El Progreso agrícola y pecuario (1925-11-30 00:00:00), página 2

unos diez años, y transformar en todo el territorio nacional el sistema de cupo por el de cuota, reorganizando, desde luego, el servicio de conservación catastral para que, desde luego, se procediese en todos los distritos municipales en que haya terminado el avance catastral, a la transformación progresiva de éste en catastro parcelario.

Después de examinar en conjunto el decreto-ley de que se trata, vamos a analizar en detalle las disposiciones más esenciales del mismo.

El capítulo IV, que se refiere al deslinde de fincas rústicas por sus propietarios y, en su defecto, por individuos de las Juntas periciales, está inspirado en un optimismo que sentimos no compartir. Desde hace cerca de sesenta años se vienen dictando leyes y disposiciones aclaratorias de las mismas, encaminadas a obtener el deslinde de los términos municipales, sin que este propósito se haya logrado por completo todavía, como lo demuestra el capítulo III del decreto-ley de 3 de abril, que ordena, una vez más, la ejecución de ese servicio. No creemos, por lo tanto, merecer el dictado de pesimistas si opinamos que el deslinde de fincas rústicas, encomendado a sus propietarios y a las Juntas periciales, ofrecerá iguales o mayores dificultades que las opuestas hasta ahora, al de las jurisdicciones municipales, que afecta, poco o nada, a los intereses de los terratenientes, y que los funcionarios técnicos encargados de las operaciones topográficas a que se refiere el art 11 y el apartado 3.º del 15 se verán obligados, en muchos casos, a prescindir de las actas de deslinde parcelarios. En cuanto al señalamiento de los límites entre los predios rústicos por medio de cercas, mojones de piedra o tierra, estacas, etc., que se ordena en el apartado 4.º del art. 10, será muy útil cuando se trate de fincas de extensión considerable; pero dado el estado de división de la propiedad en las provincias gallegas, en la de León y en otras de Castilla, convendría modificar ese precepto, limitándolo a fincas cuya extensión exceda de una hectárea, por lo menos, porque en las de inferior calidad resultaría muy costoso y dificultaría las labores del campo.

En el capítulo V se encomienda a las Juntas periciales la redacción de cuentas, de gastos y productos en los diversos cultivos y aprovechamientos, correspondientes a los distritos municipales donde no esté aprobado el avance catastral, la clasificación de terrenos y la redacción de cartillas evaluadoras.

En el capítulo VII se encomienda a las mismas Juntas la clasificación y valoración de los predios rústicos, mediante cálculo analítico, con sujeción a las prácticas usuales que se sigan en la localidad para los distintos cultivos agrícolas o explotaciones pecuarias, reservando al personal técnico la facultad de presentar reclamaciones u observaciones acerca de las propuestas de las Juntas. Este procedimiento, que era, en su esencia, el seguido desde el año 1885 hasta que se organizó el servicio de avance catastral, adolece de los inconvenientes demostrados en una práctica de veinte años, y se presta a los desmanes del caciquismo rural, porque en las clasificaciones y valoraciones de la riqueza rústica llevada a cabo por las Juntas periciales, era frecuente la influencia de la presión política y de la amistad o antipatía entre los vecinos del mismo pueblo.

Los vocales de dichas Juntas son, en su mayor parte, labradores y, por ende, interesados en la evaluación. Sus conocimientos, en la mayor parte de los casos, para la redacción de cuentas, de gastos y productos, son limitados e insuficientes, a todas luces, para el buen desempeño de ese cometido. Los ingenieros agrónomos y peritos agrícolas afectos al servicio de catastro, no están personalmente interesados en el resultado de los trabajos que les están encomendados; son moral y legalmente responsables del resultado de los mismos, porque tienen capacidad reconocida para ello, lo que no ocurre con los individuos de las Juntas periciales, a los que no puede serles exigidas responsabilidades por inexactitudes cometidas en la ejecución de trabajos ajenos a su competencia. Es evidente, a nuestro juicio, la conveniencia de invertir las funciones encomendadas en el capítulo VII a las Juntas periciales y al personal técnico agronómico, atribuyendo a éste la redacción de las cuentas analíticas y sintéticas, la clasificación de terrenos y la propuesta de tipos evaluadores unitarios, y a las Juntas la facultad de impugnar las clasificaciones y los tipos evaluadores determinados por el personal técnico.

Nada podemos decir acerca del capítulo VIII, relativo a la parte del Catastro de la riqueza forestal, a causa de la vaguedad de su redacción, que permite diversas interpretaciones. Preciso será esperar, para su análisis, a la publicación del reglamento; pero en cuanto al procedimiento que haya de seguirse en la evaluación de la riqueza forestal y a las entidades que hayan de intervenir en la misma, hecha excepción del personal técnico, deben ser los mismos que han de seguirse, o entender, en la evaluación de la riqueza rústica.

Tanto en relación a la riqueza agrícola como a la forestal, no deben ser tenidos en cuenta aisladamente los tipos evaluadores unitarios de cada distrito municipal; esto produciría desigualdades inexplicables e injustas entre las cuotas tributarias de pueblos a veces colindantes y de idéntica intensidad productiva. Antes bien, debe organizarse el servicio de tal suerte que exista una perfecta armonía entre los tipos evaluadores de una misma región, único medio de llegar al ideal del Catastro en todos los países, que es el de la percepción del impuesto territorial, y de evitar muchas reclamaciones de agravios por comparación.

Este importante e inexcusable fin se alcanzaría mediante un estudio previo de la capacidad agrícola productiva en las regiones agrícolas de España, que tal vez tengan hecho en gran parte el Servicio agronómico nacional y el forestal dependientes del Ministerio de Fomento.

Merece especial mención las disposiciones del capítulo XII, porque si bien son evidentes las ventajas de una prudente descentralización administrativa, ésta debe