El Progreso agrícola y pecuario (1927-06-30 00:00:00), página 9

tante alabado decreto-ley de Dato de 22 de septiembre de 1917. Párece que por la Junta de Crédito Agrícola se ha elevado razonada propuesta al ministro de Fomento para conseguir aquella reforma.

José Atard.

Se modifica la ley Hipotecaria.

EXPOSICIÓN

Señor: El art 41 de la ley Hipotecaria, correspondiente al art. 15 del proyecto presentado al Congreso de los Diputados por la Comisión respectiva en 16 de febrero de 1909, fue incluido en la reforma inmobiliaria aprobada por el Senado, sin ninguna justificación explícita, y esta circunstancia, unida a la falta de precedentes doctrinales sobre la materia y a la redacción general y equivoca del texto en la ley de 21 de abril del mismo año, ha provocado un verdadero trastorno en el régimen de la propiedad territorial.

Atribuyen al legislador los especialistas que han estudiado esta innovación, el deseo de unir estrechamente la propiedad registrada con la posesión efectiva, de tal suerte, que la inscripción del dominio y el señorío de hecho marchasen paralelos y que el titular encontrara, por virtud del asiento practicado en el Registro, no sólo expedito el ejercicio de las acciones reales propiamente dichas (reivindicatoria, negatoria, confesoria, etcétera), sino extraordinariamente facilitado el juego de los procedimientos interdictales o posesorios.

Tan aventurada orientación, que de un solo golpe destruía las irreductibles diferencias entre posesión y propiedad, llevaba consigo, según las más radicales opiniones, la protección en todo caso del titular registrado como poseedor incontrovertible y confería al certificado que acreditase la inscripción el valor de una prueba posesoria irrefutable y los efectos de una sentencia interdictal.

Frente al propietario, según el Registro, no podía existir poseedor legítimo, y los llevadores de tierras durante siglos, en virtud de títulos más o menos defectuosos, se veían violentamente lanzados en procedimientos sumarios, sin poder alegar su posesión inmemorial. Justo es decir que la jurisprudencia del Tribunal Supremo intentó, en varias ocasiones, oponerse a esta arrolladora corriente; pero la letra de la ley prestaba tan poca base a las normas tradicionales, que en las últimas sentencias se reconoce plenamente la prelación y ventajas de la posesión tabular frente al cultivo real del que se creía poseedor legítimo.

Ni los principios hipotecarios, ni las tendencias de moderno derecho de propiedad, ni los postulados de la acción social agraria permiten la consagración de tales ideas.

Tanto el Código civil alemán como el suizo, en que se dice inspirado el art. 41 de nuestra vigente ley Hipotecaria, consagran la presunción de que el derecho inscrito existe realmente; pero aparte de que no conceden a esta presunción la categoría de inatacable, como júris et de jure, ni aun siquiera otorgan a los pronunciamientos del Registro el valor de cosa juzgada, no afirman que la posesión haya perdido toda su importancia en el ordenamiento jurídico inmobiliario. La inscripción, como investidura solemne, declara frente a todos quién se halla legitimado como propietario o titular, y ordena al juez que prima facie le considere como poseedor de buena fe; pero si en los autos se acredita la existencia de una situación jurídica contradictoria de la registrada o de un señorío de hecho justificado, el juicio declarativo, sumario o de desahucio, no terminará con una servil copia de la inscripción, sino con una sentencia que proveerá a todas las reclamaciones o excepciones alegadas y admisibles.

Tampoco se presta el moderno matizado del concepto de propiedad a las aventuradas deducciones que se combaten Los deberes del propietario, aunque no se acepte la teoría que ve en el dominio una función social y pública, adquieren cada vez mayor relieve en la legislación, y resulta anticuada toda norma jurídica que permita romper la relación entre el dueño y la tierra, resucitar pretensiones arcaicas o derivadas de organizaciones territoriales extinguidas y amparar, frente al cultivador del suelo, los derechos secularmente dormidos sobre la almohada de la inscripción en las Contadurías y Registros.

En fin, la acción social agraria, de innegable intensidad en estos últimos tiempos, sin desconocer el derecho del propietario, vuelve su vista a las familias que han laborado la tierra y procura armonizar las contradictorias pretensiones apoyadas en el título deavirtuado y en la posesión viva y fecundante.

Por todas estas razones, el texto del repetido artículo 41 debe volver a sus cauces técnicos; si está inscrito en el Registro un derecho a favor de cualquier persona, se presume que le pertenece y que ha engendrado, en lo procedente, la situación posesoria respectiva.

Consecuencia de esta presunción, que repula poseedor de buena fe al titular, debiera ser la posibilidad de transformar la posesión inscrita en dominio, transcurridos diez años desde la fecha de la inscripción. El número 3.º del párrafo primero del art. 399 exigía para estos efectos treinta años, y con ello olvida que el art. 41 declara expresamente que quien tenga inscrito el dominio o cualquier derecho real gozará de los derechos consagrados en el Código civil a favor del poseedor de buena fe, y uno de ellos es la prescripción del dominio y demás derechos reales por la posesión de diez años entre presentes con buena fe y justo título. Sin decidir si existe un derecho contradictorio que corresponda a un ausente ni otros particulares atinienes a la validez de la inscripción, bien puede admitirse, para proteger al tercero que contrate fiado en la inscripción, que ésta, al trascurrir los diez años, significa algo más que la mera posesión del respectivo derecho.

Por último, para conciliar la regla segunda del artículo 393 de la misma ley Hipotecaria, que autoriza la justificación del dominio a favor de persona distinta del titular inscrito, con el art. 24, que prohibe el ejercicio de toda acción contradictoria del Registro si no se entablada demanda de nulidad o de cancelación del asiento, procede añadir al art. 400 un párrafo, permitiendo la inscripción de la información de dominio cancelatoria del inscrito, cuando en los últimos veinte años no se hubiera practicado ningún asiento que afecte a la finca o derecho objeto del expediente.