El Progreso agrícola y pecuario (1928-05-22 00:00:00), página 2

15 al 25 por 100 de los ingresos municipales. Y añadían: son impuestos injustos que gravan a las familias modestas.

Y todo eso cristalizó en una conclusión, que copiamos literalmente: «Supresión de los impuestos municipales y provinciales que gravan el vino o, por lo menos, cumplimiento de la ley de vinos en toda España».

Al llegar a este punto forcejea por escaparse de nuestra pluma un violento apóstrofe; y si no fuera tan flaca de memoria la muchedumbre, que vive para olvidar, no se hiciesen atrevido a hablar algunos señores dirigentes de los que tan rotunda afirmación hicieron, de los que han dicho que lo principal, lo primario, era suspender los impuestos sobre los vinos.

Porqué fueron éstos y otros vitivinícolas quienes no hace mucho tiempo armaron contra el Sr. Matesanz aquel estrepitoso vocero cuando defendía eso, lo que hoy piden ellos mismos con tanta desesperación como ansia. Por contrario a los intereses de la agricultura ¡él! pudo entonces pasar, ese tan relevante valor intelectual que la agricultura posee. ¿Y para qué toda aquella refriega? Para venir hoy los que la armaron a pedir como única, como bastante solución a los Poderes públicos, la «blasfemia» de D. Mariano Matesanz: «Que se supriman los impuestos sobre los vinos».

Nosotros en esta Revista estuvimos con el honorable y atacado labrador, y continuamos defendiendo su tesis día tras día, y hoy vamos con orgullo entrar en nuestro campo al Sr. Tarín y a sus presididos. Bien está; pero que sirva de lección. No a ellos, ¡claro está!; pero sí a las masas.

La segunda conclusión que aprobaron fué: «Fijación del precio del vino embotellado y adopción de otras medidas conducentes a cortar el excesivo sobreprecio de los vinos en los restaurantes».

El Sr. Carrión había censurado que en los restaurantes se llegaran a vender los vinos con un 300 a un 400 por 100 de aumento sobre su valor. El Sr. Tarín reprodujo el argumento y las cifras. Uno y otro, al par de ellos la conclusión, están equivocados. En esos restaurantes a que atienden, y más aún en los cafés, se multiplican los precios de todos los artículos, y el día que haya uno con el que no puedan hacerlo así, dejarán de venderlo; y si llegase la tasa del mínimo para el vino, venderían cerveza en su lugar, o aguas medicinales, o demonios coronados. Por ahí, por la tasa, se va, no a la merma de la venta en los establecimientos referidos, sino a la absoluta desaparición de este artículo de consumo.

Tercera conclusión: «Que se gestione del Gobierno francesa la restauración de la tolerancia que antes de abril último tenían las Aduanas del vecino país para admitir vinos blancos, estilo Sauternes, conteniendo hasta 40 grados de azúcar por litro, ó, en caso de imposibilidad, que se autorice un margen de 4 gramos sobre los 18 de azúcar por litro que dispone de un modo indudable la ley recientemente promulgada».

He aquí las peticiones que le vienen al campo por los mimos a la industria nacional. Subimos recientemente nuestras Aduanas a los tejidos y a los biertos franceses, y nos pagan descalabrando vinicultores. Menos mal que, en agradecimiento, los ferreteros de Bilbao suben sus «duanas» contra el vino nacional hasta las 35 pesetas que hemos dicho antes. A veces, el labrador parece el tono del circo; bofetada que se pierde, corre a refugiarse en sus mejillas.

Cuarta y última conclusión: «Procurar, por todos los medios posibles, que tanto en el comercio interior, como en el de exportación, se respeten las características naturales de nuestros vinos, previamente determinadas por el personal técnico». ¿Otra intervención oficial? ¡Otro pequeño servicio como el fitopatológico de calidad! ¡No, por Dios, que hartas contribuciones paga ya el caldo de uvas!

El Sr. Tarín hizo un singular descubrimiento al final de su oración: el de que ya en la ley de vinos no existe nada que favorezca a los viticultores. Donosa afirmación a estas fechas; ni ahora, ni en el alumbramiento de la famosa ley, tuvieron nada útil dentro de ella los que cultivan la vid.

Conclusiones de los remolacheros.

Se reunieron estos en Asamblea en el Salón de Actos de la Asociación de Agricultores, acudiendo remolacheros y cañeros de toda España.

Presidieron el marqués de la Fuensanta de Palma. Hablaron Hueso, del Consejo de la Unión de Remolacheros; Viñolas, de Vitoria; Ardid, de Aragón; Lasheras, de Valladolid; Martínez, de Astorga; Roda, de Andalucía; Relanzón, de Toledo; Esteban, de Gijón; Carmen, de Añover, y Crespo, de Guadalajara.

Las conclusiones que aprobaron fueron dos:

«Primera. Reiterar la petición elevada al Gobierno de Su Majestad solicitando el nombramiento de una Comisión técnica que estudie y proponga las soluciones más convenientes para establecer en la producción azucarera un régimen que resuelva la crisis que padecen los agricultores, garantizando la equitativa distribución del valor del producto entre los dos sectores—agrícola e industrial—que cooperan a la producción.

Segunda. Debe desaparecer la restricción impuesta a la libertad industrial para los Sindicatos y Asociaciones agrícolas que quieran instalar y explotar fábricas azucareras cooperativas, siempre que los asociados aseguren la aportación de las primeras materias necesarias para la explotación económica de dichas fábricas.»

Al comentar la primera tenemos de nuevo que volver a cubrir de elegios el nombre del Sr. Matesanz, porque cuando nadie, ni los que cultivan la dulce raíz, se acordaban de ésta que hoy propongan, ya el ilustre defensor del agro lo sostiene briosa y enérgicamente en campañas de Prensa, y desde su escaño del Congreso; él sólo, sin masa, sin multitud, no más que con su tozudez, su talento y su amor al campo.

En la segunda conclusión hay tanta justicia y, al par tanta conveniencia, para los blínes nacionales, que podemos esperar la buena acogida del Gobierno.