El Progreso agrícola y pecuario (1928-11-22 00:00:00), página 7

y para trabajar; es decir, que pretende que el labrador pague todo a peso de oro y venda sus cosechas por cuatro cuartos.

Como el negocio agrícola, en estas condiciones, es pobre, quienes a él se dedican sufren las consecuencias, que, naturalmente, cuando llegan al más desvalido, al obrero del campo, toman ya caracteres de completa miseria.

Los socialistas, que en esto de la agricultura no dan una en el clavo, notaron los efectos de tal situación en los obreros; y, saliéndose por completo de sus principios y de sus doctrinas, buscaron el halago de esos desdichados campesinos, adulando su codicia, esto es, su afán muy humano, pero muy poco socialista, de convertirse en propietarios.

Las clases conservadoras, algo más certeras en su juicio, pero sin darse cuenta de los peligros anejos a la exageración de la reforma, también se mostraron partidarias de hacer muchos pequeños propietarios, pues e lo equivale a matar rebeldeadas, sin que por ello desaparezcan las desigualdades sociales que hoy se padecen, ya que el mínimo propietario rural sigue tan sumido en la pobreza como el obrero que nada posee.

Conforme los opuestos bandos en la cuestión y contentos los interesados con las promesas, nadie debía protestar. Mejor dicho, alguien debió protestar y no lo hizo por cobardía o por ceguera; debió protestar la técnica agronómica universal, pues el progreso de ella es absolutamente contrario a la pulverización del suelo.

Y así han nacido las reformas agrarias de la Europa Central, con todas sus consecuencias de expropiaciones de grandes fincas, parcelaciones indebidas, perturbaciones del trabajo, etc., etc.

Pero uno de los resultados más curiosos es que esas reformas que persiguen el mejoramiento de los obreros agrícolas, por lo pronto vienen a provocar en algunos países (en aquellos donde las medidas fueron más radicales) un grave problema de paro forzoso, que alcanza a numerosos obreros del campo que antes ganaban su jornal en las grandes explotaciones.

En un documentado e interesante artículo del doctor Adam Rose, profesor de Política agraria de la Universidad libre de Varsovia, publicado en la Revue Internationale du Travail (septiembre 1928) hallamos las siguientes instructivas cifras:

En Alemania, refiriéndose sólo al período de 1933 a 1925, del que únicamente posee datos detallados el profesor Rose, calcula que perdieron sus jornales a consecuencia de la parcelación 8.000 familias, y que de ellas sólo un 6 por 100 lograron convertirse en propietarios de terrenos.

En Checoslovaquia la reforma agraria dejó sin trabajo de 70 a 80.000 familias. El Estado ha podido remediar la situación de 64.311 obreros ofreciéndoles otros empleos, pensiones a los de más edad e indemnizaciones en especie al 46,2 por 100 de ellos. Pero ni esto es una solución definitiva para estas gentes, ni ha sido posible hacer nada por los 16.000 que perdieron su jornal.

En Polonia 50.000 familias de obreros agrícolas han perdido sus colocaciones y sólo un 20 por 100 de ellas han podido conseguir un lote de terrenos. Los restantes, en el mejor de los casos, han percibido una pequeña indemnización.

En Estonia, Hungría y Austria los resultados no son más satisfactorios para los obreros.

En Rumania, que es el país de más enérgica reforma agraria, las posibilidades de lotes han dejado sin tierras a 400.000 solicitantes con derecho a ellas, entre los cuales la mayor proporción es de obreros agrícolas. El mismo secretario del Comité Agrícola de Rumania, monsieur Constantinescu, ha reconocido que la utilización de esa gran masa de obreros agrícolas que ha quedado sin trabajo constituye un deber social y presenta dificultades enormes y, en algunos casos, insuperables.

Dedúcese de estos resultados, que la parcelación de las grandes fincas, cuando se realiza de un modo forzado y con la única mira de acabar con la gran propiedad, causa perjuicios a los obreros agrícolas, sin que la producción busque los caminos lógicos de aprovechamiento de la máquina para lograr un abaratamiento en los gastos del cultivo.

Y ni siquiera puede argüirse que se ha mejorado mucho la suerte de los pequeños hacendados, porque la realidad es que se les entregan tierras que llevan la carga de una deuda relativamente cuantiosa, que hay que pagar con los intereses correspondientes.

A tal extremo llegan estas deudas de la tierra, que en Suiza se ha celebrado una Conferencia que reunió representantes de Bancos, del Gobierno y del Parlamento, al objeto de estudiar el modo de reducir esas deudas, por las que pagan los agricultores de aquel país 275 millones de francos de intereses anuales, y que se calculan por hectárea en la enorme cantidad de 3.365 francos suizos (cerca de 4.200 pesetas).

¿De qué le servirá al agricultor suizo el ser propietario del terreno que cultiva, si cada hectárea está empeñada en 4.200 pesetas y tiene que pagar de intereses anuales 210 pesetas?

Bien está que, como se comienza a hacer en España, el Estado procure convertir al colono en propietario, facilitándole recursos para que realice una operación que libremente llevaría a efecto si contase con medios materiales para realizarla; pero fuera de esta gestión, llevada a efecto en plena armonía de propietarios y colonos, bueno será dejar las cosas como están y pensar algo más en la conveniencia de proteger a la gran explotación, en la que el mismo socialista debe vislumbrar la máxima posibilidad de alcanzar las formas cooperativas, que constituyen la verdadera doctrina marxista.

Lo principal es que la agricultura rinda beneficios, y esto no se alcanza reduciendo la extensión de las fincas a límites que imposibilitan la aplicación de máquinas, y depreciando al propio tiempo los productos de la tierra.