El Progreso agrícola y pecuario (1929-08-07 00:00:00), página 6

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LA PROPIEDAD DE LAS AGUAS

II

Con los preceptos del novísimo decreto quedan, pues, derogados, no sólo la fundadísima Real orden de 8 de enero de 1906, única disposición a la que, según el artículo último del mismo, alcanza la derogación expresa, sino el art. 5.º y otros de la ley de Aguas y sus concordantes del Código, es decir, los preceptos que constituyen la entraña del glorioso documento legislativo de 1879, cuyas esencias mantuvo el Código civil. Más que derogar, el decreto establece un derecho nuevo no reconociendo el dominio privado sobre las aguas que nacen en propiedad de ese carácter, sino simplemente un derecho al uso y aprovechamiento de ellas, y muy limitado, puesto que llega, como queda dicho, hasta prohibir a los propietarios la concesión de esas aguas a tercero, derecho de concesión que para sí se reserva el Estado, sin reemplazar esa propiedad de que se le priva y que la ley le reconoce claramente mientras las aguas permanezcan en el predio, con o sin aprovechamiento, por una indemnización representativa de esa propiedad o de la facultad de convertirla en materia de comercio, aplicando la ley de utilidad pública con todos sus requisitos y garantías.

Por otra parte, si la tendencia actual, como dice el preámbulo del Real decreto, se manifiesta en el sentido de sustraer del dominio privado las aguas que no sean objeto de aplicación inmediata, no es menos cierto que las actuales direcciones del derecho tienden, a compás de esa tendencia, a ensanchar y multiplicar las aplicaciones del principio de la expropiación, derivándose de aquí la facultad del Estado respecto de las aguas, como respecto de toda propiedad privada, de expropiar las que permanezcan en situación improductiva, pero no el derecho de proclamar, desentendiéndose de una indemnización, el dominio público sobre las aguas privadas, contra el precepto terminante del art. 5.º y sus concordantes de la ley especial y de los atinentes del Código civil, y olvidando que, según el 423 de este último, la propiedad y uso de las aguas pertenecientes a Corporaciones o particulares están sujetas a la ley de Expropiación forzosa por causa de utilidad pública. El decreto sólo recurre a este medio de la expropiación cuando se trate de aguas de manantiales para suministro de aguas potables, pero se limita al caso de que las aguas estén utilizándose por los dueños de los predios, no si éstos no las utilizan, y en cuyo supuesto no reconoce el derecho de indemnización.

Y, de todas suertes, si las aguas no se han utilizado por los dueños de los predios en que nacen, pero sí por los de los predios inferiores o laterales, la falta de uso por parte de aquéllos no creemos que pueda perjudicar o afectar, después del decreto al ejercicio de ese derecho por parte de éstos, derecho que le reconocen, entre otros, los artículos 7.º y 11 de la ley de Aguas y 412 y 415 del Código civil.

Se reserva, pues, el Estado, como queda dicho, el derecho de concesión de las aguas no aprovechadas por sus dueños, sin conceder a éstos el de indemnización, de donde se deduce que se priva igualmente a los particulares y a los Ayuntamientos de la facultad de concederlas por sí.

Por último, diremos como síntesis que si la ley de Aguas se refiere a su uso y aprovechamiento por los dueños de los predios en que nacen, no es para limitar o condicionar su derecho de propiedad ni para establecer esa distinción de que parte el decreto entre dominio y uso, sino para dejar a salvo el derecho que a los dueños de terrenos inferiores conceden los artículos 5.º a 11 ya citados, en cuanto a su aprovechamiento eventual cuando salen de los predios en que nacen. El concepto de aguas públicas o de dominio público que el Código civil asigna en el núm. 8.º del art. 407 a las aguas que nazcan continua o discontinuamente en predios de particulares, del Estado, de las provincias o de los pueblos, desde que salgan de dichos predios, no entraña, en nuestro sentir, la consecuencia de que ese uso y aprovechamiento puede ser concedido por la Administración cuando el dueño del predio en que nacen las aguas no las aprovecha o no usa de ellas «como le fuera menester», significa únicamente que hasta que no salgan de las fincas en que nacen son propiedad del dueño del terreno, el cual puede utilizarlas en su predio o venderlas o permutarlas, facultad esta última que constituye una modalidad de aprovechamiento. Por eso dice muy exactamente la ley que «pertenecen al dueño respectivo para su uso y aprovechamiento mientras discurran por los mismos predios», no mientras se utilizan para el servicio, sino mientras discurren por él, locución que significa que los dueños tienen, mientras las aguas están en los predios, todas las facultades anejas al dominio: la de utilizarlas personalmente sus dueños o la de transmitirlas a terceros. Si no lo hacen, en cuanto traspasan los límites de sus fincas pueden utilizarse por otros, precisamente porque su abandono por el dueño las convierte en aguas del dominio público.

Sólo que la ley y el Código, para evitar dudas y conflictos, ha establecido en justicia, y llegado ese caso, un orden de aprovechamiento, dando la preferencia a los dueños de los terrenos inferiores o laterales, sin necesidad de concesión, y a dicho fin determina, con todo cuidado y equidad, el orden de prelación para esos aprovechamientos eventuales en el art. 7.º y concordantes. Cuando durante cierto tiempo esas aguas que salen de la finca en que nacen no se aprovechan por nadie, entonces nace el derecho de la Administración a concederlas