Revista semanal de agricultura (1851-10-06 00:00:00), página 11

nes, y manda franquear los que se cerraron desde 1836.

• Sin participar del exagerado respeto que algunos tributan á los hechos consumados, comprendo que el tiempo y el trabajo del hombre pueden hacer tolerable una posesion mal adquirida. Estos terrenos, que solo producian abrojos y malezas, se han convertido tal vez en tierras labradas, en viñedos, en prados y en dehesas, cuyo valor centuplica acaso el que tenia el suelo en el momento de la apropiacion. Para esta transformacion fué preciso emplear mucho trabajo, pagar jornales costosos, invertir capitales de alguna consideracion, y desplegar una gran constancia y fuerza de voluntad. Restituir estos terrenos al dominio publico, sin indemnizar á sus poseedores, seria una medida insensata e injusticiable, porque en cambio de una ventaja imaginaria produciria una perdida efectiva. El particular, y por consiguiente el Estado, perderia en efecto el capital que representan las mejoras hechas en los terrenos comunes, y estos tornarian á su estado primitivo de baldios y eriales en perjuicio de la produccion y de la riqueza publica.

• Sucede á veces que la usurpacion es antigua, y para comprobarla se necesita entrar en un examen detenido de los hechos, descubrir el origen de la posesion y apreciar el valor de los titulos, complicando mas y mas las cuestiones la trasformacion que experimentaron los terrenos y los mejoramientos que en ellos hicieron los poseedores. En este caso una medida precipitada de la administracion pudiera causar perjuicios de trascendencia, y por consiguiente debe proceder con mas detenimiento, provocando y llevando á efecto un apeo formal, en el modo y forma que establece el decreto de 1.º de abril de 1846.

• Quedepues sentado que, siendo la usurpacion facil de comprobar y reciente, obran los alcaldes, ayuntamientos y mas autoridades administrativas dentro del circulo de sus atribuciones disponiendo el derribo de los ciertos, porque esta es una medida de conservacion de los terrenos comunes, y un medio de impedir que se menoscabe su aprovechamiento. Pero si es antigua y dificil de comprobar si hubo alteracion en el estado de las cosas, por haber hecho el poseedor mejoras de importancia en el terreno, en tal caso el respeto que se debe á la propiedad y al trabajo impone á los alcaldes y ayuntamientos la obligacion de obtenerse de toda medida extrema, y dar parte del hecho al jefe superior con informe razonado, para que en su vista adopte la medida que juzgue mas acertada, disponiendo, si lo cree conveniente, que se proceda al apeo y deslinde en la forma indicada. En cualquiera de estos casos no pueden los juzgados y tribunales de justicia paralizar la accion administrativa de ningun modo. Si lo intentan á favor de los interdictos posesorios de manutencion y restitucion, tropiezan con la real orden de 8 de mayo de 1839, que declara por punto general que, las disposiciones y providencias que dicten los ayuntamientos, y en su caso las diputaciones provinciales, en los negocios que pertenecen á sus atribuciones segun las leyes, forman estado y deben llevarse á efecto, sin que los tribunales admitan contra ellas los interdictos posesorios que quedan nombrados. Que esta disposicion se extiende igualmente y es aplicable á las providencias de todas las demas autoridades administrativas superiores e inferiores, está fuera de toda duda, porque asi lo resolvio el Consejo Real en 1.º de julio de 1846 con motivo de una competencia entre el jefe politico de Murcia y el juez de primera instancia de Mula. Tampoco puede la autoridad judicial entorpecer la accion de la administrativa, requiriéndola de inhibicion y provocando la contienda de competencia, porque le está prohibido tomar la iniciativa y suscitar conflictos de esta especie. Sobre este punto están terminantes el decreto de 6 de junio de 1844, el articulo 2.º del de 4 de julio de 1847, y diferentes resoluciones del Consejo Real, que seria largo citar. Segun estas disposiciones es incuestionable que en las contiendas de atribucion y jurisdiccion entre las autoridades administrativas y los tribunales ordinarios y especiales, solo los jefes politicos, y hoy gobernadores de provincia, pueden promover la competencia; bien que en todo caso queda á salvo el derecho de las partes interesadas para deducir las declinatorias que creyeren convenientes ante la autoridad administrativa, y alzarse de sus de-