El Progreso agrícola y pecuario (1924-12-07 00:00:00), página 2

la totalidad de su fortuna en obras sociales que—aparte la satisfacción moral—sólo quebrantos pueden producirles. A mi juicio, llevar la totalidad del dinero que el Estado dé para el crédito por esos cauces, no puede menos de ser una injusticia para los no asociados y una obra de caciquismo.

Por ello, en mi voto particular propuse como sujetos del crédito a las Asociaciones agrícolas y a los agricultores, indistintamente, sin más limitación para estos que la garantía sea hipotecaria, y en otro caso, si es personal, que lleve la garantía de la entidad mercantil que vendió al préstamo el abono, la maquinaria o el ganado, y si es pignoraticia, la del almacén de depósito o el depositario solvente que responden de la prenda.

Pero el criterio de la mayoría se mantuvo inmovible, afirmando que el Instituto no debe prestar más que a Asociaciones agrícolas. Fué inútil que el autor de estos renglones hiciera notar la falta de lógica de que sólo a través de las Asociaciones se quisiera hacer el préstamo hipotecario y preandario, siendo así que la principal garantía de tales préstamos es la finca y la prenda, que de propiedad particular son.

En el voto particular mantuve el criterio de que el Instituto preste a las Asociaciones agrícolas y a los agricultores. A los primeros, sin limitación alguna. A los agricultores, con las siguientes condiciones:

a) Préstamos con garantía hipotecaria: Sin otra restricción que la de no exceder, en ningún caso, el préstamo del 65 por 100 de los bienes dados en hipoteca.

Los fondos para estos préstamos los obtendría el Instituto mediante la emisión de cédulas hipotecarias al portador, como lo hace el Banco Hipotecario.

b) Préstamos con garantía preandaria: Que la prenda, si es grano, quede depositada en una panera social o en un almacén de depósito, y, en otro caso, responda de su conservación en poder del prestatario una persona de garantía a satisfacción del Instituto.

Los fondos para estos préstamos los sacaría el Instituto: el 20 por 100—como mínimo—, de su propio capital, y el 80 por 100 restante, de los bonos del Tesoro que éste le entregara.

c) Préstamos con garantía personal: Habrían de hacerse, precisamente, para indudables fincas agrícolas, y se considerarían como tales: la compra de abonos, maquinaria y ganados. Los agricultores aceptarían letras (con vencimientos hasta a dos años) por el importe de estas compras, a la orden de las entidades vendedoras de los abonos, las máquinas o el ganado, y estas entidades descontarían los efectos en el Instituto, el cual, a su vez, podría redescuentarlos en el Banco de España. Y si al Instituto no le merecían bastante crédito para el descuento las firmas del agricultor y la entidad vendedora, podría exigir á ésta el previo endoso a la Banca privada.

Como queda dicho, los fondos para estos préstamos se obtendrían, en la medida necesaria, del redescuento de los efectos en el Banco de España, cuyos Estatutos se modificarían, al efecto de que el descuento del papel agrícola se hiciera a un plazo compatible con la lentitud del desarrollo de la producción agrícola.

d) Préstamos para otros fines, con garantía personal: Los préstamos para el pago de rentas, compra de simientes y piensos, pago de jornales, atrasos, para cubrir el déficit de una mala cosecha, etc., los haría el Pósito, o el Sindicato local que, para estos casos, cuya apreciación escapa a las facultades del Instituto, sería el intermediario obligado entre éste y el prestatario.

Los fondos para estos préstamos a las Asociaciones agrícolas los obtendría el Instituto: 20 por 100, de su propio capital, y 80 por 100, en bonos del Tesoro.

e) Préstamos para creación de regadíos y parcelación de grandes fundos: El Instituto los haría, naturalmente, con garantía territorial, es decir, con hipoteca de las fincas en el primer caso. y comprando él el fondo que fuera a parcelar (y para cuyas parcelas habría de tener, por adelantado, compradores y garantía) en el segundo. En los dos casos, emitiría cédulas hipotecarias, si bien en el segundo sólo por el 65 por 100 del valor de la finca, poniendo el resto del precio de compra de su propio capital.

Como se ve, en todos los casos, las garantías serían absolutamente satisfactorias. No se me ocurre qué inconveniente puede ofrecer este modo de operar, en el que el préstamo alcanza, tanto a las Asociaciones agrícolas, como a los particulares que tengan la necesaria solvencia. Pues, a pesar de ello, no conseguí vencer la obstinación de la Junta en punto tan esencial como era el de quienes hablan de ser objeto de préstamo para el Instituto.

Logré poner a mi lado elementos tan valiosos como la Banca privada y el representante del Ministerio del Trabajo, que mantuvieron la sana doctrina de que el Instituto prestará lo mismo a las Asociaciones que a los particulares, siempre que unos y otros le ofrecieran suficientes garantías, y sin más diferencia que una bonificación en el tipo de interés a favor de las entidades agrícolas; pero la Junta se mantuvo irreductible; según ella, el Instituto no debe prestar más que a las Asociaciones agrícolas.

Conque ya lo sabe el Sr. León Pérez: a peor de cuanto hice para impedirlo, los particulares no podrán ser objeto de crédito agrícola.

Y si bien es verdad que, ante la insistencia de mis compañeros de Junta, he accedido a formar parte de la Ponencia que ha de intentar el difícil empeño de «surcir» el anteproyecto aprobado por mayoría con las modificaciones que contiene la Real orden que, oficialmente, aprueba el anteproyecto, pero, en el fondo, hace otro nuevo—de más imposible realización aún que aquél—, ha sido sólo para intentar salvar lo que se pueda en este naufragio del crédito agrícola y ver si, buenamente, puede reunirse un puñado de pesebas para iniciar, sea como sea, tan necesaria obra social; pero sin pensar siquiera en poner a flote las ideas directrices que fueron baseamento de mi voto particular, que la Junta halló demasiado grandioso, prefiriendo el palacio—porque era más-