El Progreso agrícola y pecuario (1927-07-07 00:00:00), página 11

El Real decreto de 7 de octubre del año pasado, sólo autorizaba—como límite máximo y dentro del año agrícola—la entrada de 150.000 toneladas de maíz. El año agrícola para el maíz no ha terminado aún ni termina hasta octubre o noviembre; así, pues, una vez introducidas las 150.000 toneladas que para el año agrícola se autorizaron, no cabe hablar de nuevas importaciones de maíz, a menos que otro Real decreto ampute dichas 150.000 toneladas que se consideraron suficientes—como máximo—para el año agrícola en curso. No creemos que se haya pensado en esa ampliación.

Si se trata de importar maíz para la campaña próxima, nos parece, en primer término, que no ha llegado el momento, ni se sabe cómo será la cosecha de este año, que es hoy todavía, una incógnita. Pero, además, no hay que olvidar lo que el Real decreto de 9 de julio de 1.926 dispone sobre el particular: «Cuando por notoria insuficiencia de la producción nacional de maíz, granos, semillas o subproductos destinados a la alimentación del ganado, en apropiada compensación de unos con otros, sea conveniente la importación de maíz extranjero con derecho más reducido del señalado genéricamente en la partida 1.340 (10 pesetas los 100 kilogramos) en favor de la ganadería y sin perjuicio de la agricultura, el Gobierno establecerá los cupos de importación necesarios y sus derechos, con indicación de los países de origen, oyendo previamente la opinión de los elementos interesados, tanto de la agricultura como de la ganadería y de la industria.»

La cosecha de maíz, sabido es—por razones que no hemos de repetir y que en el Arancel radican precisamente—que resulta siempre insuficiente. Era inútil, por tanto, establecer un régimen de excepción para los casos de insuficiencia, puesto que esta insuficiencia es habitual; ese hubiera sido el caso general. No es eso lo que dice el decreto. Es menester que a la insuficiencia del maíz se una la de los demás piensos, en apropiada compensación de unos y otros», para que la importación de maíz se puede hacer por bajo de 10 pesetas los 100 kilogramos.

¿Habrá insuficiencia el año próximo, hecha esa compensación? ¿Quién puede asegurarlo?

Y declarada la insuficiencia, hay que oír a los interesados. ¿Quién ha dado a los agricultores? ¿Han sido consultados los organismos agrícolas? La importancia del problema lo exige.

Dice la nota que el vocal representante de la agricultura en la Junta Central de Abastos, «propone la prórroga del servicio a los adjudicatarios». ¿A quién ha consultado ese representante de la agricultura para proponer esa prórroga? Porque lo que ese representante tendría que proponer es que no se importe más maíz que el que pague el derecho arancelario establecido. Esperamos que el representante de la agricultura no persevere en este asunto en la actitud que adoptó el año pasado.

¿Y qué elementos son esos que, según la Dirección general de Abastos, se dicen representantes de la agricultura y pretenden ponerse de acuerdo con los comerciantes de maíz? Conviendría conocerlos.

Insistimos en que—salvo el caso previsto en el decreto de 9 de julio de 1.926—el maíz debe pagar 10 pesetas los 100 kilogramos, que no es un derecho excesivo, sino más bajo que el de la cebada y el centeno, que pagan 12 pesetas.

¿Por qué ha de hacerse con el maíz una excepción arbitraria?

Un régimen de justicia para el maíz acrecentará en España la producción de piensos para el ganado, y nos eximirá de pagar al extranjero más de 150 millones de pesetas anuales.

NOTICIAS

La contribución territorial.—En la Oficina de Información han dado la siguiente nota:

«Sin duda por una mala inteligencia se ha dicho y hasta se ha escrito que a algunos contribuyentes se les ha aumentado o se trata de aumentarles la contribución territorial como consecuencia de la inscripción de contratos en los Registros de arrendamientos. Carecen de fundamento tales aseveraciones, puesto que hasta ahora no se ha hecho por la Hacienda modificación alguna en las cuotas de dicha contribución por aquella causa.

»Los aumentos que algunos contribuyentes hayan sufrido por territorial son seguramente los establecidos con carácter de generalidad por el Real decreto-ley de 25 de junio de 1.926, o los que resulten de las comprobaciones o revisiones catastrales periódicas para aquellas fincas que venían pagando menos de lo debido.

»Repétidas veces anunció el Gobierno que se propone, antes de establecer aumentos fiscales, comprobar el resultado que deben dar las leyes vigentes, aplicadas hasta hace poco con un criterio muy variado.

»La necesidad de poner algunos servicios a la altura que el progreso actual de los mismos reclama lleva consigo cuantiosos gastos, y para satisfacerlos, el espíritu de equidad impone buscar, en primer término, los recursos indispensables en la regulación de cuotas tributarias que vivan fuera de toda norma. Mas ello no afecta al próspero estado de la economía nacional, pues el ahorro y la riqueza pública aumentan de manera considerable y satisfactoria.»

* * *

La exportación de patata temprana.—Autorizada por Real orden de 25 de marzo último la libre exportación de 40.000 toneladas de patatas tempranas, ampliables a 50.000, si la importancia de las cosechas y las necesidades del consumo nacional lo permitiesen, y teniendo en cuenta que las exportaciones realizadas exceden en corta cantidad de las 40.000 toneladas referidas, y tanto la importancia de las cosechas como las necesidades del consumo aconsejan la ampliación prevista, por Real orden fecha 27 del mes pasado se autoriza la libre exportación de la cantidad restante hasta las 50.000 toneladas de que se trata, procedentes de la