La Reforma agrícola (1887-01-01 00:00:00), página 140

sobre el particular la atención de los gobernantes.

Tal vez estaré equivocado en mis apreciaciones; porque cuando hombres tan caracterizados como todos los que se han hallado al frente de los destinos del país no han creído conveniente variar dicho sistema, parece cierto no haber otro mejor. Sin embargo, aunque mis escasísimos conocimientos no me permiten hacer un examen detallado de la parte buena ó aceptable que tenga el sistema actual, los resultados prácticos contrarios están al alcance de todos; y de las causas que los motivan voy á ocuparme, exponiendo después el que convendría adoptarse según mi criterio.

Las bases para la derrama de la contribución territorial son, como es sabido, las cartillas evaluatorias y los amillaramientos.

Fórmanse las primeras teniendo presente el precio medio de los productos agrícolas y los gastos que por personas peritas se consideran á las diferentes clases de cultivo, para venir á sacar el líquido imponible que ha de imponerse á cada unidad de superficie según su clasificación. Las Juntas periciales y Corporaciones municipales llevan á cabo los amillaramientos y clasifican las fincas, formando así el padrón de riqueza pública, base del repartimiento.

Á lo que parece, nada hay más arreglado á justicia y equidad que los fundamentos antes mencionados, puesto que cada contribuyente ha de pagar en justa proporción al tanto por 100 con que salga gravada la riqueza, según corresponda á su líquido imponible. Sin embargo, nada hay más lejos de semejante equidad y justicia, toda vez que el producto líquido considerado es en la mayor parte de los casos ilusorio, distando mucho del que verdaderamente se obtiene.

Prescindamos de las alteraciones en los precios de los productos, así como en los gastos de cultivo, durante el período que media entre una y otra reforma de las cartillas, porque si en un decenio perjudican al contribuyente, en otro pueden beneficiarlo, y pasemos á la clasificación de los actuales amillaramientos.

Ni en todos los pueblos ni por todas las Juntas periciales se practica como merece operación tan delicada. Por regla casi general, en vez de hacerla sobre el mismo terreno, para poder apreciar hasta los menores detalles y circunstancias de cada finca, se hace en las mismas oficinas, unas veces al cálculo y otras guiándose por aquella clasificación con que venían contribuyendo anteriormente. Es verdad que en el primer caso se necesitaría hacer gastos que las haciendas municipales no pueden sufragar, dado el lamentable estado financiero en que se encuentran dichas Corporaciones, y á la vez tiempo, de que no siempre puede disponerse, si los trabajos han de darse terminados en la época que marca la ley; y tenemos por lo tanto un amillaramiento actual defectuoso, sin que puedan hacerse más alteraciones que las naturales por traslaciones de dominio, hasta que llegue á ser un hecho el proyecto de los nuevos. A los contribuyentes que por semejantes motivos se encuentran perjudicados se agrega el de todos aquellos que por contratiempos atmosféricos han sufrido notable detrimento sus bienes, mermándose considerablemente los productos naturales con que venían figurando en el padrón de riqueza, y nos encontramos con un determinado número de propietarios en cada pueblo, á quienes se les imponen cuotas contributivas bastante más crecidas que lo que real y verdaderamente recolectan.

No se diga que á éstos les queda el recurso de tramitar en forma expediente de perjuicios, que serán resueltos á su favor por los centros superiores, porque contra estas circunstancias favorables tropiezan los Ayuntamientos con un grave inconveniente. Si los informa en justicia, baja la riqueza contributiva señalada al pueblo, y tiene precisión entonces de aumentar el tanto por 100 sobre el líquido imponible para llegar á cubrir aquella cuota; y como