El Progreso agrícola y pecuario (1927-02-22 00:00:00), página 5

gar a que se considere vencido el préstamo y pueda reclamarse en vía ejecutiva la cantidad no amortizada.

Art. 23. El director general de Acción Social Agraria podrá visitar los Pósitos por sí o por medio de los vocales de la Junta central o del respectivo Patronato provincial de Acción Social Agraria, delegando en estos casos las facultades que estime pertinentes. También podrá encomendar la práctica de visitas de inspección a empleados del Cuerpo de Pósitos.

La Dirección general podrá recabar de los gobernadores civiles el auxilio que estime necesario, para que por medio de los delegados de estas autoridades se realicen las visitas e investigaciones que en determinados casos requiera la buena marcha o gestión de los Pósitos.

Art. 24. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales que puedan derivarse o deban exigirse por los Tribunales de Justicia a los administradores de los Pósitos cabrá deducir contra éstos responsabilidades exigibles en el terreno puramente administrativo. Estas responsabilidades serán directas cuando nazcan exclusivamente de actos u omisiones propias, y subsidiarias cuando deriven de la insolvencia de terceros, directamente responsables.

En dicha vía se exigirá a los administradores, como responsables subsidiarios y solidarios, el pago de todos los saldos que resulten incobrables en los préstamos con garantía personal. En los de garantía prenda o hipotecaria, les alcanzará responsabilidad administrativa únicamente cuando se demuestre que existió negligencia o mala fe por su parte en la apreciación de la garantía aceptada o en el cobro de las deudas vencidas. No podrá, por tanto, hacérseles responsables subsidiarios por actos sólo imputables al prestatario, que ocasionen la insolvencia total o parcial por alzamiento de la prenda o por desmerecimiento de la finca hipotecada.

Las responsabilidades de los administradores sólo podrán declararse después de ofirles en el expediente que al efecto se incoe, y de ofrecerles vista, en su caso, del de insolvencia de que aquéllas deriven; debiendo hacerse tal declaración dentro de un año, contando a partir de la fecha en que la acción administrativa pudiera ejercitarse contra ellos, sin que esta fecha sea, en ningún caso, posterior a la del vencimiento del préstamo.

Art. 25. Se autoriza a la Dirección general de Acción Social Agraria para que celebre directamente con los Ayuntamientos conciertos, por virtud de los que se declaren condonadas todas las deudas existentes a favor del Pósito respectivo de fecha anterior a 1.º de enero de 1906, comprometiéndose en cambio los Ayuntamientos a incrementar el caudal del Pósito en las cantidades, cuya cuantía, forma y garantía de pago se determina en cada caso.

Art. 26. En estos casos, y si a ello hubiere lugar, se obligarán los Ayuntamientos con quienes se concierte a satisfacer la cantidad que se convenga para indemnizar a los agentes ejecutivos el importe de los premios que tuvieran devengados, o a que pudieran tener derecho, por su intervención en los procedimientos de apremio incoados para hacer efectivas las deudas condonadas.

Art. 27. La Dirección general de Acción Social Agraria estudiará las mejoras de carácter general requeridas por las comarcas o regiones que carezcan de los medios necesarios para su progreso material y moral; propenderá cuando lo considere conveniente que se formen nuevos núcleos de población y servirá de órgano de enlace entre los distintos servicios del Estado que hayan de concurrir con su acción a la labor necesaria para lograr dichos fines. Previamente se aprobará por el Gobierno, en cada caso, el plan, presupuesto y créditos precisos para la ordenada ejecución del proyecto que se trate de realizar.

Art. 28. Se facilitará la creación del mayor número posible de pequeños propietarios; bien parcelando terrenos para adjudicar lotes a agricultores de poco o ningún patrimonio que hayan de cultivarlos por sí, o ya dando acceso a la propiedad de las tierras que laboren a los arrendatarios de ellas.

Art. 29. Además de las fincas de carácter público que la ley declara obligatoriamente colonizables, se estimará que también lo son:

a) Las fincas de propiedad particular que estén encalvadas en zonas de regadío y que no se pongan en riesgo en los términos y plazos fijados en el Real decreto del Ministerio de Fomento de 7 de octubre de 1926.

b) Las fincas adjudicadas a los Pósitos que no se considere preferible venderlas en subasta.

c) Las lagunas, marismas y terrenos pantanosos susceptibles de saneamiento, ya sean propiedad del Estado, de Corporaciones oficiales o de particulares. Antes de hacer concesiones administrativas para ese fin se oirá a la Dirección general de Acción Social Agraria, por si afectaran a terrenos apropiados para la actuación colonizadora de aquélla.

Art. 30. La Dirección general de Acción Social Agraria, con autorización del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria y de la Junta Central, podrá adquirir fincas de propiedad particular, que voluntariamente deseé enajenar sus dueños para destinarlas al mismo fin colonizador. Las fincas que a virtud de esta autorización se adquieran serán inscritas a nombre de aquélla en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 31. Estas fincas parceladas a los fines que expresa el art. 23, se enajenarán a favor de pequeños arrendatarios o colonos por la Dirección general, mediante precio pagado a largos plazos y siempre que aquéllos abonen de presente el 20 por 100 del valor de la venta.

Art. 32. Podrán, sin embargo, sustituir en esta obligación a los colonos, las Diputaciones, Ayuntamientos, Pósitos locales o Sociedades, Cámaras Agrícolas, Federaciones de Sindicatos y Asociaciones agrícolas legalmente constituida y de reconocida solvencia; las Corporaciones oficiales, hipotecando ingresos o rentas suficientes a garantizar el pago del 20 por 100 de referencia, y las no oficiales, mediante las garantías que la Dirección señale o admita como buenas para dicho objeto.

Art. 33. El organismo intermediario entre los colonos y la Dirección general de Acción Social Agraria podrá ser la Junta local respectiva, las entidades que hayan garantizado el 20 por 100 del precio de la venta, o una Asociación que exista o se constituya entre los colonos, con responsabilidad solidaria de todos ellos.

Art. 34. A la compra de toda finca deberán preceder