El Progreso agrícola y pecuario (1925-03-31 00:00:00), página 3

la Dirección general de Agricultura y Montes, nombrado por dicha Dirección.

Art. 4.º El capital de que la Junta podrá disponer para las operaciones de préstamo agrario será de 100 millones de pesetas, aportando el Estado 75 millones en el número de años que considere conveniente, previa orden en cada caso del Ministerio de Hacienda y de las aportaciones de las entidades agrícolas o de crédito agrícola que podrán suscribir el resto del capital con cantidades no menores de 10.000 pesetas cada una, y en el caso de no aportar la totalidad, se abrirá suscripción al efecto.

La primera aportación del Estado será de 10 millones de pesetas.

Art. 5.º Los préstamos habrán de dedicarse necesariamente a la agricultura y a la ganadería, o a la transformación de sus productos hechos por los mismos productores, y podrán solicitarse para atender a los gastos ordinarios del cultivo o del sostenimiento del ganado y a la mejora de los mismos, para comprar semillas, abonos, apéros, máquinas, semetales y ganados; para hacer plantaciones arbóreas y arbustivas, y repoblaciones forestales; para convertir los secanos en regadío; para alumbramiento de aguas y derivaciones de corrientes para riego; para que las Comunidades de regantes puedan adquirir la propiedad de sus respectivos acueductos; para defender las tierras de los torrentes e inundaciones, y para contratar arrendamientos colectivos o comunales.

Art. 6.º Solamente se podrán conceder préstamos a las Asociaciones agrícolas, ganaderas y Federaciones, a las de carácter forestal y a las dedicadas a la transformación de los productos de todas ellas que estén legalmente constituidas, no tengan nota desfavorable de la Inspección Agronómica y ofrezcan suficiente garantía por su solvencia y buena administración, respondiendo sus socios mancomunada y solidariamente con sus bienes del capital que reciben y del interés que devenguen, y serán las que bajo su responsabilidad concedan los préstamos individuales a los labradores, para lo cual deberán formular unos estatutos en los que queden previstas de un modo general las garantías que han de exigirse a los préstamos, bien entendido que éstas no han de ser hipotecarias más que en los casos previstos en el artículo siguiente.

También podrán concederse préstamos a los Pósitos del Reino, con la garantía del capital propio de cada uno, reduciéndose en este caso en 0,75 por 100 la prima de interés que se cobrará sobre el que se abone al Estado.

El personal de la Inspección general de Pósitos y las Juntas administradoras de éstos quedan obligados a prestar su colaboración a la Junta consultiva del Crédito agrícola, para cuantos informes pueda necesitar ésta para su gestión.

Art. 7.º Por excepción, podrán concederse préstamos a los particulares para los fines señalados en el art. 5.º, mediante informe de las Asociaciones y cuando, además, los garanticen con hipoteca de fincas rústicas, casas de labor, bodegas, instalaciones agropecuarias, molinos, almacenes u otras construcciones semejantes de carácter agrícola o forestal. Estos préstamos individuales habrán de ser mayores de 2.500 pesetas y no excederán de 15.000 para un mismo prestatario, su cónyuge o conyunto.

Art. 8.º Podrán aceptarse como garantías la personal, la pignoración, la hipoteca y, en los préstamos a los Pósitos, la de su capital.

La personal se graduará en proporción al capital efectivo de las entidades prestatarias o a los bienes de los individuos o Asociaciones que las formen, si tienen aceptada mancomunada o solidariamente la responsabilidad de las operaciones que haga la Asociación a que pertenece. La pignoración se graduará en proporción a la clase y valor de los frutos, productos o ganados dados en prenda, con desplazamiento o sin él, y no podrán admitirse por más del 50 por 100 del valor de los pignorados. La hipotecaria, por excepción que determine el art. 7.º, se graduará en proporción al valor de los bienes que hayan de hipotecarse, y no podrá admitirse por más del 65 por 100 del valor de los mismos que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

También podrán admitirse como garantía valores del Estado, letras de cambio aceptadas o libradas por las Asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales, resguardos de depósitos de productos agropecuarios expedidos legalmente y otros efectos análogos.

Art. 9.º Los plazos serán los precisos para que puedan realizarse las operaciones a que haya de dedicarse cada préstamo, y el máximo será: para los que tengan garantías personales, año y medio; para los que tengan pignoración, tres años, y para las hipotecarias, veinte años.

Art. 10. Habrá de reservarse, al menos, las cuatro quintas partes del importe de las aportaciones que vaya haciendo el Estado y de las que hagan las entidades para invertirlas en préstamos que no sean hipotecarios.

Art. 11. Cuando por cualquier motivo se sustituya por otra la entidad a la que se otorgó el préstamo, se podrá acordar que se proceda a la liquidación o reducción de dicho préstamo.

La quita y espera o suspensión de pagos en que se constituya cualquier entidad prestataria no privará el derecho a exigir el reintegro del capital e intereses en la forma y plazo establecidos en el contrato.

En caso de concurso de acreedores o de quiebra, existirá preferencia en cuanto al reintegro del capital e intereses de los préstamos sobre los demás acreedores, con excepción de aquellos que tenga reconocida por las leyes preferencia especial sobre determinados bienes.

Art. 12. El tipo de interés de las distintas clases de préstamos no será mayor del 1 1/4 por 100 sobre el fijado al capital del Estado y al de las Asociaciones agrícolas, no excediendo entre uno y otro en ningún caso del 5 1/4 por 100.

Art. 13. El 31 de diciembre de cada año se hará el balance anual para conocer el alcance de las operaciones, las cantidades que hayan de abonarse por el interés de las aportaciones y el importe que alcance el 1 1/4 por 100 del interés de las operaciones asignado para gastos de la Junta consultiva del Crédito agrícola. Si de esta cantidad, satisfecha los gastos, resultase remanente, se destinará a mejorar los servicios y a constituir un pequeño fondo de reserva, destinado a las necesidades que sobrevengan y a disminuir el tipo de interés a los préstamos.

Art. 14. A la Junta consultiva del Crédito agrícola en pleno le corresponden las facultades siguientes:

a) Elegir los vocales de la Comisión ejecutiva que determina el art. 3.º

b) Examinar e informar el balance y Memoria anuales.

c) Evacuar las consultas que le haga el Ministerio de Fomento o la Comisión ejecutiva de la Junta.

d) Elevar al Ministerio de Fomento las mociones que considere convenientes para el desenvolvimiento del Crédito agrícola.

e) Comunicar a la Comisión ejecutiva las indicaciones de carácter general que estime conveniente para el funcionamiento y buena administración de la misma.

f) Redactar el reglamento de la Junta y de su Comisión ejecutiva, que habrá de someter a la aprobación del Ministerio de Fomento.

g) Determinar las condiciones generales que hayan de reunir las entidades a las que se conceda el préstamo.

h) Fijar las garantías que hayan de exigirse para cada clase de préstamo, y proponer al Gobierno, cuando las circunstancias lo aconsejen, la variación del tipo de interés.

Art. 15. Serán funciones de la Comisión ejecutiva de la Junta consultiva del Crédito agrícola las siguientes:

a) Informar los expedientes en demanda de préstamos, para que por el Ministerio de Fomento se ordene