El Progreso agrícola y pecuario (1926-10-31 00:00:00), página 5

tros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 14 de octubre de 1926.—Señor: A L. R. P. de V. M., José Calvo Sotelo.

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El período voluntario de cobranza de las contribuciones e impuestos del Estado, que según lo establecido en la base novena del art. 3.º del Real decreto de 2 de marzo último debía comenzar en cada zona el día 1.º del segundo mes de cada trimestre y terminar el día 15 del mes siguiente, comenzará en lo sucesivo en la misma fecha y terminará el día 10 del tercer mes del trimestre.

Art. 2.º Los recaudadores formarán y remitirán a las Tesorerías-Contadurías, del 11 al 20 del repetido tercer mes de cada trimestre, salvo en el caso de excepción que señala la base 14 del art. 3.º de dicho Real decreto, las relaciones de deudores a que la misma base se refiere.

Art. 3.º Las liquidaciones que han de practicarse a los recaudadores de la Hacienda y a los arrendatarios del servicio recaudatorio en los meses de enero y de julio, se verificarán, después de presentadas las cuentas a que se refieren la base 17 del Real decreto citado y el art. 36 del reglamento de 30 de junio último, con sujeción a las normas establecidas en el art. 173 de la instrucción de 26 de abril de 1900 y disposiciones modificativas y aclaratorias del mismo; pero el examen de los expedientes de apremio sólo tendrá lugar en las liquidaciones que se realicen en el mes de enero, prescinidiéndose de él en las correspondientes al mes de julio.

Dado en Palacio a catorce de octubre de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.

y demás residuos de la vinificación, prohibiéndolos hasta el momento llegue el de vino puro al precio tope de 250 pesetas. Por las distintas condiciones en que se desarrollan una y otra fabricación, los efectos de la prohibición no podían ser otros que los que ya nos está ofreciendo la realidad. Los fabricantes de industrial, producen y almacenan esperando la época de vinos caros para poder colocar su mercancía con espléndido beneficio, y las numerosísimas destilerías de residuos vinícolos cierran sus fábricas y se dan de baja en las patentes por estar privadas de capitales y depósitos como disponen las poderosas entidades del industrial.

La prohibición precisa limitarla al alcohol industrial; mas también es indispensable que, una vez llegado el precio tope del vínico, no se declare libre la venta de aquél. No cabe duda que el espíritu de la ley impone la obligación de no vender el alcohol prohibido a precio inferior de 250 pesetas, pues de poderse lanzar al mercado sin esta limitación, instantáneamente se colocarían las enormes reservas, con baja suficiente para halar al comprador, e inclusive concediendo largos plazos para el pago, acaparando así el mercado y provocando paralización y baja de los vínicos. Tampoco sería posible recurrir al sistema de limitación de cantidad por lotes mensuales, comprendiendo a las numerosísimas fábricas de alcohol vínico. Ni la limitación de precio ni la de cantidad podría llevarse a efecto sin la intervención del Estado.

La restricción de la importación de la gasolina y la creación del carburante nacional a base de bencina y alcohol abriría vasto campo para la colocación del producido de primera materia nacional, influyendo en nuestra balanza mercantil y el valor de nuestra moneda.

No es lógico que habiéndose limitado la plantación de la vid, no se limite la cantidad de melaza destinada a alcohol y, además, se derogue el acertado precepto del decreto de 1.º de septiembre de 1924, que prohibía la destilación directa de remolacha.

La autorización para establecer depósitos o almacenes sin pago de contribución industrial, a donde se pueda llevar el alcohol sin previo pago del impuesto, aun que es una atribución concedida a los fabricantes de todas clases, en realidad sólo pueden aprovecharla las contadas, pero potensísimas fábricas de industrial para distribuir estratégicamente entre todas las plazas consumidoras del país su gran producción. Las numerosísimas y pequeñas fábricas de vínico están diseminadas por todo el suelo nacional y ahora precisamente perderían esta ventaja de que venían disfrutando.

Todas las leyes, y especialmente las de carácter económico, deben tener la condición esencial de claridad y estabilidad, a fin de que, siendo del dominio público, puedan ofrecer orientación a la producción y al consumo, como a la industria y al comercio. La ley de Vinos, que debió reunir estas cualidades, ha quedado poco menos que a merced de la Junta vitivinícola, a la que se le han concedido las facultades de interpretarla, reglamentarla y aplicarla, habiendo sido ello motivo de recientes disposiciones contrarias a la letra de la ley, y alguna como la Real orden de 30 de junio, que provocó baja fulminante en el mercado de alcoholíos, causando inacabables perjuicios.

Asamblea de viticultores, vinicultores y fabricantes de alcohol vínico.

En Madrid, en el Círculo de la Unión Mercantil, ha tenido lugar, el día 27, una importante Asamblea, a la que han concurrido viticultores, vinicultores y fabricantes de alcohol vínico de toda España.

El objeto de la reunión y las conclusiones—que en su totalidad fueron aprobadas—se expresaban en la siguiente convocatoria:

Objeto de la Asamblea.

«Los viticultores, vinicultores y fabricantes de alcohol vínico de España, después de reconocer la favorable disposición del Gobierno para con los intereses agrarios del país y de aplaudir la orientación de la nueva ley de Vinos, formula algunos reparos a la misma, a fin de que, tenidos éstos en cuenta, sea más eficaz su sentido protector para la viña.

Es el primero de éstos, el haber equiparado el alcohol industrial con el vínico procedente de piqetas, orujos