El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-22 00:00:00), página 5

nidos, porque, como dicen los divulgadores de esta nueva planta: "Los que tengan previsión prosperarán; pero los escépticos y los tímidos quedarán excluidos."

El arrendamiento de fincas rústicas.

La Junta Central de Acción Social Agraria, en octubre último, elevó al Ministerio de Trabajo una ponencia regulando el contrato de arrendamiento de fincas rústicas.

Las características del proyecto presentado eran tres: establecimiento del plazo mínimo de arriendo, abono de mejoras y transmisión de derecho de arrendamiento cuando éste reuniese los requisitos indispensables para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se establecía también el retractor a favor del colono y una opción al nuevo arrendamiento, quedando un proyecto que, sin ser radical ni revolucionario, introducía en el derecho individualista español, secuela de la legislación romana, aires de renovación favorables al cultivador directo de la tierra ajena.

La necesidad de la reforma es evidente, ya que el Código civil va a cumplir la cuarentena, y el mundo ha sufrido convenciones formidables en estos últimos años, que traen la consecuencia de introducir en la propiedad, sin protestas de nadie, el reconocimiento de un fin social digno de regulación citaz.

El ministro de Trabajo presentó a discusión de la Asamblea el mismo proyecto que recibiera de la Junta Central de Acción Social Agraria, con modificaciones no substantivas, haciendo aplicables los preceptos de la modificación (base 1.) a los contratos de arrendamiento que se pactaran en lo sucesivo, cuando el precio convenido en ellos no excediera de 10.000 pesetas, señalándoles un plazo mínimo de duración de seis años, prorrogables por otros seis, a voluntad del colono.

No ha sido caprichoso—se decla en el preámbulo—el plazo de cinco años que se ha determinado teniendo en cuenta las circunstancias especiales de la agricultura y los métodos más corrientes de cultivo, habiéndose fijado el límite de los arrendamientos que se han de regir por estas disposiciones en 10.000 pesetas de renta anuales, por entenderse que en los superiores a esta cifra el problema es muy distinto, ya que la explotación agrícola requiere elementos que colocan al arrendatario en circunstancias más favorables de las supuestas al pequeño cultivador, al que únicamente por ahora han de favorecer las excepciones propuestas a la legislación común.

Si se estiman justas las modificaciones de las reglas de los futuros contratos de arrendamiento no existe razón alguna para diferenciarlos con tratamiento distinto, y todos, sin excepción, deben ampararse en preceptos que se suponen inspirados en la ética. Por esa razón, en tal punto concreto es preferible el criterio del dictamen dis- cutido en la Asamblea Nacional; pero, en cambio, tenía muchas ventajas el del ministro al establecer el plazo de duración de arrendamiento. Ya hemos visto que en éste eran seis años, prorrogables por otros seis, sin dudas ni vacilaciones en su interpretación. El art. 8.º del dictamen determina la duración por la rotación o múltiples de la rotación que libremente elijan los contratantes, y en ningún caso podrá ser menor de la rotación completa, natural y corriente en la localidad, de acuerdo con el régimen de la comarca y en relación con la clase del cultivo y finca.

Tan conceptuosa redacción en un precepto de extraordinaria importancia como es éste conduce a confusiones, que se han debido evitar aclarando lo relativo a las rotaciones de secano, como se ha hecho en los arrendamientos de predios con plantaciones de frutales, olivos, viñas y otras análogas de producción anual, para los que el plazo mínimo de duración del contrato será el necesario para la recolección de esas cosechas, y en los destinados a cultivo de huerta, cualquiera que sea ésta, y en los de regadío, dicho plazo mínimo será de tres años. Se exceptúa de la prórroga el caso de enajenación de la finca cuando haya sido arrendada por el usufructuario y éste hubiera dejado de serlo, y cuando el arrendador desee cultivarla por sí o por sus descendientes, estableciéndose la correspondiente sanción para la simulación de alguna de estas excepciones.

La Comisión que ha redactado el dictamen, influenciada, sin duda, por el Real decreto llamado vulgarmente de inquilinato, ha introducido en el proyecto del ministro la novedad de que cuando en un contrato se hubiere concertado un precio, merced o renta notoriamente abusivos, en relación con los arrendamientos de la comarca para fincas o cultivos análogos, y desproporcionados con las posibilidades de producción de la finca y el valor de los frutos, podrá ser pedida su anulación por el contratante que se considere perjudicado, ante el Juzgado de primera instancia del partido, dentro de los seis primeros meses, de vigencia del contrato.

Si dispusiésemos de mucho espacio y tiempo suficiente para ello, comentaríamos ampliamente el contenido de este artículo, que ha de traducirse en un número incalculable de pleitos, perturbando la armonía que debe existir entre las partes que pactan el cultivo de las fincas, llevando como norma la buena fe a la ejecución.

¿Qué se entenderá como precio, merced o renta notoriamente abusivo? Para el colono, siempre le parecerá exagerada la cantidad que satisfaga, y al menor rozamiento con el dueño o a la más insignificante desilusión en su negocio surgirá la acción de nulidad y la ruptura de las relaciones amistosas que difícilmente se podrán soldar.

Por otra parte, parece difícil fundamentar en la ética esa nulidad dentro de los primeros seis meses, pues en tan escaso lapso no se comprende cómo lo que libremente se concertó como justo haya dejado de serlo por el simple transcurso de ciento ochenta días más.

Puede argüirse que al ser firmado el contrato existió