El Progreso agrícola y pecuario (1928-12-07 00:00:00), página 8

pendientemente de tal negocio, particular y exclusivo de usted?

Y por el mismo tenor tendríamos que considerar muy razonable, obrando con justicia relativa, que es la verdadera justicia, «igual para todos», que se aplicase la misma doctrina a otros diferentes órdenes de la vida.

Así, el médico no podría reclamar sus honorarios cuando el enfermo no hubiese curado de su enfermedad, y el farmacéutico el importe de sus medicinas, visto que éstas en nada mejoraron a aquél en su dolencia.

Como no sería justo tampoco que un abogado reclamase sus honorarios del cliente cuando aquél hubiese perdido el pleito que éste le encomendase.

Y todavía en estos casos podría considerarse más justificado el derecho de no pagar, por el mal resultado obtenido, por cuanto éste pudo provenir de la incompetencia o descuido del farmacéutico, del médico o del abogado; mientras en el resultado de la cosecha, depende de elementos bien extraños al propietario.

El entregó las fincas a su arrendatario, que es todo cuanto podía hacer, y justo es que perciba la renta convenida; de la misma manera que el farmacéutico, el médico y el abogado, razonable es que cobren su trabajo por cuanto emplearon de buena voluntad sus conocimientos y sus esfuerzos a conseguir un resultado favorable, que por otros motivos independientes de aquélla no llegó a obtenerse.

Y de la propia forma, como por deducción muy lógica, el Estado no podrá exigir las contribuciones y demás impuestos derivados, al dueño de las fincas, si a virtud de disposiciones que aquél hubiera dictado, éste no hubiera percibido los productos o utilidad de sus rentas, al no tener concedido por la ley el derecho de reclamar éstas.

A una señora, por ejemplo, a quien su marido, al morir y como producto de su trabajo y economía la dejase unas fincas rústicas que ella tuviera necesariamente que arrendar, como único medio de atender con los ingresos de tal renta a las necesidades de su casa, si por haber habido mala cosecha se encontrase a fin de año con que su colono tenía concedido el derecho de no pagarla la renta, a esa señora viuda, decimos, habría en ley de Dios que reconocerla el mismo recíproco derecho para ella de no pagar a la criada, al casero, al tendero y a todos cuantos le reclamasen cantidades, con referencia a ese mismo año.

Y por la propia razón indicada los Bancos de crédito no podrían exigir ni cobrar sus préstamos, si se probase que no hubo ganancias en el negocio a que aquéllos se aplicaron.

Y para el Estado causaría serios trastornos esa interpretación, que habría que adoptar en general, pues también aquél hace los arrendamientos a riesgo y ventura del arrendatario. Y cuando éste, por haber sufrido lesión enormísima y grandes perjuicios reclamaba el Estado rebaja de la pensión, el Tribunal Supremo absuelve a la Administración pública.

Puede comprobarse esto en la Sentencia (entre otras) de 17 de marzo de 1870 (Alcubilla, tomo III, pág. 473), como con el Real decreto de 28 de abril de 1866, no aceptando tampoco rescisión del contrato por lesión, por cuanto según allí se sostiene «puede compensarse las pérdidas de unos años con las ganancias de otros». Lo mismo, pues, que ocurre en los contratos de arrendamientos de fincas rústicas.

En resumen, que si por no llover a tiempo o por haber demasiado, hay un año mala cosecha y los arrendatarios tuviesen concedido ese derecho de no pagar la renta convenida al dueño de las fincas, el trastorno sería general para todos, sobrevenida el caso, porque ese propietario, aun procediendo de buena fe, y sin culpa alguna por su parte en la contrariedad ocurrida al colono, no tendría consignadamente obligación ninguna, o no podrá, mejor dicho, pagar al Estado las contribuciones, ni satisfacer el importe de cuanto ha tenido absoluta precisión de adquirir en ese mismo año para las necesidades de la vida.

Y, según hemos dicho, como deducción muy razonada, ni los Bancos de crédito tendrían derecho a cobrar sus préstamos, ni por la propia razón los farmacéuticos, médicos, abogados y cuantas personas en el ejercicio de su profesión cobran honorarios, no podrán exigirlos, una vez demostrado que su intervención con sus servicios no dieron en aquella ocasión resultado beneficioso.

¡Se convence, pues, ese tan inexperto articulista a dónde podría conducirnos una disposición tan injusta y tan improcedente como la que él aconseja a los Poderes públicos que se implante cuanto antes, modificando en ese sentido los artículos del Código civil referentes a los arrendamientos de predios rústicos!

Si el articulista conoce tales artículos—por que pudiera suceder que ni les hubiese leído—¿se atrevería a sostener que fundados como están en la razón y en la moral carecen de esa relación de reciprocidad que debe de existir—como efectivamente en ellos existe—entre los derechos y obligaciones del arrendador que entrega sus fincas en renta, y los derechos y obligaciones del arrendatario que las toma para obtener los productos que den aquéllas?

Hay cosas de las que no se puede hablar, ni menos hacer ilusorios comentarios sin haber pasado por ellas. Y esto sucede más marcadamente en cuanto se relaciona con la agricultura, por cuanto en ella hay mucho de eventual e indeterminado, que por lo mismo se resiste al aproximado cálculo y más a la precisión de acierto.

Es muy cómodo, desde luego, disfrutar en Madrid un buen sueldo, con automóvil y otras facilidades, acaso para no tener más de dos horas de oficina, y entretenerte para darse tono de intelectual en colaborar de cuando en cuando en cualquier periódico donde tiene fácil cabida cuanto se refiera a esos temas que ellos quieran llamar «de actualidad» para poner de oro y azul con divinas infundadas e injustas, ya al que viviendo modestamente en su acostumbrada residencia, sin meterse con nadie, atento a sus pocos o muchos recursos, honorablemente ganados, para atender con ellos a las necesidades.