El Progreso agrícola y pecuario (1926-05-22 00:00:00), página 2

Cuarta. Siempre hemos considerado de procedencia indiscutible y de eficacia indudable que nuestra producción agrícola, comprendiendo en ella la forestal y la pecuaria, con cuyo desenvolvimiento está indisolublemente unida la mejora del solar nacional—que es lo que esencialmente constituye la Patria—vivan en un régimen de justicia dentro de nuestra política económica, y que no sean antepuestos otros intereses a los que aquélla representa.

Las tasas, restricciones e intervenciones de la acción oficial en la circulación, venta y compra de productos nuestros, vienen causándonos gravísimos perjuicios, y también amargura grande al ver que sólo alcanzan a los procedentes de la agricultura y ganadería. Una vez más pedimos su desaparición.

Y una vez más también hemos de decir que en nuestra política arancelaria y en disposiciones especiales sobre preferencias, auxilios y subvenciones a algunas otras manifestaciones del trabajo se ocasiona grave daño a la producción agrícola, a cuantos con ella están identificados y al país en general. La protección arancelaria debe ser proporcionalmente igual para los productos agrícolas y para los industriales, y no exceder nunca de los límites que se han considerado siempre procedentes en los trabajos en que se ha estudiado, en armonía con los intereses generales, pues es preciso tener en cuenta que nuestra capacidad productora es en muchos artículos superior a nuestras necesidades, que en otros no podemos obtener económicamente lo que demanda nuestro consumo, que en algunos es muy escasa o nula nuestra producción, y que, como consecuencia de todo ello, nos son convenientísimas las relaciones comerciales con los países de producción complementaria.

Quinta. En la producción agrícola influyen, pudiéramos decir que de manera casi decisiva, los transportes terrestres y marítimos, singularmente los primeros. El problema de las tarifas es cuestión importantísima para la agricultura, a la que afecta como clase social productora, transportadora y contribuyente en mayor proporción que a otra alguna. Desaparecido el tope que representaban las máximas legales, no limitada la tarificación, es de presumir y de temer su elevación próxima sobre la ya crecida que viene sufriendo, y si no se hace de un modo directo, en forma indirecta hemos de soportar, como contribuyentes, los sacrificios a que obliguen los cuantiosos y extraordinarios auxilios que a las Empresas concesionarias se vienen otorgando a expensas de la nación entera y no siempre en beneficio del interés general.

Sexto. Con el respeto que siempre nos ha merecido el Poder público, exponemos nuestros deseos de que la censura tenga toda la benevolencia necesaria para poder exponer y comentar, dentro de los límites de la natural corrección, lo que viene siendo y lo que debe ser la política económica, especialmente en sus relaciones con la agricultura. Es fundamental que los problemas económicos puedan estudiarse y debatirse libre y públicamente.

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro hizo sus las anteriores conclusiones.

Do la Confederación Nacional Católico-Agraria.

La Confederación Nacional Católico-Agraria eleva también un documento al Gobierno sintetizando sus aspiraciones, que son las siguientes:

Primera. La elemental importancia de la producción triguera, que el pasado año mereció la atención del Gobierno con el señalamiento de un precio mínimo de venta, reclama igual consideración en el actual, mediante la prórroga de aquella disposición, la fijación del precio de la harina y la continuidad y fijeza de criterio en este orden, que evite cambios y fluctuaciones altamente funestas y perniciosas para la producción cerealista.

Segunda. Es preocupación de las regiones productoras de remolacha azucarera, la de que se dicten las oportunas disposiciones para la obligatoria constitución del Comité paritario, a quien debe conferirse la jurisdicción de este asunto para la conveniente armonización de los intereses a que afecta.

Tercera. Medio indispensable para lograr el perfeccionamiento y progreso agrícola en España es el de divulgar e intensificar las enseñanzas agrarias para combatir la ignorancia y la rutina que ahogan y esterilizan parte considerable de la potencialidad productora de nuestro suelo.

La utilización conveniente de este medio exige la reforma de la escuela primaria rural, dotándola de manuales de agricultura y economía doméstica e implantando los campos escolares de prácticas agrícolas; demanda igualmente el fomento de la enseñanza postescolar en escuelas profesionales de invierno y escuelas agrícolas de economía doméstica para jóvenes de uno y otro sexo, y hace precisa, por último, la actuación de las escuelas agrícolas ambulantes, que tan copiosos frutos producen en otros países, observando las prescripciones del Real decreto de reorganización de los servicios agropecuarios de 20 de junio de 1924.

Cuarto. Es de interés general que se active la resolución de los expedientes incoados al amparo del Real decreto de 1.º de diciembre de 1923 y su reglamento de 1.º de febrero de 1924 sobre legitimación de roturaciones arbitrarias en terrenos pertenecientes al Estado o de propios o comunes de los pueblos, y sobre legalización de cesiones defectuosas, excitando a la vez el celo de las Jefaturas de Montes y de los municipios para que concedan cuanta importancia merece en el orden social a la multiplicación del número de pequeños propietarios dentro de los preceptos de la legislación vigente.

Quinta. El Real decreto que acaba de publicarse sobre el problema vitícola, elaborado con una copiosa e interesante documentación y avalado con el favorable informe del Consejo de la Economía Nacional, representa un acierto del Gobierno, igual que la práctica de seguir otorgando puestos de representación a las principales entidades agrícolas españolas en los diversos organismos oficiales, cuya actuación exige el conocimiento práctico de la realidad agrícola nacional.