El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 100

Aduanas. Pero bien pronto pudo la Comisión tener satisfacción completa, porque tres meses después era nombrado director general de Aduanas el propio y mentado representante en Madrid de la Comisión de fábricas, y dentro del mismo año de 1853 fué también nombrado ministro de Hacienda su abogado y asesor en Madrid... Los que deseaban reforma en los Aranceles no cejaban en sus propósitos; pero la Comisión de fábricas, Madoz y los generales marqués del Duero y duque de la Victoria, estuvieron resueltamente al lado del poder arancelario, a pesar de que la inmensa mayoría de los hombres públicos eran contrarios a las prohibiciones que los fabricantes empeñaban en sostener. ¡A batalla, dice el historiador mencionado, estaba reservada para 1869.

Estalla la mina.

Sin embargo, continuaban los hombres públicos, la mayoría de ellos, protestando contra el Arancel de 1849, que sostenía aún la prohibición para bastantes artículos, y los Gobiernos no podían desatenderlo, por mucho que fuera el peso del poder arancelario, publicándose en 1862 un Arancel que se justificó por la exageración de valores del de 1849, principalmente. «El el inconveniente—dice—que ofrece legislar sobre bases cuyo desarrollo se confía a los Gobiernos, cambiando los derechos según los valores, lo cual trae consigo una interinidad indefinida; en el fondo, es burlar una ley.» Esto escribe el historiador aludido.

¡Cuántas veces hemos repetido nosotros esto mismo, o parecido, y se nos ha tachado de apasionados, y aun de tener propósitos irrealizables o absurdos!...

La revolución de 1868 fue necesaria para echar abajo, por poco tiempo, naturalmente, medio siglo de prohibición y dos siglos de privilegios para los que tienen siempre un puesto al sol, repitiéndose las vestiduras de este desventurado país en el orden económico, siendo la causa principal el injusto régimen arancelario.

Dice Graell: «Al fin, la mina que unos y otros venían hacia años cargando estalló ruidosamente, volando el Trono de Isabel II. Y dimos en las Juntas revolucionarias de siempre. Estas seguidamente se enzarzaban en los derechos de Aduana. La de Cádiz, que fué la primera, acordó por sí y ante sí la rebaja de un 33 y \( \frac{1}{3} \) por 100, en todos los derechos del Arancel, imitándola varias otras provincias, incluso la Suprema Junta de Madrid, la cual, reconociendo que las rebajas decretadas introducían perturbación inmensa en las riquezas del Tesoro nacional y declarando que la prudencia exigía no resolver precipitadamente cuestión que afectaba a gravísimos intereses, tanto del Estado como de los particulares, se atrevía únicamente a resolver—añadía—que la rebaja del 33 y \( \frac{1}{3} \) por 100 sólo rigiera en Madrid hasta el 16 de octubre. Dirigiéndose el Instituto a la Junta revolucionaria de Barcelona, le pedía que no imitara este ejemplo. «Si Madrid cede decretando lo mismo que reprueba, muestre Barcelona más entera. No se diga jamás que Barcelona sacrifica a intereses de momento los principios económicos que siempre ha proclamado».

Pero algunos comerciantes de la plaza de Barcelona habían acudido a la Junta pidiendo lo contrario, y, en efecto, ésta no sólo acordó la rebaja de \( \frac{1}{3} \) por 100, sino de 50 por 100 sobre lo que llamaba primeras materias, y entre ellas había los estambres, hilados y torcidos en bruto, en limpio y tintidos; la hilaza de cáñamo, lino y yute; los hilados y torcidos de algodón y los hierros. Ni siquiera se dignó contestar a los dos atentos oficios que le dirigió el Instituto.

Dos meses después de estallar la revolución, D. Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, suprimió el derecho diferencial de bandera y trataba de llevar a la Gaceta lo que eran sus ideas conocidas en estas materias, y por ello enviaron comisionados a Madrid, ofreciéndoles el ministro que, si bien estaba resuelto a reformar el Arancel, suprimiendo desde luego las prohibiciones, no lo haría sin oírles previamente, sometiéndolo todo a su examen, y que a este efecto designasen las personas que mejor les pareciesen. Y como no lo hicieran, se les recordó e instó el mismo Sr. Figuerola, contestándole el Instituto en 16 de diciembre lo que sigue:

«Sr. D. Laureano Figuerola:
»Muy señor mío y amigo: Ayer se recibió su apreciable carta, en la que se sirve recordar la designación de personas, por parte nuestra, para vocales de la nueva Junta de Aranceles.
»En su vista, ayer mismo se reunió la Dirección de este Instituto, se leyó y fué escuchada con gusto la de usted, aunque con alguna sorpresa, pues a pesar de lo que pasó en la última conferencia con usted, los comisionados no se creyeron bastante autorizados para, sin más aviso, encargar al Instituto que adolantara a presentar nombres, y desde entonces ninguna otra indicación ni recuerdo se nos había hecho. Por fin, hoy hemos salido de nuestra equivocación, y nos apresuramos a designar las personas que el Instituto propone para formar parte de la mencionada Junta, las cuales representan las industrias de algodón en sus ramas de hilados, tejidos y estampados, mezclas en sus diversos ramos, lanas, sedas, tisú, etc.»

La reforma de Figuerola.

El ministro de Hacienda, que iba resuelto a destruir el régimen de privilegio y hacer un Arancel que estimaba justo y beneficioso para el país, se dejó de dilaciones controversias y habilidades, con las que sólo se conseguiría ganar tiempo el Instituto y perderle el ministro, y llevó el asunto a la Comisión de Presupuestos, la cual, en una sesión, di-cutió y aprobó las bases para la reforma arancelaria.

La esencia de la reforma puede decirse que estaba en la base quinta, que era como sigue:

«Base quinta. Durante el espacio de seis años, a contar desde 1.º de julio del corriente (1869), serán inalterables los derechos señalados como extraordinario. Pasado aquél plazo comenzarán estos derechos a reducirse gradualmente desde el séptimo al duodécimo año, hasta