El Progreso agrícola y pecuario (1928-09-22 00:00:00), página 2

contratos colectivos con Sindicatos agrícolas constituidos por beneficiarios de esta ley.

Con esto—dicen las conclusiones de la Unión General de Trabajadores—se evitaría en parte el deseo de los cultivadores de la tierra, cada día más acentuado, de abandonar el campo para confundirse con los obreros de las grandes ciudades.

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Conocidas las aspiraciones obreras, conveniente es que la clase patronal agrícola recuerde cuál es la situación actual del obrero rural ante la legislación del trabajo. Greenos, pues, oportuno—rindiendo pleitesía a la actualidad, que es norma y guión de la Prensa—expone, de modo esquemático, el estado actual de la legislación protectora del trabajo agrícola, en parte codificada en el Código del Trabajo (1) y en parte dispersa y sin componer en lo referente a materias más heterogéneas y de carácter más bien administrativo, a saber: la jornada de trabajo, la protección del trabajo de las mujeres y los niños, el descanso dominical, las coligaciones, y huelgas, la organización paritaria, los subsidios de maternidad y de familia numerosa y el retiro obrero.

Expondremos por este orden la parte y medida de la legislación social que actualmente es aplicable al proletariado rural.

I. CONTRATO DE TRABAJO.—Aunque no haya una declaración expresa relativa a la aplicación al trabajo agrícola, forestal o pecuario de las disposiciones generales sobre este contrato, creemos que, tácitamente, son aplicables a las mismas las prescripciones de los capítulos del título I.º del libro I del Código del Trabajo.

II. CONTRATO DE APRENDIZAJE.—En cambio, hay en el párrafo 2.º del art. 57 del Código del Trabajo, una disposición que decara comprendido en la definición y efectos del mismo, el aprendizaje de las operaciones agrícolas en que se haga uso de motores mecánicos. Cualquier otro aprendizaje agrícola, forestal o pecuario, está excluido de la protección que le dispensa el Código.

III. ACCIDENTES DE TRABAJO.—La responsabilidad patronal por causa de accidentes del trabajo no se aplica, según el núm. 5.º del art. 146 del Código del Trabajo, más que a las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias que se encuentren en alguno de los dos siguientes casos y no sea objeto de una ley especial:
a) Que empleen constantemente más de seis obreros;
b) Que hagan uso de máquinas agrícolas movidas por motores motorizados.

En este último caso, la responsabilidad del patrono existirá respecto del personal ocupado en la dirección o al servicio de los motores o máquinas y de los obreros que fuesen víctimas del accidente ocurrido en las mismas.

Hay otra disminución de los derechos de los trabajadores rurales en lo que se refiere a la constitución del fondo de garantía para los casos en que los patronos o algunas de las entidades aseguradoras dejen de satisfacer la indemnización motivada por la muerte de un obrero o por su incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, ya que, según el art. 186 del Código del Trabajo, sólo después de cinco años de aplicación de este texto a los accidentes del trabajo agrícola que comprende, se entenderán a sus indemnizaciones las ventajas del fondo especial de garantía.

La extensión a toda clase de trabajadores del campo, de la indemnización por accidentes del trabajo, fué objeto de un proyecto de Convención acordada en la Tercera Conferencia internacional del Trabajo que se reunió en Ginebra en 1921, con asistencia de representantes gubernamentales, patronales y obreros españoles. En 9 de julio de 1923, el Gobierno español, por medio de un Real decreto, presentó a las Cortes un proyecto de ley ratificando esta Convención, por la cual, ipso facto, todos los trabajadores rurales gozarían de la protección legal en caso de accidentes del trabajo; pero el proyecto no llegó a ser ley.

Sobre la extensión a la agricultura de la ley de Accidentes del trabajo, puede verse el proyecto del Instituto de Reformas Sociales de 1908 y los de los ministros Gimeno, Burgos Mazo y Cañal, de 1919, los dos primeros, y el último de 1924.

IV. TRIBUNALES INDUSTRIALES.—No obstante su nombre, son competentes también para conocer de las reclamaciones su-citadas por los trabajadores rurales en materias de contratos de trabajo y aprendizaje, accidentes del trabajo y demás reclamaciones de carácter social que no tengan señalado procedimiento especial, gubernativo o judicial, en la medida que en la referida legislación social les sea aplicable.

V. JORNADA DE TRABAJO.—La jornada legal máxima, de ocho horas al día, o cuarenta y ocho semanales, declarada por Real decreto de 3 de abril de 1919, rige en las faenas rurales, con las reglas y excepciones establecidas por los Reales órdenes de 15 de enero de 1920.

VI. TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS.—Las fuentes legales en esta materia, son la ley de 13 de marzo de 1900, reformada su art. 9.º por el Real decreto de 21 de agosto de 1923, y el Reglamento para la ejecución de aquélla de 13 de noviembre de 1900.

Aunque estas leyes están dictadas especialmente para establecimientos industriales, fabriles y mercantiles, no hay en ellas ninguna excepción express del trabajo agrícola, más que la declarada en el art. 3.º del Reglamento, relativa a la prohibición del art. 1.º de la ley, según la cual los menores de ambos sexos que no hayan cumplido diez años, no serán admitidos en ninguna clase de trabajos.

La recomendación votada en la tercera Conferencia internacional del Trabajo (Ginebra, 1921), relativa a la protección, antes y después del parto, de las mujeres empleadas en agricultura, se ha convertido en estado

(1) El Código del Trabajo, aprobado por Real decreto de 23 de agosto de 1926 es, como se dice en la exposición del mismo, «un Cuerno legal, un conjunto de preceptos, predominantemente sustantivos, relativos a materias homogéneas y con carácter de permanencia, como son: el contrato de trabajo, su modalidad, el de aprendizaje, los accidentes del trabajo y los Tribunales Industriales.»