El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-15 00:00:00), página 2

tado 2.º del art. 15 del decreto-ley, es evidentemente más exacto que el trazado del croquis parcelario; pero ¿compensa la exactitud del plano parcelario geométrico el gasto y el tiempo que exige ese trabajo? Dada la extremada división de la propiedad agrícola en España y el aumento de sueldos y jornales, no bajará el gasto del parcelario geométrico, para los 37 millones de hectáreas no catastradas todavía, de 600 millones de pesetas. En cuanto al tiempo, teniendo en cuenta la enorme dificultad de los deslinde de la propiedad privada, sus incertidumbres y lo dilatorio y complicado del parcelario geométrico, no será menor de cincuenta años. Ese parcelario, juntamente con el deslinde que ha de precederle inmediatamente, hay que dejarlo para el segundo período, durante el que el movimiento y las variaciones naturales de la propiedad seguidas por el servicio de conservación, de acuerdo con el Registro de la Propiedad, darán casi hecho el trabajo con un coste relativamente escaso.

Ya tenemos dicho que la aspiración de transformar la cédula catastral en título real, o, en términos vulgares, la de llevar la finca en la cartera y obtener en cualquier momento, por la pugnación de esa cédula, el crédito máximo hipotecario, es una ilusión que no costaría mucho trabajo desvanecerla al contrastarla con la realidad.

El período de evaluación, según el procedimiento establecido en el decreto-ley, sigue un trámite inverso, en cuanto a la riqueza agrícola, del establecido en la ley de 1906, porque confía a las Juntas periciales la clasificación de terrenos, dentro de cada cultivo, la determinación de los valores en venta y renta de los predios y la formación de cuentas analíticas de gastos y productos de las fincas (artículos 20, 23 y 25). Al personal técnico agronómico se le confía el examen de las propuestas de las Juntas y la facultad de conformarse o no con las mismas (art. 25).

En la ley de 1906 se encomendaba al personal técnico agronómico todo el trabajo de evaluación, dejando a las Juntas periciales la facultad de conformarse o no con las propuestas de los técnicos. El procedimiento de evaluación de la riqueza agrícola según el decreto-ley no está en armonía con el ordenado para las riquezas urbanas y forestal. En efecto, la valoración real o normal de los edificios, la determinación de las bases de valoración y de precios tipos evaluatorios unitarios y la calificación de terrenos como solares, correrán (como es lógico) a cargo de los arquitectos (artículos 34, 36 y 39). En cuanto a la riqueza forestal (capítulo VIII) no se trata para nada de las Juntas periciales.

** El examen comparativo entre la ley de 23 de marzo de 1906 y la de 3 de abril último, confirma el juicio que tenemos expuesto anteriormente; es decir, que desde el punto de vista tributario no ofrece ésta ninguna ventaja sobre aquélla; antes bien, resultará mucho más cara, dilatoria y complicada, y desde el punto de vista jurídico, ni con una ni con otra puede llegarse, durante el período del avance, a transformar la cédula catastral en título real, de valor jurídico incontrovertible que sirva para movilizar el valor de la propiedad rústica. Para ello sería preciso que el deslinde de la propiedad privada se realizase mediante las formalidades exigidas en el Código civil, y este trabajo, en nuestro país y dada la constitución y división de la propiedad privada, es absolutamente insuperable. Durante el segundo período, o sea el de transformación del avance catastral en Catastro parcelario geométrico, con el transcurso del tiempo y a medida del movimiento natural de propiedad, cabe pensar en algún procedimiento legal que satisfaga la aspiración de llegar a la cédula catastral que, a la vez, tenga el valor de título real de valor jurídico incontrovertible que sirva para movilizar el crédito de la propiedad inmueble, a que se alude en la exposición del decreto ley de 3 de abril.

MANUEL DEL BUSTO,
Ingeniero agrónomo,
ex jefe del Servicio de Catastro.

Jules Mélina.

La muerte del ilustre hombre político francés Jules Mélina, verdadero ídolo de los agricultores franceses y figura representativa de una idea gubernamental, dirigida fundamentalmente al encumbramiento y a la mejora de las clases agrarias del país vecino, puede permitirnos el comentario de los rasgos más salientes del venerable ex presidente del Consejo de ministros, al modo de lamentación por la ausencia de una figura semejante española y a la manera de ejemplo a seguir en nuestra patria.

Considerada desde un punto de vista netamente español, la política de intenso proteccionismo preconizada y practicada por Mélina fue perjudicial para la producción de nuestras tierras. Pero es seguro que tal perjuicio, más que a la acción y al desarrollo del proteccionismo francés, se ha debido a la falta de un proteccionismo español que respondiera a los mismos principios y que contara con apóstoles semejantes a los que guiaban las actuaciones públicas de la nación vecina.

El nombre de Jules Mélina apareció en la política francesa en 1870, cuando contaba treinta y dos años de edad, como adjunto de la alcaldía del primer distrito durante el sitio de París; cinco años más tarde fue elegido diputado por Remiremont, su ciudad natal, y señalado como uno de los principales jefes del partido proteccionista. Sus últimos actos públicos y políticos, sucedidos en el mismo año de 1925, que fué el de su muerte, continuaban marcando con toda integridad ese arraigado convencimiento de proteccionismo a la agricultura.

Y no se crea que este proteccionismo mantenido por Mélina, que en su país representaba una fuerza muy conservadora, tuvo nunca esos aires de rabiosa intransigencia y de injusto privilegio que aquí adoptaron otros proteccionismos industriales, que incluso fueron defen-