El Progreso agrícola y pecuario (1928-09-07 00:00:00), página 9

La lectura de dicha Real orden sugiere a esta Cámara algunas consideraciones que se cree en el deber de elevar a V. E., por si su superior juicio las estimase dignas de atención.

Es la primera, que el Real decreto ley de la Presidencia de 24 de marzo de 1925, que creó el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, concede expresamente a las Cámaras y demás entidades agrícolas el derecho a designar sus representantes en la Junta, en la misma forma y con igual libertad para la elección que la que se otorga a los demás organismos oficiales que forman parte de dicha Junta, y sin que, para el final del mandato que a unos y otros se otorga, señale plazo alguno. La Real orden a que al principio de este escrito aludimos, deja subsistente para todas las demás representaciones los preceptos del expresado decreto-ley. Y sólo para la representación agrícola introduce modificaciones y limitaciones tales que, a nuestro modesto juicio, reducen a su más mínima expresión, por no decir que anulan en cuanto a las Cámaras Agrícolas (e igual cabe decir de los Sindicatos Agrícolas), la modestísima representación y la escasa intervención que en ese organismo (donde las representaciones citadas son decisivas por su número), tenían.

Aparte de que sólo para la representación agrícola se limita a dos años el mandato, manteniéndose por tiempo indefinido todas las demás representaciones estatales—y entre ellas las tres que con la denominación de agrícolas, pero de origen y designación exclusivamente ministerial, se crearon recientemente, por Real decreto publicado en la Gaceta de Madrid de 11 de febrero último—es evidente que sólo con un criterio de extraordinaria amplitud puede estimarse que la representación concedida a las Corporaciones y Asociaciones agrícolas por el decreto-ley que creó el Crédito Agrícola, subsiste, si el modo de elegir los representantes de estas entidades ha de ser el que la Real orden de 11 de julio último determina, innovando, y aun tal vez pudiera decirse derogando, aquel decreto-ley.

Dispone el art. 1.º de dicha Real orden, que los respectivos Consejos directivos o Comisiones permanentes de las Corporaciones o entidades agrícolas, elejan a ese Ministerio “el digno cargo de V. E.”, “propuestas en terna de los individuos de su seno”; de entre cuyas propuestas, el Ministerio designará el vocal que habrá de ostentar la representación de la entidad respectiva. Es evidente, que tratándose de las Cámaras Agrícolas, y debiendo cada una designar tres individuos del seno de ella, deberán sumar los nombres propuestos a V. E. en terna, por encima de 200, entre los que V. E. tendrá que elegir uno que a todos represente. Y en cuanto a las demás Asociaciones agrícolas, que son en España de 5 a 7.000, si todas votasen serían 15.000 nombres más los que deberían proponer a V. E. en terna.

No se explica esta Cámara qué ventaja pueda derivarse de un sistema de elección semejante, que en todo caso—y salvando nuestra opinión sobre la elección en terna, que ya se comprenderá en contraria—, cabría aplicar a aquellas entidades agrícolas—Asociación de Ganaderos, Confederación Católico-Agraria, a que también se refiere la Real orden de 11 de julio del mes pasado—que, por ser únicas y no tener más que un solo Consejo directivo, propondrán a V. E. solamente tres nombres de su seno, para que entre ellos se elija uno; pero ese no es el caso en que se hallan las 51 Cámaras Agrícolas provinciales, y las 77 locales que figuran en la Memoria estadística de las entidades agrícolas y pecuarias de 1.º de enero de 1927, publicada por la Secretaría del Consejo Superior de Fomento, y mucho menos el de los 5.821 Sindicatos agrícolas y 1.009 Asociaciones agrarias que en dicha publicación se detallan. Preferible sería, por lo menos en estos dos casos, que si la elección no se ha de verificar como siempre se verificó—es decir, proponiendo cada entidad un nombre para representarla, y designando V. E. de estos nombres el que contara con mayor número de sufragios—, eligiera el Ministerio, de los elementos que figuran en los tan numerosos Consejos directivos de estas entidades agrícolas, el que fuera más de su agrado para el caso; o si se juzga preferible, que se les suprima el derecho de designar sus representantes; que el decreto ley de la Presidencia de 24 de marzo de 1925 dió a éstos y a todos los organismos al constituirse la Junta de Crédito Agrícola, y se nombren libremente por el Ministerio estas representaciones; como ya se hizo por el Real decreto publicado en la Gaceta de Madrid de 11 de febrero, que autorizó a V. E. para el nombramiento directo de tres vocales más para formar parte de la Junta y de su Comisión Ejecutiva, atribuyéndoles la representación de elementos productores, elementos exportadores y actividades sociales.

Y acaso no esté fuera de lugar recordar aquí, que de las diez personas que actualmente constituyen la Comisión Ejecutiva del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, Comisión que, como su nombre indica, es quien tiene a su cargo la realización de esta obra social, en la que la Junta Consultiva del Crédito Agrícola, que sólo se reúne tres veces al año, y que además no tiene intervención alguna en los préstamos pendientes sobre trigos, vinos, aceites, mostos, arroz y lana, que como V. E. no ignora, son la casi totalidad de los préstamos que hace el Crédito Agrícola, de esas diez personas—repetimos—que constituyen tan numerosa Comisión Ejecutiva, nueve son de carácter y representación estatales, y sólo una—la que hasta ahora representó a las Cámaras Agrícolas—la que ostentaba el carácter de representante elegible por los intereses agrícolas. ¿Puede alguien estimar excesiva una tan reducida representación electiva? ¡Debe disminuirse y achicarse más aún esta representación única, quitándole el carácter electivo que hasta ahora tuvo, para darle el que se deduce del modo de designarla que venimos comentando! ¿No sería más procedente, para que el Estado, aportador del capital con que se realiza la obra crediticia y los usuarios del crédito, tuvieran en la Junta una representación legítima y debidamente ponderada, que éstos últimos designen libremente sus representante, y que el número de éstos fuera igual al de aquéllos, dejando al presidente la facultad del veto, por si algún acuerdo de la Junta así constituida llegara a estimarse perjudicial para los intereses del Estado?

Y tal vez no sea inoportuno decir aquí, adelantándonos a cualquier posible suspicacia, que no es propósito de esta Cámara al elevar a V. E. este escrito, procurar la reelección del representante que—precisamente a propuesta de ella, que se honra en contarle entre sus miembros—fue elegido para representar a todas las de España en la Junta de Crédito Agrícola. La dignísima persona que hasta este momento llevó nuestra representación, con tal competencia, entusiasmo y austeridad que su actuación puede presentarse como verdaderamente ejemplar, ha renunciado a proseguir su labor representativa, por razones de que V. E. tendrá oportunidad y circunstanciado conocimiento, y tampoco aspira esta Corporación en la ocasión presente a proponer candidatura de su seno, moviéndose sólo a impulsos del deber en que está de velar por el prestigio de estos organismos agrícolas oficiales.

En mérito de lo expuesto, esta Cámara Agrícola soli-