El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-22 00:00:00), página 8

ción catastral por unidad expropiada servirá también de base para fijar el precio máximo de dicha expropia-
ción, que nunca podrá exceder del doble del valor asig-
nado en el Catastro, Registro fiscal o amillaramiento a
aquella unidad.

D) La Administración se servirá siempre para las
valoraciones de sus funcionarios catastrales.

En los casos de peritación por un perito tercero se in-
saculará al efecto igual número de nombres de funcio-
narios catastrales y de peritos libres.

Art. 12. Las Diputaciones provinciales, Ayuntamien-
tos y Comunidades podrán expropiar las fincas rústicas
y urbanas para la realización de obras de utilidad pú-
blica, conforme a lo previsto en los estatutos munici-
pal y provincial y sus reglamentos correspondientes.

Art. 13. El servicio de Colonización y repoblación
interior y los Póstitos, Sindicatos agrícolas, Comunida-
des de labradores, Cotos sociales de prevención, Juntas
sociales de riegos y demás entidades análogas legal-
mente reconocidas a estos efectos podrán expropiar in-
muebles rústicos y urbanos para la realización de obras
de utilidad general y de colonización, con arreglo a lo
previsto en el art. 11 y en la ley de Expropiación for-
zosa, previa la aprobación de los planes de obras res-
pectivos por el Ministerio a que esté afecta la entidad
expropiante. Sólo podrán hacer uso de este derecho aque-
llas entidades cuya constitución y funcionamiento estén
sancionados por el ministerio correspondiente al ampa-
ro de una ley orgánica.

El derecho que regula este artículo se entenderá con-
cedido a las industrias comprendidas en el apartado 4)
de la base segunda del art. 1º del decreto-ley fecha 30
de abril de 1924, sobre protección a la industria nacio-
nal, cuando el Consejo de la Economía Nacional así lo
acuerde.

Art. 14. Cuando verificada la comprobación fiscal de
una finca en la forma que determina este decreto-ley se
obtuviese un exceso del 50 por 100 o más sobre el valor
declarado o pasivamente mantenido por el propietario,
el Ministerio de Hacienda podrá acordar la expropia-
ción forzosa de la finca o fincas de que se trate, me-
diante el pago al expropiado de la cantidad que deter-
mina el art. 11.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las
fincas de riqueza imponible comprobada inferior a 500
pesetas, si son rústicas, y a 250 si son urbanas, siem-
pre que las primeras estuviesen totalmente cultivadas y
las segundas totalmente ocupadas por los propietarios
respectivos. Si una persona fuese dueña de varias fincas
rústicas y las cultivase todas por sí misma, la excepición
sólo alcanzaría a una de ellas, elegida por el propietario,
siempre que su riqueza imponible no exceda del límite
prefijado. La excepción de referencia no será óbice para
exigir al ocultador las sanciones que les sean aplicables
legalmente.

A los efectos de lo prevenido en el párrafo preceden-
te se entenderá que una persona cultiva por sí misma
sus fincas cuando las explota por su cuenta y riesgo,
sin que en la explotación participen terceras personas,
salvo las que lo hagan a título eventual y en concepto
de asalariados o jornaleros. Asimismo se considerará
que una persona habita totalmente un predio urbano
cuando sólo ella y las personas de su familia la ocupen
para vivienda, para industria o para ambos fines con-
juntamente, siempre que, además, el dueño sea vecino
del municipio en cuyo término radique la finca.

Art. 15. No obstante lo dispuesto en el párrafo pri-
mero del artículo anterior, el Consejo de Ministros, a
propuesta del de Hacienda, podrá acordar la expropia-
ción forzosa por ocultación de riqueza, aunque no lle-
gue al 50 por 100 del valor declarado o pasivamente
mantenido, cuando concurren los dos requisitos su-
guientes:

a) Que la ocultación sea superior al 25 por 100 de di-
cho valor.
b) Que se trate de predios rústicos sujetos al recargo
de la contribución territorial que estableció el precepto
segundo de la ley de 26 de julio de 1922, o de fincas
rústicas o urbanas cuya riqueza imponible exceda de
25.000 pesetas.

Art. 16. La expropiación forzosa de que tratan los
artículos 14 y 15 puede acordarse de oficio o a instan-
cia de parte.

Procederá de oficio cuando la Administración pública
descubra la ocultación de riqueza en el grado y las con-
diciones que determine el presente decreto-ley. Proce-
derá a instancia de parte cuando el descubrimiento de
la ocultación obedezca a denuncia.

En ambos casos el Estado tendrá derecho preferente
a reservar para sí la finca si estima que puede conve-
nirse para cualquiera de los servicios públicos que están
a su cargo.

Art. 17. Investigada y, en su caso, comprobada, sea
por denuncia, sea por oficio, una ocultación de riqueza
territorial que, a juicio de la Delegación de Hacienda
en la provincia, pueda estar comprendida en los artícu-
los 14 ó 15, el delegado deberá dar cuenta inmediata a
la Dirección general del ramo, la cual, por los trámites
que el reglamento determine, iniciará el expediente pre-
cisso para que el ministro de Hacienda propugne o acuer-
de, según proceda, la expropiación forzosa del inmue-
ble. Si el Estado lo reserva para alguno de sus servi-
cios, con el acuerdo que en tal sentido se dicte, quedará
concluso el expediente. En otro caso, se insertarán
anuncios en la Gaceta de Madrid y el Boletín Oficial
de la provincia expresando las características, exten-
sión, valores declarado y comprobado, cargas reales y
situación del inmueble, así como el nombre de su pro-
pietario y fecha de la subasta. El lapso de tiempo entre
el anuncio y la celebración de la subasta no será infe-
rior a un mes.

Art. 18. La subasta se hará por pujas a la llana, sir-
viendo de tipo para la primera el valor obtenido en la
comprobación administrativa. El propietario y los que
tengan inscrito algún derecho real sobre el inmueble
expropiado podrán ejercitar un derecho de tanteo antes
del comienzo de la primera subasta, siempre que obli-
guen: a), a pagar la contribución territorial que co-
rresponda al valor comprobado; b), a satisfacer los gas-
tos todos del expediente y, en su caso, de la subasta,
así como el premio del denunciante, si lo hubiere; c), a
responder de las sanciones fiscales que sean exigibles
por la ocultación de riqueza, conforme a este decreto-
ley y demás disposiciones vigentes. Si no se ejercitase
el derecho de tanteo reconocido en este párrafo se ce-
lebrará la subasta, adjudicándose el inmueble al me-