El Progreso agrícola y pecuario (1928-06-22 00:00:00), página 2

de julio de 1915. En él se crean los organismos de evaluación, pero no se indican las normas que deben servir a éstos para determinar el importe de la indemnización en cada caso.

Entretanto, el Gobierno había llevado a las Cámaras un proyecto de ley. Su discusión comenzó en 3 de octubre de 1916 y terminó el 17 de abril de 1919, en que fué votado, es decir, la víspera misma de la firma del Tratado de Versalles.

Esta ley, eje de la reconstitución, se basa en dos ideas directrices: 1.º La República proclama la igualdad y solidaridad de todos los franceses ante las cargas de la guerra. 2.º La reparación del perjuicio será íntegra; pero con la condición indispensable de que la indemnización se emplee en la reconstitución.

La ley tiende a indemnizar al perjudicado, pero quiere también restaurar la economía nacional. Quiere que los sacrificios que va a imponer a la nación no sean perdidos para ésta. De esta idea fundamental nacen las reglas para establecer la indemnización.

Si la indemnización se redujese al valor de lo destruido conforme a tasación anterior a la guerra, el propietario quedaría debidamente resarcido, pues tendría el mismo capital que si hubiera vendido en aquella época, pero no podría restaurar lo destruido y volverlo en la actualidad a la producción. De aquí que la indemnización conste de dos partes: una, el valor de lo perdido, que se entregá en todo caso y en plazos durante un período de diez años, y otra, la diferencia entre ese valor y el coste de reconstrucción actual, que no se entrega más que cuando esa reconstrucción se realiza y a medida que se realiza.

Este sistema, más beneficioso para el damnificado, lo es también para el Estado, aunque de momento le sea más costoso, porque es el único modo de no dejar en Francia una extensa región improductiva.

Dos circunstancias esenciales de la ley debemos mencionar: la posibilidad de que el damnificado ceda a un tercero su dominio con el derecho a la reconstrucción según la ley de reparaciones, y la libertad de emplear la indemnización dentro de una zona de 50 kilómetros alrededor del lugar destruido.

Sentados estos principios, veamos cómo se determina en cada caso la cuantía del siniestro.

La ley ha creado todo un sistema de organismos de evaluación que son, por orden creciente de categoría: las Comisiones cantonales, los Tribunales de daños de guerra y la Comisión superior de perjuicios de la guerra.

Las Comisiones cantonales, hoy sustituidas por las Comisiones especiales de distrito, no tienen carácter judicial propiamente dicho, y aunque sus presidentes sean nombrados por el ministro de Justicia, su misión se reduce a procurar la conciliación entre el damnificado y el Estado. Si no se llega entre ellos a un acuerdo, la indemnización se fija con la intervención de expertos. De esta valoración puede apelarse ante los Tribunales de daños de guerra, constituidos casi exclusivamente por magistrados y ex magistrados nombrados por el ministerio de Justicia, siendo, a su vez, sus resoluciones apelables ante la Comisión superior de daños de guerra, que funciona a la vez como Tribunal de apelación y de casación. Este organismo superior tiene su asiento en el Consejo de Estado, y se compone de magistrados del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Tribunal de apelación de París y de profesores de la Facultad de Derecho de París.

El número de expedientes evaluatorios se elevaba en 1924 a 3 millones, refiriéndose a un valor total de 140 millones de francos. El número de denuncias presentadas por irregularidades e infracciones de la ley de reparaciones era en la misma fecha de 1.170, habiendo recaído sobre ellas 310 sentencias definitivas, y recuperándose, por acciones fraudulentas descubiertas y comprobadas, la suma de 4.117.000 francos.

La obra de restauración ha sido realizada de manera rápida y satisfactoria. En 1924 se cultivaban ya 1.800.000 hectáreas más de las cultivadas antes de la catástrofe. De 741.993 edificios agrícolas destruidos, estaban reconstruidos 598.000, así como 20.500 edificios industriales de entre los 22.900 afectados por los daños. La población, en dicho año 1924, era de 2.135.000 habitantes, más que a raíz del desastre, y 400.000 más que la que acusan los datos estadísticos anteriores a la guerra.

Hoy la labor de reconstitución puede considerarse totalmente cumplida gracias a las previsiones de la ley de Hacienda de 28 de diciembre de 1923, que se propuso darle cima con las cantidades consignadas en tres Presupuestos nacionales subsiguientes a aquella fecha, y solamente algunas ruinas y algunas tierras que al mezclarse con el subsuelo resultaron impropias para el cultivo, pueden acusar al visitante de aquellas regiones la triste realidad de la catástrofe.

GERMÁN ROYO,
Ingeniero agrónomo agregado a la Embajada de España en París.

El arriendo de fincas rústicas.
En defensa.

Constantemente, durante estos últimos años, venimos leyendo en la Prensa, principalmente en la de Madrid, artículos dirigidos a recomendar, a solicitar y hasta imponer a los Poderes públicos—dado el sello de urgencia con que algunos de ellos vienen refrendados—la necesidad de ocuparse de lo que han dado en llamar «problema de la tierra», para transformar el régimen jurídico de la propiedad inmueble, y como derivado de aquél el de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas.

No hemos tenido ocasión, ni incumbe a nuestro propósito, el comprobar si quienes tales artículos inspiran, son o no competentes en la materia, que bien pueden tener sobre estas cuestiones sociales una fundamentada opinión, siempre muy digna de respeto; o si, por el contrario, se trata únicamente de unos señores del grupo de intelectuales y sociólogos que, como publicistas de