El Progreso agrícola y pecuario (1927-08-22 00:00:00), página 8

España, estableciéndose así un tratado diferencial inadecuado al régimen comercial exterior y al trato de la nación más favorecida».

La autorización primera a la que el Real decreto se refiere, es la que facultaba al Gobierno para poder conceder, sobre determinadas partidas del Arancel de importación, derechos inferiores a los establecidos en la segunda columna del mismo a aquellos países que otorgasen a los productos españoles ventajas equivalentes. Estas rebajas concedidas por España no podían tener carácter general, sino que debían referirse concretamente a partidas determinadas, y de ordinario no podían ser superiores al 20 por 100 de nuestra segunda columna. Tales ventajas concedidas a un país, no podían ser aplicables a otro sino en virtud de Convenios especiales y mediante la obtención de ventajas equivalentes en favor de productos españoles.

Nosotros sólo hemos de recordar que ante la enorme elevación dada a la segunda columna del Arancel que firmó el Sr. Cambó—para proteger productos industriales indefendibles—, no hubiera sido posible ni iniciar Tratado alguno de comercio sin que previamente se admitiera la posibilidad de concesiones por bajo de dicha segunda columna; por lo cual fué—a nuestro juicio—necesidad imperiosa la rebaja de la segunda columna, que el Sr. Bergamín, con su gran sentido de la realidad, llevó a la ley de 22 de abril de 1922. La agricultura, que representa la mayor y mejor parte de nuestra exportación, hubo de agradecerlo, ya que sin ello era seguro su desplazamiento por los productos similares de otros países en que el proteccionismo industrial no alcanza las proporciones de nuestro Arancel de 1922.

Claro es que no hemos de ser nosotros quienes echemos de menos esa autorización para concertar Tratados por debajo de la segunda columna, si ésta ha de ser ahora convenientemente rebajada en todos los casos en que es manifiesta su injusticia. Mas, por el momento, se desconoce el criterio que ha de regir sobre el particular y, por tanto, el alcance que ha de darse a esa protección en el nuevo Arancel. Y, evidentemente, no deberán ser los mismos los derechos de la segunda tarifa si hay el propósito de no concertar Tratados especiales de comercio, que si el designio es concertarlos cuando convenga.

El Real decreto que comentamos sólo establece a este respecto: que la segunda tarifa se considerará como mínima; que sólo se otorgará previo el correspondiente Tratado de comercio; que sólo en casos excepcionales podrá ser modificada por el Gobierno con carácter general y «dentro de lo que permitan los pactos comerciales que se encuentren vigentes en el momento».

Las autorizaciones tercera y cuarta que se derogan nos interesan por el momento. La tercera permitía al Gobierno transformar en derechos ad valorem los específicos y en específicos los ai valorem, en determinadas condiciones. La cuarta se refería a la rebaja de determinadas partidas del Arancel de los carbones.

La segunda columna del próximo Arancel se formará con arreglo a los apartados d), e), f) y g) de la base cuarta de la ley de Bases de 20 de marzo de 1906.

Las prescripciones de los apartados a), b) y c) de la base cuarta de dicha ley—dice el Real decreto—se entenderán comprendidas en las anteriores, cuando se trate de productos similares a los de producción nacional.

Veamos lo que disponían esos apartados a), b) y c), que sólo quedan en pie—en todo caso—para los productos que no tengan similar en la producción española.

El apartado a) de la base cuarta de la ley de Bases para la revisión arancelaria, decía así:

«a) El derecho máximo de los abonos naturales y artificiales y las primeras materias naturales para su formación, no podrá ser superior al 1 por 100.»

El objeto de esta base—en un Arancel archiproteccionista—era, evidentemente, establecer una excepción en favor de la agricultura, proporcionándole abonos a muy bajo precio, ya que el derecho de 1 por 100 sólo puede considerarse un derecho estadístico.

Esa excepción desaparece—por lo menos en la forma en que estaba concebida—para ser sustituida por otra, que figura en el último párrafo del apartado b) del art. 4.º del Real decreto que estamos examinando: «Podrá establecerse un derecho reducido, incluso la franquicia cuando procediere, para los abonos naturales o artificiales, primeras materias naturales, productos intermedios y maquinaria en general que no se produzcan en España y cuya importación convenga facilitar en beneficio de la producción general».

Deducimos nosotros que la excepción genérica que en materia de abonos hacía en favor de la agricultura la ley de 1906, va a ser sustituida por algunas excepciones específicas que no abarcarán todos los abonos, sino sólo los que en España no se produzcan. Ahora bien: ¿Qué se entenderá por producirse en España? ¿Producirse solamente, o producirse en cantidad suficiente para abastecer el consumo? En España se produce superfosfato, sulfato amónico y cloruro potásico. La industria superfosfatera abastece la mayoría de las necesidades del cultivo; de sulfato amónico se producen unas 10.000 toneladas de las 150.000 que se consumen; de cloruro potásico, hasta ahora es una cantidad insignificante la que libra al mercado la industria nacional, si bien la posibilidad de los yacimientos potásicos excede con mucho del consumo.

No se producen en España las escorias de desfosforación, el sulfato potásico, el nitrito de soda, el nitrito de cal y la clorurada cálcica, succinileno, respectivamente, del superfosfato, el cloruro potásico y el sulfato amónico. ¿Qué criterio se va a seguir con ellos? ¿Se establecerá a su favor una diferencia arancelaria con los productos similares que, en más o menos escala, aquí se producen?

Y en cuanto a las primeras materias para la fabricación de abonos, ¿qué va a ocurrir con los fosfatos, que son materia prima para fabricar el superfosfato? Porque aunque en una cantidad mínima, en Cáceres existe fos-