El Progreso agrícola y pecuario (1926-06-22 00:00:00), página 3

La cuestión agraria en el extranjero y en España.

III

El clima en nuestro país es poco favorable, en general, para el cultivo agrario. Su característica, en el Mediodía y Centro de España, es la escasez de agua de lluvia. En Andalucía, el calor excesivo y el abrasador viento de Levante, sin compensación suficiente por falta de humedad, allí donde falta agua que la proporcione, hacen muy eventuales las cosechas, hasta el punto de que se calcula, por término medio, que en cada quinquenio sólo puede contarse una cosecha abundante, siendo la de los cuatro años restantes escasas o medianas. En las provincias del Norte y Noroeste se cuenta con lluvias frecuentes y temperaturas suaves en el litoral y con lluvias, nieves y bajas temperaturas en la parte montañosa. Estas condiciones climatológicas influyen en los sistemas de aprovechamiento del suelo. En Andalucía y Extremadura los cultivos que están indicados por las exigencias del clima son los de los árboles y arbustos. El cultivo herbáceo es muy aleatorio donde no se cuenta con regadío.

En las provincias del Norte concurren condiciones favorables para la producción herbácea y, por lo tanto, para la provechosa explotación del ganado, sin que por eso dejen de cultivarse el manzano, algunos árboles frutales, el maíz y el centeno y de obtenerse forrajes que, después de secos y prensados, se exportan a otras provincias después de llenar la necesidad de alimentar el ganado del país.

Tampoco el suelo resulta, en general, muy favorable para la producción agrícola, porque las montañas que cruzan el territorio nacional, las grandes estepas que ocupan más de 3 1/4 millones de hectáreas del mismo y la escasa profundidad del suelo laborable en grandes extensiones, lo inutilizan para el cultivo, o lo hacen poco productivo.

Conviene tener en cuenta que no es sólo en España donde el clima y el suelo ofrecen dificultades a la agricultura. En Argelia, Túnez y Trípoli, donde el calor y la sequía son, por lo menos, tan intensos como en Andalucía y Extremadura, ha progresado la industria agrícola en tales términos, que se calcula en un 80 por 100 el aumento de producción de cereales en la primera de aquellas colonias en el transcurso de treinta años.

En cuanto a las fincas rústicas muy extensas, o latifundios, no es precisamente su capacidad lo que las hace poco útiles para el cultivo agrícola, sino el sistema extensivo de su explotación, de año a año y vez al alterno, consecuencia, a su vez, de la escasez de capitales de explotación y, en lo que se refiere a las dehesas extremeñas, al sistema de pastoreo, tan poco lucrativo en relación con la superficie explotada.

Los predios menores de una hectárea que, según tenemos expuesto en otro lugar, tanto abundan en nuestro país, sólo podrán explotarse con provecho como huertas, si cuentan con abono y agua suficiente. En caso contrario, sólo habrán de ser cultivados de un modo rudimentario y con mezquinos rendimientos.

Son excesivas las cargas que pesan sobre la agricultura en España. La contribución territorial sobre la riqueza rústica representa, para los pueblos que se rigen por el Catastro, un gravamen de 14 por 100 sobre el líquido imponible (renta de la tierra, beneficio del agricultor, beneficio por el ganado e interés del capital de explotación) y un recargo del 16 por 100 sobre las cuotas para gastos de primera enseñanza. Los pueblos que no cuentan con Catastro se rigen por los amillaramientos y cupos fijos, que se prorratan entre los propietarios agricultores en proporción de la riqueza amillarada para cada uno. Las cuotas resultantes de este último sistema oscilan alrededor del 20 por 100.

Tenemos dicho y demostrado, en el artículo VII de los publicados en esta Revista bajo el epígrafe de «El momento actual del Catastro», que la riqueza rústica contribuye en mayor proporción que la urbana; pero ahora debemos agregar que no vemos por qué el recargo del 16 por 100 sobre las cuotas tributarias ha de gravitar únicamente sobre las cuotas de rústica y urbana y no sobre las correspondientes a las demás contribuciones, toda vez que la primera enseñanza no beneficia sólo a los hijos de labradores y de propietarios de edificios y solares, sino a todas las demás clases sociales. Si la cantidad que hoy se recauda con tal objeto se prorratarea entre las demás contribuciones e impuestos, además de la territorial, resultaría un gravamen equitativo y sostenible para todos.

El absentismo que se padece en España, lo mismo que en otras naciones, es el apartamiento por el propietario de las fincas que le pertenecen, en cuya explotación no pone su inteligencia y su trabajo, dejando a sus administradores o apoderados el cuidado de percibir las rentas que aquél las le produce. Ese apartamiento perjudica al mismo propietario, a sus arrendatarios y obreros, por no entenderse éstos directamente con el dueño de la finca en que trabajan y no recibir, por lo tanto, el trato humano y equitativo que establece lazos de simpatía y fraternidad entre los dueños y sus dependientes, que tanto influye en la producción y en el orden social. Es cierto que esos propietarios emigrantes hacen uso de su libertad de acción y de su derecho; pero éste y aquéllos tienen su límite en el interés general, y porque el abutendi del Derecho romano ha caducado por completo.

La escasez de abonos es una consecuencia natural del cultivo extensivo, y si bien algo se atenta ese inconveniente con el rústico, es tan pequeño el beneficio que éste produce que se puede prescindir de él al calcular el balance de la riqueza nacional. El abono orgánico es la base de la producción, toda vez que los abonos minerales, además de su precio elevado, no producen el efecto físico del estiércol de cuadra, y sólo pueden considerarse como complementarios de éste. Además, en nuestro país son caros, tanto por lo elevado de las tarifas de transporte como por la escasez y mal estado, en general, de las carreteras provinciales y de los caminos vecinales.