El Progreso agrícola y pecuario (1927-04-07 00:00:00), página 6

cas que le permitan soportar épocas de depreciación, y que se le cotice la protección que representa un régimen prohibitivo cuando los precios del exterior son mayores que los que se registran en el país, para luego, cuando el trigo baja en el extranjero y el aumento de valor del signo monetario puede favorecer la importación de trigo, autorizarla, provocando una baja.

Esa protección que al productor de trigo se le ha ofrecido, es terminante y concreta, pues el Real decreto-ley sobre régimen de producción y comercio de 8 de julio de 1926, tiene como objeto preferente «revisar los derechos de importación de cereales, leguminosas, forrajes y semillas, excesivamente mórbicos en la generalidad de los casos y apropiados, por lo tanto, a competencias exteriores». Dicho Real decreto quiso dar tan rotunda protección al comercio de trigos nacional, que no se limitó a elevar sus derechos arancelarios —cual lo hizo con los otros cereales y con las leguminosas—, sino que llegó a prohibir la importación de trigos y sus harinas extranjeros, así como la instalación de fábricas de harina de gran capacidad productora».

Con inestabilidad arancelaria y con un intervencionismo que imposibilita que el trigo siga el ritmo de cotizaciones que determine el precio mundial—teniendo en cuenta la protección aduanera—no es justo, a nuestro juicio, el acogerse ocasionalmente a criterios que se basan en la normalidad, en la libertad de contratación y en la permanencia de un régimen arancelario.

Además, cuando, como ocurre con la producción de trigo, ésta bordea, si no sobrepasa, las necesidades nacionales en algunos años, no puede surtir los mismos efectos la protección arancelaria, habiéndose dado el caso recientemente de que en algún momento se haya colizado el trigo en España más barato que en la República Argentina, como sería fácil demostrar.

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Cuando en julio último se creyó el Gobierno de S. M. en el caso de revisar numerosas partidas del Arancel que afectan a las industrias siderúrgica y textil, elevando extraordinariamente su margen protector, incluyó en la revisión, como ya hemos dicho, a algunos cereales, leguminosas, tubérculos y forrajes, elevando los derechos arancelarios de la cebada, centeno, maíz y garbanzos, principalmente, siquiera ese aumento de protección no haya podido tener efectividad, singularmente por lo que al maíz se refiere (cuya importación se autorizó posteriormente con menores derechos); al tratar del trigo no hizo lo propio, sino que estimando que representa la primer riqueza nacional, en vez de elevar sus derechos arancelarios proporcionalmente a las elevaciones restantes, prohibió, por propia iniciativa, su importación en España, entendiéndolo que esto constituye definitiva salvaguardia de tan grande interés nacional.

Aun dentro de esa protección radical, el Gobierno tuvo en cuenta la posibilidad de que, en un determinado momento, hubiera necesidad de levantarla; y para ese caso determinó que sólo podrá hacerse después de una revisión arancelaria, pues no podía ocultarse al legislador que si la prohibición de importar se suspendiera en cualquier instante, el trigo quedaría en circunstancias de muy inferior protección arancelaria con relación a los otros cereales y productos agrícolas. Y así, en el apartado b) del art. 1.º del Real decreto-ley de 8 de julio citado, se dice lo siguiente:

«Queda prohibida la importación de trigos y sus harinas extranjeros. Si el Gobierno considerase oportuno en determinado momento levantar esa prohibición, se establecerán los debidos contingentes, que estarán sujetos a los derechos de Arancel apropiados al sostenimiento de los precios reguladores del interior.»

No cree la Asociación de Agricultores de España que exista justificación alguna para un cambio radical de criterio en tan pocos meses, y, en todo caso, si al proceder a esa elevación de derechos, que se estimó conveniente, no se incluyó en ella al trigo por considerarla insuficiente y juzgar necesaria la prohibición, es justo y es legal que, si ésta ha de desaparecer, se revisen de igual modo sus derechos arancelarios en la proporción de aumento que representan las nuevas manifestaciones de protección.

En suma: que o se mantiene la prohibición por las razones expuestas, que la justicia, la equidad y la reciente historia del propio Gobierno parece que lógicamente demandan, o se elevan los derechos arancelarios en la proporción que corresponda, en relación con los acordados para otras producciones.

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En cuanto a la fórmula de facilitar la exportación de trigos expediendo cédulas que representen el derecho a importar, sin pago de Arancel, por otras Aduanas, cantidades de trigo equivalentes, ello no es sino la reproducción, con uno u otro matiz, de una aspiración respecto de la cual resultan ser incansables en mantenerla los fabricantes de harinas y compradores de trigo del litoral, y especialmente de Cataluña, quienes de antiguo, y bajo las más variadas y sugestivas formas, vienen, periódicamente, presentándola a los Gobiernos, habiendo merecido en todos los casos, desde hace varios lustros, la unánime repulsa de la producción agrícola y de la molinera del interior.

La bibliografía sobre esta materia es tan copiosa y conocida, y las campañas de oposición que suscitó tan públicas, que una y otras nos relevan de aducir nuevos argumentos en contra, que, estamos dispuestos a toda hora a exponer, para manifestarnos, de una manera resuelta, en contra de una medida que no vendría sino a agravar más aún la ya infeliz suerte del agricultor cerealista, que tiene que luchar entre un encarecimiento del coste de producción y de vida y una forzada inmovilidad de precio de venta para el trigo, que necesariamente ha de dar a un precio predeterminado para que el de la harina permita que el pan corriente no suba, aunque el que no es de clase corriente alcance precios elevados o elevadísimos en relación con el precio a que se