El Progreso agrícola y pecuario (1929-05-15 00:00:00), página 14

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Reorganización agropecuaria.—El Gobierno ha entregado a la Asamblea Nacional Consultiva para su estudio un proyecto agropecuario, cuyo comentario reservamos para cuando sea ley, que consta de las quince bases siguientes, que reproducimos en breve resumen:

Se propone en la base primera que se estructuren todos los intereses agrícolas en dos agrupaciones, una de ellas propiamente agrícola y otra pecuaria.

En la segunda base se dice que en cada Ayuntamiento se constituya una Asociación de carácter agrícola local y otra ganadera. Pertenecerán a la Asociación agrícola los propietarios del término municipal, los apareros, los Sindicatos agrícolas, las Cajas rurales, las Cooperativas y, en general, todas las Asociaciones agrícolas de carácter patronal que en la actualidad existan o que puedan formarse en lo sucesivo en aquella localidad. A la Asociación pecuaria pertenecerán los propietarios de ganado y todo género de traficantes de reyes, más los Sindicatos y Cooperativas ganaderas.

En la base tercera se propone que cada Asociación local de carácter agrícola sea regida por una Junta directiva, dos de cuyos vocales serán necesariamente propietarios y una aparero. Los presidentes, vicepresidentes, secretarios y vicesecretarios, serán propietarios o arrendatarios. Podrán pertenecer asimismo a este organismo cuantos vecinos lo deseen, siendo propiamente agricultores.

En la base cuarta se dispone que los vocales de la Junta directiva serán elegidos por seis años, renovándose por mitad cada tres años. Se reconoce derecho de elector a todos los contribuyentes por rústica del término municipal, así como a los arrendatarios y apareros, de los cuales se formará el oportuno censo. Los Sindicatos y demás entidades agrícolas tomarán parte en la elección como los electores individuales. Las Asociaciones locales vienen obligadas a mandar relación certificada de personas y entidades a la Asociación agrícola provincial, y ésta podrá ejercitar el derecho de nombrar uno de los cuatro vocales adjuntos, debiéndolo comunicar con anticipación al alcalde. Publicado en el Boletín Oficial el resultado de la elección dentro de los ocho días siguientes, se constituirá la Junta directiva tanto para las Asociaciones locales agrícolas como para las pecuarias, y comunicará el resultado al gobernador civil de la provincia y al ministro de Economía Nacional.

Según la base quinta, los Ayuntamientos consignarán en sus presupuestos una cantidad no inferior a 0,50 por 100 de los mismos para la enseñanza agrícola experimental. Podrán los Ayuntamientos agruparse para la realización de estos fines, y la enseñanza se hará en las fincas de los agricultores del término, dirigidas por ingenieros agrícolas, formando también parte peritos agrónomos y profesores veterinarios.

En cada provincia se constituirá, según la base sexta, una Asociación provincial agrícola y otra pecuaria. Cada una de ellas tendrá vocales por cada partido judicial, y elegidos necesariamente entre los presidentes de las Asociaciones agrícolas locales respectivas.

Por la base séptima se dice que los presidentes de las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias constituirán el Consejo agrícola pecuario provincial, presidido por el presidente de la Diputación provincial. En este organismo habrá tres representantes agrícolas y tres pecuarios, elegidos por las Asociaciones locales, y pertenecerán a él el ingeniero jefe del Servicio Agronómico, el inspector de Higiene pecuaria y dos diputados provinciales.

Propone la base octava que los Consejos agropecuarios estén afectos a las respectivas Diputaciones, y que éstas delegarán en ellos las funciones propiamente agrícolas.

Según la base novena, quedan suprimidas, cuando este proyecto se publique en la Gaceta, todas las Cámaras agrícolas oficiales.

Se dice en la base décima que las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias residirán, por regla general, en la capital de la provincia respectiva o en otros lugares distintos; pero el Consejo Agrícola Pecuario residirá siempre, necesariamente, en la capital de la provincia.

Dispone la base undécima que la actuación de los Consejos Agropecuarios provinciales será autónoma, pero inspeccionada por el Ministerio de Economía Nacional, que podrá imponer multas a las Asociaciones provinciales y locales de 500 a 10.000 pesetas por negligencia, y otorgar también premios de 1.000 a 50.000 pesetas, siempre a propuesta del Consejo Superior Agropecuario, pudiendo destinarse a estos fines de estímulo hasta la cantidad de un millón de pesetas que se consigna en el presupuesto.

Según la base duodécima, las Diputaciones tendrán la iniciativa, mediante sus Consejos Superiores Agropecuarios, de instalar granjas de experimentación y demostración agrícola, encargándose de cumplir cuanto dispone la ley de plagas del campo y todo lo referente a materias fitopatólogicas; entendiéndose también en facilitar semillas y proponer al Gobierno las mejoras de carácter técnico, económico y social que consideren oportunas. Podrán mancomunarse las Diputaciones y sus Consejos Agropecuarios para realizar ciertos servicios.

Propone la base décimotercera que las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias se sostendrán con una cuota máxima que fija el ministro de Economía Nacional, y que no podrá exceder en ningún caso del 2 por 100 de la riqueza líquida imponible, territorial, rústica y pecuaria. La recaudación estará a cargo del Ministerio de Hacienda. En esa cuota irá incluida la de