El Progreso agrícola y pecuario (1927-10-15 00:00:00), página 8

ron la ayuda de su influencia en tribunales y oficinas, y de tal modo desmoralizaron a los cultivadores, a los que fueron hechos censatarios por el pacto referido, o a sus hijos, o a sus nietos, que no se volvió a pagar ni una peseta a los dueños de la nuda propiedad.

Y éstos, después de agotar durante cinco años todos los esfuerzos de amistosa avenencia que les fueron dables, llevaron el asunto al Juzgado correspondiente en julio de 1901; es decir, hace ¡veintiséis años!

Doce años tardó en dictarse sentencia, y otros dos en que la Audiencia de Burgos la confirmara favorable a los censualistas. Todas las malas artes de una política lugareña, fecunda en ardides y artimañas, obtuvo esta desplorable demora. Por fin, el Tribunal Supremo, desestimando el recurso de casación interpuesto, dejó firme y ejecutorio el fallo, que condenaba al Concejo, vecinos y terratenientes de Cihuri a que otorgaran escritura de reconocimiento del dominio directo del coto redondo del mismo, a tenor de lo que reza la escritura de 1756..., y a que paguen mancomunadamente dentro de treinta días, por cada año transcurrido desde el 1896, 549 fanegas de trigo, 416 de cebada, 1.897 reales, y otros más 259 reales. Todo esto multiplicado por veinte años. Es decir, el éxodo, la miseria, la muerte y la desesperación para quienes tal vez no tenían culpa de viejas abstenciones o la tenían muy apagada, muy atenuada, por los halagos, instigaciones y engaños de políticos sin conciencia ni decoro. ¡Ah! Pero justísimamente decidido y fallado por ante el derecho sacratísimo de aquellos dueños o sus herederos, que dieron su dinero riendo-e del Estado, que era el vendedor, y de las leyes por ese Estado dictadas sobre la propiedad y los contratos a ella relativos.

Es de añadir que, además de lo antes contado, deben pagar esos peguajeros más de 20.000 duros de costas causadas, que les fueron impuestas y que satisficieron los otros litigantes.

Naturalmente, llegado este momento águdo del conflicto, los campesinos acudieron a toda clase de tretas para rehuir la acción de la justicia. Era el instinto de conservación quien se las dictaba; tratábaise de vivir. Y entró el caso en un período cómico sublítimo, que ha dado lugar a pintorescos incidentes. Como, por ejemplo, el de colocar un vigía permanente en la torre de la iglesia, el cual, en cuanto ve que se acerca al pueblo alguna persona o carruaje desconocido que pueda traer comisión judicial, toca las campanas, y los que están en el lugar cierran las puertas a piedra y lodo, y los que se hallan en el campo no regresan a sus casas sino después de anochecido; y la aldea, muda, muerta, hermética a la acción del Juzgado correspondiente, que no puede ser el municipal, rehuye e imposibilita toda notificación, sin la cual la sentencia no puede ser cumplimentada. Defienden su existencia; los otros, los demandantes, defienden la justicia y la razón. ¿Quién es primero, la vida o la justicia? ¿Cuál interesa más a la sociedad, el derecho vivo o un pueblo que puede perecer?

Pues bien: ésta es la que llamamos ocasión oportuna de intervención del Estado, de ese Estado que causa tal situación jurídica, de tal Estado que fué vendedor y debe responder de su venta, de un Estado que tiene la obligación de imponer el respeto al derecho y el cumplimiento de los fallos firmes de los Tribunales de justicia.

¿Y qué pedimos? ¿Fuerza? ¿Violencia? ¿Qué pedimos? ¿Que tire el dinero de la nación para cegar esa laguna lamentable y cuantiosa?

No; pedimos que en este caso y en otros como éste, la Dirección general de Acción Social cubra esas funciones para las que fué principalmente creada, y solucione el conflicto sin malbaratar los bienes comunales, antes bien, dándoles acertada y segura inversión con renta decorosa.

Este organismo viene dando dinero por los fondos que compra a sus dueños, recogiendo antes el 20 por 100 del valor de lo comprado, que habrán de abonar los labradores que van a poseerlo. Luego fija unas cantidades anuales de interés y amortización a largo plazo. Las fincas adquiridas por la Dirección de Acción Social responden sobradamente de las sumas por ella invertidas, ya que importan no más que el 80 por 100 de lo que vale la garantía. Y así, bien colocado el dinero y asegurada su devolución, hace un buen negocio para el Erario público.

Pero, sobre todo, da solución práctica a estos conflictos entre el derecho y la vida, entre la justicia y la Humanidad.

¡Ah! Y que en casos parecidos lo haga el Estado con la industria nos parecerá muy bien.

Nosotros, como los labriegos, sólo pedimos igualdad.

Adao.

Sobre alimentación animal.

La clase, cantidad, calidad y precio de adquisición o de producción del combustible (productos vegetales) necesario para el funcionamiento normal de la máquina viva es, indiscutiblemente, en la industria pecuaria la base sólida en que ha de cimentarse el éxito de toda explotación.

El contar con suficientes alimentos sanos, nutritivos, económicos, a propósito para satisfacer plenamente las necesidades fisiológicas de los animales, en perfecta armonía con las particulares exigencias del medio, raza, función económica a explotar, etc., es alejar, es impedir, hasta cierto punto, el que se sucedan fracasos; impedir no es, sin embargo, hacer imposible el que ocurran, que éstos se provocan, que éstos llegan— aun cuando la despensa de los animales, los graneros, los pajares o el henil se encuentren bien repletos— siempre que en el sistema y régimen de explotación seguidos no desarrolle cierta inteligencia y les proporcione determinados cuidados el hombre, a cuyo absoluto mandato, por lo que respecta a determinadas funciones, están por completo sometidos.

Magníficas fincas, excelentes ganados, rinden escasos beneficios o nulos, por una razón muy sencilla que pa-