El Progreso agrícola y pecuario (1928-08-07 00:00:00), página 9

grables y adquiriendo para su clausura previa indemnización a sus propietarios con arreglo a las bases de valoración que se determinen, los que excedan de un número prudencial suficiente, a juicio de la autoridad y de la industria, para atender cómodamente las necesidades de consumo.

g) Organizar corporativamente a los tablajeros de Madrid, constituyendo una Federación de las entidades que los agrupan y las que pudieran crearse, adquiriendo las dependencias y los elementos precisos o aprovechando, previa valoración, los de que hoy disponen para la elaboración de carnes e industrialización de subproductos.

A) Crear instituciones de enseñanza profesional, estudiar y establecer mejoras en los sistemas de explotación e higieneización y modernizar los establecimientos de los consorcios.

i) Adquirir y organizar los elementos necesarios y nombrar al personal que considere indispensable para lograr el cumplimiento de los fines de dirección y administración que se le encomienda, aplicando al pago de tales servicios y del personal los fondos que en concepto de cuotas recauden.

j) Mantener con la organización municipal las relaciones derivadas de los fines de este Consorcio, cumpliendo en todo momento las obligaciones que imponen los Reglamentos de Mataderos y demás servicios municipales.

k) Clasificar con arreglo a las disposiciones legales que se dicten o a las normas que fije la Dirección general de Abastos, así como a cuanto establezca el Reglamento, las carnes y los establecimientos para su venta, determinando las condiciones que estos últimos deberán reunir para tal ordenamiento.

l) Prestar al delegado del Gobierno las facilidades y elementos necesarios para el cumplimiento de su misión y poner en su conocimiento, así como en el de los representantes del Ayuntamiento y de la Asociación de Ganaderos, con la antelación debida, las fechas en que hayan de reunirse el Consejo y la Asamblea.

(Continuado.)

Regularización y aprovechamiento de los ríos.

La Gaceta del 31 del mes pasado publica un decreto-ley del Ministerio de Fomento—fecha 27 de julio—encaminado a ordenar las cooperaciones y auxilios de los usuarios industriales en las obras de regularización y aprovechamiento de los ríos.

Las obras de regularización o modificación del régimen de las corrientes de los ríos, proyectados por particulares con el fin primordial de mejorar los aprovechamientos industriales, podrán ser auxiliadas por las Confederaciones Hidrográficas siempre que puedan ser aplicadas, siquiera en parte, a mejora de riegos o a utilización de energía para la mejor aplicación de lo mismos.

Las obras de regularización o modificación del régimen de las aguas que se proyecten por iniciativa particular y que no afecten más que a sus industrias, sin relación de mejora alguna para los aprovechamientos de los ríos, a juicio de las Confederaciones Hidrográficas, no podrán ser auxiliados, por ningún concepto, por las Confederaciones, pudiendo tan sólo autorizarse a los concesionarios el establecimiento de un canon a su favor, que deberán abonar los usuarios industriales que se beneficien de esas obras. Este canon podrá autorizarse por la Administración tan sólo en la cuantía que ella fije directamente, por sí o por medio de las Confederaciones, y siempre que se determine previamente el régimen de utilización del pantano y tengan intervención en su manejo los usuarios que han de pagar el canon.

En ningún caso podrá solicitarse auxilio por las construcciones de los saltos u obras que no sean las de regularización o las destinadas a modificar el régimen de las aguas en interés general, salvo en aquéllas en que el Estado, por sí o por las Confederaciones, pretenda usar la conducción para otros fines de interés general o disponer, por iguales razones, de parte de la energía del salto.

Cuando un embalse haya de ocupar un tramo de río en el que existan alguno o algunos aprovechamientos industriales, podrán éstos ser indemnizados por el Estado o por las Confederaciones, bien en metálico, bien por sustitución de la energía que ellos desarrollan por otro procedente de otro punto cualquiera.

Cuando existan una o varias concesiones de aprovechamientos industriales en el tramo del río en que el Estado o las Confederaciones Hidrográficas decidan construir un embalse, por iniciativa propia o a propuesta de los concesionarios, podrán sustituirse las concesiones iniciales o la parte que a ellas les afecte, por el aprovechamiento industrial que de las obras del embalse se deduzca, previa la cooperación al coste de las obras por parte del concesionario.

Las cantidades procedentes de las cooperaciones de los usuarios industriales, se aplicarán en primer término a compensar la diferencia entre el interés que por sus empréstitos paguen las Confederaciones y el 3 por 100 fijado a los usuarios, y el resto quedará a beneficio de las Confederaciones para refrendar sus ingresos propios y atender a las cargas financieras, así como a sus obras u organizaciones de interés general, aplicando el saldo, si lo hubiere, a compensar en la proporción posible los desembolsos de los mismos usuarios.

En el caso de haber varias obras de regulación aplicables al mismo plan, el orden de preferencia se señalará atendiendo al beneficio general conseguido, a la mayor participación del concesionario y a la menor cuantía y mayor interés del anticipo, o, en otros términos, al menor coste efectivo para la Confederación y a la cuantía e importancia del beneficio general conseguido.

El aprovechamiento industrial a que den lugar las obras que formen parte de los planes aprobados de las Confederaciones o de las que pudieran incluir en los sucesivos allí donde no exista ningún derecho reconocido, será sometido a licitación sobre la base de una participación mínima análoga a las definidas en artículos anteriores, dándose la preferencia, en igualdad de condiciones, a las Empresas o particulares que garanticen el empleo de la fuerza producida, en el país, en la zona regable de los canales alimentados por el embalse, sobre todo en mejoras o servicios de carácter agrícola, a las netamente españolas con arreglo a la legislación vigente sobre protección a la industria nacional y a las