El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 147

EL RETIRO OBRERO EN 1927

No vamos a recoger en este artículo unos datos estadísticos, a comentar unas cifras que—caso de tener de donde tomarlas—no dirían nada al agricultor que pacientemente viene soportando un tributo que jura ineficaz—tal como se recauda y administra—para asegurar la vejez del obrero y defenderle de la miseria.

Queremos decir sencillamente que en 1927 este impuesto pesó sin equidad sobre los contribuyentes y sin que se vislumbren sus ventajas para el obrero del campo. Y conste que la protesta del obligado contribuyente no es porque éste se niegue a cumplir las obligaciones que tiene como tal, sino por la manera absurda de cobrar el impuesto y porque ve que su dinero—en una buena parte—va, no a engrosar el capital que el día de mañana habría de amparar al obrero desvalido, sino que se invierte en pagar pingües sueldos, cómodos viajes, alquileres de edificios para oficinas, con su correspondiente material, que nada tiene que ver con los obreros ¡Y tan fácil como sería proveer a poca costa al fin social que se dice perseguir con el retiro obrero!

Por ello y para llamar la atención del Gobierno para que acuda a su inmediata reforma, vamos a analizar el funcionamiento actual de este seguro.

En qué se basa el retiro obrero.

El retiro obrero está basado, hoy por hoy, en la capitalización de cuotas que al efecto aportan los patronos y el Estado, a base de un 3,50 por 100 de interés, y de la probabilidad de vida y muerte contenida en las tablas de rentistas franceses denominadas R. F.

El objeto de este seguro es formar pensiones vitalicias a favor de los obreros o asalariados que tengan sueldo o jornal que no exceda de 4.000 pesetas anuales, desde los sesenta y cinco años de edad, de 365 pesetas anuales.

Para el disfrute de la pensión son condiciones necesarias: que el pago de las cuotas patronales y del Estado se verifique durante un período mínimo de veinte años, con la capitalización consiguiente; que el pago se haga sin interrupción.

Las cuotas se han calculado por el promedio de edad de los asalariados a quienes afecta el retiro obrero. Así, un obrero de diez y ocho años cuesta al patrono 3 pesetas y al Estado 1 peseta mensual. Lo mismo cuesta un obrero de cuarenta y cinco años. Consecuencia inmediata es que la cuota del obrero de cuarenta y cinco años es baja, y es, en cambio, muy alta la cuota de un obrero de diez y ocho o de veinticinco años. Pero como es lo más probable que todo obrero tenga interrupciones en su trabajo, puede deducirse, sin temor a error, que sólo disfrutarán la pensión máxima de 365 pesetas anuales los que tengan menos de cuarenta y cinco años. Con lo cual, dicho está que, por lo general, la cuota media aplicada es demasiado alta, o sea que se grava al patrono o al Estado con una carga excesiva para el fin que se propone.

Carga excesiva.

Pero esta carga excesiva impuesta al Estado o al patrono, lo es muchísimo más si tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera. Uso de la tabla R. F. (rentistas franceses).
El Instituto Nacional de Previsión ha adoptado para sus cálculos la tabla francesa de mortalidad de rentistas franceses; es decir, una tabla referida a un núcleo de población acomodada y en un pueblo, como el francés, donde las condiciones de vida generales son más suaves que en España. Luego aplicar al régimen de mortalidad de nuestros obreros las condiciones de vida de la burguesía francesa parece un despropósito. Y no sólo lo parece, sino que lo es en realidad. Estudios serios realizados en la materia han demostrado cumplidamente que la mortalidad española, a partir de los sesenta y cinco años (edad fijada para el régimen del retiro obrero), es mucho más rápida que la consignada en las tablas de mortalidad adoptadas por el Instituto Nacional de Previsión. El Instituto dice que lo ha hecho así para garantizar mejor el régimen. Pero a esto sólo cabe replicar que mejor se garantizaría todavía cobrando una cuota quintupla de la actual. No se trata de eso. Se trata de que la contribución del patrono y del Estado sean las que deben ser para el pago de una pensión de 365 pesetas anuales; o de que al obrero se le dé la pensión que le corresponde por las aportaciones del patrono y del Estado. Y se puede asegurar que, utilizando las tablas R. F., se impone al patrono y al Estado una carga en extremo agobiadora para el modestísimo fin que se persigue.

Los gastos de administración subirán a 60 millones de pesetas.

Segunda. Las cuotas se han calculado con un recargo de administración del 5 por 100 y otro recargo del 1 1/4 por 1.000 de la pensión constituida. Es decir, que cada millón de pesetas que recauda el Instituto le produce 50.000 pesetas líquidas para administración actual y otro rico importante para administración de pensiones, cuando llegue el momento de pagarlas. Además: el recargo para administrar el pago de pensiones lo cobra por anticipado y lo capitaliza a su gusto.

Estas cantidades para administración son en absoluto independientes de la subvención que el Estado concede al Instituto.

Veamos algunos datos: