El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-07 00:00:00), página 6

desmedido rigor si hiciese objeto de elevación a todos los líquidos imponibles, y aun si a los elevados les aplicase idénticos recargos. Por lo que respecta a la riqueza rústica, se presentan tres casos perfectamente distintos: el de las fincas que tributan en régimen de cupo, por amillaramiento; el de las que tributan por Avance catastral, pero con sujeción a tipos evaluatorios anteriores al año 1915, y el de las que, estando catastradas, han sido objeto de valoración o revisión, conforme a tipos evaluatorios calculados en dicho año o posteriormente. Las fincas del tercer grupo deben quedar exentas de todo recargo, por considerarse aproximados a los valores actuales los que en su día les fueron asignados; las del primero y del segundo grupo deben, por el contrario, ser objeto de nuevo gravamen. Estos aumentos, sin embargo, no han de ser generales, pues admitiendo la posibilidad de que excepcionalmente resulten excesivos o improcedentes, hay que dar facilidades para dejarlos sin efecto o reducirlos, según los casos, bien a petición de los contribuyentes, bien de oficio por la misma Administración. Además, se debe excluir del aumento, en ciertos casos, aquellas fincas respecto de las cuales sus propietarios, al amparo de los Reales decretos de 14 de noviembre y 1.º de diciembre de 1923 y 29 de julio de 1925, hubiesen presentado declaración de sus verdaderos valores.

En cuanto a la riqueza urbana, corresponde aplicar análogo criterio. Las fincas enclavadas en términos municipales cuyos Registros fiscales de edificios y solares no han sido puestos en vigor, soportan ya recargos que se aproximan al 100 por 100. Por lo tanto, para ellas no hay que pensar en mayor gravamen. Las situadas en municipios que tienen registro fiscal en vigor, pero no comprobado, deben sufrir una elevación del líquido imponible, así como, en distinta cuantía, las que radiquen en municipios cuyo Registro fiscal está comprobado antes de 1917. En general, han de quedar excluidas en ciertas condiciones las que hayan sido objeto de valoración o declaración durante dicho año o posteriormente, admitiéndose también la posibilidad de excepciones, bien a petición de los interesados, bien por acuerdo de la Administración. Como excepciones específicas, proceden una total y otra parcial: la total, para las fincas comprendidas en zonas de ensanche, en atención al recargo que ya sufren, y la parcial, para las situadas en términos municipales en que se perciba como recurso municipal la llamada décima, pues en este caso la elevación sólo deberá ser de un 10 por 100.

Ha de ser complemento de las disposiciones que quedan esbozadas dos interesantes. Refiérase la primera a la exención total durante un año y la parcial de la mitad de la quota durante otro, en beneficio de los arrendatarios que al cabo de diez años de serlo sin interrupción de una finca, la adquieran en plena propiedad. La segunda atañe a la liquidación definitiva del recargo de 16 centésimas sobre la contribución territorial que en parte venía abonándose a los Ayuntamientos, los cuales sólo deberán percibirlo en lo sucesivo en tanto en cuanto el sobrante que se les haya entregado durante el ejercicio en curso exceda del 5 por 100 de su presupuesto de ingresos. La razón de esta medida, que sólo ligeramente dañará a ciertos municipios, es obvia. El recargo fue atribuido al Estado en 1901, como compensación del traspaso de algunas atenciones de primera enseñanza que en el mismo año se verificó; el coste de esas atenciones es en 1926 superior al doble y aun al triple de la cantidad en que en 1901 se las cifró, y, no obstante, el Estado seguía devolviendo a los Ayuntamientos el exceso de las 16 centésimas—aorecidas por diversas reformas tributarias y por los trabajos catastrales—sobre el importe primitivo, no sobre el actual, de las susodichas atenciones. Hecho el estudio, municipio por municipio, del coste actual, se llega a la consecuencia de que supera al importe íntegro de las 16 centésimas; pero como la reversión total del recargo al Estado ocasionaría serio problema en algunas Haciendas municipales, para las que el sobrante de aquéllas supone uno de los más saneados ingresos, debe adoptarse una solución intermedia, que consiste en dejar sin efecto la reversión en cuanto el sobrante que se reivindica para el Tesoro exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto municipal de ingresos en curso.

Tales son, Señor, las líneas generales del proyecto de decreto que el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad.

Madrid, 25 de junio de 1926.—Señor: A L. R. P. de V. M., José Calvo Sotelo.

REAL DECRETO-LEY

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Durante el ejercicio semestral de 1.º de julio a 31 de diciembre de 1926 se considerarán aumentados, a los efectos de la contribución territorial, salvo lo que se preceptúa en el art. 2.º:
a) En el 25 por 100 los líquidos imponibles de la riqueza rústica que, incluida en el repartimiento de la contribución, tribute en el ejercicio económico por el régimen de amillaramiento, y los cupos a ella correspondientes;
b) En el 20 por 100, como máximo, los líquidos imponibles de los Municipios cuyo avance catastral, cualquiera sea la fecha en que haya sido puesto en vigor o revisado, se ajuste a tipos evaluatorios calculados según datos anteriores al año 1915.

Previa propuesta de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial, fundada en la que a su vez formulen razonadamente las respectivas Jefaturas del servicio provincial del Catastro de la riqueza rústica, el Ministerio de Hacienda deberá reducir o dejar sin efecto dicho aumento en aquellos Municipios en que, a juicio de las citadas Jefaturas, así proceda. La mencionada propuesta deberá ser formulada por las repetidas Jefaturas antes de 1.º de agosto próximo.
c) En el 25 por 100 los líquidos imponibles comprendidos en los Registros fiscales de edificios y solares aprobados y puestos en vigor, pero no comprobados;
d) En el 20 por 100, como máximo, los líquidos imponibles comprendidos en los Registros fiscales de edificios y solares que, comprobados antes del año 1917, no hayan sido revisados durante ese año o posteriormente ni se hallen en revisión en la actualidad.

Previa propuesta de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial, fundada en la que, a