El Progreso agrícola y pecuario (1928-04-07 00:00:00), página 56

lor de los caldos. Y ese algo podía ser, debiera ser —se dirán seguramente— el art. 4.º de la ley, ese famoso artículo 4.º que tanto ha dado que hablar, pensar y sentir, y que seguramente seguirá dando; ese art. 4.º que se dictó, al parecer, para que fuera la palanca de Arquímedes de la economía vitivinícola nacional, para que, apoyándose en él, pudiera elevarse rápidamente, instantáneamente, el precio de cierto alcohol, y con él, indirectamente, el de los vinos, resolviendo así en pocos días el problema de la crisis; ese art. 4.º, modelo sin par de habilidad y sutileza, y no por culpa del legislador, que a éste no debemos echársela, sino a los gnomos malignos que se esconden a veces entre los pliegues de su toga para jugarle malas pasadas. Ese art. 4.º, repetimos, tiene un designio misterioso, pero bien real, por desgracia: el de tergiversar por completo el resultado que en la práctica se aspiraba diera la ley; tiene el falaz designio de favorecer a la industria alcoholera de melazas a costa de la vinícola. Es decir, que en vez de favorecer con él a la viña, como se propuso el legislador, lo que hace es evitar su tonificación económica, más claramente, arruinarla: ¿Qué esto parece una paradoja? Ciertamente; pero no lo es, por desgracia de los viticultores.

La industria alcoholera de melazas, equiparada indebidamente a la de residuos vinícolos (en ningún país vitícola lo está más que en España, ¡qué sarcasmo!) por efecto de ese hábil art. 4.º, hace que la riqueza vitícola esté a merced, constantemente, de los precios que quiera imponer ella en el mercado alcoholero, y, por tanto, está influyendo siempre de manera decisiva sobre el precio de los vinos. He aquí el problema vitivinícola en toda su realidad, ¡triste, pero inevitable realidad, mientras el funesto art. 4.º de la ley siga redactado como está! Y que esto es así, que no es un delirio de nuestra imaginación, lo prueba lo ocurrido recientemente en la Junta vitivinícola del Consejo de la Economía Nacional. Allí se han levantado voces pidiendo el estricto cumplimiento del artículo en cuestión, considerando que el alcohol de vino se vende por bajo del precio tope, o sea las 250 pesetas hectolitro. ¡Y qué ha ocurrido! Bien claramente lo refleja el prólogo de la Real orden 1.650, dictada hace pocos meses, denegando lo pedido por los que deseaban, aunque no fuera más que por unas semanas, la exclusividad en usos de boca del alcohol citado. Ha ocurrido, sencillamente, que puestos a examinar despacio los vocales de la expresada Junta las diferentes fases y aspectos que presenta el cumplimiento del art. 4.º de la ley, pensando en las consecuencias que podía ocasionar, han deducido, y con mucha razón, que la puesta en práctica de tal artículo en la forma que se pedía, no produciría ningún bien (incluso no lograría la apetecida alza de los vinos, puesto que a los quince días o poco más de ordenada la exclusividad, habría que restablecer inmediatamente el artículo en la forma que ahora rige) y, en cambio, ocasionaría graves perturbaciones en sectores importantísimos de la producción y el comercio, especialmente a los viticultores, cuyos residuos vinícolos, muy abundantes este año en la Mancha, quedarían enormemente depreciados.

Total, que ha sucedido con el tan debatido art. 4.º algo muy parecido a lo que ocurre en Los intereses creados, esa maravilla teatral del prodigioso Benavente. Si has visto esa obra, lector, recordarás que en su momento culminante, cuando todo lo que ocurre parece un problema insoluble, un curial listo y arbitrario lo arregla por medio de la puntuación y una coma, que se pone o se quita, según conviene a sus patrocinados, y de ese modo hace que un documento importantísimo diga todo lo contrario de lo que antes claramente decía. Así el curial, leyendo el documento que trata de tergiversar, exclama: «Y donde dice: «Resultando que si no declara...», se le pone una coma y dice: «Resultando que sí, no declaró...», etc. Pues bien: con la ley de Vinos ha pasado una cosa análoga. El legislador, lleno de buena intención, la hizo para favorecer a la viticultura; pero los gnomos de que antes hemos hablado, mientras pasó el texto de la ley del Consejo de la Economía Nacional, donde se discutió, a la Gaceta, debió ron cuidarse de dar un empujoncito a la coma del párrafo que hiciera referencia a la nomenclatura de los alcoholos. La empujaron hacia la izquierda, y por ésta, al parecer, insignificante maniobra, tan imperceptible como llena de trascendental sutileza, hicieron que los alcoholos vinícolos, los de residuos de la vinificación, pasaran, por medio de un punto y aparte, a formar un segundo grupo en unión de los del tercero, o sea los de melazas, a los efectos de su concurrencia en el mercado. Y como sucede en la maravillosa fa-sa del maestro insigne, donde decla y debió quedar dicha una cosa apareció otra, que, en realidad, es completamente contraria. He ahí, lector, el secreto del problema vitivinícola y alcoholero en España. Todo el viene a estar basado en el hábil escamoteo de una coma que, una vez desaparecida, tenía que convertirse en punto y aparte, llevando a otro párrafo unos alcoholos que debían figurar, como en todos los países vitícolas del mundo ocurre, excepto en España, junto a sus congéneres los procedentes de las cepas, variando así, por completo, los términos del problema, se le ha hecho insoluble. ¿Qué esto parece una broma? Tal vez lo parezca, pero lo cierto es que resulta una realidad. Y si es broma, no habrá más remedio que convenir en que va resultando muy pesada.

ROBERTO DE GALAIN.