La Reforma agrícola (1884-01-01 00:00:00), página 98

al pago del cánón aceptado por la mayoría de los interesados. Las empresas tienen el derecho de adquirir los terrenos cuyos dueños rehúsan el abono del cánón. Este artículo es deficiente, pues, si es justo lo preceptuado en él, deberá ampliarse, obligando al propietario al pago del aumento de contribución en cuanto hubieran cumplido los 10 años á partir del día en que se halló en condiciones de adaptar el riego á su finca. Esto es tanto más fundado, cuanto que á los 99 años todas las obras ejecutadas pasan á ser propiedad de los regantes.

Es indudable que algunos negarán al Estado el derecho de sentar el principio que informa el capítulo 3.º de la ley vigente, en que se impone, en ciertos casos, la servidumbre forzosa de acueducto (esta se halla consignada en las consuetudines de Milan publicadas de 1216, se introdujo en España en el siglo XIII de nuestra era y fué reconocida en la ley 4, título tercero de la Partida 3.ª) y el derecho de imponer á un particular la obligación de pagar un cánón en el caso de que no quiera regar sus tierras ni de obligarle á formar parte de una comunidad de regantes contra su voluntad, etc.

Advertiré ante todo, que el gobierno no obliga á ningun propietario á regar sus tierras contra su voluntad, pero si puede compelirle á que contribuya al bien general en la medida que le corresponde, al modo como si un propietario se niega al pago de los impuestos votados por los poderes públicos se le exproplan sus fincas, según ha sucedido, por desgracia, alguna vez.

En cuanto á la cuestión de derecho, prescinidiendo de que la expropiación por causa de utilidad pública ha tenido lugar en todas épocas, según lo demuestra la historia, para que los derechos del individuo no fueran limitables y legislables por el Estado, sería preciso que esos derechos reconocidos y acatados como indis-

cutibles por el individuo, fueran en él intuitivos: desde el momento en que esto no sucede, y por el contrario, la interpretación de un hecho á veces hasta trivial es distinta entre dos hombres cualesquiera, preciso es reconocer en el Estado, representación colectiva de los individuos, no ya la facultad, sino la obligación de legislar, impidiendo al hacerlo que un individuo deje de acatar los deberes que le imponen la sociedad y el bien general de sus semejantes.

Dicho se está que si la sociedad se halla constituida por entidades inteligentes é ilustradas, el ejercicio de la libertad individual es más practicable que cuando aquellas carecen de esas cualidades. Y hay más, si todos los hombres conocieran lo que se deben á sí y á sus semejantes, jamás el derecho de un individuo sería incompatible ni lucharía con los deberes que le exige la vida social, del mismo modo que si el Hacedor concediera en un instante dado á todos los astros un alma inteligente y libre, permitiendo á los cuerpos celestes elegir las órbitas de sus futuros derroteros; si el espíritu de esos pobladores de la gran sociedad universal estuviera exento de error, cual no sucede en los hombres, todos ellos continuarían la misma marcha que hasta hoy han seguido: de lo contrario eligiendo cada cual un rumbo caprichoso y arbitrario, esos seres, que entonces ya no se hallarían sujetos á las trascendentales leyes de la atracción universal, caerían unos en el circulo de atracción de otros, produciéndose, la destrucción de los cuerpos que se hubieran desviado de las órbitas que les señalará la Providencia y por fin el trastorno general del Universo. Con objeto de evitar esos choques en los circulos en que se mueven los individuos es preciso reconocer en el Estado la facultad de dirigir la acción del individuo, cuando éste quiere anteponer su libre albedrio al bien de la colectividad.