Revista mensual de agricultura (1850) (1850-01-01 00:00:00), página 455

es tambien el resultado de la observacion y la experiencia en los paises en que esta materia se ha regularizado convenientemente.

La diferente naturaleza y hasta el distinto motivo de los servicios que pueden ser objeto de contratacion entre el gobierno y los particulares, persuaden, con efecto, que si bien deben estar basadas las transacciones de este genero en principios que sean comunes, ni sus excepciones ni las reglas de aplicacion pueden ser las mismas sin distincion para todos los ramos de la administracion publica.

Por otra parte, el caracter determinante de la misma administracion, que se distingue por la rapidez de su accion y por la sencillez de sus formas, indica la necesidad de que la ley de contratacion sea un instrumento acodado á los fines que el gobierno debe llenar; y es claro que tanto mejor satisfara aquella obligacion, cuanto procure, ademas del fin propuesto, preservar la administracion algunas facilidades, que no estan reñidas con la severidad del principio sentado, y tienden esencial y directamente á obtener el mayor beneficio posible para el Estado y el publico.

De las consideraciones que acabé de indicar, y sin necesidad de esplanarias, se deduce que debe procurarse que la ley de contratacion tenga en si misma toda la posible flexibilidad á fin de que su aplicacion á los diversos y variados ramos que constituyen la publica administracion sea facil y tan exenta de dificultades como conviene al mejor servicio del Estado.

En el adjunto proyecto de ley, se establece el principio general y las pocas reglas o prescripciones de aplicacion que en la misma deben consignarse. Tal es el objeto de los cuatro primeros articulos.

Los tres siguientes difieren en todos los casos que forman excepcion del principio general, señalando las limitaciones y prescripciones con las que podran tener efecto.

De los seis articulos restantes, cuatro determinan la forma, tramitacion y los medios de que debera valerse la administracion para compelir á los contratistas al cumplimiento de sus compromisos; y los dos ultimos tienen por objeto las compras menudas y una declaracion haciendo extensiva la ley á los servicios provinciales y municipales.

En este proyecto de ley de propósito se han dejado de incluir algunas disposiciones que en los proyectos anteriores se dirigian determinadamente á fijar las diferentes formas en que puedan celebrarse las subastas y remates publicos. Aunque en general no tengan un caracter preceptivo y sea tambien bastante holgada la accion que permiten á la administracion para concertar las contratas por subastas de la manera que se estime conveniente, les falta mucho todavía para que puedan prestarse á todas las exigencias del servicio. Seria preciso descender á bastantes por menores esenciales en la materia y reservar ademas á la misma administracion la conveniente amplitud y libertad, á fin de que, según fueren los casos ocurrentes, bage uso de unos medios con preferencia á otros, puesto que solo el gobierno es competente para decidir con el debido conocimiento cual de las formas en circunstancias y momentos dados merece que sea adoptada.

Por otra parte, todas las disposiciones regla- mentarias son de la natural y exclusiva competencia del gobierno, y siendo esta parte de suyo tan variable que la experiencia puede indicar en lo sucesivo alguna modificacion útil que conviniera adoptar, necesita aquella una prudente libertad, sin la cual no podria admitir algunas nuevas combinaciones que caben dentro de la misma ley, lo cual es tanto mas importante, cuanto que solo las circunstancias del momento son las que pueden decidir en los mas de los casos de las ventajas que ofrezcan las unas respecto de las otras.

Es indudable por lo mismo que semejantes disposiciones solo servirian en la ley de que se trata para darla una extension inutil, perjudicial á su claridad y sencillez, y embarazosa en alto grado para la administracion de muchos ramos en que ha de tener una aplicacion frecuente la misma ley.

Por ello, y autorizado debidamente por S. M., y con acuerdo del Consejo de Ministros, tengo la honra de presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley. Madrid, 29 de diciembre de 1850.—Manuel de Seijas Lozano.

PROYECTO DE LEY.

Art. 1.º Los contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras publicas se celebraran por remate solemne y publico, previa la correspondiente subasta.

Se exceptuan de esta regla los contratos que se expresan en el art. 3.º

Art. 2.º Toda subasta y remate para servicios y obras publicas se anunciará con treinta dias de anticipacion por carteles y por medio de la Gaceta del gobierno y de los boletines oficiales de las provincias respectivas.

Solo en casos urgentes podrá la administracion acortar el termino de once dias.

Al anuncio deberan acompanar los pliegos de condiciones, y cuando no pudiera hacerse se designara el sitio en que estarán de manifiesto, como tambien las relaciones, memorias, planos modelos, muestras y demas objetos cuyo conocimiento sea necesario para la debida inteligencia de las condiciones.

Especialmente el anuncio, la forma en que tendra lugar la subasta con el modelo de las proposiciones, si se han de presentar por escrito, el numero de los remates cuando hubieren de ser mas de uno, y los dias que han de trascurrir de uno á otro, las condiciones ó garantias que se exijan de los licitadores, el lugar, dia y hora, y la autoridad ante la cual ha de verificarse el acto.

Tambien debera prevenirse en el mismo anuncio para el caso en que dos ó mas proposiciones iguales dejen suspendida la adjudicacion, si se ha de verificar esta en el mismo acto ó en otros sucesivos, y en qué forma; pero no podran ser admitidos en la nueva licitacion sino los autores de las propuestas que habieren causado el empate.

Art. 3.º La adjudicacion del remate recaera siempre sobre la proposicion mas ventajosa; pero debera estar exactamente arreglada á la forma que previamente se hubiere establecido para la subasta.

El gobierno, y sus delegados en su caso, aprobaran todos los remates; mas estos no podran ser anulados sino por el gobierno, óída la seccion correspondiente del Consejo Real.