El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-07 00:00:00), página 11

proyecto completo de los correspondientes a las Secciones 1.ª y 2.ª, objeto de la concesión otorgada por Real decreto de 5 de marzo de 1926 a la misma Compañía, una vez realizados en estas secciones los ensayos para determinar el sistema que haya de emplearse, y deberán quedar terminados en los cuatro (4) años siguientes, a partir de la fecha en que sean autorizados.

Art. 7.º El orden de ejecución de los trabajos deberá ser el siguiente: comenzarán con los diques de defensa, ejecutándose en primer término los transversales, después los interiores y finalmente los exteriores contra las inundaciones del Guadalquivir; seguirán luego las obras referentes a red de desagües, comenzando por las compuertas; después, por orden correlativo, los canales, colectores y de descarga, y, por último, los cañales de primer orden y los siguientes de todas clases.

Art. 8.º La subvención en cuanto a las obras de desecación se abonará por diques completos para todos los transversales, interiores y exteriores, a medida que aquéllas se vayan terminando. Para el abono de la red de canales y demás obras se considerará dividida la sección en cuartas partes con relación al importe del presupuesto correspondiente. Al abono de la subvención deberá preceder una certificación del ingeniero-jefe de Obras públicas de la provincia de Sevilla, que la expedirá a medida que cada uno de los grupos de obras vaya quedando terminado; dicha certificación irá acompañada de las correspondientes cubicaciones, planos, presupuestos parciales y presupuesto general; para la maquinaria bastarán los planos y el presupuesto a ella referente.

Art. 9.º Si los importes de la liquidación de las obras de la sección disminuyeran por causa de errores en las cubicaciones, se reducirá en la misma cuantía el importe de la subvención para dichas obras respecto al presupuesto aprobado.

Art. 10. La subvención para las obras de saneamiento se abonará considerando dividida la sección en cuartas partes con relación al importe de su presupuesto, e igualmente en el caso de las obras de desecación deberán acompañarse las correspondientes certificaciones con los documentos indicados en el art. 8.º

Art. 11. Las modificaciones del proyecto que no alteren las características fundamentales de la concesión ni disminuyan el importe de los correspondientes presupuestos, podrán ser autorizadas por el ingeniero-jefe de Obras públicas de la provincia, y en caso de alterarse o de disminuir el importe del presupuesto, por el Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo de Obras públicas.

Dado en Palacio a diez y siete de julio de mil novecientos veintiocho.—Alfonso.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burt.

Muy importante.

Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

Los frutos de Canarias y el gravamen fitopatológico.

Recibimos la siguiente carta, que con mucho gusto nos apresuramos a publicar íntegramente, celebrando que el error padecido por Siliceo haya servido para esclarecer la situación en que se encuentran los frutos de Canarias a su llegada a Cádiz:

«Sr. D. Andrés Garrido.

Madrid.

Muy señor mío: En el número correspondiente al 31 de julio último de la revista EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, tan dignamente dirigida por usted, aparece en un artículo firmado por Siliceo una acusación contra la Sección agronómica de Cádiz, ya que denuncia una extralimitación de sus atribuciones, como puede leerse en el siguiente párrafo:

«... dándose el caso de que en Cádiz y Bilbao le impone el gravamen fitopatológico a las frutas procedentes de Canarias, como si las provincias del archipiélago no fueran parte integrante del territorio nacional, dentro del cual la circulación de los productos está libre de la inspección, según orden circular de la Dirección general de Agricultura de 19 de julio de 1927.»

En justa defensa le envío esta carta, suplicándole su publicidad, esperando rectifique Siliceo, a quien me permito aconseje lo que otra vez se informe mejor.

Las Canarias están consideradas como puertos francos, pudiendo entrar toda clase de productos extranjeros sin tener que pagar los derechos aduaneros como en la Península. Se sigue de aquí que, cuando los vapores procedentes de esas islas llegan a Cádiz, la inspección en Aduana tiene lugar igual que si viniesen de países extranjeros, y para que los frutos producidos en aquel territorio nacional no abonen derechos tienen que traer una declaración que atestigüe son productos canarios; en caso contrario, tienen que pagar, pues podrían efectivamente proceder del extranjero.

Basándose en esto, la Dirección general de Agricultura, por orden del 23 de febrero último (complementaria de otra del 16 del mismo mes), dispuso que todo producto agrícola canario debía traer una guía autorizada por las Secciones agronómicas de Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, procediéndose, en caso contrario, al reconocimiento. Es lógica esta disposición, ya que si cualquier expedición carece de la citada guía debe considerarse como extranjera, tanto porque efectivamente pueda serlo como por incumplimiento de lo ordenado. En este último caso solamente es cuando la Sección agronómica de Cádiz efectúa el reconocimiento, como es público y notorio en esta capital, sin queja ni protesta alguna.

No dudo, Sr. Garrido, que usted tan amigo de la justicia y de la verdad hará, como director de la revista la rectificación correspondiente.

Dándole las gracias más expresivas, aprovecho gustoso esta ocasión para rellearme de usted como suyo afmo. atto. s. s. q. e. s. m.,

José María Benítez Butrón,
Ingeniero afecto a la Sección agronómica de Cádiz.