El Progreso agrícola y pecuario (1927-12-22 00:00:00), página 7

ces y resistencia a las sequías, y que, además de estas cualidades, reúnan las de carácter comercial en cuanto a longitud de la fibra, diámetro, resistencia, homogeneidad, etc.

De lo que hemos expuesto anteriormente, de los resultados hasta ahora obtenidos en el cultivo del algodónero en España, según las memorias publicadas por la Comisión Algodonera del Estado y de los antecedentes que conocemos relativos a la misma planta y a su cultivo en los tiempos anteriores al siglo XIX, deducimos las siguientes conclusiones:

1.ª El cultivo del algodónero en España debe limitarse al litoral de las provincias meridionales y a los terrenos que puedan regarse siempre que lo exijan las necesidades de la vegetación.

2.ª Las semillas de las variedades que hayan de emplearse deben proceder de países cuyo clima sea análogo al de las regiones antes citadas, y entre ellas seleccionar mediante ensayos, las más precoces, productivas, resistentes al calor, y que mejor se adapten por sus cualidades a las exigencias del mercado.

3.ª Dichos ensayos deben realizarse bajo el mismo clima y en el mismo terreno en que se hayan de cultivar las variedades seleccionadas o en terrenos lo más análogos posibles a éstos.

4.ª Conviene tener presente que el cultivo del algodón debe alternar con el de otras plantas, especialmente con el de plantas de la familia de las leguminosas.

5.ª Que entre los abonos deben utilizarse, con preferencia, los enterrados en verde y la harina de las semillas de algodón que no se destinen a la siembra.

Manuel del Busto

DE ALCOHOLES

Los representantes especializados en la Junta Vitivinícola.

En el número de esta Revista del 7 del corriente, apareció un artículo firmado por Agro, en el que se señalaban los perjuicios a que podía dar lugar la mala orientación que había presidido el nombramiento de representantes en la Junta Vitivinícola.

Aunque tan acertado trabajo no necesita de nada ni de nadie para dar la completa sensación de realidad que llevan sus líneas, me permito continuarlo, en cierto modo, señalando un nuevo aspecto peligrosísimo para el Tesoro, y más peligroso aún para la industria exportadora de vinos que aspire, como es natural, a luchar en los mercados extranjeros con las armas nobles de clase, y conquista de las preferencias de los consumidores.

Este aspecto es el de la devolución de impuesto a los alcoholeros que se exporten en los vinos encabezados y en los compuestos alcohólicos, aguardientes, etc. Esta cuestión, muy discutida siempre, no ha sido enjuiciada jamás con criterio sincero. Al implantarse la primitiva ley de Alcoholeros, se permitía que salieran de las fábricas, con impuesto garantido, los alcoholeros que estaban destinados a elaborar productos de exportación; procedimiento muy peligroso y que dio lugar a importantes abusos. Para evitarlos se sustituyó por el sistema de devoluciones, o sea que todo alcohol exportado bajo cualquier forma tiene derecho a la devolución del impuesto que pagó. Este procedimiento, en teoría, no puede ser más justo, pero en la práctica, y bajo el pretexto de facilitar las operaciones, abrió el camino para abusos aún mayores que los cometidos con el sistema de impuesto garantido, como voy a explicar.

Adoptada para los vinos dulces y como única comprobación analítica (?), la densidad del caldo, se dispuso que todo el que tuviera más de dos grados Baumé y menos de ocho, diera derecho al exportador a percibir la devolución del impuesto correspondiente a doce litros de alcohol; y si la densidad era mayor de ocho grados, entonces tenía derecho a la devolución del impuesto que correspondía a diez y siete litros; todo por hectolitro de vino. Esto es, que en cuanto un líquido tuviese una densidad dentro de esos límites, era vino dulce y, además, tenía que considerársele como encabezado con 12 ó 17 litros de alcohol.

«Y el que dijere lo contrario, miente.»

Téngase en cuenta que el reconocimiento de ese derecho supone que por cada hectolitro de líquido se entreguen, al exportarlo, 11,40 pesetas en el primer caso, y 17,15 pesetas en el segundo. Hay margen, pues, para hacer una preparación adecuada de un líquido sin alcohol, ni vino, ni nada que tenga relación con la uva y exportarlo al Norte de África, recoger las pesetas de la devolución y tirar el referido líquido al mar, ya que no se preparó con otras miras.

Para que esto no pasara, disposiciones recientes imponían ciertas restricciones al derecho de devolución, por lo menos la elemental de que el exportador justificara, con las guías de circulación correspondientes, que había comprado el alcohol con el impuesto satisfecho; pero la Junta Vitivinícola ha creído que,

«cualquier tiempo pasado, fué mejor»,
y se ha pronunciado «reiteradamente porque subsista el antiguo régimen para esta clase de devoluciones...» (Real orden núm. 1.649 de la Presidencia del Consejo de Ministros, fecha 7 del corriente mes de diciembre, publicada en la Gaceta del 11, pág. 1.525).

En virtud de estos acuerdos de la tan renombrada Junta, a propuesta, naturalmente, de sus especializados vocales —y entre ellos los hay vitícolas y vinícolas— se han suprimido por las Reales órdenes 1.648 y 1.649 —que en el número próximo publicaremos— las únicas garantías que podía tener la Administración de que no habían de engañarla, haciéndola devolver cantidades que no fueron ingresadas.

Prometo continuar en números sucesivos examinando tendencias de la especializadísima representación agrícola en la repetida Junta.

Berteló.