El Progreso agrícola y pecuario (1927-08-07 00:00:00), página 12

La revisión arancelaria.

EXPOSICIÓN

Señor: Los preámbulos de los Reales decretos de 20 de febrero y 9 de julio de 1926 expresaron claramente el criterio del Gobierno de V. M. en cuanto se refiere a modificaciones arancelarias posibles y convenientes, con carácter general y en casos excepcionales, que aconsejen variar el margen protector necesario a la producción española y al comercio de exportación.

Este criterio, renovado actualmente ante una próxima revisión arancelaria, es necesario en tanto se llegue a la estabilización de las tarifas, en forma tal que puedan ofrecer una positiva garantía a la agricultura y a la industria del país, en sí mismas y en sus relaciones con el exterior.

A ello ha de encaminarse la próxima reforma arancelaria sobre varias de las bases que el proyecto de decreto adjunto comprende, estimando el Gobierno de V. M. llegado el momento de derogar de una vez y de derecho—ya que de hecho lo estaban—las autorizaciones primera, tercera y cuarta de las contenidas en la ley Arancelaria de 22 de abril de 1922, que al dictarse a raíz de la promulgación del Arancel vigente, vino a modificar la conveniente estabilidad de sus tarifas y a producir trasformos en la economía pública y concesiones de rebaja de la segunda columna, en algunos casos superiores al 20 por 100, y de forma tal, al caducar el precepto que autorizaba la reducción en más de dicho 20 por 100, que se produjo el singular y especialísimo caso de pagar diferentes derechos la misma mercancía, según fuere su origen de unas u otras naciones convencidas con España; estableciéndose así un tratado diferencial inadecuado al régimen comercial exterior y al trato de la nación más favorecida.

El proyecto de decreto que el Gobierno de V. M. tiene el honor de someter a su conocimiento y aprobación, y aunque todo él es de carácter arancelario, ofrece tres puntos esenciales a tener en cuenta, como son:

La convocatoria para la próxima revisión arancelaria, sobre las bases que en el articulado se citan, en relación con las del año 1906; las modificaciones de derechos de diferentes partidas del Arancel vigente hasta el establecimiento del próximo y la revisión de los arbitrios a los puertos francos de Canarias en la forma más conveniente al interés nacional.

Respecto del primero de dichos conceptos, se convoca la iniciación de la reforma de los Aranceles para el 1.º de octubre próximo, una vez estén ultimadas las valoraciones oficiales para 1926.

La Sección de Aranceles del Consejo de la Economía Nacional formuló en su tiempo una moción, por la cual se manifestaba la conveniencia de no realizar la expresada reforma hasta que dichos valores para 1926 estuviesen formados, toda vez que, incluido el coste nacional en las debidas relaciones con el valor extranjero para establecer los valores arancelarios, base de los derechos y con arreglo a las normas del nuevo régimen establecido por Real decreto de 12 de enero de 1925, era necesario reunir un trienio de valoración sobre la base de esta reforma, que se aplicó por primera vez en la valoración fijada para el año 1924.

Se establece la denominación de tarifas general y convencional para las actualmente llamadas primera y segunda, por ser aquellos nombres más apropiados y expresivos a su debida aplicación.

La tarifa convencional será la equivalente a la actualmente llamada segunda, y se formará con sujeción a las normas establecidas en la base 4.ª de la ley de 20 de marzo de 1906, salvo lo referente a las prescripciones de los apartados A) B) y C), que deberán sujetarse a un oportuno régimen protector cuando se trate de productos similares a los de producción nacional. Esta tarifa debe considerarse como mínima e inalterable, a menos de que, con carácter general y en casos marcadamente excepcionales, interese su modificación por acuerdo del Gobierno en Consejo; y no podrá aplicarse a ningún país sin el previo establecimiento del correspondiente Tratado o acuerdo comercial.

Determinadas primeras materias, productos intermedios y maquinaria que no se produzca en España, y cuya importación deba facilitarse en beneficio del país, podrá ser objeto de un derecho reducido, incluso la propia franquicia, generalizando de este modo, en bien de los intereses públicos, el precepto del Real decreto de auxilios industriales de 1924, que estableció este régimen mediante determinadas condiciones.

En el Arancel de exportación, tarifa de procedencias indirectas y tarifa de derechos de regalía para tabacos elaborados, se establecerán las dos tarifas, general y convencional, para sus debidas aplicaciones en su relación comercial con los demás países, ya que no existen razón ni fundamento alguno para que establecida la correspondiente diferencia de orígenes en el Arancel de importación, no se realice igual método de trato arancelario en el de exportación y en las tarifas mencionadas.

Las modificaciones de derechos que el Gobierno de V. M. propone en el proyecto adjunto se fundan en dos razones especiales, como son: las competencias industriales y mercantiles que amenazan gravemente el trabajo normal que España necesita para su sostenimiento y nivelación económica, como expresaba el preámbulo del Real decreto de 9 de julio de 1926, y también determinadas concesiones generales para la importación extranjera, naturalmente consiguientes a la revisión de los Tratados comerciales, transformando los derechos consolidados en el trato de la nación más favorecida.

Se elevan los derechos de la partida núm. 189, referente a pieles curtidas y adobadas, para la que se establece el que corresponde a una relación de valores con las demás partidas análogas, cuyos derechos son de 4,20, 4,50 y 6 pesetas, en tanto que dicha partida tiene el de 2 pesetas; se subdivide la partida 637, comprensiva de los acumuladores hasta 50 kilogramos, estableciendo una partida 637 bis para los que pesen por elemento menos de 25 kilogramos, en atención a la gran diferencia de valor y consiguiente competencia comercial entre los acumuladores de escaso peso y los de otro mucho más crecido y de muy diversa aplicación, y se modifican los derechos de las partidas 890 y 891, referentes a superfosfatos de cal y escorias de desfosforación, para cuyos productos el actual derecho de 22 céntimos por 100 kilogramos es grandemente inadecuado el fomento de la producción nacional de tan importantes