El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 6

tivo de ocultador, si por conveniencias particulares de un colindante, por ejemplo, éste denuncia un mayor valor de la finca, no porque lo tenga intrínsecamente, sino por la mejora que él logrará con la agrupación, resultando ante la Hacienda esa aparente defraudación del propietario?

Seguramente que todos los propietarios se avendrían a que la Hacienda valorase a su arbitrio las fincas, a condición de adquirirlas ella por el valor fijado, si éste no conviniese al propietario, y aun sospechamos que aun aceptarían ese derecho mutuo con un 10 ó 20 por 100 en su contra cuando de él se tratase.

Los conceptos de valor en venta y en renta que se pretende sirvan de base a la declaración que se exige son imprecisos sobremanera, empíricos, y hasta pudieran calificarse de arbitrarios, y la obligación que se impone de declararlos es confusa, casi incomprensible, generadora de dudas y de larga tramitación, desde el punto de vista del resultado para la Hacienda pública.

Además, en orden a los principios, no cabe hablar indistintamente de uno y otro valor. El valor en venta es la única base de tributación por utilidades. El valor en renta lleva de la mano al impuesto sobre el capital. ¿Se ha pensado en esto y se acepta de plano con todas sus consecuencias? En ese caso habrá que trazar a colación el impuesto de Derechos reales, que lo es sobre el capital y se satisface a cada transmisión de dominio, entre los quince y los veinte años, con nueva tasación en la escritura o el inventario de bienes, y, por consiguiente, con inclusión de plusvalías e incrementos.

¿Cuál es el valor en venta en condiciones normales? Desde que la propiedad existe, la transmisión de propiedad por actos inter vivos se ha verificado con arreglo a las oscilaciones de valor que determina inexorablemente la eterna ley de la oferta y la demanda, y así seguirá sucediendo, influyendo también accidentalmente, en su mayor o menor valor, la marcha general de los negocios fabriles y comerciales, y especialmente la situación de bienestar o de penuria de los que pueblan los campos dedicados a su cultivo. Por otra parte, ¡cabe dudar que el mayor o menor valor de la moneda nacional, la esperanza o la proximidad de realización de obras públicas de riego, de comunicaciones, de saneamiento, etc., influyen también en el valor de la propiedad, al punto de cotizarla, en algunos casos, muy por encima de la realidad actual! ¿No son todos estos factores de una variabilidad tal que precisaría tenerlos en cuenta el propietario, de una manera constante, para no incurrir en ocultación y exponerse a los peligros de un despojo, o, cuando menos, de una amenaza a su bolsillo si se niega a ceder a las pretensiones de un posible denunciante?

En cuanto al valor en renta, o sea la renta líquida que el inmueble sea susceptible de producir, cualquiera que sea su rendimiento efectivo, el concepto es más atrevido, porque aquél es capaz de esa determinación, aun en el supuesto de que se haya querido decir producir «aproximadamente» y aun partiendo de la posibilidad de realizar la cuenta de gastos fijos y de ingresos probables, para ver si arroja un beneficio o utilidad, todo eso puede hacerse por el propietario, finca por finca, en el transcurso de unos días? Sería desconocer las condiciones en que se desenvuelve la vida rural española, y su especialísima contextura, creer en esa viabilidad de lo establecido.

Erigir en ley el arbitrio de la Administración cuando de comprobar esas declaraciones, y aun de optar por una u otra, se trata, lo juzgamos, con todo respeto, injusto y depresivo para el propietario.

Bueno parte de los preceptos del Real decreto que siguen inmediatamente al anterior podrán ser exigidos hoy en su cumplimiento sin necesidad de recordarlos, porque en una y otra forma ya existían, y si no se ha hecho así, ello se debe a que, generalmente, es más fácil estatuir disposiciones que aplicarlas.

Las multas, el personal numeroso que intervendrá en las comprobaciones, las obligaciones impuestas a notarios, registradores, oficinas liquidadoras de Derechos reales y Jefaturas de Obras públicas, las reglas para la expropiación forzosa que, a nuestro juicio, y respetuosamente, creemos que anticonstitucionalmente se señalan, y las que como sanción se establecen, pudiendo derivarse de éstas que el Estado resulte víctima al tener que quedarse con las fincas condenadas a expropiación; la industria lucrativa del denunciante, que surgirá en seguida; los procedimientos de subasta, etc., constituyen, con las declaraciones de valores, la trama del primero de los Reales decretos, cuya modificación se impondrá, ya que todo ello representa, a nuestro juicio, una que estimamos honrada, pero profunda equivocación, como la realidad en su caso demostrará.

Si se quiere ir a una rápida revisión, con carácter provisional, y a reserva de todas las comprobaciones ulteriores y valoración definitiva, todo ello sin perjuicio de perfeccionar los métodos establecidos, corrigiendo lo que merezca ser modificado en la organización catastral, prescinándose de las declaraciones del valor en venta, cuya imposibilidad práctica es manifiesta, y óptese como base de la renta, ateniéndose para ello, bien al valor que obra en los amillaramientos, registros fiscales o avance catastral, con las alteraciones que procedan, bien a la que represente actualmente como la conocida y corriente en cada localidad que se paga al propietario por las diferentes clases de terrenos.

Lo primero tiene el inconveniente de que el propietario desconoce esos valores consignados en la documentación oficial, y para saber si la realidad está en armonía con ellos tendrá que solicitar certificaciones en cada caso y para cada finca, lo que representa, tanto para él como para las oficinas encargadas de expedirlas, una labor larga y costosaísima. Lo segundo parece ser lo único práctico, pues todo el mundo sabe cuál es la costumbre local en lo que a la cuantía del arrendamiento se refiere en relación con las clases de tierras.

Aún cabría un tercer procedimiento a estudiar, cual es el de descomponer el líquido imponible en forma que se determinase, aproximadamente, la parte que en el conjunto de factores que lo integran corresponde a la renta, y hecha pública esta determinación, cada propietario vería, por el líquido imponible que tiene asignado, la parte que corresponde a dicha renta, y, por lo tanto, si en la declaración que formulase debía consignar igual valor o los aumentos que este factor tuviese en realidad.

Para ello es forzoso precisar también si la declaración ha de referirse a la fincabilidad de cada propie-