El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-22 00:00:00), página 3

gastos y acomodando los impuestos a la nueva fisonomía económica del país.

Pasado este vendaval económico, mejor aún, dentro de la misma tormenta, nos dice el Catastro, como si se tratara de un período de tiempo lleno de tranquilidad y de sosiego: «En los veinte años que llevamos trabajando hemos descubierto el 100 por 100 de riqueza oculta con relación a la amillarada.»

Vamos a ver en qué consiste ese 100 por 100 de ocultación, mejor dicho, en qué medida afecta a la Hacienda. Y para ello nada más fácil que suponer a un contribuyente que tuviera amillarada una riqueza de 1.000 pesetas y que, por efecto del Avance catastral, resulte con una riqueza comprobada de 2.000 pesetas, que es la que corresponde a ese 100 por 100 de ocultación.

Ese contribuyente, de no haber sido sometido al régimen catastral, tendría en la actualidad una riqueza amillarada, por efecto del 25 por 100 que con carácter general se aumentó últimamente, de 1.250 pesetas, y pagaría de contribución lo siguiente:

    Pesetas.

    18,74 por 100 (tipo que hoy se aplica al cupo) de 1.250 pesetas
    234,25

    16 por 100 de recargo sobre la contribución
    37,49

    7,5 por 100 sobre la contribución, por cobranza
    17,57

    CONTRIBUCIÓN TOTAL
    289,31

Después de efectuado el Catastro pagará lo siguiente:

    Pesetas.

    14 por 100 (tipo que se aplica a la cuota) de 2.000 pesetas
    280

    16 por 100 de recargo sobre la contribución
    44,80

    CONTRIBUCIÓN TOTAL
    324,80

    Diferencia entre una y otra contribución
    35,49

Ahora bien: como pagando por cupo figuraría una partida por «fallido» en el recibo de contribución, que no juega en el sistema de cuota, y por pequeña que fuese esa partida se aproximaría a las 35,59 pesetas que suponen el aumento contributivo, prácticamente resultaría el que este propietario no defraudaba nada a la Hacienda, aun cuando los funcionarios catastrales le tildaran de ocultar en una mitad, nada menos, su riqueza.

Los Reales decretos-leyes de 1.º de enero de 1926.

Esos descubrimientos catastrales del 100 por 100 en la base tributaria y el manejo caprichoso de los datos estadísticos de la producción bruta agrícola dan, efectivamente, la impresión completa de una defraudación cuantiosa para el Tesoro. Ya hemos visto cómo el aumento en un doble de la base tributaria se refleja en un ascenso tan pequeño de las contribuciones que ni siquiera paga los gastos hechos para obtenerlo, y ya también hemos puesto de relieve cómo las cifras estadísticas no justifican en modo alguno las sospechas de tremendas ocultaciones; pero todo esto no se ha hecho sinceramente, para dar efectos deslumbradores a los informes.

Por otra parte, la distribución de las contribuciones territoriales, que motivan numerosas ocultaciones individuales, ha venido favoreciendo la formación en los gobernantes de ese juicio completamente adverso a los contribuyentes. Ha sido fácil mostrar casos aislados de ocultación, y estos casos se han corroborado por las espontáneas manifestaciones de otros propietarios de buena fe que nunca han rebuhdo la confesión sincera de que pagaban contribuciones muy pequeñas, por haber resultado favorecidos en esos repartos defectuosos o por circunstancias casuísticas y ajenas a su voluntad.

De tales apreciaciones se han deducido dos consecuencias: una, errónea, que supuso la justicia de llegar a una tributación de la riqueza territorial muy superior a la que hoy se obtiene; otra, plausible, que encierra el buen deseo de conocer con aceptable aproximación esa riqueza y repartir las cargas con equidad, evitando las ocultaciones parciales.

Mezclando esos propósitos con otros ajenos al orden fiscal, que se reúnen a ciertas aspiraciones sociales que en estos tiempos se remueven y se presentan universalmente como problemas de complicada solución, se llegó por el ministro de Hacienda Sr. Alba a la confección de un proyecto de ley, que fue presentado a las Cortes en el año 1916 y que no pasó de una tentativa; y se ha dado en 1926, con los dos Reales decretos-leyes de 1.º de enero último, que tienen muy estrecho parentesco con aquel proyecto anterior, aun cuando diferan en algunos procedimientos, que más agravan que suavizan la aplicación de la doctrina.

El primero de los decretos pretende obtener, en el brevísimo y perentorio plazo de tres meses, un inventario completo del valor en venta y en renta de las propiedades rústicas y urbanas. Para lograr empresa tan gigantesca se cuenta con la colaboración de los propietarios, que tendrán que declarar dichos valores, siempre que superen en un 10 por 100, si se trata de la renta, y en un 20 por 100, si del valor en venta, de aquéllos que la Hacienda los tenga asignados a los efectos contributivos.

Así, pues, los que no declaren se entiende que están bien justipreciados, y en cuanto a los demás, su declaración servirá de norma para evaluar la riqueza que, como base tributaria, les corresponde.

Claro está que, dejando estas declaraciones a la libre voluntad y al libre arbitrio de los contribuyentes, fuera difícil el obtener un resultado completo, ni aun aceptable, y para evitar esto, se imponen duras sanciones a quienes por omisión de declarar, o por hacerlo inciertamente, incumplan el deber que el Real decreto les impone, llegando en estas sanciones el extremo de autorizar la expropiación forzosa como castigo de ocultación fiscal.

Quedaba otra dificultad que vencer. La Administración pública, desde el momento en que impone esa colaboración del contribuyente, en un cometido de investigación, confiesa su impotencia real para investigar por sí misma directamente, y poco servirán sus amenazas de sanciones, si carece de la organización precisa para des-