El Progreso agrícola y pecuario (1927-08-31 00:00:00), página 11

te los industriales harineros a quienes se les conceda, previa solicitud que dirigirán a la Dirección general de Abastos, en la que acrediten que poseen fábricas con capacidad de producción no inferior a 30 000 kilos en veinticuatro horas, y emplazadas a distancia no mayor de 50 kilómetros del puerto o frontera por donde se introduzca la mercancía.

Si las peticiones de importancia fueran superiores al cupo fijo, se hará la adjudicación por prorrateos no menores de 2.500 toneladas para los seis meses, proporcionalmente a la capacidad molitoradora de las fábricas.

Art. 7.º Las Aduanas por donde tengan lugar las importaciones exigirán de cada importador la autorización correspondiente y garantía bastante, a satisfacción del administrador, para el pago de los derechos de Arancel e impuesto de transportes del trigo importado, garantía que subsistirá interin la exportación de harinas correspondiente no tenga lugar.

Art. 8.º Al verificar la exportación de harinas, dentro del plazo que señala el art. 4.º, la cancelación y liquidación de la garantía se hará a razón del 75 por 100 para los trigos, y el 25 para los subproductos de la molituración, es decir, cada 75 kilos de harina exportada cancelarán los derechos de 100 kilos de trigo, después de hacer una liquidación, abonando al Tesoro los derechos arancelarios afectos a 25 kilos de salvado.

Se deducirán además de la garantía 25 céntimos de peseta por 100 kilos de trigo, cantidad que la Dirección general de Aduanas pondrá a disposición de la de Abastos para satisfacer los gastos que originen los servicios de vigilancia e inspección.

Art. 9.º Para efectuar la vigilancia e inspección del cumplimiento de este Real decreto, además de las medidas que a dicho objeto adopte la Dirección general de Abastos, se nombrará una Comisión, integrada por representantes de la Asociación general de Agricultores, Federación Católica agraria, Asociación de Labradores de Zaragoza e Instituto Catalán Agrícola de San Isidro, que bajo la presidencia del titular de dicha Dirección, propondrá cuanto entienda necesario para dar completa satisfacción y garantía a los intereses que representan, debiendo realizarse las inspecciones con personal de la Dirección de Abastos, asistido, en los casos que se juzgue necesario, de vocales de dicha Comisión.

Art. 10. Cuando algún importador, sin causa plebamente justificada, en el término de tres meses de recibido el trigo, no hubiese exportado la cantidad de harina equivalente al 75 por 100 del mismo, la Aduana correspondiente ingresará en firme en el Tesoro los derechos arancelarios que les afectan.

El industrial que incurre en lo previsto en el párrafo anterior será multado por la Dirección general de Abastos con 50 pesetas por cada quintal métrico de trigo cuyas harinas hubiese dejado de exportar.

Con la misma sanción serán penados cuantos dediquen las harinas procedentes de los trigos importados al consumo interior, lo mismo puras que mezcladas con las de trigos indígenas.

Art. 11. En el plazo de ocho días, a partir de la publicación de este Real decreto, la Dirección general de Abastos propondrá la reglamentación necesaria para la forma de hacer las peticiones de importación, prorroga y adjudicación del trigo, así como para vigilar y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.

Dado en Santander a veintiocho de agosto de mil novecientos veintisiete.—ALFONSO.—El presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

** Antes de ahora hemos dicho que el problema harinero, la enemiga harinera, que como lata de plomo pesa sobre el cultivo cereal en España, no tiene más que una causa: la existencia de un grupo de fábricas en el litoral catalán que vivieron de moliturar trigo (muchas veces americano) para exportarlo a Cuba, mientras una política arancelaria desatentada se lo permitió; y que desde que las colonias (tal vez por esto más que por otras cosas) se perdieron, carecen de mercado para sus harinas, que, como es lógico, no pueden competir en precio con las producidas en el punto de origen de la materia prima, en Castilla, y andan siempre a caza de importaciones de trigo exótico, bonos de importación, puertos francos y demás privilegios, para poder subsistir.

También hemos dicho que el problema no tiene más que una solución, que a algunos parecerá brutal, pero que es la única eficaz y la más barata: adquirir entre todos los productores de trigo esas fábricas e, indemnizando a los actuales propietarios, pagarles fuego y sembrar de sal el solar para que no se levanten más.

Mientras esto no se haga, la agricultura española en general, y los cerealistas de Castilla en particular, no vivirán en paz.

Sin tiempo para comentar el decreto que antecede, sólo nos importa decir: 1.º Que 100 kilogramos de trigo—y sobre todo de los trigos que van a importarse—no producen, como supone el Real decreto, 75 de harina, sino—por lo menos—78 kilogramos de harina, y, en muchos casos, 80 y 82; 2.º Que el propio Gobierno tiene un dato oficial, irrecusable, fidedigno, de que 100 kilogramos de trigo no dan 100 de harina y salvado, sino, por lo menos, 101, ya que ello claramente resulta así de la documentada Memoria que, como resultado de su brillante gestión al frente de la Junta de Subsistencias de Barcelona, presentó persona tan concienzuda y competente como el por desgracia fallecido ingeniero agrónomo D. Victor Clarió; 3.º Que nosotros estamos dispuestos a demostrar que el trigo da en harina un peso igual al del hectolitro del trigo con que se elabora, y que, en términos generales, es de 78 kilogramos; 4.º Que esa diferencia de 8 kilogramos en cada 100 supone 1.500 toneladas de harina que entrarán en España sin pagar derechos de Aduana, lo que permite un beneficio de 315.000 pesetas para los importadores; 5.º Que los salvados procedentes de la molituración de ese trigo, entrarán en España pagando solamente 4 pesetas los 100 kilogramos (partida 1.331 del Arancel que se pone en vigor para esta importación), siendo así que el Real decreto de 9 de julio del pasado año—que no se ha derogado—fija en 12 pesetas esos derechos, lo que equivale a otro beneficio de un millón de pesetas para los importadores y un perjuicio de muchos más para los piensos de producción nacional, cuyos precios habrían de bajar por esta causa.