Revista semanal de agricultura (1852-07-11 00:00:00), página 4

el gobierno, es una cuestión importantísima que debe tocarse aquí, y que se ha agitado en todas partes por espacio de muchos años; habiéndola decidido en favor de los primeros los cálculos mas esquisitos del raciocinio, y el resultado de una larga y reiterada experiencia.

Si consideramos al gobierno en su esencia y como el ser moral que dirige los diferentes ramos de la administración pública, sacaremos por consecuencia que aquel no tiene por su misma naturaleza otros medios para conservar y promover la riqueza y el bienestar de los gobernados, que la parte de esta propia riqueza con que le contribuyen los súbditos para el desempeño de la administración pública, principio constante, que se deriva del origen de toda humana sociedad, y que es tan invariable como su misma existencia. Luego los gobiernos no son otra cosa, en la parte relativa á la prosperidad y fomento, que administradores encargados de promoverla y conservarla: los gobiernos son, pues, por la razón y la pública conveniencia, los directores, los árbitros de tan arduo empeño; pero no pueden ser los ejecutores de todas las empresas que son necesarias y concurren á formar los elementos de la prosperidad pública. Si los gobiernos descendieran á ejecutar por sí, y á costa de las rentas del Erario, todas las empresas de utilidad y de ornato que se ofrecen en el vasto teatro de su administración, no bastarian cien mil empleados, ni los mayores sacrificios pecuniarios de parte de los súbditos, para sufragar á tantas y tan multiplicadas atenciones. Ha sido, pues, necesario, y la economía y buen régimen lo ha dictado, que los gobiernos se reserven la dirección suprema, el impulso universal de la administración, la vigilancia y la inspección de todos los ramos, y que admitan al mismo tiempo, para la ejecución de las empresas de prosperidad y de riqueza, los servicios de aquéllos particulares cuyos intereses, estando de acuerdo con los del público, emplean su crédito y caudales en utilidad recíproca; esta cuestión podrá muy bien no haberse tratado en materias como la presente entre nosotros; pero no es una cuestión nueva ni arriesgada: ella se funda en los hechos, y la política y la economía pública la reconocen como base en que descansa la existencia de los Estados. El gobierno arrienda, subasta, enagena los ramos de la administracion, según juzga conveniente. Contrata alzadamente las obras públicas, y pone en juego el interes privado con el beneficio comun: la combinación de estos intereses es su obra; en eso consiste su inspeccion y el uso de su poder.

No se concibe en qué se fundan los que creen que las obras de utilidad general son esencialmente nacionales, ó, lo que es lo mismo, que su proyecto y ejecucion pertenecen esclusivamente al gobierno; pero es fácil conocer que la magnitud de las obras es la que les persuade que solo el crédito y los medios de un gobierno son capaces de acometerlas. ¡Ojalá que ningun gobierno se viese en la precision de costearlas, pues un barómetro infalible del crédito de un gobierno es la concurrencia de licitadores para estas empresas! Así, cuando muchos creen que un Estado prospera porque sufraga estos gastos para obras de utilidad, creen en un error, pues es la falta de licitadores, nacida del poco crédito, la que puede obligar á un gobierno á efectuar con sus propios fondos las empresas útiles.

Exáminese ahora qué es un canal. Un canal no es otra cosa que una obra de pública utilidad, una obra que interesa esencialmente á la industria y á la agricultura; pero que no ofrece al Erario un producto directo é inmediato; una obra, en fin, dirigida mas bien para aumentar la riqueza de los particulares, que las arcas del gobierno: luego considerando el punto bajo este aspecto especulativo, no puede ser tan ventajoso para el gobierno ejecutarle con sus propios fondos, como el que lo ejecuten otros; lo primero, porque el gobierno, no teniendo en ello otra mira que el incremento de la prosperidad pública, esta mira se llena con la construcción de la obra; y lo segundo, porque, no reportando un interés inmediato en su ejecución, sería obrar contra sí mismo el preferir el empleo de sus caudales al de los licitadores particulares.