El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-15 00:00:00), página 8

ferencia, quedando asimismo encargadas de la ejecución de los acuerdos las entidades organizadoras, a cuyo fin elevarán a la resolución del Gobierno las oportunas propuestas en la parte que corresponda al Estado, y trasladarán las que significuen mejoras de las organizaciones privadas a sus respectivas representaciones, y en todo caso, mediante la necesaria publicidad.

De Real orden, etc. Madrid, 7 de julio de 1926.—Primo de Rivera.

Protección de animales y plantas

REAL ORDEN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden-circular de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de diciembre último, autorizando a este Ministerio para el nombramiento de un Patronato que determine la intervención de las autoridades y sus agentes y las atribuciones que han de tener las Juntas provinciales y locales para la protección de animales domésticos y plantas útiles en toda la Nación, y como resultado de la información pública abierta por Real orden de este Ministerio de 1.º de febrero del corriente año,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que el patronato de referencia quede constituido en la siguiente forma: Patronato de honor, que lo compondrán S. A. R. el Srmo. Sr. Príncipe de Asturias y sus AA. RR. las Infantas Doña Beatriz y Doña María Cristina.

2.º Que el Patronato central se constituya en este Ministerio bajo mi Presidencia, y formen parte del mismo un representante de cada una de las Federaciones Ibéricas Protectoras de Animales y Plantas de Madrid, Barcelona, Vizcaya, Zaragoza y Baleares; otro, de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Madrid; representantes del Clero, del Ejército, de la Escuela de Veterinaria, del Consejo Nacional de Exploradores, del Somatén, de la Prensa periódica, un ingeniero agrónomo, un oficial letrado de la Dirección general de Seguridad, un inspector o inspectora de primera enseñanza, y por los señores siguientes: Excmo. Sr. D. Joao Carlos de Mello Barretto, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Portugal en España; D. Juan Dantín Cereceda, catedrático de Agricultura del Instituto de San Isidro; D. Hilario Crespo y Gallego, autor de varias publicaciones relacionadas con la materia, y D. Sebastián Fern, jefe de Contabilidad de la Ordenación de Pagos de este Ministerio.

3.º Que sustituya al presidente, caso de ausencia o enfermedad, un director general de este departamento o un jefe de Sección en quien se delegue, siendo secretario del Patronato el que, el mismo designe entre sus vocales.

4.º Que al expresado Patronato se entregue la documentación presentada con motivo de la información pública antes dicha; y

5.º Que en plazo de seis meses se redacte el reglamento para la ejecución de la Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros ya citada, a fin de que puedan funcionar como corresponda los organismos provinciales, y seales que a esta fin se establezcan.

De Real orden, etc. Madrid, 7 de julio de 1926.—María de Aranda.

Ley de vinos.

(continuación) (1)

Art. 34. La pipera nacional o nacionalizada que se exporte al extranjero con vinos nacionales disfrutará del plazo de un año para su libre reimportación cuando sea devuelta de los países de Europa, Asia (en el Mediterráneo), África (en este mar) y en el Atlántico, hasta el Cabo Blanco, y América en el Atlántico; y de dos años cuando se devuelvan de los restantes países de Asia y de América en el Pacífico, y de Oceanía y resto de África.

Art. 35. Los Ayuntamientos de toda España que, por la autorización a que se refiere el párrafo primero del art. 448 del Estatuto municipal aprobado por Real decreto-ley de 8 de marzo de 1924, tengan establecido al publicarse la presente disposición arbitrio de cinco pesetas por hectolitro sobre entrada, circulación o consumo de los vinos, no podrán aumentarlo en modo alguno en los ejercicios económicos siguientes al actual, quedando sin efecto la facultad de aumento a que se refiere el párrafo segundo del propio artículo.

Los Ayuntamientos que tuvieran en la actualidad establecidos, o acordado establecer en presupuestos legalmente aprobados, arbitrios superiores a cinco pesetas, fijarán esta exacción en tipo que no pase de 7,50 pesetas en su próximo primer ejercicio económico para 1926 27, quedando obligados a establecer el de cinco pesetas, como máximo, por hectolitro a partir del ejercicio para 1927 28, sin poder aumentar en lo sucesivo esta cuota de percepción, que quedará de este modo generalizada desde el ejercicio citado para todos los Ayuntamientos del territorio español.

Para compensar la reducción del arbitrio municipal referido, y desde el momento que dicha reducción sea efectiva, los Ayuntamientos podrán sujetar las bebidas alcohólicas envasadas, cuyo precio por unidad no sea inferior a 1,50 pesetas, al pago de una cuota complementaria que cada corporación percibirá aparte del arbitrio sobre bebidas espirituosas y con sujeción a una escala ad valorem cuyos tipos no podrán exceder nunca del 5 por 100 del precio de venta para el consumo de dichas bebidas.

Quedan exceptuados de las limitaciones de arbitrio antes mencionadas los Ayuntamientos que por mandamiento expreso de su Carta municipal estén autorizados para percibir una cuota superior a cinco pesetas por hectolitro. Sin embargo de esta excepción, los Ayuntamientos que se encuentren en este caso estudiarán la sustitución del arbitrio sobre vinos por otra exacción, pudiendo optar, asimismo, por el régimen general, adoptando la referida escala ad valorem, que sólo será compatible con arbitrios que no excedan de cinco pesetas por hectolitro de líquido espirituoso.

Las Diputaciones provinciales que no lo tengan establecido no podrán exigir arbitrio, exacción, contribución, tasa o imposición en concepto de patrimonio, recurso o renta de las provincias sobre la entrada, circulación o consumo de los vinos.

Las que lo tuviesen al publicarse la presente disposit-

(1) Véase el número anterior.