El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-15 00:00:00), página 9

Cuando no existan cercados de figura bien determinada para deducir la que corresponda a cada línea; cuando se encuentren taludes entre ellas o no exista ningún límite aparente, se establecerán señales provisionales en número bastante; a la que la línea quede perfectamente determinada, por medio de surcos, montones de tierra, piquetes u otros cotos (art. 44).

Con el fin de apreciar el valor positivo de tales procedimientos hemos de recordar a nuestros lectores que en el número de El Progreso Agrícola y Pecuario, correspondiente al 31 de octubre de 1926, dimos a conocer el Ensayo de estadística catastral, redactado por la Sección de Catastro de la riqueza rústica de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial, de cuyo Ensayo, entresacamos los siguientes datos:

Hasta el 31 de diciembre de 1925 iban catastradas 17,934,750 hectáreas en 27 provincias y 2,422 distritos municipales. El número de fincas comprendidas en esos distritos era de 6.756.666, de las cuales 5 millones era el número de las que no alcanzaban la superficie de una hectárea. El número de contribuyentes que satisfacían cuotas inferiores a una peseta era de 127.128 y el de las que pagaban de una a 3 pesetas 352.354. Por último, y esto no consta en el Ensayo, pero es verdad, en la provincia de Toledo hay un pueblo que se llama Sevilla de la Jara, cuyo término alcanza una superficie de 15.000 hectáreas, distribuidas entre 33.000 fincas.

Con tales datos a la vista, y reconociendo el buen deseo en que se inspiran las disposiciones del Reglamento que venimos examinando, hay que confesar que, en el terreno de la práctica, no van acompañadas del acierto, con tanto más motivo cuanto que, durante el tiempo que transcurra desde que se amojonen los linderos de las fincas, hasta que se presente la brigada topográfica que ha de levantar el plano, desaparecerán las señales establecidas en el acto del deslinde, tanto por la acción del tiempo como por la del ganado de labor y otras causas fáciles de adivinar.

Hay que tener presente que, en cumplimiento de la ley de 27 de marzo de 1906, se ha formado el Catastro de la riqueza rústica en una tercera parte del territorio nacional, y con arreglo a él tributan cientos de miles de propietarios y unos 7 millones de fincas, y que se dará, con harta frecuencia, el caso de pueblos colindantes que tributen por Catastros diferentes y bases tributarias distintas para un mismo cultivo o aprovechamiento. No cabe duda de que esa disparidad perfectamente explicable y legal suscitará quejas y reclamaciones de solución muy difícil.

Con el deseo de no cansar a nuestros lectores con el análisis crítico de muchos de los artículos de los 308 que comprende el Reglamento, haremos un rápido examen de los que ofrecen mayores reparos. Con relación al artículo 6.º, apartado 4), ¿podrá la brigada topográfica determinar las modalidades de los cultivos o aprovechamientos? Las reclamaciones ante los Juzgados municipales, o de primera instancia, a que se refiere el art. 56 no creemos que conduzcan a nada práctico, porque el Catastro a que se refiere el Reglamento que venimos examinando no ha de tener, por lo pronto, carácter jurídico, sino en su día, como se dispone en el art. 1.º del mismo Reglamento, y las sentencias que se dicten no estarán nunca en contradicción con las disposiciones del Código civil.

En el art. 61 falta agregar «y en las correspondientes triangulaciones topográficas».

En los artículos 81 al 86 se advierte una centralización excesiva. El Instituto Geográfico y Catastral se entiende directamente con los Ayuntamientos y va recibiendo, examinando, aprobando y devolviendo documento por documento los recibidos de los Ayuntamientos. Sería preferible, a nuestro juicio, que en cada provincia hubiera una dirección de trabajos topográficos a cargo de ingenieros geógrafos, cuyas funciones fueran las que en el Reglamento se encomiendan al Instituto Geográfico, sin perjuicio de que las resoluciones de las direcciones provinciales pudieran ser apeladas ante la Dirección general.

Tratemos ahora del período evaluatorio a que se refiere el capítulo VI y artículos 96 al 110.

En el art. 96 se dispone que, sobre el plano parcelario que levantó el Instituto Geográfico Catastral, los trabajos correspondientes a la evaluación de la riqueza agrícola y pecuaria serán: 1.º División de las parcelas en subparcelas homogéneas, calificadas por su cultivo o aprovechamiento y clasificadas, cuando sea preciso, según su intensidad productiva.

Al redactar ese artículo no se ha tenido presente el art. 68 que confía ese mismo trabajo a la brigada topográfica.

Según el art. 99, el jefe de la brigada agronómico catastral entregará al alcalde un ejemplar de los documentos reseñados en el art. 97; sin tener en cuenta que, según el art. 86, dichos documentos obran ya en el Ayuntamiento.

En los artículos 98, 99, 102 y siguientes se expresan los datos que ha de investigar la brigada agronómica, muchos de ellos innecesarios para el fin que se persigue, y los que debe comunicar a los Ayuntamientos, y en los artículos 100 y 101, se confía a las Juntas periciales, entre otras funciones, las señaladas con las letras c) y d), que se refieren, la primera, a la clasificación de terrenos dentro de cada cultivo y la segunda, a la propuesta, por clases, de los valores normales en venta y renta.

Los Ayuntamientos y las Juntas periciales están compuestos de personas, en su inmensa mayoría, diguisimas e incapaces de causar a nadie el menor perjuicio; pero tratándose de la Hacienda pública, no debe olvidarse que esos organismos fueron, en su día, los que confeccionaron los amillamientos, que aún rigen en las dos terceras partes de los pueblos de España, cuyo valor puede-aquillarse mediante los datos que constan en el Ensayo de Estadística Catastral, pág. 31 vuelta, del que nos hemos ocupado anteriormente. En el estado que allí consta aparece una riqueza amillada, para los 2,422 pueblos a que refiere, de 266.689.497 pesetas,