El Progreso agrícola y pecuario (1926-11-22 00:00:00), página 8

El gobernador civil facilitará local y material a la Comisión, con cargo al presupuesto provincial.

Art. 14. Para la aplicación del art. 5.º, apartado A), del Real decreto-ley, se entiende que representan la mitad del capital los llevadores que satisfagan la mitad o más de la mitad de la pensión total del foro.

Para computar el número total de forrarios a que alude el apartado B) se tendrá en cuenta todas las personas que directamente o por intervención de cabeza lero satisfagan una cuota o una cantidad determinada para integrar la pensión total.

El derecho del apartado C) se concede, no sólo a los pagadores cuya pensión original represente una quinta parte de la total, sino también a todos aquellos que, en virtud de diferentes títulos, hubiesen adquirido fincas por las que vengan satisfaciendo dicha quinta parte.

Art. 15. En todos los casos de redención parcial serán notificados los llevadores o pagadores que no lo hayan solicitado, y podrán intervenir en cuantas actuaciones se practiquen para llevar a cabo aquélla, a los efectos de adherirse a la acción o de oponerse a ella.

Estas notificaciones se harán en la forma prescrita por la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 16. Todas las cuestiones relativas a distribución de las pensiones entre los pagadores, límites de las fincas, afectación de éstas a la carga real, valoración de ellas, determinación del número de forrarios, etc., serán resueltas por el Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y especialmente las manifestaciones de los cabezaleros.

Art. 17. Respecto a los plazos consignados en el artículo 6.º del Real decreto ley, se entenderá:

1.º Que los interesados pueden pactar en pago del capital en la forma que crean conveniente, incluso en varios plazos que excedan de cinco años, y en estos pagos también se podrá estipular como interés máximo el del 4 por 100 anual a favor del dueño directo.

2.º Que, a falta de pacto o convenio, el forero o pagador tendrá derecho a pagar el capital de la redención en uno o varios plazos; pero siempre dentro de los cinco primeros años, a contar de la publicación de dicho decreto-ley, y teniendo que abonar, además, un interés del 4 por 100 anual sobre el precio aplazado.

3.º Que la redención no se entenderá perfeccionada hasta que se haya satisfecho el último plazo, en cuyo momento procederá la formación del correspondiente documento.

Art. 18. Cuando el forero no satisficiere uno o varios de los plazos o los intereses convenidos, el dueño del directo tendrá acción para pedir la resolución del convenio, devolviendo las cantidades percibidas, con descuento de las pensiones forales que hubiera venido.

Art. 19. En el caso del art. 7.º del decreto-ley, los pagadores que no hubieran sido condenados por sentencia ejecutoria deberán satisfacer el capital, las rentas atrasadas no prescritas y la parte vencida de la anualidad corriente.

Si hubiesen sido condenados al pago de pensiones, satisfarán, además, el 4 por 100 de interés en razón de la demora. Esto se entenderá sin perjuicio del recargo sobre el tipo de capitalización que correspondiere, con arreglo a la regla 5.ª del art. 3.º

(Concluyó.)

SE MODIFICA LA LEY DE EXPROPIACIONES

EXPOSICION

Señor: La ley de Expropiaciones de 1879, una de nuestras leyes básicas, fundamentales del estado social, acreedora en todo momento por el legislador al mayor respeto por el perfecto concepto jurídico que en todas sus partes se revelan, y en la que se armonizaron cuanto en su aspecto social y en derecho natural la propiedad debe ser atendida con la imperiosa necesidad de ocupar terrenos para realizar las obras que el supremo interés general de la Nación reclama para la vida y desarrollo de la riqueza pública; estudiando con minuciosas pruebas todos los trámites, circunstancias y particularidades que pudieran presentarse, no pudo olvidar la posibilidad de que en algunos casos especiales, sin privar a los propietarios de la más amplia defensa, dentro del orden administrativo, de sus legítimos derechos, en evitación de graves daños al interés público por el retraso de la ocupación, quedará fijada la manera de realizar ésta para cuanto afectara a la ejecución y explotación de las obras, separando desde este momento el proceso de la expropiación de lo que a la construcción y explotación de la obra de interés público se refiere.

Atendiendo a estos fines, figuraba en la ley el art. 29, que autorizaba a los Gobiernos a decretar, en un cierto estado del expediente, cuando reconocida la utilidad y necesidad de la ocupación y hechas las valorizaciones periciales, se pusiera de manifiesto la divergencia de opiniones entre el expropiante y el expropiado, la ocupación de los terrenos o fincas objeto de expropiación.

Mas no obstante dejar sentado este principio esencial del derecho a la ocupación, aunque subsistiera el litigio administrativo con el propietario, al fijar como cuantía del depósito el importe de la tasación del perito del expropiado, expresando así la mayor consideración a la legítima defensa de la propiedad, anuló de modo práctico las ventajas que con la prescripción se pretendía obtener.

La experiencia comprobó en gran número de casos la gravedad de la consecuencia expresada, haciendo comprender la absoluta necesidad de modificar el mencionado art. 29, de tal manera, que la cuantía del depósito guardara relación directa con el amillaramiento o líquido imponible de la finca, y después de varios proyectos de leyes se decretó por ley de 30 de julio de 1904 la redacción del art. 29, en que tales extremos se precisaban debidamente.

En este art. 20 reformado se distinguen los dos casos de ocupación total de la finca u ocupación parcial; pero como el tope de la cuantía del depósito se fijó el mismo para los dos, la dificultad anotada que se pretendía resolver, si bien quedaba solucionada para una ocupación total, no lo era con carácter práctico para los casos más generales y corrientes, en los que, sin embargo, revestía mayor importancia, o sea para los de ocupación de fajas de terreno que por su extensión representen sólo una pequeña parte aljoueta del predio total.

En la redacción dada al art. 29 de la ley de 1904 no se ha atendido, por tanto, debidamente a fijar de modo razonable y práctico el modo de hacer efectiva y posible la ocupación de fajas de terreno cuando las exigencias