El Progreso agrícola y pecuario (1924-11-07 00:00:00), página 8

sin la justificación de destino, dentro del plazo prudencial que establece la nota 37 del vigente Arancel.

2.º Que la justificación de uso agrícola deberá efectuarse en el plazo de dos años, a contar de la fecha del aforo, consistiendo ésta en una declaración jurada dando cuenta de quién es el comprador de la máquina, su residencia y finca u operación agrícola a que se destina; dicha declaración deberá estar suscrita en señal de conformidad, por el comprador, debiendo acompañarse a la declaración jurada la certificación del alcalde de la localidad a que alude la nota 37.

3.º Durante los cinco años siguientes, por lo menos, deberá presentarse por los compradores de las máquinas, la certificación del ingeniero agrónomo que determina la misma nota; dicho documento lo enviarán los compradores a la Aduana de importación por mediación del almacenista, siendo éste precisamente el que estará obligado a presentarle en la Aduana.

4.º A la importación de las máquinas, los almacenistas prestarán garantía a responder de la diferencia de derechos entre los que tiene asignados la maquinaria agrícola y los que, como tales máquinas, les correspondan; de dicha diferencia serán responsables los compradores, en primer lugar, y subsidiariamente los almacenistas vendedores, si en el plazo de justificación que establece la indicada nota, la máquina de que se trate se dedicase a otros fines que los agrícolas.

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En España es costumbre que, en materia de leyes, hay que estar a lo adjetivo y no a lo sustantivo. Esto ocurre con el Arancel para maquinaria agrícola, que, sustantivamente, ha querido conceder una cierta gracia, un cierto trato de favor para la maquinaria agrícola; pero luego las disposiciones adjetivas, y ellas se encargan de que la gracia y el favor desaparezcan.

Así, por ejemplo, se exige que, al importar motores para la agricultura, pague el importador los mayores derechos, como si de motores industriales se tratara, y ese mismo importador—generalmente una casa de maquinaria agrícola—se cuide de—en plazo perentorio—comunicar a qué labrador vendió el motor, y proporcionar un certificado del alcalde de la localidad que así lo reconozca, y durante la fructífera de cinco años, cinco certificados del ingeniero agrónomo de la provincia asegurando que el motor sigue empleado en faenas agrícolas.

Todo eso lo dice el Arancel en una nota, que desvirtúa lo que la correspondiente partida del mismo ha querido conceder. Y aun la nota, dice sólo que el importador se «comprometerá» a satisfacer los mayores aranceles si no cumple todas las triguilluetas que limitan su derecho; pero una disposición de orden interior, más adjetiva aún—y por lo tanto más contra lo sustantivo—, cambió lo de «comprometerse» por «pagar», y el importador ha de empezar por afrontar en la Aduana los derechos como maquinaria industrial y esperar cinco años—si tiene todos los requisitos que le garanticen, lo que no siempre es fácil—para que le devuelvan la diferencia con el Arancel de la maquinaria agrícola.

Total, que el importador tiene una de molestias y de gastos y de riesgos que el agricultor ha de pagar, y que hacen ilusorio el beneficio que sustantivamente quiso conceder el Arancel.

Como detalle diremos, que un tractor y hasta un motorarado, que sólo a usos agrícolas cabe dedicar, pagan como motores industriales, y sólo cuando, después de cinco años, se demuestre su empleo agrícola, es cuando el fisco devuelve lo cobrado de más. Eso si el tractor fue, además, vendido al agricultor en plazo breve y perentorio; que si tarda un poco en venderse, ya no hay quien le libre de ser considerado de por vida como motor industrial, aunque no haga otra cosa que levantar rastrojos.

Contra eso han reclamado—y con razón—los importadores de maquinaria agrícola, y algo les concede la Administración, aunque no todo lo que debió conceder para ser justa. Concede dos años para realizar la venta; pero exige al importador garantía del pago de los mayores derechos si no la realiza—y pudiera ocurrir, como ahora ocurre, que la garantía no fuera tal garantía, sino dinero—y quedan comprometidos los agricultores—y subsidiariamente las casas de maquinaria—a pagar la diferencia de derechos, si el motor que compraron para trillar se les ocurre dedicarlo a algo que la Administración crea que no es agrícola precisamente.

NOTICIAS

El alcohol de remolacha.—Por Real orden de 20 del mes pasado, se declara que no será de aplicación la prohibición establecida en el art. 6.º del Real decreto de l.º de septiembre último (y, en su consecuencia, se permitirá la fabricación de alcohol, directamente de la remolacha) a la fábrica propiedad de D. Carlos Lewin, de Pamplona (Navarra) y a la Sociedad Alcoholera Montblanquense, de Montblanc (Tarragona), por lo que se refiere a las cantidades de aquel producto, procedentes exclusivamente de la cosecha del año actual, cuya adquisición hubiese sido estipulada por las mismas en virtud de contratos celebrados directamente con los cultivadores, con quince días, por lo menos, de anterioridad a la publicación del mencionado Real decreto.

Producirán los mismos efectos que los contratos expresados, aquellos otros celebrados directamente con la misma antelación, por virtud de los cuales las indicadas fábricas hubiesen suministrado semillas o abonos o hecho anticipo de cualquiera clase a los cultivadores, con la obligación, por parte de éstos, de ceder toda o parte de la cosecha de remolacha por los mismos obtenida a las mencionadas fábricas.

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Asamblea de viticultores en Monóvar.—La Unión de Vincultores de Levante ha celebrado una Asamblea en el teatro Principal, de Monóvar.

En la Asamblea quedaron aprobadas las siguientes conclusiones:

Primera. Modificación del decreto del l.º de septiembre en el sentido de que se prohíba en absoluto el uso de alcoholos industriales y que se anulen las restricciones dictadas para el cultivo de la vid.

Segunda. Persecución del fraude de alcoholos y declaración de las cosechas, mediante la implantación en España de guías de circulación para el vino.

Tercera. Medidas de protección para el vino, derogando los impuestos que gravan su entrada en las poblaciones, estableciendo tarifas especiales de transportes y contratando Tratados ventajosos de comercio.