El Progreso agrícola y pecuario (1925-12-15 00:00:00), página 5

admitirse la importación, que es sangría grave de la riqueza pública?
Si se desea no encarecer la vida, ¿cómo no buscar la mayor estimación de la moneda, que se envíe con las importaciones superfluas?
La otra aspiración de agricultores y azucareros es que no se violenté el precio del mercado nacional para obligarlo a una baja en el precio del azúcar, cuyo intento perjudicaría, en definitiva, al agricultor, haciendo muy sensible para él la baja que sufriría el precio ínfimo, dados los gastos de cultivo de la remolacha.
Los remolacheros habíanse reunido con anterioridad, especialmente en Aragón y Navarra, y habían acordado diversas conclusiones, que, aunque coincidentes en el fondo, no recogen bien el sentir de los agricultores, como el documento que acaba de elevar al director general de Abastos la Asociación de Agricultores de España.
Todos los reunidos reconocieron que ese documento era exposición fidel de la opinión agrícola, y por aclamación quedó aprobado, haciéndolo suyo los reunidos, recibiendo muchos plácemes la Asociación y su presidente Sr. Mataesauz, por haber acertado a interpretar, una vez más, el espíritu de toda la agricultura española (no de una zona de la misma) ante un problema de gobierno.
He aquí el notable documento:
«El azúcar puede decirse que se produce en el campo. La remolacha y la caña (ésta, en mucha menor cantidad) son las primeras materias para aquel producto, aun cuando para el que las cultiva son materias últimas.
«Si, como parece, se trata de rebajar ahora el precio del azúcar en 5 ó 10 céntimos en kilo, se perjudicará, en definitiva, al agricultor, porque el propósito de esa rebaja, y la petición que en favor de ella haya hecho algún fabricante, será seguramente sobre la base de rebajar asimismo el precio de la primera materia, y principalmente el de la remolacha.
«Cuando se dice que puede estudiarse esa rebaja con miras a la próxima campaña de 1926, sin coartar para nada la libertad del labrador para vender, se plantea un sofisma, puesto que se fija al azúcar un precio determinado, lo que no se podrá conseguir sin determinar a su vez otro, aun cuando no sea gubernativamente, para la remolacha, en armonía con aquél. Fatalmente tiene que ser así. Es lo mismo que se decía respecto del trigo: no se tasaba éste, pero si se tasaban las harineras y el pan; la consecuencia era bien lógica. Ello es tan fatal, podríamos escribir, como la ley de la gravedad misma.
«No hay que olvidar que el cultivo de la remolacha está amenazado de un grave peligro: la pulguilla que ataca a dicha raíz. Este año ha causado a sus cultivadores pérdidas enormes. Si se practicase una información verdad, se comprobaría fácilmente. En Aragón, sobre todo, entre la sequía que retrasó las labores de siembra y la pulguilla, la producción está muy merma da. Y cuente que, si hablamos de información, no es sino para que se vea cuán cierto es lo que afirmamos, porque, por lo demás, es sensible que los únicos a quienes se investiga y analiza hasta el último céntimo de lo que ganan, y nunca de lo que pierden, sean los agricultores.
«Este problema del azúcar hay que plantearlo y resolverlo llegando al acuerdo entre agricultores y fabricantes.
«Que el azúcar se hace principalmente en el campo es una verdad admitida sin discusión en todos los países europeos de industria azucarera desarrollada, y ella preside las normas que regulan las relaciones entre el fabricante de azúcar y el cultivador de remolacha.
«La primera consecuencia lógica de este principio es la fijación del precio de dicha raíz en función del precio del azúcar que con ella se obtiene. Esta relación se halla establecida en algunos países donde los cultivadores y fabricantes han llegado a un acuerdo para determinar la parte que en los ingresos por venta de azúcares corresponde al cultivo y a la fábrica.
«En general, cuando se aplica este sistema a la remolacha, se le fija desde luego un precio mínimo de garantía que se abona al agricultor al hacerse entrega por éste de dicha raíz, y al final del ejercicio se hace la liquidación definitiva. Claro es que el sistema puede ofrecer modalidades varias para su adopción.
«En España, donde el rendimiento económico-financiero de la industria azucarera puede decirse que ha sido resultado directo de la política arancelaria, con ella relacionada, es más necesario que en parte alguna se adopten medios y procedimientos legales que determinen las bases de reparto de productos entre el campo y la fábrica. Sólo así sería verdad el constante y poco razonado argumento de protección a la agricultura en que se han querido fundamentar las medidas encaminadas, a veces, a favorecer a los fabricantes, antes de estar consolidada la industria, si hemos de juzgarlas por sus resultados.
«En el régimen actual, el campo ha experimentado casi siempre las consecuencias de los precios bajos del azúcar; en cambio, no ha existido la misma regularidad en la repercusión favorable de los altos precios, pudiéndose señalar en la historia de nuestra industria azucarera etapas en las que, a beneficios extraordinarios, en ocasiones verdaderamente fabulosos para algunas fábricas, sólo ha correspondido un precio apenas remunerador para el cultivo de la remolacha. Para que esto fuese posible, bastó el consorcio de los fabricantes, ante el cual resultaron impotentes, por su debilidad y falta de conexión, los organismos agrícolas.
«Por eso, cuando se presentó al Parlamento el proyecto de ley, vigente hoy, a virtud del que se elevaron el impuesto de fabricación del azúcar y glucosas de producción nacional y el derecho arancelario del azúcar, glucosa, caramelo líquido y productos análogos, hubo diputados a Cortes, entre los cuales aparecen como primeros firmantes quienes se honran en suscribir el presente escrito, que propusieron, poco más o menos, lo siguiente: A los efectos de fijar el precio definitivo de la remolacha a base de una equitativa distribución de los productos de la venta de los azúcares entre las fábricas y los cultivadores, se designará una Comisión integrada por representantes de ambos intereses y de la Administración. Esta Comisión fijará anualmente y al principio de cada campaña, un precio mínimo de garantía por tonelada de remolacha, precio que se abonará a