El Progreso agrícola y pecuario (1928-10-07 00:00:00), página 13

constante de los precios de los productos en los mercados.

Art. 11. Los Ayuntamientos mancomunados podrán, con la autorización del Ministerio de Fomento, llevar por su cuenta la explotación de los montes, hasta la entrega de las mieras en fábrica, en cuyo caso, a los precios mínimos fijados en el art. 8.º, deberán añadirse el coste de las operaciones de montes y transporte a fábricas, que se definirá por el Consorcio, previos los informes necesarios.

Art. 12. El Sindicato de fabricantes queda obligado a cumplir todas las condiciones consignadas en los pliegos correspondientes a las subastas hoy en vigor en los montes ordenados y en los demás que no lo estén, así como aquellas otras que imponga la Administración forestal en lo sucesivo para el mejor aprovechamiento de los montes y para la ejecución de las mejoras que deban realizarse en los mismos, con excepción de aquellos que se opongan a lo preceptuado en este Real decreto-ley.

Art. 13. La producción unitaria por pino de cada monte, la fijará el Consorcio, previos los informes de la Administración forestal, que a este efecto podrá intervenir cuantas veces lo juzgue oportuno o el Consorcio lo requiera, en la comprobación de las mieras ingresadas en fábricas, así como de la cantidad de agua o impurezas incorporadas a las mismas, sin perjuicio de la estrecha vigilancia que en el monte debe ejercer, en cuanto a la buena ejecución de las labores de resinaación se refiere.

Art. 14. El Sindicato de Fabricantes queda obligado a aceptar la distribución, modificación y supresión de fábricas que a propuesta del Consorcio apruebe el Ministerio de Fomento, después de ver los informes de la Administración forestal y de aquel Sindicato, previa la indemnización correspondiente, que se abonará por el valor de los materiales y por la adecuada proporción a las beneficios o intereses que representa en la colectividad la fábrica en cuestión.

(Continuará.)

NOTICIAS

El nuevo régimen de los Pósitos.—En la Gaceta se publica un Real decreto que, entre otros extremos, determina lo siguiente:

El Protectorado del Estado sobre los Pósitos lo ejercerá el ministro de Trabajo, Comercio e Industria por sí y por medio de la Dirección general de Acción Social y Emigración, asesorada por la Junta Central de Acción Social Agraria, dependiendo de aquélla todos los servicios del ramo.

Los gastos occasionados por el servicio del Protectorado se sufragarán con la subvención del Estado y con el contingente que anualmente satisfagan los Pósitos.

Los Pósitos podrán ser municipales, comarcales, socializados y fundacionales.

Se entiende por Pósito municipal aquel que, radicando en el término de un Municipio, extiende su radio de acción entre todos los vecinos de él y no está sujeto a reglas especiales, ya porque éstas se hayan acomodado en todo al régimen tradicional.

Será comarcal el Pósito que dentro de las características del municipal exienda sus beneficios a una comarca determinada en sus Estatutos.

Pósitos fundacionales son los que se rijan por reglas fundacionales que se aparten del régimen tradicional.

Los Pósitos tendrán su capital en metalico, que deberán destinar a préstamos a agricultores para fines agrícolas. Provisionalmente podrán poseer otros bienes, pero deberán enajenarlos con arreglo a las disposiciones de este Reglamento.

Sus capitales serán inalienables y no se destinarán a otros usos que los indicados.

Los Pósitos quedan facultados para aumentar sus disponibilidades, ya solicitando préstamos del Servicio nacional de Crédito Agrícola o de otra procedencia, incluso de otros Pósitos, ya admitiendo donaciones o legados.

Los préstamos que soliciten deberán pedirlos por conducto de la Dirección general, la cual también podrá autorizarlos para que funcionen como Caja de Ahorro, apropiando en cada caso el Reglamento correspondiente.

Todas las personas que pertenezcan a la jurisdicción de un Pósito podrán solicitar préstamos del mismo, sin más condiciones que las necesarias para contratar legalmente y la de dedicar su importe a fines agrícolas.

La cuantía máxima de los préstamos hipotecarios y prendarios será de 1.000 pesetas en los Pósitos cuyo capital liquidado no exceda de 10.000 pesetas; de 2.500 en los Pósitos de 10.000 a 50.000, y del 5 por 100 del capital del Pósito cuando éste sea de más de 50.000 sin pasar de 200.000.

En Pósitos de capital superior a 200.000 pesetas se conservará el mismo límite del 5 por 100 para préstamos a particulares y se podrá llegar al 10 por 100 en los préstamos que se concedan a las colectividades, legalmente constituidas.

La cuantía máxima de los préstamos personales será de 250 pesetas en los Pósitos, cuyo capital liquidado no exceda de 10.000 pesetas; de 500 en los Pósitos de 10.000 a 50.000 y de 1.000 en los Pósitos de mayor capital.

El plazo máximo de los préstamos personales y prendarios será de un año, a no ser que la conservación de la prenda imponga otro menor.

Los préstamos hipotecarios podrán concederse por diez años como máximo y serán reintegrables por anualidades.

En casos especiales, calamidad pública, mala cosecha o causa similar, a petición del Pósito y previo informe del Patronato provincial y Junta Central, podrá la Dirección general autorizar moratorias extraordinarias a condición de que los deudores satisfagan los intereses vencidos.

También en este caso los administradores del Pósito que hizo la petición, responderán de la moratoria que se conceda a tenor del artículo anterior.

En las localidades que carezcan de Pósito podrá fun-