El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-30 00:00:00), página 7

El Registro de arrendamientos.

(continuación) (1)

CAPÍTULO VII

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Art. 69. El Registro de arrendamientos dependerá del ministro de Hacienda y de la Dirección general de Propiedades y Contribución territorial.

En la Administración provincial dependerá de la Delegación de Hacienda, y se hallará a cargo:
1.º De los registradores de la Propiedad.
2.º De los Juzgados municipales de término que tengan más de 2.000 habitantes, siempre que el ministro de Hacienda acuerde establecer en los mismos una Sección del Registro de arrendamientos.

Los demás Juzgados municipales desempeñarán las funciones que les encomiende este reglamento.

Art. 70. Corresponde al ministro de Hacienda:
1.º Adoptar todas las medidas que estime pertinentes para la implantación del Registro y el exacto cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento.
2.º Resolver las consultas de carácter general que se le dirijan.
3.º Extender o limitar la obligación de inscribir los diversos contratos sujetos a inscripción, teniendo en cuenta los intereses fiscales y la libertad contractual; y
4.º Autorizar la constitución de Secciones del Registro de arrendamientos en los Juzgados municipales de término que tengan más de 2.000 habitantes, cuando el número considerable de contratos inscribibles así lo aconseje.

Art. 71. Corresponde a la Dirección general de Propiedades y contribución territorial:
1.º Tramitar todos los expedientes, proponiendo la resolución que debe recaer en los mismos y que haya de ser dictada por el ministro de Hacienda.
2.º Dictar las medidas conducentes a la uniformidad del servicio, ejerciendo la alta inspección del mismo, a cuyo efecto podrá ordenar la práctica de visitas y recabar cuantos datos y antecedentes estime precisos.
3.º Imponer multas en los casos de su privativa competencia.

Art. 72. A los delegados de Hacienda les corresponde:
1.º La inspección del servicio dentro de la provincia, pudiendo girar a tal efecto, directamente o por medio de sus subordinados, las visitas que estime pertinentes.
2.º Imponer las multas que sean de su competencia.
3.º Expedir o cuidar de que se expidan los apremios de toda clase, lo mismo para la efectividad de las multas comprendidas en este reglamento como para la presentación de cuantos datos y antecedentes pudieran ser reclamados con arreglo al mismo; y
4.º Cuidar especialmente del normal funcionamiento del servicio.

Art. 73. A los registradores de la Propiedad y a los jueces municipales, en su caso, les incumbe la práctica de todas las obligaciones que se les imponen en el presente reglamento, dependiendo, a los efectos del mismo, de los delegados de Hacienda, y quedando sujetos, por sus faltas y omisiones, a la responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir, con arreglo a las disposiciones vigentes en la legislación de Hacienda.

Cuando a los Juzgados municipales se les encomiendan Secciones especiales del Registro de arrendamientos, tendrán iguales obligaciones y derechos que los registradores de la Propiedad en todo cuanto se refiera al servicio especial de que se trata.

(Concluirá.)

La viticultura nacional.

El problema no es de exceso de viñas.

Desde que la filoxera se ha ido ensañándose de los viñedos españoles, el número anual de cepas en plena producción no ha aumentado.

La producción tiende por sí sola a disminuir, pues distan mucho de reponerse, sin necesidad de ninguna traba gubernativa, todas las cepas que destruyen:

a) La filoxera.
b) Los repetidos ataques de filoxera a ciertos patrones franco-americanos depauperados.
c) La vejez, bastante más temprana en viñedos reconstituidos que en las viñas europeas antiguas.
d) Otras enfermedades.

Y si no hay ahora mayor producción de vino que en época en que éste alcanzaba un precio compensador, ¿no sería absurdo achacar la crisis a una supuesta sobreproducción de vino actual, y soslayar otros problemas relacionados con este producto, amputando, en cambio, la riqueza vitícola?

Las diferentes comarcas españolas.

Aunque en el art. 23 del proyecto presentado al Consejo de la Economía Nacional (artículo que fue justamente suprimido), se ofrecía permitir la reposición a los terrenos actualmente dedicados a este cultivo o su sustitución en otros terrenos que en modo alguno fuesen susceptibles económicamente de otro cultivo, obligaba a los replantadores a un expediente, siempre molesto —tanto para los solicitantes como para las Jefaturas agronómicas—, muy fácilmente dilatorio; de tal modo, que en la práctica se dificultaría sobradamente la reposición a los propietarios que quisieran esperar un informe hecho con toda exactitud y el más concienzudo fundamento.

Y este intervencionismo inútil significa condenar a bastantes comarcas a inferioridad manifiesta respecto de otras que ya replantaron anteriormente con libertad.

El resultado de ello podría ser que en distintas zonas de la Península —en las que ahora mismo el precio del vino es remunerador y no dirigen queja alguna a los Poderes públicos—el vino escaseara, de tal manera que alcanzase precios poco asequibles al consumidor modes-