El Progreso agrícola y pecuario (1925-11-22 00:00:00), página 2

La trascendencia del decreto-ley del corriente año, que dicta las reglas a que ha de sujetarse la formación del Catastro parcelario y jurídico de España, nos indujo a cooperar, en la medida de nuestras poquedades, al esclarecimiento de las ventajas de su aplicación; pero como en el art. 6.º adicional del expresado decreto se anuncia la redacción del reglamento adjetivo del mismo, creímos que convenía esperar a conocer este último para examinar, de un modo completo, ambas disposiciones. Después nos enteramos, por la Prensa periódica, de haberse terminado la redacción del reglamento, y como suponemos que en breve plazo será publicado en la Gaceta, parece llegada la ocasión de comentar el examen del Real decreto-ley, para continuar después analizando también el reglamento, tan pronto sea conocido.

El decreto-ley fué dictado de conformidad con el dictamen de una Junta bastante numerosa, en la que tuvieron representación los organismos que intervinieron en la formación del Catastro, los agricultores, los ganaderos, el Ministerio de Hacienda, la Dirección general de Agricultura y Montes, la propiedad urbana, los registradores de la Propiedad y el servicio del levantamiento de planos desde aparatos de aerostación.

Ocurre, con frecuencia, en Juntas compuestas de numerosos vocales, que las opiniones encontradas y los intereses opuestos, son causa de transacciones para llegar a indispensables acuerdos, que, a veces, no satisfacen a ninguno de los elementos que han concurrido a su adopción.

Así ha debido ocurrir en este caso, porque, dada la ilustración y pericia de las distinguidas personas que han tomado parte en las deliberaciones de la citada Junta, no puede atribuirse a desconocimiento de los asuntos sometidos a su examen los errores de que adolece, a nuestro juicio, el decreto-ley de que se trata, sino a la falta de acuerdo entre los vocales de aquel organismo. Antes de comenzar el examen de la citada disposición, no parece fuera de lugar el recuerdo de los antecedentes de este asunto.

Creada la Junta general de Estadística en el año de 1857, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, se organizaron los trabajos geodésicos, topográficos y estadísticos, se estableció una Escuela de topografía catastral y se llevaron a cabo ensayos de catastro parcelario, unos por administración y otros por contrata. Entre estos últimos, podemos citar los realizados en algunos distritos municipales por el conde Nils de Barck, por el Sr. Bergnes de las Casas y por el coronel Sr. Pérez de Rozas, cuyos resultados no debieron ser muy satisfactorios, porque si bien fueron abonadas a dichos señores las cantidades convenidas con los mismos, no fueron aprobados los procedimientos técnicos de que se valieron.

En cuanto a los ensayos realizados por administración, dieron lugar a la organización del servicio de Catastro parcelario geométrico, que continuó hasta el año 1874, en que se transformó la Dirección general de Estadística en Instituto Geográfico y Estadístico. El Catastro parcelario geométrico se relacionaba con las redes de triangulación geodésica de los distintos órdenes, y para su formación se ejecutaban en cada término municipal los trabajos siguientes: Deslinde del término con sus colindantes y trazado de las líneas límites de derecho, o de hecho, por medio de itinerarios de brújula; medición reiterada, con cinta métrica, de la base para la triangulación y orientación de la misma base, mediante observación de la estrella polar y auxilio de las tablas publicadas por los anuarios del Observatorio Astronómico; proyecto de triangulación por medio de la brújula; observación de la misma con el teodolito excéntrico de Brunner; cálculo de las coordenadas de sus vértices, de la torre de la iglesia y de todos los puntos notables del término, y situación de los mismos en hojas kilométricas en escala de 1 : 500; levantamiento del plano parcelario geométrico dentro de cada triángulo y planimetría de las parcelas resultantes y de los caminos, veredas, terrenos incultos, etc., por medio del planimetro de Welly o del polar de Amsler.

De las hojas kilométricas se obtenían las cédulas catastrales de cada propietario, que eran hojas sueltas, en cuyo anverso se copiaban las características del predio al que se refería la cédula y en su reverso el plano del predio calcado de la hoja kilométrica.

Tal fué el procedimiento seguido en muchos pueblos de la provincia de Madrid para la formación de sus respectivos estatutos parcelarios. La lentitud, inherente a tales operaciones y la necesidad, cada vez más sentida, de hacer desaparecer la ocultación de riqueza en los amillamientos (ocultación que se presumía, pero que no podía precisarse y menos individualizarse), movieron al Gobierno, en el año 1872, a prescindir del Catastro parcelario y a sustituirlo por un avance catastral por masas de cultivo, encomendado al Instituto Geográfico, que empeñó en la provincia de Córdoba y continuó por las demás. Los resultados de este avance vinieron a confirmar la ocultación en la riqueza declarada en los amillamientos, estimada por término medio en el 33 por 100.

No podían satisfacer, sin embargo, estos resultados al Ministerio de Hacienda, porque, en realidad, sólo venían a confirmar la ocultación presuntiva, pero que carecían de eficacia para los fines tributarios si no se complementaban con otros trabajos, de carácter fiscal, más concretos y ajustados a la finalidad perseguida por la Hacienda pública.

Transcurrieron varios años, se nombraron algunos ingenieros agrónomos para fiscalizar los amillamientos y se organizaron algunas brigadas, compuestas por aquellos técnicos y por peritos agrícolas, bajo la dirección del ilustrado y meritorio ingeniero D. Antonio Botija, encargadas de llevar a cabo un ensayo de avance catastral en la provincia de Granada, sobre la base de los planos levantados por el personal dependiente del Instituto Geográfico.