El Progreso agrícola y pecuario (1925-04-15 00:00:00), página 2

cuanto los agricultores de España no querían, en este ni en ningún otro aspecto, gozar de privilegios de excepción alguna, y que, por consiguiente, no se oponía a que se efectuasen cuantas importaciones se pretendieran, siempre que se realizaran por particulares y con sujeción a las disposiciones generales vigentes y al correspondiente pago de los derechos de importación señalados en los Aranceles, dictados para la protección de todo el trabajo y de la industria nacional.

»Las diferentes representaciones industriales presentes se adhirieron a las anteriores manifestaciones en el sentido de que la protección establecida en las leyes vigentes, debe cumplirse sin excepción alguna para todas las manifestaciones del trabajo nacional, y coincidiendo todos los presentes en el mismo criterio, la Sección acordó, por unanimidad, que se dirigiera esta mocion al Gobierno de S. M. con el ruego, como expresión del sentir de la misma, de que sea revocado lo establecido en la ley de 10 de junio de 1922, y que se admita en todo tiempo la importación de trigos de procedencia extranjera con sujeción a las leyes vigentes, siempre que estas importaciones se hagan por particulares y nunca por el Estado, y que se efectúe con el correspondiente pago de los derechos arancelarios, evitando así la injusticia que resultaría de que la protección del Estado y el régimen arancelario tuvieran valor y eficacia para unos artículos y dejaran de tenerla para otros.»

Con toda consideración y máximo respeto, han de opinar, empezando por aceptarle, respecto del Real decreto de 7 del corriente que regula la importación de trigos, entendiéndolo que no es el medio mejor de proteger a los pequeños labradores (y esa es la realidad de la España cerealista) desplazar las leyes económicas con tasas y devolución de derechos arancelarios, pues de ese modo se entrará en la época de la recolección sin vivir en régimen de libertad de comercio, y el primer perjudicado será aquel a quien se dice que se quiere favorecer, ya que no se ha dejado funcionar a dichas leyes económicas.

¿Necesitarán las entidades firmantes repetir que el trigo es sólo una parte, siquiera la principal, de la industria agrícola? Hay que producirlo asociado a otros cereales, cuando no el vino y al aceite o a otros frutos del campo. Depreciada hasta límites que nunca pudieron esperar la producción vinícola, y habiendo sido casi nula la cosecha de otros granos, el trigo ha sido y es la única moneda del agricultor, y ella no puede alcanzar a todo, ni aun en el caso de que su precio estuviese en armonía con el mercado universal, cual ocurre con las demás mercancías, precio que, según se afirma por la Dirección general de Abastos, llegaría a 75 pesetas quintal métrico.

Las zonas agrícolas del interior han venido suministrando siempre trigo al litoral, por no producirse en éste en la cantidad que precisa. Así se llega en todas partes a la armonía necesaria entre la producción y el consumo, porque nadie, ni individuo, ni pueblo, ni provincia, ni región, producen todo lo que consumen.

Cuando se decretó la prohibición de exportar trigo, se estableció así en un artículo de la ley; pero en otro se autorizaba esa importación en condiciones determinadas, y así se hizo, en cantidad que sobrepasó la de un millón de quintales métricos. Ahora, al levantar aquélla, en el primer artículo del Real decreto citado se autoriza la importación de trigos con pago de derechos arancelarios, y en el segundo se dice que se devolverán los derechos correspondientes al trigo que se importe, hasta el límite que se señala, puesto que sin esa devolución no se podrá importar, ya que el precio de 60 pesetas fijado a las harinas no lo consentiría, y menos aún la tasa del trigo a 53 pesetas en fábrica, tasa que queda subsistente.

Con esta limitación de la tasa es igual, para el productor español, que se prohiba o que no se prohiba importar trigo extranjero y que se paguen los derechos arancelarios. Para él no juegan las leyes económicas que regulan los precios en España por los del mercado universal, más los derechos arancelarios, como sucede, con esta única excepción, para las 10.000 mercaderías que se calcula corresponden a las 1.540 partidas del Arancel, que resulta efectivo para 1.539, no siendo lo para el trigo, que es el primer producto de la Nación y lo será siempre, ya que el suelo de la Patria no se puede exportar.

Si de lo que se trata es de que el pan sea en Madrid más barato que en las demás grandes capitales de Europa, según parece deducirse de la explicación del cuadro que, para demostrarlo, se publica en el número primero del Boletín de la Junta Central de Abastos correspondiente al 21 de marzo último, aunque en el citado cuadro sólo se hace referencia al precio del pan de familia que se vende a 0,65 pesetas el kilogramo, siendo notorio que el promedio del precio del pan en la Corte es el de 1,20 pesetas el kilogramo, ya que esa clase de pan de 0,65 pesetas es la que tiene menor consumo; si se quiere eso, repetimos, hágase en buen hora; pero el sacrificio económico que ello represente debe pesar sobre todos los ciudadanos y no sólo sobre la sufrida clase agrícola, que ve que con trigo que sale de su grano a 51 pesetas los 100 kilos, se fabrica pan que se vende a un promedio de 1,20 pesetas.

En la provincia de Madrid se habrá dado el caso, bien recientemente, de que algún gran tahonero que haya retirado de casa del agricultor, grande o pequeño, trigo incautado a 51 pesetas, habrá realizado en cuatro días un beneficio de más del 30 por 100 sobre las pesetas que entregó para comprarlo. Desde luego, puede afirmarse que algunas fábricas harino-panaderas, que días antes de la incautación compraron en mercado libre a 55 y 56 pesetas los 100 kilos de trigo en grano—y hay que suponer que no sería con propósito de arruinarse—han podido adquirir del mismo agricultor que lo vendió, y, por tanto, igual clase de trigo, a 51 pesetas mediante la incautación, con una diferencia de 400 a 500 pesetas en vagón, que no creen hayan ido a parar al consumidor; pero que sí ha dejado de percibir el agricultor.

Si cualquier otro producto se interviniese tasándolo más bajo en su precio que a como resultase el del mercado universal, aun libre de derechos arancelarios, y este en el caso a que se somete el trigo con el que se elabora el pan de Madrid, sin excepción alguna, sea quien quiera el que lo consume, y sea cualquiera la clase de pan que con aquel trigo se fabrique, afirman las entidades que suscriben que todos los artículos que necesita consumir el agricultor—que colectivamente representa el primer consumidor de la Nación—estarían en