El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 8

Por más que no encajen perfectamente dentro del tema del que nos veíamos ocupando, no creemos fuera de lugar tratar aquí de dos cuestiones íntimamente relacionadas con el mismo. Es una la conveniencia de rebajar el tipo de gravamen en la contribución territorial y otra la de mejorar la situación del personal afecto al Servicio de Catastro.

Supongamos que el cupo de la contribución sobre cultivo y ganadería sea de 170 millones de pesetas y el tipo de gravamen sobre la riqueza catastrada de 14 por 100. Si este tipo se rebajase al 10 por 100, la disminución del cupo sería de 48 y medio millones, próximamente; pero hay que tener en cuenta que casi en todos los países la contribución territorial es muy moderada, y no excede nunca del 9 ó 10 por 100; que la rebaja en la contribución territorial no sólo redundará en beneficio de los agricultores, sino en las demás manifestaciones de la actividad humana, toda vez que habrá de influir en la rebaja de precios de las subsistencias; que el trabajo del agricultor es uno de los más penosos, y que merece la mayor protección por parte de los Poderes públicos; que si comparamos la riqueza rústica con la urbana, observaremos que mientras el labrador realiza a la intemperie los trabajos más rudos, como son los de arado, siega, etc., para recoger una cosecha mermada con frecuencia por el pedrisco, las sequías, inundaciones, etc., el propietario urbano en su casa, tranquilamente, recoge los alquileres de sus fincas; pero si examinamos con detenimiento las circunstancias que concurren en las dos contribuciones rústica y urbana, creemos que desde su origen se halla la primera en condiciones de inferioridad con relación a la segunda, como trataremos de demostrar.

El producto líquido imponible de una finca rústica se deduce rebajando del importe de sus productos los gastos necesarios para obtenerlos. En las fincas urbanas, del importe de los alquileres que produce la finca, se rebaja el de servicios y suministros, equivalentes a los gastos que se realizan en las fincas rústicas y, además, los huecos y reparos, o compensación por el tiempo en que las fincas están desalquiladas en todo o en parte y por las reparaciones necesarias para su conservación. Pues bien: si además de los servicios y suministros, que representan en las fincas urbanas lo que en las rústicas los gastos de cultivo, se les rebaja en su líquido imponible los huecos y reparaciones equivalentes a la falta de cosechas y a los gastos necesarios para restablecer la fertilidad perdida, resultan favorecidas las fincas urbanas, con relación a las rústicas, en el importe de los huecos y reparos, que no se descuentan del producto líquido de las últimas, como se descuentan de las primeras.

Aclararemos estas ideas con un ejemplo práctico.

Supongamos que para una finca urbana, después de descontado el importe de los servicios y suministros, resulta un producto en renta de 1.000 pesetas. Descontando de éste el 25 por 100, quedará como producto líquido imponible el de 750 pesetas, que al 17,50 por 100 de gravamen se obtendrá una cuota de 131,25 pesetas.

Si se hiciera lo mismo con una finca rústica cuyo producto líquido fuera también de 1.000 pesetas, y rebajáramos de esta cantidad el 25 por 100 por pérdidas en las cosechas normales y por reposición de fertilidad, deberá satisfacer una cuota, al 14 por 100, de 105 pesetas en vez de 140 que pagará realmente.

Creemos, por lo tanto, de estricta justicia que del producto líquido que se obtenga de los trabajos catastrales para las fincas rústicas debe rebajarse el 25 por 100 para llegar al producto líquido imponible, sobre el que debe cargarse la contribución por cultivo y ganadería, como se hace con las fincas urbanas. No será mucha la cantidad que se pierda con ese motivo, porque esa rebaja del 25 por 100 no será aplicable a la riqueza forestal ni a los pastos, y quedará compensada con exceso por la ocultación que se descubra, que se calcula en unos 300 millones de pesetas de riqueza imponible y en 42 de cuotas.

** Por lo que se refiere al personal de ayudantes de la clase de peritos agrícolas, no puede desconocerse lo penoso de su trabajo de campo en el Catastro y la escasez de su remuneración, tanto en absoluto como si la comparamos con la correspondiente a los ayudantes de Obras públicas, desigualdad que no puede obedecer a ninguna causa razonable y que sería de justicia desapareciese, por medio de una reforma en la plantilla del Cuerpo de Ayudantes del Servicio agronómico, al redactarse el presupuesto de gastos del Estado para 1926-27.

Lo mismo decimos de los auxiliares administrativos, en los que la mayor categoría es de 4.000 pesetas, que sólo disfrutan unos pocos.

MANUEL DEL BUSTO,
Ingeniero agrónomo,
ex jefe del Servicio de Catastro.

La reforma tributaria.
Opiniones imparciales.

El Progreso Agrícola y Pequario ha dicho ya, por la pluma de persona tan autorizada, tan competente y tan imparcial como la del ponente de la ley de Catastro de 1906 y jefe prestigioso durante muchos años—con aplauso del país contribuyente y éxito de la obra—del Servicio de Catastro, D. Manuel del Busto, cuál es su opinión sobre la reforma tributaria en cierres. Ha preferido que sea un técni-co tan calificado el que hable, un juicio tan acucinante y tan irrecusable el que inspire el de esta Revista, a que elementos que pudieran parecer interesados en que la reforma no se lleve a la práctica, en que la ocultación—que se acusa al contribuyente—persesta, hablaren los primeros. Y ya se ha visto cómo piensa la primera autoridad en materia de contribución territorial.

Hoy insertamos, en otro lugar de este número, la exposición que el ministro de Hacienda dirige la Asociación de Agricultores de España, y recibimos a continuación los ar-