El Progreso agrícola y pecuario (1927-05-15 00:00:00), página 9

Pero sería necesario que este fallo tuviera fuerza de obligar. Hoy es potestativo de las Compañías aceptarlo o no, y, por lo tanto, no resuelve nada si la estación tiene a bien salir por la tangente, como suele suceder.

Así debería preceptuarse qué casos pueden fallar, sin apelación de momento, los interventores del Estado. Y para casos en que el fallo no pueda ser definitivo o inapelable, cabe admitir sub conditione este fallo, obligando al receptor a presentar una garantía: depósito de la suma que se discuta, firma de una casa de comercio conocida, o una fórmula semejante mediante la cual pueda retirar su género pagando lo menos, y satisfacer luego lo más, si el fallo le fuera desfavorable, cuando se aclare todo bien.

Y, naturalmente, la estación debe estar obligada a resolver, por telegrama urgente dirigido a la procedencia o a los empalme, aquellos «casos de duda» que se deben a extravío de documentos o a errores de pluma o de concepto.

Porque también se da el caso peregrino (¿quién no le ha padecido?) de que los empalmes, por escribir de prisa, hacen números infames, que lo mismo pueden leerse como 1, por ejemplo, -que como 5, y que pueden confundirse si se trata de 100 pesetas o de 500. Hay remesas, las originarias del extranjero, que vienen gravadas con un reembolso o cargo, correspondiente a los gastos o a los portes de las Compañías extranjeras o de la Aduana, etc., o en globo parte de todo. Pues bien: por esa manera de escribir, a veces adecuadas en documentación 500 pesetas por lo que sólo han de ser 500 francos al cambio del día. Otras veces suman los 500 francos de gastos extranjeros con 300 pesetas de Aduana española y pretenden cobrar 700 pesetas, sumando monedas heterogéneas.

Errores, en suma, que la estación de destino es imponente para aclarar y que ocasionan mareos, «detassas» y discusiones, haciendo perder un tiempo precioso que se necesita para la acción de quien trabaja constantemente.

Mariano Mateosanz.

El caso de la Aldea de San Nicolás

(conclusión) (1)

Art. 5.º La escritura de adquisición por el Estado quedará autorizada dentro del término de tres meses, a contar desde la fecha de la publicación del presente decreto ley en la Gaceta de Madrid. La Comisión ya indicada propondrá al Gobierno, dentro de los cuarenta primeros días de dicho término, la cantidad que haya de agregarse a las 505 000 pesetas en concepto de aumento de indemnización, conforme al art. 2.º

Art. 6.º Inmediatamente que se reciba en Las Palmas el número de la Gaceta de Madrid donde se publique este decreto-ley, sin necesidad de requerimiento alguno se constituirá en dicha ciudad, facilitando local para su funcionamiento el presidente de la Audiencia territorial en el edificio de dicho Tribunal, una Comisión, que estará integrada por el magistrado de la Audiencia de Las Palmas D. Mariano Cáceres y Martínez, que la convocará y presidirá; el abogado del Estado de Las Palmas, D. Severino Lamas Calveto, y el ingeniero-jefe de la Sección agronómica de Las Palmas, D. Antonio González Cabrera.

Esta Comisión se denominará «Comisión ejecutora del decreto-ley referente a la Aldea de San Nicolás». Sus miembros podrán ser removidos libremente por el Gobierno. La Presidencia del Consejo de Ministros fijará por Real orden las indemnizaciones que por asistencia, cuando actúen en Las Palmas, y como dietas, además de los gastos de locomoción cuando tengan que hacerlo fuera, hayan de percibir los miembros de la misma, todo lo cual será satisfecho con cargo al mismo capítulo y artículo del presupuesto de gastos que expresa el artículo 2.º de este decreto ley, como asimismo los gastos de material y auxiliares que la Comisión necesite para su funcionamiento.

Serán atribuciones de la Comisión proponer al Gobierno la cuantía del aumento de indemnización a que se refiere el art. 2.º de este decreto ley; practicar todas las gestiones necesarias para la autorización por el notario de la Gran Canaria que se designe de la escritura de adquisición por el Estado de la parte de finca y sus accesorios, incluso el agua y derechos que expresa el párrafo segundo del art. 1.º; hacer los requerimientos y aprendizajes a que se refieren los artículos 3.º y 4.º; practicar o hacer practicar cuando sea para que quede bien determinada cuál es la parte de finca que conforme a lo expresado en el art. 1.º debe adquirirse y se adquiera; llevar la representación del Gobierno y del Estado en todas las gestiones y actos relativos a la adquisición objeto de este decreto en tanto no sea expresamente confiada a otra persona, incluso en el otorgamiento de la escritura; practicar cuanto sea preciso para que una vez autorizada la escritura de adquisición quede inscrita debidamente en el Registro de la Propiedad y cumplir después de hecha la adquisición de la finca cuanto por este decreto-ley o por otras disposiciones o acuerdos del Gobierno se le encargue.

Art. 7.º Una vez adquirida por el Estado la parte de finca a que se refieren los artículos precedentes, la distribuirá entre los que han venido siendo cultivadores o poseedores de parcelas de la misma, a los cuales se refiere el párrafo primero del artículo 1.º de este Decreto-ley, cediendo a cada uno la propiedad de sus respectivas parcelas conforme a las normas que en los artículos siguientes se establecen.

Art. 8.º Ante todo, si antes no lo hubiera hecho, procederá la Comisión a fijar el censo de los colonos y el de las parcelas y edificios que poseían al inscribirse la finca en el Registro de la Propiedad a nombre de los actuales dueños; a clasificar las fincas según su calidad y asignar a cada una, en vista de ésta y de su extensión, la cantidad proporcional que al adquirir en pleno dominio su finca respectiva ha de pagar cada uno de los colonos al Estado para resarcirse éste de las cantidades gastadas hasta la completa ejecución de este Decreto.

La venta a cada colono de la parcela o parcelas que le correspondan se hará separadamente, mediante es-