La Reforma agrícola (1888-01-01 00:00:00), página 130

ciones negadas por extemporáneas ó injustificadas hubieran sido legalmente adjudicadas á la publicación de esta ley, las ventas quedarán subsistentes, y las resoluciones que á ellas se refieran serán firmes en la vía administrativa, no dándose otro recurso contra ellas que el contencioso-administrativo, si el plazo establecido para entablarlo no hubiese ya espirado. Esto no obstante, los pueblos que posean otros terrenos que no hayan sido objeto de resolución podrán reclamarlos como exceptuables, justificando su derecho en los plazos marcados en el artículo 6.º

Art. 9.º Las excepciones que se soliciten utilizando los nuevos plazos que concede esta ley se otorgarán, cuando procedan, con la precisa condición de que los Ayuntamientos respectivos hayan de satisfacer al Estado la cantidad que á éste correspondería en el caso de haber sido la finca desamortizada conforme á la ley de 1.º de Mayo de 1855.

Esta cantidad se fijará tomando en cuenta el valor en venta de las fincas, si hubieran sido subastadas y no adjudicadas.

En el caso de que no se hubiera llegado á verificar la subasta, se admitirá obligatoriamente por el Estado y por los Ayuntamientos, como tasación pericial, la valoración con que las fincas consten en el Catálogo de montes públicos del Ministerio de Fomento.

Cuando éstas no figuren en dicho Catálogo, ó no hayan sido valoradas por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, ó su valoración comprenda, sin distinguirlos, más ó menos aprovechamientos de los que sean objeto de la excepción, serán tasadas por peritos nombrados respectivamente por la Administración y el Ayuntamiento, siendo de cuenta de éste los honorarios y gastos de la tasación.

Art. 10. La cantidad que en el caso del artículo anterior han de abonar los pueblos al Estado será satisfecha en la forma y plazos que establecen las leyes desamortizado-
ras, á menos que cada plazo no llegue á la suma de 100 pesetas.

En este caso, el Ayuntamiento firmará tantos pagarés como fracciones de 100 pesetas compongan el total que debe percibir el Estado.

El Estado podrá, en su caso, para hacer efectivos los plazos, incautarse de los valores é inscripciones procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de Propios que el Ayuntamiento interesado tuviera constituidos en la Caja general de Depósitos, ó de las inscripciones intransferibles de Deuda pública que le pertenezcan, ó de las cargas de justicia, ó de cualesquiera otros créditos contra el Estado que le estuvieran reconocidos hasta en la cantidad concurrente al plazo ó plazos vencidos y no satisfechos.

Los Ayuntamientos quedan obligados á incluir en el presupuesto municipal de gastos las anualidades correspondientes.

La Delegación de Hacienda de cada provincia comunicará al Gobernador civil de la misma, nota de los Ayuntamientos que hubiesen contraído esta clase de obligaciones, á fin de que al aprobar el presupuesto municipal tengan conocimiento de este caso necesario.

En el caso de que los pueblos anticipasen el todo ó parte de los plazos, para lo cual quedan facultados, se les hará una bonificación de 6 por 100 de interés anual.

Art. 11. Las fincas procedentes de bienes de Propios que, conforme al artículo anterior, se exceptúen para dehesas boyales, quedarán desde luego en la categoría de bienes de aprovechamiento común, y no pagarán otro impuesto que el que á esta clase de bienes corresponda.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.