El Progreso agrícola y pecuario (1927-07-31 00:00:00), página 2

Por lo tanto, así como con arreglo a la legislación anterior el dueño o propietario, con título inscrito de su dominio, podía conseguir que se hiciera saber a quien estuviese poseyendo la finca inscrita que la dejase a disposición de su dueño, hoy no podrá ya conseguirlo y, por lo tanto, habrá de acudir o al procedimiento interdictal (si no ha pasado de año y día la perturbación en la posesión), o al juicio declarativo que corresponda. Esto es lo que ocurría antes de la ley de 1909 y lo que trató de evitar el art. 41, queriendo favorecer el crédito territorial, aumentando las ventajas de la inscripción, dando más fuerza y efectividad real a los asientos del Registro; y así, mientras la inscripción de dominio subsistía, se afirmaba por este hecho que el dueño era el único poseedor. Si realmente no lo era, si incluso hubiera perdido el dominio por prescripción, el poseedor ya se cuidaría de conseguir la efectividad de su derecho; pero, por el pronto, y mientras la inscripción subsistía, el dueño era el único poseedor. Además, esta disposición, reformada hoy, era un estímulo poderoso para que los propietarios tuvieran mayor deseo de inscribir y gozar de esas ventajas.

Por la reforma volvemos al régimen antiguo, y sin que se conceda ventaja alguna a la presunción de que quien tiene inscrito el dominio es poseedor, se respeta en su posesión al que materialmente la ostenta, y el dueño a cuyo favor aparece inscrito el dominio es quien necesita acudir a los Tribunales, concediendo, por tanto, todos los beneficios a favor del poseedor, que en ocasiones será de buena fe y hasta podrá tener justo título; pero seguramente estas ocasiones serán las menos, como lo acredita la experiencia y lo demuestra la jurisprudencia de los Tribunales de todo orden. Por las mismas consideraciones establecidas en el preámbulo del Real decreto de que nos ocupamos, parece haberse inspirado la reforma más en el deseo de resolver algunos casos particulares y aislados, muy digno de tenerse en cuenta, que en el interés general, y por eso, a nuestro humilde entender, hubiera sido preferible haber ido re-olviendo los casos aislados con equidad, y en virtud de las facultades extraordinarias de que goza este Gobierno, como ocurrió en el citado caso de la aldea de San Nicolás, que no introducir con carácter general una reforma que a tantos y tan respetables intereses afecta, dañando, a nuestro juicio, a los más, con beneficio de los menos.

Los otros dos artículos reformados son el 399 y el 400, en sus últimas partes, aunque también es de gran importancia doctrinal y real esta reforma para adoptarla sin detenido estudio, se encuentra más ajustada a la realidad y responde, a nuestro entender, a necesidades más sentidas y, por lo tanto, más equitativas y más deseadas por la generalidad.

Por la del art. 399 se establece que las inscripciones de posesión se convertirán en inscripciones de dominio, entre otros casos que ya citaba la ley anterior, en el siguiente:

"3.º Cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la inscripción, siempre que en el Registro no aparezca asiento alguno posterior de información o certificación posesoria o demanda que la afecte o contradiga", en lugar del transcurso de treinta años que exigía el mismo apartado hoy reformado, y se suprime la última parte de aquél por ser más propia del reglamento.

En el art. 400 se establece un segundo párrafo en la regla 6.ª que antes no existía, y que dice así: "Las informaciones (trata de las informaciones de dominio) transmitidas con arreglo a este artículo serán inscribibles, aunque en el Registro apareciesen inscripciones contradictorias, siempre que éstas contasen más de veinte años de antigüedad y el titular respectivo hubiera sido citado en debida forma y no hubiera comparecido a formular oposición". Tanto en los expedientes posesorios como en los de dominio de la vigente ley y su reglamento, se establecen disposiciones que garantizan a los dueños de sorpresas y de perjuicios, cosa que no ocurría antes de la ley de 1909, y, por lo tanto, estas últimas reformas citadas, aunque realmente no eran urgentes, habrán de producir más beneficios que perjuicios, por multitud de razones que no son de este lugar; pero no ocurre así, como antes hemos visto, con la reforma del art. 41, con siderado como un notable progreso y que tan corta vida ha tenido. Es de desear que la reforma no dure tanto y que, cuando se restablezca aquel artículo, se redacte de manera más decidida y más concluyente, sin que se preste a distintas interpretaciones de su letra y de su espíritu, como ha ocurrido desde que se implantó, y, en consecuencia, que se concedan a los asientos del Registro todas las ventajas y todas las prerrogativas de que deben gozar.

José A. Ard.

Las razas españolas de ganado vacuno.

Hace apenas medio siglo que casi nada se sabía de las razas vacunas españolas, con excepción hecha de los toros de lidia.

Los ganaderos alataban las aptitudes lecheras de las vacas pastegras, la timura y la aptitud para el trabajo de las vacas murcianas, las buenas condiciones que para producir terneros ofrecían las morochas serranas, la corpulencia y dureza del ganado del Barco y, en fin, se sabía por regiones y hasta por lugares las cualidades que como reses de matadero poseían unos y otros bóvidos.

Pero tales nociones, de orden muy general e inco-creto, no tenían marcada una descripción detallada y técnica que definiese las razas e indicase los caracteres típicos de cada grupo. Sanson mismo hablaba de una raza ibérica, sin determinar ninguna variedad española (excepto la pirenaica, deficientemente descrita), porque, según declaraba, «las variedades que pudieran existir no habían sido nunca bien descritas».

La Asociación de Ganaderos del Reino ya clasifica para sus concursos las siguientes razas españolas: gallega, asturiana, pirenaica, tudanca, leonesa, zamorana, salmantina, serranas, extremeña, andaluza y murciana.