El Progreso agrícola y pecuario (1928-05-22 00:00:00), página 3

Conclusiones de los ganaderos.

He aquí las que elevó al Gobierno la Asociación de Ganaderos del Reino:

«Primera. Las amplias facultades concedidas en materia fiscal a los Ayuntamientos han dado origen al establecimiento de numerosos arbitrios y restricciones que en alto grado dificultan el libre tránsito y perjudican el desenvolvimiento económico de la ganadería, que por sus condiciones especiales de movilidad y otras singulares características requiere determinadas garantías y no estar sometida a la iniciativa de los Municipios. Las trabas que se están creando y los arbitrios que se vienen imponiendo encarecen y dificultan la producción.

Segunda. Es de alta conveniencia que al efectuarse la transformación agraria iniciada, mediante el establecimiento de nuevas zonas de regadío, se oriente aquélla en la producción de forrajes y, en general, en el fomento de la ganadería, por estimar que esa orientación es hoy día la más conveniente a los elevados intereses de la economía nacional.

Tercera. Es inadmisible que, considerándose las carnes como artículo de primera necesidad, y teniendo por tal motivo que soportar restricciones y tasas que dañan al interés de los ganaderos, se continúe manteniendo, con injusta excepción, el impuesto de consumos sobre las carnes en los presupuestos municipales.

Cuarta. No obstante carecer de toda protección, ha adquirido en España singular desarrollo la producción de leche y sus industrias derivadas, representando ya un elemento primordial de la riqueza nacional. Puede, sin embargo, alcanzar aún mayor desarrollo si por el Estado se otorga la debida protección, modificando urgentemente algunos Tratados de comercio y reformando el Arancel, a fin de que sean equitativamente defendidos nuestros productos, evitando importaciones que en muchos casos representan un grave peligro para la sanidad pecuaria y una perjudicial competencia para nuestros criadores, y procurando la exacta aplicación de la disposición dictada por el excelentísimo señor ministro de Fomento, con aplauso de los elementos ganaderos e industriales, para evitar el fraude que con la mezcla de la margarina y la manteca ya se realizándose.

Quinta. Antes de intentar llevar la organización paritaria a la agricultura y ganadería deberá hacerse una amplia información y en su día tener en cuenta las organizaciones existentes y el especial carácter de la riqueza pecuaria.»

Llenas de justicia y sensatez nos parecen las conclusiones transcritas, y únicamente creemos que la última llega tarde, pues la organización paritaria campesina es ya un hecho legal.

Por cierto que El Debate al dar cuenta de la Fiesta de la Agricultura titula el artículo «La agricultura pide una información pública sobre Corporaciones», y le coloca debajo los siguientes llamativos subtítulos: «Esta fue la única conclusión unánime de la fiesta de ayer», «Todas las entidades agrarias aprueban la petición entre grandes aplausos». No es exacto; ni hubo tales aplausos, ni esa conclusión fué unánime, ya que sólo la suscribió la Asociación de Ganaderos.

Conclusiones de los agricultores.

La Asociación General de Agricultores de España aprobó unas conclusiones muy interesantes, que copiamos a continuación:

«Primera. La crisis económica que en casi todo el mundo atraviesa la Agricultura, puesta de relieve en recientes Asambleas internacionales, se deja sentir también en España con bastante intensidad al no estar en relación muchos precios de venta con el elevado coste de producción y las extraordinarias cargas contributivas que la agricultura tiene que soportar, no sólo de Estado, sino de la provincia y del Municipio.

Segunda. Figura en primera línea, entre los medios de conjurarla, el restablecimiento de la absoluta libertad de producción, de transformación y de comercio.

No cabe admitir, en justicia, que se persista en el error de mantener restricciones y tasas que dañan gravemente el interés del agricultor, tan merecedor de respeto y de un trato de igualdad para su capital y trabajo como todos los demás ciudadanos.

Tercera. Deben desaparecer los arbitrios interiores que gravan la producción agropecuaria, para favorecer el incremento de su consumo dentro del país. Hay que limitar, por tanto, las excesivas facultades otorgadas a las Corporaciones municipales y provinciales, en orden a la imposición de esos arbitrios. Por lo que a visto se refiere, fue acuerdo unánime del pleno del Consejo de la Economía Nacional, a propuesta del representante de esta Asociación, al estudiar aquel proyecto de ley especial, recabar la supresión de dichos arbitrios interiores, como medio el más eficaz para conjurar la grave crisis vitivinícola.

Cuarta. Antes de proceder a cualquier reforma que afecte al régimen de la propiedad de la tierra, debe abrirse amplísima información pública, que permita manifestarse libremente respecto de materia tan fundamental.

Quinta. Deben restituirse íntegramente a los Consejos provinciales de Fomento todas las facultades y prerrogativas que les fueron otorgadas por la ley de Plagas del campo y disposiciones posteriores con ella concordantes, preceptos que, en la práctica, puede decirse han sido por completo anulados. Las actividades sociales agrarias que principalmente integran dichos organismos deben tener reconocido el derecho a intervenir en la estructura de este servicio técnico oficial y, aún más, en la inversión que se dé a los fondos que el contribuyente agricultor aporta a tal objeto.

Sexta. Debe concederse a las clases agrícolas, mediante una representación directamente elegida por las asociaciones agrarias, una mayor participación en todos los servicios agrosociales.

Séptima. Ante la próxima revisión arancelaria, que debe ser la verdadera constitución económica del país, la agricultura afirma una vez más, con todo respeto, pero con la firmeza de una profunda convicción, que ella debe resultar un conjunto armónico, en el que todas las manifestaciones de riqueza y de trabajo se hallen contrapuestas y amparadas, en justicia, en relación con los intereses de la generalidad, sin que subsistan privilegios dañosos ni desigualdades como los tan repetidamente señalados por la representación agrícola.

Octava. Se debe, a nuestro juicio, rectificar el procedimiento establecido en lo que al régimen del retiro obrero se refiere, de tal modo que, sin merma alguna de los derechos de los trabajadores agrícolas, se causen perturbaciones ni perjuicios a los patronos (que en muchos casos son de tan modesta condición como los propios beneficiarios del régimen) al exigirseles cumplimiento de disposiciones que en el campo difícilmente pueden tener realidad.»

Hondas y claras, trascendentales y sabias, son las demandas que contienen las conclusiones antedichas. Con ellas irá el campo hacia el enriquecimiento de la Nación.

Únicamente les veamos trascendidos al pedir que, antes de proceder a las reformas que afectan al régimen de la propiedad, se abra amplia información. Olvidaron, sin duda, que no hace mucho aún estuvo abierta, y de su cuantioso acopio se nutre hoy la opinión de los Centros oficiales.