desagüe ó trasporte, se solicitarán las pertenencias necesarias, siempre que hubiere terreno franco, como en las demas concesiones; pero si estos trabajos hubieren de atravesar pertenencias ya concedidas, el empresario deberá ponerse de acuerdo préviamente con los dueños respectivos, y concertar todas las demas condiciones para el caso de encontrar mineral.
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Si los dueños de las pertenencias se opusieran á la ejecucion de dichas galerías, no podrán éstas llevarse á cabo, á mémos que no se instruya expediente de utilidad pública.

Art. 19. Las concesiones para la explotacion de sustancias minerales son á perpetuidad, mediante un cánon anual por hectárea, que se fijará en la siguiente forma:

Para las sustancias de la segunda seccion, 2 escudos; para las metalíferas, exceptuando el hierro, y para las piedras preciosas, 15 escudos; para las sustancias combustibles, el hierro y todas las demas de la tercera seccion, 5 escudos.

El cánon deberá pagarse desde la fecha en que la concesion se haga: mientras el dueño de la mina satisfaga puntualmente dicha cantidad, la Administracion no podrá privarle del terreno concedido, sea cual fuere el grado en que lo explote.

Art. 20. Si en un mismo terreno existen sustancias de la segunda y de la tercera seccion, y es imposible explotar ambas á la vez, se concederán al primer solicitante, sea el que quiera.

Si éste solicita explotar las sustancias de la tercera seccion, podrá extender sus trabajos mineros á las de la segunda; pero si la peticion se refiere á estas últimas, agotadas que sean, necesitará el interesado nueva concesion para explotar cualquiera de las de la tercera.

Art. 21. Los mineros podrán disponer libremente, como de cualquier otra propiedad, de cuantos derechos se les aseguran por el presente decreto. Se exceptúan los productos minerales estancados, sobre los que se observarán las reglas que rigieren en la materia mientras subsista el estanco.

Art. 22. Los mineros explotarán libremente sus minas sin sujecion á prescripciones técnicas de ningun género, exceptuando las generales de policía y seguridad. Para afirmar el cumplimiento de estas últimas, la Administracion, por medio de sus agentes, ejercerá la oportuna vigilancia.

Art. 23. Las concesiones mineras sólo caducarán cuando el dueño deje de satisfacer el importe de un año del cánon que le corresponda, y que perseguido por via de apremio no lo satisfaga en el término de 15 dias ó resulte insolvente.

En este caso se declarará nula la concesion y se sacará la mina á pública subasta: de la cantidad que se obtenga, la Administracion retendrá la suma que se le adeudaba, los gastos originados y el 5 por 100 del total: el resto se entregará al primer dueño.

Si no dieran resultado tres subastas sucesivas, se declarará el terreno franco.

Hasta que el dueño de la mina participe al Gobernador su desis-
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timiento ó abandono, permanecerá sujeto á las cargas y prescripciones de este decreto y de los reglamentos para su ejecucion.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MINEROS.

Art. 24. Todo minero deberá facilitar la ventilacion de las minas colindantes; estará sujeto á la servidumbre del paso de aguas de dichas minas hacia el desagüe general, y asimismo á las reglas de policía que en el reglamento especial se determinen. Pero en todas estas servidumbres procederá la correspondiente tasacion é indemnización.

Art. 25. Para ejecutar galerías de investigacion, transporte ó desagüe se seguirán las reglas que marca el art. 18.

Art. 26. Todo dueño de minas indemnizará por convenios privados ó por tasacion de peritos, con sujecion á las leyes comunes, los daños y perjuicios que ocasionare á otras minas, ya por acumulacion de aguas en sus labores, si requerido no las achicase en el plazo de reglamento, ya de otro modo cualquiera por el cual resultare menoscabo á intereses ajenos dentro ó fuera de las minas.

Entre los perjuicios ocasionados se contarán siempre los que correspondan al tiempo que tarde en verificarse el desagüe, y ademas entregará el causante al dueño de la mina perjudicada una parte de los beneficios obtenidos, si los hubiere, á juicio de peritos.

Art. 27. Los mineros se concertarán libremente con los dueños de la superficie acerca de la extension que necesiten ocupar para almacenes, talleres, lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escombros ó escorias, instalacion de máquinas, bocaminas, etc. Si no pudieran avenirse, ya en cuanto á la extension, ya en cuanto al precio, el dueño de la mina solicitará del Gobernador la aplicacion de la ley sobre utilidad pública.

En los informes del Ingeniero y de la Diputacion se tendrán en cuenta y se apreciarán como corresponda: primero, la necesidad de la expropiacion; segundo, las ventajas que por una y otra parte ofrecen, ya la explotacion de las minas, ya el cultivo ó explotacion del suelo, para poner en claro de este modo cuál de ambos intereses debe ser atendido.

En todo caso deberá preceder al acto de expropiar la correspondiente indemnización.

Art. 28. Los mineros son dueños de las aguas que encuentren en sus trabajos. Una ley especial fijará reglas sobre el aprovechamiento de las corrientes subterraneas y sobre los derechos de los particulares por cuyas pertenencias atraviesan.

Art. 29. Un reglamento de policía fijará detalladamente los debe-
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res y derechos de los mineros, así como las atribuciones de la Administracion, y muy principalmente los preceptos de salubridad pública á que estarán sujetas todas las minas.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 30. Los actuales dueños de minas podrán optar libremente entre la ley que hoy rige y este decreto, con tal que ningún denuncio contra dichas minas se halle en tramitación. Desde el dia en que se acogan al presente decreto y comiencen á pagar el cánón correspondiente, adquieren la mina á perpetuidad.

Art. 31. En el mismo caso se encuentran todos aquellos que tengan expedientes de registro en tramitación.

Art. 32. Se derogan todas las prescripciones de la legislación actual contrarias á lo que se dispone en este decreto. Las disposiciones restantes, tanto de la ley como del reglamento, se declaran subsistentes, sin perjuicio de lo que en su dia se determine.

Art. 33. El Gobierno presentará á las Cortes un proyecto de ley de minería.

Madrid, 29 de Diciembre de 1868.—El Ministro de Fomento,
MANUEL RUIZ ZORRILLA.

REVISTA DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA.

(De nuestro corresponsal de Lóndres.)

ESPARADRAPO FENICO.

El profesor Lister de Glasgow, habiendo observado que según los últimos experimentos de Pasteur, el ácido fenico impedia la formación ó desarrollo de los gérmenes que determinan la putrefacción, se propuso aplicar esta manera de ver á la cirugía, y con efecto, lleva sobre esta materia publicada una gran serie de artículos, dedicados á la defensa de esta doctrina y á la adopción de una medicación especial en sus propiedades antisépticas.

El Sr. Lister ha observado la marcha que las ulceraciones llevan en las distintas fases que pueden presentar, y ha visto que, si á una