El Progreso agrícola y pecuario (1929-11-22 00:00:00), página 3

sultado fue funesto; la producción decayó notablemente y el hambre se apoderó del país. La Opera Nacional tuvo que hacer marchi atrás. Luego vino Mussolini, y al darse cuenta que sus primeros intentos intervencionistas en la propiedad agraria llevaban a Italia a la ruina, cambió el procedimiento radicalmente, y hoy la agricultura italiana es la gran esperanza de la nación.

Rumania acabó la guerra y se encontró con sus fronteras inmensamente ensanchadas. Bratiano se incautó de las tierras y las parceló, sin excluir de la parcelación las fincas del mismo Rey Fernando. Y una sabia legislación está llevando a Rumania por un camino que colocará este país en un primer lugar entre los pueblos de Europa.

Son tres casos: Rusia, Italia y Rumania, que desconciertan con soluciones inesperadas.

El caso de Francia.

Hay dos casos absolutamente diferentes a los anteriores: los de Francia y España.

Francia ha tenido siempre para la explotación agrícola protecciones excepcionales. En las convulsiones de la Revolución, en los tiempos de las guerras napoleónicas, en el período de 1914 a 1918, los agricultores han sido la fuerza que han salvado al país. Y cuando se ha intentado alguna cosa contra la agricultura, terratenientes perfectamente organizados han desviado el golpe en el Parlamento, y el gravamen no ha podido llegar. Y Francia se ha salvado porque en la lucha secular entre la ciudad y el campo la nación se ha puesto en favor de este último.

El caso de España: nada es menos respetado que la agricultura.

España, que se salvó de la guerra con su neutralidad, pudo abstenerse de intervenir de manera violenta en los cambios de propiedad de la tierra; pero causaron mucho daño a la agricultura los Gobiernos que intervinieron su régimen y el de sus frutos, unas veces desde las leyes arancelarias, otras desde las perniciosas tasas, cuando no desde las abusivas tributaciones.

En España es difícil encontrar una cosa menos protegida y respetada que la propiedad territorial. Su titulación es muchas veces deficiente e irrisoria; su demarcación, insegura; su posesión, muy nominal; su tributación fiscal, perfectamente caprichosa. Después de cuarenta años de trabajos de Catastro, más de la mitad del país continúa sin tener un inventario de la propiedad rústica, y la parte catastrada lo es con tantas deficiencias, que escomo si no lo fuese.

El capricho y la necesidad del dinero por parte del Erario público es la única norma para imponer gravámenes a la agricultura.

El arrendamiento coactivo, error ya rectificado en Italia.

Ahora se trata de cohibir la libertad de contratación en los arrendamientos, imponiendo una duración en los términos y condiciones de garantía para que los arrendatarios no queden a expensas de la libre voluntad de los propietarios.

Es cierto que hay abusos, pero las víctimas más frecuentes de estos abusos son los propietarios y no los arrendatarios.

El error de los arrendamientos coactivos ya lo cometió Mussolini y se arrepintió; al cabo de poco tiempo lo subió, convencido del daño mortal que la intervención produjo en el campo cultivable.

España tiene sus costumbres tradicionales y su derecho, y son tantas y tan diversas las circunstancias que concurren en la contratación de la tierra, que querer someterla a unas reglas inflexibles ha de causar grandísimos trastornos.

Pretender que una misma ley rija toda la gama variadísima de nuestra agricultura es sencillamente absurdo.

El derecho moral por encima de la ley escrita.

Estos sociólogos de nuevo cuño que sienten el prurito de elaborar leyes unilaterales han de tener presente que en la agricultura lo viejo ha de ser muy respetado y muy mirado antes de ponerle la mano, porque es la médula de la nación y allí está su vida y algo tan importante como eso: la esencia de la justicia.

Decid a los millares de propietarios campesinos que por su título tienen unos papeles mal escritos y de índole privada que aquellas tierras no son suyas porque la ley así lo dice, y veréis que si sus papeles no sirven será su acción, acaso su violencia, la que impondrá el respeto de sus derechos morales y sagrados, mucho más sagrados que la ley escrita.

Hay que proteger al agricultor con leyes eficaces, no con leyes aparentemente beneficiosas solamente porque así lo dice su preámbulo, mientras que el daño real llega a sus frutos y a la raíz de sus derechos de propietario. Este engañoso juego de palabras solamente ha de llevar a la nación por un camino de trastornos.

Si la tierra ha de ser de quien trabaja, ¿por qué no las fábricas de los obreros?

Se dice que la tierra ha de ser de quien la trabaja, pero los que eso dicen no piden también que se aplique la teoría al latifundio industrial, a las grandes fabricaciones, a los enormes centros comerciales, a los talleres acuñadores, a las profesiones liberales en sus personalidades de más éxito. Este deseo de que el obrero del campo consiga la propiedad por cualquier medio violento y rápido no lo sienten los que lo sostienen respecto al obrero de la industria, y, no obstante, es más fácil repartir acciones de unos altos hornos o de industrias eléctricas o de productos químicos que parcelar una finca.

Los Gobiernos parecen desconocer una verdad tan clara como la de que la industria agrícola no nace subitamente ni se fabrica por arte de magia, todavía que sea quien