El Progreso agrícola y pecuario (1928-07-15 00:00:00), página 2

pesinos, la Unión General de Trabajadores de España y el Sindicato Agrícola y Ganadero y la Comunidad de Labradores de Olivenza (Badajoz).

La Liga de Campesinos propugna y desarrolla la limitación de la renta como el sólo y urgente remedio a la dolorosa condición de los pequeños cultivadores que describe. En su opinión, cualquiera otra medida que pueda tomarse, prescindiendo previamente de ésta, sería incompleta y dejaría sin resolver el fondo del problema. Disposiciones complementarias de la tasa de la renta, serían las relativas al abono de las mejoras introducidas por el cultivador y al otorgamiento del derecho de tanto en favor del mismo para los casos de enajenación de la tierra que viniese cultivada.

Por su parte, la Unión General de Trabajadores de España interesa una nueva legislación sobre arrendamientos y contratos agrarios, que pueda aplicarse adecuadamente también a las Asociaciones obreras agrícolas que tomen tierras en arriendo para ser trabajadas por familias o en colectividad, es decir, para los llamados arrendamientos colectivos de condición unida. Los contratos deben hacerse por escrito, sobre modelos impresos análogos a los de los arrendamientos de fincas urbanas, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad, según las disposiciones vigentes. Los plazos de los contratos deben ser largos, de veinticinco años en los cereales y huerzos, hasta los setenta y cinco en las plantaciones de olivos y algarrobos, tomándose siempre como mínimo estas cifras. Han de suprimirse los subarriendos. La renta no podrá ser superior al 5 por 100 del valor de la tierra declarado por el propietario en el amillaramiento, y el pago de la misma no podrá hacerse nunca en especie. Debería ampliarse la relación de los bienes exceptuados de embargo, alcanzando a los elementos de alimentación para el cultivador y su familia y los piensos necesarios hasta la recolección próxima. El propietario deberá resarcir al cultivador por las mejoras en el fundo hechas con el consentimiento del dueño o por decisión del Tribunal arbitral agrario competente para resolver las diferencias nacidas de los contratos y que deberá constituirse en cada cabeza de partido. Finalmente, deberían organizarse cursos de conferencias de divulgación práctica y teórica, a cargo de profesores agrónomos, exponiendo en ellas, en forma clara y al alcance de los labradores, cuantas teorías y experiencias agrícolas puedan redundar en beneficio de la producción.

Coinciden en los más de los temas sometidos a información las respuestas del Sindicato Agrícola y Ganadero y de la Comunidad de Labradores de Olivenza, en que sólo es de notar el deseo de que la prohibición de los contratos de subarriendo se extienda a la aparcería, por simular está las más veces un contrato de sociedad que no existe y por producir el mismo efecto de elevación de las rentas, bien que este último extremo no aparezca razonado.

Finalmente tenemos el tercer y último grupo de informes, emitidos por Corporaciones del Estado y funcionarios públicos.

Notemos entre ellos el del Consejo provincial de Fomento de Guipúzcoa, acompañado de unas bases para la reforma de los contratos de arrendamiento en dicha provincia, en la cual, asegura, es bastante sensible el mal-estar, como induce a so-pecharlo, no sólo las mismas bases de reforma del Consejo provincial de Fomento, sino las respuestas del Sindicato Agrícola de Begoña. También a la provincia de Vizcaya le alcanzaría aquel estado de cosas, según el informe de la Federación Católica Agraria de la provincia.

Un ingeniero agrónomo, D. Pascual Carrion y Carrion, suscribe también un informe amplio. En su opinión, en los arrendamientos debe intervenir el Estado para evitar la explotación del colono. Al electo, la renta debe ser la fijada por el Catastro para la contribución; el plazo no menor de cinco años, prorrogables a voluntad del colono y con facultad para realizar las mejoras que estime convenientes, que deben quedar de su propiedad o ser indemnizado con arreglo a su productividad a la terminación del contrato, bien por el propietario o por el nuevo colono, o percibir la renta que a ellas corresponda. Los subarriendos deben prohibirse en absoluto.

El Colegio Notarial de La Coruña se pronuncia también por los arriendos largos, la supresión de los subarriendos y la creación de Tribunales arbitrales, encargados asimismo de la revisión de las rentas por períodos regulares de diez en diez años. En el país de los foros no podrían faltar las sugerencias en favor de la constitución de censos redimibles para la parcelación de los latifundios y del establecimiento de cotos redondos de las tierras improductivas dadas por el Estado, la provincia o el Municipio, en arriendos largos de treinta años.

Don José Ramírez Ramos, letrado, vocal que fue de la Comisión creada en 1907 para el estudio y organización de la concentración parcelaria y autor entonces de un amplio voto particular en favor del establecimiento de cotos redondos según las líneas clásicas de D. Fermín Caballero, insiste en este mismo orden de ideas. En su opinión, la tasa de la renta es ineficaz y no evitará nunca los arriendos caros. Los arriendos deben hacerse a largo plazo, por quince o más años. Las mejoras necesarias deben estar a cargo del propietario, tal como dispone el Código civil; las útiles deben ser abonadas al cultivador a la conclusión del arriendo, pero sólo en la parte que él no haya podido aprovechar; en cuanto a las voluntarias, han de correr a cargo del colono, puesto que se hace por lujo, adorno o recreo. No cree en la eficacia de la cesión del derecho de retracto. Los subarriendos son perjudiciales y automáticamente desaparecerían si los latifundios se convirtieran en cotos redondos. La aparcería es preferible al arrendamiento. Pero la mejor forma de convertir en propietarios a los colonos sería el arrendamiento a censo redimible.