El Progreso agrícola y pecuario (1929-12-07 00:00:00), página 13

Centros especializados que estudien los problemas concernientes a la provincia, tales como los que se dediquen al estudio de la ampelografía, la enología, la olivicultura, la elayotecnia, la praticultura, la industria de la sidra, el cultivo del arroz, del naranjo, de las industrias lácteas, de la avicultura, de la apicultura, etc., etc.

G) La enseñanza post-escolar a los hijos de los agricultores de las cuestiones encomendadas a los Centros anteriores.

H) El establecimiento y conservación de paradas de sementales de todas las especies ganaderas.

I) El servicio de libros genealógicos y control lechero.

J) La organización de concursos locales y provinciales de ganados.

K) El mejoramiento de las condiciones sociales del agricultor mediante el estudio de la higiene rural, la habitación, el vestido, los alimentos, la crianza y educación de los niños, los recreos, etc., etc.

L) La difusión del Crédito agrícola, cooperando a la obra del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, en la forma establecida para las Cámaras Agrícolas por las disposiciones vigentes.

M) El estudio de los medios conducentes para la parcelación de la propiedad o para la concentración parcelaria más conveniente a los intereses agrícolas y sociales de la provincia.

N) La divulgación, estudio y estímulo para combatir las enfermedades de las plantas y de los animales.

Art. 15. Las Diputaciones de provincias contiguas podrán agrupar los Servicios agropecuarios que así convengan al interés común, concertando entre ellas las condiciones en que se realice la agrupación.

Art. 16. Los Consejos provinciales Agropecuarios llevarán un Registro provincial de Asociaciones y Sindicatos Agrícolas formado con los datos y documentos que reciban del Ministerio de Economía Nacional.

Comprobarán la veracidad de los datos que ofrezcan en sus Memorias anuales y procurarán aclarar y mejorar en su actuación a las entidades que muestren necesidad de ello.

Los Consejos provinciales Agropecuarios estimularán la organización de Asociaciones agrícolas en todos los pueblos donde no las hubiere y favorecerán el desarrollo de los Sindicatos, Cooperativas y Mutualidades agrícolas, dándoles preferencia en la utilización de los servicios y pudiendo acordar la devolución de una parte de las cuotas cobradas como recargo en la contribución de los socios, para aquellas entidades que realicen una labor que se estime digna de excepcional recompensa.

Art. 17. Las Diputaciones provinciales contratarán libremente el personal técnico que crean necesario para la dirección y mejor funcionamiento de los servicios agropecuarios, eligiendo, según las conveniencias en cada caso, entre ingenieros agrónomos, peritos agrícolas, profesores veterinarios, licenciados en Ciencias u otros técnicos, con título o sin él, que se hayan distinguido en las especialidades que se les encomiende.

También podrán, en casos justificados, contratar personal extranjero que posea una especialización técnica que se juzgue preciso aprovechar.

Los Consejos provinciales Agropecuarios reglamentarán el funcionamiento de los diversos servicios, determinando las obligaciones, atribuciones y derechos del personal a ellos afecto.

CAPITULO III

Recursos pecuniarios.

Art. 18. Se autoriza a las Diputaciones provinciales para aplicar un recargo sobre las contribuciones rústica y pecuaria de las provincias, que no podrá exceder nunca de un 5 por 100 sobre las cuotas que aplica el Tesoro.

Los contribuyentes por territorial, rústica y pecuaria que tributen por predios que tengan arrendados, cobrarán de sus arrendatarios un tercio de la cuota que por este concepto satisfagan, considerándose a estos efectos que los dos tercios de dicha contribución corresponde a la renta del suelo y un tercio al beneficio del cultivador e interés del capital de explotación.

Art. 19. Queda suprimido el impuesto para combatir las plagas del campo que el art. 17 de la ley de Extinción de las plagas del campo y defensa contra las mismas, de 21 de mayo de 1908, estableció y que el Real decreto de 4 de febrero de 1929 puso a disposición de las Cámaras Agrícolas provinciales al encomendar a éstas dichos servicios.

Art. 20. La mitad del recargo que el art. 18 autoriza a las Diputaciones se ha de destinar a la defensa contra las plagas, con arreglo a las disposiciones antes citadas. Con esa cantidad formarán los Consejos un fondo aparte del suyo propio, que se acreditará y empleará con arreglo a las prescripciones de la expresada ley de 21 de mayo de 1908 y Real decreto de 4 de febrero de 1929, núm. 422.

Art. 21. Las Diputaciones provinciales, debidamente asesoradas por sus Consejos Agropecuarios, teniendo presentes las necesidades y caracteres de las provincias, con relación a sus condiciones agrícolas y pecuarias, proyectarán un plan completo de servicios agrícolas.

A estos proyectos acompañarán presupuestos de gastos, ateniéndose en ellos a las disponibilidades de ingreso que se calculan con arreglo a la autorización que se les concede por el art. 18 de este Real decreto. Más las aportaciones de la Corporación y del Estado dentro del límite mínimo que marca el art. 22.

En proyecto adicional podrá indicar las mejoras de servicios que podrían hacerse, mediante una mayor aportación del Estado, que nunca pasará del tipo máximo marcado en el art. 24.

Art. 22. Al redactar las Diputaciones provinciales el plan de servicios agropecuarios a que se refiere el art. 21, formularán un presupuesto detallado de sus gastos, adicionando un resumen de ellos en el que figuren las siguientes partidas:

A) Gastos referentes a personal.
B) Gastos de material y propios de los servicios.
C) Total de gastos presupuestados.

Este total de gastos deberá quedar cubierto con el presupuesto de gastos integrado por los conceptos que siguen:
a) Importe del tanto por ciento (máximo el cinco) que la Corporación estime preciso fijar sobre la contribución rústica y pecuaria.
b) Aportación de la Diputación provincial.
c) Veinte por ciento de estas dos partidas con que el Estado incrementará los recursos.
d) Ingresos procedentes de los mismos servicios por venta de productos u otros conceptos.

La propuesta será elevada al Ministerio de Economía Nacional, quien podrá aprobarla, reformarla y rechazarla,