Revista semanal de agricultura (1851-12-15 00:00:00), página 12

que sin alterar su esencia, facilite su aplicación general.

Hecha esta advertencia, el Gobierno propone como garantía para los capitales que se inviertan en los caminos de hierro, las siguientes:

1.ª La responsabilidad general del Estado.
2.ª Los productos de los caminos mismos.
3.ª La subvención voluntaria que acepten las provincias por medio de sus diputaciones, representada en el recargo de un tanto por ciento sobre el cupo de sus contribuciones, y que repartido a los pueblos, puedan estos cubrir su parte, bien exigiéndola de los contribuyentes si estos se avienen, bien con arbitrios establecidos o que se establezcan con sujeción a instrucciones.
4.ª La suscripción voluntaria de los pueblos en acciones, cuyos dividendos e importe podrán cubrir con los arbitrios que elijan, y entre ellos, con la venta de bienes de propios verificada en los términos establecidos por las leyes e instrucciones vigentes.

El gobierno de S.M. opina y propone que estas garantías estén presentadas por un signo común que las comprenda todas y sea de fácil aplicación, como ha dicho, a todos los sistemas económicos de construcción que se adopten. Este signo podrá ser un nuevo papel, que se llamará acciones de caminos de hierro, las cuales se crearán a medida que se necesiten para las concesiones que se otorguen, y ganarán un interés y tendrán una amortización convencional entre el Gobierno y los adquisidores; interés y amortización que podrán variar entre sí dentro de los límites del 7 por 100 por ambos servicios.

Por este medio, cuando se trate de una línea que haya de construirse por cuenta del Estado en la totalidad de su coste, o bien si se trata de otra en que solo haya de pagar una parte por vía de subsidio, y en representación, por ejemplo, de las obras de arte, desmontes y terraplenes que los gobiernos ponen en algunas empresas, la aplicación de las acciones de ferro-carriles no ofrece dificultad. Y si en distinto supuesto se tratase de otras concesiones o empresas llamadas de subvención por el todo o por una parte, en las cuales el Estado se obliga a reconocer y pagar un rédito ó una amortización a los capitales invertidos, tampoco se ve inconveniente en que, construidas las obras y reconocido el capital, se reemplacen las acciones particulares de la compañía por estas que el Gobierno expere dirá con el sello de la responsabilidad legal del Estado.

Señalados estos recursos, ya podemos discutir si serán suficientes. Para hacerlo, consideraremos la entidad del gasto que habrán de satisfacer. ¿A cuánto ascenderá este gasto? Si se pide una respuesta fundada en presupuestos estudiados para la totalidad del pensamiento, esa respuesta no puede darse. Si se pidiera una opinión probable, se podría referir alguna consignada en varios escritos públicos; si, en fin, puede ser suficiente un ejemplo parcial, pero justificado; para formar un juicio razonable, entonces podremos aducir uno de bastante consideración, por cuanto abrazando la unión de ambos mares y de una frontera con Madrid, puede decirse que abraza la mitad del pensamiento total. Este juicio parcial puede referirse á las propuestas de construcción hechas para las líneas desde Madrid á Irún por Castilla, y desde Madrid al Mediterráneo por Almansa. Su coste está consignado en menos de 1,000 millones. Supóngase que sean 1,000, y discutamos sobre tal supuesto para inferir la suficiencia de los recursos o garantías propuestas.

Un capital de 1,000 millones invertidos al 6 por 100 de interés y 4 de amortización, exigirá que los arbitrios consignados para estos servicios produzcan 70 millones al año. Calculando ahora sobre el supuesto más desventajoso, supóngase que no contribuyendo con nada, absolutamente ninguna, las provincias ni los pueblos, quedan limitados los arbitrios á lo que produzcan los caminos. Supóngase además que los caminos no producen el 7 por 100, y reduciendo estos productos á un mínimo excesivo, supóngase que no excedan de la mitad, esto es, del 3 1/2 por 100.

Pues en estos supuestos, que seguramente no podrán desecharse por exagerados en pro del cálculo, y que, como después se demostrará, lo están en contra por mas de una tercera parte; en estos supuestos tan desventajosos, decimos, toda la responsabilidad que garantizarán los recursos generales del Estado estará representada en números por 58 millones de reales.

Trayendo ahora la comparación, no todos los impuestos y contribuciones que con leísimo aumento podrían admitir este recargo; pero comparando únicamente con la contribución de inmuebles, se verá que 58 es poco más que el décimo de 500; y que si 300 de la actual contribución equivalen, cuando más, al 12 por 100 de la renta, suponiendo una contribución de 335