El Progreso agrícola y pecuario (1928-07-15 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO

CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA EN EL CONCURSO DE MADRID DE 1902

SE PUBLICA LOS DÍAS 7, 15, 22 Y ÚLTIMO DE CADA MES

DIRECTOR:
D. ANDRÉS GARRIDO

La reforma del contrato de arrendamiento.

En 1.º de junio de 1926 abrió el Ministerio de Trabajo una información pública sobre arrendamientos rústicos y demás contratos agrarios.

Desde entonces se viene estudiando la posibilidad de una reforma sobre materia tan interesante para el campo; el Gobierno en repetidas ocasiones ha anunciado su propósito de legislar sobre el particular.

La ponencia nombrada al efecto para dictaminar sobre aquella información, tiene casi ultimado su trabajo, y es de suponer que en breve pueda éste ser discutido por la Junta Central de Acción Social Agraria, como trámite previo para que la Asamblea Nacional y el Gobierno digan la última palabra.

Es oportuno, pues, mientras se conoce la opinión de la ponencia y de aquel alto Centro consultivo, que examinemos los elementos aportados a la pública información sobre el régimen de arrendamientos.

Los documentos presentados no pasan de 30, y sometiéndolos, sin gran rigor, a la selección conveniente, este número, ya limitado, puede reducirse más, hasta llegar a la mitad, que son los verdaderamente representativos de las dos tendencias opuestas en que se expresa la pugna de los intereses de clase, sin perjuicio de alguna posición intermedia, transitiva, omitida por organismos oficiales y funcionarios llamados a conocer estos problemas.

Entre los documentos de mayor importancia e interés en que se afirma la posición de los terratenientes, se encuentran los enviados por la Asociación de Agricultores de España, la Asociación general de Ganaderos, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Asociación de Labradores de Zaragoza, la Federación Agraria de Levante y los remitidos por dos agricultores, el catedrático D. Eduardo Ibarra y Rodríguez y el vecino de Bailén D. José María Martínez y Ramón, notables ambos, el uno por su sentido jurídico totalmente inspirado en el Código civil y el otro por su habilidad crítica respecto a las tendencias de reforma.

Todos estos documentos coinciden en la conveniencia de mantener la situación jurídica actual, ya porque el problema no exista en general, o limitadamente a regiones particulares de España, como serían, sobre todo, Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra y las Provincias Vascongadas, ya porque la intervención prematura, y no siempre suficientemente estudiada, ocasionaría más perjuicios que ventajas. A lo sumo, la Asociación de Agricultores de España y alguna otra de las entidades antes relacionadas admite que pueda aplicarse un nuevo régimen, distinto del estatuido en el Código civil, a los arrendamientos y demás contratos agrarios de los pequeños cultivadores, es decir, del proletariado rural. Ni siquiera estiman estos informantes que el Estado deba intervenir en la prohibición o limitación de los subarriendos.

El grupo de las respuestas de los arrendatarios y hasta de los obreros del campo, puede reducirse a los tres documentos presentados por la Liga Nacional de Cam-