El Progreso agrícola y pecuario (1927-01-31 00:00:00), página 9

Se reorganizan los Pósitos y los servicios de Colonización.

(Continuación) (1)

Art. 3° La Presidencia de cada Patronato provincial de Acción Social Agraria se ejercerá por el presidente en funciones de la Diputación provincial respectiva, pudiendo integrar dicho organismo vocales que sean titulares de los cargos o que ostenten las representaciones que signen:
Comisario regio de Fomento.
Jefes de los Servicios provinciales agronómico, forestal, catastro de Rústica y Estadística.
Delegado de Hacienda.
Inspector de Emigración (si lo hubiere).
Un representante de las Cámaras oficiales agrícolas.
Un representante del Sindicato agrícola que tenga dentro de la provincia el mayor número de socios.
Un representante de la Junta provincial de la Asociación general de ganaderos del Reino.
Un representante de Monte de Piedad (si éste se dedica a operaciones de crédito que no sean exclusivamente pignoráticas).
El inspector regional o provincial del Trabajo.
El delegado regional de Trabajo.
Un representante de los Pósitos de la provincia, nombrado por la Dirección general de Acción Social Agraria.
Un ingeniero de Colonización (si lo hubiera), nombrado también por la Dirección general de Acción Social Agraria.
Un propietario de finca agrícola que la explote directamente.
Un arrendatario de finca o fincas rústicas que las cultive por sí mismo.
Un obrero agrícola.
Los vocales natos de la Junta que sean jefes de servicios provinciales podrán delegar su representación en funcionarios de excelente conceptuación dentro de los respectivos servicios y para los vocales representantes se designarán suplentes.
Al servicio del Patronato provincial estará adscrito un funcionario de la Dirección general de Acción Social Agraria especialmente designado por ésta, que ejercerá las funciones de secretario de aquél, con voz pero sin voto.
Dicho funcionario, con el presidente y el vicepresidente, cuyo nombramiento recaerá en el ingeniero que designe la Dirección general de Acción Social Agraria, entre los que formen parte del Patronato, constituirán la Delegación permanente de éste.
La Dirección general de Acción Social Agraria dispondrá, en cada caso, cuándo y cómo hayan de constituirse estas Juntas.
Art. 4° A los Patronatos provinciales de Acción Social Agraria corresponderá, en calidad de delegado, la inmediata inspección de los Patronatos locales y de todos los Pósitos existentes en la provincia respectiva, debiendo informar a la Dirección general en aquellos asuntos en que ésta requiera su parecer respecto de los Pósitos de la demarcación, sin perjuicio de las demás facultades que en virtud de disposiciones posteriores se les asignen.
Intervendrán, además, en la labor social que lleve aparejada la obra colonizadora, e informarán o asesorarán a la Dirección general en cuantas propuestas y proyectos se estudien, formulen y desarrollen en esa materia, así como en la social agraria que está encomendada al expresado Centro.
Asimismo ejercerán cerca de los colonos y de sus Cooperativas y en las demás Asociaciones de mutuo auxilio que aquéllos puedan constituir, las funciones de protectorado y tutela que la Dirección general del ramo les encomiende o delegue.
Art. 5° Las Diputaciones provinciales facilitarán a los respectivos Patronatos provinciales de Acción Social Agraria locales en los que puedan celebrar sus reuniones y establecer los servicios de Secretaría técnica y administrativa.

(Continuado.)

La crisis de los remolacheros de Aragón, Navarra y Rioja.

Es verdaderamente negro el porvenir que ha planteado a los cultivadores de remolacha la total unión de las empresas azucareras, las que al tener, como consecuencia natural, muchas economías en el negocio, parece aguardaban el momento propicio para ensañarse con nosotros, que esperábamos recibir parte del beneficio por ellas obtenido.
La actual campaña de recepción se desarrolla con abusos que no puede soportar más que una clase social como la nuestra; se hacen descuentos ilegales; cierres de recepción a capricho, y el pago se verifica con cuarenta días después de recibir el product, ocasionando apuros, que ponen al labrador en el caso de no poder pagar los artículos de primera necesidad.
En la campaña de 1924-25 pagaron hasta 112 pesetas la tonelada, en la de 1925-26 a 85 y en la actual a 75.
Y en la próxima han puesto un precio de 65 pesetas la tonelada, que es tan ruinoso que aun los profanos verán claramente lo difícil que es hacer producir a la tierra en la actualidad mil kilos de un producto agrícola de cultivo intensivo, por 65 pesetas.
Se da el caso de que las azucareras tienen contratado el cupo que ofrecieron para la campaña próxima, que dicen es de unas 44 000 hectáreas; pero sabrán esos señores que se han contratado a requerimiento de la Directiva remolachera en Zaragoza, la que no sabemos por qué motivo dio la orden de contratar, diciendo que después se conseguirán mejoras.
Como de no mejorar las condiciones no se pondrán las hectáreas contratadas, ni la mitad, habrá que ver a quién le conviene que se importe el azúcar que falte.
Las azucareras pidieron y emplearon el concurso nuestro para poder no se trajera azúcar de fuera, siendo ellos los únicos beneficiados de la protección del Gobierno, ya que el consumidor paga el azúcar como en años anteriores, y a nosotros nos aplica precios en baja anual, sin consultar con nadie.
El labrador confía únicamente en la tutela del Gobierno en este pleito, y especialmente en su ilustre pre-

(1) Véase el número anterior.