El Progreso agrícola y pecuario (1925-03-31 00:00:00), página 2

de España un préstamo a las Cooperativas por el 80 por 100 de su valor, y con la facultad de obligar a vender o reponer garantía en el caso de sobrevenir una baja en el precio de tasación de los cercales existentes en el elevador.

7.º Modificando los artículos 153 de la ley Hipotecaria y 295 del reglamento de la misma, en el sentido de dar a la cuenta corriente con garantía hipotecaria la misma elasticidad, duración y baratura que a las que abre el Banco de España con garantía de valores, de modo tal, que no resulte más oneroso pignorar bienes inmuebles que valores mobiliarios.

8.º Reduciendo extraordinariamente los honorarios de notarios, registradores, secretarios judiciales, etc., en todas las operaciones que practiquen en relación con la propiedad, y muy especialmente con la pequeña.

9.º Declarando obligatoria la inscripción de la incaudad en el Registro de la Propiedad, que hoy es voluntaria.

10. Declaramos obligatorio el seguro de las cosechas, máquinas y ganados que se den en garantía, contra todos los riesgos asegurables (incendio, pedrisco, inundación, enfermedad, robo, extravío, etc.).

Con hacer esto, el problema del crédito agrícola estaría resuelto, y sin necesidad de que el Estado aventurara un céntimo en fomentarlo, la Banca privada, el ahorro nacional, los banqueros, el comercio, la industria y los particulares acudirían solicitos con sus fondos a la empresa agrícola, porque ésta dispondrá entonces de un crédito, de una solvencia, de una liquidez, de que hoy, por desgracia, carece en su mayor parte.

Claro es que modificar leyes sustantivas, como el propio Código civil, y obligar a los Bancos privilegiados a tomar en la economía nacional el papel que les corresponde en vez del que conviene a sus poderosos accionistas, no es labor que han podido realizar fácilmente y de modo conjunto los partidos políticos, que rápidamente y sujetos a mil distintas presiones e influencias, han sesteado en el poder; pero no es empresa desproporcionada a la fuerza y a la independencia, anejas a una situación como la presente.

Por eso creamos que es este momento el único para actuar eficazmente en materia de crédito agrícola, y que sería una verdadera lástima dejarlo pasar, conformándose con el modesto decreto que comentamos y al que el propio preámbulo no concede otro alcance que el de ensayo.

Real decreto de la Presidencia del Directorio militar.

EXPOSICIÓN

Señor: Terminado el cometido de la Junta para el estudio del Crédito agrícola, cristalizado en el proyecto definitivo que, en cumplimiento del art. 5.º del Real decreto de 29 de octubre de 1923, ha formulado y remitido para su aprobación, por el que merece especial elogio, el Gobierno ha examinado con la atención debida y recogido en el material suficiente para formar la contextura general del modo de funcionar la Institución; pero descartando cuanto aparezca como negocio bancario, que con el mejor deseo propone la expresada Junta, por no estimarse que responde a la finalidad que el Gobierno se propuso, como quedaba bien claramente definido en el ya citado Real decreto de 29 de octubre de 1923:

Teniendo también en consideración que el objeto del Crédito agrícola no debe ser otro que prestar auxilio al pequeño y mediano labrador con el fin principal de que puedan progresar sus explotaciones agrícolas, poniéndose a la altura que exigen los modernos adelantes en el cultivo y atender a la contingencia de malas cosechas (porque sabido es que, huyendo el capital de la agricultura, dichas clases agrarias se ven obligadas a caer en las garras de la usura), finalidad que resultaría desvirtuada si el auxilio se destinase, como en el proyecto se propone, a servicios más propios del Crédito territorial, industrial o mercantil, ha sido necesario prescindir del criterio de la Junta en este aspecto en el sentido que en el articulado se establece.

No se ocultan al Gobierno las dificultades que se han de encontrar al principio y quizá los errores que puedan comprobarse como tales; pero también sabe que únicamente llevando las cosas al terreno de la realidad es como pueden encontrarse las modificaciones que deban introducirse en el curso de su funcionamiento. Por este motivo no puede calificarse este Decreto-ley más que como un ensayo de aplicación del Crédito agrícola, que, con la debida mesura, se estatuye con arreglo al siguiente articulado.

Madrid, 24 de marzo de 1925.—Señor: A. L. R. P. de V. M., Antonio Magaz y Pers.

REAL DECRETO

A propuesta del presidente interino del Directorio militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El servicio del Crédito radicará en el Ministerio de Fomento, dependiendo de la Dirección de Agricultura y Montes, y estará regido por una Junta que se denominará Junta consultiva del Crédito agrícola, modificando en esta forma la actual Junta para el estudio del Crédito agrícola, según dispone el Real decreto de 29 de octubre de 1923.

Art. 2.º La Junta consultiva del Crédito agrícola deberá quedar constituida en la forma que previene el art. 3.º en el plazo de quince días, a contar desde la publicación de este Real decreto ley en la Gaceta de Madrid, y estará constituida por un presidente, que será el jefe del Ministerio de Fomento, que podrá delegar en el vicepresidente, cuyo cargo lo desempeñará el director general de Agricultura y Montes, y por los vocales nombrados por el Gobierno en la forma siguiente:

Dos representantes del Ministerio de Fomento, el jefe de la Asesoría jurídica del mismo, uno del de Hacienda, uno del de Gracia y Justicia, el inspector general de Pisos en representación del Ministerio de Trabajo, uno del Banco de España, uno de la Confederación Nacional católica-agraria, uno de la Asociación general de Ganaderos del Reino, uno del Consejo Agronómico, uno del Consejo Superior de Fomento, uno de las Asociaciones agrarias, uno de la Asociación de Ingenieros agrónomos que sea funcionario del Estado, uno de las Cámaras Agrícolas y el secretario del Consejo Superior de Fomento.

Art. 3.º La Junta consultiva del Crédito agrícola funcionará en Pleno, y para el despacho ordinario se constituirá una Comisión ejecutiva compuesta por uno de los vocales representantes del Ministerio de Fomento, elegido por la Junta, el del Ministerio de Hacienda, el inspector general de Pisos, el jefe de la Asesoría jurídica del Ministerio de Fomento, el del Consejo agronómico, uno elegido por la Junta de entre los representantes de las entidades agrícolas y ganaderas y el secretario del Consejo Superior de Fomento, presidida por el vicepresidente del Pleno, director general de Agricultura y Montes, o en quien delegue que pertenezca a dicha Comisión ejecutiva.

Será secretario de la Junta consultiva del Crédito agrícola y de su Comisión ejecutiva un funcionario de