El Progreso agrícola y pecuario (1927-05-15 00:00:00), página 10

oritura pública, cuya inscripción en el Registro de la Propiedad correrá a cargo del colono, y en todas las escrituras se estipulará el pago en diez plazos anuales, de los cuales el importe del primero deberá ser satisfecho al otorgarse la escritura o antes; el derecho del colono a adelantar el importe de los plazos cuando le convenga, por anualidades enteras; la obligación de pagar intereses a razón del 5 por 100 anual por las cantidades que adeude, y la constitución de hipoteca de la parcela para responder de todo lo que adeude por principal e intereses hasta su total pago, en cuyo momento será cancelada la hipoteca.

Art. 9.º La Comisión pasará a la Delegación de Hacienda de Las Palmas un estado en el que figure el nombre de cada colono; el de la parcela o parcelas que venía cultivando y se le asignen en propiedad, así como los edificios que venía ocupando; la extensión y calidad de cada parcela, sus linderos; la cantidad en pesetas de que cada parcela responda al Estado, y la cantidad que por cada una se ha de pagar cada año hasta la extinción de la deuda.

La Delegación de Hacienda hará el cobro por medio de recibos talonarios que entregará al recaudador de la Contribución territorial, y únicamente en el caso de que los interesados deseen pagar uno o más plazos adelantados o bien todo de una vez, procederá, a petición de los mismos, a admitir las cantidades correspondientes y entregárselas directamente los recibos o cartas de pago. Hechos todos los pagos correspondientes a cada parcela, se otorgará a favor del colono interesado la correspondiente escritura de cancelación de hipoteca. Las cantidades que recaude la Delegación de Hacienda con arreglo a lo previsto en este artículo serán abonadas al Servicio de Acción Social Agraria en concepto del anticipo hecho, conforme a los artículos 2.º y 6.º de este decreto-ley.

Art. 10. La Comisión ejecutora cuidará especialmente de estatuir el régimen a que ha de ajustarse el uso y disfrute de las aguas corrientes utilizadas para el riego en la aldea de San Nicolás, la propiedad de las cuales irá unida a la de la tierra, siendo obligatoria la constitución de un Sindicato de regantes entre todos los interesados.

Art. 11. El presente decreto-ley regirá desde su publicación en la Gaceta de Madrid, quedando derogados exclusivamente, en cuanto a los efectos del mismo, cuantos preceptos se opongan al establecimiento y cumplimiento de lo por él estatuido; y de su ejecución quedará encargada la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual podrá delegar tal facultad en otros Ministerios, según la índole de la actuación de que se trate. Tanto la Presidencia como el Ministerio delegado, en su caso, dictarán cuantas disposiciones sean convenientes para el más exacto cumplimiento del decreto-ley y resolución de los incidentes que en tal cumplimiento puedan surgir.

Art. 12. Desde la publicación de este Real decreto hasta el otorgamiento de la escritura de adquisición por el Estado, los actuales cultivadores de tierras en la finca de que se trata seguirán disfrutando éstas tranquilamente, quedando en suspensión todos los procedimientos ejecutivos de apremios, lanzamientos y de cualquier otra clase.

Los cultivadores o poseedores de tierras que fueron desahuciados o lanzados después de inscribir la finca a su favor los actuales dueños, podrán volver, si lo solicitan de la Comisión ejecutora, a las tierras que poseían o cultivaban, siempre que éstas no estén actualmente posesionadas o cultivadas por otras personas ajenas a los actuales dueños. Si las tierras estuvieran cultivadas o poseídas por otras personas, tendrán los lanzados o desahuciados que esperar la resolución de la Comisión después de adquirida la finca por el Estado.

Dado en Palacio a quince de marzo de mil novecientos veintisiete.—Atanasio.—El presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

Los transportes agrícolas.

La carestía de mulas, carros y atalajes ha forzado a muchos agricultores a emplear camionetas, que por 4.000 pesetas suplen con ventaja al vehículo de tracción animal, que convenientemente equipado cuesta más del doble.

El Real decreto de Hacienda, inserto en la Gaceta de 4 de este mes, exigiendo el pago de 515 pesetas por tonelada a todo carrojaje mecánico dedicado al transporte, obligará a vender las infinitas camionetas empleadas por los agricultores que con este impuesto no pueden usarse, y a cambiarlas por carros, mulas y guarniciones, con el trastorno consiguiente.

Tengo la seguridad de que el Gobierno reflexionará sobre tan grave asunto, exceptuando los carrojajes agrícolas, sean de sangre o mecánicos, de todo arbitrio o contribución; si no, se dará la injusticia de que una camioneta Citroën de diez caballos, empleada en transportar productos del campo, circulando por las calles intransitables de nuestros pueblos y las pésimas carreteras que los circundan, pague 515 pesetas, y el auto del mismo motor y fuerza en que se luce la Sra. Charlésón por los magníficos paseo de la capital y las alquitranadas carreteras de sus alrededores, tenga 330 pesetas por todo gasto contributivo.

No quiero comentar el que como consecuencia de todo esto escasearán y subirán más las mulas; ni que en lugar de dar a Francia y Norteamérica, por traer estos animales, 15 millones de pesetas, serán 17 ó 20 los que entreguemos, con mayor perjuicio de nuestra economía; ni he de hablar del mayor deterioro de nuestras carreteras, con el aumento de los carros y disminución de vehículos mecánicos; ni tampoco, finalmente, de lo que éste hecho dice en contra del progreso de nuestra Nación.

Un agricultor.

En otro lugar de ese número publicamos la parte esencial del Real decreto de Hacienda a que nuestro comunicante se refiere, al que nosotros no damos el alcance que «Un agricultor», y confiamos en que tampoco se lo dé el Fisco. Claro es que de esto último no se puede tener seguridad nunca, ya que en materia fiscal es un axioma aquello de