El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-31 00:00:00), página 10

del mismo artículo, se da la acción de desahucio únicamente a los contratos inscritos.

»Negar valor jurídico a un documento expresivo de un contrato equivale a tener éste por nulo.

»¿Puede la omisión de una formalidad o requisito de índole meramente fiscal determinar la nulidad de un contrato celebrado con la concurrencia de todos aquellos elementos exigidos por el Derecho y taxativamente mencionados en las leyes? Nuestros Tribunales de Justicia, con una persistencia y unanimidad dignas de los mayores encomios, han dado a esta interrogación una rotunda negativa.

»A los reiterados intentos de la Administración de restar eficacia jurídica a los contratos que carezcan de alguna formalidad fiscal, contesta invariablemente nuestra Jurisprudencia que este defecto debe subsanarse y corregirse con las sanciones lícitas que se hayan establecido; pero en ningún caso puede provocar la nulidad de la convención. Esta es la sana teoría.

»Constituiría la más lamentable de las aberraciones que el Estado, que tiene por misión principal la realización del derecho, contrariara y sacrificará los principios más elementales del mismo, para servir un interés fiscal, siempre de importancia secundaria.

»Grave es el mal de la ocultación de la riqueza, pero sería mucho peor el atentado al derecho cometido por el Estado para la extirpación de aquel mal.

»Si la disposición que dejamos transcrita del Real decreto reformando el Registro de arrendamientos fuese rigurosamente aplicada por nuestros Tribunales, se producirían en la vida contraactual muy hondas y muy serias perturbaciones.

»Despojados de valor jurídico los contratos de arrendamiento no inscritos, ¿en qué situación quedarían arrendador y arrendatario? ¿Qué norma jurídica habría de regular sus relaciones? ¿Podría aquél seguir exigiendo el precio o merced estipulados? ¿Debería el arrendatario satisfacerlo? ¿Habría de estimarse terminado el contrato? ¿Se consideraría convertido el arrendamiento en un precario?

»Además, ha de tenerse en cuenta que esta sanción de la nulidad de los contratos de arrendamiento no inscritos podría producirse en muchos casos sin culpa ni negligencia de los arrendadores. Así, en los contratos verbales exige aquella soberana disposición, para poder ser inscritos, la comparecencia ante el registrador de arrendador y arrendatario.

»Pero como para este último se declara voluntaria la inscripción, si no quiere efectuar dicha comparecencia, quedaría anulado el contrato de arrendamiento, sin que pudiera evitarlo el arrendador, quien se vería despojado, por virtud de esta nulidad, de la acción de desahucio contra el arrendatario, en el caso de que éste, apoyándose en la nulidad del contrato, se resistiese a pagar el precio o merced estipulados.

NOTICIAS

Se modifica la Ley de Caza por Real decreto de 22 del corriente.—Se ha dispuesto que el art. 15 del reglamento de 3 de julio de 1903 para la aplicación de la ley de Caza de 16 de mayo de 1902, quedará redactado en la siguiente forma:

«Art. 15. Los Ayuntamientos podrán arrendar, mediante subasta, la caza existente en los terrenos propiedad de los Municipios, y los arrendatarios podrán obtener la declaración de vedado de caza únicamente para dichos terrenos.»

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Asamblea de Cámaras oficiales agrícolas provinciales.—En la Asociación de Agricultores de España se ha celebrado una reunión de representantes de las Cámaras oficiales, convocada por la de Madrid, por iniciativa de los presidentes de las Cámaras de Andalucía, al objeto de cambiar impresiones acerca de los Reales decretos-leyes del Ministerio de Hacienda sobre la propiedad rústica, y acordar el modo de personarse en la información pública abierta respecto de dichas soberanas disposiciones.

Estuvieron representadas en dicho acto las Cámaras oficiales agrícolas provinciales de Palencia, por su presidente D. Manuel López Francos, D. Arturo Redondo y señor marqués de la Solana; por la de Guadalajara, D. Rafael Madrazo; por la de Barcelona, señor barón de Esponella, señor marqués de Barbaré y D. Jaime Maspons; por la de Sevilla, D. Antonio Zurita; por la de Burgos, D. José María Moliner; por la de Valladolid, señor Garrido; por la de Logroño, D. Manuel Hidalgo de Cianeros; por la Asociación de Agricultores de España, D. Pedro Tovar, D. Luis Fernández Navarro y D. Antonio Vélez; por la Cámara agrícola de Jaén, D. Hilario Sánchez; por la de Linares, Sr. Garzón; por la de Albacete, D. Manuel Berro, D. Alejandro Sánchez y D. Enrique Rubio; por la de Valencia, Sr. Lasala y Sr. Lamo de Espinosa; por la de Guipúzcoa, Sr. Larrauri; por la de Badajoz, D. Regino Miguel, D. Leopoldo Castillo, D. Antonio Cruz Valero y D. Juan de Miguel Martínez; por la de Ciudad Real, señor conde de la Cañada, D. Luis Barreda, señor marqués de Casa Treviño y D. Fernando Acedo Rico; por la de Ávila, D. Salvador Represa; por la de Madrid, D. Mariano Matezan, D. Jesús Cánovas del Castillo, D. Juan Aldeanueva López, D. José Aragón Montejo y D. José Manuel de Bayo; por la de Córdoba, D. José Riobó, D. Antonio Zurita y D. José Lagunes; por la de Santander, D. Fernando Barreda, don Antonio Quijano y D. Electo Castanedo; por la de Cuenca, D. Felipe Murcia; por la de Cádiz, D. Marcelino Picardo, y se leyeron telegramas y comunicaciones de adhesión de las Cámaras de Huesca, Lérida, Bilbao, Málaga, Almería, Gerona, Ampurias, Zaragoza, Pontevedra y Segovia.

A petición del señor presidente de la Cámara agrícola de Córdoba, se dio lectura del escrito elevado al Gobierno por la Asociación de Agricultores de España,