El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-15 00:00:00), página 8

El retiro obrero obligatorio.

En un artículo publicado en esta Revista hace bastante tiempo, hicimos, con datos numéricos irrefutables, una crítica del sistema implantado para la práctica del seguro obligatorio del asalariado. La crítica puramente negativa no puede satisfacer a un espíritu medianamente equilibrado y que siente anhelos de sustituir por algo mejor lo que él concebía equivocado o francamente malo.

En aquel estudio señalamos errores iniciales, que dañan, en definitiva, al propio sistema, por cuanto ocasionan gastos y cargas desproporcionados.

El asunto merece toda la reflexión que pueda dedicársele, y en otra ocasión diremos qué métodos o sistemas sustituirían con ventaja, a nuestro juicio, a todo lo existente en la actualidad.

Hoy nos limitaremos a algo más modesto. Aceptaremos en hipótesis que lo actual es lo mejor y lo único posible. Y con ese pie forzado vamos a discurrir serenamente unos momentos, para demostrar que, por lo menos, debieran variarse los procedimientos utilizados para obtener la eficacia debida en el retiro obrero.

La primera observación que se hacen cuantos siguen con alguna atención este interesantísimo problema es que el obrero, el asalariado, sea cualquiera su condición económica, no sienten por la institución del retiro obrero ni el cariño, ni el afecto, ni el interés que merece esa iniciativa del Poder público. Consecuencia inmediata de este estado de ánimo, de indiferencia tal, es que son rarísimos los obreros o asalariados que, por su parte, desean aportar alguna cantidad, o para mejorar la pensión oficial, o para adelantar el percibo de la misma. Mutualidades modestas, integradas por obreros, viven, prosperan y cumplen con un fin altruista, a cuyo sostenimiento acuden gentes humildes; algunas de día en día extienden su campo de acción. Eso mismo puede decirse, sin temor a equivocaciones, de otras entidades, mercantiles o no, en las cuales buen número de sus adeptos se recluta entre empleados y obreros de modesta situación económica. Únicamente el retiro obrero permanece intangible, aislado, reducido a la fuerza coercitiva que lo impuso y que lo sostiene.

Muchas veces hemos oído decir que el Instituto Nacional de Previsión no roza, ni altera, ni empequeñece, ni pretende inmiscuirse en el vasto campo en que desarrollan su actividad y sus iniciativas las Compañías de seguros.

Evidentemente, esto es cierto en la hora actual y deberá serlo en lo sucesivo, aunque lo dudamos, respecto de las Compañías mercantiles.

Pero se nos ha de permitir que afirmemos que el Instituto Nacional de Previsión debiera utilizar convenientemente los servicios de esas entidades y de otras índitas instituciones que pudieran ser auxiliares eficazísimos de la previsión. Pero decimos convenientemente y añadimos que por propio egoísmo.

En el Real decreto de 1919 ya se prevéla el caso de que colaboraran con el Instituto Nacional de Previsión las entidades que señalamos en el párrafo anterior.

Mas pretender, como el Instituto pretende en la práctica, que tales entidades dediquen su esfuerzo a esta colaboración, obligándoles a reasegurar en él el 50 por 100 de las operaciones que realicen, y no ya por el importe de las primas puras que correspondan a las mismas, sino también con el recargo de gestión y administración, es imposible y poco conforme con la razón.

Es pueril el temor de que la colaboración de estas entidades reste operaciones directas al Instituto y con ello disponibilidades de la administración. Evidentemente que ese temor sería, en parte, una inmediata realidad, porque cada entidad colaboradora procuraría atraerse, por la propaganda intensa que realizara, el mayor número posible de adeptos.

Pero por encima de todas estas consideraciones y de otras semejantes, está la seguridad de que esas entidades colaboradoras tenderían principalmente a lograr que el propio obrero dedicara parte de sus ahorros a acrecentar la pensión inicial obligatoria, lográndose de este modo que se interesara en la práctica de esa previsión elemental quien principalmente debe ser favorecido por ella. Y más que todo esto debe pesar la consideración de que el Estado, que tiene la obligación de acudir en auxilio del necesitado, tiene también el deber de que este retiro obrero llegue al corazón del pueblo, haciéndole amable y digno de ser mantenido por todos los medios.

¿Y qué es preferible? ¿Un coto cerrado amparado en el valladar de una gestión oficial, o una colaboración popular, desinteresada, leal y diluida en todo el ámbito de la nación?

Pues bien, esto último se puede conseguir bien fácilmente. No es aventurado suponer que todas las entidades, así mercantiles como de otra índole, aceptarían muy gustosas las actuales tarifas del Instituto Nacional de Previsión para el retiro obrero, porque dejan un margen suficiente para que el trabajo quede remunerado. ¿Por qué, pues, no se les ha de consentir que trabajen con ellas, aun cuando se les oblige a reasegurar en el Instituto, como signo de solidaridad, parte de las operaciones que realicen, respetando íntegramente a su favor los recargos de administración y la diferencia de intereses de las inversiones correspondientes?

Desechamos hallar razones que nos demostraran que estas ideas no son realizables. Ni desde el punto de vista técnico, ni desde el de garantías en las inversiones, ni desde el de la pura administración podrán aducirse argumentos de ninguna clase en contra de ellas.

Y ante el hecho de que este problema llegue al corazón del pueblo, interesando también, como es justo y natural, al que paga la mayor parte, que es el patrono, no debiera dudarse un sólo instante en hacer que estuvieran plenamente autorizadas para colaborar en la práctica del retiro obrero obligatorio, no ya tan sólo las grandes Compañías mercantiles de seguros; sino también