El Progreso agrícola y pecuario (1925-12-31 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA EN EL CONCURSO DE MADRID DE 1902

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EL MOMENTO ACTUAL DEL CATASTRO

Algunas consideraciones acerca del Decreto-ley de 3 de abril, relativo a la formación del Catastro parcelario.

V

En nuestro artículo anterior, y al tratar de las reclamaciones promovidas contra los trabajos catastrales, hicimos la salvedad de que nos referíamos a las presentadas desde 1906 a 1912, a fin de dividir el análisis que venimos haciendo del procedimiento seguido en tales operaciones, en dos períodos, uno el antes expresado, y otro el transcurrido desde entonces hasta el año actual.

Durante el primero, se presentaron, efectivamente, algunas reclamaciones, que se resolvieron sin prejuicios y sin preocuparse de que el resultado del expediente fuese favorable o adverso para los intereses del Tesoro, sino procurando que las resoluciones fuesen justas. Entonces ocurría, por regla general, que las solicitudes de rectificación partían de algunos dueños de fincas extensas y no de los pequeños propietarios, porque, según tenemos dicho, no estaba en los predios de éstos la mayor ocultación, sino en aquellos, cuya superficie extensa la hacía posible, muchas veces, no con propósito deliberado de los dueños, sino por desidia de los mismos o de sus administradores, por inexactitud en los títulos de propiedad o por otras causas que sería prolijo enumerar. Los trabajos catastrales tenían entonces la aquiscencia de los pueblos, porque veían en ellos una obra de redención y de justicia.

En cuanto al período de 1912 en adelante, si bien es verdad que la ley de 1910 autorizaba al ministro de Hacienda para que, en la evaluación de fincas agrícolas, se adoptase un procedimiento más rápido, no se establecían en ella las bases a las que debía sujetarse aquí, y en la expectativa de éstas, no se presentó reclamación alguna contra la expresa disposición, hasta que se puso en vigor el reglamento de 23 de octubre de 1913 y pudieron apreciarse los efectos de su aplicación. En 1923, con motivo de una Asamblea de la Asociación general de Agricultores de España, se inició un gran movimiento de opinión, acrecentado en el Congreso, en los meses de julio, agosto y septiembre, por los diputados señores conde de Colombi, Matesanz, Castillo Baquero y Cánovas del Castillo; por la Asociación de Ingenieros Agrónomos, unida a la de Agricultores de España, que nombraron una Comisión, integrada por individuos de ambas entidades, presidida por el señor marqués de Alonso Martínez, ingeniero agrónomo, agricultor y senador del Reino, el director de la Granja Agrícola, y el ingeniero-jefe de la provincia de Sevilla, cuarenta y un pueblos de la misma y otras personas y entidades interesadas en el mismo asunto.

En ese movimiento de opinión, fué unánime la de volver a la ley de 1906, en toda su pureza, por satisfacer cumplidamente las aspiraciones de los agricultores de toda España; que el reglamento de 23 de octubre de 1913 no interpretaba la ley antes citada, sino que la desvirtuaba en mucha parte, y especialmente en el procedimiento evaluatorio que lesionaba gravemente los intereses de la agricultura nacional; que la renta de la tierra y la cuenta sintética eran las bases de la evaluación en el nuevo reglamento, y no el producto líquido imponible calculado mediante la cuenta analítica, como se ordenaba en la ley sustantiva; que las rentas de las tierras determinadas por el reglamento de 1913 fueron muy elevadas durante el período de la guerra europea, y causa, por lo tanto, de un aumento excesivo en el impuesto territorial y en todos los relacionados con el