El Progreso agrícola y pecuario (1927-12-07 00:00:00), página 14

brusquedad de sus efectos, más perceptibles e inmediatos al tratarse de un producto de exportación, procurando hacer suave el irremediable descenso de cotizaciones y evitando quebrantos a un sector tan importante cual el de la producción arrocería nacional.

Pero para que esta finalidad se logre, estima el Poder público que el auxilio solicitado ha de otorgarse en forma tal que contribuya a restablecer el equilibrio entre los diferentes factores que determinan el costo de producción del arroz, buscando, mediante la asociación y cooperación debidamente organizadas y establecidas de los cultivadores de arroz, propietarios de tierras de arrozales, elaboradores del producto y comerciantes exportadores del mismo, la modificación y mejora gradual del presente estado de cosas, hasta conseguir que el cultivo, elaboración y comercio de dichos productos se desarrollen en plazo próximo en condiciones económicas propicias para existir y defenderse por sí mismos y poder competir ventajosamente en los mercados extranjeros. El Estado puede facilitar excepcionalmente ayudas pecuniarias para evitar una aguda crisis o encauzar un cultivo hasta que éste se desenvuelva normalmente, pero no para sostener ficticia y artificialmente producciones antieconómicas.

Las actuales Cámaras arroceras y Asociaciones agrícolas carecen de medios y de fuerza para solucionar la actual situación. Demostrado por la práctica que las referidas entidades de carácter voluntario no disponen de los elementos necesarios para la defensa de los intereses que representan y los de la economía nacional, se hace preciso establecer, con carácter oficial, la obligación de asociarse para contribuir moral y económicamente a la posible modificación en el régimen de producción y consumo del arroz, adaptándolo a las condiciones que imponen las leyes económicas.

Estimándolo así también los propietarios y cultivadores, con motivo de recientes informaciones y estudios realizados, tanto en la zona de Tortosa-Amposta como en Valencia, se han dirigido conjuntamente al Gobierno pidiendo sea decretada la asociación obligatoria y ofreciéndose los primeros a rebajar los contratos de arriendo para contribuir a solucionar el problema.

El Consorcio Nacional Arrocero, cuya creación se propone, estará regentado por una Junta central, en la que tendrán representación ponderada las Asociaciones comarcales y los diversos sectores interesados en este problema. Dicha Junta será la administradora, con la intervención del Estado, de los fondos que recaude, tanto para realizar préstamos sobre cosechas en pie o recogidas, facilitando así la defensa de los intereses del labrador que carezca de medios, como los destinados para la propaganda del arroz dentro y fuera de España, acordando en este último caso la acción comercial que reduzca los obstáculos de la competencia en los mercados exteriores.

Como organismo superior y de nexo con el Gobierno para las propuestas que la Junta central le someta, ejercer la alta inspección de la actuación del conjunto del organismo que se crea y juzgar de la eficacia del mismo, se constituye un Comité superior, que se establecerá en el Consejo de la Economía Nacional, y que lo constituirán el vicepresidente de dicho organismo y los directores generales de Agricultura, Aduanas, Abastos y Comercio e Industria.

La anormalidad de las condiciones presentes está regida en gran parte por el volumen de la cosecha que se obtenga, por lo que se hace preciso que el Gobierno vigile más estrechamente la concesión de cotos arroceros, a cuyo fin se les incluye entre las industrias con régimen de previa autorización.

Como quiera que el problema iniciado requiere soluciones urgentes que no pueden ser aplazadas hasta tanto que quede constituida y en normal y pleno funcionamiento la Federación o Consorcio general, y teniendo en cuenta que la actual crisis arrocería necesita, como primer requisito, descongestionar el mercado interior, se nombrará por esta disposición, y con carácter interino, una Junta organizadora, en la que tendrán la debida representación los diversos factores relacionados con la producción, elaboración y comercio arrocero, cuyo organismo procederá a la organización de la Federación, así como a la primera recaudación de fondos, facilitando la acción comercial y el exacto cumplimiento por parte de todos de los precios mínimo y máximo, que únicamente por este año se fijarán para el arroz. Dicha Junta asumirá todas las atribuciones de la Junta central, interinamente, sin que se quede constituida en los términos prescritos en el correspondiente reglamento.

La Junta organizadora dispondrá para los fines de exportación y demás primeros gastos precisos de los recursos económicos que con este fin y en concepto de anticipo le serán facilitados por la Comisión ejecutiva del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, debiendo redactar en el plazo improrrogable de dos meses, a partir de esta fecha, el reglamento por que ha de regirse en lo sucesivo el Consorcio arrocero.

En virtud de lo que antecede y por acuerdo del Consejo de Ministros, su presidente tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 16 de noviembre de 1927.—Señor: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta de su presidente,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea y establece en Valencia el Consorcio Nacional Arrocero, al que estarán asociados con carácter obligatorio todos los cultivadores de arroz, los propietarios de tierras dedicadas a este cultivo, los elaboradores del producto y los comerciantes exportadores del mismo correspondientes a las provincias de Valencia, Castellón, Alicante y Tarragona.

Art. 2.º Se regirá este organismo por una Junta central, integrada por elementos oficiales y una representación ponderada de las diversas comarcas arroceras y distintos sectores que intervienen en la producción, elaboración y comercio.

La renovación de la parte electiva se verificará cada año en la fecha y para el número de vocales o representaciones que determine el reglamento.

Art. 3.º Las relaciones con el Gobierno de la Junta central arrocera se realizarán por medio de un Comité superior arrocero, que se establece en el Consejo de la