La Reforma agrícola (1887-01-01 00:00:00), página 141

esta medida es ilegal, ó no informa en justicia para evitar la baja, ó sube las clasificaciones de los demás para buscar el encaje.

Presentados á grandes rasgos los defectos casi inevitables de que adolecen los amillaramientos y cartillas evaluatorias, no se crea que los perjuicios del contribuyente quedan reducidos á las consecuencias precisas de ellos. Hay en el sistema actual otras circunstancias que agravian infinitamente más su situación, y es donde se encuentra el origen de la pérdida de sus bienes para que pasen á ser propiedad del Estado en último caso.

Cuatro épocas determinadas al año, y un plazo de cinco días en cada una de ellas, fija la Instrucción para que el contribuyente satisfaga sus cuotas. Fuera de estas épocas y días señalados, se le imponen recargos que aumentan el débito en relación progresiva á los días que transcurren; se le da el calificativo de moroso: sufre las vejaciones relativas al embargo y venta de bienes muebles y semovientes, y por último, si no posee los de esta clase, como por lo general acontece, presencia, después de aumentarse más y más los descubiertos, la venta en pública licitación de unas fincas que tantos afanes le ha costado adquirir y conservar, las cuales pasan por lo común á manos del Estado por falta de licitadores.

Este sistema estaría justificado cuando todos los contribuyentes de la nación cultivasen fincas de productos diversos, de manera que en cualquier época del año tuvieran cosechas distintas que poder realizar. Pero como son muchos, muchísimos los que sólo poseen las de una clase de cultivo, la vigente Instrucción los pone en el caso, ya de echarse en brazos de la usura, que les arrebata parte ó el todo de sus ganancias, ó ya en el de aplicar al pago del trimestre lo que tenía reservado para el cultivo que abandona, siendo entonces los rendimientos de la finca bastante más escasos, y muy lejos de llegar á los que se le habían considerado en su clasificación, estableciéndose desde este momento el desnivel, y como consecuencia lógica, la ruina.

Pues bien: ¿puede haber mayor injusticia que dar el calificativo de moroso al contribuyente que por carecer de frutos que vender ó por no haberlos realizado por falta de demanda en tiempo oportuno de pagar el trimestre, no cuente con dinero para ello? ¿No debieran facilitársele los medios de pago en vez de aumentarle con recargos el descubierto?

Así se explica cómo van entrando en poder del Estado un considerable número de fincas, con perjuicio de los intereses del Tesoro; porque del cupo de contribución correspondiente á cada pueblo ó partido municipal ingresa de menos lo que corresponde á las fincas adjudicadas; y cuando llegan á enajenarse como bienes nacionales, han perdido su primitivo valor por el abandono en que han estado uno ó más años, y entonces, obrando las Juntas periciales en justicia con los nuevos poseedores, tienen que clasificarlas nuevamente en baja.

Todos estos inconvenientes y muchos otros que de ellos se derivan pudieran evitarse, en particular respecto á la contribución agrícola, adoptando como base, no el líquido imponible calculado, sino el producto real y verdadero que se obtenga.

De este modo pagaría cada año el agricultor en justa proporción á sus cosechas, desapareciendo la anomalía de que si bien aparece no contribuir, según las leyes vigentes, más que con el 24 ó el 25 por 100 sobre el líquido imponible, en realidad contribuye con el 80 ó 90, cuando no es más del 100, por las razones indicadas anteriormente.

A la vez debe facilitársele el pago, señalándole para que lo verifique la época en que se recolecten los frutos, librándolo de los vejámenes que hoy experimenta y del aumento de su cuota con los recargos de Instrucción. Poco debe importarle al que