El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-22 00:00:00), página 4

cubrir los casos de ocultación o de fraude, en que se tienen que aplicar. En vista de ello, hace otra nueva renuncia de sus facultades y se las traspasa a los ciudadanos, encomendando a ellos el descubrimiento de las ocultaciones, por medio de las denuncias remuneradas en proporción a la importancia de las diferencias halladas entre la valoración declarada y la comprobada.

Valor en renta y en venta.—Surge la primera dificultad de aplicación práctica de estos decretos al tratar de definir lo que se entiende por valor en venta y valor en renta. Ambos valores, en la contratación corriente, son precios concertados cuya cuantía obedece a la libre voluntad de las partes; la Hacienda no puede aceptar esa amplitud de juicio; para ella existe una susceptibilidad de valor que debe ser la que se tome de medida justa para la aplicación del gravamen; una finca, por ejemplo, puede optar sin grandes forzamientos a una renta de 100 y a un precio en venta de 2.000; pero su propietario, por generosidad, por capricho, por motivos siempre personales, puede cederla en arriendo por 10 y conceptualizarla con un valor en venta de 200. ¿Debe la Hacienda resultar lesionada económicamente por esas causas de privada dejación?

Aquí, además, se mezclan ya esos conceptos sociales que se amalgaban con las cuestiones fiscales en unos casos, y que en otros se rechazan, según conviene al criterio de cada cual. Hay tierras incultas, cotos de caza (¡esos cotos de caza que tanto se han abultado, y que se suponen vergeles y huertos malogrados por el lujo y la diversión de unos propietarios!), fincas, en fin, que producen muy poco, y que son reclamadas por cultivadores que no hallan tierras en las que aplicar su trabajo. ¡Pues que paguen contribución proporcionada a lo que son susceptibles de producir, e inmediatamente se convertirán en fecundos suelos cultivados!

No está muy claro el razonamiento, pues si esos propietarios, por lujo, capricho, vanidad o divertimiento, dejan de cobrar rentas como mil, no es fácil que ante el pago de ciento, que pueda suponer la diferencia de contribución, cambien el indebido uso que socialmente hacen de su propiedad.

Pero aceptamos como sana norma de tributación el cobrar las contribuciones por lo que las cosas debieran ser, no por lo que son en realidad. ¿Quiénes son capaces de señalar justamente y ponderadamente esos términos de verdadera capacidad productiva?

No hablamos ya de los casos excepcionales de abuso desenfrenado de los derechos que concede la propiedad, abusos que, por cierto, nunca competirá a la Hacienda el corregir o castigar; hablamos de la generalidad de las fincas, del caso corriente en casi todos los propietarios de riqueza rústica. ¡Es que alguno sabe certernente lo que son susceptibles de producir en renta o en venta sus posesiones! ¿Y es también que no tiene una importancia social tan grande como la del mejor aprovechamiento del suelo el mantenimiento de rentas bajas, de rentas que no se cambian a veces en siglos, ante consideraciones de orden moral que repercuten en beneficio del cultivador y que establecen armónicas de trato y de costumbres entre los que poseen y los que labran la tierra?

Por lo que hace al valor en venta, ¿será igual el precio que ofrezca un propietario colindante (ino digamos ya circundante!), deseo de ampliar sus dominios, que el que se logre de un ventajista, cuando el apremio de una necesidad obligue a vender? Y, sin embargo, ambos precios se saben localmente, se atestiguan, se juegan en otros tratos, para litigar por los dos términos distantes del comprador y el vendedor.

Pero entonces se dirá: usted no admite que los propietarios tengan un concepto formado de lo que deben rentar y valer sus fincas, ateniéndose a las posibilidades reales?

Sería absurdo negar tal cosa. Lo que niego rotundamente es que ese concepto propio de los valores pueda tener tales bases de fijeza y exactitud que acepte la prueba de una comprobación técnica sin el temor de incurrir en notables diferencias de apreciación. El imponer sanciones graves, si surgen esas diferencias, es cruel y es injusto; el suprimir la sanción es abrir las puertas al engaño. Por eso es irrealizable la obra realizada en esta forma inversa.

Porque, después de todo, aquí no se trata más que de hacer un catastro a la inversa, partiendo de la conformidad de los propietarios en un tipo de valor, para llegar luego a una comprobación desordenada y sin método. Y si no es eso, y si lo que se pretende es aprovechar unas declaraciones de altas para aplicar inmediatamente aumentos contributivos de cualquiera manera que sea, la cosa tiene peor aspecto, ya que se sacrificará a los timoratos y a los propietarios de buena fe, dejando en tal estado a los ocultadores pertinentes, que ni declararán, ni dirán la verdad, aunque se les amenace con la hozca.

Las sanciones.—Como sanción fiscal se establece la expropiación forzosa; como arma de combate se fomenta la denuncia, ofreciéndole premios.

La una es atentatoria a los principios de la propiedad; la otra es corrosiva para la sociabilidad y para las buenas costumbres rurales.

Es justo reconocer que la expropiación, tal como se aplica en el decreto del 1.º de enero, pierde sus condiciones características, especialmente la de fortalezza, ya que se concede al propietario un derecho de tanteo, que equivale a tanto como no expropiarle la finca, siempre que se conforme al pago de las multas y al de la contribución que pueda corresponderle como consecuencia de la comprobación pericial efectuada. Es decir, que en tal forma, sin que llegue a serlo por completo, esa llamada expropiación más se asemeja a un embargo por resistencia al pago de multas.

También hemos de reconocer que la denuncia de particulares, y aun los premios a los denunciantes, es coa reconocida por otras disposiciones legales de carácter fiscal, que por cierto no han dado resultados muy satisfactorios.

Ahora bien: si la expropiación y la denuncia han de emplearse con tales cuidados y atenuaciones que prácti-