El Progreso agrícola y pecuario (1927-07-07 00:00:00), página 10

• Porque el grave error, el craso error que señalaba el Sr. Garrido, no fue subsanado al dictarse el Real decreto de 24 de marzo de 1925.

• Éste, en su art. 6.º, concede sus préstamos a las Asociaciones, Sindicatos, etc., que no tengan nota desfavorable en la Inspección agronómica, y sólo por excepción (art. 7.º) a los particulares, mediante informe de las Asociaciones, y cuando, además, los garanticen con hipoteca.

• Este precepto—decía el Sr. Garrido—establece un privilegio injusto y oneroso a favor de determinadas Asociaciones. «A nuestro juicio—sigue afirmando—, llevar la totalidad del dinero que el Estado dé para el crédito por esos cauces, no puede menos de ser una injusticia para los no asociados y una obra de caciquismo.»

• Los resultados de no haber escuchado esta sensata advertencia se tocan en la actualidad, ya que de 10 millones de pesetas solamente se han prestado 3 millones y medio, con el auxilio de los Pósitos, porque las Asociaciones carecen de prestigio, de solvencia, y «realizan, a la par que labor agrícola, una intensa labor política», perniciosa para el labrador que no forma parte de la cofradía.

• Por ello, en el voto particular «propone como sujetos del crédito a las Asociaciones agrícolas y a los agricultores, indistintamente, sin más limitación para éstos que la garantía sea hipotecaria, y en otro caso, si es personal, que lleve la garantía de la entidad mercantil que vendió el préstamo el abono, la maquinaria o el ganado, y si es pignoraticia, la del almacén de depósito o el depositario solvente que respondan de la prenda».

• En resumen, a juicio del Sr. Garrido, el problema del crédito agrícola sólo puede ser resuelto íntegramente partiendo de las siguientes premisas:

• 1.º El Crédito que debe practicar la institución que se cree será el agrícola en todas sus formas: territorial, pignoraticio y personal;

• 2.º Los préstamos se harán tanto a las Asociaciones agrícolas como a los agricultores y a quienes suministran al agricultor los elementos que para el cultivo precisa (abastos, máquinas, ganados), siempre que las garantías que se den a la institución que tratamos de crear sean satisfactorias, a juicio de la misma;

• 3.º El capital estará constituido por acciones, que cubrirá la banca privilegiada o privada y las entidades agrícolas, en la proporción que se fije;

• 4.º La institución tendrá la facultad de emitir cédulas con garantía hipotecaria, en las mismas condiciones que lo hace el Banco hipotecario; el importe de dichas cédulas lo destinará a préstamos hipotecarios o a cuentas de crédito con garantía hipotecaria;

• 5.º También emitirá la institución bonos, con la garantía del Tesoro, para los préstamos con garantía personal y pignoraticia;

• 6.º Los préstamos con garantía de letras de cambio, con dos o más firmas a satisfacción de la institución, serán redescantados en el Banco de España, y su plazo podrá ser hasta de uno y dos años;

• 7.º Los Pósitos conservarán su especial modalidad e independencia dentro de la institución que se cree, la cual únicamente ejercerá cerca de ellos función de inspección y de relacionamiento, y

• 8.º Se introducirán en las leyes sustantivas y adjetivas las modificaciones precisas para hacer susceptible de préstamo toda la propiedad territorial y dar a las garantías que el agricultor puede prestar la solidez precisa para que puedan ser base de préstamo.

• Los resultados están demostrando quién tenía razón.»

La importación del maíz.

Leemos en El Sol lo siguiente, que suponemos sea una nota oficiosa de la Dirección general de Abastos:

«Terminada la importación de las 150.000 toneladas que se autorizó, previo concurso, por Real decreto de 7 de octubre último, a pesar de los favorables resultados obtenidos con la misma, tanto para el Tesoro como para la economía nacional y para los consumidores, no parece conveniente prorrogar el contrato de suministro a los adjudicatarios, pues resultaría que se concedía a éstos una exclusiva de estos servicios; tampoco es admisible convocar un nuevo concurso, porque durante la tramitación del mismo se produciría un desabasto de artículo tan necesario para la ganadería nacional.

• Los vocales representantes de la Ganadería y la Agricultura en la Junta Central de Abastos proponen la prórroga del servicio a los adjudicatarios de las 150.000 toneladas, o que la Asociación general de Ganaderos se encargara de importar el maíz necesario, concediéndole el Estado un beneficio en el derecho arancelario, para que el grano resultara siempre al mismo precio que se determinará en nuestros puertos.

• La Dirección general de Abastos no estima admisible esta proposición, ya por considerar que se perjudicarían los intereses del Tesoro, ya también por quedar excluidos de su función natural los importadores y almacenistas dedicados a este comercio, y propone que se declare libre el comercio de maíz con el derecho arancelario de 10 pesetas y bonificar en cinco las importaciones que, previa distribución y solicitud debidamente comprobada, hagan las entidades ganaderas y Diputaciones provinciales para suministro directo de propuesta hecha ante la Junta Central de Abastos.

• Según noticias que tiene la Dirección general de Abastos, algunos elementos que dicen representar a los agricultores pretenden ponerse de acuerdo con los comerciantes de este artículo para protestar contra el nuevo sistema que se propone, y que conocen por la propuesta hecha a la Junta Central de Abastos.

• Los agricultores pretenden que no entre maíz, a menos que pague las 10 pesetas, quintuplo de lo que pagaba el año pasado; los comerciantes, naturalmente, pretenden tener también la libertad absoluta para la importación y comercio de este artículo.»