El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 5

mente no está en relación con el rendimiento útil conseguido?

Por eso, el Directorio militar designó una Comisión que estudiasse el problema. Después de bastante tiempo, esa Comisión ha elaborado un proyecto de ley, en el que se abordaba el aspecto jurídico del Catastro, de enorme interés, y un reglamento para su aplicación. ¿Se van a poner en vigor? ¿Se desiste del Catastro nuevamente proyectado, y del antiguo, y en aras de una rapidez, que no se logrará, se parte de la declaración del propietario y se basa el sistema en la denuncia y en la comprobación ulterior?

Esto último, para reforzar ingresos que se necesitan con urgencia, parece, por lo menos, aparte de otros aspectos de que trataremos, poco práctico.

La tributación que soportan la industria y el comercio, especialmente sobre utilidades, recae sobre bases sólidas, es decir, sobre cifras tangibles. La territorial rústica se basa en lo que el Estado supone que puede producir en conjunto una finca en concepto de renta, beneficio del cultivador, interés del capital de explotación y los aprovechamientos pecuarios.

Aquel caso de la industria y del comercio y del impuesto sobre la renta de valores mobiliarios se basan, pues, en algo preciso, matemático. La contribución territorial, ya lo hemos dicho, se funda en una hipótesis de productividad, aceptada de buen grado, en unos casos, y en el más general, impuesta al propietario.

Por eso, donde están rigiendo las valoraciones del Avance catastral, ¿qué culpa cabe atribuir al propietario, ni quién, con razón y en justicia, puede calificarle de ocultador, porque ellas no representen una realidad? Exijanse las responsabilidades debidas a los funcionarios que intervinieron, pero no se quiera echar encima el peso de la nueva ley al que no hizo sino prestar su conformidad a lo que le impusieron.

Sinceramente ocremos que esta energética campaña que contra la real o supuesta ocultación se inicia se hará extensiva a todas las demás manifestaciones del tributo, pues a pesar de la afirmación del preámbulo de que a la industria y al comercio les es casi imposible rehuir o evadirse de aquella obligación tributaria, no sería difícil encontrar en el mundo industrial de las finanzas y negocios motivos para desdecirse prontamente de ella.

Ahora se pretende obtener el inventario de la riqueza territorial, por declaraciones de los propietarios referidas a valores de muy difícil determinación, de enorme alterabilidad, según el criterio personal que se aplique para fijarlos.

Amenazar con severas sanciones cuando ese criterio individual no sea coincidente con el que aplique el agente administrativo que las comprobase, sin perjuicio de aceptar la irresponsabilidad de este último cuando sea suyo el error; mezclar iguales procedimientos para riquezas tan distintas como la rústica y la urbana, establecer preceptos que socavan el derecho de propiedad, reconocido y protegido por las leyes fundamentales; alentar la denuncia sin que al que la ejerzite de mala fe le venga perjuicio alguno, no obstante los que ella irrogará inevitablemente al denunciado, es algo que, unido a la perentoriedad del plazo señalado para el cumplimiento de lo que aún no se sabe ciertamente en qué ha de consistir, ya que el reglamento tendrá que aclarar conceptos y preceptos de no fácil interpretación y comprensión por todos los ciudadanos, basta para justificar la alarma producida, que forzosamente se ha de traducir en retranquilo de capitales que tanto necesita nuestra industria agrícola, en desmayo de actividades que son muy precisas y esenciales para el desenvolvimiento económico del país, y en un general descontento que nos vemos obligados a recoger y presentar al Poder público para que, teniendo en cuenta las razones expuestas, pueda proceder a la rectificación de lo estorbado en forma que armonice el respeto a intereses tan vitales con los del Tesoro.

Podrá por algunos alegrarse que todo esto no va contra el labrador, que más bien se dirige contra el propietario; pero hemos de salir al paso de la vulgar creencia, muy extendida, de que se trata de intereses distintos y aun contrapuestos, pues si bien es cierto que existen propietarios de la tierra que no la cultivan directamente, ellos constituyen una gran minoría, ya que, por regla general, el propietario es el que labra su propiedad o la explota por sí mismo, siendo cosa corriente su participación en los beneficios y riesgos del cultivador, cuando no lo hace, bajo una multiplicidad de formas muy grande, según las modalidades que esa coparticipación ofrece en las varias regiones españolas, ejemplo, por cierto, que no creemos tenga precedente en la vida industrial.

Si la solución del problema de traer a la tributación toda la masa de propiedad que pueda estar a ella sustentada fuese empresa tan llana como parece entender ahora el Ministerio de Hacienda, fiándolo a la declaración individual voluntaria, y más que a ésta al temor a las severas sanciones con que se conmina, en ningún país se habría perdido el tiempo y el dinero que representan el descubrimiento de riqueza, y, sin embargo, la realidad prueba que los Estados invierten millones y millones en ir inventariándola y valorándola paulatina y gradualmente.

Bien que se persiga la ocultación por cuantos medios estén al alcance del Fisco; pero de esto a colocar a toda la propiedad territorial en la situación de equilibrio inestable en que quedará, a merced de todas las codicias, de todas las venganzas de la ley del más fuerte económicamente para adquirir lo que su conveniencia, comodidad y aun capricho le sugieran, de cuantas formas puede ofrecer la profesión de chantajista, etc., hay un abismo, cuyo salto entraña peligros gravísimos que no pueden ocultarse a los gobernantes.

Legislare sobre materia que pertenece al Código civil por medio de disposiciones de carácter administrativo o fiscal, alterando sustancialmente el derecho de propiedad, es camino que pudiera conducir a situaciones de violencia, de las que hubo oportos en algunas naciones, conatos que pronto trascendieron a la propiedad industrial, y con ello a una perturbación en la vida económica y social, con grave daño para todos.

Ya hemos dicho anteriormente que no parece lógico se obligue a una nueva declaración a la riqueza catastral. ¿Se hizo mal la evaluación? Corrijanse los métodos, depúrense responsabilidades; pero el propietario que la aceptó de grado o por fuerza, y con arreglo a ella viene tributando, ¿por qué ha de incurrir en el calificativa