El Progreso agrícola y pecuario (1925-07-15 00:00:00), página 10

El reglamento del Crédito Agrícola.

A continuación publicamos el reglamento del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, creado por Real decreto-ley de 24 de marzo último.

Oportunamente comentamos el decreto-ley, en el sentido de estimar insuficientes sus horizontes para abarcar el magnifico problema del Crédito agrícola. Los hechos han venido a darnos la razón mucho antes de lo que nosotros pensamos. Antes de que apareciese en la Gaceta la reglamentación del crédito, un decreto abrirá nuevo cauce a la función crediticia, extendiéndola al préstamo a los sindicatos gallegos para la construcción de diez mataderos rurales. Fresca aún la tinta del reglamento, un decreto-ley viene a aportar a la Junta del Crédito Agrícola 50 millones de pesetas para iniciar, como ensayo, el préstamo sobre trigos; y, con motivo de las peticiones de los futuros regantes de Orihuela, el Gobierno excita a la Junta para que dé solución al problema nacional de la conversión de los secano en regadío en las zonas de los nuevos riegos.

Calcúlese la importancia que todas estas peticiones de recursos han de alcanzar, y fácilmente se comprenderá la imposibilidad material de que el Estado subvenga a todas estas necesidades. Sólo los riegos de Orihuela precisarán 23 millones de pesetas, y es de suponer que el resto de los de Levante y los de Andalucía y Alto Aragón no requerirán menos de 150 a 300 millones, en plazo breve. El Real decreto-ley sobre Crédito agrícola, hace constar, modestamente, que es sólo de un ensayo de lo que se trata, y, por ello, es de esperar que la experiencia aconseje prontamente introducir en él radicales reformas.

Cuando nuestro director presentó, a la anterior Junta para el estudio del Crédito Agrícola, su proyecto, pareció a muchos utópico, por lo grande. Ya se verá cómo la realidad lleva el crédito por el camino que nuestro director señaló, o el crédito no resolverá un problema que exige solución inaplazable.

Volviendo al reglamento que comentamos, la sinceridad obliga a declarar que, dentro de las normas de la ley, no cabe hacer más para amplificar y afianzar la función crediticia. En todo lo que la ley no dejaba, el reglamento ha dado la definición más conveniente al interés público.

Así, por ejemplo, es un acierto la gradación establecida para la concesión de los préstamos según el empleo a que se destinen; lo es también la declaración de que, a igualdad de garantía, serán preferidos los préstamos de más pequeña cantidad, y la cuenta corriente de crédito a la de préstamo. Es grata la preferencia que se da a las Cooperativas y la función que la entidad se reserva de promover la creación de Asociaciones agrarias.

Ya que la ley impone como regla el préstamo, no a los individuos sino a las Asociaciones, el reglamento ha salvado el escollo de la, responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios, admitiendo la posibilidad de que sólo cierto número de socios responda de los préstamos que la entidad reciba del Servicio del Crédito Agrícola; siendo estas entidades luego las que, bajo su responsabilidad, concedan los préstamos individuales a los labradores asociados.

Es lástima que en materia hipotecaria no pueda hacerse más que lo que se hace; pero preciso es reconocer que no faculta a más el decreto-ley.

Es muy humanitaria la previsión de renovar los préstamos, por causa justificada, si el pago de intereses está corriente.

También se estima acertada la combinación de la amortización con el seguro, para casos de muerte.

El cobro de los créditos por la vía de apremio, parece el camino más económico y rápido para, sin pleitos costosos, asegurar el reintegro.

Al capital que aporten los particulares se le asigna un interés tal, que, combinado con el que se pague a las aportaciones del Estado, añadiendo el 1 y medio por 100, no exceda del 5 y medio por 100. No tenemos fe en la aportación de capitales privados a esta empresa; pero reconocemos que el reglamento ha procurado su concurrencia, ofreciéndoles una remuneración superior a la que pueden tener las aportaciones del Estado.

Novedad muy importante—que la ley no prohibe ciertamente, pero que tampoco prevé—es la facultad de emitir bonos y obligaciones de interés fijo por el duplo del capital desembolsado por la misma entidad. Será un papel que el mercado del dinero recibirá con agrado, dada su máxima garantía. Para la emisión y circulación de esa clase de papel, se necesitará aprobación especial del Gobierno.

Esto es lo más saliente del Reglamento que comentamos.

REGLAMENTO

para la ejecución del Real decreto-ley de 24 de marzo de 1925, creando la Junta Consultiva del Crédito Agrícola.

TÍTULO PRIMERO

Denominación, domicilio y objeto.

Artículo 1.º Modificada la Junta para el estudio del Crédito Agrícola, según dispone el Real decreto-ley de 24 de marzo del corriente año, y constituida la Junta Consultiva del Crédito Agrícola, que es la que ha de regir el Crédito Agrícola, éste dependerá, en lo sucesivo, de dicha Junta, con la denominación de Servicio Nacional de Crédito Agrícola.

El Servicio Nacional de Crédito Agrícola radicará en el Ministerio de Fomento y funcionará bajo la dependencia de la Dirección general de Agricultura, Minas y Montes.

Art. 2.º El Servicio Nacional de Crédito Agrícola podrá realizar las operaciones siguientes:

Primera. Otorgar préstamos en metálico y abrir cuentas corrientes de crédito:
a) Para las necesidades del cultivo, su mejora o transformación, como asimismo para sostenimiento y mejora del ganado.
b) Para la compra de semillas, aperos, máquinas,