El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-22 00:00:00), página 4

de tres años, según prescribe el art. 17 del reglamento. En el voto particular tantas veces citado se decía: «El Instituto, a petición de los prestatarios, podrá dar a los préstamos con garantía la forma de cuenta corriente con interés recíproco. Se modificarán los artículos 153 de la ley Hipotecaria y 205 del reglamento de la misma, en el sentido de dar a la cuenta con garantía hipotecaria la misma elasticidad, duración y baratura que a las que abre el Banco de España con garantía de valores, de modo tal, que no resulte más oneroso pignorar bienes inmuebles que valores mobiliarios». Claro está que la cuenta corriente con garantía hipotecaria nadie la solicitará de este nuevo organismo en las condiciones establecidas, como nadie la ha solicitado desde 1909 en que se autorizó por la ley Hipotecaria, porque resulta excesivamente cara, teniendo en cuenta su corto período de duración. Hacer lo que dice el párrafo transcrito del voto particular, hubiera sido movilizar la propiedad territorial, que debe ser uno de los fines que con más abin- co se persiga para la prosperidad de la agricultura.

Por lo relacionado hasta aquí, queda demostrado que la esfera de acción de este organismo se reducirá, como antes hemos dicho, a sus relaciones con asociaciones y entidades, en forma de préstamos con garantía perso- nal mancomunada y solidaria de sus asociados, garantía que en ocasiones podrá resultar ilusoria y menos segura siempre que la aceptación de una letra de cambio con dos firmas solventes o con una, además de la del deudor, que es como prestan los Bancos, incluso el de España.

El verdadero crédito agrícola ha quedado sin im- plantar, y el Estado ha adquirido una nueva obligación o carga de cuantía, cuando tan fácil hubiese sido con- seguir que los 75 millones que por el art. 52 del re- glamento se obliga el Estado a aportar, los hubieran aportado los Bancos de España e Hipotecario, a cambio de los privilegios de que gozan; aunque el resultado para la difusión del Crédito Agrícola hubiese sido por desgracia el mismo.

Bien conozco que podrá objetarse a lo manifestado, que el pequeño agricultor puede participar de los bene- ficios de este Servicio perteneciendo a cualquier aso- ciación agrícola de cooperación mutua y de obligacio- nes mancomunadas y solidarias. Tampoco se me oculta que ello haría progresar la asociación agrícola, por des- gracia muy poco generalizada en España, y a estas ob- jecciones me anticipo a responder, sentando las siguien- tes consideraciones:

Cuando no exista asociación agrícola en un pueblo o cuando sean pocos los asociados, es casi seguro que no se les concederá crédito, porque las informaciones previas forzosamente serán defectuosas e incompletas. Aun existiendo asociaciones acreditadas y solventes, siempre correrá gran riesgo el dinero prestado, por múlti- ples razones, entre ellas por la dificultad inmensa de hacer efectiva en la práctica las responsabilidades man- comunadas y solidarias entre muchas personas. Los so- cios de mayor solvencia pondrán siempre dificultades para los préstamos que soliciten los que posean pocos bienes, y resultará, como en toda ocasión, que quien más necesita del crédito será quien no pueda usar de él. Para obras de riego, para transformaciones de grandes cultivos y para cuanto sea de mucha cuantía, habrá, tal vez, crédito; pero al pequeño labrador, que hasta al comprar una mula o una máquina segadora lo hace a plazos, a ese no llegarán nunca los beneficios de este nuevo organismo, cuya utilidad para los fines perseguidos ha de ser insignificante si no se reforma el decreto-ley que lo creó.

Indudablemente los señores que constituyen la Junta consultiva proceden con todo buen deseo, con toda buena voluntad y con actividad; pero a ellos mismos es a quienes toca o corresponde hacer presenté al Gobierno las dificultades con que luchan, y si ello lo hicieran públicamente merecerían alabanza, porque así podríamos orientarnos quienes de estos asuntos nos ocupamos.

José Atard.

¡AGRICULTORES!

Sobre el Real decreto-ley de 1.º de enero referente a valoración de las fincas se ha escrito y se está escribién- do mucho, y como es fuente inagotable, bastante se ha de decir aún. Veamos algunos puntos.

El art. 1.º, que es el más importante, define el valor en venta, diciendo que es la suma de dinero por la que, en condiciones normales, se hallaría comprador para el inmueble. Es, pues, cosa puramente subjetiva la deter- minación del valor en venta. Yo, propietario de una fin- ca, creo que vale X pesetas, porque así me lo dictan mi inteligencia, mi buena fe, mi práctica en el asunto, etc. Si al asigar a mi finca el valor X he cometido error por defecto, es decir, he hecho una tasación baja, ¿cómo se me va a imponer una sanción por un hecho involun- tario? ¡No determina el Código penal que solamente son faltas las acciones u omisiones voluntarias pena- das por la ley! Luego si yo, involuntariamente, he dado a mi finca un valor menor que el que en realidad tiene, no se me debe imponer como sanción ninguna de las que establece el art. 8.º del citado decreto-ley.

Pero supongamos que yo, por error o por mi espíritu timorato, ante el temor de que se me imponga una san- ción, doy a mi finca un valor mayor del que en realidad tiene, y con arreglo a este valor pago la contribución, que suponiendo que la justa fuera X, sería X + y, por ejemplo. Dentro de quince años me veo en la necesidad de vender mi finca, y me encuentro con que solamente me dan por ella una cantidad igual a la resultante de capitalizar X. Resulta que yo he perdido y × 15. Si el Estado me ha cobrado indebidamente esa cantidad —y × 15—debe devolvérmela, puesto que lo que nace de un error no puede ser consolidado por el transcurso del tiempo. Y, en buena lógica, o debe proporcionarme un