El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-22 00:00:00), página 5

para la Administración y para los Poderes públicos; el incumplimiento frecuente de las obligaciones contraídas por los particulares interesados, cuya promesa servía de apoyo a la propaganda, primero, y al favor oficial, después; el grave perjuicio de retrasar por largísimo plazo el beneficio que el país espera y que los sacrificios del Erario público merecen.

Todo ello puede ser evitado por medio de ese plan en cuya formación pueden y deben tomar parte los intereses comarcales al lado de los representantes autorizados del interés general. Nuestra ley de Aguas de 1879, hermoso cuerpo de doctrina legal que tantos respetos y alabanzas nos ha hecho merecer, y en la que con visión profunda y prevísora definió y orientó el legislador todas las fases y aspectos del aprovechamiento de las aguas, guardando una relación debida, justa y prudente entre los intereses generales y los particulares, ya previene, en su art. 241, no sólo la posibilidad del acuerdo entre Comunidades y Sindicatos de un mismo río para la defensa de los derechos y fomento de los intereses de todos, sino que establece la facultad ministerial de formar Sindicatos centrales o comunes para la ejecución de las grandes obras de regularización que afectan a intereses numerosos. La ley de Construcciones hidráulicas de 7 de julio de 1911 exige como garantía una participación equitativa que sólo esa sindicación puede ofrecer.

Sobre bases perfectamente legales puede establecerse una norma que represente un verdadero avance, un cambio profundamente acelerador en la marcha de las obras y sistemas de aprovechamiento hidráulico. Bastará para ello organizar debidamente con un sentido de realidad y eficacia, sincero y exclusivamente económico, la cooperación de regantes y usuarios diversos, dándoles intervención en la administración y en los beneficios, aunque imponiendo el orden y señalando el destino de tales beneficios que han de servir de base al propio desarrollo del plan, con lo cual se crea un elemento de trabazón y armonía, se define automáticamente una conveniencia en el ordenamiento y se eliminan, automáticamente también, aquellas iniciativas, proyectos y sistemas que no ofrezcan ese perseguido beneficio.

Con arreglo a este criterio, proponemos la formación de Confederaciones sindicales que bajo la tutela y con la ayuda del Estado, pero con personalidad jurídica suficiente, han de actuar como motrices de energías latentes o estérilmente consumidas, respondiendo a una realidad geográfica; a una necesidad sustancial largo tiempo sentida, al mejor aprovechamiento de las aguas; a una finalidad inmediata, el mayor rendimiento de las obras que en la actualidad se explotan o construyen, y a otra inmediata y definitiva, la creación de riqueza en toda la medida que consentan la cuantía de los recursos hidráulicos disponibles y la potencialidad económica del país.

Estas Confederaciones sindicales habrán de funcionar, para el debido cumplimiento de su misión, con la máxima autonomía compatible con la soberanía que en nombre del Estado ha de ejercer la Administración pública; con sujeción a nuestra legislación vigente sobre aguas, siguiendo un plan que aquélla decretará, pero que formulará la misma Confederación, a la que se dotará de una Dirección técnica y administrativa que nombrará la Administración, ofreciendo las máximas garantías de coordinación, conocimiento, competencia y eficacia. La Confederación tendrá la independencia precisa para sentir el estímulo de sus propios anhelos y el freno saludable de la responsabilidad; para evitar dificultades burocráticas dilatorias que consumen tiempo y esfuerzos en pura pérdida; para alentar y vivificar el sentimiento colectivo; para dar vigor social a todos los elementos integrantes de esas regiones hidrográficas, cuya potencialidad económica puede ser así elevada a su máximo valor.

Desde este punto de vista interesa igualmente al Estado y a las Confederaciones hidrográficas que el producto de las obras mismas contribuya eficazmente al abono del coste de su construcción, limitándose el Estado al auxilio inmediato durante el período inevitable de transición, en tanto sus compromisos sigan en pie, y a reforzar con su aval la garantía que la plus valía de los terrenos regados, las nuevas industrias y las obras de navegación, han de ofrecer a los empréstitos que las Confederaciones emitan debidamente autorizadas.

Una vez satisfechas las obligaciones que de tales empréstitos se deriven y realizados los fines de la Confederación, los beneficios obtenidos vendrán a ser en parte fuente de ingresos para el Erario público y en el resto origen y medio de mejoras, de garantías para el crédito agrícola e industrial indispensable para el rápido aumento de la producción y de previsión para el ulterior y definitivo cumplimiento de la misión confiada a tales organismos económicos.

Del mismo modo que por razón de la organización de estas Confederaciones, que pueden llegar a abarcar extensas zonas de territorio nacional, no se modifican en nada las leyes que afectan al régimen de percepción directa, que habrá de ser regulada y facilitada por un avance catastral tan rápido y completo como sea preciso, tampoco se modificarán las que afectan a las tributaciones de carácter indirecto que por ser aplicadas a la riqueza circulante y relacionarse con otros servicios, dependencias y gastos del Estado, ingresará en sus arcas, en la forma, medida y proporción que definan las leyes y disposiciones vigentes o que se fijen en las que puedan sustituirse en lo sucesivo.

Tales son las razones en que se funda el presente proyecto de Real-Decreto, con cuya aplicación es justo esperar que en cada cuenca hidrográfica la comunidad de intereses y combinación de aspiraciones hará crear con singular pujanza la riqueza nacional y robustecerá los organismos regionales, elevando su valor colectivo y social y la pureza de sus actuaciones políticas.

Aprobado por el Consejo de Ministros, en atención a lo expuesto el de Fomento tiene el honor de someterlo a la aprobación de V. M.

Madrid, 5 de marzo de 1926.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Rafael Benjumea y Burtn.

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Fomento y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En todas las cuencas hidrográficas en que la Administración lo declare conveniente o en que lo solicite el 70 por 100, por lo menos, de su riqueza