El Progreso agrícola y pecuario (1927-01-07 00:00:00), página 8

o este objeto no puede ser otro que salvaguardar al consumidor español—el agricultor—de la posibilidad de que esa riqueza quede sin explotar—y por tanto sin participar el de las ventajas que de su explotación parece lógico han de deducirse para el consumidor nacional—o de que quiera imponersele—mediante una confabulación con la industria extranjera—un precio excesivo al producto, se pretende convertir en órgano defensor de la naciente industria potásica española, que salvaguarde a ésta de la competencia extranjera, iniciándose ya el camino para u a elevación arancelaria a la potasa extranjera que cree dificultades que hoy no existen para su entrada en nuestro país.

Ante esta tendencia, en que la Oficina aparece más preocupada de la situación crítica que la natural competencia produce a la industria potásica naciente en España, que de la defensa de los intereses de la agricultura que ha de consumir la potasa, el Sr. Garrido presentó la siguiente

ENMIENDA

El Vocal que suscribe presenta la siguiente enmienda a la ponencia de la «Sección del Mercado de la potasa»:

La ley y el reglamento, que llamaremos, para mayor brevedad, de la «potasa», al crear y dar vida y funciones a una «Oficina reguladora de la industria potásica», lo hizo sin duda alguna, a juicio del que suscribe, ante el temor, muy lógico y justificado en el momento que estas disposiciones se dictaron, de que la entidad que ejercía entonces—año 1918—el monopolio mundial de la potasa influyera sobre el porvenir de los yacimientos españoles recién descubiertos, en algunos de los sentidos siguientes, todos perjudiciales para la economía española y en particular para la agricultura española, principal consumidora de sales potásicas:

1.º Denunciando los yacimientos y adquiriendo sobre ellos cualquier género de derechos, no para poner en explotación aquéllos, sino, por el contrario, para impedir que otras personas o entidades, desligadas de los intereses del monopolio antes citado, pusieran en explotación esta riqueza recién descubierta y que venía a poner en peligro aquel monopolio.

2.º Poniendo en explotación, pero en muy corta medida, los yacimientos; lo que, prácticamente, equivale a la no explotación.

3.º Explotando los yacimientos la entidad monopolizadora y llevándose de España la potasa, sin cuidarse de abastecer el consumo nacional.

4.º Apoderándose de la producción española para rehacer el monopolio en peligro e imponer, a favor de él, un precio excesivo al consumidor español, no obstante haber sido favorecido éste con la posesión, dentro del solar patrio, de un importante yacimiento de potasa.

Para conjurar estos peligros creó la ley esta Oficina, señalándole, entre otros cometidos más secundarios, los siguientes:

1.º Fijar la cantidad mínima y máxima que las minas habrán de explotar anualmente.

2.º Fijar la cantidad que de esta producción había de reservarse para el consumo español.

3.º Señalar el precio máximo a que la potasa habría de venderse en España y el mínimo a que podría exportarse al extranjero; sin duda para que, en todo caso, resultase de condición preferente el consumidor español.

Al constituirse esta Oficina, se halla ante las realidades siguientes:

1.º Que los yacimientos están ya en explotación por una sola Empresa, que ha invertido en la obra más de 60 millones de pesetas, y que produce, o está en vías de producir rápidamente, una cantidad de potasa suficiente para todo el consumo nacional y que necesita, forzosamente, acrecer enormemente, ya que, aun suponiendo que ella sola abasteciera el mercado nacional y que la potasa le resultara gratis, concentrada y puesta en el saco, no bastaría su valor total para dar al capital social un interés industrial, por lo que, forzosamente, ha de dirigir sus miras hacia una fuerte expansión exterior.

2.º Que la actual explotación se hace, hasta ahora, con toda independencia del monopolio mundial de la potasa.

3.º Que, hasta ahora, sólo produce la industria española el cloruro potásico; pero no el sulfato, que casi en la misma medida que aquél consume la agricultura española, y que es forzoso emplear en varios e importantes cultivos y terrenos, en que el empleo del cloruro sería perjudicial.

4.º Que la agricultura española está completa y satisfactoriamente provista de potasas españolas y extranjeras, que se cotizan a precios ventajosos, y no siente, absolutamente, y por el momento, necesidad alguna de que se limite e intervenga, de cualquier manera la libre explotación y comercio de la potasa de producción española.

Ante estos hechos, que el que suscribe juzga innegables, propone lo siguiente:

1.º Que se proponga a la Superioridad la supresión de esta Oficina, por no ser en estos momentos de ninguna utilidad y constituir su funcionamiento, o un intervencionismo inútil del Estado en la industria y el capital privados, o, de proceder en la forma, que la ponencia indica, una simulación de intervención que, al no tener realidad, ni objeto, ni eficacia, no sería serio mantener.

2.º Que si se juzga excesiva la supresión, se haga saber a la Superioridad que en los momentos actuales no procede intervenir producciones ni precios, por lo cual podrá la Oficina llenar aquellas otras funciones que el reglamento le señala (estadísticas, ensayos de sales y abonos potásicos, ensayos y propaganda técnica de los abonos potásicos y propuestas y estudios científicos de mejoras de la industria potásica), quedando a la expectativa la Oficina por si se produjera—cosa no sólo posible, sino probable—una confabulación de los actuales explotadores de las sales de potasa españolas con el monopolio universal, con la mira puesta en un alta motivada de los precios, para en ese momento intervenir, con arreglo a la ley de Potasas y a las atribuciones de la Oficina, a fin de fijar un mínimo de producción a las minas españolas y reservar una cantidad para la agricultura española, a un precio que se entendiera razonable.

Madrid, 16 de noviembre de 1926.—El vocal, Andrés Garrido