El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-22 00:00:00), página 9

juez procederá por la vía de apremio a la exacción de las cantidades determinadas en la certificación que la Inspección le entregará, pudiendo delegar en los jueces municipales competentes.

Si surgiera alguna cuestión contenciosa distinta del hecho material del pago, se ventilará ante el juez de primera instancia en juicio verbal, no dándose otro recurso que el de casación, con la obligación por parte del patro- no recurrente de consignar la cantidad que fuera objeto del litigio.

En cuanto al seguro de invalidez se refiere, se establece un régimen transitorio hasta que quede organizado el seguro, y tendrán derecho a esta protección los afiliados al régimen de retiro obligatorio que hayan hecho imposiciones, por lo menos durante doce meses sin interrupción, personales y voluntarias. Se considerarán casos de invalidez, la pérdida total o en sus partes esenciales de las extremidades superiores, de las inferiores o de una superior y otra inferior; la lesión del aparato locomotor que pueda reputarse análoga a la mutilación de las extremidades; la pérdida de los dos ojos o de uno con disminución importante de la fuerza visual en el otro; la enajenación mental incurable; las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro, y de los aparatos circulatorio y respiratorio, y las enfermedades de los aparatos digestivos y urinario producidas por lesiones que se reputen incurables, incapacitando al sujeto para el trabajo. La cuantía de la pensión de invalidez será de 365 pesetas anuales. La curación de las enfermedades privará de la bonificación.

Encontramos muy injusto el hecho de que aquellos patronos que no hayan sido requeridos para constituir la pensión se eximan del pago de la misma durante varios años y no vengan obligados más que a establecer la cuota correspondiente al año anterior al requerimiento. En cambio, aquellos patronos de las grandes poblaciones, que desde el primer día han venido abonando las cuotas correspondientes, sufren esa carga con desigualdad notoria, y la misma desigualdad existe para los obreros, debido todo ello a incuria del Instituto de Previsión o de las Cajas colaboradoras. Hace seis años que se estableció el seguro y son innumerables los pueblos donde aún no ha tenido efectividad.

Para arbitrar fondos y aumentar las libretas de los obreros del segundo grupo, el art. 12 de la ley de 26 de julio de 1922 estableció un recargo del 5 por 100 sobre la transmisión de bienes por herencia entre parientes; desde el quinto grado colateral y extraños, recargo que en la ley de 21 de septiembre del mismo año sobre el Impuesto de Derechos reales se reglamentó en sus artículos 46 y siguientes, en cuanto a la forma de liquidarlo. El art. 24 de la ley de Presupuestos de 1924 25 determina que ese recargo constituirá un crédito en la sección 9.ª del Ministerio de Trabajo, capítulo 6.º, artículo 1.º, «Instituto Nacional de Previsión».

Aunque con carácter voluntario, se estableció también el seguro obrero, de paro forzoso por Real decreto de 18 de marzo de 1919, y por Real orden de 31 del mismo mes y año se aprobó el reglamento correspondiente. El Estado subvencionará a las Asociaciones que practiquen esta clase de seguro con una cantidad igual al importe de las primas efectivas que recauden, y después, por la ley de Presupuestos de 1923 y el Real decreto de 27 de abril del mismo año, se concedió un crédito de 500.000 pesetas para subvencionar a aquellas Asociaciones, reglamentándose la forma de conceder las subvenciones.

También son voluntarios los seguros de enfermedad y de maternidad, de los que no nos ocupamos por no hacer interminable este artículo.

José Atard.

NOTICIAS

Las variaciones de líquido imponible por disminución de riqueza rústica.—En la Gaceta ha aparecido un Real decreto que contiene cuatro artículos que se refieren a la riqueza urbana, y un art. 5.º que se refiere a la rústica y dice así:

«Art. 5.º En lo que se refiere a las variaciones de líquido imponible por disminución de riqueza rústica, tanto en régimen de amillaramiento como de avance catastral, el Ministerio de Hacienda adoptará las disposiciones convenientes para que sean tramitadas y resueltas sin demora las peticiones que en tal sentido se hallen presentadas o se presenten.»

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Preparando el Presupuesto.—Por Real decreto se dispone que, bajo la presidencia del presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se constituya una Comisión para el estudio del Presupuesto de gastos del Estado y de las economías que en él sean factibles, sin detrimento para los servicios sustantivos de los distintos departamentos ministeriales. Formarán parte de la Comisión cuatro funcionarios del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, designados por el presidente, y cuatro contribuyentes, uno por territorial urbana, otro por territorial rústica, otro por industrial y de comercio y otro por utilidades, designados en la siguiente forma: el de territorial urbana, por el Pleno de la Junta consultiva de Cámaras de la Propiedad urbana; el de territorial rústica, por los representantes de la Agricultura que forman parte del Consejo de la Economía Nacional; el de industrial y de comercio, por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y el de utilidades, por el Consejo Superior Bancario. Será secretario de esta Comisión, con voz, pero sin voto, el jefe de la Sección de presupuestos de la Dirección general de Tesorería.

La Comisión deberá ultimar sus trabajos antes del 1.º de abril próximo, exponiendo en una Memoria las economías que crea posibles en el Presupuesto.

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Las relaciones comerciales con los Estados Unidos.—El corresponsal de A B C en Nueva York ha celebrado una conferencia con Mr. Moore, ex embajador de los Estados Unidos en España, y al preguntarle a éste: