El Progreso agrícola y pecuario (1927-03-15 00:00:00), página 6

Asamblea harinera.

La Asamblea «cerea'ista», de la que ya nos hemos ocupado, fué una comedia que estuvo a punto de degenerar en tragedia, ya que mientras los «cerealistas» peoraban en la Asamblea, los inspectores de Abastos de la provincia de Barcelona recogían datos precisos sobre las fuertes cantidades de maíz exótico que habían vendido dichos «cerealistas» a mayor precio del tasado, y como consecuencia de semejante descubrimiento, aplicaban a los «cerealistas» sendas multas. A dicha Asamblea sucedió, en el mismo local de la Unión Mercantil de Madrid, la Asamblea de fabricantes de harinas, organizada por Nacional Harinera, S. A.

Éstos, más duchos y experimentados en el difícil arte de organizar Asambleas, supieron hacer que las discusiones (si de tales pueden calificarse los discursos pronunciados) se produjeran en el tono que las circunstancias demandaban y el fin perseguido aconsejaba, y las conclusiones, aprobadas por unanimidad, son (no sé cómo calificarlas), dignas de la entidad organizadora, a la que alguien ha bautizado muy acertadamente con el nombre de «Vaselina, S. A.».

Dichas conclusiones, ya publicadas en estas columnas (1), bien merecen un comentario.

La primera es, indudablemente, la mejor, y por ello, seguramente, obtuvo el lugar de preferencia. Se trata de crear unas precintas de un valor de 1,50 pesetas por cada saco de harina que circule, lo mismo para los que se vendan al mercado que para los que el labrador lleve a la maquina. Esta insignificante cuota representaría más de 44 millones de pesetas, que anualmente ingresarían en la Federación de Fabricantes de Harinas, Nacional Harinera, S. A., y servirían:

1.º Para exportar con prima hasta 3 millones de quintales métricos de harina, lo que representaría unos 4 millones de quintales métricos de trigo, o sea una décima parte de la producción.

Es indudable que con esa prima de exportación se podrá colocar en el extranjero toda la producción de España.

2.º Para que la Federación impantara el sistema de indemnización por paro de sus fábricas.

Esto, que no está muy claro en las conclusiones, equivale, a juicio de muchos fabricantes de harinas, a una indemnización que recibiría por la molituración de que fuera capaz toda fábrica que por circunstancias especiales no pudiera o no quisiera trabajar. Ejemplo: una fábrica es capaz de elaborar 20.000 kilos diarios, o sea en veinticuatro horas, y por falta de trigo, de mercado o de capital, no puede hacer más que un turno de ocho horas: la Federación le abonaría una cantidad por cada 100 kilos que dejara de producir. A otra fábrica, que por otras circunstancias no pudiera trabajar más que tres o cuatro meses al año, la Federación le pagarla por lo que pudiendo trabajar no trabajase.

3.º Para que la Federación adquiriera fábricas de harinas para desmantelarlas. Esa adquisición se haría por subasta a la baja, es decir, al que cediera la suya más barata, y para que no se pueda tachar en ningún momento a los fabricantes, ni mucho menos a la Federación, de egoístas, los edificios de las fábricas adquiridas se cederían gratuitamente al Estado.

Esto es lo que se deduce de la primera conclusión; pero la hábil vaguedad con que ha sido redactada deja algo muy importante sin aclarar. ¿Quién pagará la precinta?... ¿El fabricante?... ¿El consumidor?... ¿El agricultor?... Siendo un impuesto para los fabricantes no es de suponer se diera el inaudito caso de imponerse ellos mismos carga tan onerosa, máxime en una industria como la harinera, cuya situación ruinosa ha sido reconocida oficialmente. Lo más lógico es suponer que el nuevo impuesto sería «a cargo del público» y que el valor de dicha precinta se cargaría aparte en las facturas y sería el panadero el que lo pagara directamente y el consumidor indirectamente. Pero lo más probable sería, si esta petición fuese aceptada, que en la práctica pagaría el impuesto el fabricante, que lo cargaría al consumidor en factura y lo descontaría al agricultor en el precio del trigo. Nadie puede dudar de lo justo de esta hipótesis, ya que siendo el objeto primordial de la proposición salvar la industria molinera, ello se conseguiría plenamente reduciendo fábricas—aunque sea pagándolas a buen precio—y reduciendo molituraciones—pagando las horas de paro—, con lo que quedaría reducida la competencia a la compra de trigo y a la venta de harina. Y no hay duda que esas fábricas de harinas, viejas, estropeadas o mal emplazadas, podrían adquirir, además, el justo valor que su dueño les fijara.

A la agricultura se le compensaría del perjuicio que todo ello pudiera acarrearle con la seguridad de que por tan extraño procedimiento se exportaría el sobrante de la producción nacional al extranjero.

Al panadero, con sólo aumentar 5 céntimos por kilo de pan, se le acrecería el beneficio. Y al consumidor le quedaría la satisfacción de ver cómo el Estado, del que forma parte, aumenta su propiedad urbana y aquellas fábricas de harinas desartilladas pasan a ser un buen día grupo escolar, cuartel de caballería o casa consistorial.

Sólo de un pequeño detalle se olvidaron los asambleístas. ¿Qué harían de la maquinaria vieja? Podrían cederla gratuitamente a las casas constructoras de maquinaria harinera, que son las únicas perjudicadas por la expresada conclusión, y con esta solución, tutti contenti.

La segunda conclusión «quiere decir» que, a pesar de la prohibición de instalar y ampliar fábricas de harinas, se podrían obtener permisos. Se dijo en la Asamblea que una sola casa constructora había obtenido permisos para diversas instalaciones, por un conjunto de más de kilogramos 400.000 diarios.

La tercera y cuarta conclusión en nada afectan a la agricultura; son complemento de la anterior.

(1) Véase el número del 7 de febrero.