El Progreso agrícola y pecuario (1927-08-22 00:00:00), página 10

Y mientras a costa de la agricultura se hacen estas elevaciones y aquellas reducciones arancelarias, no vemos que nada parecido se realice con industrias como la siderúrgica, que atenaza—entre otras muchas actividades—el desarrollo de nuestras comunicaciones ferroviarias, encareciendo en un 100 por 100 el coste de los elementos que para el transporte se precisan; encarecimiento absurdo que las propias Compañías proclaman y en el que fundan la enorme carestía de sus tarifas. Encarecimiento que nos hace recordar que, con arreglo al Arancel del año 1911, una locomotora pagaba a su entrada en España 23,250 pesetas, y con arreglo al Arancel actual, 122,662,50 pesetas.

No vemos que las Bases de la próxima revisión arancelaria abran el camino para que estas enormidades desaparezcan. Y, siguiendo las cosas como hasta aquí, ¿podrá nunca haber agricultura, ni haber país, mientras un kilo de locomotora cueste, como ha costado en las 80 recientemente encargadas a la industria nacional, 16 pesetas?

Una vez más diremos que el agricultor es el principal consumidor de los productos manufacturados, y que todo lo que grava a éstos, grava a la agricultura, e insistiremos en que la exportación española es agrícola en su mayor parte, y un exceso de protección a la industria acarrea en los países industriales represalias que han de recaer y recaen en nuestros productos agrícolas.

Comisión mixta de remolacheros y azucareros.

Señor: Las instituciones de conciliación y arbitraje son, sin género de duda, el medio jurídico preferible para la resolución de los antagonismos y dificultades que pueden surgir en el seno de la producción industrial por la pugna de intereses entre sus diversos elementos. Multiplicar el número de aquélla conviene, pues, a los fines de la economía social, para mantenerla en estado fisiológico, cuyo funcionamiento normal aproveche hasta el máximo sus posibilidades.

La organización corporativa nacional, recientemente creada para las relaciones entre patronos y obreros, responde a estos propósitos. Y su éxito aconseja entender el espíritu que le informa, dentro de la propia esfera de la producción a las relaciones creadas entre los industriales mismos por el hecho de su fortaleza, necesaria colaboración, de la que es singular ejemplo la que nace entre los creadores de las primeras materias y sus transformadores en un producto industrial.

El amplio margen de protección y favor que el Estado dispensa a la industria azucarera es suficiente a justificar en un momento dado en que aparece necesaria la intervención del Estado en el ordenamiento de las cuestiones surgidas en relación con ella, ordenamiento en el que es justo que no falte la debida intervención de los consumidores, a fin de garantizar sus derechos integrándolos en el conjunto de tan amplia función social.

Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 2 de agosto de 1927.—Señor: A L. R. P. de V. M., Eduardo Aunós Pérez.

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Trabajo, Comercio e Industria,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea circunstancialmente, para sólo el tiempo que resta del presente año agrícola, una Comisión arbitral mixta encargada de intervenir el cumplimiento de los contratos celebrados entre los productores de remolacha y las Empresas elaboradoras de azúcar en las regiones de Aragón, Navarra y la Rioja, y asimismo de dirimir las diferencias que surjan entre ambas partes con ocasión de tales pactos.

Art. 2.º Esta Comisión tendrá su residencia en Zaragoza y estará compuesta por los elementos que siguen, con relación a las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra y Logroño: un vocal representante de los cultivadores de remolacha que sean propietarios de la tierra que cultivan; otro, representante de los cultivadores de remolacha que sean simples arrendatarios; un vocal que represente a las Empresas azucareras sindicadas; otro, representante de las Empresas azucareras libres; un vocal representante de las Cámaras oficiales Agrícolas; otro de las Cámaras de Comercio; dos vocales, representantes de los intereses de los consumidores designados por las Cooperativas de consumo legalmente constituidas; un vocal obrero elegido por las Asociaciones obreras constituidas legalmente y dos vocales técnicos, ingenieros agrónomos. Presidirá la Comisión la persona que designe el ministro de Trabajo, Comercio e Industria libremente, o de entre los vocales anteriormente enumerados.

Las funciones de secretario de la Comisión correrán a cargo del vocal que designe ésta al constituirse.

Art. 3.º En el perentorio término de un mes, contado desde la fecha de su constitución, la Comisión mixta procederá a redactar el opportuno reglamento de funciones y procedimientos, que someterá a la aprobación de este Ministerio.

Dado en Santander a tres de agosto de mil novecientos veintisiete.—Alfonso.—El ministro de Trabajo, Comercio e Industria, Eduardo Aunós Pérez.

Digno de aplauso es este Real decreto que viene a crear un organismo mediador entre los intereses de remolacheros y azucareros.

Limitada es la función que atribuye a la Comisión arbitral que con carácter circunstancial crea; intervenir el cumplimiento de los contratos celebrados este año por remolacheros y azucareros de la zona del Ebro. Pero por algo se empieza.

Echamos de menos en el decreto un artículo que establezca el recurso de alzada, ante el ministro, de los acuerdos de la Comisión y la inapelabilidad de sus resoluciones. Sin esto el decreto carecería de eficacia.

También parece que Comisiones como esta debieran crearse, no sólo en Aragón, sino en todas las zonas remolacheras.