El Progreso agrícola y pecuario (1926-11-22 00:00:00), página 7

Redención de gravámenes jurídicos.

Reglamento para la aplicación del decreto-ley de 25 junio de 1926 sobre redención de foros.

Artículo 1.º Podrán ejercitar las acciones de redención:
Los pagadores que tengan capacidad para adquirir y obligarse y, si fueren menores o incapacitados, sus representantes legales.
Las mujeres casadas necesitarán licencia del marido:
En los casos de separación legal, judicial o convenida, ausencia del marido o incapacidad o imposibilidad del mismo podrá el Tribunal especial conceder la habilitación necesaria.
La ausencia deberá ser fuera de España de más de dos años antes de la publicación de este reglamento y acreditada por información de dos testigos, mayores de edad, que reúnan las circunstancias exigidas en el artículo 25, párrafo segundo de este reglamento.
Art. 2.º También estará autorizado para solicitar la redención el usufructuario del dominio útil. De su pretensión se dará cuenta al nudo propietario, si fuese conocido. Si el nudo propietario no se opusiere a la redención o no hubiera podido ser citado, el usufructuario que redimiere tendrá el derecho de reintegro y de retención del art. 522 del Código civil.
Si la redención se hace por el nudo propietario, éste tendrá derecho a reclamar del usufructuario la pensión foral mientras el usufructo subsista y como carga real del mismo.
Art. 3.º Los pagadores que estuviesen obligados a reservar los bienes aforados, por virtud de los artículos 811, 968, 969 y 980 del Código civil, tendrán, en orden a la redención, iguales facultades que los usufructuarios, pero sin que sea necesario dar intervención en el expediente o convenio a los reservatarios o personas favorecidas por la reserva.
Art. 4.º Por regla general, al perceptor de rentas que haya de otorgar la redención o comparecer en juicio a tales efectos, se exigirá la capacidad civil bastante para enajenar bienes inmuebles.
Si fuere menor sometido a patria potestad, podrá ser representado por el padre o madre, sin necesitar la autorización judicial del art. 164 del Código civil.
Si estuviese sujeto a tutela y por cualquier causa careciese de representación, podrá el Tribunal, a petición de parte interesada, designar una persona que le represente, sin perjuicio de que se proceda lo antes posible a la constitución del organismo tutelar.
Art. 5º Si el perceptor fuere mujer casada, serán aplicables las disposiciones señaladas en el art. 1.º para los pagadores.
Art. 6.º Siempre que por virtud de lo preceptuado en los artículos anteriores hubiese percibido el precio de redención una persona a quien, según el estricto Derecho civil, no correspondiera dicha facultad, proveerá el Tribunal al depósito de las cantidades satisfechas o a la adopción de las garantías que estime necesarias.
Art. 7.º Las palabras forista o aforante, empleadas en esta reglamentación, se refiere al perceptor de la renta o dueño del dominio directo, y las palabras forero, foratario o llevador equivalen a las de pagador o dueño del dominio útil.
Art. 8.º Siempre que en el decreto-ley o en este reglamento se hable de renta o pensión, se entenderá por ello el canon anual o la suma de las prestaciones que deban ser satisfechas dentro de un año.
Art. 9.º Para capitalizar la pensión, cuando la contribución territorial fuese de cargo del forista o dueño del dominio directo, el Tribunal especial, atendiendo al gravamen contributivo, al valor de la finca y a la pensión anual, determinará la cantidad en que ésta haya de ser aumentada.
Art. 10. Los foreros que, de conformidad con la regla 5.ª del art. 3.º, deban pagar un recargo sobre el tipo respectivo de capitalización, deberán redimir a razón de 100 de capital por 4 de renta, en el caso de la regla 1.ª; a razón de 100 de capital por 5 de renta, en el supuesto de la regla 2.ª, y a razón de 100 de capital por 6 de renta, en los demás casos.
Art. 11. En el supuesto de que la pensión consista en una parte alicuota de los frutos, el Tribunal especial, teniendo en cuenta los rendimientos de la finca en los dos quinquenios establecidos en el art. 4.º del decreto-ley, las cantidades abonadas, el cultivo de las fincas y demás circunstancias del caso, fijará la medida y calidad de las especies y su valoración, en la forma establecida en este reglamento.
Art. 12. Cuando no existiere acuerdo entre perceptor y pagador para la reducción a metálico de las rentas forales, a que se refiere el art. 4.º del Real decreto-ley, el Tribunal acudirá a la Comisión provincial, a fin de que le proporcione los datos necesarios. A este efecto, los presidentes de las Audiencias territoriales respectivas, de acuerdo con el gobernador, cuidarán de que en el plazo máximo de treinta días, a contar desde la publicación de este reglamento, se constituya en cada una de las provincias de su territorio la Comisión encargada de hacer la valoración oficial de las rentas forales que lo exijan.
Presidirá dicha Comisión el ingeniero-jefe del Servicio agronómico.
Los representantes de las Asociaciones de perceptores y pagadores, que deberán formar parte de ella, serán propuestos por las Asociaciones respectivas, debidamente inscritas antes de 1.º de junio último, por conducto del gobernador civil. Si esas Asociaciones fueran varias en la provincia, sus Juntas directivas se reunirán, presididas por un delegado de dicho gobernador, para elegir, mediante votación por mayoría absoluta, un solo representante de la de perceptores y otro de la de pagadores.
Art. 13. En cuanto se constituya la Comisión, reclamará de cada uno de los Ayuntamientos de las provincias las valoraciones de todas las especies locales o regionales susceptibles de peso y medida que se hayan registrado en los dos quinquenios de 1909 a 1913 y de 1921 a 1925. Presidirá de las dos anualidades en que cada especie hubiera tenido el precio más alto y el más bajo, dentro de esos diez años, y obtendrá el precio medio de las ocho restantes anualidades, el cual proporcionará, cuando le sea reclamado, al Tribunal especial dentro de cuyo territorio esté enclavado el Ayuntamiento respectivo.