El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-31 00:00:00), página 9

chas por el Estado a la Confederación, quedarán íntegramente en beneficio del Tesoro.

Art. 29. Los gastos de recaudación formarán parte del presupuesto ordinario de la Confederación sindical.

Art. 30. Los ingresos de la Confederación habrán de dedicarse con carácter de preferencia a satisfacer las cargas financieras a que den lugar los empréstitos autorizados y avalados por el Estado que emita, debiendo figurar la distribución, época y forma de pago en el correspondiente plan económico.

G.—Intervención.

Art. 31. Afecto a la Administración y en relación con el servicio de contabilidad de la Confederación, habrá un interventor nombrado por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, quien tomará razón de todos los libramientos, ingresos, pagos y giros.

A cargo del interventor correrán todas las formalidades exigidas por las leyes orgánicas del Estado, debiendo dar cuenta anual y conjuntamente del cumplimiento de todos sus preceptos.

H.—Régimen transitorio.

Art. 32. La Asamblea será convocada por una Comisión organizadora, a cuyo cargo correrá la redacción de los reglamentos generales y particulares de la Confederación.

Tales reglamentos tendrán carácter provisional en tanto no sean ratificados por la Asamblea; pero servirán de base a la convocatoria si son autorizados por el ministro de Fomento.

Durante el período transitorio, la Comisión organizadora asumirá las funciones atribuidas a la Junta de Gobierno de la Confederación, y cada uno de sus miembros las que corresponden a su carácter y títulos, pudiendo requerir el concurso de los funcionarios afectos a los servicios públicos que han de quedar incluidos en la Confederación.

Art. 33. La Comisión organizadora será nombrada por el Gobierno y estará constituida por:

El delegado regio, el director técnico nombrado por el ministro de Fomento, el representante del Ministerio de Hacienda, el letrado asesor, un vocal de una Junta de obras legalmente constituida, un propietario de terrenos regables en la cuenca, un representante de la industria hidroeléctrica y uno de la Banca.

Al mismo tiempo será designado por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, el interventor, a cuyo cargo correrán temporalmente las funciones administrativas.

Dado en Palacio, a cinco de marzo de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burin.

NOTICIAS

La reforma tributaria.—El Gobierno ha dado la siguiente nota oficial:
•Son numerosas las consultas que se elevan al Ministerio de Hacienda acerca de si han de considerarse prorrogados o no los plazos que señalaban los Reales decretos preparatorios de la reforma tributaria, dictados en enero último, para prestar las declaraciones de riqueza e inscribir los contratos de arrendamiento, y a fin de evitar dudas y perplejidades a los contribuyentes, se hace saber que dichos plazos deben considerarse en suspenso hasta que se publiquen los respectivos reglamentos, lo que sucederá muy en breve, porque el referente al Registro de arrendamientos ha sido ultimado ya por la Comisión y el relativo a ocultaciones de riqueza lo tué también por la ponencia, hallándose pendiente de estudio, precisamente iniciado estos días por el pleno de dicha Comisión.

•Desde luego, los reglamentos aludidos concederán un plazo lo suficientemente holgado para que los contribuyentes puedan cumplir los deberes que les imponen los dos. Reales decretos de 1.º de enero próximo pasado.>

Avance catastral.—Devoluciones por efecto de errores en la Administración.—En virtud de expediente incoado con motivo de la reclamación de un contribuyente por riqueza rústica, en solicitud de que se le devolviesen cantidades pagadas de más a consecuencia de errores cometidos en la valoración de fincas de su propiedad al ser inscritas en el Avance catastral, errores reconocidos y subsanados por la Administración después de abonados por el contribuyente referido los aumentos de cuota contributiva correspondiente a aquella primera valoración, por Real orden de Hacienda de 11 de marzo (Gaceta del 12) se ha dispuesto lo siguientes:

1.º A partir de la publicación de esta Real orden, cuando en una reclamación individual contra la asignación de riqueza rústica en el Avance catastral, al amparo del art. 20, núm. 2.º, del Real decreto 5 de enero de 1911, se acceda en todo o en parte a lo pretendido, rebajando el avalúo practicado anteriormente, procederá la devolución de las cantidades que el contribuyente haya satisfecho de más por las cuotas ingresadas en el Tesoro público, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
   a) Que la instancia de devolución de las referidas cantidades sea presentada dentro del plazo de tres meses, contado desde la fecha en que se notifique al interesado el acuerdo recurrido en su reclamación contra la valoración catastral; y
   b) Que se halle demostrado que el error en aquel avalúo no es imputable al contribuyente, sino a la Administración, y que la disminución de la riqueza imposible no obedece a desmerecimiento del valor o disminución de la productividad de la finca respectiva posteriores al dicho avalúo.
2.º En la resolución de las reclamaciones contra las valoraciones catastrales deberá prescindirse de toda declaración relativa al derecho del contribuyente a que se le reintegren cantidades abonadas de más al Tesoro público; pero se hará constar netamente lo que de las actuaciones resulte en cuanto a las circunstancias a que se refiere la condición b) del precepto primero de esta Real orden.
3.º Las instancias sobre devolución de cantidades como consecuencia de las reclamaciones tantas veces mentadas, serán resueltas por los delegados de Hacienda en las provincias respectivas. Las resoluciones de éstos tendrán el carácter de actos administrativos a todos