El Progreso agrícola y pecuario (1925-06-07 00:00:00), página 5

injusticia en que se ha desenvuelto todo nuestro régimen aduanero.

Aparentar que se se protege el aceite de oliva español fijando al de procedencia extranjera un derecho arancelario de 30 pesetas, sabiendo que en general no puede importarse, y asignar a los 100 kilogramos de semillas oleaginosas el de una peseta, cuando por rendir éstas de un 38 a 40 por 100 de aceite resulta que se dan facilidades para importar indirectamente aceite por este medio, cuidando, eso sí, de establecer para el producto tan fácilmente transformado una protección que llega a 54 pesetas en quintal métrico, constituye algo, cuyas consecuencias, que hoy se tocan, tenía esta entidad repetidamente previstas y anunciadas. Por eso, cuando en 20 de octubre del año último se dirigió esta entidad, conjuntamente con la Cámara Oficial Agrícola de Madrid, al señor vicepresidente-jefe de los servicios del Consejo de la Economía Nacional, en un escrito informativo contestando al Cuestionario que precedió a la convocatoria de la Conferencia Nacional del Aceite, después de fijar su criterio en cuanto a otros extremos referentes a la libertad de comercio interior y de exportación, y de recordar las disposiciones, a la sazón vigentes, que declaraban como únicamente apto para el consumo nacional el aceite de oliva, solicitaba que se equiparasen con los derechos arancelarios que actualmente pagan los aceites de semillas oleaginosas, los que satisfacen éstas a su entrada en España, en relación con su riqueza oleosa, lo que, de hacerse, los elevaría a 20,50 pesetas, desapareciendo la desigualdad que existe entre estos dos modos de importar aceite; y como medio de que se cumpliese lo dispuesto en cuanto a ser el de oliva el único apto para el consumo familiar, pedía que se interviniesen oficialmente las fábricas que se dedican en España a la obtención de esa otra clase de aceites, dando participación en esa función interventora a los agricultores.

En las conversaciones preliminares de la Conferencia Nacional del Aceite, mantuvo ante las más calificadas representaciones de los elementos productores este mismo criterio, por estimarlo fundamental; pero buena parte de ellas, más atentas entonces a recabar a todo trance del Gobierno de S. M. facilidades de exportación del aceite de oliva que a prever la posibilidad de que por una menor, hoy casi nula, demanda del exterior, a la que han contribuido la mayor producción de otros países, amén de la calidad circunstancial de muchos aceites, y también por la extensión que va adquiriendo en nuestro país el consumo de aceite de semillas oleaginosas en mezcla con el de oliva, en cuyo peligro no parecían parar mientras entones, se llegase a la paralización que hoy se padece en vísperas de una nueva cosecha, con las bodegas llenas, y con el natural temor de que todo ello se traduzca en un derrumamiento de los precios, tanto del aceite como de sus productos derivados.

Llegó la referida Conferencia Nacional, cuya composición, en la que figuraban, en minoría acentuada, los elementos productores directamente interesados, ya hizo presumir a esta entidad que su labor habría de resultar más en provecho del comercio, de la exportación y, especialmente, de la industria de fabricación de aceites de semillas, que de la producción del de oliva, y aunque a ella aportó su colaboración, llevando su tan conocido criterio, no quiso su representante crear dificultades ni oponerse a la corriente de armonía de intereses, más o menos real, en que aquélla se deslizó. A esto se debe que suscribiese el acuerdo de proponer al Gobierno la limitación a 40.000 toneladas de la importación de semillas oleaginosas, con cuya limitación en buenos principios no está conforme, pues en teniendo fijado una mercancía extranjera el derecho que en justicia le corresponda, no hay razón alguna para limitar su importación, mucho menos siendo base de una industria española, aunque claro es que el caso varía cuando el supuesto aquel no se cumpla.

Así las cosas, y ante la paralización de los mercados interior y exterior, tanto de aceites finos como de los procedentes de orujo y de los jabones, se advierte ahora, de modo más palmario, el estrago que están causando las mezclas del aceite de oliva con el de semillas y el aprovechamiento de los residuos de éste, y empieza la opinión productora a moverse, cristalizando el malestar en unas peticiones que fueron entregadas a V. E. en Sevilla. Acogidas por V. E. estas aspiraciones, fue convocada con toda urgencia la Comisión permanente del Consejo de la Economía Nacional para informar sobre un proyecto de Real decreto que las condensaba, y que, era, en cierto modo, reproducción de lo que en su día solicitaron la Cámara oficial Agrícola de Madrid y esta Asociación de Agricultores de España, a cuya petición se sumaron las Cámaras agrícolas de Jaén, Cáceres y Badajoz. En esa única reunión de la Comisión permanente se aprobó el informe sobre el Real decreto proyectado, interviniendo en su discusión la representación de esta Casa, según consta en el acta de la sesión y en el expediente, haciendo ver, entre otras cosas, la omisión en el proyecto de lo relativo a la elevación del derecho arancelario de las semillas oleaginosas, razonando su cuantía y pidiendo, vistas las conclusiones presentadas en Sevilla, que se cifrase en 10 pesetas.

El contenido del Real decreto de 17 de mayo, no sólo no es igual al que fué objeto del informe aludido, sino que de él se aparta en términos que revelan una completa mudanza, respondiendo, sin duda, a un criterio de gobierno, siempre respetable, y seguramente inspirado en altas razones de interés general, pero que no es coincidente ni con las aspiraciones de los productores ni tampoco con el parecer de aquel organismo consultivo. En un reciente escrito que a más de los productores suscriben los exportadores, los comerciantes del interior y los fabricantes de orujo y de jabón, se muestran unánimemente disconformes con la soberana disposición citada.

Ahora bien, excelentísimo señor: se ha dicho que no pueden ser elevados los derechos arancelarios de las semillas oleaginosas, fundándose en la intangibilidad del Arancel. Los derechos arancelarios se pueden elevar en cualquier momento por un decreto-ley, de igual manera que se pueden reducir, como así resulta de hecho, por decreto también con el trigo importado, y ha ocurrido antes de ahora con el maíz y los demás cereales. La única dificultad estribaría en que la partida objeto de la elevación estuviese consolidada por algún Tratado de comercio, y aunque por alguien se ha invocado, en este caso, el Tratado de Inglaterra, se ha invocado