El Progreso agrícola y pecuario (1925-11-30 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA
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EL MOMENTO ACTUAL DEL CATASTRO

Algunas consideraciones acerca del Decreto-ley de 3 de abril, relativo a la formación del Catastro parcelario.

II

El Catastro parcelario geométrico, a que se refiere el decreto-ley de 3 de abril del corriente año, se fundará, según lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 15, en la triangulación topográfica de los términos municipales, mientras que en el segundo período de la formación del Catastro, de que trata la ley de 23 de marzo de 1906, y una vez terminado, en cada distrito municipal, el primer período, o sea el avance catastral, se atenderá a la conservación de ese avance y a la obtención progresiva del Catastro parcelario geométrico aprovechando, para ello, las transmisiones de dominio, y localizando las fincas dentro de los polígonos geométricos o fiscales formados, naturalmente, por las vías de comunicación, corrientes de agua y demás accidentes visibles y permanentes del suelo, con más facilidad y economía que reificiendo los predios a los triángulos topográficos, y con igual exactitud. Estos polígonos topográficos o fiscales aparecen en los planos que el Instituto Geográfico entrega al Ministerio de Hacienda y se utilizaban en el avance catastral para comprobar las declaraciones de los propietarios relativas a la superficie de sus predios. La suma de estas superficies, o sea de las fincas y parcelas de las mismas, comprendidas en un mismo polígono, debe ser igual a la superficie de éste, con un error, tolerado por el reglamento, de 5 por 100.

En el caso de que la diferencia entre la suma de las superficies declaradas y la resultante del plano facilitado por el Instituto Geográfico, excedía del 5 por 100, se procedía a la medición parcelaria, por cuenta de los ocultadores, y proporcionalmente a la superficie oculta por cada uno. Es decir, que la triangulación, el deslinde de fincas y el levantamiento de planos parcelarios, que tanto tiempo y tantos millones necesitan si para obtenerlos se emplean los procedimientos seguidos en el extranjero hace más de sesenta años y desechados en España por el Instituto Geográfico—según queda expuesto en nuestro artículo anterior—fué sustituido, sin daño sensible para el Estado ni para los particulares, por el establecido en la ley de 1906, fundada en el dictamen de la Junta de Catastro de 1903, compuesta, en su mayor parte, de capacidades científicas de aquella época.

Creemos también que conviene tener presente las dificultades que pueden ocurrir si, en pueblos de una misma provincia, rigen dos catastros formados por distintos procedimientos, y que, siempre que sea posible, debe evitarse el cambio de organización en los servicios dependientes del Estado, por el retraso y los trastornos que éstos sufren con tal motivo. Una de las causas del atraso de la Administración pública en España es el cambio de criterio y de procedimiento cada vez que se cambiaba de Gobierno, o cada vez que cambiaba alguno de los ministros que los componían, lo que ocurría con harta frecuencia. La perseverancia en la organización de los servicios públicos que se observa en otros países, aun a través de cambios políticos trascendentales, es una de las causas a la que deben su prosperidad.

En resumen, el Real decreto-ley de 3 de abril último, viene a implantar de nuevo el Catastro parcelario geométrico, en el que han de invertirse, aproximadamente, unos cincuenta años y una cantidad de 600 millones de pesetas, mientras que si se continuase aplicando la ley de 23 de marzo de 1906, depurada de los defectos evidenciados por la práctica, se podría terminar el primer período, o sea el de avance catastral en toda España, en