El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-07 00:00:00), página 12

Los terrenos del delta del Ebro.—La Sociedad civil particular Riqueza Rústica ha recavado del Gobierno la propiedad de terrenos en los términos de Amposta y Tortosa (Tarragona), solicitando la intervención del Gobierno para resolverlos.

La Sociedad manifiesta haberse creado una situación difícil por no haber entrado aún en posesión de varias fincas de su propiedad de que se había incautado el Estado para la explotación de salinas durante el período de vigencia del monopolio de la sal, sin que hayan pasado a su poder, no obstante el acuerdo de reversión de las mismas adoptado por el Ministerio de Hacienda cuando se verificó el desestancamiento de la sal.

Para estudiar el problema planteados en esos terrenos, cuya reivindicación se pretende, se ha nombrado una Comisión, compuesta por el vocal de la Junta Central de Acción Social Agraria, D. Luis Amorós Manglano, que será presidente de aquélla; D. Juan Issas del Valle, abogado del Estado en la Dirección de lo Contencioso del Ministerio de Hacienda, y D. Juan Calmarza, ingeniero agrónomo, designado por el Ministerio de Fomento, que actuará de secretario.

El trabajo de la Comisión comprenderá: a) El estudio del estado jurídico de la cuestión planteadas, determinando todos los derechos y obligaciones que respecto a las mencionadas fincas corresponden al Estado, a la Sociedad Riqueza Rústica y a los actuales poseedores de los terrenos; b) El estudio técnico de los mismos en su aspecto agronómico; c) La valoración que tuvieran dichos terrenos en la época de su incautación por el Estado para la explotación de salinas; en la de la cesación del monopolio de la sal, en cualquiera otra en que hayan sufrido algún cambio importante, y en la actualidad expresando la proporción en que, tanto el Estado como la Sociedad Riqueza Rústica o los actuales poseedores hayan contribuido al aumento del valor, y d) El estado en que se encuentra el problema socialmente considerado.

Terminados los estudios que se le encomienden, la Comisión redactará una Memoria, en la cual, teniendo en cuenta los factores jurídicos, económicos, agrarios y sociales que integran el problema, formulará las bases o conclusiones que puedan servir para resolverle del modo más conveniente.

Con los datos aportados por la Comisión, que podrán ser ampliados después si se considere preciso, el Gobierno, previo acuerdo en Consejo de Ministros, dictará la resolución que considere pertinente.

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La vigencia de los Avances catastrales.—Publicado en la Gaceta de Madrid de 5 de junio último el Reglamento, aprobado por Real decreto de 30 de mayo anterior, para el cumplimiento de los Reales decretos-leyes de 3 de abril de 1925 y 6 de marzo de 1926 en la parte relativa a los servicios del Catastro, se suscitaron dudas respecto a la inmediata aplicación a los Avances catastrales de los citados preceptos del dicho Reglamento.

Del contenido del cuerpo legal de que se trata se desprende claramente que, en general, sus disposiciones han de tener eficacia plena a medida que se inicien los trabajos del Catastro parcelario; pero, esto aparte, las dudas a que antes se ha aludido quedan desvanecidas con la lectura del artículo adicional de aquel Reglamento, según el cual las Direcciones generales del Instituto Geográfico y Catastral y la de Propiedades y Contribución territorial redactarán las instrucciones a que ha de sujetarse la labor de su respectiva competencia para cumplir los preceptos reglamentarios, de lo cual se infiere que la aplicación de éstos ha de estar supeditada en conjunto a la publicación de las referidas instrucciones, ya dictadas en determinados extremos en lo que concierne a la riqueza urbana.

Se han formulado también consultas sobre la vigencia de los preceptos contenidos en los capítulos X y XI del Real decreto-ley de 3 de abril de 1925, relativos a las exenciones de la contribución territorial, y respecto de este punto es evidente que una vez promulgado el repetido Reglamento de 30 de mayo próximo pasado, en cuyo capítulo IX se dictan reglas para la aplicación de aquellos preceptos en ciertos casos, ha desaparecido la condición suspensiva que había detenido su aplicación.

Por todo ello ha sido muy oportuna la Real orden de Hacienda de 20 del mes pasado disponiendo:

1.º Que respecto de los Avances catastrales de la riqueza rústica para la aplicación de los preceptos del Reglamento de 30 de mayo de 1928, deberá esperarse a que se dicten las correspondientes instrucciones en cumplimiento del artículo adicional de aquel Reglamento; y

2.º Que se hallan en pleno vigor las disposiciones de los capítulos X y XI del Real decreto-ley de 3 de abril de 1925, referentes a las exenciones de la contribución territorial.

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Liquidación de una Empresa de seguros de ganados.—Por Real orden de 13 del mes pasado se ha dispuesto que se declare la liquidación forzosa de la Sociedad La Pecuaria, de Madrid.

Que dicha liquidación sea intervenida por la Inspección Mercantil y de Seguros.

Que se prevenga a los asegurados, a fin de que en el plazo de sesenta días presenten sus reclamaciones en la Inspección Mercantil y de Seguros, por no existir domicilio conocido de la Sociedad y haber desaparecido su director gerente.

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Los certificados de los inspectores pecuarios.—Por Real orden de 13 del mes pasado se ha dispuesto que los inspectores pecuarios que se vean requeridos para certificar la procedencia e inocuidad en el aspecto ganadero de los productos animales, o de los vegetales que sirvan de embalajes a materias frágiles, como botellas, vidrio, vajillas, etc., efectúen el reconocimiento en