El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-30 00:00:00), página 2

Somos opuestos, en principio, a toda limitación, que debiera imponerla únicamente la contabilidad del propio viticultor. Pero si, defraudando nuestra esperanza, la crisis tendiera a hacerse crónica, se impondría la prohibición, no con las salvaguardas que establece el Real decreto de 1.º de septiembre de 1924—equivalentes en la práctica a la libertad de plantar—sino con caracteres absolutos, más fáciles de hacer cumplir.

Abordemos la bataclana cuestión de los alcoholes, puesto en el que no coincidieron las decisiones del Consejo con el criterio sustentado por la mayoría de los viticultores.

Para que los alcoholes industriales dejen el campo libre a los del vino y permitan destilar el millón o dos millones de hectolitros de vino que esa competencia representa, es necesario restablecer plenamente la ley de 1895, que reservaba los vínicos para todos los usos de boca. El proyecto aprobado por el Consejo nacional entra en distingos de licores, que nos parece se prestan a grandes abusos en contra del alcohol viníco. ¿Por qué no se copia sencillamente la ley que rige en Francia, donde los de vino y frutas tienen la exclusiva para bebida?

Conocemos la franca oposición de los criadores de Jerez, de Málaga y el voto particular presentado por la Asociación Nacional de Viticultores a la Asamblea de Madrid. Es más, creemos que les asiste la razón al señalar sus temores de que un encarecimiento desproporcionado del alcohol viníco perjudicaría sus intereses, ligados a la viticultura general. Mas ese peligro desaparecería poniendo un precio límite al alcohol viníco, rebasado el cual pudiera emplearse el industrial para usos de boca. Claro es que continuando vigentes los impuestos actuales de fabricación para los alcoholes, ese precio límite debiera ser entre 250 y 300 pesetas el hectolitro, si la destilación viníca había de activarse de modo remunerador; y semejante cotización encarecería más de lo justo los vinos encabezados y licores. Previendo tal situación, juzgamos indispensable suprimir los impuestos de destilación, con cuya liberación, según cálculos que hemos hecho y son fáciles de repetir, es posible abonar al cosechero 20 pesetas y más por cada hectolitro de su vino destinado a la destilación, aun fijando co no precio máximo del alcohol viníco para bebidas el de 200 pesetas por hectolitro, muy corriente estos últimos años, y en modo alguno obstaculizador para ese comercio de licores y vinos especiales.

Acaso, como solución intermedia, fuese viable una reducción notable de los impuestos citados, suficientes para compensar los gastos de fiscalización sin alterar el fondo de las ventajas enunciadas.

Otro sector que se agita al sentirse amenazado, especialmente en Cataluña, es el de los destiladores de orujos de uva. En la Asamblea de Tafalla decíamos: «Los alcoholes de orujos, heces, piquetas y vinos francamente averiados, que suman alrededor de 200.000 hectolitros, no deben disfrutar, en estricta justicia, del privilegio que aspiramos obtener para los de buen vino; esa partida debe arrancarse a las bodegas si hemos de mejorar las ventas del restante. Todos sabemos que necesitan, para fabricar con ellos buenas bebidas, una cuidadosa rectificación, con eliminación de impurezas que abundan en ellos—digámoslo honradamente—tanto o más que en los de melazas o maíz.»

«Ese destino de los alcoholes de orujo significaría poder destilar, en buenas condiciones, millón y medio o dos millones más de hectolitros de vino que, unidos a los resultantes de sustituir el alcohol industrial, es seguro que resolvieran las crisis, sobre todo regularizando la venta del alcohol y guardando el sobrante para los años de corta cosecha vinícola, que no faltarán, ciertamente.»

El «carburante nacional» no parece vaya a implantarse por el momento. Desconocemos los razonamientos en que se fundan los que se oponen a esa trascendental modalidad. Respecto a su valor práctico, aduciríamos numerosos testimonios del país vecino, favorables a su empleo, si dispusiéramos de espacio. Citaremos únicamente el informe que publicó el Boletín del Automóvil Club de Francia, en septiembre próximo pasado, como resultado de ensayos comparativos hechos con 23 vehículos que usaban: carburante nacional, gasolina, benzol, petróleo, gas, carbón y electricidad. Después de recorrer 182 kilómetros, se dedujo que con el carburante nacional, de menor coste que la gasolina, marchaban los coches a la misma velocidad y con el mismo consumo que funcionando con esencia. Ninguna demostración (termina el informe) pudiera ser más completa.

El hecho es que el consumo de alcohol para motores y usos industriales pasó en Francia de 683.000 hectolitros últimamente, con un incremento de más de 100.000 hectolitros sobre el año anterior, debido a la fabricación del carburante, según vemos, con otros datos muy interesantes, en el Journal d'Agriculture Pratique de 1.º de febrero último.

Nos hablan afirmado que en España se fabricaba ya el benzol, destilando carbones medianos, base excelente para fabricar carburante líquido nacional. Pero si esa industria destiladora carece todavía de capacidad productora, déjese libre la introducción hasta que aquélla produzca lo bastante para mezclarle el alcohol sobrante, y liberarnos en parte, por lo menos, del pesadísimo tributo que supone la importación de gasolina, encarecedora de dólares y libras.

El alcohol desnaturalizado, para emplearlo como combustible de motores, debe resultar barato. El Estado francés, que regula los precios, mientras cotiza a 800 francos el hectolitro de 100 grados para encabezamientos y licores, sólo pone a 240 francos el hectolitro de 90°, si se trata del destinado a carburante.

En España, suprimiendo todo impuesto para esa clase de alcoholes destinados a carburante, no resultaría éste a precios exagerados, permitiendo, sin embargo, a los destiladores de melazas razonables beneficios. ¿Por qué—volvemos a preguntar—no se sigue el ejemplo de Francia, donde se obliga a todo importador de gasolina a adquirir un 10 por 100 de alcohol, para fabricar luego