Revista mensual de agricultura (1850) (1850-01-01 00:00:00), página 398

te de sus créditos y designación de las fincas hipotecadas con sus límites y circunstancias.

«No debe devengar la inscripción derecho alguno, ni hacerse en papel sellado, y solo deberá satisfacer el deudor una módica retribución por el trabajo y libros del funcionario encargado, quien bará el extracto en vista de la escritura original ó una de copia auténtica que se le presente, á cuyo pie anotará la toma de razon.

«Cuidará dicho funcionario de llevar sus libros con índices que puedan fácilmente descubrir las fincas por sus situaciones, clases y nombres de sus dueños.

«El término para la toma de razon será el de quince días desde la fecha de la escritura, dentro del cual el escribano otorgante la remitirá al registro, al cual acudirán los interesados á recogerla con su anotación referida.

«El secretario de ayuntamiento llevará en todos los pueblos un libro de toma de razon de hipotecas que le será entregado por el jefe político de la provincia, foliado y rubricado en todas sus hojas, en que inscribirá por su orden todas las fincas que se hipotequen en aquella demarcación municipal.

«Dicho secretario de ayuntamiento remitirá cada mes al que lo sea del de la capital del partido, certificación simple con el V.º B.º del alcalde y procurador síndico de los asientos del referido libro de hipotecas durante aquel mes. Se formará con estos, otro libro comprensivo de todas las hipotecas registradas en los pueblos de aquel partido.

«El secretario del ayuntamiento de la capital del partido remitirá en iguales términos certificación simple mensual de todas las inscripciones hipotecarias de los pueblos de su partido, al que lo sea de la capital de provincia, el cual además del suyo, tendrá otro libro comprensivo de las hipotecas registradas en los pueblos de todos los partidos de su referida provincia.

«Una módica retribución y proporcionada al coste de los libros, trabajo y diligencias de la anotación del registro público, sufragará los gastos y dependientes necesarios, conforme á lo que ya se ha dicho.

«En el sitio acostumbrado de las casas consistoriales se publicarán las inscripciones hechas durante el mes y permanecerán allí todo el siguiente. Igual publicación se hará en el pueblo en cuyo término se hallen sitas las fincas, ó residiese el deudor, si no fuese el de la inscripción, á cuyo fin se remitirá certificación simple de ella al encargado de aquel pueblo.

«Los interesados podrán sacar, siempre que gusten, las notas ó certificaciones que les convenga; se dara también razón del estado de las fincas registradas á los que la pidiesen; pero para obtener certificación habrán de solicitarlo bajo su firme esponiendo el objeto, á no ser los referidos interesados.

«La cancelación de las inscripciones se verificará por haber cumplido sus condiciones, ó pasado su término, ó á voluntad de las partes en cualquiera época, ó por sentencia judicial seguirá siempre las mismas formalidades señaladas para la inscripción y la misma publicidad que esta hubiese tenido.

«Un reglamento especial del registro de hipotecas arreglará bajo las bases anteriores los demás pormenores convenientes.»

En conclusión, recopilaremos los puntos principales sobre que creemos deber fundarse la reforma del sistema hipotecario en estos términos:

Que el gobierno debe formar un censo general de las fincas rústicas y urbanas en favor y sin gravamen de los propietarios, el cual, sirviendo de cimiento á la estadística nacional, sea el elemento del sistema hipotecario.

Que jamás debe fundarse este en clase alguna de impuesto, ni contribución; pues contraria sus fines e imposibilita los medios de conseguirle, por lo que le es perjudicial el derecho de hipotecas creado en 23 de mayo de 1845.

Que debe establecerse en cada pueblo, partido y provincia una oficina para inscribir en los libros del registro público todas las fincas que adquieran algún gravamen sin otro coste que el de su módico gasto; las cuales oficinas pueden combinarse con las del censo general, ó pender de la municipalidad.

Que toda hipoteca general, legal ó tácita se reduzca á especial y pública de que se tome razon en las oficinas del registro; la dotal por convención de los padres ó familia de ambos cónyuges; la tutorial entre el tutor y la familia del pupilo; la fiscal y de corporaciones por acuerdo anterior entre estas y sus contratistas, administradores ó empleados responsables; y la que tiene el fisco en los bienes de los contribuyentes deudores, sobre sus frutos, mas no sobre la finca, según queda todo talmente explicado en su lugar.

Que las hipotecas legales queden equiparadas con las demas, caducados los derechos y privilegios que las competían; y adquiridos por el menor los de mayor edad á la de 18 años cumplidos.

Que los libros del registro público sean llevados con la debida uniformidad por pueblos, partidos y provincias, con la clasificación de las fincas, sus situaciones, valor y nombre de sus dueños, y bajo las reglas que en su lugar hemos prefijado.

Que se dé publicidad en los periódicos oficiales de la población y provincia, y mensualmente en los sitios públicos acostumbrados de estas, á todas las inscripciones hechas en el registro de hipotecas, y lo mismo a sus cancelaciones, no solo donde estas radiquen, sino en el del domicilio del deudor, si fuere diferente del de aquellas. Y que toda venta de finca hipotecada se haga ante la autoridad judicial y en pública subasta en ambos puntos.

Que vuelvan al Estado los oficios de hipotecas enagendados de la corona, resarcido su valor á los dueños con fincas de propios, comunes, baldíos o bienes nacionales.

Que, declarada libre la estipulación de intereses y establecidas las reglas del préstamo, se haga público el oficio de prestamista, exigiéndole la debida formalidad en sus libros de anotaciones, débitos, prendas é hipotecas, é incluyéndole en el catalogo de contribuyentes.

Que, bajo las bases de sencillez, brevedad y buena fe se reformen los procedimientos sobre deudas, haciendo menos complicados sus trámites, tercerías, pruebas y ejecuciones; y que se establezca la detención de los deudores por vía de apremio en establecimientos adecuados y combinados con ocupaciones que rindan para su manu-