El Progreso agrícola y pecuario (1928-10-07 00:00:00), página 2

municipal, que necesita la simplificación de trámites y que rodee a los ciudadanos de garantías ante los jueces rurales, en su mayor parte iletrados, de escasa cultura y avocados, por tanto, al error, ya que no a la mala fe o a la satisfacción de pasiones o envidia caciquiles.

El Código penal, que no responde, según confiesa el ministro de Gracia y Justicia, a la inspiración de una tendencia determinada, sino que es oportunista y adaptado a las circunstancias por que atraviesa nuestra nación, prescinde de los delitos contra la Constitución y leyes especiales complementarias, rigiendo el actual, tan sólo en esta materia, hasta que el Código fundamental se promulgue (art. 856).

Una de las novedades más comentadas es la referente a la extensión del arbitrio judicial, que en amplio voto de confianza se encomienda a la Magistratura.

Ya en el Código que va a desaparecer existen vestigios del arbitrio judicial, toda vez que los tribunales podían imponer las penas dentro de cierto límite y tener o no en cuenta en casos determinados, con arreglo a su conciencia, la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, y en la ley de Enjuiciamiento criminal, más moderna que el Código, el arbitrio judicial se robustece al otorgar en su art. 741 la facultad de apreciar las pruebas libremente, sin tasa alguna, consignando en la sentencia los hechos probados, verdad legal incombustible que hace prácticamente inexistente, en la mayoría de los casos, el recurso de casación.

El art. 390 del nuevo Código, que se refiere a la ocultación de bienes, oficio o industria al ser requerido por funcionario administrativo competente, modifica el 331 del anterior, dejando a salvo, como es natural, lo que establezcan los Reglamentos especiales en cuanto a penalidad, y aumenta el mínimo de la multa de 125 a 1.000 pesetas.

Como esta clase de ocultaciones suelen ser frecuentes, con especialidad en las relaciones del contribuyente con su Ayuntamiento, el precepto aludido debe tenerse muy en cuenta, ya que puede darse el caso de que por una ocultación insignificante, además de las molestias y gastos de todo procedimiento judicial, se le imponga la cuantiosa multa de 1.000 pesetas, que se cobra inexorablemente con arreglo a los nuevos procedimientos indicados.

Crea el Código, al tratar de los fraudes y exacciones ilegales, en su art. 488, un nuevo delito que tiene gran importancia en la administración local.

Los concejales o vocales de las Juntas de Mancomunidad y vecina es, o sus parientes hasta el cuarto grado, mientras ejercieren el cargo, que pagarán por repartimientos o arbitrios municipales cuota menor que la del año anterior, sin que haya sido inferior la cantidad reparable ni las utilidades asignables, salvo que probaren merma proporcionada en su fortuna personal, o que los mismos interesados impugnaren sus cuotas, serán castigados con multa de 1.000 a 3.000 pesetas.

La importancia de la nueva infracción que se incorpora al Código, pretendiendo evitar en lo sucesivo el favoritismo de la parentela por parte de los que obtuvieron la investidura concejil, salta a la vista, y restringiéndose a una clase de relaciones que afectan a todo ciudadano, no hemos vacilado en transcribirla para conocimiento de cuantos ocasionalmente se vean obligados a intervenir en la vida municipal, bien directamente como alcaldes o en la actuación secundaria de concejales.

Respondiendo a las exigencias de la vida moderna, y aleccionado el legislador por los numerosos casos ocurridos, en el art. 357 del nuevo Código se castiga al automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a persona a quien mató o lesionó por imprevisión, imprudencia o impericia, con la pena de dos meses y un día a seis meses de prisión y multa de 1.000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriere por el homicidio o por las lesiones causadas.

No se debe negar el aplauso para esta inclusión en la ley penal del delito de crueldad, ya que así puede ser llamado el acto de abandonar a la víctima, muchas veces en descampado, sin posibilidad de auxilio en varias horas, con la agravación consiguiente de las consecuencias del atropello, y aunque con tal apreciación se rompe el principio básico de derecho penal, que impide castigar dos veces el mismo hecho, las circunstancias que concurren en el mismo, que se prestan a dividir aquél en dos tiempos, autorizan esta transgresión invocando el consabido salus populi.

Hemos de advertir también, puesto que el automóvil tanto se ha generalizado y a todos interesa, como propietario de coche, o como futuro atropellado, que también es delito la conducción del artefacto sin carnet, aún no produciendo ningún daño, castigándose la infracción (art. 574) con dos meses y un día a un año de prisión y multa de 1.000 a 3.000 pesetas. ¿Se evitarán con esto las imprudencias cometidas por tanto inconsciente como conduce vehículos sin la pericia necesaria, con peligro para el viandante?

Indiscutiblemente a ello se tiende con energía, y por lo menos al infractor sus dineros y disgustos le costará.

Las circunstancias excepcionales en que se encontraba la nación en los años 1923 y 1924, hizo necesaria la publicación de los Reales decretos de 13 de abril y 14 de octubre, en los que se castigaba la tenencia o uso de armas de fuego sin licencia, con arresto mayor a prisión y multa de 100 a 1.000 pesetas, aplicándose por la segunda disposición a los condenados a más de un año de privación de libertad, la condena condicional.

Los Tribunales venían imponiendo por el uso o tenencia de escopetas para cazar (que es la infracción más frecuente y la que más nos interesa), la pena de un mes y un día de arresto y la multa de 125 pesetas, en virtud de la libertad que en los Reales decretos se les concedía para aplicar el castigo en cada caso, y a pesar de la benignidad, en la conciencia pública estaba el exceso del castigo, pues la tenencia o uso de una escopeta de caza, no debiera considerarse como delito, precisamente por