El Progreso agrícola y pecuario (1927-06-07 00:00:00), página 5

posición oficial en la Gaceta de Madrid, se autorice la importación de trigos y harinas extranjeros en las islas Canarias sin limitación de cupo y sin otra formalidad que la de que los importadores soliciten previamente del gobernador civil de la provincia las correspondientes autorizaciones para importar los referidos trigo y harinas, cuya autoridad las concederá por sí mismo solamente a los comerciantes o comisionistas legalmente autorizados para ejercer este tráfico, quienes en sus solicitudes harán constar las cantidades a importar, su procedencia y plazo prudencial dentro del cual se ha de efectuar la importación, cuyo plazo no deberá exceder de sesenta días, debiendo los comisionistas determinar en sus solicitudes los nombres de los destinatarios de la mercancía, y cuidando especialmente la autoridad gubernativa de que las importaciones no excedan de las necesidades del consumo de la provincia para evitar el desequilibrio de los mercados insulares.

Nosotros pedimos mucho tiento en la concesión de especiales permisos, y quisieramos que la autoridad del gobernador civil se hallara visada por alguna autoridad peninsular en lo atinente a la concesión y gradación de permisos; ya señalamos el portillo por donde puede filtrarse la inutilización del régimen vigente. Porque si cuando admitan las importaciones no cuidan de que se ajusten a las necesidades del momento en aquellas islas, llegarán el acaparamiento que haga imposible el consumo de frutos españoles en época de abundancia. Por un lado se abre la entrada sin limitación de cupo; por otro se advierte que las importaciones no deben exceder de las necesidades del consumo de cada provincia.

Casa de dos puertas, mala de guardar. Veremos, veremos.

ROIZ DE TUDANGA.

Las tarifas ferroviarias.

Epílogo que pudo ser prólogo.

La Cámara de Comercio e Industria de Teruel dirigió al Directorio, en 15 de octubre de 1923, una instancia solicitando que por las Compañías de ferrocarriles se verificase la detasa de las expediciones en la forma prescrita por la regla 11 de la Real orden de 1.º de febrero de 1887.

Dicha instancia fue informada por el Ministerio de Fomento en el sentido de que antes de resolver este asunto sería conveniente oír el informe del Consejo Superior de Ferrocarriles y Consejo de Obras públicas.

Al efecto, se pidió informe al Consejo Superior de Ferrocarriles en 14 de noviembre de 1923. En este Consejo se nombró una Ponencia, constituida por los Sres. Becerril, representante del Estado; Prast, de los usuarios, y Aleixandre, de las Compañías. Esta Ponencia propuso como conclusiones: 1.ª Que las disposiciones vigentes en el asunto son suficientes; 2.ª Que por las estaciones se cumplan esas disposiciones y se vigile por las Divisiones, y que cuando no haya datos para hacer la detasa en el acto se procuren reunir con la mayor rapidez posible, y 3.ª Cuando la petición de detasa y devolución de exceso percibido no sea atendida por la estación, el reclamante llenará un impreso, que cursará la estación, entregando un recibo al reclamante. Pasó el expediente a la Sección de Explotación comercial de dicho Consejo y se nombró una Ponencia, que no llegó a dar dictamen.

En 1926 la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba, en instancia dirigida al excelentísimo señor presidente del Consejo Superior de Ferrocarriles, plantea nuevamente este importantísimo asunto de la verificación y pago de las detasas, y se nombró en la Sección de Explotación comercial una Ponencia de la representación del Estado y de las Compañías, que fijó las siguientes conclusiones:

1.ª Que no es precisa ninguna nueva disposición legal, ni aun instrucción complementaria a la legislación vigente, quedando con ella suficientemente garantidos los derechos del público y la rapidez de efectividad y siendo sólo oportuno que a las Cámaras reclamantes se remitan copias de las disposiciones vigentes citadas y aun consignadas en el cuerpo de este dictamen, con la indicación de que no ser atendida y solucionada en el acto por el jefe de una estación la reclamación referente a una detasa, deberá ésta consignarse en el libro de reclamaciones.

2.ª Que se someta a la consideración del excelentísimo señor ministro de Fomento la pertinencia y justicia de dictar una disposición eficiente que iguale los plazos de vigencia del derecho a formular reclamación por detasa de las Compañías y de los usuarios del ferrocarril, siendo dicho plazo el de seis meses que para aquéllas rige actualmente o uno superior si aquél se estimase insuficiente.

Y a ese dictamen y conclusiones, el representante de la agricultura en el Consejo de Ferrocarriles, Sr. Mate- sanz, formuló como enmienda el notabilísimo trabajo que sobre detasas hemos publicado, y el Consejo acordó, en su sesión de abril, que volviera a la sección para estudiarse más detenidamente después de algunas palabras del Sr. Matesanz diciendo que no salía de su asombro al ver que a estas alturas, en algo tan importante para la vida económica de la Nación como el asunto de que se trata y que tantos y tantas miles de reclamaciones ha motivado y que ha sido a la vez la principal causa del divorcio constante entre las Compañías ferroviarias, por la agricultura, la industria y el comercio—singularmente el comercio—se diga y se proponga oficialmente por la representación de las Compañías y del Estado—¡del Estado!—que no se precisa ninguna nueva disposición legal!, etc.

Es altamente patriótica la labor que el Sr. Matesanz realiza en el Consejo Superior de Ferrocarriles, y mucho es lo que por ella le debe la agricultura patria.

Bueno prueba de su competencia y de su celo es el trabajo que, con el mismo título que éste, hemos publicado en números anteriores.