El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-15 00:00:00), página 12

El apartado 3.º es la repetición innecesaria de disposiciones que regulan la intervención de los ingenieros agrónomos en los proyectos que se formulen con motivo de peticiones de aprovechamientos de aguas para riego; se presta, en cambio, a reclamaciones al atribuir a aquellos funcionarios el informe de todo proyecto de aprovechamiento de aguas, sin distinguir si se trata de riegos o de aprovechamientos industriales o de producción de energía, que no tienen relación alguna con el riego.

Otro tanto puede decirse del apartado 4.º, relativo a la intervención del Servicio agronómico en lo referente a zonas arroceras, perfectamente definida en las disposiciones que regulan su explotación.

En resumen: el art. 5.º del Real decreto resulta inaplicable en algunos de sus extremos e innecesario en otros; es, pues, conveniente su supresión o su modificación, reduciéndolo, a lo sumo, a una disposición que dé carácter de ley a las disposiciones anteriores al Real decreto que regulan la intervención de los ingenieros agrónomos en las concesiones de aprovechamiento de aguas para riego.

También el art. 40 ha ocasionado consultas y competencias que requieren ser desvanecidas y resueltas.

Unas y otras han sido motivadas por distintas interpretaciones dadas a los apartados 1.º y 2.º de dicho artículo, en cuanto en ellos se atribuye a los ingenieros agrónomos la exclusiva competencia en toda tasación o valoración de predios rústicos, sea cualquiera el fin con que se realice; entienden y sostienen unos que tal exclusiva se refiere a todos los casos de expropiación, sea cualquiera el motivo legal de ésta, aun cuando sea con secuencia de la aplicación de leyes ajenas a la reglamentación del servicio agronómico; sostienen otros que tal disposición se contrae y refiere únicamente a los fines privativos de la organización del servicio agropecuario.

Aquella primera interpretación equivaldría a un monopolio absoluto y a la desaparición completa de los artículos 21 de la ley de Expropiación forzosa y 32 de su reglamento, ley aquélla de carácter general y orgánico, que no hace acepción de las causas singulares determinantes de su aplicación, exigiendo sólo su citado art. 21 que los peritos tengan título facultativo suficiente para la clase de operaciones que se les encomienda, suficiencia determinada por el 32 del reglamento y por otras disposiciones posteriores al definir qué facultativos, tanto del orden civil como del militar, la poseen.

Y al constituir el monopolio una derogación de la citada ley general—que no puede ser impuesta por una disposición especial, de finalidad limitada y restringida, cual es el decreto-ley de que se trata—, sería necesario que la fuerza derogadora estuviese expresa y categóricamente contenida en algún artículo o párrafo del mismo, lo que no ocurre en este caso, ya que en su artículo único, por el que se aprueba la organización de los servicios agropecuarios, se añade que quedan derogadas «cuantas disposiciones se hubieren dictado sobre la materia», y no son los preceptos de la ley de Expropiación materia agropecuaria.

No cabe suponer, por otra parte, que impulsara al Directorio militar el pensamiento de otorgar un monopolio de funciones que, para beneficiar exclusivamente a una clase de técnicos, produjera daños y redundase en menosprecio y olvido de legítimos derechos de otros técnicos, adquiridos a título muy oneroso al amparo de la ley.

Dedúcese, en consecuencia, que la exclusiva de que hace mención el art. 40 se contrae únicamente a cuanto se refiere a los servicios dependientes del personal agronómico.

Pero aún es de observar que la interpretación del apartado 4.º de dicho artículo puede prestarse a torcidas interpretaciones, en cuanto prescribe la intervención del servicio agronómico en el expediente del proyecto de cualquiera nueva vía; debe entenderse que se trata de cualquiera vía que forme parte de un servicio privativo de la organización agropecuaria.

Otra distinta interpretación, o sea el informe del servicio agronómico sobre la mayor o menor utilidad de cualquier proyecto de vía de comunicación, sea carretera, ferrocarril o canal de navegación, sería añadir un trámite más a los numerosos que se exigen para la aprobación de aquellos proyectos, trámite, por otra parte, innecesario, puesto que la justificación razonada de aquella utilidad constituye una de las obligaciones de los autores de los proyectos y su examen uno de los deberes de los Centros superiores facultativos que sobre aquéllos han de dictaminar, en cuyo momento se tiene muy en cuenta los resultados de la información pública a que tales proyectos se someten.

Dedúcese de lo expuesto sobre el art. 40 que se hace necesario modificar su redacción, precisando claramente el alcance de sus disposiciones, limitándolo en cuanto se refiere a expropiaciones, a cuyo efecto, así como en lo relativo al art. 5.º, tiene el proyecto de decreto-ley que el Consejo de Ministros, de acuerdo con el de Fomento, tiene la honra de someter a la aprobación de Vuestra Majestad.

Madrid, 5 de marzo de 1926.—Señor: A. L. R. P. de V. M., Rafael Benjumea y Burín.

REAL DECRETO-LEY

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta del de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Los artículos 5.º y 40 del decreto-ley de 20 de junio de 1924 se modifican en la forma que a continuación se expresa:

«Art. 5.º La intervención del servicio agropecuario en la tramitación de los expedientes para concesión de aprovechamientos de agua con destino a riegos, y de lo relativo a la concesión de cotos arrozales, será la regulada por las disposiciones dictadas para tales aprovechamientos con anterioridad a la fecha del decreto-ley de 20 de junio de 1924.»

«Art. 40. En toda tasación o valoración de predio rústico, cuando se trate de servicios privativos de la organización agropecuaria, el Estado designará preferentemente, como peritos de la Administración, a los funcionarios del Servicio agronómico, haciendo extensiva esta preferencia, en igualdad de circunstancias, a los casos de construcciones rurales y de los edificios destinados a la explotación de industrias agrícolas.»

Dado en Palacio a cinco de marzo de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín.