El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-15 00:00:00), página 8

siderarán gastos legítimos todos los impuestos por el art. 18 de este decreto-ley.

También asistirá al expropiado el derecho de retracto cuando antes del año siguiente a la adjudicación el adquirente del inmueble dejase de pagar dos trimestres de la contribución territorial correspondiente o solicitase por cualquier motivo, salvo el de pérdida total o parcial de la cosa, rebaja en la cuota.

Art. 20. A las subastas a que se refiere el art. 18 podrán acudir Corporaciones públicas, Sociedades y particulares. En igualdad de pujas, se concederá preferencia a los postores en el siguiente orden: 1.º El propietario colindante, y si son varios, aquel cuya finca tenga menor riqueza imponible, siempre que ésta no exceda de 1.000 pesetas; 2.º Ayuntamiento en cuyo término radique la finca; 3.º Diputación de la provincia a que corresponda el Ayuntamiento; 4.º Mancomunidad a que pertenezcan el Ayuntamiento o la Diputación respectivos; 5.º Sindicatos agrícolas radicantes en el Municipio, si la finca es agrícola o forestal; 6.º Entidades de previsión y ahorro, en igual supuesto; y 7.º El resto de los postores, según el orden de petición.

Art. 21. La acción para denunciar las ocultaciones de riqueza territorial será pública, pero se exigirá el depósito previo del 10 por 100 del importe de la contribución anual correspondiente a la riqueza oculta. Los denunciantes tendrán derecho a participar en las multas o en el aumento de valor que se comprobar, según los casos. Su cuota de participación oscilará entre un 10 y un 50 por 100 de dicho aumento, conforme a escala que fijará el reglamento. Dicha cuota se abonará con cargo al importe de las multas impuestas cuando no se verifique la expropiación y venta del inmueble.

Cuando la ocultación de lugar a la expropiación forzosa, el denunciante percibirá su premio en la forma que determina el art. 18.

Art. 22. El precio satisfecho por el adjudicatario se aplicará, en primer término, a pagar al expropiado la indemnización que le corresponda, salvo siempre el mejor derecho de tercera persona. El exceso se destinará a abrir por este orden las siguientes atenciones: a) Premio del denunciante, en su caso; b) Gastos del expediente; y c) Gastos de la subasta y de la escritura.

Art. 23. Si verificadas las primera y segunda subastas, con todos los requisitos que exige este decreto-ley, resultaren desiertas, el ocultador seguirá en la plena propiedad del inmueble; pero se verificará nueva comprobación administrativa y vendrá obligado a satisfacer la contribución por el valor obtenido en aquélla, sin perjuicio, además, de las sanciones que le correspondan por la ocultación. La entidad o particular que hubiese acudido a la subasta consignando el depósito previo inexcusable, lo perderá si, hecha la adjudicación, no formalizase la escritura en el plazo que se señale. En tal supuesto, el depósito se destinará a premio del denunciante, y si hubiere remanente, después de reembolsados los restantes gastos legítimos verificados, ingresará en el Tesoro.

Art. 24. Para atender al pago de las expropiaciones forzosas que se realicen con arreglo a este decreto-ley, se adiciona al art. 2.º del decreto-ley de Presupuestos vigente un nuevo apartado, con la siguiente expresión:

«Atenciones dinamantes de las expropiaciones forzosas por occultación de riqueza territorial».

Art. 25. El Ministerio de Hacienda dictará en el plazo máximo de un mes el reglamento para la aplicación de este decreto-ley.

Art. 26. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo prevenido en este decreto ley.*

**

También en la Gaceta del día 3 aparece otro decreto-ley, de la misma fecha que el anterior, sobre Registro de arrendamientos, disponiendo lo siguiente:

«Artículo 1.º El Registro de arrendamientos, creado por el art. 6.º de la ley de Reforma tributaria de 26 de julio de 1922, se acomodará a las siguientes bases:
a) El Registro tendrá carácter fiscal, no hipotecario, y se llevará por los registradores de la Propiedad.
b) Requerirán previa inscripción en este Registro, para su validez, los contratos de arriendo, subarriendo, aparcería, colonato, cultivos al diezmo, quinto, cuarto, tercio, medias, terrajes, rentas, plantaciones de viñas y arbolados a medias o en otra proporción y, en general, cualesquiera otros que supongan participación de personas distintas del propietario en el cultivo y explotación de una finca rústica, salvo cuando su trabajo sea eventual y lo presten a título de jornaleros o asalariados. Carecerán de validez los contratos de arrendamiento de flores urbanas, cualquiera que sea su forma, mientras no se inscriban en este Registro en los Municipios* en que el Ministerio de Hacienda declare obligatoria la inscripción.
c) Los contratos enumerados en la base anterior deberán inscribirse dentro de los treinta días siguientes al de su otorgamiento, y los que actualmente estén en vigor, antes del día 1.º de abril de 1926.
d) La inscripción es obligatoria para el arrendador y el subarrendador, en su caso; voluntaria para el arrendatario. Son inscribibles todos los contratos a que se refiere la base b), sea cual fuere su forma de otorgamiento.
Para inscribir los formalizados en escritura pública deberá presentarse copia autorizada; para inscribir los formalizados en documento privado bastará el ejemplar original. Si el contrato es verbal deberá acreditarse su existencia por declaración de ambas partes ante el registrador.
e) La inscripción no convalida los contratos nulos. Sin embargo, sólo los arrendadores y subarrendadores que hayan inscrito en este Registro los contratos de arriendo cuya inscripción se declara obligatoria podrán ejercitar las acciones de desahucio y demás que les asistan contra los arrendatarios. Las contiendas judiciales que se promuevan acerca de los contratos en sí o de los derechos y obligaciones de las partes no serán obisio a que la renta pactada surta efectos tributarios desde el instante de la inscripción, si fuere superior a la catastrada o al líquido amillarado. Cuando una decisión judicial firme rebaje la renta o anule el contrato, la Administración de la Hacienda revisará la pactada en plazo máximo de dos meses, para determinar la que en definitiva debe subsistir a efectos fiscales.
f) No serán inscribibles, ni aun inscritos surtirán efectos, los contratos de arrendamiento en que se esti-