El Progreso agrícola y pecuario (1929-08-07 00:00:00), página 13

establecimientos oficiales deberán ser modelo de organización y de eficiencia.

Por lo demás, la nueva organización en nada impide la actuación económica y social de las entidades agrarias, y aun se las promete trato preferente, y por ahí precisamente debería buscarse la solución del problema si éste hubiera de quedar reducido a su aspecto técnico; si un Sindicato trabaja y hace labor útil, ayudarle; si una Junta de ganaderos fomenta la riqueza pecuaria, auxiliarla; si una Caja rural combate la usura, facilitar e impulsar su beneficosa acción.

Porque el progreso agrícola no viene sólo de la técnica, que es la que más directamente se intenta fomentar mediante la nueva organización; la empresa agrícola no es pura tecnismo; eso es un aspecto, una parte de la industria agropecuaria; pero tan importante o más que la técnica es el aspecto económico, y en muchas ocasiones el social, a tal punto, que el exponente del progreso campesino es en toda ocasión el resultado de la coordinación de esos parciales progresos.

El Decreto no contiene más que las bases, las líneas generales de la futura organización del campo, y es el desarrollo de estas bases, que el propio Decreto anuncia, la que hay que esperar para juzgar sus efectos, no sólo en orden a la técnica, sino en todos los demás órdenes que al campo interesan.

Expresamente anuncia el Decreto la organización corporativa de la propiedad rural y de los Sindicatos y Cooperativas agrícolas. La propiedad territorial requiere, en efecto, una organización oficial, como la tiene la propiedad urbana, que sea expresión y cauce legal de tan importantes intereses, que no están representados en los Consejos agropecuarios, en los que sólo se ha dado entrada a los cultivadores a título de tales, ya lo sean en terreno propio o ajeno.

Y la vieja ley de Sindicatos agrícolas, con sus veinte años de existencia, también requiere una reforma fundamental que proteja realmente a las Asociaciones agrícolas, pero distinguiendo las que tienen vida real de las que sólo la tienen en el papel.

Ha prevalecido el criterio de libertad de asociación y obligatoriedad del tributo, si bien señalando o éste un límite máximo y dejando en libertad a las Diputaciones para que, dentro de ese límite, fijen el que estimen necesario. Se respetan, como es lógico, las Asociaciones existentes, y allí donde no existan se estimulará la creación de otras, constituidas, cuando menos, por 25 asociados.

En lugar de las dos entidades provinciales que se proyectaban habrá una sola, constituida por tres diputados provinciales, tres funcionarios y seis vocales asesores, elegidos por las Asociaciones agropecuarias y un Consejo Nacional Agropecuario, que presidirá el señor ministro de Economía y estará integrado por los presidentes de los Consejos provinciales, los de las Asociaciones generales de Agricultores y Ganaderos y varios directores generales y altos funcionarios.

La conmoción producida por el Decreto arrastra entre sus escombros al Consejo Agronómico, y sus atribuciones las asume el Consejo Nacional Agropecuario.

El Consejo Agronómico tenía dos funciones que realizar: aconsejar a la Superioridad en las materias propias de los servicios agronómicos e inspeccionar estos servicios, y precisó es reconocer que si como consejero fue siempre inocuo, amorfo y falta de brío, como inspector el abandono en que tenía la función era tradicional, lamentable y dañoso para los servicios mismos. Cierto es—y conviene decirlo en su descargo—que no ha sido ni es más eficaz que la actuación del Consejo agronómico la actuación de los demás Consejos facultativos que en el Ministerio de Fomento subsisten todavía, y para las que parece haberse escrito hoy la frase de "cuando las barbas de tu vecino..."

Realmente, sacar de su función de toda la vida al ingeniero, para llevarle en los últimos años a realizar otra distinta, en edad en que ya no se aprende ni se varía, es inutilizar a unos hombres respetables que aún pueden rendir a su patria, dentro de la especialidad que han cultivado, el fruto de su ciencia y de su experiencia dilatada.

Seguramente esto es lo que se ha de procurar al reglamentar el Real decreto que comentamos, así como establecer una inspección de servicios realmente eficaz y que de ahora en adelante será mucho más necesario dada la autonomía en que van a moverse los servicios provinciales bajo la tutela del Estado.

Por otra parte, servicios agropecuarios oficiales quedan, y proyectos hay de establecer otros de carácter esencial y aun exclusivamente técnico, que han de requerir consejo, unidad de acción e inspección técnica, que no podrá suplir en todos los aspectos el Consejo Nacional Agropecuario.

Y no sería justo enterrar a las Cámaras Agrícolas sin aquellas exequias que la gratitud de los agricultores obliga a rendir a las pocas que trabajaron mucho y con muy pocos o ningún medio de carácter económico por la defensa de los intereses agrícolas: las que pedían que valiera el trigo lo que debía valer para recompensar el trabajo del agricultor; las que propugnaban por una política agraria favorable al cultivador; las que fomentaban como podían la difusión de enseñanzas provechosas y estuvieron siempre en la brecha para la defensa del que trabajaba en la besana; esas pocas Cámaras cumplieron con su deber, y al hoyo ha de acompañarlas la flor del agradecimiento del agricultor.

La organización que ahora nace dispone de los medios que aquellas no tuvieron; pero aquí "no hace falta un hombre", como en el conocido juguete cómico, sino cincuenta hombres que acierten a conducir la agricultura provincial por rumbos de prosperidad.

¡Y es tan difícil encontrar cincuenta hombres!

Para estudiar la industria corchera.—Por Real orden de 31 del mes pasado se ha designado al ingeniero de Montes D. Fernando Najera para que pratique un estudio referente a la industria corchera española, especificando el número de fábricas y todas las características de orden económico, social y financiero de las mismas en un plazo que no exceda de tres meses.

Los Sindicatos agrícolas.—Se ha dispuesto que para el más exacto cumplimiento de lo prevenido en las reglas 1.º, 3.º, 4.º, y 5.º de la Real orden de 11 de agosto de 1925 y los apartados 3.º y 5.º de la del 15 del