El Progreso agrícola y pecuario (1926-07-31 00:00:00), página 11

de los períodos de veda, en atención a las especiales circunstancias de cada caso y por motivos fundados de clima y suelo, entre otros la Real orden de 18 de julio de 1910, que se ocupa de la veda para la pesca de peces de río en aguas del término municipal de Aranjuez. Y si se legisla en atención a las necesidades de una localidad, tanto o más razón existe para establecer aquellas necesarias modificaciones cuando éstas interesan a toda una región, cual acontece en Galicia con respecto al período de caza.

En atención a las anteriores consideraciones, a que el ejercicio de la caza ha tenido en estos últimos años un gran desarrollo y a que el Estado es el primer interesado en que el Gobierno vele por la conservación de aquellas riquezas naturales que encierra la Nación; y teniendo en cuenta que si no se pone urgente remedio al mal, se hará padecer un quebranto considerable a los ingresos del Erario público, es por lo que el ministro que suscribe, con la aprobación del Gobierno, tiene el honor de someter a la sanción de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 3 de julio de 1926.—Señor: A L. R. P. de V. M., Rafael Benjumea y Burín.

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Fomento, y con la aprobación de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda absolutamente prohibida toda clase de caza en las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense, desde 1.º de febrero hasta el 15 de septiembre inclusive. Esta prohibición de cazar en el territorio de las cuatro provincias citadas y en el período de tiempo señalado, se hace extensiva a todas las especies de caza mayor y menor, excepción hecha de aquellos animales considerados como dañinos, según establece el art. 39 de la vigente ley de Caza de 16 de mayo de 1902, considerándose como dañinos, por lo que se refiere a las cuatro provincias citadas, los animales enumerados en la tabla del art. 69 del reglamento de igual fecha para la ejecución de dicha ley, con sujeción a lo prescrito en el art. 65 del mismo reglamento y demás concordantes.

Art. 2.º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento del presente Real decreto.

Dado en Mi Embajada de Londres, a seis de julio de mil novecientos veintiséis.—ALFONSO.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín

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SECCIÓN DE CONSULTAS

Don Vicente Simón.—Torrecilla del Rebollar (Teruel).

«Tengo una finca que recibe el agua sobrante de otras de más altura y de manantial en dichas fincas; como esa agua la recibe mi finca a todo tiempo, mis antecesores la han conducido por una acequia hasta la finca inmediata, que ésta hizo lo propio, hasta llegar a un punto donde el agua, sin perjudicar a nadie, pudiera perderse en el arroyo, y de este modo continúa.

»Los dueños de las fincas sitas a continuación de la mía, con dirección a la corriente de las aguas de dicha acequia, han utilizado ésta para el riego de sus propiedades, recogiéndola en balsas (como aquí llamamos).

»Ahora quiero hacer algunas mejoras en mi finca, con el fin de sanearla o quitar la humedad desprendida de dicha acequia; para ello es preciso ahondar la acequia algunos centímetros; por tanto, el agua no puede pasar de mi finca si mis vecinos no hacen lo propio en las suyas y hago conducir el agua al arroyo por mi misma finca.

»Al conocer mi plan, los vecinos dueños de las fincas que reciben el agua de la mía dicen que no tengo derecho a hacer esas mejoras en mi finca y privarles de esa agua sobrante, entendiéndose que siempre pueden aprovecharla si hacen la operación en sus fincas que yo quiero hacer en la mía.

»Deseo que ustedes me digan si tengo derecho a hacer lo que me propongo en mi finca o si la razón es de los vecinos que se oponen a que yo realice mi plan.

Las obras de mejora en la finca de que se trata no deben perturbar el actual uso y aprovechamiento de las aguas en los predios inferiores, pudiendo los dueños de éstos reclamar indemnización de daños y perjuicios si se hacen sin su consentimiento.

Solamente pudieran construirse dichas obras de mejora si, previa petición del interesado, se tramitase por la vía gubernativa el expediente correspondiente y que, en su consecuencia, el Gobernador otorgase y decretase la servidumbre forzosa de acueducto; pero aun en este caso, tendría que abonarse al dueño del predio inferior que sufriese semejante gravamen el precio que se estipulase para el arrendamiento de la parte ocupada, si la servidumbre fuese temporal, o el valor del terreno, si fuese perpetua, y, además, en ambos casos, el importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca.

José Mesa y Ramos,
Ingeniero de Caminos.

Don Manuel Robles.—Corte de Peleas (Badajoz).

«En el año 1925 compré cuatro hectáreas de tierra, y las mismas tienen 363 olivos de diez y siete años; la tierra, en parte, es calizaosa, y otra es especie de tierra gorda, siendo, como digo, la tierra algo inferior y estando muy cargada de olivos, puesto que están a unas doce varas.

»Tengo dispuesto arrancarles la mitad, y así quedarían muy claros; algunos amigos me aconsejan que no deba arrancarlos, pero como es un árbol que tanto tiene de las raíces, es por lo que creo no han de hacerse buenos olivos.