El Progreso agrícola y pecuario (1927-07-31 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO

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La reforma de la ley Hipotecaria

Cualquier modificación de las leyes fundamentales exige profundo estudio previo y contrastación de opiniones de los especializados en la materia que se trata de modificar. Aun dentro del régimen político actual, cuando se ha intentado modificar la legislación en asuntos de mucha menor importancia que los afectados por la ley Hipotecaria, se ha acudido siempre a la información previa y se han tenido en cuenta las opiniones a ella aportadas. Claro está que, al tratarse de casos especiales y particularísimos, el Gobierno actual los ha resuelto como ha entendido más procedente sin que la resolución haya alcanzado carácter general; así el caso de la aldea de San Nicolás entre otros. Por estas razones nos ha sorprendido que principios llevados a la ley Hipotecaria tras estudios detenidos se hayan modificado por solo un Real decreto, en cuyo preámbulo trata de justificarse la medida, por virtud de la cual viene a modificarse lo estatuido, con ventaja para el poseedor material y con perjuicio innegable del propietario o dueño que como tal aparece en el Registro. ¿Se notaba acaso la necesidad de que con urgencia se reformara en este sentido la ley?

Nos limitaremos a relacionar lo que había estatuido y la reforma, porque ni es lugar apropiado esta Revista para estudio especializado de la cuestión, ni serían bastantes para ello la mayor parte de sus páginas. A nosotros, por hoy y en este lugar, sólo nos interesa hacer llegar la noticia de la reforma y de su importancia (1) a los labradores, sean propietarios o poseedores, para que se atengan a las nuevas normas dictadas y a las consecuencias que de ella se derivan.

El art. 41 de la ley de 1909 decía así: «Quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles o derechos reales, se presume a los efectos del Código civil que tiene la posesión de los mismos, y, por tanto, gozará de todos los derechos consignados en el libro II del referido Código a favor del propietario y del poseedor de buena fe; y será mantenido en ellos por los Tribunales, con arreglo a los términos de la inscripción, y reintegrado en su caso judicialmente por medio del procedimiento establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. La posesión inscrita producirá, mientras subsista, iguales efectos que el dominio en favor del poseedor y conforme al art. 446 del Código civil».

Hoy, por virtud de la reforma, el indicado artículo queda redactado del siguiente modo: «Quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles o derechos reales, se presume, a los efectos del Código civil, que tiene la posesión de los mismos, y, por tanto, gozará de todos los derechos consignados en el libro II del referido Código a favor del propietario y del poseedor de buena fe, mientras los Tribunales no declaren que los términos de inscripción no concuerden con la realidad jurídica o que existe un poseedor de mejor condición, a tenor del art. 435 del mismo cuerpo legal. La posesión inscrita producirá iguales efectos que el dominio en favor del poseedor».

(1) En El Progreso Agrícola y Pecuario del 30 de junio último se publicó el texto del Real decreto.