Revista mensual de agricultura (1850) (1850-01-01 00:00:00), página 393

echó raíces en Europa en los tiempos del feudalismo.

Por eso nuestros legisladores, lejos de empeñarse en aplicar con todas sus consecuencias un sistema que, llevado a la exageración vendría á convertirse en una utopía imposible, fundaron las disposiciones que rigen sobre la materia en un eclecticismo prudente. De este modo pudieron proteger delicados intereses, transigir con preocupaciones arraigadas y atemperarse á los hábitos y á la índole del carácter nacional.

Afortunadamente los escritos de jurisconsultos autorizados y el voto unánime de muchas corporaciones científicas han madurado la opinión; la experiencia, piedra de toque para todas las instituciones, pone de realce lo que tiene el sistema actual de incompleto y defectuoso; y hoy día la comisión puede lanzarse sin temor á dar un nuevo paso en la reforma hipotecaria.

Opina por lo tanto, su mayoría:
Que se adopten los principios de publicidad y especialidad, como base de las mejoras que deben introducirse en nuestro sistema hipotecario.

I.—HIPOTECAS CONVENCIONALES.

La legislación vigente no sujeta al registro mas hipotecas que las convencionales; es, sin embargo, una necesidad perentoria el que se estienda la publicidad á todo género de hipotecas. Mientras subsistan las tácticas ó occultas, nadie podrá contratar sin riesgo de que una tercera fraudulenta salga á hacer ilusorio su crédito. Verdad es que la supresión del secreto en las hipotecas legales y judiciales ha de suscitar reclamaciones y obstáculos; pero la comisión propondrá oportunamente el medio que en su sentir bastará para vencerlos.

Para que llegue á conseguir todos sus fines la publicidad, es preciso que proporcione al contratante una idea cabal de los accidentes jurídicos que alteran el valor de la finca. Así lo comprendieron hasta cierto punto los autores del real decreto de 23 de mayo de 1843. Pero no basta que se inscriban las traslaciones de dominio verificadas por venta, permuta, transacción, donación, etc., importa además que se sujeten á registro todos los actos legales que suspendan, limiten ó esti- guen el derecho de contratar. Convendría, pues, añadir á los títulos que enumera el artículo primero del decreto citado, la cesión de bienes, la espropación, las cargas de restitución ó rever- sión, las sentencias ejecutoriadas, las providencias de embargo, y las declaraciones de quiebra.

El mismo artículo exige la toma de razón de los arriendos y subarriendos. Donde señala el territorio tan dividido como en España, esta forma- lidad, jamás admitida en la práctica, es inútil, molesta y dispensable. De consiguiente es preciso que solo se sujeten á registro los arrendamientos, cuando se ponga en ellos alguna cláusula que grave la finca y limite la libertad de contratar de su propietario. Si no media esta circunstancia, la inscripción deberá ser siempre un hecho potestativo en los interesados.

Nada parece tan sencillo como lograr que sean especiales las hipotecas voluntarias. Facil es, sin embargo, eludir las disposiciones más terminantes sobre este punto. Con hacer que el valor de los bienes hipotecados exceda en mucho al importe de la obligación, se destruye el efecto mas positivo de la especialidad. Para remediar este mal, en algunos países se ha fijado la regla de que en las hipotecas convencionales no pueda exceder el valor de los bienes hipotecados del duplo del importe de la obligación; mas esta medida, no solamente es difícil y embarazosa en su aplicación, sino que coarta hasta cierto punto la libertad de los contratantes. Así que la comisión no se atreve á aconsejar que se adopte entre nosotros, persuadida como está de que un conjunto de disposiciones habilmente combinadas bastaría á corregir el mal de que se trata.

Por las razones expuestas, la mayoría de la comisión opina:
«Que toda hipoteca convencional sea pública, sujetando á registro todo acto que constituya ó «modifique el derecho de propiedad.»
«Que toda hipoteca convencional sea especi- «al, asegurando con las disposiciones necesarias «la realización de este principio.»

II.—HIPOTECAS LEGALES.

¿Las hipotecas legales son el verdadero escalo- llo de la cuestión. El carácter de secreto y generalidad que conservan todavía, daña á la confianza pública, sin garantizar la suerte de clases muy dignas de la solicitud del legislador; entorpecen la contratación, poniendo en entredicho la propiedad inmobiliaria.

Aquí se presentan dos intereses rivales que es preciso proteger y conciliar:
La seguridad de la mujer y del menor;
La de los compradores y prestamistas.
Obrar entre estos intereses una transacción, en la cual tenga que sacrificar cada uno parte de sus derechos y aspiraciones, es eludir el problema en vez de abordar decididamente su estudio y su solución. Lo que importa es combinarlos de tal modo, que las franquicias que se concedan al uno redunden en beneficio del otro........

Por todo lo expuesto, la mayoría de la comisión somete al examen de la Junta general las conclusiones siguientes:
«Que se inscriban en el registro público las «capitulaciones matrimoniales.»
«Que, antes de la celebración del matrimonio, «los padres de la contrayente, ó quien haga sus «veces, pacten hipoteca especial con el marido, «obligando nominativa y específicamente á la res- «titución de la dote y paralematas la suma de «bienes presentes, ó futuros en su defecto, que «bastan para cubrir aquellos.»
«Que el juez que discierne la tutela haga ins- «cribir en el registro público la providencia y el «acto de toma de posesión, señalando al propio «tiempo la cantidad á que asciende, según invenc- «tario, la estimación de los bienes del pupilo.»
«Que, á semejanza de lo que se practique para «asegurar la dote de la mujer, se pacte con el «tutor la hipoteca especial suficiente para garan- «tir la gestión y restitución de los bienes que ad- «ministra.»
«Que, en el caso de aumentarse después la for- «tuna de la mujer ó del pupilo por sucesión, do- «nación ó otro título cualquiera, se constituyan