El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-22 00:00:00), página 11

Se previene la usura y la engañifa cuando se prescribe que las liquidaciones se hagan al tipo de tasa mínima—cuando menos—correspondiente al mes en que se liquida, cualquiera que sea la fecha en que se hubiere contratado el grano, pues siendo móvil el precio mínimo, era frecuente comprar hoy para liquidar mañana, cuando ya el precio mínimo era más elevado. En plena recolección se entregó siempre mucho trigo a liquidar, pero norma correcta del comercio fué la de hacer la liquidación al precio corriente en el mercado el día que el agricultor se presentaba en el almacén o en la fecha que libremente designaba. Esa costumbre se convierte ahora en ley, con lo que los intereses del agricultor quedan salvaguardados.

La proporción de la mezcla de trigo exótico con el indígena se aumenta hasta el 75 por 100 de éste. En ese aspecto, no sólo se da a los agricultores todo lo que recientemente pedían, sino más aún; pero mucho tememos que no sea suficiente para poder dar salida a los trigos deficientes que aún quedan en algunas regiones de la cosecha anterior. De momento más eficaz hubiera sido que aquel trigo exótico no se hubiera mouturado por ahora; pero fuerza es reconocer que al fin y al cabo había que consumirlo, y más caro que ahora resultaría luego al ser recargado su coste con los gastos de almacenamiento y otros inevitables.

Se da una franca intervención a los agricultores en la Comisión permanente de las Juntas de Abastos y atribuciones para que las entidades agrícolas inspeccionen y vigilen el cumplimiento de lo dispuesto sobre tasas y mezclas que era otra de las aspiraciones de los agricultores. Y, por último, se crea una Comisión integrada por representantes del Gobierno, de los productores y de la industria y el comercio, encargada de entender, gestionar y resolver respecto al comercio de trigos; una especie de alto Tribunal o Comité Paritario en el que se dirimirán las cuestiones originadas por el abastecimiento y transacciones de aquel cereal; es, en suma, la Comisión mixta arbitral que los agricultores pedían, con lo que atendidas quedan casi todas las peticiones formuladas al Poder público por los representantes de las entidades agrícolas reunidas ha pocos días en una de las Secciones de la Asamblea Nacional.

Es un triunfo, si no completo, sí bien señalado.

Alrededor del corcho.

En vista de lo mucho que aquí y fuera de aquí viene hablándose de proyectos en relación con nuestra producción corchera, tenemos mucho gusto en prestarles nuestra atención dando cuenta de la exposición elevada al Gobierno de Su Majestad por la Junta directiva de la Asociación Nacional de Propietarios de Alcornocales, formada por los señores marqués de Hoyos, conde de la Puebla de Valverde, duque de Medinaceli, marqués de la Guardia, D. Antonio Garay, D. Miguel Angel Muguero, conde de Rodezno, duque de Fernán Núñez, don Alberto Prats y marqués de Valdueza, en la cual exposición, después de algunas manifestaciones referentes a la Federación Española de Productor-s de Corcho recientemente constituida—y cuyos Estatutos dan participación a elementos que no siempre están en armonía con los productores de corcho—, se dice lo siguiente:

Repetidas veces se han hecho ante nosotros gestiones encaminadas a la adquisición de nuestros corchos y públicamente se habla y se nos ha hablado de varios proyectos y de la aspiración a intervenciones del Poder público encaminadas a favorecer el desenvolvimiento de grandes Empresas industriales que pudieran disponer del corcho nacional y también del de Portugal.

Por la citada Federación se afirma «que debe concederse al Gobierno amplísimo voto de confianza y contar con su rectitud y patriotismo». Por nuestra parte debemos decir que en nada creemos se opone a la segunda parte de la afirmación trasmita el hacer al Gobierno algunas observaciones que consideramos de interés y que pueden servir para mejor conocimiento de los asuntos sometidos a su resolución. ¿No cumplimos con nuestro deber al tomar parte muy activa en las gestiones ante los Poderes públicos que determinaron la supresión de los inadmisibles derechos que gravaban la exportación de nuestros corchos?

Es natural que la constante subida de los precios del corcho y el número creciente de sus aplicaciones despierte competencias y propósitos industriales que sólo elogios merecen en gen ral, y en especial refiriéndose a nuestra Patria, siempre que no se causen con ello perjuicios a otros intereses que deben merecer profundo respeto. Y es también natural que nosotros, y con nosotros cuantos son defensores de los intereses generales, se opongan, y se opongan con energía a que para el logro de esas aspiraciones industriales se impongan por el Poder público a los productores de corcho limitaciones en la venta de sus corchos, a que se empleen procedimientos que les obligue a llevar sus corchos a esas Empresas y a que se vuelva a los gravámenes a la exportación del corcho en favor de los que lo manufacturen en nuestra Patria. Las compensaciones que se ofrecen a esas limitaciones dando participación en los beneficios industriales a los dueños del corcho, y que únicamente pueden presentarse como oferimientos que éstos acepten o rechacen libremente, no pueden justificar la adopción de esas medidas y limitaciones.

Y ha de sermos lícito manifestar que la labor para la consecución de esas medidas y limitaciones se relaciona por muchos con campañas de Compañías extranjeras que sobre corchos actúan, y cuyas acciones tiene oscilaciones enormes, y que, según se asegura, tiene interés grande en poder confirmar las afirmaciones que se han hecho sobre el control que ejercen en la producción de nuestros corchos, y que también puede relacionarse la labor indicada, con la constitución de la citada Federa-