El Progreso agrícola y pecuario (1925-08-15 00:00:00), página 10

9) Proponer a la Dirección general de Agricultura, Minas y Montes el personal técnico y administrativo para el funcionamiento de la Junta Consultiva del Crédito Agrícola.

Art. 80. La Comisión ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez por semana, celebrando, además, las sesiones que sean necesarias para el inmediato despacho de los informes y trabajos a la misma encomendados, relativos a la propuesta de préstamos y garantía del capital e intereses del Crédito Agrícola.

Art. 81. La Comisión ejecutiva funcionará bajo la presidencia del presidente mencionado, y, en su defecto, del vocal en quien haya delegado, y con asistencia del secretario, que será el mismo que, como tal, actuará en la Junta Consultiva del Crédito Agrícola.

Art. 82. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, con asistencia de la mitad, más uno, de los miembros de la citada Comisión ejecutiva, y se registrarán en el libro de actas correspondiente, que habrán de ir autorizadas por el que presida la sesión y por el secretario.

Art. 83. Serán también facultades de la Comisión ejecutiva: presupuestar los gastos generales de administración, autorizar y ordenar la ejecución de todas las actuaciones que convenga llevar a cabo de entre las que le son atribuidas al Servicio Nacional de Crédito Agrícola, determinar el empleo del capital disponible, indicar la adopción de las medidas oportunas para proteger los valores y bienes del Servicio Nacional de Crédito Agrícola.

Art. 84. La retribución de los individuos de la Junta Consultiva del Crédito Agrícola y de su Comisión ejecutiva será la de las asistencias correspondientes a sesiones, que, con arreglo a lo que determina el art. 24 del reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924, será de 60 pesetas por sesión al presidente, y de 50 pesetas por sesión a cada vocal.

Art. 85. La Comisión ejecutiva podrá nombrar de entre sus miembros uno de ellos con carácter y título de vocal-delegado para determinados servicios.

Art. 86. El vocal-delegado tendrá la misión de ejecutar los acuerdos de la Comisión ejecutiva, autorizando los gastos generales; abrir y cerrar las cuentas corrientes y de crédito y efectuar todo lo que sea preciso para llevar a vías de hecho los acuerdos de la citada Comisión ejecutiva.

Art. 87. Aparte de lo que la Comisión ejecutiva crea necesario, funcionarán desde luego cuatro Secciones de oficinas:
Secretaría.
Asesoría jurídica.
Asesoría técnica; y
Contabilidad.

Art. 88. Un reglamento de régimen interior regulará el funcionamiento de la Comisión ejecutiva y de sus Secciones de oficinas.

Artículo transitorio.
Interino se realiza el ingreso de cantidades por cobro de los préstamos y se llega a la aprobación del primer balance, el Ministerio de Fomento proporcionará, en concepto de anticipo y con cargo al 1 y medio por 100 asignado a la Junta Consultiva del Crédito Agrícola para sus gastos, la cantidad que, según presupuesto formulado por la Comisión ejecutiva, se considere necesaria para el establecimiento y funcionamiento del Servicio Nacional de Crédito Agrícola.

Madrid, 1.º de julio de 1923.—Aprobado por S. M.—Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

NOTICIAS

La tutela forestal del Estado.—Es principio fundamental de nuestra legislación, desde que los Gobiernos empezaron a preocuparse seriamente de la defensa de la riqueza forestal, que el Estado ejerza una juiciosa tutela sobre los montes de los municipios, para asegurar su buena conservación. La acción del tiempo, que ahora más que nunca muestra impulsos renovadores, lejos de debilitar el convencimiento de la necesidad de esta tutela, la ha ido afirmando más y más, hasta extenderla a los predios de propiedad particular, como lo atestiguan la ley de Conservación de montes y Repoblación forestal de 24 de junio de 1908, la de Defensa de bosques de 21 de julio de 1918 y el Real decreto de 3 de diciembre último.

Informa también este principio la legislación extranjera, y cuenta así no sólo con el asentimiento nacional, sino con el de todos los pueblos cultos.

Esta tutela se funda principalmente en las beneficiosas influencias de los montes en el régimen de las aguas, la producción de las lluvias, la climatología y la salubridad, y tiene, por lo tanto, su plena justificación en aquellos que, por ejercerlas más eficazmente, han sido declarados de utilidad pública y comprendidos en la zona protectora, según la referida ley de 24 de junio de 1908, citada en el Estatuto municipal, cuyo reglamento dice textualmente en su art. 10:

«La zona forestal protectora quedará constituida de este modo:
»1.º Por los montes catalogados por el Ministerio de Fomento y sujetos al régimen especial por el mismo establecido.»

Afectan tan directamente dichas influencias al interés público, que el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlas, evitando la destrucción del arbolado en la zona forestal, cuyo suelo, por otra parte, es impropio para el cultivo agrario permanente, y si no continuase cubierto de monte, habría de quedar yermo, con grave daño para la economía nacional. Por una admirable armonía de la Naturaleza, los terrenos en que es necesario el bosque, por su beneficiosa influencia en la física del Globo, son precisamente aquellos en que no puede establecerse en buenas condiciones económicas la agricultura, anudándose así en ellos felizmente el económico y el social.

Estimamos por estas razones de la más alta conveniencia que el cumplimiento del Estatuto municipal se ajuste escrupulosamente al expresado principio, y hemos creído que debíamos hacerlo así constar en los actuales momentos, en que habrá que preparar normas para este cumplimiento.

Servidumbres pecuniarias: Cuestiones previas administrativas.—El propietario de una finca se opuso al paso de ganados, ejercitando ante el Juzgado la acción negatoria de servidumbre, por entender que su heredad estaba libre de esa carga.

El gobernador requirió de inhibición al Juzgado, fun-