El Progreso agrícola y pecuario (1925-03-22 00:00:00), página 9

obligue a pasar por igual trance a los que, por fortuna, o por tener mejor y más equilibrada su explotación agrícola, pueden esperar a vender en otras épocas, aunque esto sea utilizando el crédito y adquiriendo obligaciones; sería imposible, por otra parte, que se pretendiera adquirir toda la cosecha de trigo en la recolección, entre otras razones, porque no hay oro bastante en las cajas del Banco de España para pagarle.

Tercero. Que es absolutamente falso que ni por la Asociación de Agricultores de España, ni por nadie, se haya proferido amenaza alguna de no sembrar trigo. Se ha indicado la posibilidad de que su cultivo disminuya por no encontrar en él el agricultor remuneración a su capital y a su trabajo. Lo que sí constituye una amenaza por parte de la entidad firmante es la de apuntar la posibilidad legal de que los propietarios agricultores sean sustituidos por otros que habrán de hacerlo ayudados por el Estado, lo que no ocurre con los primeros.

Cuarto. Que en cuanto a si estos movimientos son hijos de la realidad o de la ficción, esta Asociación está dispuesta a toda hora a someter su conducta y la posición que ha adoptado a un plebiscito de los agricultores pequeños y grandes, bien segura de que los verdaderos profesionales de la agricultura no habrían de rechazarla.

No queremos entrar en discusiones acerca de la realidad social y agrícola de ciertas entidades; pero si a ello se nos fuerza, lo haremos cumplidamente.

Perdona la inevitable extensión de esta carta, y anticipándole la expresión de nuestro reconocimiento, por si entendiera que en justicia debieran publicarla, se reiteran suyos atentos ss., q. e. s. m.—El secretario general, Jesús Cánovas del Castillo.—El presidente interino, marqués de Casa-Pacheco.

Caminos o veredas antiguos.

Institución de premios para los Ayuntamientos que más se distingan en su mejora o conservación.

Real decreto de 17 de febrero (Gaceta del 18.)

Artículo 1.º En el próximo Presupuesto se consignará una partida de un millón de pesetas, destinada a la adjudicación de premios a los Ayuntamientos que más se hayan distinguido en la mejora o conservación de los antiguos caminos o veredas dentro de su término municipal, incluyendo las obras de acceso, a cargo de los Ayuntamientos, y puentes económicos para facilitar el enlace de los pueblos o núcleos de población con las carreteras, caminos vecinales u otras vías de comunicación, ya sean del Estado, de las Diputaciones o de propiedad particular, siempre que sean de uso público.

Art. 2.º Por el ministerio de Fomento se distribuirá este crédito entre todas las provincias de España, excepto Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, de modo que las cantidades asignadas resulten directamente proporcionales al número de habitantes y a la extensión superficial, e inversamente proporcionales a las longitudes de carreteras o caminos vecinales, tanto del Estado como provinciales, construidas o en construcción, por kilómetro cuadrado, dentro de cada provincia. Para estos efectos las Islas Canarias se considerarán divididas en dos partes: grupo oriental y grupo occidental.

Art. 3.º Los premios se referirán a obras ejecutadas desde 1.º de abril de 1925 a igual día y mes de 1926.

Art.º 4.º Los premios se podrán conceder a las obras ejecutadas totalmente, y podrán alcanzar hasta el 30 por 100 de su importe, como máximo, si hay recursos dentro de la cantidad que haya correspondido a la provincia respectiva, y si no alcanzaran se prorratearán las cantidades disponibles proporcionalmente a la valoración de lo ejecutado.

Art. 5.º Se crea en cada provincia de la Península, excepto las cuatro aforadas citadas en el art. 2.º, una Junta presidida por el gobernador civil, de la cual formará parte un delegado de la Diputación provincial, el comisario regio de Fomento, el jefe de Obras públicas y los alcaldes de los Ayuntamientos cabezas de partido judicial, incluso el de la capital de la provincia. Actuará como secretario de este Junta, con voz y voto, el del Gobierno civil. Será misión de estas Juntas lo expresamente consignado en este Real decreto y en las disposiciones complementarias que se dicten y, además, cuanto tienda a fomentar y promover el perfeccionamiento y conservación de los antiguos caminos municipales, pudiendo proponer al Ministerio de Fomento cuantas medidas considere oportunas para la consecución de dicho fin y para la mejor inversión de los recursos que dedique el Estado a auxiliar estas obras.

En Baleares, la Junta se organizará análogamente a las de las provincias de la Península. En Canarias presidirá la del grupo oriental el delegado del Gobierno que reside en Las Palmas, y serán vocales el comisario regio, presidente del Consejo insular de Fomento de Las Palmas; los presidentes de los cabildos insulares del grupo y el ingeniero-jefe de Obras públicas de Las Palmas, ejerciendo el cargo de secretario el del Cabildo insular de Gran Canaria. Para el grupo occidental se compondrá la Junta: del gobernador civil, como presidente, con facultad de delegar; del comisario regio, presidente del Consejo provincial de Fomento de Santa Cruz de Tenerife; de los presidentes de los Cabildos insulares del grupo y el ingeniero-jefe de Obras públicas, ejerciendo el cargo de secretario el del Cabildo insular de Tenerife.

Art. 6.º La valoración y reconocimiento de las obras ejecutadas se llevará a cabo por el ingeniero que designe el jefe de Obras públicas.

Si estas valoraciones fueran informadas favorablemente por dicho ingeniero-jefe y aceptadas por unanimidad por la Junta, podrán ser aprobadas por el gobernador civil con carácter definitivo para los efectos de este Real decreto; si no existe unanimidad, serán remitidas, con los antecedentes necesarios, al Ministerio, para su aprobación. Los reconocimientos de obras públicas tendrán por objeto asegurarse de que el tránsito rodado pueda hacerse en buenas condiciones de seguridad y de comodidad, dentro de las condiciones a que debe satisfacer el camino; de que las obras ejecutadas constituyen un perfeccionamiento positivo para el pueblo o comarca a que se refieran, y de que el firme que se haya puesto esté en estado de resistir en buenas condiciones el tráfico probable en un período no inferior a dos años.