El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-15 00:00:00), página 10

una riqueza comprobada por el Catastro de 527.286.584 pesetas y una occultación, por lo tanto, de 260.597.087 pesetas, o sea un poco más del 49 por 100.

En cambio, los ingenieros agrónomos, ¿qué garantías ofrecen? La de que personalmente no están interesados en que la riqueza imponible que resulte del Catastro sea más o menos considerable y la de su deseo natural de llegar a un acuerdo con los Ayuntamientos, Juntas periciales y contribuyentes, para evitar las molestias y complicaciones de la falta de inteligencias entre ellos y aquellas Corporaciones.

Conviene advertir, además, que en el Catastro de las riquezas urbana y forestal se sigue un criterio diametralmente opuesto al que preside en el Catastro de la riqueza rústica.

En aquellos se asigna, respectivamente, a los arquitectos e ingenieros de Montes, las funciones que les corresponde por sus indiscutibles conocimientos y a las Juntas periciales el que les incumbe, como auxiliares de aquellos, según puede comprobarse con la lectura de los capítulos VII y VIII del mismo Reglamento.

Con referencia a los trabajos catastrales efectuados por corporaciones y particulares, no vemos inconveniente en que se autoricen, con sujeción a las disposiciones contenidas en el capítulo X, por más que creemos no serán muchas las peticiones que se formulen con tal objeto, siempre que se contraigan al período geométrico; pero que en modo alguno debe accederse a los que se refieran al período evaluatorio, porque se llegará a resultados iguales a los que se obtuvieron al confiar a los Ayuntamientos la confección de los amillaramientos. La autorización de tales trabajos daría ocasión a un sinúmero de divergencias, reclamaciones y expedientes interminables. La imposición tributaria es un acto de soberanía que en nadie puede delegar el Estado, y las entidades que solicitaran llevar a cabo, por su cuenta, el período evaluatorio, lo harán con el propósito de llegar a la determinación de una riqueza imponible inferior a la que llegase a fijar la Administración del Estado. Lo contrario es inverosímil.

Pijemos ahora la atención, aunque ligeramente por no causar la atención de nuestros lectores, en el servicio de conservación de que trata el capítulo XII.

Según el párrafo segundo del art. 214, durante los dos primeros años se consideran reformables todas las características parcelarias, y según el 226, la calificación, y con ella la clasificación y valoración, serán reformables, cuando haya cambio de cultivo, a propuesta de las Juntas periciales. No obstante, en el art. 227 se establece que la característica clasificación permanecerá invariable en el período de conservación. Sin embargo, deberán subsanarse cuantos errores se adviertan en los trabajos, pero limitándose a los casos en que el error se manifieste plenamente (párrafo tercero del mismo artículo 227).

La conservación de los trabajos parcelarios, por polígonos-topográficos, estará a cargo de las oficinas dependientes del Instituto Geográfico (artículos 218 y 229), que tendrán a su cargo la conservación expresada, y la que se establezca para conservar las valoraciones agrícola y forestal se organizará en forma análoga a la anteriormente dispuesta para los trabajos topográficos (artículo 230). Aquí se advierte cansancio y deseo explicable de a abar un trabajo tan confuso.

En los artículos 245 y siguientes se trata de la conservación del avance catastral, que se viene realizando con sujeción a la ley de 7 de marzo de 1906.

En el art. 248, apartado e), se confía a las Juntas periciales la relación y envío a las Delegaciones de Hacienda de las listas cobratorias, trabajo delicado que exige una exactitud absoluta, para el cual no están capacitadas las Juntas periciales, salvo contadas excepciones. Hay que advertir, en lo que se refiere a este particular, que en la lista cobratoria debe constar el producto líquido imponible total de todas las fincas de un mismo propietario, el recargo correspondiente a los gastos de primera enseñanza y la cuota tributaria total correspondiente a cada propietario. Todos los cálculos deben ser exactos, al céntimo, y no hay que redactar los recibos correspondientes, por ser esta función propia de la Administración provincial de Hacienda, quien entrega después esos documentos a los recaudadores.

En síntesis, la Junta Superior de Catastro, que ha redactado el Reglamento de 30 de mayo último, se compone de un presidente y veinticinco vocales, todos ellos personas ilustradísimas y animadas del mejor deseo; pero como el trabajo que sobre ellos ha pesado es mucho y compue to de partes muy heterogéneas, han debido dividirse en grupos, que han redactado los 15 capítulos y 298 artículos, además de otros nueve transitorios, y de ahí la falta de uniformidad de criterio en algunas disposiciones, las repeticiones que, a veces, se advierten y la duda en la aplicación del expresado Reglamento que se nota en el art. 232, en el que se anuncia la posibilidad de redactar un nuevo Reglamento cuando se llegue a la coordinación del Catastro y del Registro de la Propiedad.

Por lo pronto no hemos visto satisfacciones las finalidades anunciadas; en el art. 1.º, o sean las de llegar, en su día, a la formación del Catastro jurídico y a la movilización del valor de la propiedad, lo que para nosotros no tiene nada de extraño, porque no tenemos noticia de que en país alguno se hayan logrado.

En cuanto al tiempo que se tardará en llevar a cabo el Catastro parcelario, mediante el procedimiento establecido en el mencionado Reglamento, ni aun aproximadamente puede calcularse; pero hay trabajo para muchas generaciones.

Manuel del Busto.

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