El Progreso agrícola y pecuario (1928-12-22 00:00:00), página 6

Perjuicios que se irrogan injustamente al arrendador.

Entre otros varios pueden mencionarse los siguientes:

Rentas percibidas en especie.

Bien puede asegurarse que las que el arrendador cobra en especie, o sea en grano, desmerecen del precio de dos a cuatro reales en cada fanega, por las razones que anotamos a continuación:

a) Porque generalmente no le pagan la renta del mejor grano recolectado en sus fincas, sino que seleccionado o acribido por el colono lo necesario para sientle del año próximo, en muchos casos se le hace entrega al dueño de la heredad de la clase que ha quedado después de dicha selección. Por esto, cuando se venden los granos, suele decirse: «La clase no es mala para ser de rentas».

b) Porque algo suponen los gastos del encargado de la cobranza de las rentas, locales o paneras donde se recogen los granos, merma en ellos durante los meses que se tarda en venderlos, cual otros gastos de apaleo para su conservación, como el de medición y los de transportes para llevarlo al mercado o punto de entrega al comprador, a veces a bastantes leguas de distancia.

Conviene advertir sobre todo—y esto es muy importante tenerlo en cuenta—que el mercado regulador en Castilla, si es el de Valladolid y a él se atienen las estadísticas oficiales, se refiere a la fanega de trigo de 94 libras, por cuya razón hay que calcular de menos o rebajar la parte alicuota correspondiente (40, 60 u 80 céntimos de peseta) cuando la fanega sea de 92 libras, como en Palencia, o de 91 y de 90, como en casi toda la comarca de Burgos y de Santander, y ser los trigos de esta última más bastos y dar harina menos blanca y fina, por lo que también son pagados algo menos por los compradores y fabricantes.

Sirvan estos detalles advertidos de conveniente aviso cuando se trate de precisar el beneficio del arrendador de fincas rústicas, y no quede duda de que le resultan los trigos que percibe de renta en tres o cuatro reales menos de precio la fanega del que rija en el mercado regulador de la capital (y lo mismo, respectivamente, en los demás granos), a causa de la clase, mermas, transportes y demás circunstancias desfavorables que quedan expuestas.

La contribución llamada siempre de «colonia», la está pagando injustamente el arrendador.

Hace años, considerando con equidad el legislador que siendo la contribución territorial en predios rústicos consecuencia de la utilidad o beneficio que tales fincas producen, y que esta utilidad evidentemente se obtiene y se reparte entre el arrendador, por la renta que percibe, y el arrendatario, por lo que le queda también en la explotación del terreno que cultiva, se creyó justo y razonable que ambos contribuyesen a levantar las cargas del Estado, dividiendo al efecto la contribución territorial designada a tales fines en dos partes: una llamada de propiedad, pagada por el dueño de aquéllas en relación a la cuantía de renta que percibía del colono, y otra llamada de colonia, satisfecha por éste y que era la diferencia hasta cubrir el total de la cuota contributiva por dicho concepto de territorial.

Resultado de esto, que muchas cuotas de colonia no podía cobrarlas el Estado, porque en algunos casos daba con colonos más o menos insolventes, visto lo cual se dispuso (por la ley de 18 de junio de 1885) que el propietario pagase íntegra toda la contribución territorial de las fincas arrendadas, la suya y la del colono, pudiéndose entender con éste sobre el particular, y desde entonces así viene verificándose, con el consiguiente perjuicio, bien manifiesto, del arrendador.

Impuesto municipal por Utilidades.

Sin haberse tenido en cuenta lo que acabamos de enunciar, se ha impuesto otra carga más al propietario arrendador con motivo del Real decreto de 11 de diciembre de 1918, por el que se le exige por utilidades otro segundo recargo municipal, que alcanza en algunos Ayuntamientos hasta un 30 por 100 de la contribución territorial. Una verdadera exageración.

Como esto no es justo, debiera derogarse esa disposición confusa y laberíntica también por demás, y de todos modos reformarla en sentido más equitativo, a la vez que refundiendo en uno sólo los diferentes recargos municipales de las mismas fincas.

Además, parecía lógico y natural que creado como fué este impuesto de Utilidades por el ministro de Hacienda Sr. Besada, como sustitutivo al de Consumos, sólo afectase aquél a las mismas personas que venían obligadas a pagar este de Consumos, puesto que si antes existía la obligación, como era razonable, de pagar consumos únicamente en el punto donde se habita o se tiene casa abierta, ¿por qué ahora ha de imponerse la de pagar este nuevo impuesto, para atenciones municipales en todos los pueblos en que se dé el caso de poseer alguna finca, cuando para tal objeto el imponible o utilidad que a esta finca se calcula, ya paga para ese mismo fin de atenciones municipales el 18 por 100 de recargo sobre la cuota por contribución territorial?

Resulta así un recargo repetido, o sean dos análogos por una misma utilidad o ganancia calculada, siendo lo más extraordinario e inexplicable, que considerándose que todo recargo debe ser o consistir cierta parte alicuota, generalmente moderada y equitativa de aquella cuota principal de que se deriva, se dé el caso en algunos pueblos de que tal impuesto de Utilidades por la parte real, a propietarios foráneos, importe otro tramo y hasta rebase la referida cuota de territorial para el Tesoro, con lo cual resultan dos contribuciones iguales por cada finca, cosa que debiera impedirse a todo trance, por cuanto ello supone en ciertos Ayuntamientos un abuso o exageración, no en relación seguramente con los que el legislador se propuso al crear este impuesto sustitutivo del de Consumos, exigible sólo en el pueblo en que se reside o se tiene casa abierta.