El Progreso agrícola y pecuario (1927-06-30 00:00:00), página 10

Con estos ligeros retoques, que en en reglamento recibirán adecuado desenvolvimiento, quedará nuestra ley Hipotecaria en disposición de seguir prestando sus elevados servicios sin perturbar las nuevas orientaciones del régimen de la propiedad territorial.

En tal esperanza, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor de proponer a V. M. la firma del siguiente Decreto ley.

Madrid 13 de Junio de 1927.—Señor A. L. R. P. de V. M., Galo Ponte Escartín.

REAL DECRETO LEY

De conformidad con lo propuesto por el ministro de Gracia y Justicia y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los artículos 41, 399 y 400 de la ley Hipotecaria quedan redactados en la siguiente forma:

«Art. 41. Quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles o derechos reales se presume, a los efectos del Código civil, que tiene la posesión de los mismos, y, por tanto, gozará de todos los derechos consignados en el libro segundo del referido Código a favor del propietario y del poseedor de buena fe, mientras los Tribunales no declaren que los términos de inscripción no concuerdan con la realidad jurídica o que existe un poseedor de mejor condición, a tenor del art 435 del mismo Cuerpo legal.

La posesión inscrita producirá iguales efectos que el dominio en favor del poseedor.

Art. 399. Las inscripciones de posesión verificadas con posterioridad a la promulgación de la presente ley y las que en lo sucesivo se hagan se convertirán en inscripciones de dominio en cualquiera de los casos siguientes:

1.º Cuando así lo ordenara la sentencia judicial dictada en el juicio correspondiente.

2.º Cuando recaiga la resolución firme en el expediente de dominio, conforme al art. 400 de esta ley; y

3.º: Cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la inscripción, siempre que en el Registro no aparezca asiento alguno posterior de información o certificación posesoria o demanda que la afecte o contradiga.

Art. 400. El propietario que careciere de título escrito de dominio podrá inscribir dicho dominio justificando su adquisición con las formalidades siguientes:

1.º Presentará un escrito al juez de primera instancia del partido en que radiquen los bienes, o al del en que esté la parte principal si fuere una finca enclavada en varios partidos, refiriendo el modo con que los haya adquirido y las pruebas legales que de esta adquisición pueda ofrecer, y pidiendo que, con citación de aquel de quien procedan dichos bienes o de su causahabiente y del Ministerio fiscal, se le admitan las referidas pruebas y se declare su derecho.

2.º El Juzgado dará traslado de este escrito al Ministerio fiscal, citará a aquel de quien procedan los bienes o su causahabiente, si fuere conocido, y a los que tengan en ellos cualquier derecho real; admitirá todas las pruebas pertinentes que se ofrezcan por el actor, por los interesados citados o por el Ministerio fiscal, en el término de ciento ochenta días, y convocará a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, por medio de edictos que se fijarán en parajes públicos y se insertarán tres veces en el Boletín Oficial, a fin de que comparezcan si quisieren alegar su derecho.

3.º Transcurrido dicho plazo oirá el Juzgado por escrito, sobre las reclamaciones y pruebas que se hubieren presentado, al Ministerio fiscal y a los demás que hayan concurrido al juicio, y en vista de lo que alegaren y calificando dichas pruebas por la crítica racional, declarará justificado o no el dominio de los bienes de que se trate.

4.º El Ministerio fiscal o cualquiera de los interesados podrá apelar de esta providencia, y si lo hiciere, se sustanciará el recurso por los trámites establecidos para los incidentes en la ley de Enjuiciamiento civil.

5.º Consentida o confirmada dicha providencia, será, en su caso, título bastante para la inscripción del dominio.

6.º Cuando el valor del inmueble no excediere de 750 p-setas, será verbal la audiencia que, según la regla 3.ª, debe prestarse por escrito al Ministerio fiscal y a los interesados, y la apelación, en su caso, seguirá los trámites establecidos para estos recursos en los juicios de menor cuantía.

Las informaciones tramitadas con arreglo a este artículo serán in-rribib es, aunque en el Registro apareciesen in-cric ión e contradic torias, siempre que éstas contasen más de veinte años de antigüedad y el titular respectivo hubiera sido citado en debida forma y no hubiera comparecido a formular oposición.»

Art. 2.º La reforma sancionada en este decreto-ley empezará a regir desde el día de su publicación en la Gaceta de Madrid, quedando derogadas todas las disposiciones que lo contradigan.

Dado en Palacio a trece de junio de mil novecientos veintisiete.—Alfonso.—El ministro de Gracia y Justicia, Galo Ponte Escartín.

La cerealicultura.

Cuando un hombre realiza una labor seria, en cualquier aspecto de la vida, casi nos atrevemos a decir que los menos importante de lo que hay que agradecerle es lo que él hace y, eu cambio, nunca puede medirse la importancia de su obra si ésta se valora, ya por haber formado una escuela, un estado de cosas entre sus semejantes, que antes no existía, etc.; en una palabra, por los miles de miles de granos que se producirán de la semilla que él sembró.

Si importante es la labor de nuestros agrónomos que al cultivo cereal en especial se dedican, más lo es aún, en nuestra opinión, el que hayan conseguido hacer familiares entre la masa agricultora, nombres, variedades, máquinas, prácticas, que tal vez no hubieran llegado a ella sin la labor de estos hombres.

Repitiadamente, con una insistencia machacona, en estas mismas columnas hemos venido dijendo algo del problema agrícola en general con relación a la selección y mejora de variedades, y muy en particular de los cereales, y hemos citado trabajos y resultados extranjeros