El Progreso agrícola y pecuario (1926-11-22 00:00:00), página 6

esta capital 500 bueyes, procedentes de Yugoslavia, para ser consumidos en Barcelona. Según denuncia, muchos de dichos bueyes están atacados de peste bovina, y la autoridad correspondiente ha dispuesto que sean muertos inmediatamente e inutilizada su carne, procediéndose al aislamiento de los no atacados.

Estos son los bueyes que el señor barón de Abella importa, con el apoyo moral del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, para fomentar la ganadería española.

Tenemos que rectificar el telegrama, para decir que no se trata de una denuncia, sino de que, por ser la peste bovina el azote más terrible de esta ganadería y estar todos los países en guardia para evitar su propagación, ha sido el señor embajador de Italia en Madrid, quien —por haber tocado en Palermo el barco que ha traído a España el ganado— se apresuró a poner a nuestro Gobierno al corriente del peligro.

Y como nota final, recordaremos que Bélgica ha gastado más de 100 millones de francos en destruir su propio ganado en las regiones donde se habían presentado casos de peste bovina, para asegurarse, a toda costa, de la desaparición de tan funesta enemiga.

El Registro de arrendamientos.

EXPOSICIÓN

A pesar de las facilidades concedidas a los interesados, son muy pocos los propietarios de fincas arrendadas que han dado cumplimiento a lo que previenen el Real decreto-ley de 1.º de enero último y su reglamento sobre inscripción de contratos de arrendamiento. Esta actitud de resistencia por parte de considerable número de contribuyentes no puede ser consentida por el Poder público, que a todas las clases sociales ha de exigir el cumplimiento de sus deberes; pero si no mediase esta razón, bien poderosa, otra de evidente equidad aconsejaría también la adopción de nuevas medidas para obtener la general aplicación de aquellos preceptos legales. Los propietarios que, dando ejemplo de respeto al Derecho y de acatamiento a la ley, han inscrito sus contratos de arrendamiento, tendrán que abonar quizá en algún caso el aumento de contribución que corresponda a la renta declarada si ésta resultare superior a la que conste en los documentos de la Hacienda. Y no sería justo que sufrián las consecuencias fiscales los que han procedido disciplinadamente si al propio tiempo no se aplicasen sanciones excepcionales y análogas a los cometidos en la desobediencia.

Por los motivos expuestos, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 9 de noviembre de 1926.—Señor: A L. R. P. de V. M., José Calvo Sotelo.

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El plazo que la disposición transitoria 2.º del reglamento para el Registro de arrendamiento de 30 de marzo de 1926 concede, para que sean presentados a inscripción en dicho Registro o toma de razón en el Juzgado municipal los contratos de arriendo otorgados con posterioridad a aquella fecha y respecto de los cuales haya transcurrido o transcurra antes de 1.º de enero de 1927 el término legal para su presentación, queda ampliado, sin más prórrogas, hasta el día 31 de diciembre próximo inclusive.

Art. 2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32 del reglamento, los presidentes, Tribunales, jueces, notarios, jefes de oficinas y, en general, las autoridades de cualquier orden, estarán obligados a dar cuenta a las Delegaciones de Hacienda en las respectivas provincias de todos los contratos cuya existencia les conste, relativos a arriendo de fincas y que no hayan sido presentados, debiendo serlo, a inscripción en el Registro de arrendamientos. A todos los aludidos funcionarios o autoridades que dejen incumplido el deber que en este artículo se determina les será de aplicación lo dispuesto en el art. 79 del reglamento.

La obligación establecida en el párrafo anterior corresponderá, en especial, a los arrendatarios de contribuciones y los recaudadores de la Hacienda, quienes deberán poner en conocimiento de los delegados cuantos datos posean respecto de contratos de arrendamiento de fincas. La calificación de falta grave que en el dicho art. 79 del reglamento se consigna en cuanto a los funcionarios o autoridades dependientes del Ministerio de Hacienda, se aplicará también a los recaudadores, a los efectos del art. 25 del reglamento de 30 de junio último para la ejecución del Real decreto de 2 de marzo anterior.

Art. 3.º Tan pronto como las Delegaciones de Hacienda tengan conocimiento de los contratos de que se trata en el artículo anterior, procederán a la formación de expediente, a fin de que el registrador a quien corresponda practique de oficio la debida inscripción y de imponer las multas señaladas en el art. 76 del reglamento.

Art. 4.º A partir de 1.º de enero de 1927, siempre que se pruebe la existencia de un contrato de arriendo sujeto a inscripción, sin que ésta se haya efectuado dentro del plazo legal correspondiente, se impondrá por la Delegación de Hacienda respectiva al propietario arrendador incursión en falta, además de la penalidad que en su caso corresponda, con arreglo al capítulo VIII de dicho reglamento, un recargo de la contribución territorial del 20 por 100 de la cuota para el Tesoro por tal concepto durante un año. Si transcurrido éste no se hubiere presentado el contrato a inscripción, se aumentará aquel recargo en un 20 por 100 más de la cuota, y así sucesivamente en los años posteriores.

Dado en Palacio a nueve de noviembre de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.