El Progreso agrícola y pecuario (1927-07-15 00:00:00), página 4

Los transportes agrícolas.

Con este mismo título, y comentando el Real decreto de 29 de abril sobre el impuesto único en los automóviles, escribí en El Progreso Agrícola y Pecuario unos renglones, poniendo de manifiesto los perjuicios que tal disposición podría ocasionar a los agricultores en general, y especialmente a los que poseen camiones y camionetas. Mis temores, no sólo se han confirmado, sino que, en virtud del reglamento recién publicado, se empeora aún más el asunto para los que vivimos en los pueblos, beneficiando en compensación a los habitantes de la ciudad.

Con lógica, opinaba la dirección de esta Revista que el transporte de productos agrícolas y para la agricultura serían exceptuados; pero la lógica, como yo temía, ha sido relegada al olvido, cual ocurre siempre que tenga que amparar a los pobres agricultores.

El reglamento del Real decreto que comentamos, publicado en la Gaceta del 2 de este mes, dispone, en su art. 10, B): «Los camiones automóviles, pertenecientes a agricultores, que como tales sean contribuyentes por territorial rústica, y que exclusivamente se dediquen al transporte de los productos cultivados y recogidos en predios de su propiedad, tributarán por la cuota formada con la cantidad que se les asignada por la tasa de rodadura para el Patronato del Circuito Nacional de firmes especiales, más un 25 por 100».

Luego no están exceptuados los transportes agrícolas, y lo que es más grave, lo que supone una equivocación incomprensible, no podemos transportar en nuestros camiones: pienso, si nos faltan; ni llevar abonos y basuras; ni recoger en la estación máquinas agrícolas; ni conducir lana, queso y leche de nuestros ganados; ni gasolina y grasa para nuestros tractores y trilladoras; ni cambiar de tajo en el o a nuestros obreros; ni nada, en fin. En resumen, estos vehículos están casi de adorno; sólo podrá llevar los cereales y legumbres que hayamos recogido, y la uva y aceituna de la cosecha, y fuera del tiempo de estas recolecciones, a pagar y estar encerrados...

Pero lo principal es que en las grandes capitales cada vez se viva mejor y más barato; reducir sus alquileres; que el pan no suba, aunque para esto en el campo la vida se haga imposible; que las carreteras nuestras estén intratables, y las suyas adoquinadas y alquitranadas; que no tengamos escuelas, ni edificios oficiales decentes, ni nada, mientras en las ciudades se gastan millones sin tasa en mejoras; y ahora, para colmo, que paguen menos por sus magníficos autos que nosotros por el destrozado Ford. Esa es la política española.

¡Y aún vivimos en los pueblos? Está visto: somos tontos.

Un agricultor.

Tiene toda la razón Un agricultor. No sólo se legisla contra el campo, lo cual, al fin y al cabo, supone un criterio—aunque sea equivocado—, sino con desconocimiento del campo, lo que es peor aún, ya que es más fácil destruir el error que la ignorancia.

Desconocimiento de la vida rural supone cuanto hace resaltar en su escrito Un agricultor; pero aún hay más. Para gozar de ese hipócritico trato de favor que a los agricultores parece concederseles, es indispensable que los camiones automóviles pertenezcan a agricultores que como tales sean contribuyentes por territorial rústica. Pero ¿es que en el Ministerio de Hacienda se ignora que la mayor parte del territorio español no lo cultivan los propietarios del mismo, los que tributan por territorial, sino los arrendatarios, los colonos y los aparceros, que no tributan por rústica y, en cambio, utilizan los camiones? ¿Es que esos cultivadores no son agricultores, y no merecen el mismo trato que los propietarios? ¿O es que cree la Hacienda que los elementos de transporte—son carros o camionetas—son propiedad de los arrendadores y no de los arrendatarios de las fincas rústicas?

Estamos seguros de que el Ministerio de Hacienda atenderá estas razones.

Por los garbanzos.

Leemos con terror una información periodística sobre los acuerdos de la Junta de Ultramar. Nuestro pesimismo nos abruma con toda clase de temores cada vez que un organismo oficial con ocupaciones arancelarias dice que va a poner su mano en algo, en lo que sea; porque si es en cosas industriales, sabemos ya que encarecerá la vida del labriego injustamente, y si es en materia agrícola, no nos queda ninguna duda sobre los resultados: hará imposible alguno de nuestros cultivos.

Lean ustedes el sueltecito a que aludimos. Se refiere a la reunión de la Comisión permanente de la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar:

«La situación derivada del Real decreto español de 9 de julio de 1926, que duplicó los derechos arancelarios de importación aplicables al garbanzo, y del decreto mexicano de 9 de mayo último, que impone recargos considerables a artículos tan característicos de nuestra economía de exportación, como son los aceites, aceitunas, sidra y alpargatas, fue objeto casi exclusivo de una de las sesiones, en la que se examinó con todo detenimiento el proceso del problema planteado y las consecuencias que, de no hallarse una resolución adecuada, podrían derivarse del mantenimiento de la situación a que se ha llegado, acordando la Junta elevar al Gobierno un amplio informe sobre el particular, que, a juicio de ella, contiene las bases para que se normalicen las relaciones comerciales hispano-mexicanas. Dicho informe se basa en informaciones de la propia Junta, de la Cámara Española de Comercio de México y de la Asociación de Españoles de Ultramar.»

Comentemos esto que puede tener inusitada transcen-