El Progreso agrícola y pecuario (1929-11-07 00:00:00), página 11

La lucha contra el fraude.

Entre los temas del Congreso había uno titulado "Lucha contra el fraude y adulteraciones de los vinos", cuya delicadeza, para tratado en un Congreso Internacional, no se me ocultaba, y por ello, principalmente, permanecí en Barcelona durante la celebración del Congreso, y por ello encargué al director de Agricultura que presidiera la sesión en que tal tema fuese discutido.

Era ponente de dicho tema persona tan calificada como el ilustre director de la Estación de Viticultura y Enología, de Villafranca del Panadés, D. Cristóbal Mestre. Quise conocer antes de la sesión las conclusiones del Sr. Mestre, y tuve la satisfacción de encontrarlas irreprochables y darles mi completo asenso. El señor Mestre recogía en ella exactamente el espíritu de la legislación vigente española en materia de fraude y adulteraciones; es ella tal vez la legislación mejor del mundo. Por esto el Sr. Mestre no hablaba en sus conclusiones del aguado del mosto, ni para prohibirlo, ni para recomendarlo, procediendo con la misma discreción y buen sentido que nuestro decreto-ley de 29 de abril de 1926, relativo al vino y los alcoholes.

Pero cuando sus conclusiones iban a ser unánimemente aprobadas, alguien presentó una enmienda a las mismas, para pedir que explícitamente se prohibiese —entre otras cosas—el aguado del mosto, y entonces se produjo el debate, como no podía menos de ocurrir.

Fue seguramente esta cuestión del aguado del mosto la que más se debatió en el Congreso de Economía al estudiarse, hace tres años, la llamada ley del Vino, y, a pesar de que la Comisión técnica encargada de formular el anteproyecto de la ley proponía en su artículo 3.º que se considerase ilícita y fuera castigada la adición de agua al mosto y al vino, el Consejo de la Economía Nacional en pleno, que informó el anteproyecto, propuso por enorme mayoría de votos—entre los que figura vinicultores de los más significados de España—que sólo se mantuviese la prohibición de agregar agua al vino; pero que desapareciese la de echar agua al mosto, operación que tan alto organismo, asistido de competentes autoridades en la materia, consideraba lícita y necesaria en muchos casos y en muchas regiones de nuestro país. Y el Gobierno de Su Majestad opinó en este particular lo mismo que el Consejo de la Economía Nacional en pleno, y suprimió del artículo 3.º la palabra mosto, y únicamente quedó prohibida la adición del agua al vino, y el apartado primero del artículo 3.º del Real decreto-ley de 29 de abril de 1926, fué redactado en la siguiente forma: "Operaciones y adiciones prohibidas en la elaboración de los vinos: Primera, la adición del agua al vino en la forma que fuere y aun cuando el fraude fuese conocido del comprador o consumidor."

Siendo esta la legislación vigente y tales sus antecedentes e historia, tan recientes y conocidos, ¿qué posición debían adoptar en el debate los elementos oficiales que de un modo u otro tenían una representación oficial en el Congreso? No cabía otra que la de mantener el espíritu de la legislación vigente, a menos de haber recibido del Gobierno órdenes o indicaciones en contrario. No debía ser que el Congreso aprobara, estando presente la representación oficial, unas conclusiones que la contradijeran en punto tan fundamental para muchos cosecheros de España, sin que alguien hiciera antes las debidas reservas. Y eso es lo que, por ser el más autorizado para ello, se vió en el caso de hacer el señor director de Agricultura, que presidía la sesión.

Al proceder de otro modo y aprobarse sin tales salvedades la licitud del aguado del mosto, hubiera hecho España tanto como declarar fraudulentos los vinos de aquellas regiones que necesitan practicar esta operación para obtener caldos secos de mostos muy azucarados. Lo sensible fué—a mi juicio—que la cuestión se suscitara por elementos españoles en un Congreso Internacional. Pero, una vez suscitada, la representación oficial no podía tramitarla de otra manera; era preciso oponerse a la enmienda y mantener la ley española y las conclusiones de la ponencia, que sin discusión debieron aprobarse por ser justas y por ser discretas.

La vigente ley de Vinos.

Y aquí deberá dar por terminada mi intervención, pues con ella queda la verdad restablecida y aclarada la conducta seguida, que es a lo único que tienden estas manifestaciones; pero me creo en el deber de justificar, aunque ello no sea necesario, el buen sentido que sobre el aguado del mosto inspiró la ley vigente de Vinos, uno de los mayores aciertos de este Gobierno, que celebró poder alabar como merece por no haber tenido en él participación alguna.

La ley de Vinos es una ley hecha para España, donde hay uvas que contienen desde 180 a 300 gramos de azúcar por litro de mosto, que producen vino de 18 grados y hasta de 19 grados de alcohol en fermentación completa, aun cuando una autoridad enológica tan reputada en Francia como Chancrin diga en Le Vin que "un vino no puede tener naturalmente más de 15 ó 16 grados de alcohol; y estos vinos secos, absoluta y completamente naturales, son sumamente difíciles de fermentar, porque el alcohol a tales dosis es tóxico para la levadura y paraliza la acción fermentativa del azúcar, haciendo enormemente difícil la fermentación completa y la obtención de vino seco (sin azúcar) de estos mostos densos y azucarados que tan bien se dan en nuestra Mancha, en Aragón y en Levante.

Por ello la práctica del aguado del mosto, que sería un fraude escandaloso en países como Francia—donde está terminantemente prohibida—, que obtienen naturalmente vinos de 8 y 10 grados, hállese admitida tradicionalmente en los países cálidos, y así, el más eminente de los enólogos italianos, el ilustre doctor F. Antonio Sannino, director de la Real Escuela de Viticultura y Enología de Alba, en su monumental