El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-15 00:00:00), página 10

otro de la Confederación nacional Católico-Agraria, otro de la Cámara de la Propiedad urbana, de esta Corte; dos funcionarios del Ministerio de Gracia y Justicia, el subjefe de la Sección de Catastro de la riqueza rústica, el subjefe de la Sección de Catastro de la riqueza urbana, dos abogados del Estado y un jefe de Negociado de primera clase en la Administración de Rentas públicas de Madrid, que actuará de secretario.

NOTICIAS

La importación de ganados.—En vista del anómalo estado sanitario de la ganadería en Holanda, Suiza, Francia e Inglaterra y los perjuicios que irrigan a la ganadería nacional las importaciones de ganados al sembrar focos nuevos de glosopeda en nuestro territorio, por lo que son evidentemente mayores los daños que producen que los beneficios que con tales importaciones pudieran obtenerse en el comercio, y abastecimiento del país, por Real orden de 12 del pasado se ha dejado sin efecto lo dispuesto en la Real orden de 9 de octubre último, referente a importaciones de ganados; debiendo en lo sucesivo, y en cumplimiento de las disposiciones vigentes, no autorizar sino aquellas que procedan de países libres de enfermedad infecto-contagiosa y llenen los requisitos que en cada caso se determinen.

Al mismo tiempo se han concedido permisos para importar ganado de Argelia y zonas española y francesa de Marruecos a los señores siguientes:

A D. Pedro Riera Barceló, vecino de Barcelona (paseo de la Aduana, 171), 300 reses vacunas, 2,000 lanares y 500 cerdos; que deberán entrar por el puerto de Barcelona.

A D. Augusto Escande y Bartes, vecino de Barcelona (Auatulio, 7, pral.), 300 reses vacunas, 2,000 lanares y 500 cerdos; por el mismo puerto de Barcelona.

A D. Francisco Margarit Torres, vecino de Barcelona (Tantarantana, 34, tercero), 1,000 reses lanares y 500 cerdos; por el mismo puerto de Barcelona.

A D. Miguel Díaz-Alvarez, vecino de Madrid (Almagro, 40), 500 reses vacunas y 2,000 lanares; también por el puerto de Barcelona.

A D. Manuel Campos Peña, vecino de Sevilla (Rodrigo Caro, 5), 100 reses vacunas; por el puerto de Sevilla.

A D. Jaime Llorca Linares, vecino de Alicante (Joaquín Costa, 10), 100 reses vacunas, por el puerto de Alicante.

A D. Francisco Vera Carrasco, vecino de La Línea de la Concepción (Ángel, 30), 300 reses vacunas y 200 cerdos; por la Aduana de la Línea (Cádiz).

A D. Ramón García Varo, vecino de Algeciras (Cádiz), 100 reses vacunas y 100 cerdos; por la Aduana de La Línea, y 100 reses vacunas por el puerto de Algeciras.

Mínimos de carga para el transporte de naranjas.—(Real orden de 4 de enero, Gaceta del 6.) Dispone que se atienda la rigidez del precepto impuesto en la Real orden de 7 de octubre de 1925 sobre mínimos de carga, en el sentido de mantener la imposición de los mismos, pero no como norma constante durante toda la campaña, sino como mínimo de carga con que deben realizarse los transportes mientras las condiciones de la naranja lo permitan, facultando a la Delegación especial creada por aquella soberana disposición, que conoce perfectamente y a día todas las circunstancias de calidad, estado de madurez del fruto y disponibilidades del material, y que puede saber siempre con oportunidad el estado en que el fruto llegue al transbordo de Cerbère y las dificultades que puedan surgir en las operaciones a él inherentes, para rebajar estos mínimos hasta un 20 por 100.

Transporte de remolacha.—(Real orden de 13 de enero, Gaceta del 16.) Dispone: «Prorrogar, a contar del día 28 de enero, por plazo de otros tres meses, prorrogable, a su vez, por un tercero de igual o menor duración, si antes de su caducidad así lo propusiere la segunda División de ferrocarriles, porque a la sazón no hubiere terminado la campaña, la Delegación especial encargada en Zaragoza de la regulación del tráfico de remolacha a las fábricas de azúcar enclavadas en las regiones de Aragón, Navarra y Rioja, Delegación que fué establecida para la campaña de 1925 26 por Real orden de 28 de octubre de 1925.»

Las conclusiones de la Asamblea provincial.—La Asamblea de Diputaciones celebrada en Madrid en el mes de enero próximo pasado ha elevado al Gobierno numerosas conclusiones, de las cuales interesa a nuestros lectores conocer las dos siguientes:

«2.º Que el Estado dicte reglas que simplifiquen el procedimiento para el impuesto sobre terrenos incultos y que se faculte a las Corporaciones provinciales para hacer una revisión a base de los datos que sea factible obtener en los organismos correspondientes de todas aquellas concesiones de terrenos que puedan comprenderse dentro del concepto jurídico de incultos, para ver si los concesionarios han cumplido satisfactoriamente las condiciones por las que se les concedió el terreno, y, en caso de incumplimiento, pedir la reversión a las Diputaciones o un gravamen a favor de los fondos de éstas por cada hectárea.

«39. Pedir que el 10 por 100 de aprovechamientos de montes públicos que el Estado percibe lo ceda a las Diputaciones, para que éstas lo inviertan en el siguiente año económico en la repoblación de los montes de los pueblos de la provincia.»

La legitimación de roturaciones arbitrarias, hechas en terrenos del Estado y comunales.—Por el Ministerio de Hacienda, con fecha 23 de diciembre último, se ha dictado un Real decreto modificando esencialmente la vigente legislación relativa a la materia.

Según dicho Real decreto, no podrán ser legitimadas las roturaciones hechas: 1.º En terrenos comprendidos dentro de los montes declarados de utilidad pública, salvo que el Ministerio de Fomento diese su aprobación. Estos montes son los incluidos en el catálogo formado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.º del Real decreto de 27 de febrero de 1897. 2.º En terrenos que estén comprendidos en montes que, a juicio de los distritos forestales o divisiones hidrológicas, deban ser objeto de declaración de utilidad pública, aunque no figuren en el catálogo. 3.º En montes que se hallen bajo la dependencia de la Junta de Colonización y Repoblación interior. 4.º En las vías pecuarias, descanzaderos y abrevaderos y cualesquiera otros bienes de dominio público.

Para ser considerado como poseedor de los terrenos y tener derecho a disfrutar del beneficio expresado, deberá acreditarse la posesión previa y continua de dichos terrenos: a) Durante un año y un día respecto de extensiones que no excedan de tres hectáreas. b) Durante un año y un día, más otro año, por cada hectárea de exceso sobre tres, respecto a extensiones mayores de tres hectáreas y en ningún caso mayores de 10. Los indicados plazos sólo podrán contarse hasta 1.º de enero de 1926.