El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 110

desdobra en tres partidas, que son 9, 15 y 18. Es decir, que de 6,40 no pasa a una de 4 y otra de 10, por ejemplo, que era el criterio que indicaba el Sr. Cambó, sino que pasa la más barata a 8 y la más cara a 18.

Medias de lana. En 1912 había una partida, a 8 pesetas el kilo. El Arancel de 1922 las desdobra en tres, a pesetas 15, 20 y 25 el kilo, según el peso por docena de prendas, y resultan las diferencias siguientes: un par de medias clase fuerte, adeudaba antes 0,85; hoy, 2 pesetas; clase medio fuerte, antes, 0,67; hoy, 2,05; clase fina, 0,40; hoy, 1,50.

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Yo no he sido librecambista en mi vida, ni lo soy; lo que quiero es una protección justa, legítima, una protección nacional, una protección equitativa para todo el capital y trabajo nacionales; una protección que no se imponga por una Comisión y una Junta constituidas ad hoc, que son las que lo decidieron todo, sino la que necesita el país, la que conviene al productor y al consumidor, porque yo no sé qué es ser consumidor únicamente, pues entiendo que productor o consumidor somos todos o casi todos.

Eso es lo que yo quiero en el orden arancelario; pero lo que hay en España no es un Arancel, ni éste de 1922, ni el anterior de 1912, ni el de 1906, porque en España no ha hecho el Arancel la nación, sino un poder arancelario superior a las Cortes con el Rey y a todos los poderes del Estado. Y como prueba, por si hacía falta, la confesión de los mismos autores del de 1906, según en otra parte de este trabajo dig., de donde se origina en estos últimos tiempos todo lo malo en este vitalísimo problema nacional.

El Arancel de 1922 se hizo sin valoraciones ni oficiales ni no oficiales. El Sr. Bergamín, que sucedió al Sr. Cambó e hizo suyo este Arancel, declaró en el Congreso que, efectivamente, no se había formado el Arancel con valoraciones oficiales. Pero como todo arancelariamente ha sido tan extraño, quién sabe si cu valoraciones oficiales hubiere sido peor, por ejemplo, de las oficiales correspondientes a 1921 y aprobadas por la Junta, voy a citar algunas, principalmente las que se refieren a las industrias metalúrgicas.

Partida del Arancel de 1912 núm. 79, correspondiente a la partida 295 del Arancel de 1922: «ruedas y ejes montados de más de 100 kilogramos de peso»; valoraciones para el año 21: 114 pesetas. Precio a que compró la Agrupación Española de Constructores de Vagones 3.000 ejes montados para la construcción de vagones de ferrocarril, cuyo pago anticipó el Estado: 44 pesetas. ¡70 pesetas de aumento, cerca de un 200 por 100! Esto es la valoración oficial, a pesar de tener nada menos en contra que el testimonio de haberse pagado con el propio dinero del Estado.

Partida del Arancel de 1912, núm. 5.3, correspondiente a la núm. 512 del Arancel de 1922, «locomotoras de vapor de menos de 35 toneladas para vía de ancho superior a un metro»; valoración para el año 21, 304 pesetas los 100 kilos; precio a que compró la Alta Comisión de España en Marruecos, franco bordo en Melilla, 192,30 pesetas.

Partida del Arancel de 1912, núm. 595, correspondiente a la partida núm. 744 del Arancel vigente: «vagonetas con un peso menor de 1.500 kilos»; valoración para el año 1921, 169 pesetas. Precio a que se vendieron vagones a la Alta Comisión de España en Marruecos, Delegación de Fomento, cif. Melilla, 63 pesetas. ¡Fijan 169 de valoración por una cosa que se ha pagado con dinero de la Nación sólo a 63!

Si donde está la prueba tan evidente como la del propio Estado hay disparates —llámémoslo así—como éstos, ¿qué ocurrirá cuando no hay pruebas tan definitivas y directas?

Epílogo, que pudiera ser prólogo, de lo escrito en este trabajo en relación con el Arancel de 1922.

La lectura del preámbulo del Real decreto que precede a este Arancel produce verdadero asombro.

«La propuesta de la Comisión permanente —dice el citado preámbulo— fue sometida a una información pública, antes de pasarla al Pleno de la Junta de Aranceles y Valoraciones, y el informe de ésta sometido a un detenido estudio» en el seno del Gobierno, que ha dedicado «preferente atención» a este asunto, objeto de varias deliberaciones del Consejo de Ministros.»

El Gobierno tenía, sí, el deber de hacer un detenido estudio del asunto y de someterlo a la deliberación del Parlamento antes de publicarse el Arancel en la Gaceta, como prometió el ministro de Hacienda; y esto aún antes también de que sobre el dictamen del Pleno de la Junta deliberara el Gobierno, según prometió también el presidente del mismo que se haría en un amplio debate.

En fin de cuentas resultó que ni se trató del asunto en el Parlamento ni en amplio ni en breve debate, ni el Gobierno hizo, ni podía hacer en unas horas, un estudio detallado, minucioso, como procedía, de un informe de la Junta, cuyo informe fue protestado con toda energía por los representantes en ella de la agricultura, del comercio, de la clase obrera, del Instituto de Reformas Sociales, de casi todos los que representaban grandes intereses colectivos, de clase o no eran funcionarios públicos.

El repetido preámbulo se refiere también a la información pública a que fué sometida la propuesta de la Comisión permanente, información que fué hecha en dos meses de verano y que aun así contiene mil ochocientas sesenta y una reclamaciones, de las que seguramente no leerían, ni podrían leer, ni menos estudiar, un centenar de ellas ninguno de los señores ministros, y si se atuvieron al extracto publicado, ya verán que—con todos los respetos debidos a quienes fueran sus autores—es un perfecto «camelo». En el Arancel de 1906, aun juzgándolo tan duramente como lo hacemos, la Junta de Aranceles dio un dictamen sobre las reclamaciones, agrupándolas, estudiándolas y razonando por qué, a su