El Progreso agrícola y pecuario (1928-02-07 00:00:00), página 12

que los propios interesados han de aplicarlo con completa buena fe, a fin de que las harinas se produzcan a precios que dejen la precisa ganancia a los fabricantes y a los panaderos, dentro del precio del pan, por ahora absolutamente invariable. Si esto se consigue, el Gobierno no autorizará importaciones mientras no tenga la seguridad de que han de faltar existencias en el mercado nacional, creencia que comparten la mayoría de las personas que conocen de estos asuntos.

Si en todos los problemas económicos puede ser útil el intervencionismo del Estado, en el del precio del pan es ineludible, y deben saber, los que a la producción de trigo y a la fabricación de harinas y pan se dedican, que no son estos negocios de especulación; pero sí, en cambio, de ganancia garantizada, salvo faltas de cosechas u otras circunstancias excepcionales. Por eso el Gobierno, por medio del Crédito Agrícola, ha procurado preservar a los labradores de usuras y especulaciones, antes tan frecuentes en el comercio de granos. El acaparador o intermediario no es admisible en esta clase de negocios, demasiado enlazados con la vida de las clases humildes, para que se permitan especulaciones ni egoismos.

Celebraría el Gobierno haberse expresado con claridad en los asuntos que trata en esta nota, y haber llevado al ánimo ciudadano tranquilidad y estímulos para que todos contribuyan generosamente a la mejor y más fácil vida del país.

El respeto a la propiedad de la tierra y de sus frutos.

Por la Presidencia del Consejo de Ministros se ha dictado la siguiente Real orden:

«Llegan a esta Presidencia frecuentes escritos y reclamaciones sobre detentación e invasión de la propiedad rústica, presentados por particulares o Comunidades municipales, que en ocasiones mantienen litigios y en otras han sido ya objeto de fallo de los Tribunales competentes, acusándose en muchos casos actitudes y conductas de los litigantes absolutamente inadmisibles por atentatorias a los principios esenciales de autoridad, propiedad y acatamiento a las sentencias judiciales, repitiéndose el caso de que meras versiones, sin fundamento ni prueba, y aun con prueba y fallo contradictorios, se repitan títulos bastantes para ejecutar actos de uso o destrucción contrarios a todo principio de orden y disciplina social.

De no ampararse el derecho de propiedad tal como nuestras leyes le reconocen y condicionan, el principio de respeto a los fallos de las autoridades judiciales y de todo orden y la organización social actual, y con ella la paz pública, supuestos inexorables del progreso humano, quedarían mitadados los emblemas de la organización del Estado y abriría la puerta a la violencia como norma de actuar.

De aquí la urgencia de contener extralimitaciones que perturbarían hondamente la vida y la economía rural, entorpeciendo la actuación del Gobierno, encaminada sinceramente a resolver el problema del usufructo y aun de la propiedad del campo, con tendencia a facilitárselas a los agrarios en favorables condiciones de economía, estabilidad y fijas, pero siempre con sujeción a principios de derecho y respeto a la propiedad legítima; por ello,

S. M. el Rey se ha servido disponer:

Primero. Por todas las autoridades gubernativas y municipales en función de tales, por la Guardia civil y, en general, por todos los agentes que de aquéllas dependan, se impondrá inflexiblemente el respeto a la tierra y sus frutos en favor de aquellos que ostentan el derecho mientras éste no sea revocado por juez o Tribunal competente y se dé ejecución a sus fallos, que deben ser amparados por la fuerza pública.

Segundo. Los autores de actos de invasión, violencia y destrucción de la propiedad serán inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente para la imposición de la pena judicial o sanción gubernativa a que se hubieran hecho acreedores.

Tercero. Las autoridades subalternas que excitén las pasiones en el sentido de desposeer de la propiedad por medios ilegales a los que realmente vengan por título legítimo ostentando el carácter de propietarios, así como aquéllas otras autoridades que sean negligentes en la protección y defensa del derecho de propiedad, serán juzgadas con todo rigor, lo mismo en el orden judicial que en el gubernativo y disciplinario.

Cuarto. El respeto a los guardias jurados, particulares y agentes de la autoridad de todas clases será especialmente salvaguardado, aplicándose en todo caso las sanciones en que por resistencia, desobediencia o atentado contra ellos hayan merecido los infractores.

Los gobernadores civiles remitirán con urgencia a la Dirección Social Agraria fichas con la mayor documentación e información posible de los casos que en sus respectivas provincias ofrezcan anormalidades, señalando el aspecto jurídico de cada caso respecto a sentencias recibidas, inscripción en el Registro de la Propiedad, pago de contribuciones, tradición, usos y prácticas y todo cuanto pueda tender a la formación de un juicio previo, pero lo más completo posible, de cada uno de ellos, sin que la organización de este estudio entibie ni difiera, sino que, por el contrario, mantenga y afirme el derecho y el respeto a la propiedad tal como viene establecido, mientras no se resuelva en cada asunto cosa distinta por Tribunal competente.»

NOTICIAS

Contra la importación de trigo y maíz.—El Colegio de Agentes de Comercio de Salamanca ha enviado el siguiente telegrama al jefe del Gobierno:

«El primer grupo general de agentes comerciales de cereales y legumbres de este Colegio oficial, como representantes de los productores y comerciantes de dicho ramo, manifiestan que, enterados por la Prensa de que se trata de importar trigo extranjero, se cree en el deber obligado de informar que cuantos componen este