El Progreso agrícola y pecuario (1926-09-07 00:00:00), página 8

de aquél por la Superioridad, para terminarlos en los dos años siguientes, a partir de la fecha en que se han autorizado.

Art. 7.º El orden de ejecución de los trabajos deberá ser el siguiente: Comenzarán por los diques de defensa, ejecutando en primer término los transversales, después los interiores y, finalmente, los exteriores, contra las inundaciones del Guadalquivir; seguirán luego las obras referentes a la red de desagües, comenzando por las compuertas; después, por orden correlativo, los canales colectivos y de descarga, y, por último, los canales de primer orden y los siguientes de todas clases.

Art. 8.º La subvención, en cuanto a las obras de desecación, a medida que éstas se vayan terminando, se abonarán por diques completos para todos los transversales, interiores y exteriores. Para el abono de la red de canales y demás obras se considerará dividida cada sección por mitades, con relación al importe de los respectivos presupuestos. Para su abono deberá preceder una certificación, expedida por el ingeniero-jefe de Obras públicas de la provincia de Sevilla, a medida que cada uno de los grupos de obras vayan terminándose, cuya certificación irá acompañada de todos los documentos reglamentarios para una liquidación (cubicaciones, planos, presupuestos parciales y presupuesto general); para la maquinaria se acompañarán solamente los planos correspondientes y el presupuesto.

Art. 9.º Si los importes de liquidación de las obras de cada una de las secciones disminuyeran por causa de errores en las cubicaciones, se reducirá en la misma cuantía el importe de la subvención para dichas obras respecto al presupuesto aprobado.

Art. 10. La subvención para las obras de saneamiento se abonará en cada una de las secciones, considerando divididas éstas por mitades, con relación al importe de los respectivos presupuestos, e igualmente que para las obras de desecación, deberán acompañarse las correspondientes certificaciones con sus documentos reglamentarios.

Art. 11. Las modificaciones del proyecto que no alteren las características fundamentales de la concesión ni disminuyan el importe de los correspondientes presupuestos, podrán ser autorizadas por el ingeniero-jefe de Obras públicas de la provincia, y en caso de alterarse o de disminuir el importe del presupuesto por el Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo de Obras públicas.

Dado en Palacio a cinco de marzo de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín.

Muy importante.

Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

Los Aranceles vigentes, en su relación con la maquinaria agrícola.

II

En el número 1.429 de esta Revista, correspondiente al día 7 de marzo último, y en artículo con el mismo epígrafe que el presente, ofrecimos ocuparnos en otros de las responsabilidades en que se incurrre por la más leve infracción de las disposiciones arancelarias y de la forma de hacer efectivas esas responsabilidades.

Ya vimos en aquel artículo las disposiciones del Arancel vigente aplicables a la maquinaria agrícola, y especialmente a los motores, motocultores y tractores. Examinaremos ahora la forma establecida para hacer efectivas aquellas responsabilidades, citando ejemplos de distintos sucedidos, de los que tenemos noticia cierta, y después indicaremos la legislación aplicable.

Una casa de maquinaria agrícola importó varias locomóviles, de las que se usan para accionar trilladoras, y antes del año de su importación venía una a un distinguido agricultor, presentándose el certificado de su uso en agricultura; pero poco después, el comprador pidió que se le cambiase el tren de trilla por otro de más rendimiento y a cuya petición accedió la Casa, enviándole trilladora y locomóvil de más potencia, y recogiendo las anteriormente vendidas. En virtud de odiosa denuncia de un empleado despelido, fué poco después sometida la Casa importadora a un expediente por supuesta defraudación, ya que en sus almacenes aparecía la primitiva locomóvil vendida, de cuyo uso agrícola se había expedido el correspondiente certificado. Se acreditó en el expediente la venta y el uso en agricultura durante cierto tiempo de esa máquina, y así lo declaró también el comprador; pero la Junta administrativa de la capital de la provincia condenó a la Casa importadora al pago de una multa del cuadruplo de la diferencia entre los derechos pagados por maquinaria agrícola y los de maquinaria industrial. Confirmó el acuerdo el Tribunal superior, y hoy se halla el asunto pendiente de resolución del Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo. Es evidente el error, puesto que una y otra venta se hicieron para uso agrícola; pero mientras definitivamente se resuelve la cuestión, la Casa importadora ha tenido que hacer efectiva la multa y sufragar todos los gastos ocasionados por virtud del expediente y la apelación.

Otro caso. Una Casa importadora de maquinaria agrícola acude a un concurso que la Jefatura de Obras públicas de una provincia anuncia para adquirir motoarados con objeto de escarificar o romper el firme de las carreteras; se le adjudica la venta, y entrega dos motoarados, de los cuales no había expirado el término concedido de dos años para justificar su empleo en uso agrícola. También por odiosa denuncia, se somete a expediente, por falta de defraudación, a la Casa importadora, y a pesar de acreditarse el hecho de que no había transcrito el plazo de justificación, acreditarse también que