El Progreso agrícola y pecuario (1928-06-15 00:00:00), página 9

te, fué necesario que a principios de enero de 1927 se concentrasen en Ballobar fuerzas de la Guardia civil dispuestas a cortar una temida alteración de orden público. En esta situación intervino la Dirección general de Acción Social y Enigración, la cual fué autorizada por Real orden de 20 de junio de 1927 para adquirir la finca y para cederse a los vecinos de Ballobar, que pagarán al contado el 20 por 100 de su precio y el resto en veinte o más años, con el interés del 5 por 100 del precio diferido.

Tras del riego el crédito.

Las letras grandes que coronaban un ancho y macizo editorial de El Debate, llamaron podrosamente nuestra atención: «Crédito Agrícola original» decía; y esto de la originalidad nos interesó vivamente, hasta el punto de forzarnos a leer íntegro el caudaloso artículo. Y aunque ya sabíamos nosotros que el rotativo de la calle de la Colonia: no atinaba una en asunto del agro, de tal modo rotundo y tantas veces repetía que la Confederación Hidrográfica del Ebro había trazado un proyecto «original» de Crédito Agrícola, que buscamos el cacareado proyecto, le leímos con avidez y por de pronto nos afirmamos en nuestro antiguo convencimiento: en cuestiones agrarias no puede uno flarse de El Debate.

Porque, en efecto, el contenido de las bases que vamos a reproducir y comentar, sobre las cuales pretende la Confederación erigir un servicio de crédito agrícola para sus regantes, puede dividirse en tres apartados: uno de cosas muy viejas que están bien; otro de cosas muy viejas, que no les serán concedidas, y otro de cosas absurdas e irrealizables. Lo que no hemos podido ver es la originalidad, ni aun siquiera en lo de equivocarse el mencionado periódico.

Y vamos con el proyecto de la Confederación. Precédéle un corto prólogo lleno de verdades, expuestas, a veces en fórmulas sintéticas de singular acierto. Así cuando dice, por ejemplo: «El regajo no es un secano con agua, sino al o fundamentalmente distinto». Acorde con la que tantas veces hemos dicho en estas columnas, a veces con gran escándalo de los profesionales del tópico, advierte que tener el agua al pie de la finca no es haber convertido ésta en regable; y deja columbrar la ruina del labriego si no se le socorre en el conflicto, que ha de abrumarle, así que el agua pase por su heredad; y dice que los dispendios que son necesarios para poner en cultivo intenso estas serenas, sumarán varias veces el valor de la tierra, antes de haber llegado a transformarla; y va como de la mano a sentar el principio de la absoluta necesidad del crédito para el logro de estos menesteres, manifestando las dificultades que le acompañarán, ya que las fincas han de tener mucho menos valor que el importe de los préstamos solicitados. Y las fincas son la máxima y real garantía; en la mayor parte de los casos la única garantía.

Las bases 1.ª a la 4.ª, inclusive, ocupanse de la parte orgánica, personal, jefaturas, etc., etc.

Las bases 5.ª y 6.ª tratan de la manera de obtener el capital necesario. Quizás esto es lo que a El Debate le ha emocionado, pareciéndole de alta novedad. La fórmula buscada consiste en la emisión de unas «Obligaciones hipotecarias del Servicio de Crédito Agrícola», que además del aval del Estado de que disfrutarán, tendrán la garantía hipotecaria de los terrenos regables. El origen de esta fórmula, podríamos decir parodiando a los epítomes de la Historia, «se pierde en la noche de los tiempos», y hará cosa de un año que la Dirección de Acción Social Agraria la propuso para la obtención del numerario que necesitaban sus actuaciones colonizadoras. Y es cierto que no pudo pasar la propuesta por el tamiz del Gobierno, como antes se habían atascado las cédulas inmobiliarias, en otra ocasión reglamentadas dentro de un proyecto que no llegó a ser ley. Y de aquí deducimos que esta aspiración no llegará a verse plenamente satisfecha si suponemos firmeza en el criterio de los gobernantes.

Pero, además, es que nos asusta un poco pensar en la serie de responsabilidades económicas que por ese camino no ha de contraer el Estado, si, como es de presumir, siguen la senda abierta por la Confederación Hidrológica del Ebro, las del Duero, el Segura, el Tajo, el Guadalquivir y tantas y tantas más.

Está bien la base 7.ª indicando que podrá engrosar el capital referido para la prestación con lo que quieran enviarle el Instituto Nacional de Previsión, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, la Junta de Colonización y otras entidades análogas; y les recordamos que entre ellas, especialmente robusta y adinerada, está la Caja Postal de Ahorros, que no debe tener sus formidables millones en Deuda pública, constituida a una labor unilateral de Caja de Ahorros, sino utilizarlos en operaciones credituales que traen riqueza nacional y mueven el numerario del ahorrador entre los propios solares donde aquél vive y economiza.

Las bases 8.ª, 9.ª y 10 establecen el sistema doble de préstamos en dinero y en especie y regulan minuciosamente este último. ¿Serán los préstamos en especie los que parecieron gran novedad al diario católico? No; sería demasiada candidez.

Y llega la base 12, la cual establece que para que pueda ser conocido el valor de cada finca como base creditual, se formará un catastro de la zona de riego, en el que quedará consignado no tan sólo el valor actual de las fincas regables, sino el que adquirirá después del riego. Serán «valoraciones para el exclusivo objeto de la concesión inmediata del crédito».

Y nosotros preguntamos: ¿Este catastro será como el que el Estado realiza por esas provincias con fines meramente fiscales? Porque en tal catastro no se detienen, ni ello sería posible, a buscar el dueño de cada finca o sus poseedores, aspecto absolutamente necesario para la concesión inmediata del crédito. ¿Es que el catastro de la Confederación orientase hacia fines jurídicos? Pongámonos a considerar lo que sería una Comisión encargada de averiguar los derechos de dominio sobre cada