El Progreso agrícola y pecuario (1926-06-15 00:00:00), página 4

Es, por lo tanto, de la mayor urgencia la adopción de medidas encaminadas a limitar, primero, esa división exagerada y a procurar, después, por todos los medios posibles, la concentración parcelaria allí donde sea necesario. En el Cantón de Tessino, Suiza, se declaró por el Gran Consejo, en 28 de mayo de 1902, de utilidad pública la agregación y permuta de tierras, con el fin de corregir la excesiva división de la propiedad, y se dictaron reglas para esa concentración que, en síntesis, son las siguientes:

Reconocida la necesidad de la concentración parcelaria, en una zona determinada de un distrito municipal, por los dueños de los predios comprendidos en la misma, o por los respectivos ayuntamientos, dichos dueños presentan al Concejo la relación de sus parcelas acompañada de los documentos justificativos de su propiedad, si no existe Catastro, o una nota de las variaciones que aquéllas hayan sufrido en éste, en caso contrario. Dentro del plazo de dos meses, el Ayuntamiento forma una relación de los propietarios y de sus predios comprendidos dentro de la zona de agrupamiento, y convoca la asamblea de aquéllos por anuncio publicado en la boja oficial. La asamblea, presidida por el alcalde, acordará el agrupamiento, si hubiere mayoría de votos, siempre que éstos representen, por lo menos, la mitad de la superficie de la zona de que se trate, según el Catastro. La asamblea nombra, además, una Comisión ejecutiva compuesta de tres o de cinco miembros, comprendido el presidente, a la cual se entregan los planos, el Catastro y los demás documentos necesarios.

La misma Comisión nombra un geómetra, dos peritos y un suplente para las operaciones sucesivas. El geómetra procede a levantar el plano de la zona de agrupamiento con la nueva división y una relación de propietarios y de las nuevas parcelas, con las superficies de las mismas. El geómetra, en unión de los peritos, proceden a la clasificación y tasación de las nuevas parcelas y de los edificios comprendidos en ellas.

El anteproyecto, o bosquejo de las parcelas de agrupamiento, con el plano, resumen, Catastro, clasificación y tasación, se exponen al público durante quince días. Las reclamaciones son resueltas por el perito municipal, y si alguna de ellas envuelve una cuestión de derecho civil, los interesados pueden ejercer su derecho ante el Juzgado. Estas acciones se resuelven en una demanda de indemnización y no suspenden la operación del reparto.

Todo propietario debe recibir, en sustitución de sus parcelas, otra u otras aproximadamente de la misma extensión y calidad. La compensación puede hacerse en dinero, cuando la diferencia no exceda de 200 pesetas.

El propietario de un terreno puede obligar al de otro colindante a cederle éste en permuta, cuando el fondo reclamado no exceda de 700 metros cuadrados, quedando obligado, a su vez, a entregar otro no mayor de un tercio de éste, y la diferencia, en dinero, del valor entre ambos.

El propietario de un terreno de límites muy irregulares puede reclamar la rectificación de éstos mediante indemnización en dinero a los propietarios colindantes, si los terrenos que éstos ceden en la rectificación de linderos son de mayor valor que el correspondiente a los terrenos que reciben. El primero queda, además, obligado a satisfacer los gastos de la rectificación. Por último, se prohibe el fraccionamiento de terrenos cuando la superficie de las parcelas resultantes sea inferior a cien metros cuadrados.

El Estado subvenciona el agrupamiento con el 25 por 100 de los gastos y con premios de 200 a 2.000 pesetas.

Veamos ahora lo que ocurre en nuestro país. Es evidente que la propiedad territorial adolece en España de grandes defectos en su distribución. En Andalucía, Extremadura y parte de Ciudad Real existen fincas rústicas de gran extensión, unas arrendadas y otras cultivadas al tercio, o de año y vez, por sus dueños, por falta de capital para el cultivo intensivo. En cuanto a los primeros, sólo entrega el arrendador al arrendatario la tierra desprovista de toda mejora, en la mayoría de los casos, y en cuanto a los segundos, emplean el número preciso de jornaleros en las labores de arado, siembra, escarda y recolección, dejándolos sin empleo, y, por lo tanto, sin jornal una parte del año.

En el resto de España se observa, con lamentable frecuencia, una división exagerada en la propiedad territorial, que, de no ser contenida, hará imposible todo adelanto en el cultivo y muy difícil la vida del labrador. De manera que en unas regiones por la considerable extensión de las fincas rústicas y en otras por su exagerada pequeña, son relativamente escasos los predios que cuentan con una superficie adecuada a las exigencias de un cultivo económico y ajustado a las prácticas modernas derivadas del progreso agrícola.

No han faltado en España leyes, Reales decretos y disposiciones encaminadas a la solución del problema agrario, en sus diferentes modalidades.

Prescindiendo de la colonización interior emprendida por el buen rey Carlos III, se dictaron en los años 1813, 1822, 1836, 1835 y 1855 sendas leyes encaminadas al reparto de terrenos baldíos, de propios y de comunidades religiosas. En los de 1845, 1849, 1851, 1866 y 1867 se promulgaron otros que tenían por objeto el fomento de la población rural y el establecimiento del coto redondo. En 1873 se presentó a las Cortes, por el ministro de Hacienda, un proyecto de venta, a censos reservativos, de los bienes de aprovechamiento común, que no llegó a ser ley. Por Real decreto de 30 de agosto de 1890 fueron creadas las Cámaras agrícolas, y por Real orden de 25 de junio de 1904 se encargó al Instituto de Reformas Sociales una información sobre el problema agrario planteado en Castilla. En 22 de marzo de 1907 se dictó un Real decreto sobre concentración parcelaria, y en 30 de agosto del mismo año se dictó la ley de colonización interior.

El Congreso agrícola regional de Castilla la Vieja propuso, en septiembre de 1901, que se adjudicasesen peque-