El Progreso agrícola y pecuario (1925-10-07 00:00:00), página 9

1908 exceptando del pago de los derechos reales los préstamos de los Bancos agrícolas, Monte de Piedad, Cajas rurales, etc., siempre que no repartan dividendos y su capital sea común o inalienable; el reglamento de 20 de abril de 1911 que exime del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas a los de las Asociaciones de Crédito agrícola; la reforma de la ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909 y el reglamento de 1915, que estableció la cuenta corriente con garantía hipotecaria en favor de los labradores; el decreto-ley de Dato, de 22 de septiembre de 1917, sobre prenda agrícola sin desplazamiento; el reciente decreto ley creando el incipiente Servicio nacional de Crédito Agrícola, y el Real decreto de 6 de julio, poniendo a disposición de los labradores 50 millones de pesetas para préstamos con garantía de trigo.

Si, a pesar de todas estas disposiciones y de cuantas facilidades ha dado el Estado, el problema continúa sin resolver, es porque no se ha atendido al principal y más importante factor de los que le integran, cual es la garantía que para responder del préstamo puede ofrecerse; condición esencial y precisa para que el capital acuda a esta clase de préstamos. La confianza, el crédito personal de un labrador, no puede extenderse más allá del círculo de sus relaciones, bien sean de vecindario, de familia o comerciales, y el capital necesario al crédito, si se encuentra entre estas relaciones, se presta a intereses muy elevados, con verdadera usura. Y tal vez yo diga una herejía, pero es natural que se exija ese elevado interés, porque el riesgo que se corre es grande, y es ley económica la de que la ganancia debe estar en relación con el riesgo. El cultivador que toma una cantidad a préstamo sin otra garantía ni esperanza para poder reintegrarla más que el valor de la cosecha, no ofrece una garantía cierta, porque si aquella se pierde y ni siquiera puede pagar el precio del arrendamiento, dejará de ser incluso arrendatario, quedará en la indigencia, y el capitalista que lo hizo aquel préstamo perderá todo lo que le entregó. Por eso está justificado aquél crecido interés, y por eso son muy pocas, y generalmente del mismo vecindario del deudor, las personas que se dedican a esta clase de préstamos. Hay que buscar garantías a este préstamo personal, y cuando se encuentren, el dinero acudirá a él y hasta el Banco de España tendrá que cumplir sus Estatutos y será una realidad su cooperación y auxilio al labrador, cosa que ahora sólo en el papel aparece.

De suerte que la realidad de los hechos y la razón demuestran la necesidad de que el préstamo agrícola sea garantizado de modo que, sin dejar de ser personal, el capital quede asegurado, no sólo por el crédito que necesariamente ha de gozar el deudor, sino por el que merezca también la garantía que se ofrezca. Por eso decimos más arriba que el único medio legítimo, eficaz y suficiente sería el seguro obligatorio de todos los riesgos agrícolas. El ideal consiste en la creación de una asociación mutua de todos los agricultores que, garantizando la totalidad de los riesgos, se repartieran entre ellos el pago de los siniestros, cosa que por hoy consideramos, imposible llevar a la práctica, y por eso nos contentaríamos con que el Estado, en uso de sus facultades, impusiera, con carácter obligatorio, esa clase de seguro, cobrando la prima que se fijara, al mismo tiempo que hace efectivas las contribuciones. Y si, por ahora, tampoco el Estado se decide a implantar el seguro en esa forma, que participe o coadyuve, en la que se considere más apropiada, a la implantación que una entidad particular haga de ese seguro, siendo tal vez el medio más apropiado el de que el Estado se convierta en reasegurador, y, de esta suerte, si mucho se gana, él participa en los beneficios y, si se perdiere, no podrá ascender a cantidad importante el perjuicio, ya que esas pólizas necesariamente han de ser anuales. Garantizados todos cuantos riesgos pueda correr la cosecha y el capital empleado en su cultivo por una persona o entidad que merezca crédito, el capital acudirá gustoso, porque se encontrará suficientemente afianzado y será una realidad el contrato de prenda agrícola sin desplazamiento. Podrá objetarse que ese crédito es difícil de ganar por una Empresa, y más difícil aún, si es anónima o de capital limitado. A esa objeción sólo pueden responder los hechos; cuando se compruebe si la Empresa aseguradora cumple o no sus obligaciones, se demostrará si merece o no el crédito necesario, y esto aparte de que ya es motivo para conceder confianza a la Empresa el hecho de que la póliza de su seguro sea aprobada por la Comisión general de Seguros. Pero para mayor garantía, sería preferible que, ya que el Estado no implante por sí ese seguro, coadyuve en la forma indicada de reasegurador y atienda a esta necesidad del cultivador, lo mismo que atendió a la del obrero, implantando su seguro obligatorio para la invalidez y vejez, y en el cual seguro invierte el Estado importantsísima cantidad que pagan todos los contribuyentes, y no hay razón alguna para que sea menos atendido el cultivador, que al fin y al cabo también es un obrero, y trabaja y sudá, y arrriesga hasta la vida en su oficio sin limitación de horas.

Coadyuvando el Estado como reasegurador a la implantación de ese seguro, es indudable que la Compañía aseguradora recibirá un crédito ilimitado, y entonces el capital no tendrá inconveniente en acudir a esta clase de préstamo de prenda sin desplazamiento y el cultivador podrá disponer del capital necesario para atender a los cultivos, quedando aquél garantizado en el cobro, porque si la cosecha se malogra la Compañía abonará el siniestro y el capitalista se reintegrará del capital prestado.

Ya ve el Sr. Senador y cuantos con él se ocupan de la resolución de este problema, que con un poco de cálculo y buena voluntad, sin esperar a la transformación del régimen de la propiedad actual, puede quedar resuelto tal vez de modo definitivo.

José Atard.