El Progreso agrícola y pecuario (1926-04-30 00:00:00), página 8

yo, sin que la aportación de otras zonas resolviera, ni a unas ni a otras, ningún problema, por la agravación que producen los transportes y los intermediarios.

Las vides no son exclusivamente para vino.

Por otra parte, puede haber nuevas plantaciones de vides hechas por los viticultores, que, con muy buen acuerdo, proyectan intensificar la producción de uvas para el consumo en verde y para pasas; producciones que es conveniente introducir o ampliar en algunas comarcas para facilitar el consumo en todos los grandes mercados interiores y en los de exportación.

Y vides sin injertar, destinadas exclusivamente a pies madres productoras de sarmientos, de base americana, resistentes a la filoxera; tanto para facilitar la reposición interior como para la exportación, a pesar de que hemos visto en el transcurso de poco tiempo cómo nos han cerrado las puertas para las plantas Argelia, Francia, los Estados Unidos, Cuba, Santo Domingo, la República Argentina, Italia—que tuvo algunos años preferencia por las estaquillas de Francia—y Portugal, que acaba de suprimir para la entrada de nuestros sarmientos la Aduana de Barca de Alba, obligando a dirigir las expediciones a Oporto.

Legislarse sin hacer tales distingos equivalía a perjudicar también a algunos viticultores, sin el menor beneficio para los precios de los vinos.

La industria vitícola nacional.

Desde la aparición de la plaga filoxérica hay en diferentes comarcas españolas establecida la producción de estaquillas y de estacas injertables y la instalación de viveros de barbados o de injertos.

Ello emplea muchas hectáreas de terrenos y da ocupación a centenares de pequeños cultivadores, de obreros y de operarias.

La crisis vitícola se multiplicaría gravemente en algunas comarcas al no poderse utilizar subproductos de la vid, como son sarmientos para formación de nuevas cepas indemnes a la filoxera, cuya preparación compensa para sobrelevar en diversas partes la crisis vinícola, y es hora de que el Poder público tenga en cuenta la alarma que en muchos hogares originó el art. 7.º del Real decreto de 1.º de septiembre de 1924, alarma aumentada con la presentación del aludido art. 23, felizmente retirado.

Francia protegió los intereses de quienes en su país se dedican a la citada producción-industria vitícola, y suspendió la concurrencia española prohibiendo la importación de plantas frescas no sólo en la metrópoli, sino en Argelia, de tal manera que alguna casa española se vio obligada a extraer de nuestra Patria los elementos que tanto favorecían a un importante sector de la misma, para trasladar los más importantes viveros a la mencionada colonia.

Los Estados Unidos siguen la misma política protectorista, y—lo que es más grave—arrastran a ella, en detrimento nuestro, a las repúblicas hispano-americanas.

En cambio, ¿qué apoyo se ha logrado hasta ahora de nuestro Gobierno? Ninguno. Urge se prohiba la entrada de plantas francesas, en cualesquiera condiciones, copiando el mismo régimen que aplican en Francia a las plantas nuestras; reciprocidad natural y lógica.

Y para decretar medidas que se traduzcan en restricción inmoderada de replantaciones (dado el modo de ser de nuestros labradores, tan poco amantes de cursar instancias), en esta época en que la restricción ya existe sin más excitaciones que el precio ruinoso de los caldos y otras circunstancias adversas al viticultor, los Poderes públicos, al meditar sobre la eficacia de una novedad, habrían de guardar la consideración que merecen intereses creados al amparo de las leyes, intereses tan legítimos y respetables como los que más puedan serlo, intereses que, cuando menos, son acreedores a plazos para agotar existencias de barbados, injertos y estacas y amortización de campos, de pies madres y otras instalaciones, o a equitativa indemnización, como se propone a veces para otros intereses lesionados.

La Limitación deberá ser oportuna.

El casi único argumento que se exhibe para limitar las plantaciones por decreto se basa en el aumento del precio del vino que ha de promover la ley que se está elaborando, precio que se prevé tan remunerador, que temese provocaría un exceso de nuevas plantaciones.

Tan peregrino argumento no puede ser admisible a priori.

No ha de ser válido hasta que se vea cómo, efectivamente, los productos de la viña llegan a compensar tanto las inversiones y desvelos del viticultor, que haya de vislumbrarse un exceso de producción en el porvenir.

El límite que hoy nos ocupa, y más prohibitivo si se quiere, puede ser oportuno en otra ocasión, una vez se haya comprobado el buen éxito de la nueva ley de vinos y de alcoholos.

No ha de incurrirse en precipitación al pensar en un fenómeno que no es seguro; mientras que serían ya inmediatos los perjuicios y las perturbaciones dimanantes de tal precipitación.

La medida no responde a exigencias de interés general.

Cuando tan fácil sería no dejar pasar el momento oportuno, más o menos lejano, para imponer un freno a codiciosos e irreflexivos movimientos, que ahora están muy lejos de iniciarse, ¿por qué ya, a partir de este instante, habría de existir una coacción legal, que no han pedido organismos que representan a los viticultores de toda España?

La opinión pública española, la valiosa opinión del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, no ha reclamado la adopción de tal medida, sino que ha pedido antes la efectividad de muchos otros ensayos, y sólo alguna voz halagadora, perdida en el desierto, se adhirió al criterio gubernamental.