El Progreso agrícola y pecuario (1926-12-22 00:00:00), página 7

lo limitado de su órbita, no constituyen ensayo definitivo, ni mucho menos. La experiencia extranjera, ofrece un ejemplo, en cambio, elocuente en las famosas instituciones de autoadministración fiscal creadas por Inglaterra y más o menos fielmente imitadas por otros países.

La administración del impuesto se encomienda a una extensa red de Juntas mixtas de funcionarios y contribuyentes. Habrá una Junta central integrada por once contribuyentes (dos banqueros, tres representantes de las Cámaras de Comercio, dos de las Agrícolas, uno de la Propiedad urbana, uno de los Colegios profesionales oficiales, uno de la Asociación de Ganaderos y otro de las Asociaciones obreras), y por funcionarios del Ministerio de Hacienda en la debida ponderación. En cada provincia habrá una Junta provincial, constituida de modo similar a la Central. Existirá una Junta de zona en cada una de éstas, y, finalmente, tan sólo a los efectos de la tercera categoría de rentas habrá en cada municipio una Junta municipal del impuesto. El contribuyente aportará a las Juntas su conocimiento de las realidades locales, y puesto en contacto con la Administración podrá surgir entre ésta ya que la mutua confianza precisa para un buen régimen fiscal. Las Juntas tendrán amplias facultades, aunque sin llegar al arbitrio ilimitado de que tan fácilmente puede abusar, en otras legislaciones, el agente de la Administración. En efecto, la actuación de las Juntas, al fijar las bases imponibles, hállese sujeta a una serie de normas sucesivas. Han de oír al interesado, ajustarse a las reglas de evaluación que dicte la ley, aplicar estrictamente los coeficientes que en su caso se señalan y aprobar, a falta de otros datos, los indicios, según proporción establecida de antemano. Sólo en último término, cuando el contribuyente niega su colaboración y no hay declaración ni indicios con que sustituirla, las Juntas, actuando como jurados de hecho, podrán calcular la renta presunta en conciencia, y sin sujeción a reglas, límite ni tasa.

Para determinar los beneficios agrícolas se sigue un procedimiento también genérico. Dos soluciones extremas pueden darse a este problema: calcular los beneficios reales que anualmente obtiene cada cultivador de la tierra o, por el contrario, computar como beneficio una cantidad fija en función de la renta dominical. El primer sistema, que sería el perfecto, carece de viabilidad, pues ni la mayor parte de los cultivadores contabilizan su explotación, ni aun en el supuesto de que la contabilización sería posible dar a organismos tan complejos como dispersos los datos precisos para conocer, controlar y liquidar la base tributaria que cada cultivador declare. Por ello, sin duda, las legislaciones que siguen el modelo de la inglesa optan por la segunda solución, que es la antítesis de la primera, computando como beneficio agrícola la mitad, otro tanto, el doble, el triple, hasta el cuádruple, según los casos, de la renta locativa. Aunque el sistema es recusable, porque la renta locativa, lejos de ser beneficio, es un gasto deducible al señalar la cuantía de aquél desde el punto de vista de la mecánica fiscal, en cambio, es expeditivo y de máxima sencillez.

El proyecto intenta aproximarse mucho más a la realidad y a la personalización del impuesto, partiendo de la base de considerar, como antes lo hace con los comerciantes individuales en general y con las Sociedades colectivas y comanditarias simples, que los beneficios del cultivador dependen del volumen de producción de sus tierras, con relación al cual han de guardar una determinada proporción, según clase y calidad de cultivo.

La dificultad estriba en averiguar esa proporción. El proyecto encomienda tan ardua tarea a la Junta Central y a las provinciales del impuesto. La primera señalará anualmente el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo de beneficio calculable para cada unidad de producción; y las segundas determinarán el coeficiente concreto aplicable entre dichos dos límites a la respectiva provincia. Hace falta conocer previamente el volumen de producción de las fincas pertenecientes a cada contribuyente, y al efecto, las Juntas municipales confeccionarán quinquenalmente un padrón que contenga los datos precisos. En posesión de estos dos factores —producción de la finca y coeficiente concreto de beneficio imputable a la unidad de dicha producción—la base liquidable se obtendrá multiplicando el uno por el otro, y deduciendo del producto la renta dominical, más los intereses del capital en su caso.

Por lo que hace al momento de la liquidación del tributo, ha parecido preferible seguir el ejemplo de las leyes alemanas de 1920 y 1925, liquidando el impuesto a posteriori, pero cobrándolo el mismo año en que las rentas se devengan, para lo cual se establece como base presunta, a rectificar en el momento de la liquidación, la del año anterior. No sólo es ese el único medio de que el impuesto recaiga sobre la renta verdaderamente percibida durante el año imponible (dato que no se conoce hasta que éste ha transcurrido), sino que de ese modo se da al contribuyente, caso de que la ley de Presupuestos señale nuevos tipos, un margen de tiempo suficiente para ajustar sus cálculos, ya que dichos tipos nuevos sólo han de tener efecto decisivo en la liquidación practicable el año siguiente.

La implantación de la reforma será paulatina. La supresión de las actuales contribuciones directas de producto, más el impuesto de minería y el de cédulas personales, tendrá efectividad desde el primer día de vigor de la nueva ley. La de los impuestos de transportes terrestres y fluviales, transportes marítimos y a la entrada y salida por las fronteras, y consumo de luz de gas y electricidad y carburo de calco se fraccionará en tres anualidades. El recargo de 7,50 que hoy grava sobre las cuotas de la contribución territorial urbana desaparecerá el primer año; el de 16 centésimas que pesa sobre la riqueza rústica, el segundo, y el de 16 centésimas a que también se hallan afectas las cuotas de urbana, el tercero.

El Gobierno aspira a que todos, pero muy particularmente los que puedan resultar más vivamente afectados por la reforma, la estudien con desapasionamiento