El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-07 00:00:00), página 8

ción de riqueza sea superior al 25 ó 50 por 100. Ha dicho el ministro que este precepto del decreto tiene sus antecedentes en proyectos anteriores y en una ley votada por las Cortes en 1922. En efecto, el Sr. Alba, en su proyecto de reforma del régimen fiscal de la propiedad inmueble presentado a las Cortes en 1916 y en 1918, establecía el principio de la expropiación forzosa de fincas rústicas en favor de los arrendatarios o de las personas que, mediante un proyecto razonado, se comprometieran a mejorar el cultivo de las fincas que estuviesen mal cultivadas. Y en la ley de 16 de julio de 1922, en su art. 7.º, se establece igualmente el mismo precepto de expropiación forzosa cuando exista un 25 por 100 de defraudación en el valor declarado. Pero estos antecedentes en que se apoya el ministro para defender sus disposiciones no tienen ni tienen la gravedad y trascendencia de los artículos 15 a 20 del decreto que comentamos.

En efecto, el art. 7.º de la ley de 16 de julio de 1922 dispone que «cuando la declaración en el valor declarado exceda del 25 por 100 del que resulte de la comprobación, el Estado tendrá el derecho de adquirir para sí, con destino a algún servicio público, cualesquiera bienes inmuebles que hayan sido objeto de alguna transmisión, el cual derecho sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses de la fecha en que la oficina liquidadora haya tenido conocimiento de la transmisión». En este precepto se reconoce el derecho de expropiación forzosa por occultación de valor en el impuesto de Derechos reales, en favor exclusivo del Estado, para destinar a algún servicio público el edificio objeto de la expropiación. Y se fija un plazo de seis meses para que el Estado haga uso de este derecho, a contar desde el día que tuvo conocimiento de la transmisión; pasado este plazo, queda prescrito el derecho reconocido en favor del Estado.

Se observará la notable diferencia entre este precepto de la ley de 1922 y el decreto del ministro. En la ley de 1922 se establece la expropiación en favor exclusivo del Estado y para destinar a servicios públicos el edificio o inmueble expropiado; en el decreto se concede la expropiación a favor de la Hacienda para ser vendidas las fincas en pública subasta a favor de propietarios colindantes y de los denunciantes que dediquen su actividad e inteligencia a perseguir la declaración de riqueza inmueble.

En la ley de 1922 no existe denunciador; en las disposiciones del decreto el denunciador es el alma máter, es el eje del decreto, y se le reconoce un premio por su trabajo, que oscilará del 10 al 50 por 100 del valor de la occultación. En la ley se fija un plazo para que el Estado use del derecho de expropiación; en el decreto no se fija plazo. Luego son notorias las diferencias entre la ley y el decreto: en aquélla existen garantías para el contribuyente de que no será víctima de un denunciador ni expoliado por el capricho del Poder público; en el decreto, el contribuyente no tiene garantía ninguna y estará a merced de las sociedades de denunciantes, que surgirán inmediatamente para la expropiación de los propietarios.

La ley de 1922 no ha producido, que sepamos, más que un solo expediente de expropiación. El decreto fo-
mentará los expedientes incoados por las sociedades de denunciantes, que constituirán una plaga para el propietario.

Faltan garantías de defensa para el propietario.

Jamás en ninguna ley española se ha dictado un precepto semejante al que se establece en el decreto del ministro de Hacienda. Como que este decreto infringe el art. 10 de la Constitución de la Monarquía, porque dice que «no se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización». ¿Es que la occultación de riqueza es causa de utilidad pública? ¿Es que puede legalmente, con arreglo a nuestras leyes, imponerse la pena de expropiación forzosa por occultación de riqueza?

En el proyecto Alba existía la causa de utilidad pública, cual era la mejora del cultivo agrícola; en el decreto la causa de utilidad pública es la supuesta occultación de riqueza.

La occultación de riqueza se ha penalizado y debe penarse cuando se compruebe, cuando se haya tramitado el expediente con todas las garantías procesales correspondientes, con multas pecuniarias; jamás con la expropiación de la finca, que resulta una pena semejante a la confiscación.

Si el Estado, de oficio o a instancia de parte, acuerda la expropiación de una finca por occultación de riqueza, ¿se tramitará el expediente de expropiación con arreglo al procedimiento de la ley de Expropiación forzosa vigente? ¿Se concederán, por tanto, al propietario los medios de defensa que esta ley establece? Cuestión ésta interesante, porque en el decreto no se fija el procedimiento a seguir en la expropiación acordada con arreglo a los artículos 14 y 15 del mismo.

En el decreto, el propietario no tiene garantías ni medios de defensa. Comprobada la occultación de riqueza, la Administración acuerda la expropiación y paga al propietario el valor de la finca capitalizado según el valor amillarado y 10 por 100 más como afectación. Desde este instante, desde el momento de haberse acordado la expropiación, no aparece en el decreto ninguna regla, ninguna norma que pueda utilizar el propietario para impugnar aquel acuerdo. Y ello es de gran trascendencia. Al propietario se le deben otorgar los medios de defensa y cuantos recursos autorizan nuestros reglamentos de procedimiento para impugnar el acuerdo de expropiación, y, por tanto, ningún acuerdo es ejecutivo mientras no sea firme y estén agotados todos los recursos.

En el art. 21 se establece que el denunciante depositará el 10 por 100 del importe de la contribución anual correspondiente a la occultación. Si cuando se hace la denuncia no se sabe aún cuál es el valor de riqueza oculta, ¿cómo puede regularse la cuantía del depósito? Ello demuestra que se hará la denuncia, pero no se constituirá el depósito. Supongamos que el denunciante constituye el depósito y que en la comprobación se demuestra que no existe occultación: ¿perderá en este caso el depósito? ¿Quién pagará los gastos del expediente? ¿Quién abonará al propietario los gastos que por