El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-22 00:00:00), página 10

Cuando un contrato se refiera a varias fincas, sin determinar la renta correspondiente a cada una de ellas, se dividirá, para estos efectos, el precio global por el número de fincas.

Art. 63. Por las certificaciones negativas se percibirá una peseta.
Art. 64. Por la busca para expedir certificaciones con relación a personas, fincas o asientos cuyo número se determine, sea cualquiera el año en que la inscripción se haya practicado, percibirá el registrador por cada contrato 60 pesetas.
Art. 65. Por la comparecencia de arrendador y arrendatario y diligencias necesarias para la inscripción de contratos verbales, devengará el registrador 2 pesetas.
Art. 66. Los honorarios por expedición de certificaciones se satisfarán por los que las soliciten. Las autoridades, Tribunales o funcionarios que reclamen directamente las certificaciones, no tendrán obligación de abonar inmediatamente los honorarios respectivos, cuando procedan de oficio; pero harán las reservas oportunas para que los registradores sean indemnizados cuando hubiere lugar a ello.
Art. 67. Por todas las diligencias que practiquen los jueces municipales percibirá el 10 por 100 del importe de los honorarios del registrador, que deducirán de la nota que éstos les envíen al devolver los documentos haciendo efectivo el total, incluso por la vía de apremio, en su caso, pero sin que puedan retener el documento o documentos correspondientes.
Art. 68. Las cantidades que los Juzgados municipales recauden por honorarios del registrador serán mensualmente reembolsadas por aquéllos en la forma en que el mismo determine y a su costa.

(Continuará.)

La crisis agrícola.

El presidente de la Cámara agrícola de Granada, señor marqués de Ruchena, ha elevado al del Consejo de Ministros la siguiente exposición, que reproducimos íntegra en atención a su gran interés:

Excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros:

La Cámara oficial agrícola de la provincia de Granada, en cumplimiento de lo que constituye el más rudimentario de sus deberes, acude ante V. E. y con el mayor respeto somete a su consideración las manifestaciones siguientes:

Que es notoria la crisis profundísima que atraviesa la agricultura nacional, una de cuyas manifestaciones más graves está constituida por la violenta y creciente depreciación de productos del campo.

La patata y la habichuela, y además el maíz, la cebada, habas y en general todos los plenos, son los que han sufrido hasta ahora las bajas más importantes; pero esta misma depreciación viene ya reflejándose en los trigos, porque los fabricantes de harinas no pueden dar salida a los afrechos y productos análogos de la molitura, y, naturalmente, esto tiene que reflejarse en el precio del cereal.

Lo ocurrido este año con la patata es de tal importancia que merece expresa consignación, pues la ruina de este producto ha llegado a extremos de que, imposibilitados de venderlo, ni aun a precios más bajos y envueltos, algunos labradores han tenido, los más afortunados, que utilizarlo para alimento de los cerdos, y los que no han tenido tal recurso se han visto obligados a convertirlas en estiércol. De esto está convencido todo el mundo en esta vega de Granada, y cuente que las ventas se han hecho hasta a 85 céntimos la arroba, que, en forma remuneradora, debió vender el labrador a 2 pesetas.

Ofrece singular contraste con esta manera ruinosa de liquidar sus cosechas el cultivador lo que le cuesta el producirla, porque es también evidente que cuantos factores contribuyen a la producción, desde el jornal y rendimiento del obrero, precio de los abonos y maquinaria, hasta los tributos que pesan sobre la propiedad y la agricultura, no corresponde a la situación angustiosa en que ésta vive.

Cunde entre los productores agrícolas españoles la idea de que la depreciación que dejamos consignada obedece, en gran parte, a que viene siendo autorizada la importación de productos similares extranjeros, con los que no puede competir la producción nacional, porque los de fuera utilizan en su favor circunstancias ventajosas que se les ofrecen, incluso lo que representa la depreciación de la moneda.

Tenemos por cierto que la ruina de la patata no hubiera sido tan completa si se hubiera abastecido al Ejército de África con patata nacional, aunque resultase más cara que la francesa; en definitiva, la total economía española hubiera tenido la ventaja de que no saliese ese dinero del país.

Extremos tales llevan a esta Cámara a ofrecer a la información del Gobierno los datos que dejamos establecidos para que acuda a su remedio con aquellas medidas que su celo por los intereses públicos le sugiera.

Por nuestra parte, mirando con una previsión elemental la defensa de la próxima cosecha, ya que para mejorar la pasada es bien poco lo que puede hacerse, señalamos, con relieve singular, como urgente medida de Gobierno, la de que se prohiba la introducción de productos agrícolas extranjeros, que vienen a arruinar a los nacionales, y que el sentido proteccionista de la economía española se aplique de forma que pueda la agricultura nacional disfrutar de sus beneficios.

Así como pedimos que la aplicación de las leyes de Abastos se haga de forma que legítimas pero innecesarias previsiones no vengan a constituir dificultad para la circulación y venta de los productos agrícolas dentro del territorio nacional, y, por consiguiente, que la aplicación de tales disposiciones de Abastos sea algo excepcional, como por su carácter le corresponde y limitada a verdaderas necesidades públicas, y no constituya un recurso corriente, utilizado a diario, como si sus resultados, consecuencias y repercusiones no fueran tan dañosas para el interés de la producción.