La Reforma agrícola (1887-01-01 00:00:00), página 46

Art. 2.º Serán condiciones indispensables para que las excepciones puedan concederse que los terrenos á que se refieran no hayan sido arrendados ni arbitrados desde el año 1835 hasta la fecha de la reclamación; que sus aprovechamientos sean enteramente comunes y gratuitos para todos los vecinos, ó sus pastos utilizados de igual modo por los ganados de labor del distrito municipal, sin más limitaciones que las marcadas por los Ayuntamientos respectivos para que el derecho de cada uno de los vecinos no sea perturbado por el de los demás.

Art. 3.º Los terrenos exceptuados ó que se exceptúen para aprovechamiento común no podrán exceder de una hectárea y 50 áreas por cada vecino. La extensión superficial máxima de las dehesas boyales será de dos hectáreas por cabeza de ganado vacuno, y de una hectárea por cabeza de ganado asnal, mular ó caballar.

Art. 4.º Los plazos para reclamar y justificar las excepciones, á contar desde la publicación de esta ley, serán los siguientes: tres meses para incoar reclamaciones ó reproducir las que resulten extravíadas; cuatro meses para presentar los documentos justificativos de la propiedad de los pueblos y de la naturaleza y condiciones agrícolas de los terrenos.

Art. 5.º Las excepciones negadas por extemporáneas serán examinadas de nuevo y resueltas según proceda, considerándolas reclamadas en tiempo hábil, siempre que concurren los dos requisitos siguientes: primero, que las fincas á que se refieran no hubiesen sido adjudicadas á los compradores; y segundo, que lo soliciten los pueblos dentro del plazo de tres meses. Para presentar los documentos justificativos que se requieran, así como la documentación relativa á las excepciones que hayan sido negadas por falta de justificación, se concede el plazo de cuatro meses establecido por el artículo que antecede. Las resoluciones administrativas dictadas hasta la fecha se considerarán en suspensó hasta que, transcurrido dicho plazo, sean confirmadas ó revocadas según corresponda.

Art. 6.º Si las fincas objeto de las excepciones negadas por extemporáneas ó por injustificadas hubiesen sido adjudicadas á la publicación de esta ley, las ventas quedarán subsistentes y las resoluciones que á ellas se refieran serán firmes en la vía administrativa, no dándose otro recurso contra ellas que el contencioso-administrativo si el plazo establecido para entablarlo no hubiese ya espirado. Esto no obstante, los pueblos que posean otros terrenos que no hayan sido objeto de resolución podrán reclamarlos como exceptuables, justificando su derecho en los plazos marcados por el art. 4.º

Art. 7.º Las excepciones que, utilizando los plazos señalados en el art. 4.º, se soliciten y declaren procedentes, ya se refieran á reclamaciones negadas y revisadas con arreglo al art. 5.º, ya á las presentadas con posterioridad al plazo marcado en el Real decreto de 4 de Marzo de 1871, que estén pendientes de resolución y de examen, ya, en fin, á reclamaciones que se promuevan por primera vez en virtud de las disposiciones de esta ley, darán derecho á los pueblos á continuar en la posesión y aprovechamiento de los bienes que sean objeto de ellas; pero los Ayuntamientos respectivos quedarán obligados á satisfacer al Estado el 20 por 100 del valor en venta de las fincas, si hubieran sido subastadas y no adjudicadas, y el 25 por 100 de la tasación pericial, si aquel acto de pública contratación no hubiera tenido lugar ó hubiese quedado desierto.

Art. 8.º Para computar el 25 por 100 abonable al Estado en las excepciones de fincas no subastadas, á que se refiere el artículo que antecede, se admitirá obligatoriamente por el Estado y por los Ayuntamientos, como tasación pericial, la valoración con que consten en el Catálogo de montes públicos formado por el Ministerio