El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-15 00:00:00), página 11

A confesión de parte...

Cogemos el Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Sabadell y leemos unos sabrosos párrafos que ni escritos por nuestra pluma y para nuestra Revista. Ahí van:

«Mientras de la manera más rigurosa se impide la ampliación de las industrias afectadas, los fabricantes establecidos en la mayoría de los centros productores van trabajando turnos extraordinarios y triplicando su producción. Y, mientras se produce esta anomalidad en beneficio de unos pocos, por expresa orden gubernativa demandada del consejo de aquellos organismos, se impide la creación o ampliación de nuevas industrias, abogando con ello la iniciativa de quienes, teniendo vocación de industriales, quisieran fomentar la producción. Con ello el Gobierno, de una manera incomprensible, no se da cuenta de que la producción constituye siempre la mejor base de riqueza y engrandecimiento del país, y que, por ser una riqueza efectiva, debiera siempre merecer su máxima protección.»

Está bien, ¿verdad? ¡Caramba, ni que lo hubiese inventado El Progreso Agrícola y Pecuario! Venga más:

«Es inaceptable razónar la disposición restrictiva, alegando que es mayor la producción que el consumo, por cuanto nuestras frecuentes crisis son producidas, no por falta de consumidores de la producción, sino por la inferioridad de salarios que existen entre unos y otros, de forma que, en algunos regímenes, los labradores, por ejemplo, trabajando ordinariamente su formal, no ganan lo necesario para comer; no siendo, pues, de extrañar que no puedan vestirse decentemente y ser, por tanto consumidores de la producción que nos ocupa.»

Esto lo habrá escrito un periódico de Sabadell; pero, a buen seguro, que no con el asenso de la molinería costeña de los alrededores. Es valiente el suelo, y es un saco de verdades. Nosotros hemos subrayado lo que va en bastardilla, pero ni pusimos ni quitamos coma.

«Creo, por tanto, que la táctica más aconsejable para el fomento de la riqueza nacional, ha de ser siempre el proteger la producción. Váyase de una vez a la resolución definitiva del problema de las tierras incultas, y a la implantación del jornal mínimo, y no tendrá necesidad el Gobierno de recurrir a la constitución de Comités Reguladores, cuya gestión a la larga ha de ser de lamentables consecuencias. Con ello se evitaría así mismo el doloroso daño que continuamente rinde nuestro país de su población obrera y el que tengamos que recurrir a la protección y al favor del Gobierno para poder introducir nuestros productos al extranjero. España es una nación todavía joven en población y explotación, y mientras no se haya poblado según permite su perímetro, ni se haya explotado su incomparable riqueza agrícola y minera, no hay derecho a que se opongan límites ni trabas a su natural expansión.»

Debemos recordar a nuestros lectores que lo copiado vio la luz primera en el Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell.

Así, con testimonios del campo frontero, damos a nuestras teorías, tan repetidamente expuestas, una fuerza de resistencia insuperable.

No queremos decir más sobre la materia que trata el artículo copiado; no lo haríamos mejor que él—en lo que tiene de fundamental—, ni con tanta autoridad.

Queda registrado, en nuestra colección, para poder exhumarlo cuantas veces nos sea preciso.

A pares.

Hubiéramos podido titular lo que vamos a decir: «Conflicto entre dos jurisdicciones»; pero no merece la pena de tomarlo tan ampulosamente, y, además, lo que de pronto nos seduce es su aspecto cómico.

Diremos unas palabras aclaratorias. Desde 1922 las sustancias alimenticias exóticas comprendidas en la clase 12 del Arancel venían siendo objeto de un reconocimiento sanitario gratuito, a cargo de las estaciones sanitarias fronterizas. Por la ley del 21 de mayo de 1908—plagas del campo—el Servicio Agronómico reconocía las plantas vivas y partes de plantas vivas que entran (vides americanas, etc.). Aclarando dudas que surgieron con el Real decreto de 20 de junio del 24, llegó la Real orden de Gobernación de 24 de marzo de 1925, que dispuso que las sustancias alimenticias de origen vegetal destinadas al consumo humano fuesen reconocidas exclusivamente por las estaciones sanitarias (menos las destinadas a semilla). Ya estaba todo claro. Vienen luego los Reales decretos de 31 de diciembre del 26 y 29 de abril de 1927 creando los servicios de inspección y el certificado fitopatológico para los productos vegetales que se exporten. Pero en tales circunstancias la Dirección general de Agricultura, en comunicación dirigida a la de Aduanas en 3 de noviembre de 1927, dice entre otras cosas:

«Al propio tiempo he de manifestar a V. I. la conveniencia de que se haga presente a las Aduanas que para la importación de todos los productos comprendidos en la relación adjunta ha de observarse lo establecido en el Real decreto de 20 de junio de 1924, y que los reconocimientos de dichos productos, cuando no vengan acompañados de certificado sanitario del país de origen, han de efectuarse por el personal técnico del Servicio Agronómico correspondiente.»

Y se armó el lio burocrático. Porque ahora llega una partida de patatas para siembra, pongo por caso, y la miran los de la Estación de Sanidad y la remiran los del Servicio Fitopatológico, y entre tanto el importador está como en consulta de médicos, que es molesto, y pierde tiempo y dinero.

Si entrambos reconocedores dicen que la patata no tiene tacha, menos mal; pero anda que si el uno dice que sí y el otro que no, la situación del que importa es como para hartarse y buscar otro oficio.

Ante una incompatibilidad de dictámenes, ¿qué ocurriría? Porque en el caso antedicho, la naturaleza del enfermo da la razón a uno o a otro, o se muere o sana; pero en el de la patata temprana ya es más difícil.

Aquello del reconocimiento sanitario gratuito era algo encantador.

Baratito y rápido.

Y así, puesto a elegir el que importó y detrás de él España, dirían como el personaje muñozsequistia a quien preguntan si la comunicación del Papa fue «Bula» o «Breve»: —Preferiría que fuese breve.

Son ganas de la burocracia de mangúitos: de enredar la madeja y entre sus hilos al contribuyente.

Y menos mal si no se le antoja al ministerio del Ejér-