El Progreso agrícola y pecuario (1925-10-07 00:00:00), página 8

minos de la cuestión, y ofreciendo, unos soluciones irrealizables y otros parciales. En el número de La Libertad del día 16 del corriente aparece, en mi modesta opinión, el mejor artículo que se ha publicado en estos tiempos sobre el problema, planteado de una manera concreta y sincera; pero en las soluciones que ofrece no podemos estar conformes, porque no son prácticas, ya que, por hoy, no pueden tener realidad. El Sr. Senador, distinguido publicista, es partidario entusiasta de las doctrinas de Henri George, y como tal, teórico impentente de cuantas cuestiones existen derivadas de la propiedad de la tierra las resuelve con la nacionalización de la misma; y esa nacionalización por él propugnada no puede considerarse como solución actual de ningún problema, ya que las condiciones de progreso y cultura de la época presente impiden su implantación legal. En la última parte del trabajo que comentamos, se expresa así el señor Senador: «Hay, en cuanto al crédito rural, un problema de producción relacionado con la actual forma de la propiedad; un problema de transportes relacionado con el monopolio ferroviario, y un problema de distribución relacionado con lo que los Códigos entienden por justicia, como si en este mundo, donde nada hay eterno, pudieran ser eternas las condiciones sociales en que esos Códigos se promulgaron. Cuando éstos tres problemas se resuelvan, no será ya necesario legislar sobre el crédito. Aparecerá entonces por sí solo, como instantáneamente aparece en todas partes donde, aun sin la protección de la ley, encuentra un ambiente económico que le promete la oportuna garantía y le asegura el justo beneficio».

Parece deducirse de lo transcrito que para el Sr. Senador, resuelto el problema de transportes, los otros dos, y aun éste, se pueden resolver con la nacionalización de la tierra, y cuando se hallen resueltos, nacerá el crédito agrícola instantáneamente. Pero como esa solución tardará tal vez siglos en ser un hecho, parece deducirse también de lo transcrito que es inútil buscar otras, aunque sean transitorias y como preparatorias de aquella solución definitiva. Y esto, además de ser desconsolador, no es cierto, como vamos a procurar demostrar.

Sería desconsolador para España tener que confesar y reconocer que no existe solución para el problema, porque sería tanto como afirmar de modo indudable que nunca volverá a ser grande y nunca se bastará por sí sola para la satisfacción de sus necesidades. Sería igual que condenarla a muerte, porque los pueblos no pueden estacionarse en orden al progreso humano, y los que se quedan atrás perecen. Sería igual reconocer que el mal no tiene remedio, que desahuciar a un enfermo de enfermedad incurable, y cuando esto ocurre, enfermo, familia, médicos y especialistas, no abandonan a aquél, sino que buscan y administran remedios transitórios, paliativos que alivian y aumentan los efectos del mal. Y el Sr. Senador abandona al enfermo, al confiar su curación a la resolución de otros problemas mucho más hondos y mucho más difíciles de resolver en la realidad, y por eso decimos que, aun siendo muy respetable, es muy desconsoladora la opinión de aquel señor,

Además, esa opinión es errónea, porque no se ajusta a la realidad. Con la implantación obligatoria del seguro de todos los riesgos agrícolas, quedaba resuelto el problema del crédito rural, en nuestra humilde opinión.

La palabra crédito significa tener confianza y equivale a la confianza que se tiene en determinado individuo, confianza que se consigue mediante el cumplimiento exacto y puntual de las obligaciones que libremente se aceptan; es decir, que el hombre formal y exacto cumplidor de sus obligaciones, gozará de confianza entre todos los que le conozcan, y de esta confianza nacerá su crédito, que será una cualidad distintiva y personal de aquel individuo. ¡Cuántas hipotecas no se realizan por no gozar de crédito el prestatario! Y es la finca, el fondo, que responde o garantiza el cumplimiento de la obligación, con independencia completa del deudor personal. Estos hechos demuestran que el crédito personal es la principal base de todas las clases de crédito.

Es cierto que el problema afecta más al cultivador o al pequeño labrador que al propietario de fincas cuya titulación está en regla, porque éste resuelve el problema acudiendo al préstamo hipotecario. Así planteado el asunto, con referencia sólo al préstamo personal, lo resolvieron, en su mayor parte, en otra época, los Pósitos, y otra sería la situación de la agricultura nacional si el capital de los mismos no se hubiera malbaratado.

Crédito agrícola es, en nuestro entender, el que se concede al labrador para proporcionarle el capital de explotación necesario a sus cultivos. Y en este concepto ha de ser necesariamente crédito personal: En el terreno legal, hay que recordar que los Gobiernos, desde hace muchos años, se han ocupado de este asunto, constituyendo la legislación española sobre Crédito agrícola las siguientes disposiciones: la orden del regente de 8 de septiembre de 1841 para convertir los Pósitos en Bancos de labradores, para fomento de la agricultura y de la ganadería; el decreto de 28 de noviembre de 1868 facultando a los Ayuntamientos para hacer préstamo al 6 por 100 a los labradores necesitados, hasta cinco años, y por la cantidad máxima de mil escudos, sirviendo de capital para atender a los préstamos el producto de las láminas intransferibles; la ley de 26 de junio de 1877 y el reglamento para su ejecución de 1878 sobre organización de los Pósitos; el Real decreto de 14 de noviembre de 1890 sobre Cámaras agrícolas; la ley de 7 de julio de 1905 autorizando la concesión de auxilios para riegos a los Sindicatos agrícolas; la Real orden de 27 de septiembre del mismo año sobre exención de impuestos a las Cajas rurales; la vigente de 23 de enero de 1901 sobre Pósitos y la de 28 del mismo mes y año sobre el concepto, funciones y personalidad de los Sindicatos agrícolas, eximiéndoles de los impuestos de timbre, derechos reales y utilidades, con el reglamento para su ejecución de 16 de enero de 1908, que se aclaró por Real orden de 13 de junio del mismo año; el cuestionario de 16 de julio de 1907 sobre concentración parcelaria; la inequic ley de colonización y repoblación interior de 30 de agosto de 1907; la ley de 4 de junio de