El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 3

«Se impone a las Alcaldías la obligación de facilitar, con la mayor eficacia lo que en los anteriores artículos se dispone, y de atender con el mayor rigor y cumplimiento, no sólo por lo que a los productores, compradores y vendedores corresponde, sino que también por lo que a ellas mismas se refiere.
»De todo ello serán inmediatamente responsables los alcaldes.»

En el número próximo continuaremos ocupándonos de este importantísimo asunto, que afecta a una de las principales ramas de la agricultura nacional, en crisis muy grave y de difícil solución.

Los decretos fiscales.

La Asociación de Agricultores de España ante los Reales decretos-leyes de Hacienda relativos a la valoración en venta y en renta de la propiedad rústica.

Esta entidad, integrada por cultivadores de la tierra, de los que unos son propietarios y otros no, se persona ante los Poderes constituidos, en la representación de una gran parte de estos vitales intereses, para formular su parecer respecto de dichas soberanas disposiciones y fijar su posición ante la situación que plantean.

Es evidente, a su juicio, que no se trata en esta ocasión de uno de tantos arbitrios o medidas adoptadas con miras a inventariar o descubrir riqueza, que pueden servir de base a la imposición de tributos, sino de algo excepcional que parece imponer las circunstancias por que atraviesa actualmente la Hacienda pública.

Notorio es que, por las causas de todos conocidas y singularmente por el infortunio nacional que representa nuestra obligada intervención en Marruecos, el Presupuesto español viene liquidándose con un déficit muy superior en sus cifras reales al que suele fijarse con afán optimista.

Esta insuficiencia de los ingresos para cubrir los gastos determina anualmente una acumulación de Deuda, con la hijuela consiguiente de un nuevo y mayor servicio de intereses y amortización.

La situación que ello plantea, sin ser, ni mucho menos, desesperada, es lo bastante seria y grave para que por todos, altos y bajos, gobernantes y gobernados, se le conceda toda la importancia que tiene, y que la coloca en el plano de ser hoy el primer problema nacional.

Hay que reconocer que así no se puede continuar, no se debe continuar, pues siendo la liquidación favorable del Presupuesto uno de los factores que más directamente influyen en el valor que en el mundo se da a nuestro signo monetario, no habrá español, consiente como tal de su interés, que no anhele esa nivelación indispensable, y que en presencia de la realidad, cuya agravación sería funestísima, no se apreste a facilitar los medios que eviten la ruina de todos.

Dos viejas soluciones se ofrecen como único remedio posible: reforzar los ingresos o aminorar los gastos, y aun mejor su aplicación conjunta.

¿Cabe aumentar los recursos del Tesoro? Descartar-

lo sería una puerilidad; pero no sería menor la de creer que ello pueda hacerse exclusivamente, pertinazmente, sin demostrar al país la absoluta, imprescindible necesidad del total gasto, luego de la depuración minuciosa y energética, que diese al país una sensación de austeridad y de orden, de la que sólo se perciben desde largo tiempo reiterados anuncios, sin que, por desgracia, se pase nunca de un excelente propósito de emmenda.

La empresa, aparentemente abrumadora y compleja, es, en opinión de los que pagan, hacadera, y aun afirmaremos que relativamente fácil. Hay que suprimir multitud de Centros y organismos inútiles, quizá hasta algún Ministerio entero, y desde luego, en los que queden, reducir la burocracia a límites de verdadera necesidad, remunerándola bien para exigirse una mayor y mejor prestación de trabajo.

Pero si este estudio, este análisis, el examen y la apreciación de lo necesario y lo superfluo, ha de correr a cargo, como hasta aquí, de los mismos que consumen en su totalidad los recursos presupuestados, es de temer que no se hará nada, que no podrá hacerse nada o, por lo menos, muy poco.

¿Dónde y por quiénes se han confeccionado y confeccionan los presupuestos de gastos? En los Centros ministeriales, por los propios elementos interesados, por los que, repetimos, absorben el Presupuesto nacional. De aquél ese creciente intervencionismo del Estado en todo, que venimos estimando tan perjudicial y que, a la postre, se traduce en Cuerpos facultativos, plantillas numerosas, gratificaciones, material cuantioso, etc.

Ni aun en los tiempos en que la obra era objeto de la fiscalización parlamentaria, apenas servía ésta, salvo casos excepcionales, de otra cosa que de motivo para acrecentar los gastos, sin que se fuera con energía y decisión a la entraña del mal, que no es otra cosa que la enunciada.

¿Quiere esto decir que la labor de realizar economías incumbe solamente a los que tributan, a quienes con su capital y su trabajo constituyen la masa productora del país y crean riqueza, sobre la que descansa la tributación?

En modo alguno; pero tampoco parece justo que quienes pagan y sostienen con sus tributos al Erario público no tengan una directa participación, una intervención, cuando de estructurar el Presupuesto nacional se trata.

El mejor estímulo para los que tributan es la apreciación de lo que lo pagan tiene una inversión adecuada, justa, precisa, en servicios, en propulsión de la riqueza y en la custodia de ésta y salvaguardia de los intereses generales de la Nación.

Una política encaminada en ese sentido merecería el aplauso unánime del país. Sin la ejemplaridad de su inmediata implantación, sin que se produzca una total mudanza de hábitos en lo que a Presupuestos se refiere, no cabe esperar que el problema del equilibrio económico se resuelva con sólo apretar los resortes tributarios.

Y vamos con los ingresos.

Lo primero que hace falta para la interna satisfacción de los que tributan, es el convencimiento de que lo hacen en un régimen de justicia. Por eso resulta indispensable que llegue a ser una verdad el que todos los españoles, sin excepción alguna individual, y me-