El Progreso agrícola y pecuario (1929-07-15 00:00:00), página 7

dos para combatir las plagas del campo y las enfermedades del ganado.

Ese es en brevísimo resumen todo el proyecto, y ni una sola voz se alzó para combatir la intención y el noble propósito de mejorar la vida campesina.

Se analizó, en cambio, minuciosamente la forma; en ello ha invertido la Asamblea Nacional varias sesiones, girando la discusión sobre unos cuantos puntos esenciales que queremos hacer resaltar.

La obligatoriedad de la asociación fue acaso el punto de vista más discutido. Propugnaron por la libertad de asociación los más numerosos oradores, y desde luego todos aquellos que representaban a los productores ya asociados.

En aquel criterio se fundamenta también el voto particular del señor marqués de la Frontera, que se disoció con el dictamen de la Comisión.

Todos los elementos dirigentes de la actual organización agropecuaria, debida a la iniciativa particular, veían en la nueva estructuración una amenaza para aquellas otras entidades, un peligro o tal vez una lucha desigual entre el futuro organismo oficial, dotado de recursos económicos, y las actuales organizaciones, que no disponen más que de las cuotas sociales. Visto así el problema resultaba en realidad lamentable destruir lo que nació obedeciendo a una necesidad del agro español, y más o menos ampliamente cumplía una misión, en el fondo análoga a la que mediante los nuevos organismos se intenta llevar a cabo.

Pero se vió pronto bien claro que no era esa la finalidad que el proyecto perseguía; lejos de ello todos los oradores reconocieron la conveniencia de conservar e impulsar las actuales organizaciones agrarias por beneficiosas; pero estimando necesario que todo el sector agropecuario de nuestro país esté convenientemente organizado como lo está la industria, el comercio y otras manifestaciones de la riqueza o de la actividad nacional, entendía la Sección dictaminadora y el Gobierno que era indispensable agrupar también a todos los elementos agrícolas y ganaderos y dotarlos de medios económicos para luchar en la inevitable pugna de intereses entre unas y otras manifestaciones del trabajo y de la riqueza, atendiendo además a impulsar ésta mediante la difusión de enseñanzas provechosas.

Las asociaciones de carácter voluntario—argüían unos—han dado ya todo lo que podían dar de sí y es preciso utilizar ahora procedimientos en cierto modo coactivos para obligar a los remisos o indolentes a que se agrupen, constituyendo así el frente único para la mejor defensa y mayor progreso de estos intereses.

Atribuyen en cambio los partidarios de la asociación voluntaria a los impedimentos dimanados del Poder que no hubieran sido más copiosos los frutos obtenidos de sus innegables sacrificios; pero como en el fondo acuciaba a todos el mismo deseo de organizar a los que por estar ahora dispersos no pueden disfrutar de los evidentes bienes materiales, morales y culturales que la asociación permite obtener, triunfó al fin el criterio de que obligatorio fuera el pago de la cuota o arbitrio que ha de proporcionar a los organismos que se creen medios económicos para desarrollar la misión cultural que se les encomienda, con lo que de ahora en adelante la agricultura tendrá unos organismos locales y provinciales, de carácter oficial, encargados de suplir allí donde sea necesario la actuación técnica y social de la organización voluntaria.

La cuantía de la cuota o arbitrio obligatorio era considerado por unos excesivo y por otros injusto o peligroso, por venir esta nueva exacción a aumentar los ya innumerables y excesivos gravámenes que pesan sobre la riqueza agropecuaria, cuando función del Estado fué siempre atender los fines de la enseñanza, que es uno de los más esenciales que persigue este proyecto. Por otra parte, los elementos ya organizados veían en esto un peligro desde el momento en que las nuevas Asociaciones contaban con el apoyo oficial y económico que las otras no poseían. Venció, sin embargo, en esta pugna el criterio de la obligatoriedad del pago, porque sobre aquellas consideraciones se impuso el hecho de todos conocidos, cual es la inacción de la mayor parte de las Cámaras Agrícolas por falta de recursos económicos, y la evidencia de que si la sindicación voluntaria no había tenido mayor difusión habría sido, en muchos casos, por el mismo motivo, no obstante el entusiasmo y los sacrificios realizados por los elementos que a organizar el campo dedicaron largas vigilias.

Toda entidad que persiga fines culturales, sociales y económicos cual las que se trata de estructurar, nacería en realidad muerta si no se la dota de medios suficientes para cumplir aquellos fines. Además, es hartamente sabido que en las luchas de carácter económico el dinero es el que vence, y mal podría luchar la riqueza agropecuaria si quiera defenderse de la acción de otros sectores económicos, si no dispone de un cuarto.

Cabe, no obstante, discutir si esos cuartos habrán de salir exclusivamente del bolsillo del agricultor y el ganadero o de los fondos general del Estado, porque si bien a los productores exclusivamente afectan ciertos aspectos de las actividades que se encomiendan a los nuevos organismos, hay otros, en cambio, que tienen un carácter general, y a todos deberían obligar a contribuir.

Prevaleció, no obstante, el criterio de que la riqueza agropecuaria pague esta nueva organización, con lo que más airosa es, sin duda, su situación respecto a otros sectores de la riqueza o del trabajo nacionales, pero, desde luego, a costa de un mayor sacrificio.

Se consideró, desde luego, fundamental llegar con esta organización hasta la cédula municipal; constituyó esto el nervio del proyecto, y sobre este punto se debatió largamente. Son muchas ya las Juntas que por mandato de la ley ha de haber en todo Municipio, y en realidad ocurre, en la mayor parte de ellos, que o son las mismas personas las que constituyen aquéllas o no tienen virtualidad alguna; el secretario del Ayuntamiento suele ser, normalmente, el que suple las