El Progreso agrícola y pecuario (1926-09-30 00:00:00), página 4

El fiscal del Supremo y el contrato de arrendamiento.

En la solemnidad de la apertura de los Tribunales ha leído el fiscal del Tribunal Supremo un notable jurisconsulto. D. Diego María Crehuet, en la acostumbrada Memoria anual, y en ella dedica un capítulo al siempre interesante problema del arrendamiento de predios rústicos.

Para conocimiento de nuestros lectores vamos a copiar las discretas palabras del Sr. Crehuet—tan lejos de toda clase de apasionamiento y sectarismos—, poniéndolas, como epítesis, los artículos del Código civil a que se refiere en su magistral trabajo. Dice así:

El otro particular en que considero necesaria la reforma del Código civil, porque lo demanda con urgencia el estado actual de la sociedad española, es el contrato de arrendamiento.

Comenzando por la de los predios rústicos, bien se alcanza la insuficiencia de cinco artículos para regular esta especialidad de arrendamientos, que lleva en sus entrañas tal serie de cuestiones y una variedad de aspectos cada una, que el desenvolverlos, aun a grandes rasgos, necesita mucho mayor espacio que el que ha de abarcar el total contenido de esta Memoria, con sus apéndices. Un país de la extensión, población y condiciones geográficas de España tiene su producción matriz en la agricultura, y ella determina la fabril, y de ella se deriva la intensidad de su comercio. Todo, pues, se supedita, para lograr el progreso económico nacional, a la prosperidad de la industria agrícola, y factor esencial de ésta es el de la propiedad de la tierra. No tema V. E. que me deje arrastrar de la tentación de tratar del georgismo, de la teoría de que sólo el que la trabaja debe ser propietario de la tierra, del tránsito del concepto del dominio individual al de atribuir a la propiedad una función social y tantos otros problemas que hoy han alcanzado la condición de tópicos para relleno de ensayos académicos, tesis doctorales y soñadas socialistas y comunistas; me basta señalar—para destacar la importancia de la cuestión y la necesidad de resolverla hasta lo posible, con la reforma en este punto del Código civil—estos hechos, cuya evidencia es notoria: Primero, la mayor parte de la tierra dedicada a la producción agrícola pertenece a quienes no la cultivan; segundo, el cultivo de los campos es en estos tiempos tan penoso y duro como hace cincuenta años y mucho más costoso; tercero, el progreso industrial en los demás órdenes de la producción atrae al proletariado por la mayor altitud de los salarios, lo menos incómodo del trabajo y lo más seductor de la vida en las ciudades, cuanto más grandes más capitadoras, y cuarto, el campo se despuebla, y se va en camino de que falte el bracero agrícola, y, con su falta, la del agricultor. No creo que de buena fe se nieguen estos hechos, que, según libros y revistas, tienen por teatro, no sólo a España, sino a casi todas las ciudades civilizadas. Se discuten las causas, la extensión, la intensidad de ellos, y los peligros que entrañan y las soluciones con que destruirlos o amigarlos sus estragos; pero en que aquellos sucesos son reales están conformes cuantos se han asomado al panorama de la cuestión agraria. Ex-

poliar a los propietarios no cultivadores es inicuo, y expropiarles los terrenos mediante indemnización, imposible, dados los recursos del Tesoro; abaratar el cultivo, una utopía, como retener al proletariado por fuerza; de no entregarse a enajayos peligrosos o franquear el paso a la revolución, la fórmula salvadora es moldear en turquesa capaz y de moderna hechura el contrato de arrendamiento. Por estos sencillos y elementales rasgos, cualquiera advierte la insuficiencia del Código civil con sus cinco artículos para recoger las modalidades especiales de los arriendos de predios rústicos.

Como preceptos comunes a los arrendamientos de predios rústicos, es de establecer que, cuando no se fije la duración del arrendamiento, se entenderá hecho por un año más del tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere en un año o puella dar una vez, aunque precise dos o más para obtenerlos, y el de tierras labrantías, divididas en dos o más hojas, se entiende por tantos años cuantas sean éstas. Para que el arrendatario pueda ampararse en esta presunción, deberá notificar su propósito al arrendador antes de comenzar la recolección. En otro caso regirá el artículo 1.577 del Código civil (1).

La muerte de ninguno de los contratantes extinguirá el contrato; pero, si fuera el fallecido el arrendatario, podrá el arrendador exigir a los herederos que afiancen el arrendamiento si no contenía esta condición. Tampoco la venta de la finca debe producir la rescisión del arrendamiento, pudiendo exigir el comprador al arrendatario la prestación de fianza, si no estaba afianzado el contrato, y, de no prestarla, se estará a lo que dispone el art. 1.575 (2). Por último, sería muy conveniente preceptuar que, concluido un arrendamiento, el arrendatario, durante los cuatro años anteriores que no hubiese sido desahuciado, tendrá derecho de tanto para el nuevo arriendo en la forma que lo regula en caso de venta de finca enfitética el art. 1.637 (3).

Para el arrendamiento del segundo grupo de fincas rústicas, estimo que procede declarar que el plazo del artículo 1.577.(4)—que para los predios del primer grupo

(1) y (4) Art. 1.577.—El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su duración, se entiende hecho por todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que la finca arrendada diere de una vez, aunque pasen dos o más años para obtenerlos.

(2) Art. 1.575.—El arrendatario no tendrá derecho a rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos, provenientes de casos fortuitos ordinarios; pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de frutos por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siempre el pacto especial en contrario.

Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios el incendio, guerra, peste, inundación insolita, langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever.

(3) Art. 1.637.—Para los efectos del artículo anterior, el que trate de enajenar el dominio de una finca enfitética deberá avisarlo al otro condueño, declarándole el precio definitivo que se le ofrezca, o en que pretenda enajenar el dominio.

Dentro de los veinte días siguientes al del aviso podrá el condueño hacer uso del derecho de tanto, pagando el precio indicado. Si no lo verifica, perderá este derecho y podrá llevarse a efecto la enajenación.