El Progreso agrícola y pecuario (1928-05-15 00:00:00), página 14

»Ponen para llevarla a gente perdularia y dicen que les exija a ellos responsabilidad; pero yo supongo no será esa gente la responsable.»

El art. 10 de la Constitución de la Monarquía (que no está en suspensión) y el 349 del Código civil, establecen que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si quien priva a un propietario de sus bienes es un funcionario público, para un servicio u obra pública, sin que medie sentencia o mandamiento judicial, comete un delito contra la Constitución, previsto y penado en el art. 228 del Código penal.

La expropiación forzosa sólo podrá llevarse a efecto con arreglo a las prescripciones contenidas en la ley así llamada de 10 de enero de 1879, y precediendo siempre los siguientes requisitos que señala su art. 3.: declaración de utilidad pública; declaración de que su ejecución exige indispensadamente el todo o parte del inmueble que se pretende expropiar; justiprecio de lo que se haya de enajenar o ceder y pago del precio que representa la indemnización de lo que forzosamente se enajena o cede. Y si se priva a alguien de su propiedad sin haberse llenado los requisitos antes indicados, podrá utilizar los interdictos de retener y de recobrar.

El título III de la tan repetida ley de Expropiación forzosa, trata de las ocupaciones temporales, y según el caso tercero del art. 55, podrán ocuparse temporalmente los terrenos con la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de las obras, ya se hallen diseminados por la propiedad o hayan de ser objeto de una explotación formalmente organizada. Los artículos 58 y 61 de la ley y los 121, 123, 125 y 126 de su reglamento de 18 de junio de 1879, prescriben la forma en que podrán ser ocupados temporalmente los terrenos y extraerse de ellos la piedra necesaria para las obras, así como la precisión de que se declare previamente la necesidad de la ocupación del terreno, ajustándose el expediente a las disposiciones contenidas en la sección 2.a del título II de la ley.

Repetir o, mejor dicho, transcribir todas esas disposiciones haría inacabable la consulta, y sólo debo indicar a usted que puede sacarse la piedra sin pagar nada por ella, siempre que antes no estuviera dedicada a otros usos o que no pagase usted contribución industrial por su aprovechamiento, y que la única indemnización que puede percibir, cuando no concurre alguna de esas circunstancias, es la correspondiente a los daños y perjuicios que con la ocupación de la finca se le pueden ocasionar. Pero claro está que la ley establece formalidades que es necesario cumplir previamente para que pueda ser ocupada la finca, y no consiente que por capricho o sin formalidad alguna pueda quien quiera entrar en la finca ajena y disponer de los materiales que en ella pueda haber. Por eso se establece que es necesario que preexista la declaración de la necesidad de ocupar la finca, mediante un expediente en el que usted ha de ser oído, y si así no ha ocurrido y a usted no le han hecho ninguna notificación formal para que pueda reclamar, es indudable que no se ha declarado aún la necesidad de la ocupación y extracción de la piedra, y, por lo tanto, tiene usted el camino libre para formalizar un interdicto de recobrar contra los que se hayan propuesto a realizar los hechos que usted indica, y si quien así obró es un funcionario público, debe usted denunciar el hecho al Juzgado.

Como en la actualidad, según deduzco por lo que usted indice, no está declarada la necesidad de la ocupación, debe apresurarse a promover el interdicto contra los obreros y el contratista; pero advirtiendo antes a éste lealmente de los propósitos de usted, y es casi seguro que se resolverá la cuestión amistosamente, porque como el contratista se ha propuesto ya y ha adquirido las responsabilidades correspondientes a sus actos, procurará evitar que se hagan efectivas, mediante una solución confidencial.

Por último, para acudir a los Tribunales necesita usted valerse de abogado y procurador.

A. S.,
Abogado.

Don Eloy Velasco.—Jabalera (Cuenca).
»Deseo saber la graduación alcoholica y demás componentes que el vino natural posee en estado de buen paladar o para lanzarlo a la venta bueno.
»Medios para que los residuos o cascas sobrantes que el vino ha tenido en fermentación se les pueda volver otra vez a dar otro como el antedicho, bien por la teoría, como por aquí se dice, que uno tiene, como así creo ustedes me ilustrarán, ya que no hay medios de poder aprovechar dicho residuo.
»En caso de guardarse, tanto el natural como el segundo, que supongo mucho sea artificial, la graduación que lo hace conservar un largo tiempo.
»Creo que para todo lo antedicho me será necesario poseer los aparatos adecuados, rogándoles me digan cuáles han de ser éstos y el precio y dirección para adquirirlos.«

La composición del vino es muy compleja y aún no bien conocida, siendo constantemente variable en virtud de reacciones químicas de sus elementos entre sí y con el oxígeno del aire y de los microorganismos en él contenidos. De todas formas, los componentes principales del vino son:

Agua, que varía, según vinos, de 880 a 910 gramos por litro.
Alcohol etílico, 50 a 150.
Azúcar, 0,50 a 2.
Glicerina, 2 a 6.
Ácidos fijos, 4 a 10.
Acidez volátil, 0 a 1.

Además, existen en pequeñas cantidades éteres, alcoholos varios (metílico, propílico, amílico, etc.), potasa, azufre, cal, magnesia, materias colorantes, diversos ácidos, etc.

Comprenderá que, dada la enorme cantidad de clases de vinos, variarán aun fuera de los límites dichos para algunos componentes. Así hay vinos dulces con 150 y más gramos de azúcar por litro, etc.