El Progreso agrícola y pecuario (1927-05-31 00:00:00), página 9

cripción desde la fecha de reconocimiento de dichas obligaciones, o desde la fecha de nuevo título, si hubiese renovación.

Así, cuando medien reclamaciones amistosas, se debe exigir de la oficina de reclamaciones, o de la que proceda, una carta o manifestación escrita que constituya el reconocimiento del derecho. Obtenida esta manifestación dentro del plazo, no debe dejarse transcurrir otro año u otros seis meses sin exigir una nueva carta renovando el reconocimiento de las obligaciones, y así sucesivamente de año en año, o de semestre en semestre si la solución del asunto se prolongara.

Si no se obtienen estas manifestaciones escritas antes de que expiren los respectivos plazos, debe acudirse a la demanda judicial prevista en el apartado a) antes de que transcurra el término de prescripción.

Como algunas Compañías obran de manera poco regular en este punto, para llegar a la prescripción si el reclamante se descuida, hay que tener presente:

1.º Que un simple acuse de recibo, como el que suelen librar los servicios de reclamaciones, no obliga a nada ni representa reconocimiento de obligación alguna.

2.º Que algunas Compañías ni siquiera acusan recibo de las reclamaciones que se les presentan, para tener en su día más expedito el camino de la prescripción si el reclamante no ejercita sus derechos.

3.º Que tampoco obligan a nada, ni representan reconocimiento alguno las cartas formularias que suelen contestar las Compañías manifestando que estudian el asunto; que lo transmiten a otra Empresa por ser de servicio combinado; que forman expediente o que esperan tal o cual detalle para contestar.

4.º Que todo lo que no sea entrar en una correspondencia sin reservas y de buena fe, discutiendo, si se quiere, el derecho a la cantidad o las circunstancias de la reclamación, pero reconociéndolos en su fondo, debe tomarse como signo de que se pueda aprovechar la prescripción al menor descuido.

5.º Y ya tratando de prescripción, debemos hacer párrafo aparte con la relativa al pago de porte: Esta cuestión hay que examinarla bajo dos aspectos: 1.º, si el pago de mayor cantidad se hizo por ignorancia o por error, y, por tanto, no habiendo presentado reclamación ni hecho rectificación alguna al retirar la mercancía; y 2.º, si se paga a sabiendas, solicitando rectificación o reclamando al retirar los efectos transportados. En el primer caso se trata de un cobro indebido con prescripción de quince años, según el art. 1.895 del Código civil: en el 2.º, la cuestión cae bajo el art. 951 del de Comercio, prescribiendo la acción, si no se ejercita en forma, dentro de los seis meses.

Este, cuando menos, es el criterio de las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1890 y de 20 de mayo de 1911; pero, a pesar de esta jurisprudencia, las Compañías estarán aferradas al art. 951 y frente al principio de que,

«Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla»,
que es la letra del art. 1.895 del Código civil; oponen ellos que:
• «El recibo de los objetos transportados, expedido por el consignatario sin consignar reclamación alguna, y la realización del pago del transporte, extinguen toda acción contra la Empresa conductora...»
• «Las acciones relativas al cobro de portes y gastos a ellos inherentes prescribe a los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron.
• «Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.»

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El que suscribe acudió a los Poderes públicos, como representante de Corporaciones agrícolas, denunciando un caso que demuestra lo que se afirma, valga la palabra, por las Compañías cuando se trata de invocar la prescripción en cobro indebido de portes. Y ello fue cuando se anuló, por Real orden, el cobro de 15 por 100 de aumento, por ser indebido, en las tarifas E 17, 28, 101, 106, 107, 108, 121 y 128, y otras que, puestas en vigor en febrero de 1919, estuvieron las Compañías cobrando indebidamente. Pues las Compañías, en vez de poner, como, a mi juicio, era lo que procedía, en las estaciones y en todas partes, grandes carteles diciendo que a los que transportaron por tales tarifas durante tal tiempo se les debía devolver esta cantidad, y que darían hasta tal fecha facilidades para ello, no lo hicieron así, y hubo infinidad de denuncias y de reclamaciones de los pocos que estaban enterados de que se habían anulado, y estaban en los Juzgados municipales, donde las Compañías alegaban la prescripción, porque habían transcurrido seis meses desde que cobraron los portes indebidos, y cuando se invocaba la prescripción acababa de ser derogado el Real decreto y creían los remitentes y consignatarios que cumplían una disposición legal.

Por otra parte, ¿no sería justo, equitativo cuando menos, que así como la Compañía puede eximirse la prescripción contra el reclamante de buena fe, hubiera algún precepto legal que le facilitara el proceder contra la Compañía, sin gastos ni complicación judicial, cuando se difieren meses y meses estos asuntos, como podrían citarse centenares y miles de casos?

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Concretando todo lo que queda dicho, me permito formular las siguientes

CONCLUSIONES

1.º Que debe procurarse el medio de que los casos sencillos, claros y terminantes de error de tasa se solucionen en el acto del despacho, mediante «certificado de desata», con las firmas y garantías que se estimen necesarias.

2.º Que en los casos de discusión sea obligatorio en las estaciones demostrar, tarifa en mano, la tasa que