El Progreso agrícola y pecuario (1929-09-30 00:00:00), página 2

grandes cuidados por parte de los Municipios y de protección por el legislador, llegándose a gran vigilancia para evitar que codicias particulares hiciesen irrupción en esos bienes sagrados para los pueblos, o se desnaturalizase su uso permitiendo que se arrendase el aprovechamiento «en una sola mano», considerando el precio de la locación como ingreso de las Corporaciones poco cumplidoras de sus fines.

A tal extremo llegó ese respeto tradicional para las dehesas boyales, que cuando el famoso ministro desamortizador quiso evitar el daño de la unión casi total de la propiedad, con peligro del mismo Estado, en la ley de 1.º de mayo de 1855 exceptuó de la venta decretada «la dehesa destinada o que se destine, entre los demás bienes del pueblo, al pasto del ganado de labor de la misma población».

Así quedaron fuera de las enajenaciones precipitadas, y en algunos casos dolosas, las dehesas boyales, llegando a nuestros días con ese carácter de inalienables, cumpliendo casi siempre el fin único de su existencia y conservación, a la vez que proporcionaban grandes bienes a la agricultura y al vecindario de escasos medios productores.

Pero ya en el último tercio del siglo pasado apuntaba el afán innovador o el propósito (que es lo más probable) de los avisados, encaminado a la roturación de las dehesas boyales, motivando que, conocido el fin, siempre encubierto con ropel altruista, se publicase la Real orden de 15 de julio de 1875, recordatoria de que las dehesas boyales tenían que aprovecharse comunamente y dedicarse exclusivamente a pastos, prohibiendo de modo expreso que se redujesen a cultivo.

La precipitación con que suelen tomarse ciertas medidas en los Municipios rurales y un afán desmedido por parte de ciertos elementos de halagar a las masas, sin prever las consecuencias, ha hecho que al amparo del art. 24 del Reglamento de Hacienda municipal de 23 de agosto de 1924 bastantes dehesas boyales se hayan roturado, con daño para la agricultura local, y como por regla general el terreno es malo, con escasa capa laborable, formada por el humus, que a poco desaparece, el arrepentimiento tardío hizo abrir los ojos, volviéndose a reconocer que los beneficios producidos a un pueblo por las dehesas boyales son infinitamente mayores que los obtenidos por los braceros, rompiendo unas parcelas, sin provecho por su pobreza, ni para los directamente interesados.

Claro está que, con tal autorización, los abusos se vislumbran, y la propiedad comunal estaba amenazada de muerte por los innovadores y sociólogos de menor cuantía, y el malestar producido entre los conscientes por tal estado de cosas, dio lugar a una campaña de Prensa, respetuosa, pero energética, que ha fructificado en parte a los diez o doce meses de su iniciación.

La Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de julio último, reconoce en su preámbulo que, «a pesar de la meridiana claridad que preside la doctrina, ha habido pueblos tan poco capacitados para administrar esta clase de bienes que, abroquelándose en la letra del art. 24 del Reglamento de Hacienda local, han burlado con habilidad digna de mejor causa el espíritu de la ley, destrozando dehesas boyales que nunca debieron dejar de serlo».

A impedir los abusos tiende esta Real orden, estableciendo «que no obstante lo dispuesto en el núm. 25 del art. 150 del Estatuto municipal y en el núm. 1.º del 220, la facultad de enajenar los bienes de aprovechamiento común, incluyendo entre ellos las dehesas boyales a que se refiere la ley de 11 de julio de 1856, se entenderá limitada, en todo caso, al usufructo, cuya cesión será indefinida, o temporal, aunque en este caso renovable, y podrá otorgarse únicamente a los vecinos, mientras tengan este carácter, y con la obligación de ser el usufructuario el cultivador directo de la finca».

La facultad otorgada a los Ayuntamientos de poder enajenar el usufructo de los citados bienes, sigue diciendo la Real orden aclaratoria, se rige exclusivamente a aquellas partes de los montes de aprovechamiento común y dehesas boyales, que carezcan de vegetación forestal y sean apropiadas para un cultivo permanente que no cause perturbación, ni merma alguna a los intereses locales, reconocidos con la declaración de dehesa boyal o monto de aprovechamiento común. (No entendemos cómo ha de ser posible que una disagregación deje incólume el servicio o aprovechamiento que desmembra).

La comprobación de estos extremos, como condición indispensable de la validez de la enajenación, corresponderá al gobernador civil de la provincia, que dictará su providencia previo recocimiento e informe de la Jefatura del distrito forestal, pudiendo contra ella los interesados interponer recurso de alzada ante el ministro de Fomento en el plazo de quince días.

La reforma que contiene esta disposición no puede satisfacer a nadie, dicho sea con todos los respetos. La calificación del gobernador y el informe del distrito forestal (que no se dice si es consultivo meramente o a él ha de atenerse en todo caso la primera autoridad que procee), tratándose de tan delicado asunto no garantizan debidamente a los pueblos contra las habilidades cuya existencia se reconoce en el preámbulo de la Real orden, y aunque sobre este extremo no podamos ser más explícitos, es fácil comprender la razón de nuestra suspicacia.

Decididos a poner mano en la materia, hubiese sido preferible que la prohibición de enajenar las dehesas boyales fuese absoluta, y así se evitaría la disminución del ganado de renta u holgón, de los abonos que produce y de los ingresos que a las Corporaciones suponen esas propiedades, tan importantes, que algunos Municipios satisfacen con ellos todos los gastos del presupuesto.

Los bienes comunales, únicos restos de más racionales aprovechamientos, hay que defendérselos a toda costa.

MAURICIO GARCÍA ISIDRO.