El Progreso agrícola y pecuario (1925-05-15 00:00:00), página 8

DE CATASTRO

Hace un año ya que, ante las quejas de los agricultores contra el avance catastral, se ordenó la constitución de una Junta, integrada por representantes del Estado y de los propietarios, para estudiar los medios adecuados para acabar la magna obra del Catastro español en forma capaz de poner término a protestas justificadas. Constituida dicha Junta por elementos numerosos y heterogéneos, bien pronto aparecieron intereses encontrados y diversidad de criterios, originarios de bizantinas discusiones que han retardado el momento en que la Junta diése por terminado su trabajo, y ya, ¡por fin!, última lo éste, ha dado nacimiento a la reciente ley de Catastro parcelario, después de repetidas consultas. No dudamos del buen deseo de cuantas personalidades han intervenido en la preparación de la nueva ley; pero no podemos menos de volver los ojos a la ley de Catastro parcelario de 23 de marzo de 1906, y pensar que, acaso, la única reforma necesaria hubiera sido el estricto cumplimiento de esa ley, cuyas sabias disposiciones han sido derogadas subrepticiamente, desfiguradas o simplemente dejadas de cumplir. Todo lo más, hubiesen bastado ligeras modificaciones para ponerla de acuerdo con el momento actual.

Parece una paradoja la afirmación del no cumplimiento de una ley en cuyo nombre se ha hecho todo el trabajo del avance catastral; pero nada hay más cierto, y, para convencernos, basta copiar algunos párrafos de dicha ley. En sus artículos 1.º y 4.º dice lo que sigue:

• El Catastro parcelario en España tendrá por objeto la determinación y representación de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, con el fin de lograr que sirva eficazmente para todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas, con especialidad para el equitativo reparto del impuesto territorial y, en cuanto sea posible, para la movilización del valor de la propiedad.

• La formación del Catastro se efectuará en dos períodos de tiempo consecutivos. Comprenderá el primero los trabajos necesarios para realizar el avance catastral, que servirá de base al reparto equitativo de la contribución territorial. En el segundo período se atenderá a la conservación y rectificación progresiva del avance catastral, hasta la obtención del Catastro parcelario, objeto de esta ley.

Hemos subrayado las últimas palabras porque en ellas se indica bien claro el fin perseguido con la ley, y precisamente ahí reside el incumplimiento y el origen del fracaso. El Catastro había de producir efectos económicos, sociales y jurídicos, y especialmente habría de servir para el equitativo reparto de la contribución territorial. Para este último fin se empezaba con el trabajo de avance, y este avance se convertiría en Catastro parcelario, mediante progresiva y constante eliminación de errores. Así se llegaría al parcelario, escalonando los necesarios gastos que podrían soportarse por la Nación, mejor que atacando directamente el parcelario topográfico en todo su desarrollo.

Pues bien: la aplicación fiscal del Catastro, poco a poco fué convirtiéndose en su única finalidad, y todo el esfuerzo se orientó en ese sentido. El período de avance se miró como origen de aumentos tributarios, y la conservación quedó reducida a confeccionar padrones del impuesto territorial, no haciéndose nada para convertir el avance en parcelario, con lo cual se dejó a medio terminar la obra. ¿Causa? A nuestro modesto juicio, el daño arranca de haberse localizado el servicio catastral en la Subsecretaría de Hacienda, ya que a esta dependencia sólo interesaba el Catastro en su aplicación fiscal.

Y así se llegó a considerar como un triunfo la circunstancia de que, gracias a lo deficiente de nuestros amillaramientos, hechos en 1860, apareciesen aumentos cada vez mayores en la tributación, acabando por resultar lucrativa la obra catastral, en otros países altamente costosa. Así se ponían frente a frente, y se comparaban, las cifras representativas del gasto originado por el servicio y del aumento logrado en la tributación. No había miedo de que se descubriera ningún registro que diese alza notable y, en cambio, ¡con qué cuidado se aquilataban las bajas, en los raros casos en que era preciso reconocerlas!

¡Error lamentable! No se vio, no se quiso ver en el Catastro un trabajo estadístico, sino un estudio fiscal. No se pensó que el Catastro era la «fotografía económica» de la propiedad, sino el camino abierto al recaudador de contribuciones. Y así se dieron armas a los enemigos del Catastro, a los defraudadores, a los caciques, a cuantos temían que la reforma acabase con sus abusos, y así las injusticias cometidas crearon enemigos cargados de razón, y poco a poco se fueron concienciando odios contra un Cuerpo como el de Ingenieros agrónomos, creado para luchar por el constante progreso de nuestra agricultura, pero que, gracias al Catastro, fué objeto del aborrecimiento de nuestros agricultores.

Todo esto se hubiera evitado cumpliendo lealmente la ley de 1906 y considerando el efecto fiscal no como el fin del Catastro, sino como una de sus aplicaciones, la más importante si se quiere, pero no la única. Si en vez de enorgullecerse ante un registro que daba un alza considerable, se hubiese dado la importancia merecida a la calidad del trabajo y se hubiese puesto especial cuidado en esa transformación en parcelario del avance catastral, otra sería la situación de este asendereado servicio, cuyos funcionarios sólo han visto premiado su trabajo con recelos, molestias y censuras de todas clases.

No hay, pues, que olvidar en olvido jamás la gran importancia que tiene la conservación del Catastro, aún mayor que su confección, y a esta rama del servicio hay que atenderla como merece, único medio de que se pueda llegar a tener un parcelario verdad. Pero si, por el contrario, se da de lado a este aspecto de la obra catastral, el fracaso no se hará esperar, y se corre el riesgo de que un nuevo fracaso desanime al pueblo español, harto de ensayos y pruebas, y le haga renunciar a la