El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 148

Desde el año 1918 en que se inició el régimen de retiro obrero, calculando la población total española sometida al régimen en 5 millones, podemos suponer que una cuarta parte está asegurada, o sea 1.250.000.

Por ellos pagan los patronos y el Estado la cantidad mensual de \( 1.250.000 \times 4 = 5 \) millones, y al año 60 millones de pesetas. Luego en este año tendrá el Instituto, por administración solamente, un ingreso de 3 millones de pesetas. Suponiendo que anualmente suba la recaudación en 5 millones de pesetas (lo cual no es ningún disparate), subirá también anualmente la administración en 150.000 pesetas. Como faltan once años para que comience a pagarse la primera pensión, la administración subirá a 4.650.000 pesetas. Es decir, que para cuando comience a pagarse la pensión primera, se puede calcular que al patrono y al Estado le ha costado administrar el régimen la friolera de más de 60 millones de pesetas.

Y eso que partimos de bases mínimas, como es la de suponer que sólo se aseguran actualmente 1.250.000 obreros y que después sólo aumente la recaudación anual en 5 millones de pesetas. Si fijáramos dobles cantidades, nos quedaríamos cortos seguramente. Pero basta eso como muestra de lo que actualmente es el régimen.

La administración de cada millón recaudado, cuesta 160.000 pesetas.

Pero hay más, y esto sí que tiene gravedad extraordinaria. Si tuviéramos a mano balances detallados del Instituto, veríamos en ellos que el Instituto ha venido descontando de la cuota para gastos de administración y a título provisional un 11 por 100, además del 5 por 100 incluido ya en la cuota. Es decir, que cada millón recaudado no le ha producido 50.000, sino la cifra de 160.000 pesetas anuales.

Luego la cuota del retiro obrero, una de dos: o puede soportar ese descuento enorme, o no; si lo puede soportar, es un 11 por 100 que grava injustamente la contribución que paga por este concepto el agricultor y el gasto que soporta el Estado. Y si no lo puede soportar, el régimen no está garantizado.

No me consta que se haya publicado en ninguna parte la autorización precisa para descontar de las cuotas ese 11 por 100. Tengo por cierto que es verdad, por haberlo oído a personas de gran autoridad que se quejaban de no poder poner coto a tal cosa. En todo caso, podría saberse por el libro de actas del Instituto. Si no fuese verdad, rectificaría el aserto. Pero seguramente no habrá lugar a la rectificación.

No sería ningún disparate considerar que dentro de cinco años puede haber aseguradas 4 millones de personas si la ley se cumple. En ese caso, la recaudación anual sería de 144 millones de pesetas. Y a esa cifra pudiéramos referir todos los cálculos.

Aún es más cara la administración.

Tercera. La capitalización se hace al 3,50 por 100 de interés. Esto quiere decir que si a las cuotas patronales y del Estado les damos un interés de 3,50 por 100 anual, el Instituto considera garantizado el régimen.

Pues bien: las inversiones del dinero recaudado- las hace el Instituto Nacional de Previsión, y tal como está hoy el mercado español no es aventurado suponer que el dinero invertido nada más que regularmente producirá un interés medio de 4,75 por 100.

Tomemos como base actual una masa de 200 millones y una masa final de 1.000 millones, al término del período de capitalización, o sea cuando va a comenzar el pago de pensiones. Los 200 millones actuales le producen al Instituto 9.500.000 pesetas de intereses. Y como él aplica a las cuotas 7 millones, le quedan a su favor 2.500.000 pesetas en concepto de intereses. ¿En qué se emplea esta diferencia? ¿En administración? ¿En mejora de pensiones? ¿En formar una reserva para el futuro? Esto es un secreto para mí, y sólo los que administran el seguro obrero podrían aclararlo. Pero, desde luego, se ha de rechazar como antiéconomica la idea de un fondo de reserva o de una mejora de pensión. La reserva, porque no es necesaria, tomando como base del régimen las tablas de mortalidad francesas de que se ha hecho mérito. La mejora de pensión, porque complicaría innecesariamente la contabilidad del Instituto, puesto que para conseguir sencillamente esa mejora bastaba con que el tipo de capitalización fuera el del 4,25 por 100. Y en este caso la mejora era automática, o sería automática la rebaja de la cuota patronal y del Estado. Más natural parece que por ahora se haya dedicado esa diferencia de intereses a la administración, pues no es lógico que se haya autorizado ese gravamen sobre la cuota de un 11 por 100, sin haber agotado antes el medio sencillo de disponer de la diferencia de intereses.

Consejos y más Consejos.

Cuarta. La administración del Instituto tiene que ser por necesidad carísima y en extremo gravosa para el Estado y el patrono. Veamos cuál es su organización. No es fácil a primera vista hacer la diseción de los organismos administrativos del Instituto. Existen Consejos de patronato, Consejos de vigilancia, Consejos de inspección, inspectores del retiro obrero, Consejos regionales, Cajas colaboradoras con sus Consejos de administración, consejeros delegados, organismos asesores desparramados por toda la Península. No parece sino que se haya querido incluir en la administración y en la nómina del retiro obrero a multitud de personas y de representaciones que originen intereses creados que sea difícilísimo destruir. Claro que, en definitiva, todo ese artículo da la sensación de muñecos que bailan al son que les tocan los verdaderos administradores del Instituto.

Todo ello denuncia un régimen costosísimo, y para mantenerlo no parece excesivo, no ya un 5 por 100 de cuotas, pero ni siquiera un 20 por 100 (1). ¡Y pensar

(1) A nadie se le habrá ocurrido fijar su atención en un pequeño inciso del apartado 13 del art. 77 del Real decreto de 21 de enero de 1921. Este inciso dice: «Del remanente podrá aplicarse la