El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-07 00:00:00), página 3

de la Nación, es sobre quien en mayor proporción pesan también los indirectos; el que soporta las cargas para que no pocos—no nos cansaremos de repetirlo—acumulen beneficios inmensos.

Cien pesetas de renta en valores mobiliarios, tangibles, son gravadas con el 20 por 100. Cien pesetas de líquido imponible, o sea el beneficio hipotético de la tierra, con todos los riesgos y peligros de que se reduzcan a cero, tributaban, repetimos, alrededor de 20 por 100, a la misma tasa que en Inglaterra: el impuesto era de 5 por 100, de 4 en Francia, de 8,80 en Italia, el 7 en Bélgica, el 2 en Suiza, del 3 al 8 en Grecia, el 2 1/4, en el Japón, etc., etc. Y aun hoy, después de la guerra, y con la elevación extraordinaria de los impuestos en las naciones que por ella han contraído enormísimas deudas, puede afirmarse que, en conjunto, son los impuestos sobre la tierra los más elevados los de España.

Lo lógico sería practicar un minucioso estudio del presupuesto para ver si todos los gastos que se calculan son realmente indispensables o inaplazables, y si no resulta, como entendemos, que pueden introducirse en aquél reducciones cuantiosas mediante una general reorganización de servicios, en la que se suprimiera lo mucho que en ellos hay de evidente inutilidad, mejorando y aun retribuyendo debidamente otros que de antaño vienen siendo objeto de injustificadas preferencias.

Respecto a Tratados de comercio, podemos afirmar que en la orientación económica internacional de España no se ha tenido en cuenta nunca lo que es de una evidencia clarísima: que dichos Tratados, si han de ser beneficiosos para los intereses generales de nuestra Nación, han de concertarse al contrario de lo que se ha hecho hasta aquí, pretendiendo beneficiar algunas industrias que difícilmente han conseguido, en la competencia universal, ganar mercado alguno exterior, pero sí encarecer el interior. Y si aquéllos han de ser convenientes a nuestra economía, tendrán que basarse en lo que la realidad nos demuestra: que nuestro clima y nuestro suelo producen frutas y legumbres y caldos que necesitan otras naciones y que ellas no han de poder producir nunca, porque no se pueden alterar las leyes naturales, y que en España sobran de nuestro comercio interior; y en cambio, otros pueblos, por su situación geográfica, por tener primeras materias en mejores condiciones, por su organización industrial y por otras mil razones han podido ofrecernos productos industriales en las mejores condiciones, y podrán volver a hacerlo, porque repetimos que es imposible ir contra las leyes naturales y cambiar la psicología de los pueblos.

Para probar que esta opinión nuestra se basa en una realidad objetiva, clara, bastará tener presente que en el año 1913, por ejemplo —último de la normalidad—, el importe total de nuestra exportación fue de 1.195 millones de pesetas, y de éstos correspondieron a productos de la tierra más del 50 por 100, constituyendo la otra gran partida de la exportación—aproximadamente un 25 por 100 del total—los productos de explotaciones mineras y primer trabajo del mineral, quedando, aparte de otras partidas clasificadas, «los demás artículos» al rededor de un 10 por 100 para el cómputo de artículos industriales manufacturados.

Esta fue hasta agosto de 1914 la realidad económica en nuestras relaciones internacionales, y no aventurariamos mucho si dijéramos que volverá a ser la misma. Y, sin embargo, en la confección de los Aranceles interiores y en los Tratados de comercio ha pesado más en sus peticiones y reclamaciones a los Gobiernos una solicitud de un industrial cualquiera, y mucho más si iba suscrita por Centros más o menos interesados en cada caso particular, que cuanto han solicitado los representantes de la agricultura española.

Una vez más también hemos de protestar de que la agricultura no sea una producción libre en su origen y en todo su desenvolvimiento. Se trabaja en agricultura, como en industria, como en comercio, como en el orden especulativo y como en todos los órdenes de la vida, para que el esfuerzo del trabajo y el capital que se arriesga produzcan interés; para buscar, en una palabra, una licita ganancia, sin que sea justo limitar el beneficio, cuando lo hay, únicamente a una clase productora, a la principal clase productora de la Nación, en tanto no se le garantice, cuando menos, la pérdida, cuando la tiene.

Las restricciones, de cuya exclusiva goza la producción agraria, han causado y están causando daño enorme a la Nación. Además, esas restricciones constituyen en España un escandaloso, inaudito monopolio en favor de ciertos industriales, que utilizan como primera materia nuestra producción para la suya; que el Estado les prima en realidad arancelaria su mercancía para que nuestros productos bajen de precio; que establecen, a costa nuestra, la competencia con producto extranjero para disminuir el valor del nacional. Fácilmente podríamos citar textos y documentos de los principales estadistas de Europa, y con ellos a la vista probar que los altos intereses nacionales, la prosperidad y el bienestar del país hacen que se considere a la agricultura, no como una producción entregada a las economías individuales y desligada de toda relación con la vida nacional del país, sino, por el contrario, como una producción primordial, a la que es preciso proteger, porque en ello coinciden precisamente los intereses particulares con los totales del Estado o de la Nación como colectividad.

Nosotros deseamos una agricultura próspera, que sea base de una industria transformadora próspera y de un comercio floreciente, y creemos que el principal proble-