El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-31 00:00:00), página 5

Unas palabras finales para agradecer —nunca bastante—al entusiasta propietario de «Ventosilla», excelentísimo Sr. D. Joaquín Velasco, a su culto director técnico el ingeniero agrónomo Sr. Olalquiaga y a cuantos con su proverbial amabilidad han facilitado mi labor infor-

Interior de un gallinero gigante de ponedoras. Se aprecian los montantes de lienzo, el alumbrado eléctrico, los comederos y bebederos, los tabiques divisorios de cada compartimento y los nidos-registradores.

mativa—especialmente a D. Alfonso, una de nuestras mayores autoridades en avicultura, y a los hijos de don Joaquín—, y deseárselos que la máxima prosperidad corresponda a sus afanes y desvelos.

JUAN J. FERNÁNDEZ UZQUIZA.
Junio de 1929.

Muy importante.
Para evitar que las cartas se extrañen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

LA PROPIEDAD DE LAS AGUAS

I

El poder despótico de los Soberanos absolutos, por influencia de la revolución francesa sucedió en casi toda Europa un respeto exagerado a la libertad individual y, como su consecuencia, el reconocimiento de la intangibilidad del patrimonio privado.

El concepto dominical del Derecho romano tuvo su época de renacimiento, llegando el jus abutendi a impear en la legislación; pero poco a poco la reacción ha operado cambios trascendentales y la guerra europea con su conmoción gigantesca trajo la intervención del Estado en la esfera privada, en términos tales que va quedando anulada la individualidad.

Ya el propietario no es dueño absoluto de sus bienes. El impuesto, que absorbe porción cuantiosa de sus rentas; el Real decreto de inquilinato, cercenador de la iniciativa del dueño de fincas urbanas, y el proyecto que ha de regular los arrendamientos de fincas rústicas, demuestran que el Estado se siente protector del desvalido, nivelador de fortunas y decidido a que la propiedad cumpla el fin social que tiene asignado por inspiración de los Santos Padres de nuestra religión, primeros democratas que han esperado dos mil años a que parte de sus predicaciones vayan tomando carta de naturaleza en la legislación universal.

Pero hasta ahora un instinto de conservación ha hecho que los Gobiernos que rigen los países civilizados y que desean continuar disfrutando su rango de tales hayan inspirado sus reformas en el espíritu de justicia que hace codiciable a la propiedad, y cuando los bienes eran expropiados por causa de utilidad pública, previamente declarada con arreglo a ciertas garantías y determinados requisitos, el dueño percibía su valor tasado por peritos y, además, un tanto por ciento en concepto de precio de afección. La tradición española que ha inspirado todos nuestros cuerpos legales, desde la Constitución del Estado, en suspensu para su parte política, hasta las más insignificantes resoluciones, han tenido una dolorosa excepción en el Real decreto de 7 de enero de 1927, cuya importancia para la fincabilidad es grande, toda vez que revoluciona el concepto de aguas públicas y privadas, en el que descansaban los títulos de propiedad, que deben considerarse rotos y de nulo valor por la indicada disposición.

La campaña que dos provincias sostienen para defender sus derechos contra un señor ingeniero que pretende la concesión como aguas públicas de las que tienen consideración de privadas, y como tales figuran inscritas en el Registro de la Propiedad; el tesón con que defienden su derecho al agua de la cuenca del Duero, que el ingeniero quiere desviar a la del Tajo para su más cómoda explotación; el ansia con que los propietarios asisten a