El Progreso agrícola y pecuario (1929-01-22 00:00:00), página 5

Duración de los nuevos contratos.

I.a Junta Central de Acción Social Agraria tomó sobre la duración de los contratos estos acuerdos interesantísimos:

«El plazo mínimo de duración de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas, cuando el precio convenido en ellos no exceda de 3.000 pesetas anuales en los contratos individuales, ni rebase de esta cifra la que en el prorrateo corresponda a cada individuo en los colectivos, se fijará en seis años, prorrogables por otros seis, a voluntad del colono.

«Si durante el transcurso de los referidos plazos el propietario deseara cultivar directamente la finca objeto del contrato, tendrá derecho a ello, con la obligación de entregar al arrendatario, en las fechas de pago determinadas, y durante el número de años que falten para completar los convenidos, el importe de la respectiva anualidad de arrendamiento.

«Al enajenar una finca arrendada, el arrendatario conserva su derecho a la explotación de la finca arrendada hasta el término del plazo legal o convenido, salvo el caso de que quiera explotarla directamente el propietario en las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

«Se exceptuarán de los referidos plazos de duración de los contratos los aprovechamientos de pastos y determinados cultivos, tales como los de maíz, patata, azafrán, melones, anís, huerta, los de nueva implantación y aquellos que tienen el carácter exclusivo de intermedios. Cuando no haya avenencia entre las partes, para su determinación a este efecto intervendrá el Patronato local de Acción Social Agraria, pudiendo apelarse de sus acuerdos ante los Provinciales y la Junta Central de Acción Social Agraria.»

El arriendo a largos plazos, que ya pidieron nuestros labriegos en Medina, es una necesidad, habida cuenta de lo inseguro de la cosecha. Un cómputo de muchos años permite llegar a una media de cosecha, que puede ser remuneradora; en poco tiempo, si hay desgracia, llega la ruina. De ahí las prórrogas admitidas en numerosas legislaciones y la tácita reconducción, aceptada en numerosos contratos.

La vieja legislación española obligaba a que el despido se efectuara con un año de anticipación, y bastaban tres días de permanencia en la tierra arrendada, para que fuese aplicada la tácita reconducción. Parco anda en esto nuestro Código civil estableciendo, que cuando no se haya fijado duración contractualmente, se entiende ésta hasta la obtención de una cosecha, aunque exija tres años, y que cuando haya dos o tres hojas, se suponga hecho el contrato por tantos años como hojas hay. Pero, en cambio, vendida la finca, puede expirar el contrato.

Nuestras costumbres agrícolas van mucho más allá que nuestra ley civil positiva. Es frecuentísimo el caso de suceder los hijos a los padres en el disfrute de un arrendamiento, durante numerosas generaciones, y de grata memoria es nuestra «rabassa morta» que hace durar el arrendamiento lo que dura la vida, o un promedio de cincuenta años; y la «mampostería» asturiana, que dura de treinta a cuarenta años en el cultivo a medias de las pomaradas.

En Babiera, el Estado interviene los arriendos y puede modificar sus plazos, o anularlos, si se trata de tierras menores de 5 hectáreas, o de más de 10, cuando el colono carece de otros terrenos, o de 20, si llevarle doce años labrándole. En Austria, la Comisión de Transmisión de Propiedades interviene en lo; contratos de más de seis años, concediéndoles, si no dañan a los intereses comunes. Bélgica ha tomado el plazo de tres años, pero con prórroga de tres, de seis y de nueve años, según cultivos, y los despidos les regula obligando a efectuarlos con dos años de antelación. También Checoslovaquia tiene establecido el derecho de prórroga, aun contra el dueño de la finca, a no ser que sólo posea éste 15 hectáreas o menos; pero es preciso que el colono cultive personalmente y sin obreros la heredad, y no posea más de 8 hectáreas, ya en propiedad, ya en arrendamiento. Más curioso es aún lo establecido en Italia, donde es preciso demostrar que hay causa que justifique el despido, cuando ha concluido un contrato para darle por extinguido.

Punto propenso a discusiones es el tipo de precio de arriendo, fijado por la Junta de Acción Social Agraria, para aplicarle las reformas consignadas. A unos parece-rían pocas las 3.000 pesetas, a otros muchas. Nosotros debemos advertir que las legislaciones extranjeras procuran los beneficios en favor del arrendatario en los arrendamientos pequeños. El caso del gran rentero es el caso del gran capitalista, que no necesita protección de la ley como el pelantrín.

Revisión de la renta.

Ya hemos consignado antes algo de lo estatuido sobre esto en otras naciones. Nuestra Junta opinó, que fijado el plazo de duración de los arriendos, la revisión del precio de los mismos se efectuaría al convenir el nuevo contrato, pues autorizar esta revisión en períodos distintos, daría lugar a perjudiciales trastornos.

Y es que aquí hay normalidad en los accidentes económicos que influyen en estos asuntos.

Subarriendos.

Dice la Junta Central de Acción Social Agraria: «El subarriendo sólo debe aceptarse como excepción cuando el contrato no tenga carácter de especulación, y previo informe favorable del correspondiente Patronato de Acción Social Agraria, pudiendo recurirse ante la Junta Central de Acción Social Agraria.»

Bélgica continúa autorizando los subarriendos. Checoslovaquia, no sólo los autoriza, sino que los beneficios que establece, sobre prórrogas, etc., para el arrendatario, les hace valer para los subarrendatarios, siempre que llenen las condiciones que el primer arrendatario exige.