El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-07 00:00:00), página 7

su vez, formulen razonadamente las Jefaturas del servicio provincial del Catastro de la riqueza urbana antes del 1.º de agosto próximo, el Ministerio de Hacienda deberá reducir o dejar sin efecto dicho aumento en aquellos Municipios en que, a juicio de las citadas Jefaturas, así proceda.

Art. 2.º Se exceptúan de los aumentos establecidos en el artículo anterior los líquidos imponibles: a) de las fincas comprendidas en zonas de ensanche de poblaciones, por las que se satisfaga el correspondiente recargo extraordinario de la contribución; b) en general, de las fincas que por cualesquiera causas hayan sido objeto de valoración por los funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda durante el año 1917 o posteriormente.

En cuanto a las fincas respecto de las cuales hayan formulado declaraciones los contribuyentes al amparo de los Reales decretos de 14 de noviembre y 1.º de diciembre de 1923 y 29 de julio de 1925, solamente serán aumentados los líquidos imponibles en el importe de la diferencia en menos, cuando la hubiere, entre la cifra por aquéllos declarada y el resultado de aplicar a la riqueza que antes de la declaración constaba en los documentos de la Hacienda el respectivo tanto por ciento de aumento señalado en este decreto-ley.

Para que sean concedidas las excepciones determinadas en los párrafos primero, apartado b), y segundo de este artículo, será preciso que lo soliciten los contribuyentes interesados en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la publicación de este decreto-ley.

Tratándose de fincas sitas en Municipios en que se halle legalmente establecido, como recurso municipal, el recargo transitorio de una décima sobre el importe correspondiente al Tesoro de la contribución territorial urbana, el aumento de los líquidos imponibles, si procediere, será solamente de un 10 por 100.

Art. 3.º Contra los aumentos a que se refieren los artículos anteriores, si se tratase de riqueza en régimen de cupo, solamente podrán interponerse reclamaciones extraordinarias de agravio, que se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes en lo que no se hallen modificadas por las de este decreto-ley.

En cuanto a la riqueza en régimen de cuota, podrán reclamar los Ayuntamientos, las Juntas periciales, las Asociaciones oficiales representativas de contribuyentes, las colectividades de propietarios y los particulares contribuyentes.

En todas las reclamaciones de que trata este artículo deberán proponerse cifras sustitutivas de las que se impugnen.

Las reclamaciones tendrán que ser presentadas dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de este decreto-ley.

Art. 4.º Una vez presentadas en forma las reclamaciones a que se refiere el artículo precedente, se verificarán, si fuesen precisos, los correspondientes trabajos de comprobación. Con tal objeto, la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial designará el personal técnico que deba realizar dicha labor. Por el jefe de la Comisión comprobadora se formulará un presupuesto de gastos en relación con la índole de los trabajos que aquélla haya de realizar.

Depositada por los reclamantes en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales a disposición del jefe de la Comisión comprobadora la cantidad presupuesta como gastos, se procederá a realizar los trabajos de comprobación.

El ministro de Hacienda deberá acordar la devolución de la cantidad presupuesta y que se abonen de oficio los gastos realizados en la comprobación si, terminada ésta, resulta que se ajustan a la realidad las cifras propuestas por los reclamantes o no difieren de las que arroje dicha comprobación en cantidad superior al 5 por 100.

Art. 5.º Los acuerdos que se dicten sobre las reclamaciones referidas en los artículos precedentes, cuando impliquen variación de los líquidos imponibles, surtirán efectos tributarios desde el trimestre natural correspondiente a la fecha de dichas reclamaciones.

Contra aquellos acuerdos se podrá, a su vez, reclamar con sujeción a las disposiciones vigentes.

Art. 6.º Los aumentos que en la contribución territorial produzca la aplicación de las disposiciones anteriores en el próximo ejercicio semestral quedarán en su totalidad a favor del Tesoro público, sin que, en consecuencia, se pueda satisfacer a las Diputaciones provinciales ni a los Ayuntamientos participación alguna en las cantas correspondientes a dichos aumentos.

Art. 7.º A los arrendatarios de fincas rústicas que las adquieran en plena propiedad, a partir del 1.º de julio próximo, les será conocida exención total de la contribución territorial durante un año y de la mitad de la respectiva cuota durante el año siguiente.

Para que tal exención pueda otorgarse y mantenerse será preciso que la solicite, mediante instancia documentada, el propietario interesado o su representante legal, y se cumplan los requisitos siguientes: 1.º Que el arriendo de la finca a que la exención se refiera, cuente, al menos, diez años de duración no interrumpida, computándose a este efecto el tiempo que hayan llevado dicho arriendo, también sin interrupción, los ascensientes del arrendatario. 2.º Que la adquisición de la finca se realice en plena propiedad, aunque el precio deba hacerse efectivo en varios plazos. No podrá concederse el beneficio de exención en los casos de venta con pacto de retro. 3.º Que el contrato de compraventa se haya formalizado mediante escritura pública o inscrito en el Registro de la Propiedad.

Se considerará nula la exención declarada si el propietario enajena o cede en arriendo, usufructo o prenda, la finca de que se trate antes del término del período de exención, viéndose en tal caso obligado a reintegrar al Tesoro el importe de la contribución correspondiente, y respondiendo de ella subsidiariamente, en todo caso, el adquirente o cesionario. A estos efectos, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que la enajenación o la cesión se hubiesen formalizado, el propietario deberá ponerlo en conocimiento de la Delegación de Hacienda. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada con una multa del doble de la contribución a reintegrar.

A todos los efectos de este artículo, tendrán la consideración de arrendatarios los colonos y apareros.

No hará perder el título de arrendatario la circunstancia de arrendar, por uno o más años, pastos, rastrojeras, leñas, maderas, carbones y aprovechamientos semejantes en fincas agrícolas, o frutos maduros sin re-