El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-15 00:00:00), página 9

pule una renta superior a la declarada o consignada en las oficinas de Hacienda a efectos tributarios, salvo que simultáneamente se dé el alta correspondiente a la diferencia y se acredite así ante el registrador con el recibo correspondiente. Tampoco podrá el arrendador ejercitar acciones encaminadas al cobro de una renta superior a la catastrada o amillarada.

A los efectos de estas bases, se entiende por renta o merced del arrendamiento la suma global de prestaciones en metálico, especie o servicios que el arrendatario debe satisfacer al arrendador.

Se considerará como renta catastrada, tratándose de fincas rústicas comprendidas en los Avances catastrales, la que como renta figure en éstos; tratándose de fincas rústicas en amillaramiento, el líquido imponible imputado al propietario, con separación del imputable al cultivo o colonia; y si estos líquidos imponibles apareciesen englobados, se tomará como renta del propietario los dos tercios del importe englobado, y se imputará al cultivo el otro tercio. En las fincas urbanas se considerará siempre como renta catastrada o amillarada el líquido imponible que figure en el Registro fiscal o en el amillaramiento, respectivamente.

g) Los jueces, Tribunales y autoridades de todo género negarán curso y valor jurídico a los documentos en que consten contratos de arrendamiento sujetos a inscripción si carecen de la nota correspondiente en el Registro que se regula por este artículo.

h) Será público el Registro de arrendamientos para todos cuantos en sus asientos tengan interés directo o indirecto, debiendo expedirse las certificaciones que con relación a datos y antecedentes en él obrantes se soliciten, a instancia de parte, o de oficio por cualesquiera dependencias y oficinas del Estado.

i) Las certificaciones que expidan los registradores se sujetarán al Arancel, cuyos tipos de exacción no excederán del 50 por 100 de los vigentes en el Registro de la Propiedad. Las inscripciones serán gratuitas, pero el Arancel autorizará la percepción de un derecho reducido para compensar los gastos materiales de funcionamiento del Registro.

j) Los documentos precisos para la inscripción se presentarán ante el registrador de la Propiedad en las cabezas de partido, y ante los jueces municipales en los restantes municipios. Los jueces harán la oportuna toma de razón y expedirán el recibo correspondiente, remitiendo sin demora al registrador cuantos documentos se le presenten.

k) Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los registradores de la Propiedad remitirán a la Administración de Rentas públicas de la provincia una relación de las inscripciones verificadas en el mes anterior, especificando: 1.º Nombre, apellidos y vecindad del arrendador y del arrendatario. 2.º Cabida, linderos y clase de cultivo de la o las fincas comprendidas en cada contrato. 3.º Renta global pactada y forma de pago de la misma.

l) Los contratos de arrendamiento que sean inscribibles en el Registro de la Propiedad, con arreglo a la vigente legislación hipotecaria, serán objeto de la inscripción obligatoria en el registro tributario que este artículo regula, sin perjuicio de la que, a efectos civiles, proceda en el primeramente citado, a voluntad de una o las dos partes interesadas. En este caso, forzosamente deberá preceder la inscripción en el Registro de arrendamientos a la que se pida en el de la Propiedad, sin perjuicio del asiento de presentación en este último, conforme al art. 17 de la ley Hipotecaria.

Art. 2.º El Ministerio de Hacienda podrá extender o limitar la obligación de inscribir los arrendamientos impuesta por este decreto-ley, teniendo en cuenta los intereses fiscales y la conveniencia de no entorpecer la libertad contractual.

Asimismo podrá autorizar la constitución de secciones del Registro de arrendamientos en los Juzgados municipales de término que tengan más de 2.000 habitantes, cuando el número considerable de contratos inscribibles aconseje esta división.

Art. 3.º Los arrendadores y subarrendadores que no cumplan la obligación de inscribir, establecida en el art. 1.º, o la cumplan incompleta o inexactamente, aparte las demás responsabilidades en que incurran, serán castigados con multa de 20 a 25.000 pesetas, según la cuantía de la renta anual pactada, y en su caso, la de la ocultación de riqueza que sea efecto de la no inscripción del contrato. El reglamento fijará la escala de estas multas, cuya imposición corresponde a los delegados de Hacienda.

Art. 4.º Por el Ministerio de Hacienda se dictará, en el plazo máximo de un mes, el reglamento preciso para aplicar el presente decreto-ley.

Art. 5.º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto-ley.

Disposición transitoria.—En tanto no se acuerde otra cosa por el Ministerio de Hacienda, se considerará obligatoria, conforme a la base b) del art. 1.º de este decreto-ley, la inscripción de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas, en todo caso, y la de los de fincas urbanas que radiquen en Municipios que no tengan formado su Registro fiscal. Se exceptúan, no obstante, hasta nueva disposición, en uno y otro grupo, los arrendamientos en que la renta pactada sea inferior a 25, 50 ó 100 pesetas anuales, según se trate de fincas radicantes en Municipios cuya población no exceda de 4.000 habitantes, o exceda de 4.000, pero no de 10.000, o exceda de 10.000, respectivamente.»