El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 134

Cuenta de ganancias según los datos anteriores:

    Pesetas.

    Ingresos
    13.959.184

    Gastos
    10.797.764

    DIFERENCIA O BENEFICIO
    3.141.410

Esto por fábrica, naturalmente.
Beneficio por tonelada molida, 45,24 pesetas.

Buén ganancia.

En toda la zona de Aragón, Rioja y Navarra que cultiva la remolacha es sobradamente sabido que el coste del laborio de una hectárea alcanza a 1.802 pesetas.
Así, pues, para las 69.439 toneladas que molitó cada fabricante, hubo de labrar el cultivador una extensión de 2.354 hectáreas. Gastó, pues, en ellas 4.240.908 pesetas, y obtuvo un ingreso, a razón de 65 pesetas tonelada, de 271.887 pesetas.

Descomponiendo estas cifras globales resulta: coste de cultivo de la hectárea, 1.802; ingreso por venta de 29.500 kilos de remolacha, 1.917,50; ganancia por tonelada, 3,91 pesetas.

Edificantes comparaciones.

    Pesetas.

    El fabricante ganó por tonelada de remolacha molida
    45,24

    El labrador
    3,91

    DIFERENCIA A FAVOR DE LA FÁBRICA
    41,33

    Pesetas.

    Cada fábrica ganó con la molenda referida
    3.141.402

    Los labradores por igual cantidad
    271.887

    DIFERENCIA A FAVOR DE LA FÁBRICA
    2.869.515

    Pesetas.

    Las 16 fábricas ganaron en total
    50.262.720

    Cuatro provincias de labriegos que las abastecieron
    4.350.182

    DIFERENCIA A FAVOR DE LOS FABRICANTES
    45.912.538

La lus de los números.

¿Se ve clara la irritante desigualdad? ¿Queda ahora con esta lus que pone la aritmética sobre un problema tan discutido, ni la duda más menguada de que hay que ir a la intervención estatista que deshaga estos insoportables desafueros?
«Pues cuando el labriego vende así, porque le conviene será.» Esta frase ha corrido con fortuna entre los azucareros. Han debido aprenderla en la saburda de algún prestamista usurero, quienes la pronunciaron, porque es el argumento de quienes en los pueblos llaman «matías», o «sacamantecas»: «Cuando a este precio tomó el dinero, será porque le convenía».
¿Qué va a hacer el labrador desperdigado, desunido e impotente, ante una fábrica, o un consorcio de ellas?

Los Poderes públicos están citados por esta palpitante realidad campesina, que resuena injusticia, para que por bien público y por decoro social, se repartan de diferente modo las utilidades que nacen al abrigo de un arancel hecho exclusivamente para beneficiar al campo, y que por arte de magia, de una magia que está pidiendo su correspondiente «auto de fe», se ha convertido en 45,24 pesetas para el que fabrica y 3,91 para el que produce una tonelada de remolacha.

Este año—el 1928—se ha contratado la remolacha en Aragón a 70 pesetas—gracias al espíritu de unión que entre los remolacheros ha despertado la actuación de las Comisiones mixtas remolachero-azucareras, que por primera vez han actuado en la campaña de 1927—; pero bien se ve que no tiene nada de excesivo el precio de 80 pesetas tonelada que como remunerador pretenden los cultivadores de aquella región.

El ejemplo de Italia.

El azúcar goza en España de una protección arancelaria de 85 pesetas los 100 kilos, de las que, deducidas 45 del impuesto de fabricación, quedan 40 de margen. Margen que permite vender el azúcar a 143 pesetas los 100 kilos y ganar 35 pesetas en cada quintal.
Pero el arancel del azúcar no tiene por objeto proteger las fábricas de azúcar solamente, sino el azúcar, y el azúcar no se hace en las fábricas; se hace en los campos de remolacha. De esa protección otorgada por el Estado al azúcar, sólo le queda al agricultor—como acabamos de demostrar—la décima parte; las otras nueve décimas partes se las lleva el azucarero.
Eso no debe ser. El Estado precisa intervenir entre el fuerte y el débil, para que el margen protector se reparta equitativamente. Así lo ha hecho ya Italia, donde, por ministerio de la ley, el agricultor percibe por cada tonelada de remolacha el 55,5 por 100 del precio que alcance el quintal de azúcar, y si el precio del azúcar excede de 270 liras por quintal, el agricultor cobra el 60 por 100 en vez del 55,5. Además, el fabricante entrega al agricultor la semilla al precio de 5 liras el kilo, y gratuitamente en caso de reembro por mala germinación. Las fábricas están obligadas a pagar a razón de 10 liras los 4/5 de la remolacha que han recibido la semana precedente, y el resto a los treinta días siguientes del final de la entrega, 2 liras el 31 de diciembre del mismo año y el resto el 15 de julio del siguiente. Además se entrega a los cultivadores el 45 por 100 en la pulpa producida por su remolacha, de la cual 35 por 100 se la dan gratis y el resto al precio de 4 céntimos y medio por cada lira que valga la alfalfa.
Eso ha hecho Italia, y algo semejante habrá que hacer en España para que la protección arancelaria se reparta equitativamente entre todos los elementos productores.

La mano que aprieta.

Y para que se vea que es posible la pedida intervención y que no se ha de destrozar nada, y, en cambio, ha de edificarse mucho, recuérdese lo ocurrido con la Co-