El Progreso agrícola y pecuario (1929-02-15 00:00:00), página 12

inferior al middling, tampoco es razón para no dedicarle la atención debida, porque en el algodón sólo se ha conseguido su actual calidad después de muchos años de experiencias, perfeccionando cultivos, seleccionando siembrales, preparando los terrenos, etc., etc., y por igual procedimiento tal vez fuera posible conseguir iguales resultados de la nueva planta. Pero aunque así no sea y hubiera que limitarse al producto actual de la planta de la Guayana porque no pueda obtenerse de ella la larga fibra del algodón fino, no cabe duda de que el descubrimiento es de grandísimo interés para la economía mundial, de ser cierto lo que acerca de él se ha escrito.

R. GÓMEZ NAVARRO,
Cónsul de España en Berlín.

Se reorganiza el Servicio de plagas del campo y el Fitopatológico.

EXPOSICION

Señor: La disolución de los Consejos de Fomento, que ha sido consecuencia obligada de la división de servicios y funciones que antes correspondían íntegramente al Ministerio de Fomento y hoy se han distribuido entre éste y el de Economía Nacional, hace preciso buscarle adecuado sustituto antes de que dichos Consejos cesen en virtud de la nueva ley de Presupuestos.

De entre las misiones encomendadas a dichos Consejos, fue de las más interesantes la de velar por la extinción de las plagas del campo y administrar los fondos con tal objeto recaudados en cada provincia entre los contribuyentes por riqueza rústica, con arreglo a los preceptos de la ley de Extinción de las plagas del campo de 21 de mayo de 1908. Función y administración es ésta que deben realizar los mismos agricultores, que son los interesados, en primer término, en la defensa de sus cosechas. Las Cámaras oficiales Agrícolas provinciales, a las que por ministerio de la ley pertenecen obligatoriamente todos los agricultores que pagan más de 25 pesetas de contribución anual, son, indudablemente, la representación más autorizada de la agricultura, y a ellas se les transfieren todas las facultades que en orden a la extinción de plagas del campo correspondan a los suprimidos Consejos provinciales de Fomento, según la citada ley de 21 de mayo de 1908, y a sus presidentes las primitivas de los jefes provinciales de Fomento, posteriormente denominados comisarios regios de Fomento.

Integralmente se entregan a las Cámaras las facultades que la legislación especial de plagas quiso dar a las fuerzas sociales que los Consejos provinciales representaban y que el Real decreto de organización de los Servicios nacionales agropecuarios de 20 de junio de 1924, vino a hacer casi nominales, traspasándolas totalmente a los ingenieros jefes de las Secciones Agronómicas.

Es propósito del Gobierno de V. M. dar cada vez mayor intervención a las fuerzas sociales en la gestión de sus propios intereses, aspirando a que las Corporaciones económicas sean, por medio de sus Juntas directivas, algo así como los Consejos de Administración en una Empresa en la que el técnico, el ingeniero agrónomo en este caso, deje de ser rector único que hasta ahora fué, en la generalidad de los casos, para convertirse en el gerente que debe ser. En orden a la enseñanza, al crédito, a la estadística, han de ser las Cámaras Agrícolas el órgano de relación entre el campo y el Poder público. Ello será objeto de sucesivos decretos que el Gobierno se propone someter a la sanción de V. M.; pero mientras el momento llega de dar a esos órganos corporativos toda la importancia que a juicio del Gobierno de V. M. deben tener, es ocasión oportuna la desaparición de los Consejos de Fomento para transferir a las Cámaras las facultades que respecto a problema tan trascendental como la extinción de plagas quiso el legislador confiar a las organizaciones de carácter social, y para que el ingeniero agrónomo se reintegre de nuevo al puesto que aquella ley le señaló.

Por otro lado, la política iniciada por el actual Gobierno para defender el prestigio y fama de nuestros productos agrícolas y frutas de exportación, estableciendo la inspección fitopatológica y de calidad de los mismos en puertos y fronteras que estimulaba la selección en sanidad y calidad de nuestras frutas, conviene intensificarla, procurando relacionar esta política con la de sanidad del campo y sus cultivos con unidad de dirección para esas actuaciones que guardan entre sí trabajazón tan estrecha.

Todas las medidas contra las plagas que costea casi siempre el agricultor no pueden ser eficaces si la acción individual no se generaliza, practicándose por todos los agricultores de una manera enérgica y persuadidos de que sólo así podrán tener beneficiosos resultados sus esfuerzos, utilizando al efecto aquellos procedimientos y medios que la ciencia aconseja y que la práctica ha sancionado bajo el control y dirección de nuestras Secciones Agronómicas.

De la Importancia de la cuota obligatoria preceptuada por la ley de Plagas del campo puede juzgarse teniendo en cuenta que la riqueza rústica imponible amillarada y catastrada importa la cifra de más de 1.000 millones de pesetas, sin contar el aumento del 25 por 100, que como base del repartimiento se impuso a la riqueza rústica amillarada en el anterior presupuesto, lo que hace que la suma imponible se acerque a 1.200 millones de pesetas. Tomando esta base de 0,50 por 100 representará sobre 6 millones de pesetas.

Aparte de esta suma, también se han previsto otras cantidades en el presupuesto de Economía Nacional para las atenciones de urgencia a que aquéllas no pueden subvenir. A estas cantidades de considerable importancia (y en lo que respecta a la cuota de la ley de Plagas del campo pueden reducirse, ya que el coeficiente de imposición de 0,50 por 100 es el límite máximo, y hay provincias que establecen el 0,30 y el 0,40, y en otras tipos más reducidos) hay que añadir lo recaudado por el gravamen fitopatológico. Para este servicio se impuso por Real decreto de 29 de abril de 1927 un canon sobre la exportación agrícola, que puede llegar hasta el 1 por 100 del valor oficial que figure en las Tablas de Valoraciones del Consejo de la Economía Nacional, y que en general es del 0,50 por 100, y teniendo en cuenta que el valor aproximado de todos los productos de la tierra a los que afecta dicho gravamen rebasa la cifra