El Progreso agrícola y pecuario (1929-05-15 00:00:00), página 5

nueva cosecha municipal que sin trabajo alguno se les había deparado.

Pero de todos los lugares amenazados y de sus aledaños (las barbas del vecino) salieron voces de protesta; Sindicatos, Cámaras Agrícolas y Asociaciones de todas clases pidieron la humanización del nuevo impuesto, y tan alto llegó el clamor, tanta justicia existía en la petición, que el Ministerio de Hacienda, con fecha 8 de marzo, publicó una Real orden (!) introduciendo importantes modificaciones en lo dispuesto anteriormente por Real decreto de 3 de noviembre y Real orden complementaria del 26 del mismo mes.

** Limitan los nuevos preceptos, cuyas citas constantes al Estatuto requieren aclaración y comentario, el establecimiento del arbitrio sobre los productos de la tierra—con arreglo a las bases que establece el art. 12 del decreto-ley de 3 de noviembre—a los Ayuntamientos de riqueza exclusiva o preponderantemente agrícola, entendiéndose que poseen este carácter los Municipios que tributen al Tesoro por cuotas de la contribución territorial rústica, en régimen de avance catastral, con una cantidad superior al 75 por 100 de la suma total de las cuotas que por dicha contribución, la industrial, la de utilidades, tarifa 3.*, correspondiente al impuesto bruto de la minería, se hagan efectivas en el término.

Los Municipios cuya riqueza rústica tribute en régimen de amillaramiento, se considerarán con carácter agrícola cuando las cuotas del Tesoro correspondientes a esta contribución representen más del 50 por 100 de la suma total antes indicada.

Una simple comprobación en la Secretaría del Ayuntamiento permitirá a cualquier vecino interesado saber si su Municipio se encuentra o no clasificado a estos efectos como de riqueza agrícola preponderante, y, en caso negativo, si la Corporación, prescindiendo de lo dispuesto con carácter general, intentase imponer el tributo, contra el acuerdo podría recurrir en la forma y requisitos que detallaremos más adelante.

Para establecer el arbitrio deberán cumplirse los requisitos que determina el art. 309 del Estatuto municipal, y que son la previa aprobación de las dos terceras partes de los vecinos, y, en todo caso, la obligación de dedicar los recursos obtenidos a obras y servicios exclusivos de la entidad local de que se trate.

Estando en suspensión actualmente el derecho electoral, y, por tanto, existiendo dificultades para la aprobación previa del impuesto, la nueva Real orden sale al paso en evitación del obstáculo y establece la presunción del voto favorable de las dos terceras partes de vecinos empadronados en el término municipal, cuando no se oponga a la implantación del arbitrio una cuarta parte de aquellos.

Basta, por tanto, que esa cuarta parte se ponga de acuerdo para impugnar el establecimiento del impuesto, que deberá hacerse público, con arreglo a lo dispuesto en el art. 300 del Estatuto municipal, exponiéndolo durante quince días, y dentro de ese plazo podrá formalizarse el recurso por escrito ante el delegado de Hacienda, que dictará las medidas precisas para la comprobación de la autenticidad de las firmas. La resolución que adopte aquella autoridad será recurrible ante el Ministerio del ramo (art. 317 del Estatuto) por el mismo reclamante, en dicho plazo de quince días, y si transcurriesen treinta desde la fecha de entrada en aquel Centro de las alzadas interpuestas sin que notificara el Ayuntamiento y, en su caso a los particulares, la resolución recaída, se tendrá por confirmado el acuerdo expreso o tácito de la Administración provincial.

La resolución del Ministerio, y en su caso, la confirmación tácita del acuerdo de la Administración provincial, ultiman la vía gubernativa. Contra ellas se dará recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Procede también otra reclamación, no contra el establecimiento del arbitrio, sino contra cualquiera de las reglas contenidas en su Ordenanza, acomodándose entonces a lo dispuesto en el art. 327 del Cuerpo legal indicado, pudiendo formularse en este caso por cualquier vecino o contribuyente.

El artículo citado del Estatuto municipal, prescribe que todas las reclamaciones sobre aplicación y efectividad de exacciones municipales, tendrán carácter económico-administrativo, a los efectos del procedimiento y siempre que el acto sea de la competencia del Ayuntamiento o de la Comisión municipal permanente, sin perjuicio de las disposiciones especiales, entenderá, en única instancia, el Tribunal económico-administrativo de la provincia, sin que sea exigible la cuota liquidada por la exacción municipal para que la reclamación se curse, aunque tampoco detiene la acción administrativa para la cobranza.

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En el decreto de 3 de noviembre, se autorizaba el gravamen sobre el valor total de los frutos o productos de la tierra, en la época de recolección. La Real orden que comentamos dice: que «el arbitrio gravará con tipo uniforme los productos de la tierra que se obtengan en el término municipal.» Sin embargo, la Ordenanza podrá excepcionar los productos de valor ínfimo que sean anejos del producto principal sujeto al gravamen, efectuándose la liquidación, deduciendo un 25 por 100 del valor que en el momento de la recolección tengan los frutos, quedando así sujeto únicamente el 75 por 100.

Las Juntas de conciliación a que se refiere la regla 4.* de la Real orden de 26 de noviembre de 1928, serán obligatorias en todos los Municipios que establezcan el arbitrio sobre los productos de la tierra, y a ellas corresponderá, de acuerdo con las Ordenanzas respectivas, resolver reclamaciones, fijar valores, efectuar liquidaciones, imponer sanciones y dictar, en fin, las normas precisas para la efectividad del arbitrio.