El Progreso agrícola y pecuario (1926-12-22 00:00:00), página 6

Proyecto de reforma tributaria.

La Gaceta del día 18 del corriente publica un importante proyecto de reforma tributaria que se somete a información pública hasta el 15 de febrero próximo.

Ni que decir tiene que tal proyecto afecta fundamentalmente a los intereses agrícolas.

Nosotros hemos extractado del preámbulo y de la parte dispositiva cuanto juzgamos de interés primordial para nuestros lectores, y sin tiempo para otra cosa, a continuación lo publicamos para la debida información de nuestros lectores.

Decidido el Gobierno a llevar adelante la obra, ya iniciada por el Directorio militar, de nivelar la Hacienda pública, considera imprescindible abordar la revisión y modernización del vigente régimen de tributación directa, base de aquélla, para ponerlo a la altura de las circunstancias y dotar al Estado de un potente instrumento fiscal que le permita hacer frente en lo porvenir a las necesidades de un Presupuesto, crecido, si no desproporcionadamente a la riqueza nacional, en evidente desproporción con sus fuentes ordinarias de ingresos. Nada más necesario de reforma que nuestro actual régimen de tributación directa, considerado en conjunto. Nada más arcaico y falto de sistema. Desde la época del ministro Mon, que plantó sus cimientos en 1845, hasta el presente, puede afirmarse que ninguna reforma sistemática se ha realizado en él; 1885, 1900, 1910 y otras tantas fechas señalan etapas importantes para la historia de la Hacienda española, pero sólo en cuanto a este o aquél impuesto aisladamente considerado.

El propósito actual del Gobierno no es, como el de aquellos proyectos, añadir un impuesto más a los existentes, sino—según ya se ha indicado—transformar éstos en una contribución directa única, fundirlos en el impuesto sobre la renta personal, conservando de su individualidad y su independencia solamente aquello que favorezca la construcción del nuevo impuesto y que contribuya a hacerlo técnicamente más eficaz.

Constituye alteración importante, aunque no novedad mayor, en nuestro régimen fiscal la renta clasificada en la tercera categoría, a saber: beneficios de la explotación del suelo. La contribución territorial se denominó antaño contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, y durante mucho tiempo gravitó por separado sobre la renta dominical y la colonia, determinando así la coexistencia de dos sujetos distintos de la exacción: el propietario, en cuanto a la primera; el cultivador, fuese o no persona distinta del dueño, en cuanto a la segunda. El proyecto restablece esta diferenciación, razonablemente suprimida en 1885 desde el punto de vista propio de un impuesto de productos; pero insoportable en un impuesto sobre la renta, por tratarse de rentas perfectamente desiguales, de capital la una, y mixta de capital y trabajo la otra. En consecuencia, la renta dominical se incluye en la primera de las cinco categorías, y la de explotación del suelo en la tercera, con la natural discriminación en el tipo impositivo. Realmente, el sistema actual, en que el mismo tanto por ciento se aplica a las ganancias del cultivador que a la renta del propietario, es inadmisible.

El proyecto no fija tipos de gravamen. Se limita a señalar el 10 por 100 como tipo máximo en las liquidaciones parciales; la tarifa se señalará en la ley de Presupuestos de cada año.

De este modo, un refuerzo de ingresos no exigirá la creación de nuevos tributos o la reforma de los existentes; bastará para lograrlo retocar los tipos impositivos, al margen siempre de las esencias del sistema, que se conservarán intactas. El ejemplo de Inglaterra, que ha recorrido en su Income tax todos los matices de graduación impositiva, desde 2 peniques a 6 chelines por libra, o sea del 0,83 al 30 por 100, y orillando con ese impuesto los más graves contratiempos—desde la guerra de Crimea a la europea, pasando por la surafriana—, no puede ser más elocuente.

La base del procedimiento es la declaración. No hay impuesto sobre la renta personal sin declaración, y declaración conjunta de todos los ingresos que integran aquélla. No exige, sin embargo, el proyecto en todo caso una declaración valorada. Basta con indicar las bases de la evaluación, que corre a cargo del Fisco. Pero la declaración puede faltar o ser a todas luces insuficiente, y en tal coyuntura el proyecto ordena requerir especialmente al contribuyente o invitarle a que explique sus afirmaciones. La investigación del Fisco no llega sino hasta donde el contribuyente, por su propio interés, le permite llegar. No hay inquisición. El proyecto ha tratado de evitar, en todo lo posible, que la Administración invada la esfera de lo privado. Pero si la declaración, a pesar de todo, no se produce o no se justifica; si el contribuyente se opone, activa o pasiva, mente, a la comprobación, la Administración ha de poder suplir, la falta o controlar la declaración insuficiente, y para ello se establece un sistema de promedios y presunciones legales. Esta institución de promedios y presunciones no es en modo alguno incompatible con lo que «hoy» se entiende por un impuesto «puro» sobre la renta, el cual, naturalmente, además de puro ha de ser viable en la práctica, es decir, «posible». Conviene dejar esto bien sentado, a fin de que nadie se llame a engaño.

Pero la falta de una fe absoluta en la declaración no sería congruente con una absoluta fe en el agente administrativo que ha de juzgar las declaraciones. En este particular, el Gobierno, persistiendo en los principios de estímulo y confianza en la acción ciudadana, que, enlazados con los de descentralización funcional, tanto han de contribuir a que los fines del Estado se realicen más que por éste por la sociedad misma, da un paso de osicio, confiriendo a los contribuyentes participación directa para la gestión económico-administrativa del impuesto.

Iniciaciones de esta orientación son los gremios en la contribución industrial y de comercio y los jurados de estimación en la de utilidades; pero uno y otro, por