El Progreso agrícola y pecuario (1926-06-30 00:00:00), página 8

Art. 7.º No podrá mediar un plazo de tiempo superior a tres meses entre la terminación de la recolección de la aceituna en cada localidad o zona productora limítrofe y la terminación de la molienda de la misma. Este plazo se entenderá aplicable durante un período de tres años, dentro de los cuales se irá reduciendo, en cuanto sea posible, para limitarlo a un mes como máximo, desde el tercer año en adelante.

Art. 8.º La importación permitida en los casos previstos anteriormente de cualquier clase de aceites extranjeros no podrá tener efectividad sin previo reconocimiento de su genuinidad y pureza.

La toma de muestras por las Aduanas, análisis de aquéllas por los Laboratorios oficiales correspondientes en esta especialización agrícola y eventual impugnación que pueda surgir acerca de dichas pureza y genuinidad, serán reguladas por las disposiciones que al efecto dicten los Ministerios de Hacienda y de Fomento.

Cuando el Gobierno establezca, llegado el caso, el régimen de admisión temporal antes citado, las importaciones por las cinco Aduanas habilitadas de referencia podrán ser inspeccionadas por el personal designado por la Asociación de Olivareros de España y Federación de Exportadores de aceite de oliva, para garantizar la calidad y pureza de los productos que se importen y reexporten a favor de este régimen.

Los aceites extranjeros que no obedezcan a la legislación española en sus definiciones y características deberán ser reexportados o inutilizados.

Art. 9.º Cuando se reimportunen aceites de oliva nacionales a causa de impugnación por las autoridades del país de destino, las Aduanas españolas extraerán muestras, a fin de que por cuenta del importador se realice el correspondiente análisis. Si el dictamen fuese favorable, con arreglo a la presente legislación, las Aduanas emitirán el despacho de entrada uniendo al documento aduanero la certificación o boletín de análisis con que se hubiese acreditado dicho extremo.

En el caso de que el dictamen fuese desfavorable, se someterán los aceites reimportados a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 10. Para realizar la propaganda genérica del aceite de oliva español y su fomento en los mercados extranjeros, se establece el gravamen de un céntimo de peseta plata por cada kilogramo que se exporte, cuya cantidad quedará a disposición de una Comisión mixta formada por un representante de la Asociación general de Olivareros, otro de la Federación de Exportadores de aceite de oliva y otro del comercio interior, designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y cuya Comisión estará dirigida por el funcionario público del Consejo de la Economía Nacional que designe el Gobierno.

Las Aduanas liquidarán este arbitrio con independencia de toda otra exacción en las correspondientes facturas de exportación, y realizarán su ingreso, formalizándose también con la correspondiente independencia de este cualquiera, en las sucursales del Banco de España, mensualmente y a disposición de la Comisión mixta antes señalada, que se hará cargo de ella, mediante los oportunos recibos, en la Central de Madrid, donde abrirá la cuenta oportuna; llevando al efecto la debida contabilidad, que someterá anualmente a examen y aprobación del Ministerio de Hacienda. De la cantidad que por este arbitrio se recaude se podrá destinar el 15 por 100 a la organización del servicio; el 35 por 100, a análisis, ensayos y premios, y el 50 por 100, precisamente a la propaganda.

Art. 11. Sin perjuicio de las penas a que los contraventores de lo estatuido en la presente disposición se hiciesen acreedores con arreglo a las disposiciones vigentes, serán especialmente castigados:

a) Los que usaren indebidamente las palabras «Aceite de oliva» para artículos distintos del definido con tal concepto, con el decomiso de la mercancía y multa equivalente al triple del valor que en el mercado tuviese el producto que se tratase de suplantar.

b) Los que falsificasen, mixtificasen o adulterasen el aceite de oliva, con el decomiso de la mercancía y multa, que oscilará entre el valor de la similar a ésta en normal y legal y el triple del mismo.

c) Los contraventores del apartado H) del art. 5.º, con el decomiso de las mercancías en él expresadas y multa de 100 a 1.000 pesetas.

d) Los contraventores del art. 7.º, con el decomiso de la aceituna no elaborada en los plazos que determina.

e) La omisión de cualquier otro requisito exigido por el presente Real decreto-ley y las infracciones del mismo no comprendidas en los casos anteriores, con multas de 100 a 500 pesetas.

f) En todos los casos, las reincidencias serán castigadas: la primera vez con el máximo de las multas anteriores señaladas, la segunda con el doble y las sucesivas con el quintuplo de dicho máximo, pudiendo llegar al cierre de fábricas o establecimientos.

Art. 12. Todas las mercancías decomisadas, de acuerdo con lo anteriormente establecido, serán recogidas y custodiadas por los Gobiernos civiles, que harán de ellas la aplicación que corresponda con arreglo a los principios en que se funda la presente disposición.

La destrucción de las mercancías que deban sujetarse a este castigo se hará a expensas del contraentor.

Del producto de todas las subastas e importe de las multas se entregará la tercera parte a la entidad denunciante. Al efecto, el tercio de las multas se pagará en metálico y los dos tercios restantes a beneficio del Tesoro público, en el papel de multas correspondiente. Se ingresarán en las Delegaciones de Hacienda los dos tercios no correspondientes a participes del producto de la subasta, y si no hubiere participes, el total, abonándose en este caso las multas en el papel citado por su totalidad igualmente.

Art. 13. Los gobernadores civiles deberán aplicar las multas y sanciones y exigir su cumplimiento en la forma y plazos establecidos para casos análogos de su jurisdicción en el Estatuto provincial; pudiendo cualquier entidad interesada elevar recurso de queja ante el Ministerio de la Gobernación si el procedimiento no fuere rigurosamente observado, y a los efectos que puedan corresponder y resoluciones oportunas de los Ministros llamados a adoptarlas.

Art. 14. Las resoluciones de los gobernadores serán firmes cuando la penalidad impuesta por multa no exceda de 500 pesetas; si excediese, podrán recurrirse