El Progreso agrícola y pecuario (1927-05-22 00:00:00), página 11

verdad que la agricultura está pocas veces para fiestas, y mucho menos en los momentos presentes.

Los secretarios de cada una de las entidades fueron leyendo las conclusiones que éstas presentaban, manifestando la representación del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro que se adhería a las de la Asociación de Agricultores de España.

A continuación las publicamos:

Conclusiones de la Asociación de Agricultores de España.

Primera. Constituyendo la prosperidad de la agricultura la base más sólida del bienestar general, una sana política económica debe partir, en sus directrices, de esa fundamental convicción, inspirándose en un gran respeto a la más importante de las manifestaciones del trabajo y del capital nacionales, y traducirse en una atención constante que estime a hacer cada vez más fecundo y productivo el suelo de la Patria.

Segunda. No debe, en consecuencia, buscarse el abaratamiento de la vida en los grandes centros urbanos por medios artificiosos que impongan limitaciones al libre juego del comercio de los productos del campo, sino por la acción de gobierno que conduzca a favorecer el aumento económico de la producción, camino el más directo para alcanzar esa finalidad, que necesariamente debe tener como tope la existencia de una debida relación entre el cste y el beneficio legítimo del cultivador de la tierra.

Tercera. Cuando el intervencionismo del Estado, que la agricultura estima, en general, dañoso para el desenvolvimiento de la producción y del consumo nacionales, no se extiende realmente y por igual a todas las manifestaciones de riqueza, y, por el contrario, se concreta a unas cuantas, a más de la notoria injusticia del hecho, se ocasiona un evidente desequilibrio, determinante de graves crisis económicas, que si de momento puede parecer que presentan carácter parcial y aislado, afectan, en definitiva, a la colectividad.

Si el agricultor no gana y carece, por tanto, de medios adquisitivos para absorber buena parte de la producción industrial, el intervenir de ésta y del comercio, junto con aquél, peligran seriamente.

Cuarta. Correspondiendo al campo más de la mitad del contingente emigratorio nacional, y acostumbrándose cada día la atracción que la ciudad ejerce sobre la clase labradora, precisa poner un dique a esa despoblación, no sólo procurando elevar las condiciones económicas y sociales en que la vida rural se desenvuelve, sino haciéndola verdaderamente atractiva mediante la obra reconstructiva que dé a los pueblos de buenas y abundantes vías de comunicación y de aquellas mejoras urbanas que hoy exigen la salubridad, higiene pública y, en general, la vida moderna, que disfrutan en su mayoría hasta las gentes más humildes de la ciudad, y de las que en dichos pueblos se carece, a pesar de ser sus habitantes quienes, en razón de los tributos directos e indirectos, participan en proporción mayor en las cargas del Estado.

Quinta. No debe ser objeto de nuevos aplazamientos la anunciada revisión anualcaria.

En su día, ya relativamente próximo, en el orden legal, hay que rectificar magnos errores e injusticias que perjudican gravemente la producción agrícola, y que ya de antiguo tiene señalados repetidamente la agricultura.

Espera ésta que alguna vez tendrá para ella efectividad y permanencia la protección que se le asigne.

Sexta. Una vez más se ratifica la agricultura como clase contribuyente en proclamar la absoluta necesidad de una poda energética en la cifra de gastos públicos, que estima fácilmente realizable.

En cuanto a reformas tributarias, reitera su opinión de que la más justa y eficaz sería hacer que desaparecieran las desigualdades existentes y aun las ocultaciones que puedan existir, sin necesidad, a su juicio, de producir una honda transformación en los métodos actuales, como no sea en el sentido de simplificarlos y de imprimir rapidez a los trabajos evaluadores.

Conclusiones de la Asociación general de Ganaderos.

Primera. Inspirado en altos y patrióticos fines, el Gobierno viene dando continuas pruebas de su atención e interés por el fomento y defensa de distintos sectores de la producción nacional. Lugar preferente en esa orientación de defensa corresponde a la ganadería, cuya esencial importancia en la riqueza del país es notoria y evidente su influencia en multitud de industrias que para ella o de ella viven.

En los momentos actuales es de singular precisión acentuar esa orientación de fomento pecuario, ya para defender a la ganadería nacional del peligro de contagio que la importación de reses exóticas representa, ya para ampararla, así como a sus industrias derivadas —lanas, pieles, salchichería, quesos, etc.—, de la competencia que la escasa protección a ancianaria y la elevación brusca de la peseta facilitan actualmente.

Segunda. Es también una necesidad que por el Poder público se desenvuelva una franca política de defensa y fomento ganadero, en la iniciación que se realiza de grandes obras de riego y constitución de las Confederaciones hidrográficas, ya que para que sea eficaz para la economía del país la trascendental transformación que ello representa, precisa que ésta se halle orientada en sentido pecuario y que se dé a la cría de ganados las garantías y estímulos necesarios.

Tercera. La defensa de la riqueza pecuaria del país, la garantía de composición y calidad de nuestros embutidos y la conveniencia de evitar fraudes demandan la urgente derogación de la Real orden fecha 22 de diciembre último, en la que se autorizó el empleo de carnes congeladas en la fabricación de embutidos, y se estableció en ésta intervenciones y trabas con notorio daño de la ganadería y de la industria.

Cuarta. La contribución territorial debe basarse en los métodos de Catastro, procurando, con la rectificación de los amillamientos y la rapidez en los trabajos catastrales, que termine la actual desigualdad contributiva, y en el caso de implantarse el nuevo régimen de contribución por rentas y ganancias, excluir a las rentas de propiedad de la categoría más recargada, poniendo los beneficios de cultivo en la misma condición que las rentas de trabajo y evaluándolas por los procedimientos catastrales.

Quinta. Es necesario que se respete en toda su integridad el precepto de la letra f) del art. 1º de la ley de 29 de abril de 1920, para la aplicación de las tarifas industriales, de las que son derivación los artículos 16 y 28 de la tabla de exenciones de la contribución industrial, sin que en ningún caso puedan comprenderse como recreadores de ganado, ni como tratantes en carnes a los que criar y recrear ganado en el campo, por estar ya sometidos a contribución territorial, lo mismo en régimen de amillamiento que en el de Catastro, evitándose torcidas interpretaciones de los inspectores de Hacienda, que obligan a los ganaderos a duplicar el pago de la contribución, colocándolos en peor situación que los demás contribuyentes españoles, precisamente en los momentos en que es de interés intensificar la cría y recrea de ganados.

Sexta. Los intereses de la producción y del consumo demandan la urgente mejora de los medios de transporte ferroviario para los ganados, evitando los cuantiosos perjuicios y las considerables mermas en reses y kilos de carnes, que ocasionan la escasez de material adecuado y los largos plazos de los transportes.