El Progreso agrícola y pecuario (1927-09-30 00:00:00), página 2

Y aun agregamos nosotros que en España para el productor de cereales que aspira a una legítima ganancia en su oficio, no existe ningún problema triguero ni cerealista; no hay más que un problema parcial de comercio de cereales y, aun más sintéticamente, de régimen arancelario, de justicia distributiva, para hablar con más propiedad, en el régimen arancelario, que la economía nacional española necesita. Este problema consiste en alcanzar que sean iguales en ese terreno todas las manifestaciones de la vida económica nacional; que no haya modalidades de trabajo y capital arancelariamente dominantes, ni trabajo y capital arancelariamente dominados.

¡Asunto más sencillo!... ¡Cómo no lo veían a-t-los iniciadores del Congreso, triguero según ellos, cerealista, según, con más lógica, precisó el señor presidente del Consejo?

El cuestionario del Congreso de Valladolid parece calado de «La batalla del grano», de Italia, o de «La mejor espiga», de Francia, países cuya producción triguera es insuficiente para las necesidades del consumo, y que se hallan en el caso de intensificar aquélla por todos los medios posibles para disminuir un déficit que pesa fuertemente en su balanza económica.

El caso de España es absolutamente distinto. Producimos, aun en años malos, trigo bastante para atender al consumo nacional, y en años buenos, un exceso para el que no hallamos colocación, ya que, dado su precio de coste, no puede competir—como no puede competir ningún país de Europa—con la producción de las tierras vírgenes de América. El problema no es, pues, de falta de producción, sino de sobreproducción; no es problema técnico, sino económico.

No es aumentar el rendimiento unitario lo que nos urge, sino resolver qué conviene más a la economía nacional: ¿reducir el área del cultivo en términos tales que sólo en los años de cosecha abundante quede abastecido el consumo, importando en los demás lo necesario para cubrir el déficit? O, por el contrario, ¿mantener la actual producción y estudiar los medios conducentes a exportar o almacenar el excedente de los años buenos?

En un país en que el clima encierra tantas sorpresas, esta variabilidad de las cosechas de unos años a otros es menester tenerla en cuenta, ya que el equilibrio entre cosecha y consumo es forzosamente inestable. Si se cifran en 38,2 millones de quintales de trigo las necesidades nacionales y esa fuera la máxima cosecha del agro español, habría años, como el 1924, 1922, 1920—retirándonos sólo a un quinquenio reciente—, en que hubiera habido necesidad de importar trigo por valor de 250, 200 y 150 millones de pesetas. Esta, que sería la primera de las soluciones propuestas, ¿conviene al país? Por el contrario, ¿conviene que unos años, como el 1926, 1925 y 1923, exceda la producción al consumo en 2, 6 y 5 millones de quintales, con la consiguiente desvalorización de la total cosecha de trigo y la ruina del agricultor?

Este y no otro es el problema triguero español actual. Este y el arancelario, el de las tasas y el del maíz y, uníendolos a todos, con tanta importancia como todos juntos, el de los transportes, ya que mientras cuesta 5 pesetas llevar de Castilla a Barcelona, por ferrocarril, 100 kilogramos de trigo, por menos de 9 francos oro se transportan, por mar, 1,000 kilogramos de Nueva York a Inglaterra, y por 16,41 a Génova; con lo cual el trigo de Castilla está mucho más lejos de Barcelona y de Galicia que el de la Argentina.

Estos eran los problemas hondos que, en todo caso y de un modo casi exclusivo, hubiera habido que abordar fundamentalmente en una asamblea cerealista.

Por hoy no hemos de decir más de este Congreso, al que caracteriza, en su aspecto técnico, el apartamiento del Sr. Arana, de cuya labor científica no hemos de hacer elogio; en el económico, la inhibición del paladín consagrado de los intereses cerealistas, D. Mariano Matezan. Bien es verdad que, en cambio, la figura más representativa de los enemigos de estos intereses, el leader de los barineros y gerente de Nacional Harinera, S. A., Sr. Bahamonde, tiene un puesto entre los ponentes del Congreso.

JUNTA ORGANIZADORA

Comisario regio. Presidente, D. Valentín Arévalo Ayllón.

Tesorero, D. Alfredo Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid.

Contador, D. Pedro Pérez de los Cobos, ingeniero de la División Hidráulica del Duero.

Secretario, D. Manuel María Gayán, director de la Granja Agrícola de Valladolid.

Vicesecretario primero, D. Saturnino Rivera Manescau, profesor y bibliotecario de la Universidad.

Vicesecretario segundo, D. Fernando Alonso Pimentel, perito agrícola.

Vocales: señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, señor presidente de la excelentísima Diputación provincial de Valladolid, señor presidente de la Cámara Oficial Agrícola de Valladolid, señor presidente del Consejo provincial de Fomento de Valladolid, señor presidente de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos de Valladolid, señor presidente de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, señor presidente del Sindicato Agrícola Católico de Valladolid, señor presidente de la Junta provincial de Ganaderos; don Juan Antonio Llorente, abogado y profesor de la Universidad; D. Rafael Alonso Lasheras, abogado; D. Nicolás García de los Salmones, ingeniero agrónomo; don Pablo Coscuellula, ingeniero-jefe del Distrito forestal; D. Pedro Martín Martín, ingeniero-jefe de la División Hidráulica del Duero; D. Carlos Solano, marqués de la Solana, ingeniero-jefe del Servicio agronómico; don Francisco Bilbao, ingeniero agrónomo; D. Silverio Pazos, ingeniero-jefe del Catastro de rústica; D. Ricardo de Escuariaza, ingeniero agrónomo; D. Agustín Ruiz, por la Excm. Diputación provincial; D. Hilidio Cantapiedra, por el Excmo. Ayuntamiento; señor director