El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-15 00:00:00), página 4

mera quincena de julio de 1927, al tipo de tasa mínima de 48 pesetas quintal métrico.

Dichos precios mínimos alcanzan a todos los trigos sanos y limpios comercialmente, y se entenderán sobre vagón, estación de origen o sobre carro, incluyendo en este caso el transporte hasta 5 kilómetros en dicho precio, cuando éste sea el medio de conducción que se emplee.

Hasta 1.º de agosto próximo subsistirá la tasa mínima establecida el año último, de 47 pesetas quintal métrico.

Art. 2.º Las adquisiciones o demandas de trigo que se hagan a precios inferiores al señalado como vigente en cada plazo serán consideradas como especulaciones abusivas en artículos alimenticios, según lo determinado en el párrafo tercero del art. 9.º del Real decreto de 3 de noviembre de 1923, y sancionadas con la pérdida del 50 por 100 del valor de la mercancía, más la multa correspondiente.

Teniendo en cuenta que las compras de trigos a precios más bajos del señalado constituyen una especulación abusiva, de la que se hace objeto, por efecto de necesidades apremiantes, al vendedor de la mercancía, la sanción antes dicha se aplicará exclusivamente al comprador, y en ningún caso al vendedor, quien queda exento totalmente de responsabilidad.

Caso de exacción del 50 por 100 del valor de la mercancía se compensará al vendedor, en la parte que le corresponda, para que la venta que haya motivado dicha sanción resulte siempre al precio fijado como mínimo.

Art. 3.º Cuando, por tratarse de trigos de muy inferior rendimiento o desventajosamente emplazados, se justifique debidamente que éstos no tienen posible colocación en el mercado a precios de la tasa mínima, podrán realizarse ventas reduciendo éstos hasta 1,50 pesetas menos por quintal métrico, bien entendido que estas concesiones sólo podrán hacerse por la Comisión que en esta disposición se nombre al efecto, siempre ante situaciones excepcionales y precisamente a petición de los interesados, previas aquellas formalidades y comprobantes que la referida Comisión estime pertinente.

Art. 4.º En los trigos dañados por enfermedades propias de los mismos, las transacciones convencionales que se hagan deberán también ser intervenidas por alguna autoridad, vocal o delegado del presidente de la Junta provincial de Abastos respectiva, que certifique o haga constar se trata de trigos dañados o averiados, fijando la depreciación y autorizando la venta.

Art. 5.º Las liquidaciones por ventas de trigo se harán, por lo menos, al tipo de la tasa mínima que corresponda al mes en que se realizan, sea cualquiera la fecha en que se hubiera contratado el grano, es decir, que no es admisible en ningún caso hacer abonos por compras de trigo a precios inferiores a los mínimos que correspondan en el momento de efectuar el pago.

Art. 6.º Fijada la tasa mínima por quintal métrico, todas las reclamaciones relacionadas con la misma se harán precisamente a base de dicha unidad de peso, no admitiéndose en ningún caso las que se refieran a la fánege, medida que debe desterrarse de las operaciones comerciales.

Art. 7.º Todas las fábricas de harina con capacidad de molituración no inferior a 5.000 kilos diarios, quedan obligadas a entregar, mensualmente, a la Alcaldía correspondiente al lugar de su emplazamiento, declaraciones juradas de las cantidades de trigos que adquieran, con expresión de su precio, pueblo o lugar de su procedencia y nombre del vendedor.

Estando intervenido el comercio de trigos, la falta de presentación de estas declaraciones juradas o de falsificación de las mismas será corregida con la sanción prevista para estos casos.

Los alcaldes remitirán seguidamente dichas declaraciones a las Juntas provinciales respectivas, después de expedido el opportuno recibo. En las capitales de provincias las referidas declaraciones se entregarán directamente por los fabricantes en las oficinas de las Juntas provinciales de Abastos y éstas enviarán mensualmente a la Dirección general de Abastos una relación detallada de dichas declaraciones.

Art. 8.º Todos los labradores que deseen vender trigo podrán, si para dicho fin lo estiman conveniente, dirigirse a la Comisión que se nombra en la Junta central o a la Junta provincial de Abastos respectiva, haciéndoles ofertas especificadas de la clase, cantidad y precio del grano.

Art. 9.º Asimismo los fabricantes de harina que deseen adquirir trigo por mediación de las Juntas provinciales, podrán dirigirse a éstas o al representante de la molinería que se nombre en la Comisión de la Junta Central, para conocer las ofertas que existan y hacer las adquisiciones voluntarias que les conviniere.

Art. 10. Las Juntas provinciales darán cuenta mensualmente a la Dirección general de Abastos del total de ofertas que tengan para venta de trigos por parte de los labradores y de las demandas hechas por los fabricantes de harinas para adquisición de los mismos.

Art. 11. Los precios de las harinas panificables se determinarán por las Juntas provinciales y serán en cada mes aquellos que resulten de aplicar la fórmula sobre el régimen de molituración de trigos, dispuesta por la Junta Central en diciembre de 1924, donde en ella el trigo y a los subproductos, precisamente el valor medio de las cotizaciones que hayan tenido en mercado en el mes anterior.

Art. 12. Las Juntas provinciales tendrán un especial cuidado en vigilar que las harinas panificables con precio determinado por el referido régimen de molituración reúnan todas las condiciones convenientes de bondad y rendimiento y se fabriquen en cantidad suficiente y en relación al uso y costumbre que en años anteriores estuviera establecido para cada fábrica.

Art. 13. Esta disposición no modifica los acuerdos de la Junta Central de Abastos adoptados sobre precios máximos del trigo, los que continuarán en vigor mientras dicho organismo lo considere necesario para la regulación de los mismos.

Art. 14. Para prestar apoyo a las medidas acordadas y asegurar los efectos de las mismas y el sostenimiento de los precios mínimos fijados, los delegados gubernativos, alcaldes y demás autoridades, exigirán que las transacciones del trigo se hagan todas a base, por lo menos, del precio establecido como mínimo, poniendo en conocimiento de los gobernadores civiles, presidentes de las Juntas provinciales de Abastos, los casos de incumplimiento de dicho acuerdo.