El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-07 00:00:00), página 12

en el respectivo Juzgado municipal, los contratos en que la renta anual pactada o declarada exceda de 5.000 pesetas.

Martes 29.—Por Real decreto ley de Hacienda se dispone que, a partir del día 1.º de julio próximo sean aplicables a todos los Ayuntamientos, cualquiera que sea su régimen económico, los preceptos contenidos en el mismo, relativos al recargo municipal sobre el impuesto que el Estado percibe en el producto bruto de las minas, al arbitrio de Pesas y Medidas, a la exención o reducción del gravamen sobre las carnes porcinas y el derecho de rodaje o arrastre.

—Por Real orden de Gobernación se reorganizan los servicios de abastos.

—Por Real orden del mismo Ministerio se dispone que todas las operaciones de transmisión de ganados sean autorizadas por los respectivos comandantes del puesto de la Guardia civil en cuya demarcación tengan lugar.

Miércoles 30.—Por Real orden de Hacienda se dictan normas transitorias que faciliten a los fabricantes y almacenistas que remesen a otros comerciantes, a partir del día 1.º de julio próximo productos o artículos envasados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 199 de la nueva ley del Timbre.

Jueves 1.º de julio.—Por Real decreto-ley de la Presidencia del Consejo de Ministros se dictan disposiciones acerca de los aumentos sobre la contribución territorial.

Sábado 3.—Por Real orden de Fomento se concede a las Federaciones Católico-Agrarias de Galicia una cuenta de crédito hasta un millón de pesetas por la Comisión ejecutiva del Servicio nacional de Crédito Agrícola.

—Por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria se publica una circular sobre la constitución de Federaciones, Pósitos y Colonias agrícolas.

—Por el mismo Ministerio se publica otra circular sobre la constitución de la Federación de Pósitos y Colonias agrícolas de la cuenca del Ebro.

PERSONAL AGRONÓMICO

Las plantillas.

REALES ORDENES-CIRCULARES

Uno de los problemas que deben ser resueltos antes de confeccionarse el Presupuesto para el año 1927 es el de las plantillas de categorías y retribuciones correspondientes a los funcionarios públicos de todas clases, que hoy se hallan sujetos a normas distintas, no ya por departamentos, sino por Cuerpos y servicios, dando lugar la enorme variedad de disposiciones vigentes a que empleados que desempeñan funciones similares reciben, sin embargo, emolumentos muy diferentes y a que, en ocasiones, los de condición técnica de un Ministerio se hallen en situación económica inferior a la disfrutada por otros no técnicos de distinto departamento.

Por todas estas razones,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el plazo máximo de ocho días, se constituya una Comisión formada por dos representantes de cada uno de los departamentos ministeriales civiles y presidida por el oficial mayor de aquella Presidencia, la que habrá de verificar, antes del 15 de agosto, un estudio detallado de las plantillas y emolumentos vigentes para los funcionarios públicos sujetos a escalafones oficiales, proponiendo aquéllas normas de carácter general que permitan unificar en lo posible esta materia, habida cuenta siempre de las diferencias que sean inexcusables, según la índole de la función encomendada a cada uno de los Cuerpos técnicos o auxiliares de la Administración pública.

La referida Comisión tendrá en cuenta siempre la necesidad de reducir las plantillas que sean susceptibles de amortización, aunque el importe de ésta se aplique en parte a mejora de haberes de los funcionarios que integren las nuevas.

De Real orden, etc. Madrid, 1.º de julio de 1926.—Primo de Rivera.

A fin de unificar la dispersa legislación vigente en materia de indemnizaciones por residencia en las islas Canarias y Baleares a los funcionarios públicos de todas clases,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:

Artículo 1.º. A partir de 1.º de julio próximo, los funcionarios públicos residentes en Canarias, sean civiles, militares o eclesiásticos, tendrán derecho a percibir una indemnización que será de un 30 por 100 del importe de sus sueldos cuando hayan sido designados para el desempeño de sus cargos por turno forzoso, y del 15 por 100 si lo hubieran sido con carácter voluntario, esto es, a virtud de petición propia.

Art. 2.º. Se entenderá por ahora como con destino forzoso para los fines de bonificación:

Todos los funcionarios que actualmente sirven en Canarias, con excepción de los naturales de dichas islas, que lleven en ellas quince o más años de residencia o vecindad, con o sin ejercicio de cargo público y para lo sucesivo:

a) Los que sean designados por los respectivos Ministerios por conveniencia del servicio o consecuencia del normal movimiento de las escalas.

b) Los que en caso de provisión conjunta de varias vacantes con derecho a opción entre los que hayan de ser nombrados, no pudieran ejercitar este derecho.

Los funcionarios destinados en Canarias a la publicación de esta Real orden, perderán su condición de forzosos cuando al ascender puedan ser trasladados y continúen sirviendo en aquellas islas a solicitud propia, percibiendo desde ese momento únicamente la indemnización del 15 por 100.

Art. 3.º Se considerarán con destino voluntario en lo sucesivo:

a) Los funcionarios que hayan obtenido sus cargos por medio de oposición o concurso directo, exclusivamente convocados para proverlos.

b) Los que hubieran solicitado su destino-traslado a Canarias, bien con exclusividad, bien en unión de otras vacantes a proveer en la Península.

c) Los que en caso de opción entre varias vacantes hubieran elegido su destino en Canarias.

Art. 4.º En lo sucesivo, cuando un funcionario de cualquiera de los departamentos ministeriales sea destinado para desempeñar algún destino o cargo en las islas Canarias, el ministro correspondiente especificará en el nombramiento el carácter forzoso o voluntario con que se haga y la indemnización que por ende le corresponda.

Art. 5.º Los funcionarios civiles, militares y eclesiásticos con residencia en las islas Baleares no percibirán ninguna indemnización por este concepto, salvo las que en la actualidad están establecidas para la Guardia civil y Carabineros.

De Real orden, etc. Madrid, 30 de junio de 1924.—Primo de Rivera.