El Progreso agrícola y pecuario (1928-10-07 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO

CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA EN EL CONCURSO DE MADRID DE 1902

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EL CÓDIGO PENAL Y LA AGRICULTURA

I

La publicación de una ley penal con carácter tan general como el Código, que, con las de policía y seguridad pública, obligan a todos los que habiten en territorio español, nos llevan a divulgar los preceptos más íntimamente relacionados con la agricultura y ganadería, así como aquellos otros que de un modo más remoto tienen contacto con la población rural en sus diferentes aspectos económicos.

El Código que cesará en su vigencia el 1.º de enero de 1929, promulgado por sorpresa y con carácter provisional en el año 1870, se puede calificar de caduco y necesitado de reforma general, no siendo suficientes para resolver las múltiples cuestiones que la vida moderna, en continua renovación, suscita, aquellas modificaciones parciales que se han sucedido en los últimos tiempos rompiendo la primitiva unidad del cuerpo legal.

Y la novedad legislativa que tanto preocupa a los profesionales, haciendo surgir la polémica doctrinal, vamos a estudiarla, prescindiendo por el especial carácter de esta Revista de toda la parte general contenida en el libro I, limitándonos a ligeras alusiones para concretar con más intensidad el examen de aquellos delitos e infracciones nuevas o modificadas en las sanciones aplicables con arreglo al criterio innovado.

La pluralidad de penas, algunas semejantes y que no podían tener efectividad dentro del moderno régimen penintenciario, han quedado reducidas a la de muerte, reclusión, prisión, deportación, confinamiento, destino, inhabilitación absoluta o especial para cargos públicos, profesión, etc., arresto y multa, esta última para los delitos de 1.000 a 100.000 pesetas y para las faltas de 1 a 1.000, siendo con el arresto la sanción purificadora de las infracciones leves.

Esta simplicidad y las disposiciones contenidas en los artículos 179 y 180, referentes a lograr el pago de las multas, aun en casos de insolencia del culpable, producirán una verdadera revolución en el castigo de las faltas, que hoy no existía prácticamente, para el que carecía de fortuna, ya que el arresto de cinco días los cumplía en su domicilio, con tolerancia casi siempre suficiente para cancelarlo a comodidad, y las multas en su mayoría no excedían de 25 pesetas.

Pero las penas aumentan, y las multas que pueden imponer, en consecuencia, los Juzgados municipales, castigando faltas con un máximo de 1.000 pesetas, rodearán a la propiedad privada de mayor prestigio, de que tanto carece hoy en el campo, donde se lucha con las clínicas reincidencias de tanto abuso padecido.

Lástima es que la ampliación de atribuciones, en virtud de la cual se encomienda a los Juzgados municipales el conocimiento de las lesiones hasta veinte días de duración, el de hurtos y estafas hasta 100 pesetas, el de daños con límite de 200 pesetas, etc., etc., no vaya acompañada de una reforma sustantiva de la justicia