El Progreso agrícola y pecuario (1928-11-15 00:00:00), página 12

tido se entenderá modificado el apartado f) del art. 2.º del citado Real decreto.

Se previene además en la última de las mencionadas Reales órdenes que en todos los casos de solicitud de instalación de maquinaria, tanto en sustitución de otra como tratándose de nuevas instalaciones, el Comité regulador de la Industria algodonera tramitará el expediente y propondrá a la Presidencia del Consejo de Ministros, por conducto del Comité regulador de la Producción industrial, la resolución procedente.

Y, por último, cuando llegue el aumento de dar cumplimiento a alguna de las prevenciones que se derivan de la Real orden de 30 de noviembre próximo pasado, especialmente en lo que afecta a la compra de maquinaria por el Comité y aun a las ventas que pueda realizar el propio organismo, es posible que se presente la cuestión relativa a si debe o no tributar por Derechos reales.

Expuestos los antecedentes que preceden, aparece fuera de duda la necesidad de refundir las disposiciones relativas a los tres extremos que acabamos de apuntarse, tanto para darles la conveniente uniformidad como para evitar toda clases de dudas acerca del procedimiento a que deban sujetarse las solicitudes que se formulen al amparo de la Real orden de 30 de noviembre del año próximo pasado sobre sustitución y amortización de maquinaria, resolviendo además el punto relativo al impuesto de Derechos reales, ya que si el pago de los mismos en determinados casos pudiera significar el cumplimiento estricto de la ley, podría dificultar la actuación del Comité y aun enervar los efectos que el Poder público persigue por medio de la citada Real orden.

Fundado en las anteriores consideraciones, el presidente del Consejo de Ministros, que suscribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 27 de septiembre de 1928.—Señor: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las normas que habrán de observarse en la tramitación de los expedientes que se promuevan al amparo de la Real orden de 30 de noviembre del año último sobre sustitución y amortización de maquinaria en la industria algodonera y cuyos preceptos se consideran comprendidos en el presente Real decreto, serán las que se disponen a continuación:

1.º Toda solicitud que se formule deberá presentarse ante el Comité regulador de la industria algodonera, debiendo formalizarse en términos claros y concisos, comprendiendo los antecedentes y fundamentos en que se apoye y la petición concreta que se formule, y sin perjuicio de acompañar desde luego cuantos documentos estime necesarios para justificarla el peticionario, tendrá éste obligado a suministrar cuantos otros elementos de comprobación reclame el Comité para formar juicio y poder, en vista de los mismos, elevar la proposición que estime procedente a la Superioridad.

2.º Presentada que sea cualquier solicitud, se comunicará por Secretaría al Comité regulador de la Producción industrial, con expresión del número de registro, fecha de entrada y objeto, con remisión del anuncio correspondiente, para su publicación en la Gaceta, a fin de que dentro del plazo de quince días puedan acudir ante el Comité regulador de la Industria algodonera, formalizando oposición aquellos que lo estimasen conveniente a sus intereses.

Si la oposición se presentase al Comité regulador de la Producción industrial, será remitida por éste, sin pérdida de tiempo, al Comité regulador de la Industria algodonera para que pueda tenerla en cuenta antes de emitir dictamen.

3.º Sin perjuicio de la obligación genérica contraída por el solicitante a tenor del párrafo primero, será necesario que cuando se trate de la sustitución de maquinaria usada por otra nueva, con reducción bajo el régimen de primas, se justifique que la maquinaria que se trata de sustituir pertenecía al solicitante antes del 18 de febrero de 1927, en que se publicó en la Gaceta el Reglamento del Comité, y en el caso de que se ofrezca la venta de maquinaria que se justifique el dominio y libertad de cargas a su completa satisfacción.

4.º Se dará a cada solicitante la tramitación que corresponda para dejar comprobados los extremos en que la misma se apoye, en términos que la ponencia correspondiente puede formalizar el dictamen que estimen procedente ante la Comisión ejecutiva, bien entendido que cualquiera que sea la instrucción que, según los casos, corresponda, cuando se trate de expedientes en que se ofrezca la venta de maquinaria al Comité, será condición precisa que antes de llevarse a la Comisión ejecutiva el dictamen de la ponencia pase a informe de la Secretaría general en funciones de Asesoría jurídica y al ingeniero industrial que formule la valoración de la maquinaria ofrecida.

La ponencia deberá formalizar el dictamen dentro del plazo de treinta días naturales de la presentación de la respectiva solicitud, salvo en el caso de que los interesados dejen de presentar los documentos que se les pidan. Si la resistencia de los mismos a presentarlos fuera notoria, podrán ser compelidos con dejar sin efecto la solicitud.

5.º Aprobado que sea por la Comisión ejecutiva el dictamen que en cada caso emita la ponencia, se formalizará la correspondiente proposición, con remisión del expediente, incluidas las protestas y oposiciones que se hubiesen formulado, al Comité regulador de la Producción industrial, que intervendrá como único organismo entre el Comité regulador de la Industria algodonera y la Presidencia del Consejo de Ministros, para que con el informe de su Secretaría y el acuerdo de su presidente, la eleve a dicha Presidencia del Consejo de Ministros con la urgencia adecuada a las circunstancias del caso al objeto de que se diote la resolución que corresponda.

Art. 2.º Las cantidades que se destinen a la compra de maquinaria y premios o compensaciones por sustitución afectarán exclusivamente al arbitrio de cinco céntimos por kilogramo de algodón importado con arreglo a la autorización concedida por el art. 2.º del Real decreto-ley de 9 de julio de 1928, y de la recaudación de este arbitrio destinará el Comité la parte que considere precisa a los indicados fines, dando siempre preferencia