El Progreso agrícola y pecuario (1928-05-07 00:00:00), página 4

procediera denuncia fundamentada de algún fabricante, y su misión en las Juntas sería sólo representativa del Estado. «En qué puede perjudicar esto a los fabricantes, ya que lo único que pudiera molestarles, que es el cumplimiento de las tasas, no pueden evitarlo con las leyes actuales? Pues es indudable que al estar bajo el control de la primera autoridad, nuestra consorcación nunca puede aparecer sospechosa de confabulación.»

¿Está claro? El gobernador en las provinciales, y dicho se está que el representante del Estado en el control, irán de tapadera para que la confabulación penal no resultara confabulación, ni penal.

Es asombroso que haya niños tan grandes y que llegue la puericia a tales extremos.

La tiranía de un «trust».

Dice el art. 8.º:

•Cuando no se halle trigo en venta voluntaria a los precios máximos de tasa, los fabricantes que lo necesiten lo pondrán en conocimiento del presidente, y éste acordará aquellas medidas de aprovisionamiento que estime necesarias.»

Ya estamos en la requisita de paneras, en la venta forzosa, para dar gusto a los harineros de la reunión y la confabulación:

•Sin perjuicio de estas medidas, desde el momento que no sea posible a los fabricantes comprar trigo al precio máximo de tasa, el presidente restringirá o prohibirá la libertad de compraventa y circulación de trigos en su provincia, y todas las operaciones será forzoso -se hagan por conducto de la Junta, para su equitativo reparto entre los fabricantes de la provincia, y si hubiere sobrante se pondrá a disposición de la Junta Central de Abastos para su envío a otras provincias necesitadas.»

Realmente, estas medidas draconianas ni necesitan ni merecen comentario. Pero no para aquí la tiranía; lean ustedes la que colocan en el art. 9.º:

«En el caso de que haya una oferta de trigo superior a la demanda, por lo cual bajen los precios voluntariamente por bajo del límite de tasa mínima, los agricultores necesitados de vender lo pondrán en conocimiento del presidente de la Junta, y éste acordará igualmente la prohibición de contratación, con el fin de evitar posibles transgresiones; y las ofertas de trigo se irán colocando por turno riguroso entre los fabricantes de la provincia, y el exceso se ofrecerá a la Junta Central de Abastos.»

Ya tenemos al Consorcio de harineros ordenando quién ha de vender trigo y cuándo y cómo. ¿Verdad que parece mentira que haya quien escriba esto en serio?

Aún hay más.

Al Comité ejecutivo le asigna facultades para crear y nombrar el personal y las inspecciones. ¡Y vengan sueldos!

Para fijar el margen de gastos y utilidades de la fábricación. Apertura de nuevos mercados. Intervenir las entradas de trigos exóticos. Establecer el seguro contra el paro. Creación de un Banco harinero. Y creación de Tribunales arbitrales para sus cuestiones con trigueros y panaderos.

No dejan nada en el tintero; podemos asegurar que el Consorcio sería «el Amo».

El autor del proyecto se esfuerza, a pesar de lo dicho, en probar que los agricultores trigueros veríanle con buenos ojos, y en demostrar que con el Consorcio (con la consorcación dice él) las luchas entre los molituradores costeños y los del interior habían concluido. Todos sus esfuerzos resultan estériles.

Otro acaparador.

Por distinto camino, pero como una bala hacia el arca del pan, va también el D. Enrique Bahamonde, gerente de la Nacional Harinera, Sociedad Anónima mercantil con un millón de pesetas de capital. Quiere asimismo una colegiación forzosa de los fabricantes y molineros; pero cómo será ella cuando los mismos harineros la repudian; y así los que se han reunido en Palencia han escrito al Gobierno diciéndole que:

•A nuestro juicio, constituye un grave error, pues la sindicación obligatoria no puede tener otro fin que encarecer el producto fabricado, obteniendo mejor precio en la venta, o consiguiendo, por la unión de todos, imponer más bajo precio en la compra. Lo primero perjudicaría al interés general, lo segundo perjudicaría a la clase agrícola, que representa el factor más importante de la nación, aumentarían los gastos con gerencias, administraciones e inspecciones, sin provecho ninguno para la industria ni para el interés público.

En nuestra legislación está previsto, y el Código penal tiene establecido en sus artículos 557 y 558 la pena en el grado máximo cuando haya confabulación para alterar los precios y se trate de cosas alimenticias.

Y no puede haber confabulación mayor que la de obligar a todos los fabricantes a estar bajo la dirección de una persona o Consejo que establezca el precio de compra e imponga el precio de venta.»

Si por la claridad con que hablan se les juzga, bien se ve que son de Castilla la Vieja. Nosotros no queremos enturbiarla con nuevos comentarios; queden esas frases grabadas a burla en la memoria de todos; y no se olvide que fueron sus artífices los harineros del interior.

¿Quéjarse después de que una Sociedad particular pretenda alzarse con la hegemonía de toda la industria molinera; y advierten que la Asociación de clases tiene su cauce legal minuciosamente trazado en múltiples disposiciones vigentes.

Después largan este trallazo:

•El sistema que propone le creemos vejatorio, pues obligaría a abonar 50 céntimos en cada 100 kilogramos que se fabricasen.-que dada la cuantía inmensa de lo que se moltra en España diariamente, constituiría una suma fabulosa, que la Nacional Harinera destinaría al seguro del paro y a comprar fábricas en una forma que nosotros no tenemos aceptada ni nos parece justa ni es viable, pues todo ello va, al fin, a robustecer la sindicación forzosa con quebranto del interés público, con per-