El Progreso agrícola y pecuario (1926-11-07 00:00:00), página 5

certado, aparte de que de ese modo también se incrementarán sus ingresos fiscales. A todos, asimismo, interesará evitar el fraude a los viticultores, porque el fraude en la calidad es el mayor enemigo del vino puro; a los Ayuntamientos, porque un mayor fraude menos consumo, y, por ende, menos rendimiento fiscal y acaso peligro de no llenar el cupo. Así, pues, Ayuntamientos y viticultores podrán laborar en una plena comunidad de fines, defendiendo sus respectivos intereses.

Estima el Ministro que suscribe que con esta fórmula se resuelve en gran parte el problema planteado a las Haciendas locales, sin dañar otros respetabilísimos intereses, y, por ende, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el alto honor de elevar a la sanción de V. M. el siguiente proyecto de decreto-ley.

Madrid, 13 de octubre de 1926.—Señor: A L. R P. de V. M., José Calvo Sotelo.

REAL DISCRETO-LEY

A propuesta del ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los Ayuntamientos de régimen común que en su presupuesto de ingresos de 1925 26 hayan gravado el consumo de vinos con tipo no inferior a 5 pesetas por hectolitro, podrán elevar dicho tipo hasta el límite de 10 pesetas hectolitro, siempre que garanticen en el término municipal un consumo mínimo anual igual o superior al cupo que a estos efectos se señale.

Los Ayuntamientos de régimen común que en el último quinquenio no hayan percibido arbitrio alguno sobre el consumo de vinos, o lo hayan percibido con sujeción a tipo de gravamen que no exceda de 5 pesetas hectolitro, se ajustarán a lo dispuesto en el art. 35 del decreto-ley de 29 de abril último.

Art. 2.º Las Diputaciones provinciales de régimen común a que se refiere el párrafo sexto del art. 35 del decreto-ley de 29 de abril próximo pasado, podrán gravar el consumo de vinos con un arbitrio hasta de 10 pesetas por hectolitro, siempre que garanticen en el territorio de la provincia un consumo mínimo anual igual o superior al cupo que a estos efectos se señale.

Las restantes Diputaciones de régimen común se atenderán a lo prevenido en el párrafo quinto del artículo antes mencionado.

Art. 3.º Los cupos de consumo mínimo anual de vinos en un término provincial o municipal serán señalados, a los efectos del presente decreto-ley, por el Ministerio de Hacienda, mediante Real orden acordada en Consejo de Ministros, y a propuesta de una Comisión que se integrará con el director general de Rentas públicas, como presidente; cuatro vocales, que designará la Confederación nacional de Viticultores, dos que nombrará la Unión Española de Municipios, otro en representación de la Dirección general de Abastos y un funcionario del Ministerio de Hacienda, que actuará como secretario.

Para acordar sus propuestas, la Comisión tendrá en cuenta, aparte los datos que estime oportunos, los siguientes:

a) El censo de población de hecho que acusan el municipio o la provincia en el último año;
b) La importancia de la producción media anual de vino, según datos del último quinquenio, en el municipio o la provincia;
c) La distancia a que se hallen el municipio o la provincia respecto a las comarcas vinícolas de que usualmente se provean aquél o aquéllas, y el coste e índole de los transportes utilizados;
d) El promedio anual de consumo de vino registrado en el municipio o la provincia durante el trienio anterior;
e) Los coeficientes normales de consumo por persona en el municipio o la provincia;
f) Los precios medios por unidad, según clase.

Art. 4.º En principio, los cupos no podrán nunca ser inferiores al promedio de consumo anual a que se refiere el apartado d) del artículo anterior.

Trienalmente se revisarán de oficio todos los cupos, y antes de este plazo serán también revisables a petición de los representantes de la clase viticultora o de los de la Unión Española de Municipios.

Art. 5.º La Comisión tendrá amplias facultades para inspeccionar los aforos, controlar el consumo y denunciar el fraude en los municipios o provincias que hayan convenido un cupo. A este fin, las Autoridades técnicas y administrativas de todo orden, prestarán los auxiliares precisos tanto a la Comisión como a cualquiera de sus vocales, cuando aquélla delegue en uno o varios de éstos el cumplimiento de sus funciones.

Art. 6.º Los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de régimen común a quienes se haya autorizado la elevación del gravamen sobre los vinos a 10 pesetas por hectolitro, tendrán obligación de justificar, en la forma que se determine, que el consumo de vinos en el término municipal o provincial, respectivamente, cubre el cupo señalado. Si el consumo fuese inferior al cupo, quedará ipso facto caducada y sin valor legal aquélla autorización.

Art. 7.º Las disposiciones de este decreto-ley serán aplicables a las Provincias Vascongadas, salvo en cuanto al tipo de gravamen, que se acomodará a lo que disponga el régimen de concierto económico que se halle en vigor.

Art. 8.º Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones oportunas para aplicar el presente decreto-ley, que deroga cuantas se opongan a lo prevenido en él.

Dado en Palacio a trece de octubre de mil novecientos veintiséis.—Alfonso —El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.

Propaganda internacional a favor de los abonos azados.

Los días 27 y 28 de abril último, se celebró en Biarritz una conferencia internacional para discutir ciertas cuestiones referentes a la propaganda a favor de los abonos azados. Diez naciones estaban representadas en dicha conferencia: Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Indias holandesas, Noruega y Suecia.

Biarritz fue elegido como punto de reunión por los organizadores ingleses y alemanes, en atención a su clima privilegiado, propio para atraer a los delegados de las naciones de Europa septentrional.