El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 4

nos colectiva, tributen y participen en las cargas del Tesoro, en proporción de sus haberes, desapareciendo los privilegios y las ocultaciones, así como las desigualdades contributivas.

En esa dirección, esta entidad, de antigua historia, de bien probados antecedentes gubernamentales, se halla dispuesta a colaborar a la obra de cualquier Gobierno, dando las facilidades máximas para que se investigue cuánto de oculto pueda haber en la riqueza territorial rústica.

Es más; cree poder decir, en la representación que ostenta, que si las necesidades de la Patria demandasen un esfuerzo extraordinario por parte de los ciudadanos, los agricultores, como contribuyentes, se lo impondrían, y serían los primeros en aceptar ese sacrificio, una vez aquéllas plenamente justificadas.

¿Se está en este caso? Si así es, la agricultura española no rehúye su participación en la obra salvadora, pero a condición, como es natural, de que todas las demás manifestaciones de la propiedad y de la producción hagan lo propio.

Ahora bien: los Reales decretos-leyes del Ministerio de Hacienda, ¿persiguen tan sólo, mediante la declaración individual voluntaria, inventariar la riqueza agrícola? Si así fuese, la función incumbiría al Ministerio de Fomento, y no habría para qué rodearla de todo ese aparato fiscal que desvirtuaría la eficacia del propósito. Si, por el contrario, y como parece, se trata de partir de esas declaraciones para que ellas sirvan de base al gravamen directo de la tierra, creemos honradamente que no es ése el camino de lograrlo equitativa y rápidamente.

No hemos de realizar un análisis minucioso del contenido de dichas disposiciones, porque sería repetir numerosos argumentos de impugnación que muy atinadamente han sido expuestos por buena parte de la Prensa diaria y profesional, y también porque teniendo esta Asociación un representante en la Comisión encargada de reglar los preceptos de aquéllos, él será su portavoz en todo lo que afecte al detalle, y así, hemos de limitarnos, a reserva de ampliar lo que convenga, a recoger algo de lo que en el preámbulo se asienta y con lo que no podemos estar conformes, y señalar alguna contradicción en que aquél incurre.

En primer lugar, se hace referencia al mayor valor de la producción agrícola que acusan las estadísticas oficiales. Aun aceptándolas como buenas e indiscutibles, cuando ha supuesto el aumento de valor de un producto que de él se deriven beneficios netos mayores para el que produce ¿Es que el coste de producción no ha ascendido paralelamente y aun subido más arriba del aumento de valor que los productos de la tierra y todos han tenido en el mundo? Fácil sería demostrar que con los precios de antaño se lograban beneficios mayores que los que actualmente se obtienen.

¿Es, por otra parte, que la industria del cultivo de la tierra se desenvuelve como las demás, bajo techo, y no está sujeta a rigores, a contingencias, a calamidades meteorológicas, que sueñen en un momento reducir a la nada el esfuerzo y el capital empleados?

¿Cabe ignorar que la agricultura, como clase consumidora que absorbe el 80 por 100 de cuanto la industria nacional elabora o transforma, sufre en mayor porción que otra clase social alguna las consecuencias del general encarecimiento, en aquellos elementos de producción y de vida que necesita, en cuyo encarecimiento tiene una parte grande la ultraprotección arancelaria de que, en general, aquélla disfruta, complementada con leyes de privilegio que se traducen en amparos especiales a costa de todos los ciudadanos en primer término, y del contribuyente agricultor, que es quien, en razón de los impuestos, indirectos principalmente, paga más al Erario público?

¿Es que la agricultura se desenvuelve en un régimen de justicia y de libertad? Contesté a la pregunta la política intervencionista seguida únicamente contra ella y exteriorizada en tasas, incautaciones, prohibiciones de exportación y restricciones varias en su libertad de comercio.

La misma protección arancelaria a que como clase productora tiene derecho, y que para los demás es algo intangible, como un seguro de vida, ¿no resulta para ella en algunos casos puramente nominal?

Fácil nos sería patentizar todo esto, y a toda hora nos prestaremos a comprobar estas aseveraciones.

Se enaltece en el preámbulo del primero de los Reales decretos la labor del Catastro con cifras de gran efectismo; pero aparte de que, dada la diferencia que actualmente existe entre el tanto por ciento de gravamen que se aplica para las contribuciones en las zonas catastradas y en las que no lo están, las diferencias de tributación no responden, ni mucho menos, a ese aumento del 100 por 100 que se invoca, y acaso no lleguen a cubrir los gastos que la realización del Catastro ha consumido. ¿Es que el Catastro es útil? Entonces, ¿a qué prescindir de él?

Se dirá que por la lentitud de su marcha; pero ¿será rápida la comprobación del valor declarado, supuesta la posibilidad de esta declaración, y la resolución de los expedientes a que ello dé lugar? Porque si el Ministerio de Hacienda ha de conformarse con la declaración del propietario y pasar por ella en tanto que no se produzca una denuncia, ello, sin ser bueno, tendrá, al menos, la ventaja de que supondrá, como consecuencia lógica, la supresión inmediata de todo el personal afecto al Catastro. Pero como seguramente la Hacienda pública querrá reservarse el derecho de comprobar por sí misma estas declaraciones, ¿qué legiones de personal, a más del ya existente, no exigirá todo esto?

Esta Asociación estimó y estima buena la ley fundamental del Catastro de 1906, y, en cambio, ha calificado siempre de arbitrario e ilegal el reglamento para su aplicación de 1913. Aquélla garantizaba por igual todos los intereses: los del Fisco y los del propietario.

El reglamento, agravado por disposiciones posteriores de carácter técnico-administrativo, promovió grandes, numerosas y justas reclamaciones, y si no hubo más aún es porque, en muchos pueblos, la ignorancia de sus derechos y la buena fe habitual de los que cultivan los campos, hicieron que se firmasen en blanco muchas hajmas declaratorias y toda la prolija documentación catastral.

¿Es culpa del terrateniente que los trabajos se llevaran despacio y mal, teniendo que rehacerse apenas terminados, en más de una ocasión, y que el servicio haya costado al Tesoro una suma de millones que segura-