El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-07 00:00:00), página 47

Casi al comienzo del año agrícola, se dictó el Real decreto-ley de 27 de agosto de 1927, autorizando la importación temporal de 50.000 toneladas de trigo en un semestre, para exportar sus harinas. Una Real orden, fecha 3 de septiembre, vino a regular esta importación temporal, elevando, además, de 3 a 3,40 pesetas por quintal métrico de trigo, el margen de coste y beneficio de la molituración para toda clase de trigos, que desde diciembre del año 1924 disfrutaban las harinas fabricadas con trigos nacionales, por acuerdo de la Junta Central de Abastos. Dicha Real orden fijó en 75 por 100 el rendimiento de esos trigos que en importación temporal entrasen en España, y en 4 pesetas los derechos que habían de pagar los salvados que quedasen de estos trigos exóticos, en vez de las 12 pesetas en que los fijó el Real decreto de 9 de julio de 1926 a que antes nos hemos referido.

Por Real decreto de 9 de diciembre de 1927, se autorizó la entrada de 200.000 toneladas de maíz, ampliables a 300.000, con una bonificación de 4,50 pesetas quintal métrico en el derecho arancelario.

Por Real decreto de 19 de febrero de 1928 se levantó la prohibición de importar trigos para un cupo de 44.000 toneladas, que abonarían los derechos vigentes (14 pesetas oro los 100 kilogramos), estableciendo para los molituradores de este trigo la obligación de dar al consumo las harinas de ellos procedentes al precio de 65 pesetas los 100 kilogramos, con inclusión de envase y precio bruto por neto. El mismo Real decreto autorizó a los fabricantes de harinas que introdujeron trigo en importación temporal (para exportar sus harinas) a favor del Real decreto-ley de 28 de agosto de 1927—del que, aun habiéndose autorizado la importación de 50.000 toneladas de trigo en un semestre, sólo se habían importado a la sazón 3.210—para que pudiera dedicarse la harina al consumo nacional. Y para asegurar el abastecimiento de los mercados nacionales de más difícil suministro y facilitar la concurrencia del trigo español, por Real orden de 22 de febrero de 1928 se estableció (desde 1.º de marzo hasta 31 de agosto) una reducción del 10 por 100 en los precios vigentes de las tarifas de transportes ferroviarios para el trigo, y por Real orden del día siguiente se extendió a las harinas la misma rebaja.

Un Real decreto de 30 de abril de 1928, declaró definitivamente libre la importación de trigos que el Real decreto de 9 de julio de 1926 había mantenido en suspensión; se sostiene el derecho arancelario de 14 pesetas oro los 100 kilogramos; se declaran intervenidos por la Dirección general de Abastos los trigos que se importen, y se agrega que si en alguna provincia, o en toda la Península, aun con la importación autorizada, subsistieran las dificultades hoy existentes para el normal abasto de trigos y regulación de precios del pan, el ministro de la Gobernación, como presidente de la Junta Central de Abastos, previo informe de ésta y de la Dirección general del ramo, someterá al Gobierno una propuesta de devolución de parte de los derechos arancelarios a los molituradores importadores que hagan el suministro de trigos o harinas con las condiciones precisas para atender a las necesidades y regulación de precios*. Y la misma disposición autoriza a la Dirección de Abastos para que intervenga la molituración de los trigos importados y venta de sus harinas en forma de que en todo momento se mantenga el normal abasto y regulado el precio del pan.

Por Real orden de 15 de julio de 1928 se amplía hasta 300.000 toneladas la autorización concedida por el Real decreto de 9 de diciembre de 1927 para importar maíz con una bonificación de 4,50 pesetas quintal métrico en su derecho arancelario.

Y llega el mes de septiembre de 1928, y con él la seguridad de haberse recogido en el campo una cosecha deficiente, y ello da lugar a que se publiquen dos decretos de la Presidencia, fechas 13 y 21 y una Real orden de Gobernación de esta última fecha, en virtud de los cuales se abre un concurso para comprar simiente que ofrecer a los labradores para la siembra (se temía que en algunas regiones no hubiera trigo de buenas condiciones para simiente), al precio de 53 pesetas los 100 kilogramos, para lo cual se ordenaba al Ministerio de Hacienda la habilitación de un crédito de 3 millones de pesetas a favor de la Dirección general de Abastos para atender al pago de las diferencias entre los precios de compra y de venta de la simiente que para cederla a los labradores, 53 pesetas adquiriese dicho organismo; se ordenaba al Servicio de Crédito Agrícola que facilitara hasta 50 millones de pesetas para la compra de semilla a los labradores que no pudieran adquirirla al contado, y (para estabilizar el mercado, valorizar el trigo nacional y compensar en parte los gastos que ocasiona al Tesoro el suministro de semillas) creó un recargo transitorio de 7 pesetas oro por cada quintal métrico de trigo que se importe.

Pero como es propósito del Gobierno que el precio del pan no se altere, se declara subsistente el régimen de devolución de derechos arancelarios, incluso el recargo transitorio.

Por otra parte, y al mismo tiempo que se aumentó la tasa mínima en 1 peseta y se fijó la máxima de 53 a 55 pesetas, según los rendimientos, se dispuso que el trigo exótico se mezcle con el indígena en la proporción de 30 por 100 de trigo exótico bonificado y 70 por 100 de trigo nacional, de forma que devolviendo lo que sea menester de los derechos arancelarios, el precio de la harina permanezca inalterable.

Un Real decreto de 3 de octubre de 1928 autorizó la importación de un nuevo cupo de maíz de 150.000 toneladas con la bonificación de 4,50 pesetas por quintal métrico en el derecho arancelario vigente.

Una Real orden de 10 de noviembre de 1928 modificó el régimen de mezcla de trigos nacionales y extranjeros establecido por la Real orden de 21 de septiembre—de la que ya nos hemos ocupado—y ordenó que la mezcla se haga en la proporción de 50 por 100 de trigo nacional y 50 por 100 de trigo exótico.