El Progreso agrícola y pecuario (1925-12-15 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA EN EL CONCURSO DE MADRID DE 1902

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EL MOMENTO ACTUAL DEL CATASTRO

Algunas consideraciones acerca del Decreto-ley de 3 de abril, relativo a la formación del Catastro parcelario.

IV
Con lo anteriormente expuesto creemos haber demostrado: que ni en la ley de 1906, ni en el Decreto-ley de 3 de abril del corriente año, hubo error al dividir la ejecución del Catastro, en dos periodos en la primera y en tres en la segunda.

Desconocemos, como es natural, la idea que presidió a la redacción de la primera de dichas leyes, cuyo objetivo fué—según se manifiesta en la exposición que precede al Decreto-ley de 3 de abril—el de vigorizar los ingresos de la Hacienda; pero suponemos que, además de esa finalidad, cuya importancia bastaría por sí sola para justificar la formación del avance catastral, se perseguía la de sustituir el sistema de cupo por el de cuota en los repartimientos tributarios y el de impedir que los amillaramientos y sus rectificaciones se utilizaran por el caciquismo como el instrumento más eficaz para su predominio.

En cuanto al movimiento de opinión contraria a los trabajos de avance catastral—que también se cita en la exposición que precede al Decreto-ley de 3 de abril como uno de los motivos que han aconsejado la conveniencia de examinar si tales trabajos llenaban la finalidad perseguida por el legislador—hay que tener en cuenta que hacen más ruido cinco que gritan que ciento que callan. La mayor parte de la ocultación de riqueza no se advierte en la pequeña propiedad que, según decimos en otro lugar, está formada por predios cuya superficie no llega a una hectárea. Poco será lo que en estos microfundios pueda ocultarse, y, por lo tanto, lo probable y casi seguro es que la mayor parte del 33 por 100 a que ascendía, por término medio, en España, la ocultación de riqueza rústica, existe allí donde la lógica y la experiencia indican que debe encontrarse.

Nada tiene de extraño, por lo tanto, que al descubrirse esa ocultación y al obligar a los ocultadores a contribuir, en la justa medida, al sostenimiento de las cargas públicas, se quejen y atribuyan, unos de buena fe y otros por táctica, a errores o torpeza de los técnicos catastrales, lo que es únicamente el descubrimiento de la verdad y el cumplimiento de la justicia. En cambio, la mayoría de los dueños de pequeñas propiedades, los de fincas extensas que no han sufrido perjuicio alguno y aun aquéllos a quienes se ha disminuido la riqueza imponible con la que figuraban en el amillaramiento, no demostrarían su satisfacción por habérseles hecho justicia.

Claro está, que al referirnos a la ley de 1906, nos referimos a la propuesta por la Junta presidida por don José Echegaray, y no a las modificaciones posteriores al año de 1912, de las que nos ocuparemos en nuestro artículo del número próximo.

¿Quiere esto decir que en los trabajos realizados para la formación del avance catastral de la riqueza rústica, no se han cometido errores de ningún género y que la ley de 1906 y sus reglamentos adjetivos sean perfectos? Lejos de eso, creemos que los errores padecidos deben ser confesados sin resistencias ni dificultades, y que, lejos de poner trabas y sordinas a las reclamaciones, debieran ser acogidas, cuando sean fundadas, con gratitud, porque en tales casos los reclamantes cooperan a la perfección de los trabajos.

Nadie debe exigir la infalibilidad en el personal técnico del servicio catastral, porque se compone de hombres y, como tales, sujetos a error.

En cuanto a la conservación del Catastro parcelario