El Progreso agrícola y pecuario (1929-08-15 00:00:00), página 8

Con motivo de las exacciones, molestias y entorpecimientos que al agricultor originaba el servicio fitopatólogico, hemos sostenido el criterio de que la agricultura no es para los agrónomos, sino los agrónomos para la agricultura, y la consecuencia y el arraigado convencimiento en aquella idea nos induce a decir ahora, en vista de la Real orden de Gobernación, precedentemente inserta, que la ganadería no es para los veterinarios, sino los veterinarios para la ganadería, porque persuadidos estamos que de no enfocar así el problema sufrirán gran quebranto aquellos intereses y, en definitiva, los de los técnicos encargados de servirlos.

Los intereses del país jamás deben posponerse al particular de una clase por importante que sea, no sería ni lógico, ni justo, ni conveniente al bien público; ante todo está el interés general.

Y este es, en el fondo, el problema que se aborda en esas dos Reales órdenes, dictada una de ellas, la del Ministerio de Economía, en defensa de los intereses ganaderos, y la otra, la del Ministerio de la Gobernación, en defensa de los intereses de la clase veterinaria, aunque pretende disfrazarse con argucias en defensa de la salud pública.

El ganadero tiene perfecto derecho a defender sus ganados contra la infección mediante el empleo de sueros y vacunas, como la tiene el agricultor para defender sus cultivos empleando sustancias de tan gran toxicidad como el ácido cianhídrico o los arseniatos. El Estado deberá investigar y comprobar en todo caso si esos productos reúnen las debidas condiciones para la eficacia de la función a que se destinan; enseñar a utilizarlas convenientemente, estimular su empleo y evitar que el mal se extienda destruyendo una importante riqueza; pero poner precio y cortapisas a todo esto, dificultando y aun impidiendo en algún caso la defensa de esos intereses, es de una injusticia notoria y claro es que el más recto camino para acabar con la ganadería, y así los veterinarios no podrían autorizar ni esas ni ninguna otra clase de recetas.

Se pretende equiparar, para estos efectos, la profesión veterinaria con la médica, y no hay paridad posible desde el momento que la vida humana es de un valor imponderable y el de los irracionales limitado, al punto que en ocasiones constituye una cuestión puramente económica la conveniencia o no del tratamiento y aun la conservación de la vida del animal.

El intrusismo profesional es otro de los motivos que se alegan para que el ganadero no pueda adquirir sueros y vacunas sino mediante receta. No se evita con esto el intrusismo, ciertamente, porque el ganadero siempre podrá pedir la receta al veterinario y encomendar la práctica de la vacunación a sus dependientes; pero, además, no hay tal intrusismo, esto ocurriría si la ley dispusiera que era atribución exclusiva de los veterinarios poder vacunar, pero como esa es una práctica sencilla que está al alcance incluso de vaqueros y pastores, y ninguna disposición legal impide realizarla, no constituye intrusión alguna en el ganadero la práctica de aquella operación, sino el ejercicio legítimo de un derecho a defender su riqueza como la defiende echando cubos de agua el que ve arder su casa. Una cosa es esto y otra que el ganadero encomiende voluntariamente la práctica de las vacunaciones a los veterinarios cuando les considere más hábiles y capacitados para hacerla, ya que en todo caso aquél será el que sufra el daño originado por el descuido o la impericia y también el que disfrute las ventajas de una vacunación acertada.

El desorden actual —dicen—, que permite a todo el mundo adquirir sueros y vacunas para la ganadería, provoca daños de consideración para la propia ganadería...

Eso no es exacto. La verdad, es todo lo contrario. Antes se morían de peste porcina —por citar un caso— el 80 por 100 de los animales atacados; ahora no ocurre eso, y no ocurre precisamente por la difusión que ha adquirido el empleo de los sueros para prevenir esa enfermedad. Ese es el camino; así se sirve el país y la veterinaria, y las entidades que han generalizado el uso de vacunas pueden enorgullecerse de prestar un eficaz servicio a los ganaderos y además de encontrar más posibilidades de empleo a sus actividades. Todo obstáculo que se ponga a aquella difusión se traducirá indirectamente en un daño para la ganadería y en otro para los veterinarios.

Se dice, no sabemos con qué fundamento, que el uso de esas vacunas ha sido causa original de infecciones mortales en la especie humana, y ésta sí que, de ser cierta, sería una razón poderosa para impedir, no el comercio, sino la manipulación o empleo de aquellos productos por personas imperitas. Pero nosotros no sabemos que tal hecho ocurra. De cuando en cuando la Prensa diaria da cuenta de accidentes, a veces mortales, originados por el consumo de carnes procedentes de animales atacados por ciertas enfermedades; pero ni una vez se ha señalado el caso de un accidente funesto por el empleo de vacunas.

Y es natural que así ocurra, los veterinarios lo saben sobradamente, y si no pretendieran retorcer y desnaturalizar la realidad, lejos de señalar esos imaginarios peligros para la salud pública, harían notar que de todas las enfermedades infecciocontagiosas del ganado solamente dos son transmisibles al hombre: la rabia y el carbunculo; pero a ningún ganadero se le ocurre vacunar contra la rabia, ni la vacuna anti-carbunculo es origen de infección. En todo caso cabe intervenir el empleo de estas vacunas, pero de las otras, no, si, como se pretende, quiere fundamentarse aquella resolución en motivos de defensa de la salud pública.

Además, con la receta no se defiende nada más que el interés minúsculo de un profesional, porque si peligro hubiera éste no estaría en la venta de sueros y vacunas, sino en la aplicación de las mismas, y en otro aspecto, que es el que esos profesionales debieron apuntar repetidamente al Poder público para que pusiera coto y remedio. Nos referimos al verdadero poder profiláctico de esos productos, que unas veces son agua chirlé y otras poseen tal virulencia que en lugar de curar provocan el desarrollo de las enfermedades en las reses, originando al ganadero verdaderos desastres.

Y esos sueros y vacunas no los preparan personas que carecen de calificación técnica, sino aquellos que mercantilizan la ciencia, y sería conveniente atar corto. Porque el verdadero daño para esa modalidad de la riqueza nacional viene de ahí, como miles de casos lo atestiguan, no de que aquellos productos se empleen con o sin receta, ni siquiera por personas peritas o imperitas, sino de los que van derechos al negocio y les importa un bledo que el ganado cure o se muera con tal que vendan muchos sueros y muchas vacunas.

En resumen, consideramos acertado el criterio sustentado en la Real orden que refrenda el señor conde de los Andes, pero es evidentemente muy poco para la defensa de los intereses de los ganaderos; esa defensa requiere para ser eficaz que se establezca una rigurosa inspección y comprobación del valor de aquellos productos que garantice al ganadero la eficacia de los mismos, como se garantiza al agricultor la riqueza de los abonos y otros productos,