El Progreso agrícola y pecuario (1927-02-15 00:00:00), página 2

do es un objeto de contratación, sometido a influjos de oferta y demanda, condiciones personales de los contratantes, circunstancias de momento y cuanto constituye la complicada gama de un convenio de negociación. Así, pues, los arriendos son buenos o malos negocios y como tales se reputan por propietarios y colonos, en cada caso particular.

Sobre esa base, de completa incertidumbre, se pretende construir el complicado edificio de un sistema contributivo.

Se nos puede argüir que, en el proyecto de impuesto sobre la renta, ya se prevé el caso de las fincas no arrendadas y que la fijación de sus rentas (o sea la evaluación de lo que no existe) será fijada cada cinco años por unas Juntas provinciales compuestas por contribuyentes y funcionarios (estos últimos en mayoría), ajustándose para ello al Catastro y, cuando esto no sea posible, "al canon anual de arrendamiento pagado corriente en la localidad por hectárea de la clase de cultivo en cuestión".

El error, aquí, llega a límites verdaderamente inconcebibles. El Catastro no posee determinadamente el dato concreto de la renta de las fincas y sólo tiene informaciones sobre el particular, que aprovecha como elementos de juicio. El trabajo evaluatorio del Catastro es mucho más perfecto, pues que se fija en datos medios para llegar a determinar el rendimiento líquido de las fincas. Teniendo, pues, un instrumento capaz de rendir como ciento, se aprovecha de él sólo cincuenta, y aun ello imperfectamente, pues el desglose de esa mitad puede motivar lamentables equivocaciones.

Pero si es grave tal menoscabo del Catastro, al que se le pide una co-a distinta y menos científica de aquella que constituye su razón principal—y tal como se ha considerado el Catastro casi única—aún es peor esa fijación de rentas, hecha por Juntas provinciales a su arbitrio. Ello, desde luego, es tan malo, y acaso peor, que los antiguos amillamientos. De este asunto hablaremos en otro artículo, pues merece ser tratado con algún detenimiento.

En nuestro afán de hacer concesiones teóricas, vamos a suponer que el Catastro y las Juntas determinarán las rentas de las fincas no arrendadas con un acierto milagroso. ¿Y las fincas arrendadas?

Estas fincas quedarían sometidas al precio del arriendo para la fijación de la renta, y como el beneficio del cultivador se calcularía en una proporción fija a las rentas, resultaría, de un modo fatal, que el colono, sacrificado por el propietario, tendría encima que pagar mucha más contribución que aquel otro que gozara de las ventajas de un contrato de favor, o, lo que es lo mismo: que la contribución sobre los beneficios de la explotación del suelo estaría en razón inversa de dichos beneficios.

De intento no hemos querido tocar el punto relativo a la mayor o menor importancia de la contribución que se propone. En las mismas notas preliminares del proyecto se dice claramente que uno de los objetos perseguídos es el reforzar los ingresos, y esto, por mucho ingenio que se malgaste, sólo puede hacerse aumentando las contribuciones.

Mas, a nuestro juicio, éste es un punto a tratar con independencia de la discusión de los sistemas contributivos. Estos atienden al mejor reparto de las cargas.

El volumen de esas cargas es asunto ligado en absoluto a los gastos, y cuando éstos sobrepasan las posibilidades económicas de un país, el ahorro del contribuyente sobreviene, cualquiera que sea el procedimiento que se emplee para repartirlos en forma de tributos.

El maíz extranjero y los granos de piensos.

El diario La Tierra, de Huesca, y bajo la firma de Uno del Agro, publica unas impresiones y comentarios sobre la situación agrícola, que copiamos a continuación:

«El mercado de granos de piensos sigue muy encalmando. Lo seguirá estando mientras se consienta la entrada de maíz extranjero, de lo que nadie se preocupa, por lo visto. Y la cosa tiene mucha más importancia de la que parece. Pero para dar nosotros una idea de lo que eso significa, diremos que las cebadas y las avenas valdrían 5 pesetas más en cada 100 kilos si la importación del maíz cesase.

•En los puertos de Barcelona, Valencia, Bilbao, Coruña y Santander, y en las comarcas cercanas a los puertos, no entra apenas un vagón de cebada del país, porque les resultaría mucho más cara que el maíz foráneo que reciben por vía marítima. Y esto supone muchos cientos, muchos miles de vagones de cebada nacional sin consumir, y de ahí emana la paralización en que se encuentran las cebadas y las avenas del país.

•A estas horas ya debiera haberse movido toda la opinión agrícola española en una protesta colectiva firme y serena, casi exigente. Pero, como si nada le importase, deja pasar el tiempo y deja, entre tanto, que entren por nuestros puertos vapores y vapores de maíz exótico. Y si así siguen, tengan la evidencia de que los granos de piensos de su próxima cosecha serán depreciados como hace muchos años no lo estuvieron.»

Por lo visto, ni el firmante del artículo, ni el periódico en cuestión, siguen de cerca los movimientos de la opinión agraria, porque en este asunto del maíz, tanto El Progreso Agrícola y Pecuario, como la Asociación de Agricultores de España, tienen una tradición tan notable como brillante, habiendo sido ellos casi solos los que durante muchos años han mantenido la bandera de que era inútil creer que se hallaban protegidos el trigo y los demás cereales de pienso si el maíz, sucedáneo del primero y sustitutivo de los otros, podía entrar en España a favor de una casi franquicia arancelaria.

En un escrito que elevó dicha Asociación al Presidente del Consejo de Ministros en 21 de junio, decía la Asociación de Agricultores:

«Cometería esta Asociación una injusticia si atribuyese exclusivamente al régimen de tasas la situación actual