El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-31 00:00:00), página 2

do por sus respectivos Ayuntamientos. Por el contrario, la gran mayoría de esas líneas lo son de posesión de hecho, y, por lo tanto, con mayor motivo, en el supuesto de que todos los Ayuntamientos se presten con verdadero interés a secundar los propósitos que se persiguen, con el deslinde de la propiedad privada, y es mucho suponer, raras veces estarán de acuerdo los propietarios de los predios colindantes. Será preciso, por lo tanto, que los individuos de las Juntas periciales comisionados al efecto por los Ayuntamientos establezcan en la mayor parte de los casos las líneas límite de los predios con arreglo a la posesión de hecho, sobre las cuales no puede fundarse el Catastro jurídico que se pretende. Además, dada la excesiva división de la propiedad agrícola en una gran parte de España, en donde, como ya tenemos dicho, hay más de siete millones de predios rústicos menores de una hectárea en la parte ya catastrada, el amojonamiento de esas fincas es punto menos que imposible y el levantamiento de los planos parcelarios sobre esa base tan insegura y confusa será difícilísima, dilatoria y costosa por todo extremo.

Indudablemente, los redactores de la ley de 3 de abril del año próximo pasado, procedieron con el mejor deseo de acierto, pero con un optimismo exagerado acerca del estado jurídico de la propiedad rústica en nuestro país, y no alardeamos de profetas al suponer que no ha de pasar mucho tiempo sin que se modifique esta parte de la expresada ley.

El Real decreto de 6 de marzo agrava las dificultades que ofrecía el decreto-ley tantas veces citado al confiar a Centros diferentes el período geométrico y el evaluatorio, porque es muy difícil lograr un sincronismo perfecto entre ambos, para que los trabajos confiados a cada uno de ellos no se adelanten ni retrasen más de lo debido, para que no pierdan la necesaria y oportuna relación entre ambos.

Esa misma dificultad subirá de punto en el período de conservación. En efecto, el párrafo segundo del artículo 1.º del Real decreto de fecha 6 de marzo confía al Instituto Geográfico y Catastral, entre otros trabajos, los de conservación y rectificación progresiva de los comprendidos en el período geométrico y a la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial los necesarios para la conservación y rectificación progresiva de los trabajos de evaluación que han de realizarse en el segundo período, o sea el de evaluación. Es decir, que el primero de dichos Centros conserva y rectifica los multiplicandos, o sean las superficies; el otro, los valores, o sean los multiplicadores; y quién se encarga de los productos, o sea de la conservación y rectificación del Catastro, que es el resultante de ambos factores?

Esto es imposible, o muy difícil y complicado, en el terreno de la práctica. Habrá que duplicar las oficinas de conservación y el gasto necesario para sostenerlas. Las oficinas de conservación del primer período, a cargo del Instituto Geográfico, se ocuparán de la división y acumulación de fincas rústicas, de las modificaciones de los cultivos y aprovechamientos (véase el apartado tercero del art. 15 del decreto-ley de 3 de abril) y de la modificación de la planimetría de los polígonos topográficos en armonía con las expresadas variaciones.

Las oficinas de conservación dependientes de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial habrán de limitarse a los cambios de productividad, poco frecuentes, cuando los haya. Los reglamentos serán dos, uno para la conservación de los trabajos del primer período y otro para la de los correspondientes al segundo período, y en cuanto a los propietarios agricultores, tendrán que entenderse con ambas oficinas, porque las características de cada finca obrarán en dos oficinas diferentes.

El art. 15 del decreto-ley de 3 de abril del año último, en su apartado 3.º confía al personal del Instituto Geográfico la separación de cultivos en cada parcela de las que integran un mismo polígono topográfico, operación que debe ser realizada por el personal agronómico del Estado, tanto porque le corresponde por las atribuciones que le confieren las leyes vigentes por que se rige, como por no poder ser de otra manera, en atención a que muchas veces el cultivo que aparece en el campo es uno de los que entran en una rotación que debe ser tenida en cuenta para los efectos fiscales, y no solamente uno de los cultivos que la integran; otras veces la siembra es transitoria, sin otra finalidad que la de fertilizar la tierra; otras no aparece cultivo alguno, pero puede presumirse por la preparación del suelo, restos de vegetación, etc., todo lo cual puede y debe conocer un técnico en agronomía, y no el geómetra o el topógrafo.

Suponer que la evaluación de una finca rústica se reduce a la clasificación de sus cultivos y a la determinación de los productos líquidos unitarios de los mismos, es una equivocación evidente, porque la evaluación no mercería el nombre de tal si no se tienen en cuenta las superficies de los cultivos. Por eso, los ingenieros agrónomos y los peritos agrícolas estudian topografía, y las leyes vigentes les conceden facultades exclusivas para la medición y tasación de fincas agrícolas.

En el art. 4.º del Real decreto de 6 de marzo del corriente año se dispone que quede subsistente el decreto-ley de 3 de abril del año anterior, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el primero, entendiéndose modificados, en la parte indispensable, los artículos de éste que afecten a lo que en aquél se estatuye. Hay medio, por lo tanto, de enmendar los errores de que adolece el decreto de 3 de abril de 1925, según demostramos en nuestros artículos anteriores.

Aunque sin esperanza de ser atendidos, por nuestra insignificancia, creemos deber insistir en que no debe mantenerse el deslinde de la propiedad privada como base del Catastro parcelario y geométrico, por la dificultad de hacerlo efectivo, por la no menos importante del amojonamiento, por la excesiva división de la propiedad en una gran parte del territorio nacional, por la falta de finalidad de ese trabajo, toda vez que, según tenemos demostrado, no puede servir de base a un Catastro jurídico que merezca ese nombre; por el tiempo que ha de