El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-31 00:00:00), página 1

SOBRE CATASTRO

Como habrán tenido ocasión de ver los lectores de El Progreso Agrícola y Pecuario en los números de 15 y 22 de marzo y verán en otro lugar del presente número, la Gaceta correspondiente al día 7 del mes actual contiene tres Reales decretos fechados en el día anterior, que interesan a los agricultores. En el primero, se dispone que no se consideren incumplimiento de contrato, ni sean causa de desahucio, las experiencias que se realicen con fines de demostración de los modernos sistemas de cultivo, el empleo de abonos químicos y máquinas modernas, así como la adopción de nuevas rotaciones de cultivo en sustitución de los sistemas de hojas, etc. En el segundo se confía la parte geométrica del Catastro parcelario, a que se refiere el decreto-ley de 3 de abril del año último, al Instituto Geográfico y Catastral, y la parte evaluatoria, a la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial. En el tercero se dictan las normas para la constitución del primero de dichos Centros. También nos hemos enterado de haber sido nombrado director del Instituto Geográfico D. José de Elola.

En cuanto al primero de los expresados decretos, sólo pláceame merece tan acertada y oportuna disposición, que viene a satisfacer, de la manera más cumplida, la necesidad de armonizar las fórmulas arcaicas de la contratación de arrendamientos de fincas rústicas con las exigencias de los adelantos modernos en el cultivo de los campos.

Tan poco acostumbrados están los agricultores españoles al favor y protección de los Poderes públicos, que no dudamos de que será acogido con alegre sorpresa y profunda gratitud la soberana disposición a que nos referimos. Otra noticia agradable es la del acertado nombramiento de director del Instituto Geográfico y Catastral en favor del Sr. D. José de Elola, hombre de ciencia, literato, amante de la justicia y de gran entereza de carácter. Reciba nuestro respetuoso saludo y sincera felicitación.

En cuanto al segundo de los Reales decretos a que nos referimos, y dejando a salvo el respeto que nos merecen las disposiciones emanadas de los Poderes públicos, que reconocemos están inspiradas en los mejores deseos, exponemos a continuación el juicio que nos ha sugerido su lectura.

En la exposición que precede al expresado Real decreto se manifiesta que las declaraciones de los propietarios de la riqueza inmueble, comprobadas, rectificadas y depuradas por los funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, llevarán a un conocimiento más aproximado, en su aspecto fiscal, de la riqueza rústica y urbana, lo que permitirá dar lugar a la ejecución del Catastro sin apremios, que, como obra más lenta, no puede llenar necesidades tan inmediatas de la Hacienda.

Es decir, que se suspenderán las operaciones del Catastro para atender a las de investigación de la riqueza oculta, a que se refieren los Reales decretos de fecha 1.º de enero último, de que nos ocupamos en el número de El Progreso Agrícola correspondiente al día 22 del mismo mes.

Volviendo al expresado Real decreto de fecha 6 del corriente mes, se confían en él, al Instituto Geográfico Catastral, los servicios concernientes al primer período, definido en el art. 3.º del Real decreto-ley de 3 de abril de 1925, o sea el de ejecución de los trabajos topográficos como fundamento para la formación del Catastro parcelario y los de conservación y rectificación de dichos trabajos hasta llegar al Catastro parcelario jurídico. Los servicios de valoración se encomiendan a la nueva Dirección general de Propiedades y Contribución territorial, como también los de conservación de los trabajos fiscales.

Ya dijimos oportunamente en nuestros artículos anteriores sobre «El momento actual del Catastro», que fundar el parcelario, con pretensiones de jurídico, en el deslinde de los predios rústicos practicado por sus propietarios o por los comisionados al efecto por los Ayuntamientos, ha sido una idea inspirada en los mejores deseos, pero de muy difícil o imposible aplicación, como se demostrará al llevarla a la práctica, porque es raro el término municipal cuya jurisdicción esté deslindada con sus colindantes por líneas reconocidas de común acuer-