El Progreso agrícola y pecuario (1928-12-31 00:00:00), página 6

Los frutos de la tierra y el Congreso municipalista de Zaragoza.

A nuestro regreso del viaje a Túnez, encontramos sobre la mesa de trabajo un número de la Gaceta correspondiente al día 4 del pasado noviembre, y varias cartas llamándonos la atención sobre el Real decreto fechado el 3, en el que tomando como base el contenido de las conclusiones acordadas en el Congreso municipalista de Zaragoza, dicta el Sr. Calvo Sotelo disposiciones creando impuestos de tal magnitud, que bien quisieramos padecer una alucinación hija de una monomanía persecutoria, y que la realidad pusiese de manifiesto nuestras equivocadas apreciaciones.

De propósito hemos dejado transcurrir los días en espera de que se tratara de esto en la Asamblea, o de que una pluma más valiosa y más capacitada que la nuestra saliese a la defensa del campo y protestara, con todo respeto, pero con la necesaria energía, de la brecha que se le abre a esa riqueza, y de las complicaciones que ha de acarrear el dichoso Real decreto; pero, en vista del silencio, intervenimos, repitiendo nuestro deseo de que la razón nos falte.

Ni puede ni debe extrañarnos la aspiración exclusivamente tributaria de los Municipios españoles asociados, porque al pasar los dinteles de las Casas Consistoriales, se opera en los hombres una transformación digna de estudio; pero si nos causa verdadero pavor el que se acceda tan fácilmente a sus peticiones, y que sin un meditado plan síquiera de economía en las funciones administrativas de los impuestos, se produzca con tanta amplitud la autonomía a las entidades, a la vez que se restan intervenciones y derechos al vecindario, como ecaece con la limitación establecida en el art. 2.º de dicha disposición, respecto a contribuciones especiales.

Al Real decreto que citamos siguió una Real orden, con fecha 26 del mismo mes, completando la legislación tributaria, que abarca el impuesto sobre la plus valía, cuya modalidad aparece con una sencillez y una naturalidad, cual si se tratase de una fuente de ingresos apenas perceptible para el contribuyente. Dejamos para otra ocasión este arbitrio tan delicadísimo y de tanta enjundia, y vamos a dar una idea muy somera de la gravedad que entraña la autorización concedida por el art. 12 a los pueblos menores de 10,000 almas, y a los mayores sin núcleos superiores a 4.000, para establecer un impuesto que puede gravar hasta en el 5 por 100 de su valor en el momento de la recolección todos los frutos que produzca la tierra en los respectivos términos municipales.

Esta facultad les fué otorgada a las entidades menores por el art. 309 del Estatuto, pero con la precisa condición de que lo acordasen las dos terceras partes de los vecinos; precepto de garantía del que quedan relevados los Ayuntamientos a cambio de incluir el impuesto en la Carta municipal que, naturalmente, ha de ser aprobada.

Para poner de relieve todo el alcance de esta facultad que podrán inmediatamente todos los Ayuntamientos de la nación, hemos recurrido a los productos brutos señalados en el Catastro a los cereales, que sin ser bajos para la tributación, están calculados a base de un término medio de cultivo, a veces más beneficioso, económicamente hablando, que el más extremoso sistema, del que no escasean muestras en toda Andalucía. El aumento de producción está en razón directa con el gasto, y si el Fisco no encontrase un motivo confesado, como lo busca siempre para elevar las contribuciones, aunque el labrador pierda dinero, diríamos con la valentía que algunos tratan la tierra y lo que son capaces de hacerle producir. Contra estos hombres meritísimos, que en todo momento «dan» cátedra de cultivos y espacian enseñanzas, poniendo de manifiesto sus fincas, va el impuesto del 5 por 100; a éstos les cobrarán los Ayuntamientos, por ser honrosa excepción, una cuota que triplicará la de territorial sin que ésta sea baja. Podríamos demostrar con datos ciertosísimos nuestro dicho, pero damos la preferencia al más suave de los argumentos.

Por ejemplo, hemos tomado la clase cuarta de cereales de secano en el término de Córdoba, que tiene 582 hectáreas de primera, 301 de segunda, 1.594 de tercera, 5.709 de cuarta, 15.395 de quinta, 26.052 de sexta, 21.166 de séptima y 9.926 de octava. A esa hectárea de la clase cuarta se le consideran en el anónimo montón de los cultivadores, 195 pesetas de productos brutos, y 93 de líquido imponible; pues bien, en esos pueblos privilegiados no se hará reparto de utilidades, se gravará el líquido imponible al tipo de 26,73 por 100, y no con el 16,24 con que por todos conceptos viene gravándose, porque suponemos que este impuesto irá al recibo de la territorial para evitarse la greca de las valoraciones de ciertos productos, que no son productos como rendimiento, y para salvar las complicaciones que traerán consigo las flucas radicantes en dos o más términos. Y menos mal que a las dehesas no alcanzan los rigores de ese decreto.

También puede llegar en la contribución industrial el gravamen al 3 por 100 de la utilidad, que se calcula sumando ocho veces la cuota que satisfaga al Tesoro, y como se trata del 3, y 3 por 8 son 24, con decir que los Ayuntamientos pueden aumentar el recargo municipal de la matrícula hasta un 24 por 100 más, y que vaya también al recibo el impuesto, para que no se aumente la ya lestión de cobradores que los Municipios se ven obligados a tener.

Para mayor satisfacción de los congresistas de Zaragoza, se declara en vigor, con carácter permanente, aquella décima disposición transitoria del Estatuto que prorrogó por tres años ciertos impuestos no autorizados en dicho Cuerpo legal.