El Progreso agrícola y pecuario (1929-08-07 00:00:00), página 12

generales de Montes, Comercio y Abastos; el director de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos y el inspector general de Higiene pecuaria.

Este Consejo funcionará, salvo los dos plenos anuales, por medio de un Comité permanente, que presidirá el ministro o director de Agricultura, y del que formarán parte además los presidentes de las Asociaciones Nacionales de Agricultura y Ganadería, el director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el inspector general de Higiene y Sanidad pecuarias y siete presidentes de Consejos provinciales, que se designarán: uno por las provincias del Centro, otro por las de Levante, otro por las de Andalucía, otro por las del Norte, otro por Canarias, otro por Baleares y otro por Aragón y Cataluña.

Base undécima. Constituido el Consejo Nacional Agropecuario, quedará de hecho suprimido el Consejo Agronómico, y sus atribuciones pasarán a aquél, lo que se tendrá al efecto en cuenta al redactarse el correspondiente Reglamento.

Base duodécima. También al constituirse los Consejos Agropecuarios provinciales cesarán en su funcionamiento las actuales Cámaras Agrícolas, con el traspaso a aquéllos de sus atribuciones.

Por el Ministerio de Economía Nacional se procederá a reglamentar la propiedad rural, procurando la máxima eficacia corporativa, y se modificarán las disposiciones atinentes a Sindicatos y Cooperativas de carácter agropecuario.

Base décimotercera. Las Diputaciones provinciales quedarán autorizadas a señalar un recargo para todos los conceptos y atenciones a que se refiere esta Real decreto, que en ningún caso excederá del 5 por 100 de las cuotas que se satisfagan al Estado como atributos de esta índole.

En este recargo queda comprendido el actual destinado a la extinción de plagas del campo, y se destinará exclusivamente a los fines señalados en esta disposición.

La recaudación la efectuará el Estado donde las Diputaciones no se hayan encargado de este servicio, llevándose la contabilidad por separado.

Base décimocuarta. Si las Diputaciones provinciales no cumpliesen a satisfacción los fines que se les encomienden en el presente Real decreto, el Estado podrá incautarse de los servicios y organizarlos, administrando directamente los fondos destinados al efecto, incluso las partidas consignadas en sus presupuestos por los organismos negligentes, procedentes de sus ingresos peculiares, sin perjuicio de otras sanciones proporcionadas a los hechos que las requieran. El ministro de Economía Nacional, al reglamentar la aplicación de este Real decreto, revisará toda la actual organización agropecuaria central, descartándola con el mayor rigor de gastos y dependencias que pudieran resultar dobles o interferentes con la nueva estructuración que se da a este servicio.

Dado en Madrid a 26 de julio de 1929.—ALFONSO.—El presidente del Consejo de Ministros. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.*

El proyecto de estructuración agropecuaria, por el precedente Decreto convertido en realidad, traspasa a las Diputaciones provinciales—con la colaboración de elementos agrícolas—importantes servicios agropecuarios que venía realizando—muy deficientemente en la generalidad de los casos—el Estado, y autoriza a aquellas Corporaciones a señalar una cuota o impuesto para subvencionar el gasto que origine la nueva función que se les encomienda.

Reconocemos paladínamente que al Estado sólo corresponde, en materia de enseñanza agrícola, la formación de los técnicos, la investigación y la experimentación de carácter general, y que todo lo demás es función que debe entregarse a las organizaciones agrícolas interesadas o a los organismos provinciales interesados también en el progreso agrícola. El ejemplo dado en varias Diputaciones que han organizado eficientemente y a su costa sus servicios agrícolas parece aconsejar también esta descentralización en la enseñanza agrícola; pero todo ello no impide que nos asalte el temor de que no todas, ni siquiera la mayoría de las Diputaciones procedan con el acierto que en varias de ellas nos complacemos en reconocer.

Hemos combatido en estas columnas las llamadas Grandes parlamentarias, que no obedecían a otro interés que el puramente político; y al ver entregados estos servicios a la política provincial no podemos apartar del pensamiento el temor de que surja aquí y allá el campo de denuncia, la parada de sementales, el auxilio para combatir la plaga o sencillamente el curso corto, la conferencia, el certamen o el concurso que especialmente interese a esta o a aquélla persona, por muy asesorada que esté.

Claro es que peor que iban las cosas no podrán ir, y por mal que lo hagan los Consejos agropecuarios, no lo harán peor que lo hacía la Administración central. Cabe la esperanza de que de cincuenta provincias haya diez o doce que sepan organizar su enseñanza agrícola con toda eficiencia, y eso habremos ido ganando; y si suponemos que el resto o lo realice mal o se desentienda en la función por no sentirla, es evidente que el Decreto que comentamos, además de reservar al Estado la ayuda material y la inspección de los servicios de carácter provincial, le facilita para recoger en los organismos remisos o descuidados la abandonada función que el Estado deberá tomar en sus manos, y no ya con sus solos recursos, como ahora, sino uniendo a éstos los que de un modo obligatorio deberá aportar la provincia remisa.

El Decreto todo responde a la idea de sacar al agrónomo del vivir tranquilo y el pasar modesto que supone el escalafón y lanzarlo a la lucha por la vida, al servicio de Diputaciones, Corporaciones y Ayuntamientos, en que si bien es verdad que se exige un mayor rendimiento, también se obtiene una más proporcionada remuneración. De Diputación sabemos que anda ya buscando un ingeniero agrónomo para ponerle al frente en una Estación Agrícola, y ha ofrecido 25.000 pesetas de sueldo al año a quien tiene actualmente 6.000 de sueldo al servicio del Estado. Y una de las cosas de que éste habrá de ocuparse será seguramente asegurar una remuneración mínima y una estabilidad suficiente al personal que las Diputaciones y Consejos agropecuarios provinciales libremente elijan para ponerlo al frente de sus servicios agrícolas.

Todo ello supone, en fin de cuentas, un mayor número de funciones entregadas al personal agronómico y una mejor remuneración de este personal, tanto por parte de las entidades como por parte del Estado, ya que si éste no siguiera el camino de aquéllas, quedarían en cuadro los servicios que se reserva y se habría verificado en su personal una selección a la inversa, que el propio Estado es el más interesado en que no tenga lugar.

Y es evidente que concentrando el Estado los elementos y los recursos que hoy desperdicia en varios intentos, los