El Progreso agrícola y pecuario (1926-03-22 00:00:00), página 9

y Juntas de obras que administran fondos mixtos, así como la Empresas o particulares usuarios o concesionarios de aguas de dominio público.

Art. 2º Los usuarios y peticionarios de aprovechamiento de aguas de los restantes afluentes habrán de solicitar la declaración de principal, a los efectos de los artículos 4º, 5º, 8º, 9º, 10 y 12, directamente del ministro de Fomento en el plazo de dos meses, a partir de la fecha, pasado el cual no podrán formar parte ni estar representados en la primera Asamblea, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5º y 15 del indicado Real decreto de 5 de marzo de 1926.

Art. 3º Se hace reglamentario el informe previo de la Confederación, sobre el punto concreto de la compatibilidad con sus planes y proyectos, de todos los proyectos y solicitudes de aprovechamiento hidráulico de la cuenca del Ebro y el informe técnico circunstanciado de todos aquellos en que tales planes y proyectos resulten afectados de algún modo.

Art. 4º La confrontación e informe de todos estos proyectos y el de toda petición relacionada con registros u ordenación y modulación de aprovechamientos de la cuenca serán efectuados por la División hidráulica del Ebro, cuya jefatura se hará cargo de todos los registros de aprovechamientos existentes en la Jefatura de Obras públicas, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Art. 5º Se nombra una Comisión organizadora encargada de formar y de someter a la aprobación previa del ministro de Fomento, en el plazo de dos meses, el reglamento general de la Confederación que ha de servir de base a la convocatoria de la Asamblea, cuya Comisión asumirá las funciones atribuidas a la Junta de gobierno de la Confederación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22, hasta su ratificación y aprobación definitiva.

Esta Comisión estará formada por:
Delegado regio, D. Antonio de Gregorio y Rocasolano.
Director técnico delegado de Fomento, D. Manuel Lorenzo Pardo.
Letrado asesor, D. José Valenzuela La Rosa.
Delegado del Ministerio de Hacienda, D. Benito Ucelay Cardona, abogado del Estado en la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
Vocal de una Junta de obras, D. Antonio Lasierra y Purroy.
Agricultor, D. Joaquín Cavero y Sichard, conde de Gabarda.
Propietario industrial, D. Mariano Foronda y González, marqués de Foronda.
Representante de la Banca, D. José Garriga Nogués, marqués de Cabanes.
Interventor designado por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Dado en Palacio, a 5 de marzo de 1926.—ALFONSO.—El ministro de Fomento, Rafael Benjumea Burín.

Muy importante.
Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PE- CUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

PRÉSTAMOS PARA MEJORAR LOS MONTES PÚBLICOS

EXPOSICIÓN

Señor: El Estatuto municipal y las instrucciones aprobadas por Real decreto de 17 de octubre último estimulan a los Ayuntamientos a que mejoren los montes de su pertenencia y el reglamento de la Hacienda municipal de 22 de agosto de 1924 les obliga a invertir en la repoblación forestal el 10 por 100 del valor de sus aprovechamientos y el 20 por 100 de propios.

Es de suma conveniencia que los Ayuntamientos mejoren las condiciones de sus montes para su mayor y más valiosa producción, no sólo porque de este modo aumentarán sus ingresos, sino por la influencia que esta mejora ha de tener en la economía nacional, y no puede desconocerse que la formación y ejecución de proyectos que exijan gastos iniciales de importancia, como son los de ordenación, vías de saca y otros, no han de ser posibles de momento con los expresados ingresos.

Pueden, en cambio, los Ayuntamientos, por medio de una operación de crédito sobre el usufructo de sus montes, levantar empréstitos, que les permitan allegar recursos para llevar a cabo aquellas mejoras.

Con arreglo al art. 107 de la ley Hipotecaria, no ofrecen estos préstamos dificultad alguna; pero es indudable que conviene poner alguna limitación a los derechos que esta ley concede, a fin de dejar bien asegurada la buena conservación de los montes y la integridad de los derechos de pertenencia a favor de las entidades propietarias.

El Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras, que vienen invirtiendo reglamentariamente parte de sus reservas técnicas, afectas a las obligaciones del retiro obrero obligatorio, en préstamos para la realización de diferentes obras de carácter social y de desenvolvimiento de la riqueza pública, pueden contribuir también a auxiliar a los Ayuntamientos para la realización de estos fines, completando así la meritoria labor que realizan. Interesa sólo dejar bien asegurado que en ningún caso el préstamo excederá de un plazo máximo de veinticinco años ni podrá dar derecho al prestatario a la adquisición del predio, a fin de evitar que pueda mermarse la propiedad forestal de los Municipios declarada de utilidad pública.

No fuera lógico que se autorizara a los Ayuntamientos para levantar empréstitos sobre el usufructo de sus montes, con el fin de destinarlos a la mejora de los mismos, y se les negara para otras atenciones municipales que puedan serles de especial interés, si bien conviene procurar que los préstamos a que los montes respondan se empleen en beneficio de los mismos, principalmente teniendo en cuenta la necesidad que en la mayor parte de ellos se siente de impulsar su producción o aumentar el valor de sus productos mediante la ejecución de determinadas mejoras.

Espera el Gobierno que por este medio, sin peligro alguno para la conservación de los montes de interés general, se conseguirá dar medios a los Ayuntamientos para mejorarlo y para atender a otras necesidades de orden local, contribuyendo al propio tiempo al fomento de la riqueza pública.