Revista mensual de agricultura (1850) (1850-01-01 00:00:00), página 395

cusion asegura desde luego el triunfo de un sistema que asentará sobre el sólido cimiento de la ley y de la confianza el edificio durable de nuestro crédito territorial.

Madrid 9 de noviembre de 1849.—Luis Mayans, presidente.—José María Unat.—Juan Antonio Seoane.—Juan de Iriza y Moya.—Juan María Aparicio.—José Magaz.—Francisco del Muro y Prieto.—Luis María de la Torre y Hoz, secretario.

VOTO PARTICULAR

Señores:

Bajo tres diferentes fases tiene que ser mirado el sistema hipotecario; el censo general de las fincas rústicas y urbanas del Estado, el impuesto sobre estas, y el conocimiento de aquellas que hayan adquirido la responsabilidad de algún gravamen ó carga á que queden afectas. La confusión de estas fases de aquel sistema hace que no se pueda discernir lo que en cada una deba haber perteneciente al régimen hipotecario.

Indudablemente que la base de este, así como de todos los sistemas económico-políticos, debe fundarse en el censo de todas las fincas rústicas y urbanas; este constituirá el cimiento de la estadística, de la cual se derivan la de todas las demás propiedades y productos; su falta no solo impide la existencia de un buen sistema hipotecario, sino que llega hasta á perjudicar los intereses públicos y privados, desnaturalizar las bases de los impuestos y obstruir los elementos de la riqueza pública. De aquí, la primera necesidad de la nación es un censo de todas las propiedades, empezando por las rústicas y urbanas.

Mucho se ha discutido sobre los medios de realizarlo y las dificultades prácticas con que se tropieza; pero, no siendo nuestro objeto, y creyendo que algún día se logrará, nos complace solamente asentar «que el censo de las fincas del Estado es el primer elemento del sistema hipotecario; que toda nación se halla obligada á formarle sin carga ni gravamen especial de los propietarios sujetos á las contribuciones generales, y que, para hacerlo con acierto y economía, debe dividirse por demarcaciones, pueblos, partidos, distritos y provincias.» Así, en cada población había de saberse y permanecer constantemente el estado de las fincas rústicas y urbanas comprendidas en su demarcación; en cada partido, las de todos los pueblos que lo componen con su respectiva distinción y división; y, en cada provincia, las de todos los partidos con la claridad y diferencia conveniente de estos, sus pueblos y demarcaciones. Establecida tan importante parte de la estadística, facilmente se anotarían las trasmisiones y variaciones de dominio, aumento ó pérdida de fincas; pues cada escribano que otorgase escritura de traslación de dominio, y cada dueño que tomase nueva posesión de este, quedarian obligados á pasar una nota simple, firmada, al funcionario encargado del censo en su pueblo ó demarcación para la consiguiente rectificación de aquél.

Un gran libro del censo de las fincas rústicas y urbanas de todo el reino completará el catastro general, con el que se echarían las bases del sistema hipotecario, y lo que es mas, del sistema económico-político del Estado. Mas; siendo la formación del censo, como hemos dicho, una obligación de la administración pública, y que habiendo de comprender á todas las propiedades y sus rendimientos, deben sus gastos salir de la masa general de las contribuciones; nada ha de gravar para este objeto sobre ninguna especialmente, y mucho menos sobre las fincas de que tratamos. El gobierno, pues, debe esforzarse a formar el censo de la riqueza pública, cuyo elemento son las fincas rústicas y urbanas. Entonces se conocerán estas, sufrirán los impuestos que las toquen, con proporción, equidad y justicia, y, en el censo, hallará el sistema hipotecario su cimiento, de que ahora carece.

Repetimos, empero, que, siendo una de las primeras obligaciones del gobierno formar el censo, no debe cargar estos gastos á objeto alguno especial, sino extraerlos de la masa general, como que es en beneficio de todas las propiedades y ganancias, y de todos los ramos de la riqueza pública. Por esto no puede su formación ser once-rosa á los propietarios que, por su parte, deben hallarse interesados en su realización.

Las fincas rústicas y urbanas estarán, pues, solamente obligadas á la satisfacción de las contribuciones que á la clase de tales corresponda, como la actual de inmuebles, cultivo y ganadería, de que no nos toca hablar; pero á ninguna especial que grabe su libre ejercicio y circulación, del mismo modo que tampoco lo deben estar las demás propiedades. Toda excepción en este punto es una injusticia, al mismo tiempo que se opone á los verdaderos principios económicos, y que destruye además la riqueza pública. Los que han mezclado algún impuesto en el sistema hipotecario, que sólo debe tender á formar el crédito territorial, han destruido este y viciado aquel, minándole por sus cimientos. Es digno de proscribirse todo gravamen, contribución ó impuesto exigido á los actos de traslación de dominio, y á los contratos resultantes de este, pues traba la libre circulación, grava el capital y no sus utilidades, que todavía desconoce el dueño, y, encareciendo la propiedad, se opone á la riqueza pública.

De esta naturaleza adolece el denominado impropiamente derecho de hipoteca, establecido en 23 de mayo de 1845. La corta retribución que, para el registro de las fincas, gravadas se cobraba desde el siglo pasado á las que, por serlo, habían de registrarse en las oficinas de hipotecas, produjo el singular arbitrio de que, confundiendo aquella con el de tributo, se generalizara á todas las fincas y contratos, causando uno de los mayores perjuicios que puede recibir la agricultura, destruyendo el sistema hipotecario, que ya no podría servir de base al crédito territorial, y dificultando la formación del censo; pues el peor medio de conseguirlo es hermanarlo con exacciones de que deben huir los propietarios, que dejan de ver intereses en dicho censo. Suprimir, pues, el derecho de hipoteca, es una necesidad, si se quiere que haya sistema hipotecario y crédito territorial.

Entrando ya de lleno en esta cuestión, sentamos por principio consistir el sistema hipotecario en «aquél régimen de leyes que, fundando el crédito territorial, facilite el conocimiento de las fincas puestas en circulación, los gravámenes á que