El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 55

Apenas se habla ya del Consorcio para el mosto. Tal como se planeaba, era un absurdo privilegio. Pero, como recordaba en Alcázar de San Juan recientemente el ilustre propulsor de la enología Sr. Oliveras, los mostos españoles, con doble y aun triple riqueza en azúcar que muchos extranjeros, se prestan a la obtención de «concentrados», y sería conveniente que el Estado protegiese su fabricación, dando, incluso, primas al producto que se exportase.

Se habló mucho de varios proyectos de monopolio para el alcohol, idea descabellada cuya absurdidez la hizo fracasar apenas iniciada.

Como novedades en la acción tutelar de los Poderes públicos para la defensa de la riqueza vitícola, determinada por el cosechón de la Mancha, se implantó la tasa para la uva y se extendió al producto de las cepas los préstamos o anticipos que con tan lisonjero resultado se había ensayado con los trigueros.

No puede menos de agradecerse la nueva modalidad protectora, que ha contribuido a solucionar de momento la crisis; pero la clave para un arreglo más racional está, como lo indicó muy oportunamente el Sr. Rivas Moreno, en la creación de bodegas cooperativas. En Cataluña, en Navarra y en otras comarcas de nuestro país, existen abundantes modelos de este género de Asociaciones, que pasaron ya por el período de prueba. Algunas fracasaron, y sus desengaños servirán de lección para los que intente formar nuevas. Otras, la mayoría, pueden ofrecer copiosos datos de alentador optimismo, y a través de las repetidas crisis muestran, triunfadoras, la ruta a seguir.

APOLINAR AZANZA Y AZCONA.

EL PROBLEMA DEL VINO EN RELACIÓN CON EL DEL ALCOHOL EN 1927

EL VALOR DE UNA COMA

El interrogante en la vida vinícola y alcoholera española durante el año 1927 ha sido la eficacia que pueda atribuirse a la ley de Vinos, que se publicó casi al mediar la anualidad precedente. Ni la exportación —poco más o menos igual que las campañas anteriores— ni las particularidades del consumo interior, revisten tanto interés como el experimento que, al correr de los meses, ha podido hacerse de la expresada disposición, llevada a la Gaceta con el primordial propósito de favorecer a la viticultura nacional, según puede verse en los párrafos de su preámbulo.

¿Ha respondido la aplicación de la ley a los fines para que fué redactada? Reconózcase sinceramente que no admite la menor vacilación una respuesta negativa. Y para demostrarlo no se necesita más que recordar algunos hechos.

A los pocos meses de publicada la ley, se obtenía una cosecha reducida de uva, tan escasa como no se había visto hacia muchos años. Naturalmente, el precio de los vinos se afirmó en seguida y subieron poco después, pagándose, al finalizar la campaña de 1926-27, por cima de las 36 y 38 pesetas hectolitro; en muchas comarcas productoras a más de 40 pesetas. El drama del vino estaba resuelto, pero no por la ley, sino por la Naturaleza. La ley, que en su art. 35 prohibía que los vinos satisficieran al entrar en los mercados consumidores del país arbitrarios municipales superiores a 5 céntimos por litro, con lo cual tendía a reforzar el consumo interior, fué en esto modificada pocos meses después de promulgarse, especialmente en lo que respecta a las Provincias Vascongadas, o sea donde más convenía que hubiera persistido incólume tan importantísimo artículo.

Llegó la vendimia de 1927, y no obstante ser la cosecha, en general, lo que suele considerarse simplemente como buena, ha bastado que en una sola región—la manchega—, mejor dicho, en parte de ella, sea abundante, para que los vinos hayan descendido a menos de las 20 pesetas hectolitro en la propiedad. ¿Ya viéndose la eficacia de la ley en relación con su fin primordial? ¿Todavía no? Pues sigamos.

ALCOHOL DE VINO DE 96º. (Cotización del mercado de Barcelona.)

Para que en la citada región manchega pudieran obtener los viticultores un precio algo remunerador para la uva y evitar así verdaderos conflictos de orden público que se echaban encima, fué preciso dictar una Real orden obligando a los bodegueros de ciertas provincias a que pagaran el fruto a 9 ó 10 céntimos kilo, según la posición de los centros compradores en relación con su distancia a las estaciones de línea férrea de carácter general. Pero esto, a su vez, dio origen a que los vinicultores de esas provincias en que se hizo obligatorio la compra de uva a un precio mínimo, comenzaran a inquietarse por el escaso valor del vino y a aspirar porque se haga algo, ¡algo!, para conseguir la elevación del va-