El Progreso agrícola y pecuario (1929-10-31 00:00:00), página 12

zación y Pósitos y la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad, podrán ser adquiridas fincas en las que se exceptúe a los futuros parceleros del expresado pago previo, siempre que ofrezcan la garantía complementaria prevista en el párrafo segundo del artículo siguiente.

Art. 5.º Los fondos necesarios para la adquisición de las fincas y demás operaciones análogas que autorizadamente inicie y dirija la Dirección general de Agricultura serán facilitados por la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad y, en su caso, por el Banco Hipotecario de España, previa Real orden que, para resolver el expediente respectivo, dictará el Ministerio de Economía Nacional. La provisión de fondos se hará a título de préstamo, garantido con primera hipoteca sobre las fincas que hayan de ser adquiridas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del Real decreto-ley de 4 de agosto de 1928 y 39 y siguientes del Reglamento de 13 de noviembre del mismo año. Si existieren cargas preferentes, la Caja o, en su caso el Banco, retendrá la cantidad necesaria para levantárlas.

Para que, en los casos previstos por el art. 4.º, párrafo segundo, la Caja pueda prestar la totalidad del precio estipulado, será condición inexorable que en la escritura de compraventa comparezca la personalidad jurídica de una Diputación provincial, de un Ayuntamiento o de cualquier organismo oficial de carácter agrícola, con capacidad suficiente, y se oblique respecto de la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad a suplir, hasta una cantidad igual al 20 por 100 de la compra, la garantía hipotecaria constituida sobre la finca comprada, en el caso de que dicha garantía resultare insuficiente para cubrir la suma adeudada por capital e intereses, más los gastos y costas de la ejecución. Esta obligación complementaria deberá garantizarse también hipotecariamente, o bien afectarse a ella especialmente rentas o ingresos de carácter legal y permanente.

Art. 6.º Los expedientes que instruya la Dirección general de Agricultura, para adoptar los acuerdos a que se refieren los artículos anteriores, podrán ser iniciados de oficio o a instancia de parte. La valoración de las fincas que hayan de ser adquiridas se hará por los funcionarios de la expresada Dirección, pudiendo la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad, siempre que lo considere opportuno y a los efectos del art. 2.º del Real decreto de 7 de septiembre de 1929, proponer funcionario técnico que en su representación intervenga para realizar estas operaciones simultáneamente con el funcionario de la Dirección.

El total gasto de este servicio no excederá del 0,25 por 100, que determina el art. 4.º del mismo Real decreto, debidamente justificado, con arreglo al Reglamento de 18 de junio de 1924 y disposiciones complementarias, debiendo entenderse comprendida esta cuota dentro del recargo del 5 por 100 a que se refiere el art. 4.º del presente decreto.

Si los interesados no se conformasen con el precio señalado a la finca, se desistirá de la compra. Contra las decisiones del Ministerio de Economía Nacional al resolver esta clase de expedientes no se dará recurso alguno.

Art. 7.º El ministro de Economía Nacional podrá autorizar a la Dirección general de Agricultura, previo informe de la Junta de Parcelación, Colonización y Pósitos, y por delegación de ésta, para acudir a subastas judiciales o extrajudiciales de fincas que interesen a los fines colonizadores, siempre que el tipo de su adjudicación no exceda del valor dado a la finca con arreglo al artículo anterior.

Art. 8.º Además de las fincas que el art. 29 del Real decreto-ley de 7 de enero de 1927 señala como colonizables, se estimará que lo son las pertenecientes a Fundaciones benéfico-particulares, benéfico-docentes o de carácter mixto, en caso de enajenación. Al efecto, se reconocerá a la Dirección general de Agricultura, por delegación de la Junta de Parcelación. Colonización y Pósitos, el derecho de retracto, que podrá ejercer dentro de los quince días siguientes a la celebración de la subasta; siempre que, a su juicio, sean aquellas fincas apropiadas para la acción colonizadora y no tengan arrendatario, o caso de haberlos no hagan uso del derecho que les concede el Real decreto de 28 de mayo de 1928.

Art. 9.º En la escritura de compra que realice la Junta de Parcelación, Colonización y Pósitos, y en la cual quedará la finca hipotecada a favor de la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad, o del Banco Hipotecario, en su caso, se estipulará la obligación de la Junta compradora de parcelar la finca. Esta operación se hará constar en su día en el Registro de la Propiedad, con la presentación del plano correspondiente, levantado por los funcionarios técnicos de la Dirección general de Agricultura.

La solicitud, acompañada de dicho plano, bastará para hacer constar en el Registro de la Propiedad la división de la finca hipotecada y la del crédito que la grava. Cada parcela será una finca nueva e independiente y responderá de la parte de crédito hipotecario que se le asigne en la propia solicitud, en la que deberán expresarse la conformidad de la Caja o del Banco, o de ambos, según los casos. No será aplicable a estas inscripciones el art. 123 de la ley Hipotecaria.

Art. 10. No obstante lo expuesto en el artículo anterior, la Junta de Parcelación, Colonización y Pósitos será considerada como deudor único de la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad, del Banco o de ambos, hasta que los parceleros satisfagan a la Junta, y ésta a la Caja, al Banco o a ambos, la totalidad del crédito asignado a la finca primitiva.

Art. 11. Desde que la parcelación se haya hecho constar en el Registro de la Propiedad, y hasta que cada parcelero sea titular dominical de su parcela, tendrán los parceleros la condición jurídica de arrendatarios con opción de compra.

Art. 12. La Junta de Parcelación, Colonización y Pósitos o, por delegación suya, la Dirección general de Agricultura, ingresará directamente en el Banco o en la Caja, según los casos, el importe de las cuotas de amortización e intereses de los préstamos que se hayan hecho para la adquisición de las fincas. Se encargará también de recaudar de los parceleros las cantidades correspondientes.

Art. 13. Los parceleros podrán hacer, en cualquier época, entrega de cantidades múltiples de 250 pesetas, así como el total pago de las no satisfechas por amortización e intereses correspondientes a su parcela. Será suficiente, en este caso, la referencia al número de la parcela liberada, para que pueda hacerse, en cuanto a ella, la cancelación de la parte de crédito hipotecario que tuviere asignada, sin que sean exigibles los requisitos del art. 179 del Reglamento Hipotecario.

Art. 14. Una vez satisfecha por el parcelero la totalidad de la cantidad correspondiente a su parcela, la Dirección le conferirá la propiedad plena de ella por medio de título administrativo, que será suficiente para hacer constar en el