El Progreso agrícola y pecuario (1926-06-15 00:00:00), página 5

ñas parcelas incultas a braceros del campo, y el mismo Congreso, en 1902, solicitó la adopción de medidas legislativas para evitar la subdivisión de la propiedad rústica. En 8 de julio de 1898 se promulgó la ley de policía rural, reglamentada en 1906, y en el mismo año la de sindicatos agrícolas, sin contar con otras muchas leyes, Reales decretos y disposiciones varias, encaminadas a los mismos fines antes expresados, que omitimos en obsequio de la brevedad y que cita el Sr. Pazos en su admirable libro sobre la cuestión agraria, del que ya hicimos mención anteriormente. No debemos omitir, sin embargo, la opinión del Sr. González Besada, de grata memoria, expuesta en su preámbulo al Real decreto de 22 de marzo de 1907 sobre concentración parcelaria, en el que manifestaba que «la emigración, el absentismo, la acumulación excesiva de la propiedad en unas regiones, su exagerado y nocivo fraccionamiento en otras, las cargas que sobre aquélla pesan y la deficiencia de los abonos, son factores, entre otros muchos, de la decadencia por que atraviesa nuestra riqueza agrícola y que preocupan hondamente al ministro que subscribe».

Como puede apreciarse por lo anteriormente expuesto, el problema agrario reviste en España extraordinaria gravedad, reconocida, durante el pasado siglo y lo que va transcurrido del presente, por los gobernantes y por todas las personas que, de uno u otro modo, han intervenido en los asuntos públicos. Desgraciadamente, la realidad no ha correspondido a tan copiosa legislación, de la que sólo ha prevalecido una pequeña parte, y para eso, de un modo tímido y deficiente, como ocurre con la colonización interior, según la autorizada opinión del señor vizconde de Eza en su reciente conferencia en la Academia de Jurisprudencia. Puede decirse que el problema está intacto en su esencia, toda vez que, si bien esa colonización, la ley de Sindicatos agrícolas y la ley de policía rural son otras tantas medidas bien orientadas y ventajosas para la agricultura, no afectan a la entraña del problema. Al llegar a este punto no debemos prescindir de la notable conferencia dada en el Instituto de Ingenieros Civiles el día 15 del pasado mes de abril por el ilustrado ingeniero agrónomo D. Fernando Martín Sánchez sobre la «reforma agraria italiana y la futura reforma en España». En ella expuso el procedimiento seguido en Italia para legalizar la invasión de tierras por los campesinos al final de la guerra europea de 1914, a los que se concedió el uso de las mismas durante cuatro años, en una extensión expropiada de 135.000 hectáreas. Hizo mención de la «Obra nacional para los combatientes», verdadero instituto de colonización, dotado con un capital de 300 millones de liras, cuyo objeto es el de constituir un patrimonio territorial, mejorarla y colonizarla, expropiando fincas públicas o privadas cuyo cultivo sea deficiente. En la actualidad, esa obra cuenta con 43.000 hectáreas, en cuya colonización y mejora van invertidos 50 millones. A sus colonos no sólo se proporciona la tierra, sino la dirección técnica y el crédito agrícola. Los proyectos de ley sobre latifundios que votó el Congreso, pero no el Senado, concedían tierras mal cultivadas a las asociaciones agrarias, a Sociedades anónimas y a un Instituto nacional de colonización que se creaba mediante la expropiación, enfeiteusis o arriendo a largo plazo. El orador manifestó que el problema se resolvería en España mediante una acertada política agraria, logrando que nuestra Nación mantenga a 40 millones de habitantes. De momento sólo procede reformar el contrato de arrendamiento con plazo mínimo, crear tribunales agrarios y un Instituto capaz de poseer, de expropiar fincas mal cultivadas, colonizarlas y presidir el traspaso de la propiedad para garantizar a los colonos la propiedad e indivisibilidad que eviten una nueva concentración de predios en pocas manos, o su pulverización.

El ingeniero agrónomo Sr. Rodríguez, en su notabilísima Memoria, que hemos citado en nuestro artículo anterior, opina, como síntesis de la misma, que «el actual problema no requiere más que desarrollar la producción, aprovechando los muchos elementos que aún no se explotan, y que, al entrar en movimiento, cambiarán el aspecto económico del cultivo y la aptitud de los obreros», mientras que el Sr. Pazos, en su admirable libro, al que también hemos hecho referencia, se inclina en favor del aumento de propietarios y de dar facilidades al crédito agrícola.

Sentados estos precedentes, examinaremos el problema en sus diferentes aspectos, sin que pretendamos llegar a una solución del mismo, que no han logrado tantas y tan eminentes personalidades en nuestro país, después de más de un siglo que lleva de plantead.

Entre los agentes y circunstancias que influyen principalmente en la producción agrícola, se cuentan, en primer término, el clima, el suelo, la acumulación excesiva de la propiedad en unos casos, su exagerado fraccionamiento en otros, las cargas que sobre la misma pesan, el absentismo, la escasez de abonos, el atraso en los procedimientos de cultivo, las discrepancias entre patrones y obreros y la falta de capitales invertidos en la explotación agrícola.

MANUEL DEL BUSTO.

(Continuará.)

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