El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-30 00:00:00), página 3

carburante nacional? Esa solución absorbería todo el alcohol sobrante, y aun abriría nuevos horizontes a la industria destiladora, que hoy no son muy riegosos.

Llegados a este punto, veremos surgir la única víctima y sólo aparente: el Estado, que, al dejar absolutamente libre la destilación, tanto la vinícola como la industrial, dejaría de percibir unos 40 millones de pesetas anuales en concepto de impuesto.

La cifra es cuantiosa. Pero si se la compara con los 600 millones que una cosecha de vino representa; si se piensa en la pobreza de terreno donde se obtienen esos millones; si se lleva la imaginación a las angustiadas comarcas que viven de la viña y ven acercarse el fantasma del hambre; si se considera la serie encadenada de riquezas en forma de múltiples industrias y comercio, sobre las que vienen a caer cual lluvia benéfica esos centenares de millones; si, en una palabra, los gobernantes tienen en cuenta que acceder a nuestros deseos es mejorar automáticamente los cambios y asegurar carburante para casos de guerra; si se recapacita, por último, que la viña tributa hoy como si fuese industria floreciente sin serlo...

Si todo esto se pesa y mide, estemos seguros que, por radicales que parezcan nuestras peticiones, serán plenamente atendidas, pues no aspiramos a privilegios de clase, sino a resolver en justicia hondos problemas de economía nacional.

A. AZANZA Y AZCONA,
Enólogo.
Asesor técnico de la Asociación de Viticultores Navarros.

DE ACTUALIDAD

La reglamentación del Registro de arrendamientos

El representante de la Asociación de Agricultores de España en la Junta nombrada para la reglamentación del decreto-ley sobre Registro de arrendamientos, nos envía el siguiente artículo, que estimamos de gran interés para nuestros lectores:

El decreto-ley de 1.º de enero de 1926, que creó el Registro obligatorio de arrendamientos, contiene en sus disposiciones principios que encierran verdadera gravedad para los propietarios, y que han sido suavizados o modificados en la reglamentación.

Tanto dentro de la Comisión nombrada para redactar y proponer un reglamento del decreto, como en algún acto de carácter público, expuse mi opinión contraria al Registro forzoso de arrendamientos, opinión que honorablemente mantengo.

Pero ella misma me obliga a reconocer las concesiones hechas por el Gobierno en la reglamentación y a darles el realce debido, pues un convencimiento sostenido de buena fe, no puede convertirse nunca en obcecada y biliosa oposición.

En el apartado b) del art. 1.º del decreto, se obligaba la inscripción de todos los contratos de arriendo, sub- arriendo, aparcería, colonato, etc., etc., para que tuvieran validez legal.

Según esto, los contratos que pasados treinta días de su otorgamiento (los que hoy estuvieren en vigor, dentro de un plazo de cuatro meses) no se inscribieran, quedaban automáticamente anulados, sin validez alguna y en una situación verdaderamente indefinida, que a la fuerza provocaría mil disgustos y contiendas civiles.

El reglamento conserva la obligatoriedad de inscribir los contratos de arrendamiento, exceptuando, por un artículo adicional, los de aparcerías y formas similares. Pero la falta de inscripción no anula ni invalida el contrato; lo único que hace es someterlo a sanciones, por incumplimiento del mandato dentro del plazo marcado.

La diferencia que esto representa es grande: supongamos que involuntariamente, por un simple olvido, se deja de inscribir un contrato de arriendo cuya renta anual asciende a 1.000 pesetas. Según el decreto, ese contrato quedaba invalidado, y en el caso de una demanda civil el documento era nulo. Conforme al reglamento, el olvido puede subsanarse en cualquier momento pagando una multa de 25 pesetas, y aun en el caso de no percibir o ignorar la falta del requisito y llevarlo a un Juzgado falto de inscripción, éste la podría hacer de oficio, imponiéndose entonces la multa de 50 pesetas. Igual multa correspondería en el caso de que, por otro cualquier conducto de investigación oficial, se descubriese el incumplimiento de la inscripción.

El apartado f) del decreto-ley, dice: «No serán inscribibles, ni aun inscritos surtirán efectos, los contratos de arrendamiento en que se estipule una renta superior a la declarada o consignada en las oficinas de Hacienda a efectos tributarios, salvo que simultáneamente se dé el alta correspondiente a la diferencia y se acrede así ante el registrador, etc.»

Eso no sólo equivalía a detener y casi imposibilitar los aumentos en las rentas, sino que además colocaba a los propietarios de fincas rústicas en una difícil situación, pues por una parte ignoran las rentas que les tienen asignadas las oficinas de Hacienda, y por otra desconocen qué alza es la que hay que dar cuando la renta se eleva, ya que la renta es sólo un factor del líquido imponible, que puede cambiar sin que se altere dicho líquido.

Más claro, por si hubiera en esto alguna duda. Una finca tiene un líquido imponible, o utilidad líquida supuesta, de 100; paga de renta 50, y los otros 50 constituyen la ganancia del agricultor. Si la renta se eleva a 60, no significa matemáticamente que el líquido aumente, sino que lo más probable es que se disminuya en 10 las ganancias del labrador y se aumenten por igual cifra las del propietario. ¿Cómo justificar un alza contributiva por un reparto distinto de los factores integrantes del líquido imponible, sin alteración alguna de éste?

Al reglamentar esta parte, se sienta el principio de que los contratos serán siempre inscribibles con sólo una nota del propietario, conformándose con las conse-