El Progreso agrícola y pecuario (1925-01-31 00:00:00), página 5

taciones y el intervencionismo consiguiente del Estado pudieran considerarse procedentes, deberían tenerse muy presentes los graves inconvenientes y perjuicios que, en opinión nuestra, habrían de traer.

Aquí, como en los países en que la organización del Estado es más perfecta, han podido apreciarse siempre las deficiencias e inconvenientes de la administración y explotación de la riqueza por el Poder público, y el mismo Estado lo confiesa al arrendar a particulares sus monopolios y algunos de sus servicios.

Más lógica, tal vez por ser más radical, es la declaración de montes de utilidad pública, cuya administración se entrega por completo al Poder público, y declaradas de utilidad pública tenemos en España las principales masas forestales.

En las interesantes estadísticas publicadas por nuestra Dirección general de Agricultura y Montes puede verse lo que es la administración de nuestros montes públicos.

Según la publicada referente al año forestal 1921-22, que creemos es la última, la superficie de nuestros montes públicos pasa de 6 millones de hectáreas (más de la décima parte del territorio nacional), de las cuales sólo 252.000 pertenecen al Estado; el resto, en su casi totalidad, pertenece a los pueblos, aun cuando de su administración está encargado el Estado. Su producto bruto (sin contar gasto alguno) es de 24 millones de pesetas, que representan una producción anual algo inferior a 4 pesetas por hectárea.

De esos 6 millones de hectáreas, están ordenadas 456.000; amojonadas, 167.000; deslindadas, 878.000. Falta, por lo tanto, la ordenación de más de 5 ½ millones de hectáreas.

Muy interesante habrá de ser el estudio de la situación de nuestros montes públicos; pero nos limitamos a consignar los anteriores datos para afirmar que es mucho lo que puede y debe hacerse en la administración de los montes públicos y que, con preferencia a la de los montes de particulares, debe prestarle su atención el Estado. En aquéllos, y sin las trabas y dificultades que en los de propiedad particular, puede desenvolverse ampliamente la acción de nuestros ingenieros de montes.

Al leer el art. 1.º ha llamado nuestra atención que se sustituyan las cortas a hecho por las entreascas, pues siempre hemos creído que la base para la explotación ordenada de los montes consistía en procurar la formación de las porciones procedentes con árboles de la misma edad, escalonando en las fincas grandes la de cada porción en forma de constituir entre todas el turno fijado a la explotación.

Otras varias observaciones, quizá más interesantes aún, merece el aspecto técnico del Real decreto en sus artículos siguientes, pero sólo hemos de añadir que no nos parece la mayor garantía de acierto, en este orden, cuanto sobre la formación de expedientes y su resolución dispone.

Y si en el orden jurídico, en el económico y en el técnico hemos encontrado inconvenientes dignos de ser mencionados en el Real decreto a que venimos refiriéndonos, en el orden que pudiéramos llamar político los hay también, en opinión nuestra, merecedores de ser señalados a la consideración de V. E.

Son tan grandes las facultades que se conceden a los gobernadores civiles y a los alcaldes en la administración de los montes, sotos y alamedas de propiedad particular, que creemos debe meditarse muy despacio sobre las consecuencias de la enorme influencia que habrán de tener en las citadas fincas, cuya extensión, según el tantas veces citado Real decreto, representa una tercera parte del territorio nacional, y sobre el uso que de ella podrá hacerse.

En nuestro régimen arancelario se concede una protección muy escasa a nuestros productos arbustivos y arbóreos, y a algunos de ellos se les hace el especialísimo perjuicio de no dejarles salir libremente de España, causándoles con ello la depreciación consiguiente en nuestros mercados nacionales. Y en los mercados extranjeros viene dificultándose su acceso como consecuencia de la elevada protección que dispensa nuestro Arancel a algunas producciones industriales.

Con preferencia a auxilios e intervenciones que tan prodigiosamente suelen concederse, debe procurarse, según se ha dicho muchas veces, poner fin a las limitaciones y postergaciones que nuestros productos arbustivos y arbóreos vienen sufriendo, cuya supresión nos ha parecido siempre de procedencia y eficacia indiscutibles.

Con el mayor respeto rogamos a V. E. se digne fijar su atención en cuanto nos permitimos exponerle, inspirados en el deseo de que nuestra riqueza arbustiva y arbórea pueda adquirir el desenvolvimiento de que es susceptible, en armonía con los intereses generales.*

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Muchos y muy interesantes son los comentarios y ampliaciones que merece esta exposición, y que seguramente, ante la importancia del asunto, harán cuantos la lean. Mi propósito se limita a darla a conocer en esta Revista y a señalar su significación y trascendencia, y su relación con las campañas a que he aludido y cuya intensificación en estos momentos de renovación habría de ser de grandísima conveniencia.

A. GONZÁLVEZ DE GREGORIO.

COLONIZACIÓN INTERIOR

Consecuencia de los estudios practicados por la Junta central que preside el vizconde de Eza, es el Real decreto recientemente publicado en la Gaceta disponiendo la colonización agrícola de una parte del monte público Roche, del término de Conil, provincia de Cádiz.

Unas cien familias de trabajadores agrícolas de dicho pueblo, aprovechándose del estado de deforestación del citado monte en la parte que hoy se denomina Barrio Nuevo, y agujiereados por el hambre en las épocas de paro forzoso, la redujeron a cultivo, haciendo plantaciones de vides, construyendo en ella sus rústicas viviendas y abriendo pozos para la explotación de sus parcelas.

En virtud de dicho Real decreto, la Junta central ordenará y ampliará la obra de colonización, iniciada espontánea y empíricamente por aquellos obreros, reconocerá la propiedad de los terrenos que roturaron a los que lo merezcan por su laboriosidad y aptitudes, hará una distribución equitativa de las parcelas, ampliará el número de lotes familiares y concederá anticipos para la extensión y perfeccionamiento de los trabajos culturales bajo un régimen cooperativo.