El Progreso agrícola y pecuario (1928-07-31 00:00:00), página 7

nisterio designará el vocal que habrá de ostentar la representación de la entidad respectiva.

2.º El mandato de los vocales representantes de entidades o Corporaciones en el Servicio Nacional del Crédito Agrícola durará dos años, renovándose al cabo de ese plazo en la forma prescrita en el párrafo anterior, sin perjuicio de que en las ternas puedan figurar individuos que anteriormente hubieran sido ya vocales, bien de la Junta consultiva o de la Comisión ejecutiva del Servicio Nacional del Crédito Agrícola.

No obstante el plazo de dos años de duración del mandato, para los que resulten designados en la renovación de 1.º de septiembre próximo sólo durará hasta 1.º de enero de 1930, a partir de cuya fecha las renovaciones se harán siempre por un bienio.

De Real orden, etc. Madrid, 11 de julio de 1928.—Benjumea.

El morbo fitopatológico.

«Ha visitado al director de Agricultura el ingeniero agrónomo, agregado a la Embajada de España en Londres, habiéndole encargado el Sr. Vallando que realice los trabajos necesarios para establecer una inspección de nuestros frutos a la llegada a aquel país, a semejanza de lo que se viene realizando en Italia.» (A B O del 17 de junio de 1928.)

No nos sorprende la noticia anterior a los que venimos sintiendo la furia aurancíacea que se despertó desde el momento que se publicó el decreto de 29 de abril de 1927 creando las Juntas Inspectoras Fitopatólogicas.

Como la naranja es nuestro primer producto de exportación y virtual y taxativamente estaba excluida de la inspección por tener un régimen especial, según el art. 12 de dicho Real decreto, poco a poco fué haciéndose lo necesario para meterla dentro de la red de esas inspecciones, ya que más de 7 millones de quintales métricos que se envían al extranjero representan un volumen sugestionador para que el arbitrioism se afane y estimule, pues sabido es que ese servicio no es un servicio que se pague con fondos del Presupuesto de la Nación, sino un servicio que se carga al exportador y que, sólo en la naranja, representa 525.000 pesetas, partiendo de una exportación de 7 millones de quintales métricos, computados a 15 pesetas (valor de la fruta), divididos por 0,50.

También conocíamos el exceso de celo con que se lleva a cabo, en algunas ocasiones, este servicio, dándose el caso de que en Cádiz y Bilbao le impone el gravamen fitopatológico a las frutas procedentes de Canarias, como si las provincias del archipiélago no fueran parte integrante del territorio nacional, dentro del cual la circulación de los productos está libre de la inspección, según orden circular de la Dirección General de Agricultura de 19 de julio de 1927.

No ignorábamos, y nos lamentábamos, de que ese servicio haya sido convertido en el más riguroso defensor del fisco, mucho más; que el propio Ministerio de Hacienda, pues a pesar de que este Departamento ha dicho por Real orden que los certificados fitopatólogicos deben llevar timbre de 0,15 pesetas, el servicio de Bilbao, como antes el de Málaga, estima que debe de ser un timbre de 2,40 pesetas, vulnerando los preceptos de la propia ley del Timbre.

Pero lo que no conocíamos, aunque sí sospechábamos, es la determinación tomada por la Dirección General de Agricultura de encargar al agregado agronómico de la Embajada de S. M. en Londres el estudio y conveniencia de una inspección de nuestras frutas a la llegada, tomando como modelo lo que hace Italia.

Tenga por seguro la Dirección General de Agricultura que ni es necesario ese servicio, ni puede establecerse ni encargarse a un ingeniero agrónomo, cuyas funciones entendemos debieran ser, además de las meramente informativas de comercio hechas con oportunidad, estudios y trabajos de investigación, lo mismo en biología y genética vegetal que en entomología, abonos, etcétera.

En Italia, modelo que se ha apresurado a citar, las cosas pasan de muy distinto modo.

La Gazzetta Ufficiale del 6 de agosto de 1927 publicó la ley núm. 1.272 creando una marca nacional para los productos de exportación, para la mayor garantía de su calidad. El uso de esta marca nacional no es obligatorio, sino postestativo y reservado a los exportadores (comerciantes, productores, Cooperativas de producción) que estuvieran inscritos en las organizaciones sindicales de la agricultura y el comercio reconocidas por ley de 3 de abril de 1926 y el Reglamento de 1.º de julio de 1926. Estas organizaciones—que casi todas son fascistas—, por el hecho de aceptar la marca nacional y de ser inscritas en el Registro de autorizados, se comprometen a aceptar el control e inspección en los puertos de embarque y una eventual inspección en el extranjero por inspectores que no son técnicos agronómicos, sino técnicos comerciales y que dependen del Instituto Nacional para la exportación. (Art. 7.º de la ley.)

El Reglamento de esta ley fue publicado por Real decreto de 17 de noviembre de 1927 en la Gazzeta Ufficiale del 5 de diciembre, y su articulado, de una exagerada minuciosidad, da idea exacta de lo imposible de su cumplimiento, en lo que hace referencia a la inspección en el extranjero.

Según el art. 33, corresponde a los inspectores, tanto en territorio italiano como en el extranjero, vigilar el uso de la marca nacional; denunciar a las autoridades judiciales italianas o extranjeras aquellos que sin estar autorizados emplean la marca, etc.

¿Cómo es posible que pueda tener eficacia la denuncia hecha en el extranjero, si previamente no se ha patentado y reconocido con fuerza de ley esa marca nacional? Además, se ofrecen los dos grandes aspectos del comercio de exportación: o la mercancía se vende en firme, en cuyo caso pierde toda jurisdicción el inspector, y provocará, caso de actuar, constantes conflictos por inmiscuirse en soberanía extranjera sobre actos de comercio, o si la mercancía se manda en consignación sucede lo propio,