El Progreso agrícola y pecuario (1927-04-30 00:00:00), página 8

títulos de propiedad inscritos, sin expresión de cargas, en el Registro de la Propiedad de Guía, aunque no tengan la posesión real de una parte de la finca, y quienes, generación tras generación, vienen poseyendo de hecho esa buena parte, aunque sin títulos inscritos en el Registro, ofrece esta lucha la singularidad de que, más o menos sordamente, viene manteniéndose hace siglos, y las de que los actuales propietarios, que pretendiendo el lanzamiento de los actuales cultivadores han provocado el período más álgido y peligroso, no son tales propietarios sino desde hace cinco años; que adquirieron la propiedad que ostentan cuando los vendedores, porque los cultivadores no les reconocían como dueños, se vieron en el trance forzoso de desprenderse de ella; que la adquirieron haciendo constar expresamente los vendedores que quedaban libres de evicción y saneamiento, y que, por rara circunstancia, apareció entre los compradores quien hasta muy poco antes había sido apóstol de los derechos alegados por los cultivadores. Lógica consecuencia de tales singularidades parece ser el obstáculo que las soluciones de paz y armonía, propuestas por el Gobierno, han encontrado en los propietarios. Sea así o no, lo cierto es que la intransigencia de éstos, pretendiendo obtener 15 o más millones de pesetas por parte de lo que adquirieron por 500.000, ha hecho fracasar todas las tentativas de arreglo.

En cuanto a los cultivadores, no es de ocultar que en algunos asomaron también pretensiones absurdas, intentando adquirir a modo de reivindicación la totalidad de la finca, cuando sólo poseen y cultivan una parte; pero ni tal pretensión resulta apoyada por la masa ni mostraron tanta intransigencia como los propietarios, pues aun sosteniendo ser dueños de las tierras que cultivan, se mostraron siempre dispuestos a reconocer el carácter de propietarios en sus adversarios, al efecto de comprar a éstos sin derechos para consolidar el pleno dominio a que aspiran.

De todos modos, las gestiones de concordia fracasaron todas, aunque no por haberlas descuidado el Gobierno, que llegó a enviar a la Aldea uno de sus miembros para intentar la solución directamente con los interesados.

No pesan al Gobierno, ciertamente, esas gestiones, que le han colocado en condiciones que le permiten resolver la cuestión con total conocimiento de ella. En la colección, muy voluminosa, de datos reunidos figuran informes luminososísimos y dignos del mayor elogio, como la Memoria redactada tras minuciosa y meritoria investigación por el general Monteverde, que hizo honor al título de abogado que posee, y la ponencia del general Ruiz del Portal, sobre la cual no llegó a recaer acuerdo del Directorio militar, y ello le permite proponer a V. M. la solución acordada, con la más absoluta convicción de ser la única moral y equitativa de posible realización.

Tanto en los informes aludidos, como en los demás aportados, como en el dictamen oral formulado al Gobierno por el ministro de Gracia y Justicia a su regreso de San Nicolás, resplandece la imposibilidad de que la solución se ajuste a los preceptos legales vigentes y la de que se aplace hasta una decisión definitiva de los Tribunales, ante los cuales la cuestión de fondo ni siquiera ha llegado a ser planteadas. La situación es tal, que de continuar un período agrícola más, el vecindario entero de la Aldea, formado en su inmensa mayoría por personas allí nacidas que cultivan las tierras que vieron cultivar a sus padres y abuelos y que, por ser canarios, sienten el amor a España, integrada por el territorio peninsular y el insular, tan intensamente como en los rincones más antiguos del solar nacional puede sentirse, tendrán que emigrar por consecuencia de los lanzamientos, de no someterse a condiciones para ellos inaceptables, porque tienen por base la renuncia a lo que consideran suyo y no les garantizan la vida en las tierras a las que viven adheridos.

¿Cómo plantear un litigio sobre la propiedad de un terruño después de haber sido lanzado de él? ¿Cómo esperar a que tal litigio se resolviera? Y ¿cómo consentir el Gobierno que San Nicolás se despeuble de sus legítimos hijos, ni aun ante posibles esperanzas de que el capital de algunos de los actuales propietarios permitiese iniciar una colonización distinta?

El derecho que los propietarios ostentan se funda en una inscripción de la finca, libre de carga, en el Registro de la Propiedad. Quizá haya algo o mucho que discutir en cuanto a inscripciones anteriores, porque comenzadas éstas hace poco más de cincuenta años, siendo la última extensiva a toda la Aldea y no habiendo llegado los primeros propietarios a poseer toda la finca con justo título, merece comprobarse si la primera inscripción o alguna de las posteriores se extendió a más de lo que el poseedor del derecho podía ostentar. Pero, ante el hecho cierto de la inscripción actual, el Estado debe reconocer como dueños de la finca a los que del Registro de la Propiedad resultan serlo, como en las gestiones de transacción han estado dispuestos a reconocerlos los cultivadores, y reconocido así y siendo notoria la conveniencia pública de facilitar a los cultivadores la adquisición del pleno dominio de sus parcelas, no hay otro medio de lograrlo que la expropiación por el Estado de la parte de finca cultivada por personas ajenas a los dueños, para cederla luego a dichos cultivadores en la parte que a cada uno corresponda.

El caso es, sin embargo, de los que por su urgencia y por el conocimiento de las personas interesadas y de las cosas en litigio, no necesita ser sometido a los trámites de un expediente de expropiación. Aun los mismos propietarios de San Nicolás han venido a reconocerlo así, puesto que en las gestiones de transacción realizadas por el ministro de Gracia y Justicia, estuvieron conformes en vender a los cultivadores sus parcelas y en que el precio lo fijase el Gobierno, aunque preten diendo para esta fijación bases inaceptables.

Puede y debe, por tanto, el Gobierno fijar el precio de la parte de finca expropiada con la urgencia que el caso requiere, y al fijarlo en 505 000 pesetas, más una cantidad que puede llegar al 25 por 100 de la expresada, tiene la seguridad de proceder a conclusión generosamente, porque los propietarios recibirán todo cuanto pagaron por la finca y posiblemente un 25 por 100 más, y quedarán dueños de una parte de lo que adquirieron mucho mayor que la que ceden, quedando en la parte de que seguirán siendo dueños, las magníficas explotaciones agrícolas que siempre pertenecieron a los anteriores propietarios y que entraron también en las tie-