El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-07 00:00:00), página 12

a) Respeto absoluto a los derechos de los actuales jubilados, retirados y pensionistas y de los adquiridos por los funcionarios ingresados al servicio del Estado antes de 4 de marzo de 1917.

b) Fijación de los derechos correspondientes a los funcionarios ingresados al servicio del Estado con posterioridad al 4 de marzo de 1917 para los efectos de jubilación y con posterioridad al 1.º de enero de 1919 para los de pensiones de viudedad y orfandad.

c) Unificación de la legislación vigente de Clases pasivas para evitar en lo posible las desigualdades que puedan producirse entre los funcionarios que presten los mismos o equivalentes servicios.

d) Obtención de la máxima economía en la consignación que para Clases pasivas figure en el presupuesto general del Estado.

e) Participación del Estado en los beneficios que pueda obtener la institución adjudicataria del concurso.

f) Intervención del Estado en dicha institución.

g) La mayor garantía de las reservas matemáticas ofrecidas por el adjudicatario.

h) Desarrollo del proyecto o base del cálculo matemático actuaria.

i) Facultad por el Estado para la declaración de los derechos pasivos con audiencia previa del adjudicatario.

** Honorarios de expropiaciones.

Real orden aclarando el art. 4.º de la ley de 29 de noviembre de 1923 sobre honorarios de los peritos en expedientes de expropiación forzosa y modificando el artículo 6.º de la misma.

La aplicación de los artículos 4.º y 6.º de la instrucción reguladora de los honorarios de los peritos en los expedientes de expropiación forzosa, aprobada por Real orden de 29 de noviembre de 1923, ha motivado diversidad de interpretaciones y reclamaciones que merecen ser aclaradas y atendidas, por cuanto no están justificadas las primeras y son las segundas causas de evidentes perjuicios para dichos peritos.

Prescribe el art. 4.º que por la preparación y redacción de los documentos relativos al tercer período de la ley, el perito de la Administración percibirá el 25 por 100 del importe de los devengos que correspondieran al segundo período; son éstos los determinados en el artículo 2.º de la Real orden, y en modo alguno una de las fracciones del mismo a que se hace referencia en el art. 3.º, como erróneamente se ha aplicado en algunos casos.

El art. 6.º, después de prescribir que al iniciarse un expediente se redactará un presupuesto de los gastos que el mismo ocasionará, en el que se incluirán los gastos de jornales, materiales, dietas de los funcionarios que en él intervengan y los honorarios de los peritos, dispone que, tanto estos últimos como los gastos de copia de los documentos que se presenten, no serán abonados en tanto que el expediente no sea aprobado.

Ahora bien: si se tiene en cuenta que tanto la ley de Expropiaciones como su reglamento atribuyen al gobernador la aprobación de los documentos que integran el segundo período, entre los que se encuentran la cuenta de gastos de todas clases, incluso los honorarios de los peritos (art. 37 del reglamento), no hay razón para entender que la aprobación del expediente a que se refiere el art. 6.º sea la final del mismo, y así lo comprueba la regla 11 de la circular de 2 de julio de 1894, por la que se dictan las que han de observarse en la presentación de los expedientes de expropiación al disponer que las cuentas de los honorarios de los peritos al servicio del Estado se abonarán en las mensuales de servicio general, a cargo de los presupuestos previamente aprobados para estos gastos.

En cuanto a los honorarios del perito del Estado, en el tercer período, así como los gastos de copia de las hojas de aprecio y demás documentos de este período, parecen incluidos en la regla 11 antes citada; pero si así no fuese, procede aclararlo en tal sentido, por cuanto precisamente en el trámite de justiprecio es cuando los expedientes son motivo de dilaciones, protestas y recursos que arlan durante plazos considerables la ultimación de los mismos y alargarán, por consiguiente, el percibo de sus honorarios a los funcionarios del Estado, que son, en general, de condición modesta y no sobrada de recursos.

En atención a los razonamientos que quedan expuestos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Que la percepción del 25 por 100 de los honorarios a que haga referencia el art. 4.º de la Real orden de 29 de noviembre de 1923, debe entenderse ser el 25 por 100 del total de devengos que correspondan al segundo período de los expedientes de expropiación.

2.º El art. 6.º de la citada Real orden se sustituirá por el siguiente:

«Art. 6.º Al iniciarse un expediente de expropiación, el ingeniero-jefe del Servicio deberá redactar un presupuesto de los gastos de toda clase, incluso dietas, gastos de movimiento y honorarios, que la instrucción del expediente ha de ocasionar a la Administración. Estos gastos se formalizarán en cuentas especiales correspondientes a los períodos segundo, tercero y cuarto de la ley de Expropiaciones, con sujeción a los preceptos de la ley de Contabilidad, y se justificarán en las mensuales del servicio a que el expediente se contraiga.

»Los honorarios de los peritos que no se hallen al servicio del Estado, así como los gastos que a los mismos se originen con el desempeño de su cometido, se consignarán en los expedientes de expropiación, verificándose su cobro al tiempo de pagarse aquéllos.»

De Real orden, etc. Madrid, 18 de febrero de 1926.—Benjumea.

** Tarjeta de identidad.

Real orden disponiendo se provea a los funcionarios de los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la tarjeta de identidad, cuyo modelo se inserta.

Los reglamentos y demás disposiciones por que se rigen los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Montes y los respectivos de Auxiliares de estos ramos (ayudantes del Servicio Agronómico y de Montes) consignan los distintivos que en los actos de servicio, en los pabellones y solemnidades es obligatorio usar; pero en muchas otras circunstancias en que no se use el uniforme reglamentario, es conveniente justificar el cargo que se ostenta y la personalidad o calidad del interesado, sobre todo cuando, fuera de la zona de las poblaciones (a veces en despoblados, dada la índole de los trabajos confiados a aquellos Cuerpos facultativos), es indispensable aportar algún documento que, unido a la cédula del interesado, complete su identificación; a este fin, procede la creación de carnet o tarjeta de identidad en los citados Cuerpos de Agrónomos y de Montes; y

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Que se provea a los indicados funcionarios de la tarjeta de identidad, cuyo modelo se acompaña, sin que esta tarjeta exima a los interesados de poseer y presentar la documentación oficial correspondiente que las leyes vigentes exijan en cada caso determinado.

2.º Los carnet de los ingenieros serán expedidos por la Dirección general de Agricultura y Montes a todos aquellos que presten servicio activo en los Centros o dependencias del Ministerio de Fomento, y los de los Ayudantes serán expedidos por los jefes respectivos donde presten sus servicios. Unos y otros serán visados por la autoridad gubernativa de la provincia correspondiente.

3.º El ingeniero o ayudante que por cualquier causa (incluso la de pasar a supernumerario) deje de prestar servicio activo, devolverá su carnet al solicitar la baja en el Cuerpo a que pertenezca.

4.º Se remitirá un modelo de estas tarjetas de identidad a cada una de las Direcciones generales de la Guardia civil y Seguridad.