El Progreso agrícola y pecuario (1925-02-28 00:00:00), página 17

Glosas a la Asamblea triguera.

No soy yo el llamado —por haber sido uno de sus redactores— a alabar las conclusiones aprobadas por la Asamblea triguera, razón por la cual he de limitarme a ser su glosador.

Lo que, en primer término, definió el espíritu de los reunidos, fué la renuncia expresa que hicieron del privilegio con que actualmente se pretende amparar la producción triguera, impidiendo en absoluto la importación de trigo extranjero mientras el nacional no exceda su cotización de 53 pesetas. ¿Hay alguna otra producción nacional que hallándose en el disfrute de un privilegio —aunque sólo sea en la Gaceta— renuncie espontáneamente a él? ¿A que no sale a la palestra ninguna que imite el digno proceder de la agricultura? Y conste que este privilegio, al que la agricultura renuncia, ni nunca lo pidió, ni en nada le favoreció, pues mientras estuvo vigente se cotizó el trigo en los mercados nacionales a un precio muy inferior al que resultaría de agregar al precio a que se cotiza el trigo extranjero el flete y la Aduana. ¡Hay también alguna industria que, disfrutando de los favores del Arancel, no venda sus productos a un precio igual!—por lo menos—al que resulta de agregar al coste del producto similar extranjero los gastos y Aduanas que habría de satisfacer para introducirse en España?

¿Qué por qué se renunció a este privilegio? Porque no se puede exigir nada en justicia sin vivir en justicia también, y ese privilegio era para la agricultura un balón, que le impedía alzar su voz y exponer sus agravios.

Por otro lado, ya hemos dicho que tal privilegio, deslumbrante en las páginas de la ley, para nada ha servido a la agricultura, ni podría nunca servirle, porque hubiera sido derogado en cuanto las cotizaciones mundiales hubieran permitido importar aquí el trigo exótico a un precio más bajo del que tuviera el indígena, y holga ba si la situación era la contraria—como ha sido y hasta ahora es—y el trigo español resultaba más barato que el traído de fuera, con el consiguiente gravamen del Arancel.

La segunda conclusión, es afirmación y amplificación de la primera: los agricultores—después de renunciar a todo privilegio—dicen a sus conciudadanos, dicen al consumidor, dicen al Gobierno, que no ven inconveniente alguno en que todo el que quiera importe trigo. Pero, claro es, que dejan a la iniciativa particular el cuidado de esas importaciones y el momento de hacerlas, repudiando la intervención del Estado en tales menesteres, ya que es notorio el desastre económico a que condujeron las últimas importaciones hechas por el Estado, y que costaron al Erario público, es decir, al bolsillo del agricultor contribuyente, una pérdida de 150 millones de pesetas.

Y evidente es que no ha llegado el momento para que tales importaciones tenga cuenta hacerlas a la iniciativa privada, ya que el trigo extranjero resultaría hoy, a bordo de puerto español, a 50 pesetas, que con 2 de descarga y 19 de Aduana, hacen 71 pesetas.

La tercera conclusión es una profesión de libertad de comercio, es una condenación del régimen de tasas e incautaciones, desacreditado ya en tiempo de Jovellanos, que lo anatomatizó, desacreditado hoy y desacreditado siempre. En todas partes donde esas intervenciones toman un carácter de relativa permanencia, su efecto es contraproducente, ya que hacen disminuir la producción, y aumentarla es lo que importa. Nuestro vecino Portugal, del que en este mismo número publicamos curiosos datos estadísticos, es una prueba clara de los males a que conduce la política intervencionista.

No faltan incultos labradores, almas sencillas, que creen en la eficacia de una «tasa mínima». Algun infeliz de éstos hubo en la Asamblea, y no faltó quien por ese cauz quisiera echar el agua; pero la rotunda oposición de todos a entrar por tal camino, hizo enmudecer a los flusos y a quienes sobre tal credulidad pensaran cimentar una solución imposible. Es evidente que las «tasas máximas» se pueden hacer cumplir por el Poder público, aunque sea en daño de la colectividad agrícola y aun de la colectividad nacional; pero, ¿quién sería capaz de garantizar en España una «tasa mínima»? Supongamos que mañana sale en la Gaceta una disposición que de un modo rotundo fija en 55 pesetas, durante diez años, el precio mínimo del trigo. ¿Qué valor tendrá esa «tasa mínima»? Nioguno; la necesidad no reconoce ley ni admite espera, y el labrador que necesite pasado mañana vender un vagón de trigo para atender necesidades de su negocio o de su familia, y no encuentra quien se lo pague a 55 pesetas, lo cederá a 50, aun diciendo que se lo pagaron a 55, y dará además las gracias a quien le sacó del apuro. Y si la necesidad es la quebrada de la «tasa mínima», ¿habrá alguien en el mundo más necesario que ese pequeño labrador, cuyo trigo se pretende defender con semejante efigio?

Eso aparte de que, en cuanto el precio en el extranjero descendiera lo suficiente del nivel actual, faltaría tiempo a la opinión para reclamar la derogación de la «tasa mínima», que, en resumen, nunca podrá actuar.

Y no se nos diga que el problema del crédito agrícola va a ser resuelto para que la necesidad de dinero en que el campo vive sea socorrida, porque ni el crédito agrícola vive camino de resolver ningún problema, ni aunque algún día lo resolviera, llegaría la solución a ese pelotín que constituye el nervio y la masa de la agricultura española.

La última conclusión no puede ser más razonable. De las 1.540 partidas del Arancel, 1.439 perjudican al agri-