El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 7

rio dentro de un término municipal, como creemos, o a cada finca, pues de optarse por esta solución sería igualmente imposible determinarlo, a causa de que, tanto el líquido imponible como la contribución de cada propietario, aparecen ante su vista englobados en los recibos de contribución, no conociendo el propietario cuál es el líquido imponible parcial de cada lote o finca aislados.

Hecho todo esto con el tiempo bastante para que nadie pueda alegar ignorancia o imposibilidad material de practicarlo, la Administración podrá comprobar en seguida lo declarado, deduciendo las consecuencias que hubiere de tener, en el orden tributario, llegada la hora del avance catastral o de sus revisiones, cuya marcha, con las modificaciones oportunas, cabe acelerar en la medida que se desee.

Claro es que aceptándose esta que nos parece más justa y viable solución, no hay ya para qué hablar de denuncias, expropiaciones ni subastas, sino simplemente de establecer sanciones severas, que pudieran consistir en multas para los pertinentes en no declarar o los que declaran valores menores de los reales.

En cuanto al registro de arrendamientos como finalidad fiscal, creemos que tiene todos los inconvenientes apuntados en lo que se refiere a la lentitud del procedimiento, ya que por su crecido número no será posible realizar la inscripción en muchísimo tiempo.

Esto no quita que desde el punto de vista contractual creamos conveniente para ambas partes, propietario y colono, que esa inscripción se haga.

Lo que entra ya en el terreno del Código civil es limitar la facultad del propietario a no poder arrendar libremente, sin sobrepasar, como precio del arrendamiento, el valor declarado ante la Hacienda, pues aparte lo que de grave tiene la innovación, en la práctica resultará siempre que el precio del arrendamiento es variable en razón a un sin número de características, de circunstancias y de modalidades regionales y locales, y por ello, y teniendo en cuenta los peligros que envuelve, que, a pretexto de dictar disposiciones administrativas, se legisle sobre materia tan fundamental, y, además, por estimarlo innecesario, ya que bastaría, a nuestro juicio, con esa declaración de la renta, tal como entendemos este valor, creemos que no hay para qué mantener una obligación que no puede aportar mayores luces que la propuesta, y que constituye una muy seria amenaza de principios bien esenciales.

Sinceramente expuestos nuestros puntos de vista sobre los Reales decretos-leyes del Ministerio de Hacienda, elevamos respetuosamente al Gobierno de S. M. estas observaciones, en la seguridad de que habrá de tener en cuenta las razones en que se basan.

Madrid, 18 de enero de 1926.—El presidente, Mariano Massanz.—El secretario general, Jesús Cuervas del Castillo.

Muy importante.
Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PE-
CUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

EL MOMENTO ACTUAL DEL CATASTRO

Algunas consideraciones acerca del Decreto-ley de 3 de abril último, relativo a la formación del Catastro parcelario.

VII

Además de las razones que dejamos expuestas en nuestro trabajo, encaminado a demostrar la conveniencia de mantener la ley de 1906 en toda su pureza, de derogar las disposiciones posteriores que se opongan a la misma o que no estén inspiradas en su mismo espíritu, debemos manifestar lo siguiente:

1.º El Catastro y la Estadística deben depender de la Presidencia del Consejo de Ministros y no de un Ministerio determinado, como lo estuvo desde sus comienzos hasta el año 1873, porque, siendo varias sus aplicaciones y de distintas procedencias los elementos que han de concurrir para su ejecución, conviene que dependa del organismo más elevado de la Administración pública, para que éste pueda recabar de los demás el concurso necesario.

2.º Como desde que se puso en vigor la ley de 1906 hasta la fecha han transcurrido cerca de veinte años, convendría revisarla para su ajuste a las necesidades de la época actual, sin menoscabo del espíritu que la informa.

3.º Convendría también estrechar la conexión entre el Servicio catastral y las entidades que representan los intereses de los agricultores, con el fin de que esa obra nacional sea la resultante del acuerdo entre la Administración pública y los contribuyentes y no el de la imposición de la primera. Con tal objeto, podrá prescindirse, en la Junta Superior de Catastro, a que se refiere el art. 64 del decreto ley, del representante de la Dirección general de Administración local, del director de Rentas y de los cinco funcionarios del Ministerio de Hacienda; agregar dos vocales de la Junta Consultiva agronómica, nombrar dos individuos de la Asociación de Agricultores de España y otros dos de las Cámaras Agrícolas, en vez de uno de cada procedencia.

En las Juntas provinciales o regionales a que se refiere el art. 26 convendría que su presidente fuera el de la Cámara Agrícola y sus vocales un Ingeniero agrónomo y otro de montes del Servicio catastral, el jefe del Servicio agronómico de la provincia, dos individuos de la Asociación de Agricultores, un arquitecto y el registrador de la Propiedad. Entre ellos el ingeniero agrónomo del Servicio catastral deberá desempeñar la secretaría.

Las funciones de la Junta Superior podrían ampliarse en el sentido de concederle iniciativas en la propuesta de planes de trabajos y reforma de servicios que convenzan, sin oposición a la legalidad vigente, atribuciones que también deben otorgarse a las Juntas provinciales, aunque limitadas a su esfera de acción.