El Progreso agrícola y pecuario (1926-09-30 00:00:00), página 7

y sus derechos, con indicación de los países de origen, oyendo previamente la opinión de los elementos interesados, tanto de la agricultura como de la ganadería y de la industria.»

Esta es la situación legal.

Se dice que la cosecha de maíz será escasa este año; pero de ello no puede haber sino una impresión, ya que el maíz no se ha recolectado todavía. No hay todavía datos oficiales de la cosecha de trigo, ya en grano, y mal los puede haber de la de maíz, aún en la planta. Los efectos de la escasez—caso de ser cierta—no se han de notar ahora, cuando la cosecha va a recogerse, sino, en todo caso, bastantes meses después, ya que España produce normalmente los 3/4 del maíz que consume su ganadería. Por otro lado, la importación no está prohibida, y el derecho de 10 pesetas para una mercancía que se cotiza—con los antiguos e insignificantes derechos—a 35, no tiene nada de excesivo en el régimen proteccionista en que vivimos. Si hace falta importar maíz, se importará, ya que tales derechos no son prohibitivos, ni mucho menos.

Nos atrevemos, pues, a rogar al Gobierno que, antes de autorizar la entrada de maíz con derechos arancelarios nulos o reducidos, se oiga la opinión de los elementos interesados, conforme dispone el art. 84 bis del decreto antes citado. Se ha oído, a lo que se ve, a los ganaderos; pero ¿y a los agricultores? ¡Cierta es que éstos tienen una representación en la Junta central de Abastos—a la que requerimos para que diga cómo se ha producido en este asunto, de máxima importancia para la agricultura—; pero no es a ella sola a quien, a nuestro juicio, procede oír en este caso, sino a las entidades agrícolas todas, pues no sólo las carcelaristas, sino las viticultoras tienen intereses que ventilar en este pleito.

Además, hace falta conocer estadísticas que hoy no se tienen. Hay que ver, con arreglo al prectado Real decreto, si la insuficiente producción de maíz no puede ser, este año, remediada por una cosecha abundante de otros piensos, como el centeno—por ejemplo—, que puede y debe suplir, en la alimentación del ganado, el déficit de la producción de maíz, ya que el valor nutritivo de estos dos cereales es muy semejante y el valor comercial del centeno suele ser más reducido; actualmente se cotiza a unas 36 pesetas los 100 kilogramos, que es precio muy conveniente.

No se olvide que el simple anuncio de importación sin derechos o con derechos reducidos de cargamentos de maíz, ha hecho descender el precio del centeno, la cebada, la avena, etc. Y, por último, tengáse en cuenta que la ganadería duplicó sus derechos de Aduanas en el Arancel del año 1922, y en cambio permaneció inmovible el derecho estadístico del maíz (una a dos pesetas los 100 kilogramos, según se importe para ganadería o para industria); injusticia que vino a remediar el Real decreto de 9 de julio último.

Si el maíz no tiene la debida defensa, por ese portillo huirá de España la producción de piensos, y ¿puede haber ganadería sin piensos para alimentarla?

Un régimen de justicia para el maíz, acrecentará en España la producción de piensos para el ganado, y nos eximirá de pagar al extranjero más de 150 millones de pesetas anuales. Y, además, permitirá que el trigo y el vino tengan alguna probabilidad de alcanzar un precio remunerador, cosa imposible mientras ese formidable enemigo pueda entrar en nuestra patria con la facilidad a que nos tiene acostumbrados.

Se autoriza a un Sindicato para realización de obras de embalse.

Decreto-ley de 20 de julio (Gaceta del 21).

Artículo 1.º Se autoriza al Sindicato central del río Segura para realizar las obras del embalse de la Fuensanta, en la provincia de Albacete, con auxilio del Estado, en las condiciones que a continuación se exponen.

Art. 2.º La autorización que se concede sólo dará derecho al Sindicato para la utilización del salto que pueda obtenerse al pie de presa y a percibir los auxilios de las entidades industriales a que hace referencia el art. 14 de la ley de 7 de julio de 1911, modificada por el decreto ley de 16 de mayo de 1925, considerando, únicamente a tal efecto, como Sindicato de riesgos al central del río Segura, del que deberán formar parte los usuarios industriales en la cuantía fijada en el apartado 3.º de dicho artículo.

Art. 3.º El auxilio del Estado consistirá en una subvención del 50 por 100 del presupuesto de la obra, o de su coste si éste resultase menor que aquél, y en un anticipo, reintegrable en el plazo de veinticinco años, del 25 por 100 del presupuesto, con interés del 3 por 100 anual. El reintegro comenzará a realizarse a partir del momento de poner en explotación la obra, y si en cualquiera de las anualidades dejase el Sindicato de abonar su importe, el Gobierno se incumplirá de la obra y la explotará en la forma que tenga por conveniente, con sujeción a las tarifas que juzgue oportuno fijar, hasta tanto que se resarza de la cantidad debida e intereses correspondientes.

Art. 4.º El Sindicato vendrá obligado a atender a los primeros gastos de ejecución de la obra hasta un 15 por 100 del presupuesto de la misma; llegado este momento, comenzará el abono por el Estado del anticipo en la proporción que vaya requiriendo el más rápido desarrollo de las obras. Satisfecho el total importe del mismo, se abonará la subvención por trimestres adelantados, en cuantía también proporcional al desarrollo de las obras.

Art. 5.º En un plazo de tres meses, a partir de la fecha de concesión, el Sindicato someterá a la aprobación del Ministerio de Fomento el proyecto completo y definitivo del embalse y aprovechamiento del salto de pie de presa, ajustándose al redactado por la División hidráulica del Segura y prescripciones impuestas al mismo en el informe del Consejo de Obras públicas.

Art. 6.º Terminadas las obras del embalse, quedará éste de propiedad del Estado, reservándose al Sindicato el derecho al aprovechamiento de la energía que pueda obtenerse al pie de presa, corriendo de su cuenta la Central hidroeléctrica con su maquinaria y tomas de agua,