El Progreso agrícola y pecuario (1926-02-07 00:00:00), página 2

leyes y que se creen con derecho a destilar como los demás, y singularmente a la destilación de melazas, subproducto de una industria —la del azúcar— que en su origen, por las primeras materias, afirman ser fundamentalmente agrícola; por lo que solicitan que, si se les prohibe fabricar, se les indemnice. Llevaron la voz de los primeros los Sres. Tarín y Casado, y la de los segundos los Sres. Carner y Ameitia. Estos exageraron mucho la nota, lo que obligó al Sr. Matesanz a intervenir, pronunciando un discurso de tonos elevados—que nos proponemos publicar—, demostrando que los privilegios, de haberlos, estaban a favor de los industriales, quienes, con su habilidad de siempre, trataron de dividir a los agricultores por lo que de producción agrícola tiene la melaza.

Es importante—¡quién lo duda!—el régimen de alcohol para procurar que no se agrave más el problema de la viticultura; pero no puede ser la solución. Basta meditar sobre unas cifras: Se producen de alcohol industrial unos 200,000 hectolitros, y de ellos unos 80,000 tienen aplicación industrial; quedan 120,000 para hacer competencia al alcohol viníco; pues bien: se necesita, para producir esos 120,000 hectolitros, alrededor de un millón de hectolitros de vino, y como se producen en España 20 millones de hectolitros de vino, no le afectaría a éste—aun en el máximo—más que un 5 por 100. Es conveniente, desde luego, limitar el empleo del alcohol industrial; pero la solución para los viticultores no puede estar ahí.

Para el Sr. Matesanz, como para cuantos creemos abarcar el problema del vino en su aspecto nacional y no en una modalidad regional, el principio para ir en camino de dar una solución al asunto, es la supresión de todos los impuestos interiores, que han hecho y hacen más daño a la industria vitivinícola que juntas todas las demás causas que en el Consejo de la Economía se han expuesto.

El Sr. Matesanz defendió esta opinión hasta el momento de clausurarse la Asamblea, y al efecto presentó—al terminarse aquélla—una moción, que fue aprobada unánimemente, no defendiéndola porque en varias intervenciones anteriores había razonado ya sobradamente este punto fundamental, ratificando el art. 35 del proyecto de ley, en el que se propone que, a partir del próximo presupuesto, ningún Ayuntamiento ni Diputación de España podrá percibir arbitrio alguno sobre entrada de vinos comunes o de pasto.

La importante moción a que nos referimos, textualmente dice así:

«Al terminar sus deliberaciones, el Pleno del Consejo de la Economía Nacional se ratifica nueva y unánimemente en la confirmación del art. 35 del proyecto y declara—convencidos todos de la gravísima crisis por que atraviesa la vitivinicultura española—que teniendo inmediata realidad lo que en el citado artículo se expresa, o sea suprimiendo todos los arbitrios interiores que gravan el vino común, es lo más favorable que de momento puede hacerse para procurar ir resolvíendolo.

»Esta declaración no implica claudicación alguna en las respectivas aspiraciones que los distintos sectores del Consejo han expuesto a fin de procurar resolver tan difícil problema en el que influyen múltiples y complejas causas, singularmente de índole económica; pero que no es insoluble, como tampoco lo han sido otros que también lo parecían, si los Gobiernos los estudian atenta y constantemente como primordiales de nuestra economía y se cuenta, además, con la cooperación de todos los ciudadanos de la nación, en bien, en último término, de lo que debiera ser el conjunto armónico de toda la economía nacional.»

El Sr. Cánovas del Castillo subrayó el estrago que ha producido a la vitivinicultura y a la producción cerealista el hecho de que el maíz no tenga los derechos arancelarios que en razón y justicia le corresponden, lo que ha motivado que en España pueda entrar maíz con unos derechos que cabe calificar de puramente estadísticos. Como en el art. 4.º del proyecto de ley se establecía la prohibición de destilar maíz, hizo constar que no era partida- rio del privilegio que representa para cualquier producción que se prohiba la importación de primeras materias, y tampoco de que no se permita transformarlas libremente. Por eso dijo que no podía oponerse a que el maíz se destilase, y sí, en cambio, a que se haya importado y pueda importarse de fuera con una casi franquicia arancelaria o poco menos, que es la causa del mal que ahora se aduce.

Después de discutirse y votarse una porción de enmiendas al art. 4.º, éste se aprobó con la misma redacción que hemos copiado.

Respecto al empleo del alcohol como carburante—solución en que hacía gran hincapié la Unión de Viticultores de Levante—, fácil es comprender que sólo muy a largo plazo podría ser apreciable su resultado.

Empieza ahora a estudiarse la posibilidad de producir un carburante nacional. En España, ¡¡por culpa del Arancel, una vez más!! este ideal no puede tener realidad, ya que paga el benzol, de derechos de Aduana, la enormidad de 60 céntimos oro el kilo; es decir, dos o tres veces el precio a que deberá venderse.

De la pretensión—también apoyada por la Unión de Viticultores de Levante—de que se rebajan las tarifas de transporte para el vino, no hay ni que hablar.

Con un canto en los pechos podríamos darnos con que no las subieran. ¿Quién puede pensar en rebajas de transportes, aprobado un Estatuto en virtud del cual, las acciones de las Empresas ferroviarias, que están muy por bajo de la par, se aproximan a ella, y las tarifas máximas legales—única garantía de los usuarios—, desaparecen, al propio tiempo que las Compañías decla-