El Progreso agrícola y pecuario (1925-09-15 00:00:00), página 10

Pero el Sr. Carrón se opone a esto porque siendo el vermut una bebida de extraordinario consumo, no puede ser arrebatada al mercado.

La conclusión cuarta da lugar a una gran discusión.

Se discute la conclusión cuarta, que es apoyada por el Sr. Tarín, de Valencia. Pide el cumplimiento de la ley de 1895, que se refiere a que en los vinos y mistelas sólo se emplee el alcohol viníco, y, por lo tanto, todo debe tender a obtener facilidades para este alcohol y hacer del que proviene de los residuos de la Azucarera un carburante nacional y abrir salida a la parte que no se coloque, y respecto al alcohol de maíz importado de la Argentina, conseguir la incautación de las fábricas que se dedican a sus destilaciones.

Para dar salida a los alcoholos industriales propone un carburante nacional. Todos los países—sobre todo a raíz de la gran guerra—se han preocupado de tener el suyo. Debe, pues, implantarse también en España el carburante nacional obligatorio.

Pide, en consecuencia, el Sr. Tarín que se obligue a todos los importadores de gasolina o refinadores de petróleo, a mezclar con estos productos un 10 por 100, por lo menos, de alcohol desnaturizado y otro tanto de benzol. El hectolitro del carburante nacional así obtenido resultaría a 66 pesetas, esto es, a un precio poco superior a la gasolina, y aunque se forzase la proporción y se llegase al 15 por 100 de alcohol y 15 de benzol, resultaría el litro de carburante de 69 a 70 céntimos litro.

El Sr. Simó, representante de Cataluña, opina que debe servir como patrón lo que se hace en Francia con el alcohol industrial. Cree que el Estado debe fijar la cantidad de alcohol industrial que debe emplearse para la fabricación de vinos dulces y mistelas.

Don Plácido Guerrero pide que se retire la enmienda presentada por los viticultores, en la que se propone que cuando el alcohol viníco alcance determinado precio se autorice el empleo del alcohol industrial en la fabricación de vinos y licores.

El Sr. La Sala opina que no debe indemnizarse a los propietarios de fábricas de destilación de maíz; pero el Sr. Tarín es de opinión contraria.

El Sr. Biones, en representación de los viticultores, anuncia que éstos, cuando se vote el punto a que se refiere la enmienda, se abstendrán de tomar parte en la votación.

El Sr. Simó recuerda que desde 1904 hasta hace cuatro años, viticultores y viticultores habían marchado siempre unidos. En la Asamblea celebrada en Valencia se desunieron para estudiar cada uno sus puntos de vista, defenderlos ante los Gobiernos, y cuando fuese preciso para el interés común, se unirían circunstancialmente. Pero el caso es que luego cada cual de ambos sectores ha obrado por su cuenta, sin preocuparse lo más mínimo del otro.

El Sr. Casado, de la Asociación general de Viticultores, dice que la Asociación no ha sido defensora de los alcoholos industriales y sí de los vinícos; pero no puede desamparar aquel problema, en el caso, claro está, de que no se le garantice que un exceso de salida de alcohol viníco encarezca el precio de este artículo y lesione intereses respetables. Por tanto, mientras esto no suceda, no pueden adoptarse medidas que perjudiquen la industria licorera, por ejemplo.

El Sr. Alonso cree que hay un problema esencial: que viva la vid y la elaboración de los vinos, y los alcoholos industriales que se destinen a los usos que sean. Con protección vitivinícola se evitará la ruina de una riqueza nacional.

El Sr. Orellana pide que retiren su enmienda los viticultores, y el Sr. Hidalgo de Cisneros manifiesta a los que creen en miras de lucro en estas peticiones que están dispuestos a vender sus viñas en el precio que les ha costado solamente plantarlas.

El Sr. Herrero solicita que en el vino de exportación se emplee el alcohol que sea; pero el vino, en el comercio interior.

En nombre de los viticultores de Aragón hizo uso de la palabra el Sr. Clavero, que defendió las conclusiones acordadas por los viticultores del Campo de Carrión, conclusiones que discrepan de las que ahora se proponen en lo referente al régimen de alcoholos.

Manifestó que la opinión de los viticultores de Aragón es la que significa la frase de alcohol caro, vino caro. Y de ahí que hubiesen desecharla la idea de la desgravación del alcohol. Que, desde luego, la representación de Aragón había venido a defender esas conclusiones. Que, no obstante lo dicho, habiendo cambiado impresiones con los representantes de la Confederación Nacional, Aragón no tenía inconveniente en suscribir la desgravación del alcohol, siempre que la conclusión cuarta fuese aceptada íntegramente por el Gobierno, es decir, que la desgravación fuese unida a la prohibición para usos de boca de otros alcoholos que no fuesen los vinícos, ya que de esa forma no habría baja del alcohol, sino alza, que es precisamente lo que conviene y desean los viticultores.

El representante de Villafranca de Panadés dijo que deberá en todo caso regularse el régimen interior del alcohol industrial, pero no el régimen exterior.

En vista de que las tendencias no se unifican por la actitud de vinícolas y vitícolas, que mantienen sus respectivos criterios, ruega el Sr. Tarín que se aprueben las conclusiones, y que las modificaciones que sean estimadas se las adicionen al margen.

Hacia el final.

Al tratarse de la conclusión referente a la supresión de gravámenes sobre los alcoholos vinícos, el Sr. Rubio, presidente de la Diputación de Ciudad Real, dice que no será posible conseguir tal supresión.

El Sr. Tarín mantiene la supresión, y que los 20 millones que de este impuesto percibe el Estado se obtengan por una cuota industrial sobre las fábricas, y que se decrete la gremiación obligatoria por provincias de los fabricantes de alcohol viníco para que ellos se pro-