El Progreso agrícola y pecuario (1924-07-15 00:00:00), página 9

to o Junta administrativa siempre que se ingrese el precio del terreno vendido, tasado éste por el perito de la Hacienda, o la diferencia entre tal precio y el que los compradores hubiesen abonado a la entidad vendedora, todo ello en la forma establecida en las dichas condiciones segunda y tercera antes aludidas.

Art. 26. Los compradores que se estimen perjudicados a causa de no haberse cumplido las dichas condiciones segunda y tercera del art. 23, podrán recurrir ante los Tribunales ordinarios para exigir de la Administración municipal la reparación de los perjuicios que ésta les hubiere ocasionado.

CAPÍTULO V
CESIÓN DE TERRENOS NO COMPRENDIDOS EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES

Art. 27. Los Ayuntamientos, y en su caso las Juntas administrativas, podrán acordar, con respecto a los terrenos que les sean propios y que no hayan de ser legitimados con arreglo a los artículos anteriores, su cesión a los vecinos cabezas de familia que lleven más de cuatro años de residencia en el término municipal respectivo y que no estén en posesión arbitraria de terrenos comprendidos en el art. 1.º, o no alcance la posesión legítimable una extensión de una hectárea.

La aludida cesión no podrá pasar de una hectárea o de la cantidad de terreno necesaria para completarla. Quedará sujeta a las mismas condiciones y excepciones para la adquisición y el pago señalados para las legitimaciones en los precedentes artículos, y tendrá que ser solicitada dentro del término improrrogable de un año, contado desde el día de la publicación de este reglamento.

Los Ayuntamientos, y en su caso las Juntas administrativas, adoptarán o no libremente el acuerdo de otorgar la cesión autorizada en este artículo; pero cuando su acuerdo sea afirmativo, tendrá que aplicarse en favor de todos y cada uno de los vecinos que, reuniendo las circunstancias mencionadas, lo soliciten.

Cuando la extensión de los terrenos libres y susceptibles de cesión no permitiera esta generalidad de beneficios, no podrán llevarse a efecto los acuerdos de los Ayuntamientos, sin perjuicio de las facultades atribuidas o que se atribuyan a aquellas Corporaciones respecto de las enajenaciones y permuts de los bienes municipales.

Art. 28. Las solicitudes para otorgar las cesiones a que se refiere este capítulo se dirigirán al Ministerio de Hacienda, para su resolución. En los expedientes que se instruyan constarán el informe del Consejo provincial de Fomento respectivo y la aprobación del Ministerio de la Gobernación.

Obtenida la resolución del Ministerio de Hacienda, se procederá a la tasación de los terrenos, que practicarán los peritos designados por la Dirección general de Propiedades e Impuestos, juntamente con el del Ayuntamiento, para que, en su caso, se verifique el ingreso en arcas del Tesoro del 20 por 100 que corresponde percibir a éste.

La entidad cedente será responsable del pago de los honorarios de peritos y gastos de tasación, en la cuantía fijada en el art. 12, sin perjuicio de reclamar su importe en la parte proporcional a los cesionarios de los terrenos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Transcurrido el día 3 de diciembre de 1924, los delegados de Hacienda cuidarán, bajo su responsabilidad, de que se giren visitas a los pueblos en cuyos términos existan roturaciones de las comprendidas en este reglamento, a fin de que las entidades propietarias de los terrenos respectivos se incauten de éstos y de los que, por no haber cumplido los legitimadores sus obligaciones, deban volver a su primitivo dueño, o entablen las correspondientes acciones reivindicatorias, velando los Ayuntamientos por la conservación de los bienes de propios y la integridad de los precios cuya posesión no haya sido legitimada.

Segunda. En todo lo que no se opongan a este reglamento, serán aplicables los preceptos de la instrucción de Ventas de 15 de septiembre de 1903.

Madrid, 1.º de febrero de 1924.—Aprobado por S.M.—El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

NOTICIAS

La minería española en 1922.—El Consejo de Minería acaba de publicar la estadística minera y metalúrgica correspondiente al año 1922.

Queremos hacer de ella unos ligeros comentarios en relación con la industria agrícola. Empecemos por decir que la producción minero-metalúrgica en el año 1922 se evalúa (sumando los valores del ramo de labores y del ramo de beneficio) en 751 millones de pesetas. Recordemos aquí que la Junta consultiva Agronómica ha evaluado hace muy poco en 462 millones de pesetas los abonos orgánicos que emplea la agricultura, es decir, los estiércoles de la ganadería y los residuos que aprovechan nuestros cultivos; recordemos que sólo la cosecha de trigo vale 1.750 millones de pesetas, para tener una idea de lo que es la agricultura española frente a cualquiera de las riquezas industriales o mineras... Y ahora reflexionemos si el Estado presta igual cuidado a unas y otras manifestaciones de actividad.

Ahora algunos datos que pueden interesarnos a la agricultura:

Se evalúan en 10 millones de pesetas, en bauxina, toda la antracita extraída; en 1.300.000 el azufre, en 6.492 toneladas y 173.000 pesetas la fosforita, en 35 millones de pesetas el mineral y pirita de hierro, en 137 millones la hulla y en 8 millones de pesetas el lignito. Y se estima, en pie de fábrica, en 648.000 pesetas los aceites pesados, en 20 millones el ácido sulfúrico, en 35 millones los aglomerados de carbón, en 6 millones el azufre, en 1.400.000 el benzol, en 149 millones los hierros y aceros elaborados, en 31 millones el cob, en 3 1/4 millones de kilos y 1.855.000 pesetas el sulfato amónico, en 6 millones de kilos y 7 1/4 millones de pesetas el sulfato de cobre y en 461.530.000 kilos y 63 millones de pesetas el superfosfato.

Los agricultores intervendrán en la Comisaría Algodonera.—Conforme habíamos solicitado, y por Real decreto de 10 del corriente, se ha dispuesto que la Junta y Comité ejecutivo de la Comisaría Algodonera del Estado, a que se refieren los artículos 1.º y 2.º del Real decreto de 1.º de junio de 1923, se amplíe en su constitución con un vocal representante de la Cámara oficial Agrícola de Sevilla, que le designará entre sus miembros a la brevedad posible.

Los fondos para damnificados se utilizarán en Pósitos.—Ha sido autorizada la Inspección general de Pósitos para hacer frente a los gastos propios de la misma, en la proporción a que no alcancen sus ingresos