El Progreso agrícola y pecuario (1925-07-15 00:00:00), página 5

Estos beneficios, que al amparo de defensas y acuerdos gremiales antes se diluían entre el engranaje industrial y comercial de otras actividades nacionales, distribuidos hoy equitativamente han permitido llegar al equilibrio indicado, plenamente satisfactorio si con medidas complementarias se garantiza que el señalado para la agricultura sea percibido por ésta y convenientemente distribuida.

Estimaba la Junta Central de Abastos que se lograría este fin, asegurando al agricultor un precio a su producto que sea remunerador y suficientemente elevado para que, estabilizando dentro de márgenes prudentes las cotizaciones de los trigos, limite la especulación abusiva en este artículo.

No hubiera podido la Junta Central garantizar el precio mínimo que fijara para los trigos sin los efectos que en los mercados, por disminución de ofertas, produciría seguramente el Real decreto-ley del Directorio militar, de fecha 7 del corriente, relativo a préstamos a los agricultores; pero contando ya con ayuda tan eficaz como ésta, ha adoptado acuerdo referente a dicho asunto, del que da cuenta a este Directorio militar la Dirección general de Abastos, proponiendo que, por la importancia del mismo, sea objeto de una disposición del Gobierno, y de conformidad con dicha propuesta,

S. M. el Rey (q. D. G.) se ha servido disponer lo siguiente:

Artículo 1.º A partir de la fecha de la presente disposición, y hasta 1.º de agosto de 1926, se establece con carácter obligatorio para los trigos nacionales el precio mínimo de 47 pesetas quintal métrico (equivalencia aproximada de 20,35 pesetas fanega de 94 libras), sobre vagón estación de origen o sobre carro, incluyendo en este caso el transporte hasta 5 kilómetros en dicho precio, cuando éste sea el medio de conducción que se emplee.

Art. 2.º Las adquisiciones o demandas de trigo que se hagan a precios inferiores al señalado serán consideradas como especulación abusiva en artículos alimenticios, determinada en el párrafo tercero del art. 9.º del Real decreto de 3 de noviembre de 1923 (1) y sancionada con la pérdida del 50 por 100 del valor de la mercancía, más la multa correspondiente.

Teniendo en cuenta que las adquisiciones de trigo hechas a precio inferior al señalado es una especulación abusiva, de la que se hace objeto, por efecto de necesidades apremiantes, al vendedor de la mercancía, la sanción antedicha se aplicará, exclusivamente, al comprador, y en ningún caso al vendedor, que queda exento totalmente de responsabilidad.

Caso de sanción, del 50 por 100 del valor de la mercancía se compensará al vendedor en la parte que le corresponda, para que la venta que haya motivado dicha sanción resulte siempre al precio fijado como mínimo.

Art. 3.º Todas las fábricas de harinas con capacidad de molituración no inferior a 5.000 kilos diarios, quedan obligadas a entregar, quincenalmente, a la Alcaldía correspondiente al lugar de su emplazamiento, declaraciones juradas de las cantidades de trigo que adquieran, con expresión de su precio, pueblo o lugar de procedencia y nombre del vendedor.

Estando intervenido el comercio de trigos, la falta de presentación de estas declaraciones juradas o el falseamiento de las mismas será corregida con la sanción prevista para estos casos.

Los alcaldes remitirán, seguidamente, dichas declaraciones a las Juntas provinciales respectivas, después de expedido el opportuno recibo. En las capitales de provincia, las referidas declaraciones se entregará directamente por los fabricantes en las oficinas de las Juntas provinciales de Abastos.

Estas enviarán, mensualmente, a la Dirección general de Abastos, relación detallada de dichas declaraciones.

Art. 4.º En armonía con lo preceptuado en el inciso e) del art. 1.º del referido Real decreto sobre abastos (1), todas las liquidaciones pendientes para pago de trigo de la actual cosecha, derivadas de compromisos o contratos hechos entre fabricantes de harina o almacenistas y productores, se harán a base del precio fijado como mínimo.

Art. 5.º Todos los labradores que deseen vender trigo podrán, si para dicho fin lo estiman conveniente, dirigirse a cualquier Junta provincial de Abastos haciéndoles oferta especificada de la clase, cantidad y precio del grano.

Art. 6.º Asimismo, los fabricantes de harinas que deseen adquirir trigo por mediación de las Juntas provinciales, podrán dirigirse a éstas para conocer las ofertas que en ella existan y hacer las adquisiciones voluntarias que les conviniere.

Art. 7.º Las Juntas provinciales darán cuenta, mensualmente, a la Dirección general del total de ofertas que tengan para venta de trigos por parte de los labradores y de demandas hechas por los fabricantes para adquisición de los mismos.

Art. 8.º Los precios de las harinas panificables se determinarán por las Juntas provinciales y serán en cada mes aquellos que resulten de aplicar la fórmula sobre el régimen de molituración de trigos, dispuesta por la Junta central en diciembre de 1924, y dando en ella al trigo y a los subproductos, precisamente, el valor medio de las cotizaciones que hayan tenido en mercado en el mes precedente.

Art. 9.º A fin de facilitar la regulación y determinación de precios en la forma, que se establece en el artículo anterior, y que las fábricas de harinas puedan tener también asegurado el beneficio industrial que les corresponde, sin los perjuicios que pudiera ocasionarles la especulación, deberán todas ellas tener en sus almacenes, en trigos y harinas, una cantidad equivalente a un mes de molituración y comercio de su respectiva caducidad.

(1) El párrafo tercero del art. 9.º del Real decreto de 3 de noviembre de 1923 dice así: «El acaparamiento, la ocultación, el retraimiento de venta y la especulación abusiva de artículos alimenticios de primera necesidad, se castigará con la pérdida del 50 por 100 del valor de las mercancías que a dichos fines se dediquen, cuando se acorde en intervención o la incautación y venta de las mismas.»—(N. de la R.)

(1) El inciso e) del art. 1.º del aludido Real decreto, dice así, en su párrafo segundo: «Los contratos celebrados entre particular res que no pudieran cumplirse a consecuencia de la adopción de alguna medida derivada de las autorizaciones concedidas en este artículo, se entenderán caducados, considerándose las medidas gubernamentales que se adopten, a los efectos jurídicos, como caso de fuerza mayor.»—(N. de la R.)