El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-31 00:00:00), página 5

man al pie de la letra las conclusiones que se exponen, habrá necesidad en el traslado de las aves de mediciones muy exactas para no pasar de los límites de altitud a que pueden ser llevadas desde un valle y, viceversa, para que no degeneren las aptitudes productoras.

Por lo tanto, si las aves compradas como L2 no han resultado así en la prueba, puede caber la duda de la influencia del medio, y en este punto, ¿se obrará bien eliminándolas, puesto que esos defectos no son transmisibles? ¿Podrá asegurarse la adaptación al medio de su progenie?

Pablo Lastre y Eterna.

Un nuevo impuesto sobre los productos de la tierra.

Cuando en marzo de 1924 se publicó el Estatuto municipal, derogando casi toda la legislación aplicable al régimen administrativo de los Ayuntamientos, una de las razones que se dieron para justificar la innovación fue la necesidad de unificar los preceptos legales que se encontraban dispersos, produciendo las naturales dificultades para la consulta y divulgación.

La nueva ley—ya que con este carácter se publicó el Estatuto—vió su luz primera el 8 de marzo, y a continuación se publicaron siete Reglamentos, que a más de aumentar el número de artículos en cantidad considerable, tuvieron la virtud de contradecir los preceptos sustantivos del Estatuto que pretendían aclarar.

A partir de agosto de 1924 comenzaron a surgir Reales decretos y Reales órdenes aclaratorias que, como las de 30 de diciembre del mismo año y la de 6 de abril del año siguiente, dictaban de paso algunas normas supletorias, cuya necesidad ha puesto en evidencia la práctica del nuevo régimen municipal, normas que afectaban nada menos que a 46 artículos del Estatuto y a otros tantos de los distintos Reglamentos.

En 1925 fueron 28 las disposiciones aclaratorias, y no fué 1926 el menos agraciado, toda vez que se registran 12 modificaciones en la parte general, además de 24 que concretamente afectan a presupuestos, exacciones y cuentas municipales, adicionadas con los 14 preceptos legales que en 1927 vinieron a completar el número inacabable y laberíntico de disposiciones referentes a la vida de los Municipios.

Claro está que el 1928, tan prolífico como sus hermanos, había de traernos una sorpresa, consecuencia del Congreso celebrado en Zaragoza, y parte de cuyas aspiraciones cristalizaron en el Real decreto de 3 de noviembre último.

Las patriarcales costumbres que aún existen en algunos Municipios de solventar las cuestiones económicas de carácter público con arreglo a normas de equidad tradicionales, al margen de toda ley escrita y de la vida oficial del Ayuntamiento, ha llevado a autorizar a estas Corporaciones, para establecer el régimen de carta, ya existente en el Estatuto, pero con la modificación de crear exacciones distintas de las previstas en dicho Cuerpo legal, siempre que cumplan algunos requisitos que a continuación señala.

No es nuestro propósito comentar esta parte del Real decreto, aunque bien lo merezca, por solicitar toda nuestra atención el arbitrio sobre los productos de la tierra, que se concede a los Ayuntamientos de Municipios menores de 10.000 habitantes, o que, cualquiera que sea su censo, no posean núcleo de población superior a 4.000.

El Estatuto ya reconocía esta facultad a las entidades locales menores (art. 309), en virtud de la cual podrían gravarse los productos de la tierra obtenidos en el término, con sujeción a las bases, que a continuación extractamos, por su extraordinaria importancia para la población rural.

El arbitrio ha de ser uniforme, gravando todos los productos de la tierra, y tomando como base su valor efectivo en el momento de la recolección, no pudiendo exceder del 5 por 100 del mencionado valor.

Observe el lector y repare el Gobierno que el 5 por 100 sobre el producto bruto de una explotación agrícola supone, en la mayoría de los casos, un impuesto mucho más oneroso que el 20 por 100 sobre el producto líquido, que es lo que hoy se viene a pagar por contribución territorial y de cultivo. Es decir, que esa contribución municipal será nada menos que el doble de la que cobra el Estado.

Tan alto les debió parecer el tipo a los mismos redactores de la disposición, que declaran incompatible el arbitrio con el repartimiento general, ¡no faltaba más!; pero podrá coexistir con todas las otras exacciones, que admite el Estatuto municipal, y para que no se escapen los industriales y ciudadanos que ejerzan profesión, podrán ser gravados con una cuota anual hasta del 3 por 100 sobre el valor de las utilidades obtenidas en el término; diferencia de trato que no se explica más que por el afán notorio de proteger la agricultura nacional.

A los Ayuntamientos de vecindario corto se les ha regalado un trabuco, y no sabemos qué uso se hará de ese arma aliviadora del bolsillo modesto del agricultor.

Para los Municipios, la panacea resulta muy cómoda y provechosa, porque con una base clara de tributación le permite recoger, casi en la misma era, la cuota que a cada uno se le señale a consecuencia de la recolección; pero subsistiendo todos los demás tributos, este nuevo impuesto puede agravar la situación desesperada del labriego agobiado por toda clase de gabelas, siempre crecientes y no siempre encaminadas a un fin benefactor.

La única limitación sería que se opone a que las Corporaciones fantasíesen sobre el nuevo arbitrio; tan sencillo de fijar, y recaudar, es la consignada en el apartado e), núm. 2, del art. 12: «Los Ayuntamientos que establezcan este arbitrio, no podrán obtener de las exacciones enumeradas en los apartados b) al f) del art. 380 del Estatuto (las más importantes son: recargos sobre contribuciones o impuestos, y arbitrios sobre el consumo