El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-15 00:00:00), página 8

privadas, nacionales o internacionales y a cuantos interesados lo pidan las informaciones y documentos necesarios a su mejor defensa.

Como acabamos de ver, en este artículo se halla toda la armazón y nervio del Comité internacional del Vino. Todos los viticultores que se enteren de su contenido han de ver con satisfacción la existencia de este organismo, que, a juzgar por el enunciado de sus propósitos, será el vigía que en todo momento velará por sus intereses, que tan en precario se desarrollan en la actualidad. Es de creer que tanto los directamente interesados como los Gobiernos respectivos le han de prestar el calor necesario para que sean viables sus propósitos, puesto que dentro de su ideario se hallan salvaguardados a la vez los derechos de consumidores y productores.

En nuestro próximo artículo haremos de ocuparnos de los trascendentales problemas que han sido tratados en las sesiones que tuvieron lugar los días 14 y 15 de marzo último, comentando, por nuestra parte, aquellos temas que tocan más de cerca los intereses de la viticultura española.

CELADA Y GARCÍA.

Algunas consideraciones sobre el Reglamento de Catastro de 30 de mayo último.

En la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 5 de junio próximo pasado, se publicó el Reglamento aprobado por Real decreto de 30 de mayo anterior para cumplimiento de los Reales decretos de 3 de abril de 1925 y 6 de marzo de 1926.

El objeto del decreto-ley de 3 de abril de 1925 y del Reglamento de que se trata es el de llegar a la formación del Catastro parcelario y, en su día, del jurídico, de manera que quede determinada y representada la propiedad territorial en sus diferentes aspectos, a fin de que sirva para todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas para el reparto equitativo de los tributos y movilización del valor de la propiedad.

En cuanto al Real decreto de 6 de marzo de 1926, vino a separar de las misiones encomendadas al Instituto Geográfico y Catastral, por el Real decreto ley de 3 de abril de 1925, las relativas a valoración de la propiedad territorial y a transferirlas a la Dirección general de Propiedad, a la sazón recién creada.

Oportunamente nos ocupamos en El Progreso Agrícola y Pecuario de los dos Reales decretos de 1925 y 1926 antes mencionados, y parece lógico que ahora examinemos el Reglamento dictado para su ejecución.

No parece fuera de lugar que manifestemos nuestra creencia de que no hay país alguno en donde el Instituto Geográfico tenga nada que ver con el Catastro, servicio encomendado, en todas partes, a los respectivos Ministerios de Hacienda, y si bien no es cosa de copiar del extranjero sin discriminación, tampoco hay que seguir el criterio contrario de un modo sistemático cuando no hay razones para ello.

El Instituto Geográfico fue creado por D. José Echevarría cuando fue ministro de Fomento, de acuerdo con la Asociación Internacional de Geodesia. A dicho establecimiento científico, dirigido por el sabio coronel de Ingenieros D. Carlos Ibáñez, fueron encomendados los trabajos de alta geodesia, tales como las cadenas de triangulación de meridianos y paralelos y de los cuadriláteros resultantes; las mediciones de las bases de Madrid-jos y de las Islas Balares, con los admirables aparatos construidos para ello; los estudios conducentes al conocimiento de la intensidad de la gravedad y de la desviación de la vertical en distintos puntos de España, para cooperar con los demás países asociados en la investigación de la verdadera forma del planeta que habitamos, asumiendo después el servicio astronómico, el metrológico y el sísmico por sus conexiones con el geodésico.

Encomendar, por lo tanto, al Instituto Geográfico, además de los servicios enumerados, que tan bien encajan en su primitiva organización altamente científica, el servicio de Catastro, de tanta complicación y heterogéneos detalles, nos parece un recargo excesivo de trabajo, aun contando con la actividad y celo que distinguen a su sabio director y al ilustrado personal de aquel Centro directivo.

Pero, en fin, si es mucho el trabajo que ha de pesar sobre el Instituto Geográfico, a él, y no a nosotros, incumbe dilucidarlo. Debemos, sin embargo, comunicar a nuestros lectores la impresión que nos ha producido el Reglamento de 30 de mayo, redactado por la Junta de Catastro, y aunque la tarea es complicada, y para nosotros difícilísima, procuraremos desempeñarla lo mejor que nos sea posible, y con tal objeto comenzaremos por dar a conocer, de un modo sintético, las operaciones que han de llevarse a cabo en cada distrito municipal, que se realizarán en tres periodos diferentes: 1.º Trabajos topográficos. 2.º Trabajos de valoración. 3.º Conservación y rectificación sucesiva de los trabajos anteriores.

El primer período, a su vez, comprende: a) Levantamiento del plano perimetral de cada término. b) Fijación, dentro de los perímetros resultantes, de los polígonos topográficos formados por las líneas más notables y permanentes del terreno, tales como vías de comunicación, corrientes de aguas, etc. c) Determinación y situación dentro de cada polígono topográfico, de sus diversas parcelas catastrales.

Los trabajos que deben realizarse durante el primer período serán ejecutados por el personal técnico del Instituto Geográfico y Catastral; pero el de que se trata en el art. 55 exige otro previo, encomendado a los propietarios o poseedores de las parcelas y a la Junta pericial del distrito correspondiente, que consiste en el deslinde de las parcelas y en el señalamiento sobre el terreno de sus linderos (art. 41). Si no hubiera acuerdo entre los propietarios de fincas colindantes, se establecerá la línea de posesión de hecho (art. 45), y al tampoco lo hubiera acerca de esta última, serán señaladas en el terreno las líneas correspondientes a las pretensiones de cada uno y la aparente o distintamente materializada en el terreno (artículo 47). En todos los casos asistirá a los deslinde un individuo de la Junta pericial, que procurará la avenencia entre propietarios colindantes.