El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-07 00:00:00), página 9

denuncia falsa se le hayan ocasionado? ¿Tendrá derecho el propietario a una indemnización?

Las fincas expropiadas saldrán a subasta pública; y en el art. 18 se establece que del importe de la finca se pagarán todos los gastos del expediente y el premio del denunciante. Supongamos una finca que está amillarada o catastrada por una renta líquida, que capitalizada al interés legal resulte un valor de 500.000 pesetas. Esta finca es objeto de denuncia, y se comprueba un valor-capital de 650.000 pesetas, o sea un 30 por 100 más, por ejemplo. Sale a subasta por este valor. Existe una diferencia de 150.000 pesetas entre el valor comprobado y el catastrado. Han de pagarse del valor-precio de subasta todos los gastos del expediente (que no se especifican ni detallan) y el premio del denunciante. Corresponde a éste el 50 por 100, o sean 75.000 pesetas. Debe pagarse al propietario el valor catastrado, o sean 500.000 pesetas, más un 10 por 100 por afección, son 550.000 pesetas. Como debe pagarse el premio al denunciante de 75.000 pesetas, queda un sobrante líquido de 25.000 pesetas de valor-capital. En este caso, en que hemos supuesto una ocultación de valor del 30 por 100, se ha beneficiado exclusivamente al denunciante, causándose con ello un daño al propietario, que se habrá visto despojado de la finca.

El precepto de expropiación es sólo en beneficio de los denunciantes, que percibirán sus participaciones, y por ello surgirán Sociedades de denunciantes que dividirán España en dos castas: denunciantes y denunciados. Y en los pueblos esta división será objeto de enconadas luchas y pasiones.

Desea el ministro aumentar la base tributaria de los bienes inmuebles, y ello se puede y se debe lograr mediante estos dos procedimientos: a) Acelerar el avance catastral; y b) Donde no esté iniciado proceder a la revisión de amillamientos y registros fiscales, con las garantías que establecen los reglamentos. Con ambos sistemas obtendrá el aumento de la base tributaria y realizará una labor seria y de positivos resultados.

El primero, porque las cuotas de 20, 30, 40 y 50 pesetas tienen carácter progresivo que las hace elevarse en el tercer año al cuádruple de dicha cantidad, aparte de las multas en que fácilmente se puede incurrir y el confuso procedimiento para pagarlas, lo cual supone un dispensado para muchos agricultores que sólo circulan sus carros eventualmente por carretera, y haciendo casi siempre cortos recorridos, que obligaría a muchos de ellos a dejar sus carros.

Además, resultaba evidentemente desproporcionado el gravamen que se imponía a los agricultores obligándoles a modificar las llantas de sus carros y el insignificante desgaste que éstos ocasionan en el firme de las carreteras, aun en los casos en que van cargados con artículos o mercancías de mucho volumen, como paja, forrajes, ramaje del monte, etc., pero en realidad de poco peso, y de un valor tan escaso que son objeto de transporte sólo porque quien lo verifica es el dueño del carro, que no pretende verificar ninguna operación de comercio. En cambio, los vehículos mecánicos, que cada día circulan en mayor número, disgregan o destruyen en proporción mucho mayor los pavimentos de las carreteras, ya que en cada uno de dichos vehículos concurren todas o algunas de estas circunstancias: mucha velocidad, gran tonelaje y superficie exterior de rodadura no cilíndrica con salientes y clavos, circunstancia esta última que prohibe en absoluto para los carros el art. 1.º del reglamento.

Los carros de la agricultura y sus llantas se construyen conforme a las necesidades del transporte, y circulación a que se destinan; se busca, dentro de la solidez, la baratija y ligereza posible. Un carro destinado a transitar habitualmente por carreteras puede ser, y es, de más peso y capacidad, y puede tener, y tiene, sus llantas más anchas que el carro que de ordinario ha de transitar por caminos estrechos, de pendientes pronunciadas, de revueltas y sinuosidades, arcosunos unos, pendregosos otros e intransitables en época de lluvias, como ocurre con los carros de los agricultores.

La publicación del tan repetido Real decreto, por sus consecuencias y derivaciones, que tan directamente afectan a uno de los principales problemas de nuestra economía nacional, como es la aproximación del producto al centro de consumo, originó un movimiento en los Ayuntamientos, Consejos y Comisiones provinciales, entidades y Cámaras agrícolas, en el sentido de pedir a los Poderes públicos se exceptúe del cumplimiento de dichas disposiciones los carros dedicados a la agricultura y ganadería.

Consecuencia de esa campaña ha sido el Real decreto que por el Ministerio de Fomento se ha dictado con fecha 4 de enero, en el que se dispone que, interina no se apruebe y publique el nuevo reglamento de Policía y conservación de carreteras que se halla en estudio, se exceptúan del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.º del Real decreto de 10 de noviembre último, y del pago de cuotas y multas a que dicha disposición se refiere, los carros dedicados exclusivamente a faenas agrícolas o pe-