El Progreso agrícola y pecuario (1926-11-30 00:00:00), página 7

Art. 28. El presidente y vocales permanentes del Tribunal podrán excusarse cuando concueren en ellos algunas de las causas de recusación consignadas en los números 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º del art. 189 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Las partes podrán recurso, si ellos no se excusaren, cuando estimen que se hallan comprendidas en algunas de dichas siete causas; pero serán requisitos indispensables para tramitar la recusación: primero, que el que la proponga lo haga en el primer escrito o comparecencia al Tribunal, y segundo, que consigne en la mesa del Juzgado, en metálico, la cantidad de 250 pesetas. En el caso de ser negada en firme la recusación, se invertirá inmediatamente esta cantidad en papel de pagos al Estado, con independencia de las demás costas, y si se declarase haber lugar a la recusación, se le devolverá dicha cantidad en el acto al recurrente.

Art. 29. La recusación que reúna dichos requisitos se tramitará previamente, con suspensión del procedimiento principal, en la siguiente forma:

Si el recusado fuere el presidente, conocerá de la recusación el juez de primera instancia limítrofe, designado por el presidente de la Audiencia territorial. Si fuere uno de los vocales permanentes o los dos, conocerá de ella el mismo juez de primera instancia ante quien se tramite la demanda principal.

Art. 30. La recusación se tramitará por los artículos 221 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, con apelación ante la Audiencia territorial e intervención del Ministerio fiscal.

El juez y la Audiencia que conozcan de ella seguirán la tramitación, sin pérdida de fecha, día por día, siendo corregido disciplinariamente el funcionario que diere lugar al más leve retraso no justificado plenamente.

Al día siguiente de recaída la sentencia firme en el incidente de recusación continuará la tramitación de la demanda principal.

Art. 31. La demanda principal se interpondrá en la forma prescrita en el art. 720 de la ley de Enjuiciamiento civil; pero adicionada con la relación de las pruebas que se posean. Se acompañarán todas las pruebas susceptibles de ello, con sus copias, y las demás se ofrecerán indicando con la exactitud posible su naturaleza y los sitios en que se encuentren. Si se ofrece prueba testifical, se acompañarán los nombres, profesión y vecindad de los testigos.

Art. 32. El emplazamiento del demandado se hará en la forma prevista por los artículos 721 y siguientes de dicha ley Procesal. A ella se acudirá también para citar a los vocales del Tribunal, testigos y peritos.

Art. 33. Cuando los demandantes o los demandados, siendo varios, ejercitarán la misma acción con respecto a una pensión ferial o se defendieran de ella por el mismo concepto, habrán de litigar unidos, teniendo en cuenta el Tribunal las especialidades provenientes de cualquiera de ellos que merezcan la pena de ser consignadas.

Art. 34. La primera comparecencia será para oír la contestación del demandado, en la que propondrá, en la misma forma exigida al demandante, todas las pruebas de que intente valerse. En dicha comparecencia el Tribunal examinará todas las propuestas por ambas partes, aceptándolas o rechazándolas de plano y sin ulterior recurso, y teniendo en cuenta su naturaleza y circunstancias señalará las sucesivas comparecencias en que hayan de practicarse.

El plazo máximo hasta la última comparecencia será de veinte días improrrogables.

Las pruebas podrán ser las consignadas en los artículos 576 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 35. En cualquier momento del período de prueba y antes de la sentencia podrá el Tribunal, para mejor proveer, acordar la práctica de cualquiera de las señaladas en dicho art. 578 que no hubiera propuesto ninguna de las partes.

Art. 36. La sentencia, que ha de resolver todas las cuestiones planteadas en el juicio, se dictará en el plazo improrrogable de cinco días, a contar desde la última comparecencia.

Se entenderán comprendidos en el art. 11 del decreto-ley todos los expedientes, juicios y tramitaciones que tengan por objeto resolver las pretensiones de foristas y foreros sobre las cuestiones a que se refiere el art. 10.

Art. 37. El presidente acordará por sí todas las diligencias de trámite encaminadas a poner el juicio en condiciones de celebrarse las comparecencias, y será responsable de cuantas dilaciones injustificadas se observen en la tramitación, y lo mismo el secretario, a no ser que haga constar por diligencia auténtica haber dado cuenta oportunamente.

Art. 38. El presidente del Tribunal queda facultado para señalar las horas en que éste ha de actuar, haciéndolas compatibles cuanto sea posible con las necesidades del despacho ordinario del Juzgado y con las atenciones oficiales de los dos vocales permanentes. La misma facultad tendrá para, en caso de urgencia, habilitar días festivos en las actuaciones, dando cuenta de esto al presidente de la Audiencia territorial.

Art. 39. Las resoluciones del Tribunal especial cuando no haya avención deberán revestir las formas exigidas a las sentencias en el art. 332 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Los actos de avención deberán contener las circunstancias expresadas en los artículos 9.º de la ley Hipotecaria y 61 de su reglamento.

Art. 30. Los registradores de la Propiedad podrán calificar los documentos y resoluciones en que intervengan por razón de vocales del Tribunal.

Art. 41. La inscripción de las redenciones de foros, subforos y demás derechos de naturaleza análoga en el Registro de la Propiedad se hará en virtud de los convenios otorgados por preceptores y pagadores o de la sentencia dictada por el Tribunal especial competente.

Art. 42. En el caso de acuerdo deberá éste constar en documento auténtico con expresión de las circunstancias contenidas en el art. 9.º de la ley Hipotecaria y 61 de su reglamento.

Se considerarán a este efecto documentos auténticos, no solamente los admitidos en el art. 3.º de la ley Hipotecaria, sino también los documentos privados que, según el art. 1.227 del Código civil, hagan prueba contra tercero en cuanto a una fecha anterior a 1.º de enero de 1926.

Art. 43. Serán también inscritos los documentos privados otorgados por preceptores y pagadores, siempre que estuviesen firmados por los interesados y que por