El Progreso agrícola y pecuario (1928-11-07 00:00:00), página 5

pueden colocar, el prestamista pueblerino sigue siendo dueño y señor de personas y haciendas, contemplando el trabajador infatigable de la tierra, cómo sus afanes van a engrasar el caudal del que no hace otro oficio que sumar sus ganancias y evitar gastos que repugnan a su sordida condición.

Se hacía preciso tutelar al desgraciado o al pródigo, estableciendo una serie de disposiciones que permitiesen la revisión de los contratos que, ocasionados por la necesidad o el vicio, no podían considerarse como producto libre del consentimiento; pero la fórmula necesaria no era tan fácil de encontrar, ya que la malicia del dinero suele salir al paso de todo trato legal con el invento de un subterfugio salvador que en definitiva entregaba, aún más indéme, en manos del usurero, al confiado deudor.

A esto fué debido que transcurriese tanto tiempo sin que a la usura se le atajase de manera eficaz, y fué necesario que un hombre de inmensa buena fe, D. Gumersindo de Azcárate, hiciese oír su voz en el Congreso de los Diputados, para que comenzase la Cruzada, protegiéndose de manera decisiva al que pasa una vez el umbral de la usura, para no verse de ella libre jamás.

** Contra la usura apareció una ley de 1908. En ella se preceptuaba la nulidad de los contratos de préstamo, en los que se estipule un interés excesivo, desproporcionado o leonino, explotando la situación angustiosa de los prestatarios, su inexperiencia a lo limitado de sus facultades mentales, y los en que se suponga recibida mayor cantidad que la efectivamente entregada.

Ya en esta ley apuntaba la sanción penal contra el usurero habitual. En el art. 5.º se anunciaba a todo prestamista que sufriría la anulación de tres contratos de préstamo, hechos con posterioridad a su promulgación, que se le impondría como corrección disciplinaria una multa de 500 a 5.000 pesetas, según la gravedad del abuso y el grado de reincidencia.

La corrección sería impuesta por el mismo Tribunal que declare la nulidad del contrato de préstamo.

No obstante los perjuicios que al usurero puede causar la ley a que hacemos referencia, siguen otorgándose contratos leoninos, préstamos simulados y pactos con menores de edad, sin temor al art. 10, que supone el conocimiento de la minoría por parte del prestamista, «a menos que pruebe haber tenido motivos racionales y suficientes para creer que era mayor de edad», quedando la apreciación de tal racionalidad al arbitrio del juzgador, como es natural.

A partir de 1908, el número de demandas presentadas con la pretensión de que se anulen contratos de préstamos, por estimarlos el deudor usurarios, ha sido considerable; pero es justo consignar que bien por las dificultades de prueba, o por no existir en realidad tal usura, prosperaron muy pocas, dictándose alguna sentencia interesante, entre otras las que señalan el interés normal del dinero plenamente garantizado en un 8 por 100 anual, que puede ser mayor cuando el riesgo aumente.

Con esta ley, que cuenta veinte años de edad y no muchos éxitos, la usura, vinculada en el vulgar «matafias» seguía imperando; pero la que practican Sociedades con domicilio propio y sustentoso, situado con títulos sonoros en las grandes avenidas de poblaciones importantes, tuvo en ella gran protección, ya que su cuita y especial manera de operar les ponía a buen recaudo de la nulidad preceptuada en el art. 1.º

Al redactarse el Código penal, que regirá a partir del día 1.º del próximo año, surgió la discusión de si la usura debía o no considerarse como delito, habida cuenta del concepto moral que la inspira y del abuso que supone en el poseedor del dinero requerido por angustiosas necesidades del perceptor.

Triunfó el criterio que ya apuntaba en el art. 5.º de la ley de 1908, y el 739 del Código incorpora definitivamente a la lista de acciones punibles el hecho de prestar dinero a crecido interés, casigándolo con la pena de dos meses y un día a seis meses de reclusión y multa de 1.000 a 5.000 pesetas.

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Tres figuras del delito de usura define el Código, respondiendo a otras tantas modalidades, las más frecuentes que se suelen presentar, siguiendo con tal casualismo una tendencia reglamentaria muy frecuente en todo el Cuerpo legal, y que parece pugnar con la concesión de un amplio voto de confianza otorgado a la magistratura española al aumentar notablemente la extensión del arbitrio judicial.

Incurrirán en la sanción ya indicada, en primer lugar, los que «aprovechándose de la necesidad, de la ligereza o de la inexperiencia de una persona, le concediera dinero a préstamo o consintiere en prorrogar el término para el pago de un crédito, o en relación a cualquier otro contrato bilateral destinado a satisfacer las mismas necesidades económicas; sea cualquiera el nombre que se dé por las partes, se hiciese prometer o aceptase por sí mismo o para otras ventajas pecuniarias, efecto de las que, según las circunstancias, el lucro obtenido resultare en notable desproporción con el servicio prestado».

Requiere, por tanto, esta figura de delito, para su existencia, dos factores conjuntos, sin cuya concurrencia el hecho pasa a la categoría de lícito: la necesidad y ligereza o inexperiencia del prestatario y desproporción del lucro con el servicio.

En la práctica, la prueba del segundo elemento tendrá grandes dificultades. La situación precaria de una persona, aunque a estos efectos se pueda fingir para obtener una venganza fácil, deja normalmente un rasero suficiente para llevar al sumario la debida constatación.

Pero la ligereza, la inexperiencia, como factores morales subjetivos carecen de aquellos signos exteriores incontrovertibles que deben ser base sólida de todo fallo en el orden penal.

¿Qué límite han de tener esa ligereza e inexperiencia?