El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-22 00:00:00), página 6

error, dolo que viciase el consentimiento; pero si esto fuera así, ahí está el art. 300 del Código civil, que, dada su claridad, no necesita modificación, ni ser traído a una ley de privilegio, complicando así sus preceptos in- necesariamente.

Lo único que consideramos plausible en este art. 4.º es que la contienda se resuelva por el juez de primera instancia, dando la preferencia a la jurisdicción ordinaria, sin intromisión de Juntas ni Patronatos, que hoy por hoy no pueden aportar la garantía de una indispensable independencia.

En la base 5.ª del proyecto del Ministerio se consignaba que «si el propietario de la finca satisfaciera a la Hacienda la cuota contributiva correspondiente al líquido imponible proporcional a la renta realmente percibida, y dicha cuota sufriese aumento por cualquier concepto, la diferencia en más podrá el propietario aumentarla en el precio de arrendamiento, aun cuando el término del contrato no hubiese expirado».

Justificaba el preámbulo esta excepción en el deseo de que los contratos de arrendamiento no sean juegos de azar; pero la Comisión en el art. 6.º significa que serán nulas las condiciones estipuladas en el contrato de arrendamiento, por virtud de las cuales queden a cargo del arrendatario las contribuciones ordinarias o extraordinarias del Estado que graven o puedan gravar la propiedad. Ya tenemos otra vez la redacción ambigua, que permite interpretaciones contradictorias y el caos consiguiente para quienes han de sufrir sus consecuencias.

Ampliamente se discutió en la Asamblea el sentido de este artículo, quedando al parecer aclarado por la Comisión que todo tributo ajeno al Estado, como los de Diputaciones, Municipios, Cámaras, etc., debe ser incluido en el precio del arrendamiento, y hasta la cuota que satisfaga el propietario se puede desglosar la cantidad correspondiente a colonia, que tampoco debe ser cargada a cuenta de aquél.

El art. 1.575 del Código civil se modifica suprimien- do las palabras «salvo pacto en contrario», declarando la nulidad de la renuncia a obtener rebaja de la renta en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, proveniente de casos fortuitos extraordinarios o impre- vistos.

Desaparecerán los contratos leoninos, en los que aún se consigna la cláusula de «a riesgo y ventura de todo caso fortuito del cielo y de la tierra», no admisible desde luego en la moderna legislación social, pero precisamente inspirándonos en ésta y en las corrientes de pre- visión que debe amparar el Estado, parece lógico que en una nueva ley sobre contratos de arrendamientos rústicos se impusiera la obligación de asegurar la cosecha, y claro está que pagando la cuota colono y propietario desaparecerá todo temor y toda legitimidad de la rebaja de renta, que tanto perjudica a los modestos terratenien- tes cuya base de vida es únicamente el precio que perciben por la colonia de sus fincas.

Bien está que el adquirente de una finca rústica y dada en arrendamiento se obligue a respetar el contrato, y respecto a la prórroga se atenga a lo dispuesto en el art. 9.º, que establece las excepciones; pero es preciso no perder de vista que este respeto perjudica a la movilidad de la riqueza rústica, poniendo una nueva traba a su circulación. Si parangonada la ventaja del colono con el inconveniente señalado, sale ganando aquélla y la producción nacional, es lógico que se sacrifique esa circulación que tanto se propugna en las legislaciones modernas de todos los países; pero tema es éste que daría lugar a una enconada discusión y a un examen de doc- trinas inadecuado en este lugar.

También en cuanto a mejoras, los artículos 15, 16 y 17 las regulan en sentido beneficioso para el arrendatario, teniendo éste derecho a las que queden incorporadas a la finca al término del plazo y aumenten su fertilidad. Es muy importante la disposición del art. 19, que ex- cluye de los beneficios del Real decreto-ley que se pro- mulgue a los contratos de arrendamiento de fincas rústi- cas que no se consignen en el Registro de arrenda- miento, y el art. 21 concede a la viuda o descendientes del arrendatario la continuidad de la explotación si solidariamente asumen la responsabilidad de su cumpli- miento en la misma forma y dentro de los mismos plazos que se garanticen en este Real decreto-ley para aquél.

Pero desaparece con el pretexto de que no se trata de disposiciones que afecten a la transmisión de la propiedad, el derecho al retracto que al colono concedía la base 10, del proyecto del ministro de Trabajo, así como el de preferencia al nuevo arriendo en las mismas condiciones que lo había pactado el sucesor.

La Junta Central de Acción Social Agraria, después de haber meditado sobre las circunstancias que hacían aconsejables la consignación en el proyecto de tal dere- cho lo acordó, estimando que era de estricta justicia con- ceder al arrendatario esa facilidad de adquirir la finca en las mismas condiciones que otro comprador, limitándose sí el derecho del dueño, pero en favor de quien durante años ha cultivado la finca; ligándose a ella con vínculos de tal fortaleza que, para los conocedores del agro espa- ñol y de nuestros labriegos, no es un secreto que ese cariño llega a los mayores sacrificios para no separarse del terruño que vió nacer a sus hijos y que acogerá des- pués su cuerpo en la hora del descanso total.

En resumen: el dictamen que se ha discutido por la Asamblea nos parece un tanto anodino, oscuro, dado a interpretaciones y menos radical, aún siendo éste poco, que el del ministro de Trabajo y Previsión. La reforma del Código civil, cuando se acomete, es preciso hacerla con prudencia indiscutiblemente, pero dentro de ella con la amplitud indispensable a su eficacia. Nunca hemos sido partidarios de los pasteles de hambre... sin hambre.

Ya veremos lo que será la nueva ley.

MACRICIO GARCÍA ISIDRO.