El Progreso agrícola y pecuario (1928-03-31 00:00:00), página 10

persigue con más fuerza el fomento pecuario, tanto por las necesidades de abastecimiento nacional, como por las posibilidades de exportación, y en un plano igualmente importante por la provisión de estiércoles interesa producir alimentos al menor coste posible, tanto más cuanto que anualmente se ve precisado nuestro país a la importación de granos, principalmente de maíz, para subvenir a las necesidades de la ganadería. La menor permanencia en el terreno de la cebada y avena con relación al trigo por la mayor rapidez de sus ciclos vegetativos, hacen a ambas plantas, de consumo con lo antes manifestado, más convenientes para el cultivo en regadío. En cuanto al maíz trátase de un vegetal cuya gran exigencia en agua le hace impropió en general del cultivo en secano, y que interesa fomentar en los regadíos para acrecer la producción de grano, tratando de evitar la importación y facilitar la producción de forrajes ensilados para poder suministrar alimento acusoso en invierno al ganado.

Con lo anterior no quiere decirse que deba ser mirada como finalidad de los regadíos la producción de los cereales enumerados, sino señalar la posibilidad económica y aun la conveniencia de su cultivo para el país, dentro de aquéllos, mas sin desplazar del interés primordial que ofrece a la producción de forrajes tubérculos, raíces y plantas industriales, vedada en general al secano español.

José Luis de la Loma,
Ingeniero agrónomo.

El aprovechamiento de aguas subterráneas.

El ministro de Fomento ha sometido a la Asamblea Nacional un proyecto de Real decreto-ley sobre regulación de aprovechamientos de aguas subterráneas, que de convertirse en realidad amenazaría grave peligro a todos aquellos que se dedican a la exploración o explotación de aguas, o, lo que es lo mismo, a toda la Nación.

Se trata de un proyecto en el que se comienza por declarar que quedan como de propiedad del Estado las aguas subterráneas que discurren por el subsuelo nacional que exijan para su alumbramiento la ejecución de obras de investigación y captación, exceptuándose tan sólo de esta medida las aguas freáticas.

No creo que se necesite más para comprender la trascendencia suma y grave peligro que representa ese proyecto de decreto-ley. Sin que sea mi ánimo censurar al autor de la iniciativa, será forzoso decir, porque así es lo cierto, que ese proyecto echa por tierra, destruye y aniquila de un modo radical sacratísimos derechos consagrados a través de los tiempos en todos los Códigos y en todas las leyes, sin que en compensación a esa medida se conceda a los dueños de las aguas de que se trata beneficio de ningún género.

En efecto, prescindiendo de otros más remotos antecedentes, sabido es que el Código civil vigente, y por modo muy particular la ley especial de Aguas de 13 de junio de 1879 declaran y reconocen que son propiedad del dueño de cada predio, en pleno dominio, tanto las aguas que obtenga por pozo ordinario (art. 18) como las que se obtengan por pozos artesianos, socavones o galerías (artículos 22 y 23), y en tal respecto esa disposición, que respondía a un estado de hecho y de derecho preestablecido de siempre y por nadie contradicho, representaba y representa la garantía de un re-peto debido a la propiedad; significa el complemento obligado de ésta y es, en fin, una manifestación de las más esenciales y características entre las facultades dominicales.

Al amparo de esta legislación, los propietarios de aquellos predios que tienen la fortuna de almacenar aguas subterráneas, o bien las alumbran directamente para sí, o para cederlas con destino a riegos o a usos industriales a otros inferiores, o en aquellos casos en que la situación económica del dueño no le permite realizar a sus expensas la explotación, ceden y autorizan a verificarla a personas naturales o jurídicas que al hacerlo llevan a cabo beneméritas obras del más alto interés económico puesto que cooperan a poner en cultivo determinadas tierras que, de otro modo, estarían condenadas a permanecer en perpetua esterilidad.

De prosperar y convertirse en ley lo que hoy es sólo un proyecto, se truncarían toda clase de iniciativas; se haría imposible, porque resultaría ruinosa, acometer por los dueños de los predios o por terceros obras de captación de aguas subterráneas, y, en definitiva, la situación, ya deplorable de esta clase de asuntos, adquiriría caracteres desastrosos.

Basta para convencerse de ello examinar el proyecto de referencia. Incluso alumbrando las aguas el propio dueño del predio, sólo tendría derecho, después de regar sus tierras, a aprovechar la mitad del caudal, pues la otra mitad la adquiriría el Estado, y aun así se le regularían los precios a que había de vender su participación en tarifas que la Administración tendría que fijar; si las aguas las alumbraba el dueño para cederlas a tercero, tan sólo podría disponer de la mitad del caudal alumbrado, quedando reservado para el Estado el otro 50 por 100; si las obras de alumbramiento las realiza una tercera persona en predio ajeno, tan sólo tendrá derecho a aprovechar para sí un 25 por 100, quedando el resto en favor del Estado, y, en fin, aun en el caso de que las aguas subterráneas no fueran surgentes y precisara para su captación, elevación mecánica, siempre aprovecharía la Administración pública un 50 por 100 del caudal alumbrado, estableciendo a mayor abundamiento, que si el que la hubiere elevado mecánicamente no fuera el dueño, tendría que facilitar a éste otro 15 por 100 para el riesgo de su predio.

EL MARQUÉS DE TORRE ALTA.
Almería.