El Progreso agrícola y pecuario (1928-03-07 00:00:00), página 12

1.º Con el nombre de pimiento seco molido, pimiento molido o simplemente pimentón, se entenderá el producto constituido exclusivamente por el fruto seco y pulverizado del pimiento rojo, que deberá reunir las condiciones exigidas por el Real decreto de 26 de diciembre de 1922.

2.º Con el nombre de pimentón aceitado deberá entenderse la mezcla resultante del pimiento definido y condicionado en el número anterior, al que se permitirá la adición para su circulación, venta y consumo en el territorio nacional de una proporción única, exclusiva de aceite puro de oliva, en proporción que no exceda del 10 por 100 en peso del pimiento seco.

3.º Para el pimentón destinado a la exportación se permitirá igual adición de aceite puro de oliva, así lo autoriza la legislación de los países receptores.

4.º Los fabricantes de pimiento y pimentón, así como los establecimientos destinados a la venta pública de este condimento, quedan obligados, los primeros, a fabricar y suministrar, y los segundos, a tener a disposición del público para la venta ambas clases de dicho condimento seco y aceitado, sin que por ningún pretexto pueda verse el público privado de la adquisición de la clase que prefiera.

5.º Las infracciones de lo anteriormente dispuesto serán corregidas por las Juntas provinciales e insulares de Abastos en la forma establecida por el art. 9.º del Real decreto de 3 de noviembre de 1923 y art. 5.º del reglamento provisional para su aplicación de 31 de diciembre del mismo año, previos, en su caso, los análisis y comprobaciones procedentes, con decomiso y pérdida de la mercancía e inutilización de aquélla en cuanto sea posible, y, en su defecto, con indemnización del valor en venta de la misma, en todo o en la parte que no pudiera ser decomisada.

El pago de las multas e indemnizaciones se hará efectivo por la vía de apremio, imponiéndose, en caso de insolencia, el arresto gubernativo, en la duración que corresponda al importe de unas y otras, análogamente a lo que determina el Código penal, y considerándose a tal efecto impuestos por razón de falta las multas e indemnizaciones que no excedan de 1.000 pesetas.

De Real orden, etc. Madrid, 14 de febrero de 1928.—Primo de Rivera.

Segundo. Que mientras se haga el estudio necesario para la determinación precisa y fijación subsiguiente en las partidas del Arancel correspondiente a maderas, acuerde por de pronto a la mayor brevedad el señalamiento para la importación de madera portuguesa en España de un coeficiente de defensa que suponga el aumento de un 75 por 100 sobre los derechos que se fijan para las partidas 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 112 en la segunda columna del Arancel.

Tercero. Que se dicte una disposición de carácter general que fije de un modo preciso las características que en sus dimensiones mínimas han de tener las tablas de madera ordinaria para ser consideradas como tales desde el punto de vista comercial y arancelario, expresando que las que no las reuniesen se considerarán como madera en tablas para cajas o envases, con aplicación para ella de los derechos señalados en la partida 12 del Arancel.

Cuarto. Que es de alta conveniencia al interés forestal y la industria maderera nacional la supresión del régimen de importación temporal de cajas de madera armada o desarmada.

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Juzgados competentes en los juicios de desahucio.—Por Real orden de Gracia y Justicia de 2 del corriente se ha dispuesto:

1.º Que en toda clase de juicios de desahucio y en todas cuantas cuestiones se promuevan por razón de los mismos, de competencia de los Juzgados municipales, conozca privativamente el juez municipal del distrito donde esté situada la finca objeto del desahucio, sin sujetarse el asunto a turno ni reparto donde existan varios Juzgados, considerándose nulas y sin efecto las resoluciones dictadas por cualquier juez que no sea el privativamente competente, que no hayan sido aún ejecutadas al publicarse la presente Real orden, sin que prevalezca siquiera la sumisión tácita de las partes que pueda alegarse por cualquiera de ellas.

2.º Que se considere incursos en motivo de destitución a los jueces municipales que, después de publicada esta Real orden, conozcan o continúen conociendo de algún juicio de desahucio que no sea de su privativa competencia, y se imponga a los secretarios de los Juzgados que conozcan con incompetencia, la corrección disciplinaria que proceda, agraviada en cada caso de repetición, a no ser que hayan hecho constar en los autos haber expuesto al juez la incompetencia del Juzgado, mediante diligencia que el juez vendrá obligado a firmar, dando cuenta el secretario al juez de primera instancia correspondiente, si el municipal se negare a firmar, a los efectos procedentes.

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El Crédito Agrícola.—Por Real decreto de 28 del mes pasado, se ha dispuesto que la Comisión ejecutiva del Servicio nacional de Crédito Agrícola aplique a la concesión de préstamos con garantía de trigos, vinos, arroces, lanas y aceites, en las condiciones establecidas en los Reales decretos de 6 de julio de 1925, 12 de mayo y 5 de agosto de 1926 y 18 de febrero de 1927, el importe de los reembolsos de préstamos vencidos.

Para que esto pueda tener efecto, el Tesoro transferirá de la "cuenta corriente general del Servicio de Teso-