El Progreso agrícola y pecuario (1925-09-30 00:00:00), página 5

h) Cálculo de los productos probables y de su valor corriente en venta.

Art. 412. Realizada la información a que se refiere el artículo anterior, el alcalde anunciará en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, y por los medios ordinarios, la fecha desde la cual dicha información estará de manifiesto, para su examen por los interesados legítimos. El plazo de exposición no podrá ser menor de un mes, y entre la fecha del anuncio del acuerdo en la Gaceta de Madrid y el día que comience a correr dicho plazo habrá de mediar, por lo menos, otro mes.

Durante el plazo de exposición, y quince días después, la Comisión permanente admitirá las reclamaciones de los interesados legítimos. Se entenderán interesados legítimos a este efecto:

a) Los propietarios o poseedores en concepto de dueños de los terrenos que en la información figuren como comprendidos en el art. 409; y

b) Los contribuyentes municipales por cualquier otro impuesto municipal.

Art. 413. Transcurrido el plazo de admisión de reclamaciones, el alcalde remitirá la información, las reclamaciones producidas, si las hubiere, y, en su caso, las aclaraciones y observaciones que la Comisión juzgue pertinentes, al Ministerio de Hacienda. Si éste estimara que el expediente no se ajusta a los preceptos de esta Sección, hará subsanar los defectos por el Ayuntamiento o por la Comisión municipal permanente, según proceda. Completo el expediente, será remitido al Ministerio de Fomento, para que en el plazo de dos meses informe el Centro o Centros consultivos correspondientes, los cuales podrán requerir, cuando así lo estimen necesario, informe de los servicios provinciales.

Devuelto que sea el expediente al Ministerio de Hacienda, será sometido el asunto al Jurado especial establecido en virtud de lo dispuesto en el art. 399, del que formarán parte en estos casos, además de los individuos referidos en aquella disposición, dos ingenieros agrónomos o de Montes al servicio del Estado, designados por el Ministerio de Hacienda.

El Jurado practicará, en su caso, las informaciones complementarias que estime pertinentes y acordará sobre el asunto en el plazo improrrogable de dos meses, contados desde el día en que aquél le fuere sometido.

El acuerdo del jurado, hecho ejecutivo por la conformidad del Ministerio de Hacienda o, en su caso, el acuerdo del Consejo de Ministros, ultimará la declaración sin ulterior recurso. De la resolución definitiva se publicarán en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, a expensas del Ayuntamiento interesado, extractos que a este efecto redactará el Ministerio de Hacienda.

Si transcurriese un año desde que fuera recibida en el Ministerio de Hacienda la información del Ayuntamiento sin que recaiga resolución definitiva, el Ayuntamiento podrá establecer el arbitrio ajustándose a los resultados del informe period.

En estos casos, si la tramitación del expediente produjera ulteriormente la declaración de improcedencia del arbitrio, el Ayuntamiento devolverá a los contribuyentes o a sus derechohabientes las cuotas percibidas, pero podrá reclamar de los funcionarios culpables del retardo, en concepto de perjuicios, hasta la mitad del importe de las cuotas devueltas. La reclamación se ajustará a los trámites previstos en la ley de 5 de abril de 1904.

Cuando la acumulación extraordinaria de asuntos, si lo exija, el Gobierno queda facultado para prorrogar los plazos señalados en esta regla. La prórroga se acordará por Real decreto, que se publicará en la Gaceta de Madrid, y no podrá exceder de otro año para cada expediente.

Art. 414. Estarán exentos del arbitrio:

1.º El Estado español, por todos sus bienes que no se hallen en estado de venta. Regirán para el arbitrio las exenciones dispuestas en el art. 5.º de la ley de 12 de mayo de 1865.

2.º La región a que el Municipio pertenezca.

3.º La provincia respectiva.

4.º El Ayuntamiento de la imposición.

5.º La Mancomunidad de Municipios en que figure el de la imposición, cuando así lo acordare éste expresamente.

6.º Los terrenos comprendidos en las demarcaciones de las concesiones mineras y los que estuvieren afectos a sus explotaciones; y

7.º Las salinas comprendidas en la contribución territorial, a tenor de las disposiciones vigentes para esta contribución.

Salvo lo previsto en este artículo, la exención de la contribución territorial no lleva aparejada en ningún caso la del arbitrio.

Art. 415. Para determinar la base del arbitrio se deducirá de los productos brutos totales, estimados con arreglo a la declaración, la suma de las partidas siguientes:

a) Intereses y amortizaciones del capital de establecimiento del cultivo o del aprovechamiento, estimados aquéllos y éstos con sujeción estricta a los términos de la declaración.

b) Los gastos integros de la explotación, incluso los intereses y amortización del capital correspondiente, todos ellos estimados según queda previsto en el apartado anterior; y

c) La renta asignada a la finca en el Catastro, si estuviese catastrada, o el líquido imponible, si la finca estuviese amillarada.

No estando amillarada la finca y no figurando en los documentos administrativos de la contribución territorial cifra alguna por esta partida, la deducción de los productos brutos se limitará a la suma de los conceptos a) y b).

Si los bienes estuviesen temporalmente exentos de la contribución territorial, ya de un modo absoluto, ya parcial, se computará la cifra de esta partida por la renta, o, en su caso, por el líquido imponible con que habría de figurar el inmueble en los documentos administrativos de la contribución del Estado, de no existir la exención.

Las cifras de esta partida correspondientes a los bienes amillarados se harán entrar en cuenta con el aumento de 25 por 100, prescrito por el número primero de la ley de 26 de julio de 1922.

Asimismo, las cifras de esta partida correspondientes a los bienes referidos en el número segundo de la citada