Revista mensual de agricultura (1850) (1850-01-01 00:00:00), página 456

Art. 4.º Cuando el rematante no cumpliera las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el término que se le señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante.

Los efectos de esta declaración serán:
1.º Que se celebre nuevo remate satisfaciendo el primer rematante la diferencia del primero al segundo remate.
2.º Que satisfaga los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del servicio.
Para cubrir estas responsabilidades se le rendirá siempre la garantía de la subasta, y aun podrá secuestrársele bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella no alcanzare.
No presentándose proporción admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la administración á perjuicio del primer rematante.

Art. 5.º Quedan exceptuados de las solemnidades de las subastas y remates públicos:
1.º Los contratos que no excedan de treinta mil reales en su total importe, ó de seis mil las entregas que deban hacerse anualmente, si el contrato se verifica por uno de los ministros de la corona ó por las direcciones generales.
2.º Los contratos que no excedan de diez mil reales en su total importe, ó sea de dos mil las entregas anuales si el contrato se celebra por delegación en las provincias y se autorizase para ello por el gobierno ó su delegado.
3.º Los contratos sobre objetos cuyo productor disfrute de privilegio de invención ó introducción.
4.º Aquellos que sean sobre artículos en que no haya mas que un solo productor.
5.º Los que versen sobre objetos de que no haya sino un solo poseedor.
6.º Los contratos en que por conceder protección á diferentes productores aventajados se distribuya entre los mismos un servicio, ó cuando por circunstancias especiales convenga confiar la elaboración á productores determinados por su habilidad ó perfeccionamiento de sus obras.
7.º Los contratos de reconocida urgencia que, por circunstancias imprevistas, demandaren un pronto servicio que no dé lugar á los trámites prefijados.
8.º Los que se verifiquen después de dos subastas consecutivas sin haber licitadores con tal que no se exceda el tipo fijado en las condiciones.
9.º Los contratos de naturaleza reservada, y de los cuya publicidad pudieran perjudicarse los intereses del Estado.
10. Los contratos de explotación, fabricación ó abastecimiento que se hagan por vía de ensayo.
11. Los que tengan por resultado ajustar el flete de buques si se verifique el curso de la plaza por medio de los correderos, así como el seguro de los cargamentos.
12. Los que se celebren para la conducta y trasportes de los fondos del tesoro.
Para celebrar cualquiera contrato de los mencionados en este artículo, deberá preceder un real decreto de autorización expedido con acuerdo del Consejo de Ministros.

Art. 6.º Para los contratos designados en el artículo anterior, se formará previamente el pliego de condiciones, incluyéndose entre ellas la garantía acomodada al caso que haya de prestar el contratista. Su validez dependerá siempre de la aprobación superior, en el orden ascendente de las autoridades ó funcionarios que celebren dichos actos, y cuando el contrato lo hubiese hecho el ministro correspondiente, se acordará dicha aprobación en consejo de ministros.

Art. 7.º Las disposiciones contenidas en el artículo precedente, no serán extensivas á los casos que una necesidad de fuerza mayor obligue á la administración á contraer los compromisos mencionados ni á los que estén previstos en los reglamentos generales de los respectivos servicios.

Art. 8.º En los pliegos de condiciones, mencionados en los artículos 2.º y 6.º, deberán prevérsese los casos de faltas de cumplimiento por parte de los contratistas, determinando la acción que haya de ejercer la administración sobre las garantías y demás medios por los que se hubiese de compelir á aquellos que cumplan sus obligaciones y á que resarzan los perjuicios irregados por dicha causa.
Cuando ocurriesen tales casos, las disposiciones gubernativas de la administración serán ejecutivas, quedando á salvo el derecho de los contratistas para dirigir sus reclamaciones y demandas por la vía contencioso-administrativa.

Art. 9.º Las multas y demás indemnizaciones á que dieren lugar los contratistas serán efectivas gubernativamente:
1.º Sobre las sumas en metálico ó en efectos de la deuda del Estado que estuviesen consignados en garantía de sus obligaciones.
2.º Sobre cualquiera otra clase de efectos ó bienes dados en afianzamiento, ó especialmente hipotecados por los mismos contratistas ó sus fiadores.
3.º Sobre los demás bienes que á unos y á otros pertenecieron.

Art. 10. En la ejecución y venta de los bienes en que haya de hacerse efectiva la responsabilidad de los contratistas y sus fiadores, se procederá sumariamente, y por los trámites de la vía de apremio, con arreglo á lo que para la recaudación de tributos, rentas y créditos del fisco establecen las leyes ó instrucciones de hacienda pública.

Art. 11. Ningún contrato celebrado con la administración podrá someterse á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos por la vía contencioso-administrativa que señalan las leyes vigentes.

Art. 12. La compra de efectos que se han de recibir inmediatamente para todos los servicios y obras públicas, podrá verificarse y quedará justificada por una cuenta simple ó factura del proveedor, acompañadas del recibo correspondiente, siempre que su importe no exceda de los límites que señalan los reglamentos respectivos. Lo propio se verificará con el giro y movimiento de caudales.

Art. 13. El gobierno queda autorizado para que pueda aplicar las disposiciones de la presente ley por medio de reglamentos á los servicios y obras públicas provinciales y municipales que estime conveniente.

Madrid, 29 de diciembre de 1850.—Manuel de Seijas Lozano.