El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-22 00:00:00), página 4

perjudicarían grandemente industrias tan merecedoras de protección, como la viticultura misma. No puede tampoco dejarse en plena libertad de empleo y en manos particulares la distribución y empleo de dichos alcohol es, ya que ello y en años de cosechas normales de uva, en los cuales la viticultura puede por sí misma abastecer al mercado nacional en todas sus necesidades, el alcohol industrial, obrando a modo de elemento perturbador, origina el envejecimiento de los precios del vino, y como consecuencia obligada, todas las crisis vitícolas que se han venido sucediendo.

Si el art. 4.º de la ley de Vinos ha fracasado ruidosamente en su finalidad de regular el empleo del alcohol industrial, mediante la aplicación del precio tope del alcohol vírico, forzoso es reconocer, que la única solución es la que con león de aragones venimos defendiendo: «Que sea el Estado el monopolizador y regulador del empleo del alcohol industrial, atendiendo a la defensa de la viticultura y de los demás intereses a los cuales el empleo de alcohol es afecta.»

Y esto puede hacerse sin perjudicar a la industria azucarera, que rinde la primera materia para producir el alcohol industrial (las melazas) y sin lastimar ni perjudicar los intereses de la industria alcohólica que hoy produce dichos alcohol es.

La Industria azucarera obtendría el precio remunerador que corresponde a sus melazas y en relación al que ella hubiese pagado por la remolacha. La industria alcohólica, productora del alcohol industrial, tendría por único comprador al Estado, que le pagaría por sus alcohol es el precio justo y equitativo que correspondiera al costo de la primera materia, aumentado de los gastos de fabricación y del correspondiente y justo beneficio Industrial.

Es decir, el Estado erigido en monopolizador y regulador del empleo de los alcohol es industriales, no causaría perjuicio ni perturbación a ninguna de las industrias que hoy existen; haría eficaz la finalidad que se persigue inútilmente con el art. 4.º de la ley de Vinos, y llevaría a la viticultura la tranquilidad y confianza en un próximo resurgimiento.

Y si esto es cierto, como todos sabemos, fácilmente ha de comprenderse, que siempre que se hable de monopolios de alcohol es, otros que el del Estado para el alcohol industrial, se produzca en el campo vitivinícola español la inquietud y rozobra consiguientes.

UNO DEL CAMPO DE CARÍNENA.

En todas las naciones cultas, los agricultores cuentan con periódicos, revistas, etc., que les defienden, les ilustran, les ponen al tanto de los progresos agrícolas más recientes, forman su criterio comercial y les indican las perspectivas que presenten los cultivos. EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, Revista única en su género en España, ayudará a usted en todo lo que hemos mencionado. Suscríbase usted y déla a conocer a sus amigos.

De arrendamientos.

Peticiones labriegas.

Preocupa hondamente este asunto en el campo agrícola, y constituye materia de estudio en todos los centros dirigentes y en todos los laboratorios agrosociales. Nosotros, en El Progreso Agrícola y Pecuario, hemos registrado todos los movimientos, todas las inquietudes de la masa y de los directivos en orden a los contratos sobre el dominio útil de la tierra. Hoy tenemos cosas nuevas e importantes que decir acerca de tal materia.

Fué de ayer (28 de mayo de 1927) la petición hecha en Medina del Campo por la agricultura en activo allí congregada, solicitando en las séptima y octava conclusiones, que: «Se modifique la legislación vigente sobre arrendamientos agrícolas en el sentido de que sean más justos, se otorguen por largos plazos y se abonen al arrendatario las mejoras hechas en una finca de acuerdo con los propietarios. Que se establezca la concesión del derecho de retracto a los arrendatarios en los contratos de venta de las fincas que lleven en arriendo.»

La contestación no se ha hecho esperar.

Un dictamen oficial.

En los últimos días del pasado mes de octubre, la Junta Central de Acción Social Agraria—que presidía entonces agricultor tan destacado como el actual Ministro de Economía Nacional, señor conde de los Andes—, elevó a la Dirección general, asesorada por aquélla, un dictamen interesantísimo sobre contratos de arriendo, que vamos a extractar sucintamente, añadiendo levesímos comentarios y algunas referencias de lo que en naciones extranjeras rige, sobre cada uno de los extremos que abarca el dictamen referido.

La tasa de la renta.

La Junta aludida afirmó su criterio favorable al principio de la libertad de contratación en los nuevos contratos, no sometidos, por tanto, a tasa alguna.

Así ocurre en la inmensa mayoría de los países agrícolas, si bien hay alguna excepción, como la de Checoslovaquia, donde rige un límite máximo de renta.

En orden a esto, es curiosa la modalidad acogida en Bélgica. No hay allí tasa de rentas, pero están facultados los Tribunales agrícolas para modificar en más o en menos la cuantía de la renta durante la vigencia del contrato, según sea aconsejado por las variaciones, a veces notables, del valor de la moneda y de los precios de los productores agrícolas, que suben y bajan enormemente durante lapsos pequeños.

Cuando la normalidad reina en una nación es indudablemente preferible la libertad contractual, es decir, que la oferta y la demanda rijan este fenómeno económico.