El Progreso agrícola y pecuario (1929-11-22 00:00:00), página 4

sea la nación que trate de reformarla o de perfeccionarla solamente con una política constante, sería y favorecedora podrá conseguir la inmensa ventaja de fortalecer e-te fundamento invulnerable de la independencia nacional.

Sin confianza en los agricultores no hay independencia posible.

Y los Estados que estimen esta independencia han de adoptar el criterio definitivo de dar confianza y estabilidad a los propietarios de la tierra, a los colonos y a los obreros agrícolas.

Ni las mejores intenciones ni un largo estudio son suficientes a un gobernante para adoptar en materia económica o financiera disposiciones referentes a la producción. Eso lo afirmaba Nitti después de una serie de años de gobernar.

Si es detestable la intervención del Estado en el régimen de propiedad de la tierra, lo es todavía más todo lo que restringe la libre disposición de los frutos que la tierra produce. ¿Para qué quiere el hombre la propiedad de la tierra si se le amontra la libertad de ordenar y disponer sobre sus cosechas?

La postguerra en España.

Cuando llegó la guerra, las potencias beligerantes establecieron una fuerte intervención muy natural, cabía esperar que España, país neutral, se pusiera en guardia también, organizando una intervención potencial y creadora, para entonces encuazar la producción y defenderla delante del extranjero. Eso era lo natural.

¿Y a quién sé encargó esta labor intervencionista? Los delegados o ministros de abastecimientos fueron abogados, periodistas, ingenieros, militares, personas que seguramente nunca en su vida habían dedicado su actividad a la industria del cultivo de la tierra ni quizás a ningún otro orden de actividades económicas.

¡Qué diferencia con los otros países, en donde para cada cosa se busca al hombre idóneo! ¡Cuánta diferencia con los Estados Unidos, que cuando necesitaron un director de abastecimientos llamaron a Mr. Hoover, el actual presidente!

El desequilibrio entre la agricultura y la industria.

Los Estados Unidos confiesan que la dificultad que impidió desde 1920 el restablecimiento en aquel país de estables condiciones industriales fue el desequilibrio existente entre la agricultura y las otras ramas industriales, desequilibrio que ha limitado los medios adquisitivos de la población agrícola, es decir, del número más grande de consumidores. Y por eso buscaron el remedio.

Los países donde el desarrollo del estatismo continúa paralizando las iniciativas industriales se encontrarán siempre en un estado de inferioridad depauperadora respecto a los países en donde, como América, la acción del Estado está reducida al mínimo y la iniciativa de los ciudadanos llevada al máximo.

Igualdad delante de la ley.

No es que el Estado no deba intervenir nunca en la producción agrícola. Su intervención en circunstancias graves, en la época de la guerra, pudo ser lícita, conveniente y hasta salvadora; pero con una condición: la de la igualdad ante la ley.

¡Qué diferente fué la realidad! Durante los años de guerra, mientras las arcas de la industria se llenaban de riquezas, la Guardia civil patrullaba en torno de las eras para ejercitar las ordenaciones, duramente injustas, del Estado intervencionista.

Contra la prohibición de importar trigo se opuso la mayoría consciente que se ocupa de cosas agrícolas, porque aquellas disposiciones eran y son las más contrarias a las leyes económicas del mundo. Fué inútil. La igualdad ante la ley tampoco existía. Y cuando se intervinieron el carbón, el hierro y los tejidos, la intervención no pasó de la Gaceta y no tuvo otra efectividad.

El Estado y la producción del trigo.

Mientras tanto todo necesitaba guía dentro de España, y el trigo era a veces intervenido por los mismos inspectores de abastecimientos, entre los que figuraban jefes y oficiales del Ejército que difícilmente se habían nunca ocupado de estos problemas.

Y cuando acabada la guerra se esperaba la vuelta a la normalidad de los productos agrícolas, con libertad para producir, vender, consumir y disponer de lo que cada uno producía, de acuerdo con la ley, que parecía eterna, de la oferta y de la demanda, esta normalidad no vino.

Hoy el trigo tiene dos tasas en vez de una: la tasa máxima y la tasa mínima. Ello, según se dice, para favorecer la producción cerealista. Pasan de 60 las disposiciones publicadas en esta época, que se llama de normalidad, en relación con los cereales.

Un industrial puede hacer una fortuna, un agricultor no lo tiene permitido.

Todas estas disposiciones han girado y giran en torno de que el agricultor no obtenga otras ganancias que las llamadas precio remunerador.

El industrial, el comerciante, el fabricante pueden hacer fortunas, nadie se lo impide; el agricultor, no. El agricultor que tiene su capital empleado en la tierra no puede aspirar a otra cosa que a la obtención de un precio remunerador, determinado a capricho de los que legislan. Este espíritu, esta manera de pensar de las clases directoras españolas, parecen acusar un gran desprecio para los intereses agrícolas o una ignorancia absoluta del problema.

Poner unos límites arbitrarios a las ganancias de los agricultores, cuando las tiene, como se ha hecho y se