El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 155

mostos; a cuyo fin una Comisión del referido organismo fue a Ciudad Real, presidida por el prestigioso ingeniero agrónomo Sr. Quintanilla, y durante quince días escuchó peticiones, averiguó garantías, se empañó en el conocimiento de las más premiosas necesidades y concedió créditos por valor de 8 millones de reales; y aquellos cosecheros pudieron acabar la costosa recolección, y atender al extraordinario lagareo, y proveerse de bodegas y envases donde cupiera la enormidad de caído que sus viñas habíanles logrado; y la abundancia dejó de ser un daño para trocarse en un beneficio magnífico.

Otra consideración surge del estado antes impreso: la de que los préstamos suman mucho mayor cifra que los de 1926. O lo que es lo mismo, que el labrador va conociendo esta nueva fuente de auxilios, y confiando en ella y acudiendo a su manantial, y que el Estado amplía cuanto es preciso el fondo de prestación.

Además, durante el año 1927 se otorgaron préstamos hipotecarios individuales por 103.692 pesetas.

Los otorgados con garantía personal a los Sindicatos Agrícolas y otras entidades ascendieron a 312.160 pesetas.

Y los concedidos con garantía prendaria a entidades agrícolas 300.000 pesetas.

El hombre del campo, víctima eterna del usurero en forma de prestamista, de almacenista que «adelanta» fondos, de «amigo» que saca de un apuro y tantas otras disfrazadas maneras que a un mismo lobo encubren, halla en el Servicio nacional de Crédito Agrícola un dinero por el que le cobran el 5 por 100 de interés anual y que le dan con un grato conjunto de facilidades.

De aquí nace nuestro convencimiento de que al Servicio de Crédito Agrícola deben concedérsele los medios y la organización necesarios para que muchos miles, millones tal vez, de pejugaleros encuentren en él lo que tantos años hace se busca sin fruto en España: el prestamista ideal, que cobra poco, se contenta con escasas formalidades y tiene un sólo fin que le mueva: el interés de la nación y particularmente del agro cultivable.

Frente a esta deliciosa conjunción del Estado y el labriego surge, antipática, la conducta cicatera, estrecha y absurda del Banco de España. La agricultura nacional debe saber estas cosas que pasan alrededor de ella. El Banco se encargó del reparto y cobro, de las entregas de este Servicio de Crédito Agrícola como si de un «servicio de tesorería» se tratase. El Banco tiene la obligación de hacer los pagos y cobros del Estado gratuitamente, a cambio de la millonada que a la sombra y succionando el suco del Estado se embolsa anualmente. Pero cuando aquello que comenzó siendo circunstancial llegó a ser permanente, ocurrióse al Banco que no era esta labor de dar dinero y recibir dinero en sus ventanillas un trabajo de tesorería y debiera por ello ser remunerado, en virtud de lo cual pidió se le subvencionara este servicio con 40.000 pesetas.

Para que se aprecie debidamente el grado de aberrada avaricia que esto supone, hay que tener en cuenta que tales dineros que manipula, tiénelos en cuenta corriente del Estado, y son del Estado, y el Estado nada le cobra al Banco por tenerlos allí en movimiento útil, como toda cuenta corriente está en todos los Bancos. Los demás establecimientos de esta índole pagan dinero por los fondos de sus cuentas corrientes a sus cuentacorrentistas; el Banco de España, no sólo no paga, sino que quiere cobrar 40.000 pesetas al Estado. ¡Al Estado!, que le enriquece, que le nutre de oro años tras año.

¡Ah! Y es de advertir que el Servicio nacional de Crédito Agrícola, en su liquidación del 25, ganó líquido menos de esas 40.000 pesetas que pide el Banco de España.

Es indignante, en realidad, tanta desaprensión y tal usura.

¡Si le apretaran la cincha todo lo debido...!!!

LEÓN SAY.

LA COLONIZACIÓN EN 1927

Excepcional importancia ha tenido el año 1927 en la obra de la colonización española. La simple facultad concedida a la Dirección general de Acción Social Agraria, por Real decreto de 7 de enero, para que, con fines colonizadores, pueda adquirir fincas rústicas a los particulares que voluntariamente deseen enajenarlas, hace concebir la esperanza de que, por fin, España no seguirá constituyendo, en este orden de cosas, una verdadera excepción entre los países cultos, ya que todos ellos, desde hace muchos años, se vienen preocupando de resolver, dentro de normas tan sencillas como la misma realidad traza e impone, el llamado «problema de la tierra».

Los resultados obtenidos por la llamada «ley de colonización y repoblación interior», promulgada en 1907 con carácter de ensayo, no respondió a los buenos deseos que seguramente la inspiraron. Pero no cabía, sin embargo, esperar otra cosa. Vicio de origen de tal magnitud como pretender llevar la acción colonizadora exclusivamente a los montes públicos del Estado y del Municipio cedidos a este fin, no podía conducir a éxito alguno. En ellos toda posibilidad de acción estaba agotada; los medios deficientes que siempre tuvo la Administración para defender, siempre tardivamente, la masa arbórea, daban por resultante que todos los terrenos que se prestaban al cultivo agrario permanente, habían pasado de hecho a mano de particulares.

Error no menos fundamental fué prescindir de todo sentido de orden económico en la obra y su desarrollo. Sin que se inspire en él, toda política social fracasará y los beneficios de orden social a obtener jamás compensarán los sacrificios realizados por el Estado, y en no