El Progreso agrícola y pecuario (1928-05-31 00:00:00), página 10

Aguas subterráneas.

El número de esta Revista correspondiente al día 31 de marzo último insertó un artículo titulado El aprovechamiento de aguas subterráneas, en el que su autor, el señor marqués de Torre Alta, hace observaciones muy atinadas sobre un proyecto de Real decreto-ley sobre aprovechamiento de tales aguas que se ha discutido estos días en la Asamblea Nacional y cuya aprobación supondría un grave peligro para la propiedad de las mismas.

No es de ahora la tendencia de limitar el derecho de propiedad de las aguas subterráneas en terrenos de dominio privado.

Viene elaborándose desde hace años esa transformación que juzgo perjudicial por los conflictos, dificultades y molestias a que daría lugar, inspirada por las entidades técnicas mineras que intentan así extender el radio de su acción, claro es que con la idea, que considero equivocada, de que redundará en beneficio del público.

La ley de Minas de 20 de diciembre de 1868 comprende entre las sustancias minerales a las aguas subterráneas; pero habiéndose originado con este motivo dudas sobre el derecho de su propiedad, se dictaron Reales órdenes y Reales decretos resolviendo que las autorizaciones para alumbramientos y aprovechamientos de aguas subterráneas debían ajustarse a la ley de Aguas de 3 de agosto de 1868, entonces vigente.

En 13 de junio de 1879 se publicó la nueva ley de Aguas, quedando en ella lo relativo a las subterráneas lo mismo que en la primitiva ley.

Con el carácter de reglamento provisional de esta ley se establece por Real orden de 5 de junio de 1883 que las autorizaciones para iluminar aguas subterráneas en terrenos de propiedad particular se regirán siempre por dicha ley, y que para las obras de alumbramientos en terrenos de dominio público se aplicarán las reglas que en la misma Real orden se insertan, mientras no se publique el reglamento definitivo.

Con la misma tendencia iniciada indebidamente en la ley de Minas se dictaron las disposiciones siguientes:

Reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Minas, aprobado en 30 de abril de 1886, comprendiendo, entre las atribuciones que se les confiere, la de estudiar, inspeccionar y vigilar la explotación y conservación de cuantos manantiales de aguas minero-medicinales se beneficien por cuenta del Estado o de los particulares, y la de alumbrar aguas subterráneas en bien de la agricultura, por medio de sondeos u otros trabajos.

Real decreto de 15 de julio de 1905, encargando a la Comisión del Mapa Geológico la investigación de las corrientes subterráneas que pueden alumbrarse por medio de sondeos, pozos o galerías.

Real decreto de 5 de abril de 1907, indicando a las Corporaciones y particulares la forma de solicitar auxilios para investigación de aguas subterráneas, otorgándose las subvenciones por el director general de Agricultura, previo informe de la Comisión del Mapa Geológico.

Por último, el reglamento provisional de Policía minera, aprobado por Real orden de 28 de enero de 1910, disponiendo que serán inspeccionadas por los ingenieros de Minas las fábricas que elevan aguas subterráneas.

La intervención de los ingenieros de Minas en los alumbramientos y aprovechamientos de las aguas subterráneas no está justificada, en general, ni por los trabajos a que da lugar, completamente distintos de las explotaciones mineras propias de dicho facultativos, ni por lo que en otras naciones se ha legislado hasta la fecha sobre esta materia.

Las leyes de Minas de Francia (año 1810), Bélgica (1881-1900), Italia, Códigos mineros de la República Argentina (1886), Bolivia (1904) y Venezuela (1904), no incluyen el agua subterránea entre las sustancias minerales.

En la ley de Policía minera (1893) de Italia y su reglamento (1894) no figuran para nada las aguas subterráneas.

En un Real decreto de 1894, de Bélgica, organizando el servicio y el Cuerpo de Ingenieros de Minas, no hay nada referente a sondeos ni alumbramientos de aguas subterráneas.

Como se ve, la citada legislación de las naciones europeas, tanto de fecha anterior a la ley de Minas española como de fecha posterior, no comprende las aguas subterráneas como sustancias minerales, siendo de notar que en los Estados hispano americanos, así como sus leyes de aguas son copia literal de la ley española, en cambio para sus Códigos mineros no toman como modelo el nuestro, y en ninguno de ellos se incluye el agua subterránea como sustancia mineral.

Como consecuencia de lo expuesto, se deduce que de las disposiciones citadas debe suprimirse todo cuanto se refiere a las aguas subterráneas—y así lo hizo observar en una exposición presentada al ministro de Fomento, en el año 1910, la Asociación de Ingenieros de Caminos—, porque con ellas se atenta al derecho de propiedad, amparado por el Código civil y por la inviolabilidad que consagra plenamente la Constitución, salvo el caso de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.

Si a ninguna de las naciones enumeradas se les ha ocurrido introducir en sus leyes y disposiciones mineras las aguas subterráneas, ¿qué circunstancias aconsejan lo contrario en la nuestra?

Antes de convertir en ley la tendencia anunciada, que tantos tropiezos ha tenido y que ahora trata de reanudar su camino, debe meditarse detenidamente qué beneficios va a reportar al interés general, y si éstos no fueren bastantes a justificar los perjuicios que causaría a la propiedad privada, límítense su aplicación a los terrenos de dominio público, que ofrecen ancho campo a todas las investigaciones.

José Mera y Ramos,
Legislador de Caminos.