El Progreso agrícola y pecuario (1926-01-22 00:00:00), página 3

ganado que aproveche directamente los productos de la finca, y en la base 5.ª del art. 5.º de la ley de 18 de junio de 1885 se disponía que se redujera a una sola cantidad la riqueza rústica imponible, evaluándola, según las disposiciones vigentes, por los productos líquidos imponibles imputados exclusivamente a la propiedad, sin perjuicio de los pactos especiales entre propietarios y colonos.

Por otra parte, no se nos alcanza cómo habrían de calcularse las cuotas contributivas sobre la base de los valores en venta y en renta de una finca rústica.

** En cuanto a la reorganización del Registro de arrendamientos, de trascendencia más bien jurídica que tributaria, nos parece muy bien como garantía de arrendadores y arrendatarios. Sólo nos ocurre que entre los deberes que impone a los contribuyentes el servicio de Avance catastral, el Real decreto de fecha 1.º del mes corriente sobre valoración de fincas rústicas y el de reorganización del Registro de arrendamientos, no ha de quedarles mucho tiempo a los agricultores para dedicarse a las labores del campo, y que si cambian su augusta misión de productores por la de leguleyos, no va a haber riqueza rústica que someter a tributación.

MANUEL DEL BUSTO,
ingeniero agrónomo,
ex jefe del Servicio de Catastro.

El Servicio Nacional de Crédito Agrícola

Prometimos en un artículo anterior ocuparnos con alguna detención de este organismo, y hoy que disponemos de algún tiempo libre vamos a cumplir nuestra promesa, debiendo advertir que nos mueve a escribir estas cuartillas un único deseo, cual es el de conseguir que voces más autorizadas expongan su opinión sobre este asunto para ilustrar al Gobierno en la materia, para poder llegar en breve plazo a la necesaria reforma del Real decreto-ley por el que se rige este Servicio.

Parece lo natural, lo lógico y lo racional que, al establecer este nuevo organismo del Estado, se pretenda implantar el crédito agrícola llevando a todos los rincones del terruño y a todos los labradores el auxilio y la asistencia del Estado o, mejor dicho, del crédito, cuando les fuera necesario para realizar mejoras en sus fincas, para establecer nuevos y modernos sistemas de cultivo, para transformar en regadío las fincas de secano, y para cualquier otra obra o necesidad que mejorase o perfeccionase lo existente. Pero, como desde un principio dijo el director de esta Revista—en las columnas de la misma y en el voto particular que formuló ante la Junta para el estudio del Crédito Agrícola—ni con 100 millones de pesetas puede resolverse el problema, ni el crédito necesita ser obra de caridad, pues lo es de justicia; ni el Estado tiene aptitudes para regir esta clase de instituciones, y, sin embargo, el Real decreto-ley que venimos a comentar ha insistido en el error inicial, y los buenos propósitos del Gobierno no podrán tener efecti-
vidad, habiéndose creado el Estado una carga sin necesidad y sin utilidad práctica alguna.

En efecto, tal cual está redactado el Real decreto-ley, queda reducida la esfera de acción del Servicio Nacional de Crédito Agrícola a las relaciones que mantenga con las asociaciones agrícolas, ya que, ni a los particulares se les concederán préstamos con garantía personal, o pignorática, ni ellos acudirán a este organismo ofreciendo garantía hipotecaria, ni tendrán que abrirse cuentas corrientes, y, en consecuencia, vendrá a ser este Servicio un servidor o un banquero de aquellas Asociaciones que puedan ofrecer serias garantías para la concesión de préstamos; y ya sabemos cuál es, por desgracia, la situación de las asociaciones agrícolas y su casi total carencia de bienes.

** Autoriza el reglamento, en su art. 13, la concesión de préstamos a los particulares, por excepción y a los fines del art. 2.º, «mediante informe de las Asociaciones del distrito municipal y del Servicio agronómico provincial o del forestal a que pertenezcan, y cuando, además, los garanticen con hipotecas de fincas rústicas, casas de labor, bodegas, etc.» De suerte que únicamente mediando esas condiciones se concede, por excepción, el préstamo a los particulares, y claro está que éstos han de preferir, cuando tengan necesidad de un préstamo, acudir a un capitalista, evitando las informaciones referidas y la publicidad que llevan aparejadas, o acudiendo a cualquier entidad de las que se dedican a estos negocios o al mismo Banco Hipotecario, aunque el interés resulte más elevado; pero también el plazo de reintegro es mayor que el de veinte años concedido por el art. 16 del reglamento.

Y por si esto fuera poco, y a fin, sin duda, de hacer imposible el préstamo a los particulares, dispone el decreto-ley que tales préstamos con garantía hipotecaria habrán de ser mayores de 2.500 pesetas y no exceder de 15.000..., que da la casualidad de que son los préstamos que no conviene hacer al Banco Hipotecario ni a los prestatarios, por los enormes gastos que tales pequeñas hipotecas exigen.

El préstamo con garantía personal sólo puede hacerse a entidades, Corporaciones o Asociaciones; pero no a individuos. En el voto particular formulado por el director de esta Revista se decía a este respecto: «Asimismo, el Instituto podrá conceder préstamos a los agricultores para los fines indicados en esta base, siempre que ofrezcan una garantía hipotecaria, pignorática o de carácter personal, suficiente, a juicio del Instituto. En el caso de ser la garantía personal, se exigirán, por lo menos, dos firmas a satisfacción del Instituto». En esta forma hubiera tenido efectividad el préstamo con garantía personal, que es el verdaderamente agrícola y el único necesario para los labradores.

** Se establecen también cuentas corrientes con la garantía resultante de una hipoteca, con arreglo a lo establecido en el art. 153 de la ley Hipotecaria; el plazo será