El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-07 00:00:00), página 2

500 pesetas, siendo excepción los agricultores que, por su emplazamiento privilegiado o por los medios y elementos de que disponen, pueden producir por bajo de la primera de estas cifras.

Pues bien: la producción media en secano el año 1928 fue de 7,28 quintales métricos por hectárea, o sean 728 kilogramos, que a 52 pesetas quintal (tasa máxima) valen 378,56 pesetas, a las cuales habrá que añadir el valor de la paja para aquellos que consignan que les valga algo un producto que hoy apenas tiene aplicación, y no se vean obligados, como los más, a tirarla o a quemarla, y el valor de la rastrojera o su aprovechamiento como pasto.

Cualesquiera que sean los añadidos que se pretenda agregar a la cifra anterior, es evidente que, en general, no es fácil que pueda llegarase a las 400 peetas; de modo que si partimos de un coste medio de producción de 475 pesetas por hectárea—cálculo que está muy cerca de la realidad—hubo el año anterior una pérdida real de 75 pesetas, que, en relación con los 4 millones de hectáreas sembradas, dan los 300 millones de pesetas de pérdida efectiva.

Para que puedan apreciarse las condiciones de ruindad en que se desenvuelve en España la producción de trigo, una vez vista la faceta del año malo, véase la del año que pudiera llamarse grande. En este caso se encuentran aquellos años en que la producción sobrepasa la cifra de 40 millones de quintales métricos, y como media de producción por hectárea 10 quintales métricos, o sean 1.000 kilogramos. Bien será recordar que en los últimos treinta y cinco años sólo se dio seis veces el caso en cuestión de que la cosecha pasase de los 10 quintales métricos por hectárea. Pues bien: suponiendo que esta abundancia no determine vender el trigo a 47 pesetas el quintal métrico o a menos—porque ya saben por experiencia triste muchos agricultores—cuál es la eficacia y realidad de la tasa mínima—el resultado final sería el de obtener como valor bruto de producción 470 ó 475 pesetas; lo que equivale al coste estricto de ella.

Todo este régimen de intervención que padece el productor de trigo, y que va a ser causa de que la producción decrezca y haya que volver, como antaño, a realizar cuantiosas importaciones, que supondrán una enorme salida de numerario español, con grave quebranto del valor del signo monetario nacional, responde al propósito de que el precio del pan no se altere.

Esto del precio del pan, constituye hace ya mucho tiempo un problema ficticio que está arruinando a la agricultura española, y del cual puede decirse que sólo obtienen en realidad provecho los fabricantes de harina y los que se dedican a la fabricación del pan de lujo, que en las grandes poblaciones es el de más general consumo.

Siendo el consumo de trigo por habitante en España de unos 180 kilogramos al año (el de pan se cifra en 135 y medio), una subida de 10 céntimos en el kilogramo de trigo o de 10 pesetas en quintal métrico, representa tan sólo un mayor desembolso para el consumidor de 18 pesetas anuales. ¡Menos de 5 céntimos diarios!

¿Hay en justicia y con razón quien pueda decir que este aumento aconseja tener supeditados de una manera permanente el capital y el trabajo de millones de españoles a un régimen tal de pobreza, cuando la realidad muestra que hoy constituye el pan una de las partidas más insignificantes en el conjunto del gasto familiar, encarecido por otros muchísimos conceptos?

En agricultura se trabaja, como en la industria, como en el comercio, como en las profesiones liberales, como en todo, para vivir, para sacar adelante la familia, para educar a los hijos, para procurarse, si se puede, un bienestar, y aun para hacer fortuna, aunque desgraciadamente, esto último no sea posible en el campo.

¿Conviene al interés nacional convertir a miles y miles de españoles que a diario fecundan con su sudor el suelo de la Patria en una legión de esclavos, supeditada a la conveniencia de los habitantes de las grandes urbes, donde, en general, no reinan más que los placeres y el despilfarro?

¿Es que cabe pretender que el salario agrícola permanezca estacionado indefinidamente, cuando en otras aplicaciones de la mano de obra obtiene mayor remuneración, siendo ello causa principalísima del éxodo rural?

¿Es que el agricultor, como contribuyente ha de ver que se elevan los tributos y que se establecen nuevos arbirtrios provinciales y municipales, con los cuales él tiene que pagar, y que el valor bruto de su producción ha de ser siempre el mismo?

La justicia de un lado y de otro la apropian necesidad de no socabar los cimientos de la economía española, dictau a una, como medida inaplazable, el acabar con un régimen que pudo tener su explicación en momentos difíciles, con ocasión de la guerra europea, pero que ahora no tienen razón alguna de ser.

El Consejo de la Economía Nacional, en su Sección de Aranceles, reconoció por unanimidad que la producción de trigo tiene derecho a una protección arancelaria como las demás manifestaciones del capital y del trabajo nacional.

Reconoció asimismo que esta protección arancelaria debe tener caracteres de permanencia, pues para todos los demás constituye como un seguro de vida, menos para el agricultor, ya que se reduce o suprime cuando así conviene.

Reconoció también que cualquiera que sea la protección arancelaria otorgada al producto trigo, es completamente inútil si este producto no goza de libertad de venta en el mercado interior.

Se hace pagar a los importadores de trigo el derecho arancelario establecido, más el recargo acordado por el Gobierno ante el temor de una invasión de trigo extranjero con motivo del enorme stock sobrante que hay en el mundo. Pues bien; parte de esos derechos arancelarios ha