El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-22 00:00:00), página 7

pre que por las circunstancias expuestas en el artículo anterior u otras de índole económica pueda suponerse incremento importante en la riqueza imponible. También podrá anticiparse la revisión de los Registros fiscales de edificios y solares cuando la Administración de la Hacienda presuma la existencia de importantes aumentos de valor en la riqueza urbana catastrada.

Art. 6.º Los aumentos de riqueza imponible, bien por declaración, bien por comprobación o revisión practicadas de oficio, determinarán la elevación de las cuotas en la cuantía que corresponda cuando el régimen tributario del término municipal fuere el de Avance catastral o Registro fiscal. Cuando sea de cupo determinarán la imposición a los contribuyentes de las cuotas extraordinarias que procedan, según los aumentos obtenidos, al tipo de gravamen que el término municipal tenga en vigor, y dichas cuotas regirán desde 1.º de abril de 1926 hasta el inmediato repartimiento general de la contribución territorial, en el que se incrementará el cupo en proporción a la riqueza descubierta.

El Ministerio de Hacienda, transcurrido que sea el primer año después de haberse incrementado el cupo, podrá eliminar de éstos dichos aumentos, sujetándolos a un tipo uniforme, no inferior al 14 ni superior al 18 por 100.

Art. 7.º Los propietarios mencionados en el art. 1.º que declaren antes de 1.º de abril de 1926 los verdaderos valores en venta y en renta de sus fincas quedarán exentos de toda responsabilidad por la ocultación de la riqueza que hasta entonces les sea imputable; pero se les exigirá, a partir de dicha fecha, la contribución liquidada, a tenor de lo preceptuado en el artículo anterior, conforme a lo declarado y sin perjuicio de la comprobación correspondiente.

Art. 8.º Las ocultaciones de riqueza que se descubran, ya por declaración del contribuyente posterior al 31 de marzo de 1926, ya por comprobación o revisión practicadas de oficio, se sancionarán con multas, que podrán ascender desde la cuarta parte hasta el décuple de las cuotas que resulten. Los aumentos de cuotas serán exigibles a partir de la fecha comprobada de la ocultación o, en su caso, de la que determinen las disposiciones vigentes.

Art. 9.º La comprobación o revisión de las bases imponibles a que se alude en los artículos anteriores se efectuará por el personal técnico del Catastro de la respectiva especialidad y, en defecto de éste, por el de las Secciones Agronómicas, Distritos forestales o Divisiones hidrológicas, en cuanto a la riqueza rústica, y por el personal facultativo que el Ministerio de Hacienda determine, en cuanto a la urbana.

Art. 10. Los notarios, registradores, jueces municipales y de primera instancia, Tribunales y, en general, cuantas autoridades de orden civil o administrativo tengan conocimiento de actos o contratos en que se consignen capitales, valores, rentas o productos que reve- len defraudación notoria de la contribución territorial, denunciarán sin demora a las Delegaciones de Hacienda respectivas.

Los registradores de la Propiedad remitirán a dichas Delegaciones mensualmente una relación de las inscripciones de hipoteca voluntaria realizadas en el Registro en garantía de deudas, consignando el nombre, situación y linderos de la finca gravada, el nombre del propietario, el del acreedor, el importe del capital asegurado y el interés anual pactado. Las Administraciones de Rentas públicas y, en su caso, las oficinas de conservación catastral, confrontarán estos datos con los de valor y renta asignados a cada finca en el Avance catastral, Registro fiscal o amillaramiento, y cuando obtengan aumento harán la oportuna liquidación, exigiendo o proponiendo las responsabilidades que procedan.

Las oficinas liquidadoras del impuesto de Derechos reales, que al practicar la comprobación administrativa de los valores transmitidos obtengan aumentos con relación al de capitalización de la renta catastral o del líquido imponible de las fincas urbanas o rústicas, hecha con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.º de este decreto-ley, deberán ponerlo en conocimiento de la Delegación de Hacienda en la provincia en que radiquen dichas fincas, para que sin demora se liquide la contribución territorial que proceda por el nuevo valor, siempre sin perjuicio de las sanciones que sean pertinentes.

Las Jefaturas de Obras públicas y, en general, todas las oficinas y dependencias de la Administración que intervengan en la realización de obras públicas, mediante expropiación forzosa, darán cuenta de los valores obtenidos en ésta, a los efectos de la indemnización, a las Delegaciones de Hacienda en cuyas provincias radiquen los inmuebles de que se trate.

El incumplimiento de las obligaciones que fija este artículo dará lugar a la imposición de multas de 50 a 1.000 pesetas, según los casos.

Art. 11. Los valores tributarios asignados a los inmuebles, conforme a este decreto-ley y a las leyes fiscales en general, servirán de base para fijar las indemnizaciones que procedan en los casos de expropiación forzosa en favor del Estado, por razón de utilidad pública, con sujeción a las siguientes reglas:

A) En general, el valor de tasación de los predios rústicos o urbanos, a los efectos de la indemnización, en los casos de expropiación total, no podrá exceder del que tengan como declarado o resulte de los documentos de la Hacienda, más un 10 por 100 como precio de afectación.

Cuando se trate de finca ocupada por su propietario durante más de cinco años consecutivos o de tierra cultivada por su dueño en iguales condiciones, el precio de afectación se elevará al 15 por 100.

En todos los casos, además del valor fijado según los párrafos anteriores, se abonará, previa tasación independiente, cuando haya lugar a ello, el importe de las mejoras hechas en las fincas en los dos últimos años, si oportunamente fueron declaradas por los propietarios a los efectos fiscales, aunque no se hayan incorporado a la base tributaria.

B) En especial, cuando se trate de fincas no catastradas, se estará a lo que resulte de los amillamientos o, a falta de éstos, de otros documentos de la Hacienda. En uno y otro caso, con arreglo a la ley de 26 de julio de 1922, se entenderán transitoriamente elevados en un 25 por 100 de los valores amillarados los líquidos imponibles, mientras no fueren rectificados de oficio o por declaración del propietario.

C) En los casos de expropiación parcial, la valoración