El Progreso agrícola y pecuario (1927-06-07 00:00:00), página 3

y debe ser imitado en España; pero, como tantas otras veces, no debemos pedirlo todo del Estado. Merece mucho la pena fijar la atención en esa equitativa y lógica colaboración de elementos interesados en el problema que trato de poner de manifiesto con estas breves líneas. Las fotografías que se acompañan completarán la idea de lo que ha sido el tren de trigo, por cuya organización ha merecido tantas felicitaciones la Compañía de ferrocarriles franceses Paris Orleáns. Conocedores de lo que su constante y profunda labor significa en pro de los intereses agrícolas, unimos gustosos la nuestra.

Germán Royo Durán,
Ingeniero agrónomo agregado a la Embajada de España en París.

El retiro obligatorio del obrero del campo.

La aplicación de la misma legislación del retiro al obrero industrial que al de la agricultura, ha traído aparejado un cúmulo de dificultades que se ha traducido en exigir al patrono rural cantidades excesivas como pago de sus cuotas anuales.

No entraremos aquí en las desigualdades que se observan en las distintas regiones de España, porque mientras hay propietarios que hace tres años están sufriendo las visitas de los inspectores de la Caja de Previsión Social, con todas sus consecuencias, hay otras en que aún no se ha implantado el impuesto para el propietario de rústica, sin que podamos sospechar a qué puede ser debida tal falta de equidad.

Dejando, pues, a un lado esta irritante desigualdad, solamente nos ocuparemos de la forma de exacción actual del retiro obrero del campo, y nos referiremos a la zona de Andalucía oriental, cuyo funcionamiento es el único que conocemos.

La Administración debió poner al obrero del campo en posesión de las cartillas correspondientes, no obligando al patrono a verificar las labores de sus fincas más que con jornaleros inscritos de antemano, sin hacer por su parte nada con tal fin, y, en cambio, se le pedía que no admitiera los demás, condenándose así mismo a que se quedaran sin cultivar sus fincas, en las zonas que aún hoy existen en que los jornaleros afiliados son en muy escaso número. Error fundamental que trajo consigo la resistencia de los propietarios en justa defensa de sus intereses, que no encontraban medio de poder cumplir, como la mayoría, si no todos, lo hubieran deseado, y ponerse dentro de la ley.

En tales condiciones, y sin detenerse a buscar la causa de esta aparente resistencia, muy justificada, como decimos antes, de los patronos, que no era otra cosa que la defensa de sus intereses, la Caja de Previsión Social de aquella región moviliza sus inspectores, y con un criterio en el que no se nota más que la idea del castigo, impone a los propietarios de los pueblos que distinguen con su visita, cuotas tales que levantan mayor polvareda que 100 automóviles marchando por las carreteras de Jaén en tiempo seco de verano, y llenan aquellas oficinas de una nube de protestas, unas documentadas y otras sin documentar, tan enormes que, a pesar de los seis meses transcurridos desde que algunas se formularon, no han tenido tiempo de resolverlas.

Se nos dice que los inspectores aconsejan que se compren los sellos por los propietarios; pero a continuación obligan a pagar a éstos una cuota supletoria cuando, a su juicio, los sellos adquiridos no han llegado al número de los que debieron invertir, según ellos. ¿No ha ocurrido un caso de estos a un propietario de Jaén, que después de haber puesto sello en todas las cartillas de todos los jornaleros que invirtió se lo ha exigido una cuota equivalente a la de los jornales que, a juicio de uno de aquellos señores, debió invertir?

Creo que el hecho de que una gran parte de los propietarios de algunos pueblos hayan elevado su protesta; que la Cámara Agrícola de Jaén y el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia tomaran cartas en el asunto y defendieran a los propietarios, son hechos también que ponen en evidencia la exageración de las cuotas señaladas, y como para muestra basta un botón, añá: tenemos noticia de que hay cuota señalada superior a la mitad de la renta anual liquidada catastrada y superior en un 25 por 100 a la contribución total que por la finca paga su propietario.

La equidad en el reparto de cuotas tampoco ha quedado muy bien parada, porque tenemos entendido que hay tales desigualdades, que por su enormidad no nos atrevemos a concretarlas, pero de ellas habrá antecedentes en las repetidas oficinas. ¿Sabes, lector, a cuánto asciende el gravamen por arroba de aceite obtenida en la cosecha última, la cuota fijada a un propietario de la provincia de Jaén? Pues... ¡¡¡setenta céntimos de peseta!!!.

Por estas exageraciones es por lo que protesta el propietario, no porque se niegue a cumplir con las obligaciones que tiene como tal; protesta también porque con la manera de cobrar el impuesto, ve que su dinero, en una buena parte, va a parar, no a engrasar el capital que el día de mañana ha de servir de consuelo al viejo y desvalido obrero, sino que se invierte en pagar pingües sueldos, cómodos viajes, alquileres de edificios para olivinas, con su correspondiente material, que nada tienen que ver con los obreros.

Provéase, pues, inmediatamente de sus cartillas a todos los jornaleros del campo, de grado o por fuerza; castíguese con mano dura después a los patronos que se nieguen a estampar en ellas sus sellos correspondientes, y verá la Administración entonces cómo sin necesidad de invertir las cantidades que hoy se invierten en todos estos agentes, se cumple por parte de los propietarios de la tierra esta obligación, evitándose los vejámenes y amenazas que hoy sufren indebidamente.

T. de Albancher.