El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-22 00:00:00), página 1

PROTECCIÓN A LA AGRICULTURA

El último Real decreto-ley, en la parte relativa al régimen arancelario de algunos productos agrícolas, revela claramente la resuelta actitud del Gobierno de S. M. de amparar a todo trance la principal riqueza del país, sobre la que descansa, puede decirse, todo el edificio de nuestra economía.

Una equivocada política seguida desde hace años respecto de ella, representada por una serie de restricciones, de limitaciones y de las más variadas formas de intervención, en unión de otras causas cuyo origen se hallaba en la justicia del Arancel, tenían postrada a la producción agrícola y en trance de ruina verdadera; malestar que trascendía notoriamente a la industria y al comercio, que saben bien por experiencia de qué modo influyen en sus ventas las malas o buenas cosechas y la situación económica del labrador.

Por lo que a la producción cereal se refiere, el mal tenía una raíz honda, fundamental, antigua ya, en los inconcebibles derechos fijados a la importación de maíz, con gravísimo daño para el trigo, del que es sucedáneo para los subproductos de la molinería, para los demás cereales y granos de pienso, para el propio maíz nacional, cuya producción hubiera llegado a ser mucho mayor cada día, y hasta hace poco, para la vitivinicultura, por ser destinado en gran escala a la destilación y consiguiente producción de alcohol industriales, cuya utilización se ha limitado recientemente.

Ha sido, pues, obra de justicia y grande, acometer el mal de frente y con valentía, siendo muchos los que creemos que de todo lo hecho, con ser tanto, quizás lo más eficaz sea la elevación de derechos acordada, en lo que al maíz hace relación.

Los que intervenimos en estas grandes cuestiones arancelarias no somos partidarios, en buena doctrina, del régimen prohibitivo en cuanto a las importaciones, ni de la alterabilidad circunstancial del Arancel; pero no es hora ésta de comentar, sino de expresar públicamente el reconocimiento profundo de la clase agrícola por la adopción de medidas que están sobradamente justificadas como compensación al estrago que otras, que el error inspiró, le causaron en años anteriores.

Así, pues, de igual modo que en ocasiones, y cumpliendo deberes representativos o actuando en legítima defensa del propio interés, señalamos desaciertos y, aun hasta donde ello es posible, los combatimos con energía y constancia, es, por justo, obligado no escatimar el elogio cuando, como en el caso presente, lo estifiamos merecidísimo.

Esto sentado, permítasenos llamar la atención acerca de algún extremo de la soberana disposición que nos ocupa.

Se habla en ella de admisiones temporales y de compensaciones a la exportación, como materias ambas a estudiar. En cuanto a la primera, es copiosa la bibliografía contraria al sistema, pues siempre que se ha iniciado la tentativa, y esto ha ocurrido muchas veces, se manifestaron unánimes la producción agrícola y la molinería del interior en rechazarlas como peligrosísimas, cualquiera que sea la fórmula propuesta, y las hubo muy variadas.

En cuanto a las segundas, somos no pocos los que, con carácter general, no las creemos convenientes, por constituir un privilegio y por la brecha que puede representar en las arcas del Tesoro, que al fin y al cabo supone una amenaza para el bolsillo de los contribuyentes.

Como se anuncia la convocatoria de una Conferencia nacional para acometer el estudio de estos grandes problemas en todos sus aspectos, estamos seguros de que estos últimos habrán de ser tratados en ella, y allí se hará ver lo que al interés general, y especialmente al agrícola, convenga por quienes lleven su voz y representación autorizada.

Es sensible que estas cuestiones, sobre las que todo el mundo habla y escribe, se traten por algunos con imperdonable ligereza. No hace muchos días pudo leerse en un diario de Madrid la afirmación rotunda de que estaba sin vender la mitad, exactamente la mitad, de la