El Progreso agrícola y pecuario (1929-05-22 00:00:00), página 9

Quinta. La Confederación Nacional Católico Agraria reitera al Gobierno su más vivo deseo de que se llegue, mediante el necesario estudio, a una mayor equidad en la política arancelaria, en relación con la agricultura, transporte de productos, impuestos y tasas por entender que estas importantísimas cuestiones no se hallan en la actualidad debidamente encuadrazadas.

Las de la Asociación de Agricultores de España.

Primera. La producción de la tierra debe ser en España objeto de la predilección y atenta solicitud de los Poderes públicos, ya que en ella puede decirse que descansa todo el edificio de la economía patria, no sólo por ser suministradora de primeras materias para la industria nacional y base de la prosperidad del comercio, sino por representar el elemento más importante y numeroso del consumo de cuanto una y otra transforman y ofrecen al mercado, sin olvidar que los agricultores, como clase contribuyente, y en razón de los impuestos directos e indirectos, participan en mayor proporción que las demás en el sostenimiento de las cargas del Estado, crecientes cada día.

Segunda. Una política propulsora de la riqueza agrícola debe inspirarse, no sólo en la enseñanza profesional, en las facilidades del crédito y en el fomento y vigorización de la vida colectiva de los agricultores, sino que requiere esencialmente, y en justicia, una absoluta libertad de éstos para producir y vender lo que producen.

No tienen, pues, razón de ser, a la hora presente, las restricciones y limitaciones que desde hace años, y en consideración a las circunstancias que ocasionó la guerra europea, viene padeciendo la producción agrícola, de cuya grave crisis actual constituyen causa principalísima, por lo que procede ya el restablecimiento de la normalidad en sus condiciones de producción y en sus relaciones de comercio, singularmente en lo que se refiere a que cese la intervención de los organismos de Abastos.

Tercera. En plena revisión arancelaria, y partiendo de que el Arancel puede afirmarse que es la verdadera constitución económica de un pueblo, la agricultura española se ratifica nuevamente en proclamar que es opuesta a excepciones y privilegios injustificados, señalados de antaño por ella, que no pide ni quiere para sí, entendiéndolo, por el contrario, que la protección aduanera debe representar un conjunto armónico de todos los factores y ramas de la producción, cuya protección esté en relación con los intereses generales y en el que no pueda haber clases productoras que económicamente dominen a las demás.

Una vez otorgada la protección que en justicia corresponda, ésta debe ser permanente durante el plazo de vigencia del Arancel, y tener, por tanto, plena efectividad, efectividad que no se logra si no existe previamente libertad de comercio en el interior.

Cuarta. Siendo indispensable para nuestra exportación agrícola, base principalísima del comercio exterior de España, la existencia de Tratados y Convenios comerciales, que faciliten su colocación en los mercados del extranjero, no bastan al objeto indicado si no se procura que no puedan falsearse las ventajas que para nuestra producción en general se concierten, mediante la aplicación a nuestras exportaciones de medidas y disposiciones restrictivas adoptadas por otros Gobiernos, que en la práctica puedan anular los efectos del trato de favor convenido.

Quinta. Siendo improcedente, en buenos principios económicos, la imposición de arbitrios que gravén el valor bruto de la producción de la tierra, debe desaparecer la facultad atribuida a los Municipios españoles para establecerlos.

El Estatuto municipal autoriza su exacción hasta en un 5 por 100. Ello puede representar en muchos casos un tributo igual o superior a la contribución territorial que se satisface al Estado.

Esta Asociación se ratifica en el escrito elevado sobre este particular a la Presidencia del Consejo de Ministros en 1.º de febrero último.

Sexta. Dada la especialísima fisonomía de la producción agrícola, no debe irse a la implantación en el campo de la Organización Corporativa Agraria sin que a ello preceda, al menos, una amplia información pública, un estudio detenido de la cuestión y la preparación en orden a los consejos respectivos que este avance social requiere. Toda meditación, parsimonia y cautela en cuestión tan delicada deben parecer pocas antes de llegar a poner en vigor lo estatuido por las disposiciones que regulan esta materia.

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Las del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.

Primera. La magnífica orientación que se sigue en el Ministerio de Fomento impulsando la extensión del regadío, la repoblación forestal y la ampliación y mejora de los servicios de comunicaciones—puntos básicos de la prosperidad agrícola de España—debe completarse, en cuanto al primero, procurando, en primer término, la creación de un ambiente social y de un régimen tributario que den la mano al agricultor para sacar partido de la situación que la irrigación ha creado; en cuanto al segundo, fomentando asimismo un ambiente social y promulgando disposiciones que hagan no se malogre, por un lado, la riqueza forestal que, por otro, se intenta crear; y en cuanto a los servicios de comunicaciones, a fin de obtener la máxima utilidad de las mismas, quitar todos los obstáculos burocráticos que, hijos del excesivo intervencionismo del Estado, dificultan el transporte y comercio de los productos agrícolas y pecuarios. Bien está, por intensa que sea, la acción oficial para reprimir fraudes y falsificaciones en los productos alimenticios.

Segunda. La libertad de comercio, la desaparición de trabas y privilegios para la adquisición y transporte de los productos, deben completarse con una estable y equitativa política económica exterior que premueva la producción de riqueza y el intercambio de productos.

Tercera. Tanto como es de aplaudir que el Estado realice sacrificios que, por otra parte, serán remuneradores, atendiendo a los indicados medios de prosperidad agrícola, bien por acción directa, bien ayudando a la iniciativa privada, es de desechar que limite su actuación y reduzca los gastos que se impone o que impone a la producción y al comercio, pretendiendo regular la vida del trabajo y coartar la libre iniciativa privada.

Cuarta. Debiera modificarse, en lo que sea preciso, el régimen tributario, de manera que se repartan equitativamente las cargas entre todos los sectores del trabajo y de la producción, evitando, tanto que haya riqueza sin tributar, como que la de algún sector de la misma sea desproporcionalmente gravada, y aun la duplicidad en el tributo, como sucede alguna vez con determinados sectores de la producción agrícola y de la pecuaria, pretendiendo la Hacienda comprender en el régimen de la contribución industrial al agricultor y al ganadero por la transformación que en su hacienda verifica éste, de