El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-22 00:00:00), página 2

años se rectifica, y que comprende relaciones para los principales cultivos entre 1 y 3, pudiendo tomarse un tipo medio de 2. Es decir, que los beneficios del cultivador se calculan en el doble de las rentas. El tipo de gravamen para estos beneficios es hoy el de 10 por 100, lo que, referido al franco oro en que se tasaron las rentas, resulta el 2,6 por 100.

Poseemos ya todos los factores precisos para referirnos al líquido imponible o renta catastrada. Esta se descompone actualmente en Francia en tres partes: una que corresponde a la renta, y sobre la que se aplica un tipo del 5 por 100, y dos que se refieren a las ganancias del agricultor y que difícilmente llegarán a contribuir con el 2,5 por 100, ya que cuentan con exenciones absolutas para los beneficios menores de 2,500 francos y con otras parciales para los demás casos. Así, pues, muy aproximadamente, puede afirmarse que el propietario agricultor francés contribuye a las cargas de su país con un 3,35 por 100 de su líquido imponible.

Queda demostrado que el agricultor (sobre quien finalmente caen, de un modo o de otro, todas las cargas de la propiedad rústica territorial) contribuye, con relación a las ganancias, seis veces más en España que en Francia.

Como estos cálculos pudieran parecer algo confusos para quienes no estén familiarizados con ellos, vamos a seguir otro procedimiento más fácil y que no se refiera ya a la proporción del tributo con las ganancias, sino a la que existe entre las cifras totales de contribución.

La agricultura española contribuye, por riqueza territorial rústica, con 179 millones de pesetas, según el último presupuesto.

La propiedad territorial francesa contribuye con una cifra que, en 1923, fué de 168 millones de francos; en 1924, de 199 millones, y en 1925, de 206 millones.

En cuanto a los beneficios agrícolas, se presupuestaron: para 1923, en 25 millones de francos; para 1924, en 43 millones, y para 1925, en 61 millones.

Sumadas las dos partidas correspondientes a cada año, y reducidas las distintas cifras a pesetas, según el cambio medio anual del franco, resultan diferencias ascendentes muy reducidas, hasta llegar a 1925, en que se logró la cifra máxima de 110 millones de pesetas.

Ahora bien: los 179 millones de pesetas que figuran como tributación de la riqueza rústica en el último presupuesto español representan para el total de dicho presupuesto (unos 3.000 millones) un 5,93 por 100. Los 261 millones de francos con que contribuyó la riqueza rústica francesa en 1925 para un presupuesto de 28.000 millones de francos, representa un 0,9 por 100.

La contribución de la agricultura, proporcionalmente a las cargas totales del país, es seis veces y media mayor en España que en Francia.

La ocultación.—El régimen de amillaramientos, con sus repartos locales, dio lugar a que la influencia personal, el favor y las concupiscencias de todas clases intervinieran en la formación de las listas cobratorias que hacían los Municipios.

La Hacienda, teniendo en cuenta la riqueza total amillarada y sus necesidades en efectivo, señalaba los cupos y cobraba íntegramente lo que se proponía cobrar, ya que los contribuyentes de cada localidad respondían solidariamente de las partidas fallidas que pudieran resultar.

Aprovechando este caos, los caciques y los influyentes burlaban de mil maneras sus obligaciones, ocultando su riqueza, en perjuicio de los otros propietarios, que cubrían el cupo en la parte que correspondía a la ocultación de los defraudadores.

Así, pues, la ocultación perjudicaba a los agricultores que nada ocultaban, sin que para la Hacienda fuera sensible más que en el grado reducido de lo que pudiera significar aumento de riqueza por motivo de mejora y progreso.

El juicio popular no entendió, sin embargo, la ocultación como realmente era, y aún persiste esa equivocación vulgar.

Y así, cuando a oídos del pueblo llegaba que tal o cual ricachón tributaba con unas pocas pesetas por fincas que, dada su extensión, deberían pagar muchas, se suponía que la Hacienda pública resultaba víctima de esa defraudación, aun cuando lo cierto era que, dentro del cupo marcado, figuraba la riqueza presentada por las fincas en cuestión, que el pueblo pagaba la totalidad correspondiente a su cupo y que la contribución que el ocultado burlaba se repartía entre los demás contribuyentes, que de hecho eran los perjudicados.

Cuando, luego de varios años dedicados a ensayos catastrales, comenzaron los trabajos del Catastro parcelario, ordenados por la ley de 1906, se creyó, fundándose erróneamente en ese concepto vulgar de las ocultaciones, que se descubriría una gran riqueza oculta, y que ello consentiría bajar el gravamen contributivo del 18 por 100 que se cargaba a la agricultura, y que sonrojaba a los gobernantes por las comparaciones que se hacían con las tasas contributivas que en los demás países se aplicaban a la agricultura.

La decepción no se hizo esperar: sólo fué posible, después de los resultados obtenidos en las provincias que, por tener fincas de mayor extensión y por otros motivos, se venían calificando de más ocultadoras, bajar cuatro décimas en el tipo, contando, como era justo, con que siguieran tributando con cantidades globales semejantes a las que antes lo hacían. ¡La tremenda, la enorme ocultación, resultó, una vez comprobada, que sólo era de un 22 por 100!

Continuó sus trabajos el Avance catastral, vino la guerra europea con sus grandes perturbaciones económicas, se elevaron los precios de los productos agrícolas, subieron en mayor proporción aún los gastos de cultivo, se encarecieron las rentas, elevó la Hacienda los cupos en un 25 por 100, se impusieron trabas y coacciones al libre comercio de las principales cosechas, llegó, en fin, un verdadero desbarajuste económico, en el que faltó por completo un cerebro director que, con planes de conjunto, serenidad en el mando y autoridad técnica y moral, afrontara la situación, imponiendo moderación en los