El Progreso agrícola y pecuario (1924-09-30 00:00:00), página 2

fertilidad acumulada en su misero suelo por varios años de descanso, y otras —cuando el terreno lo ha permitido— han incorporado al área agrícola lo restado a la forestal.

Y mientras así se pierde el tiempo y se malbarata el esfuerzo de la Nación, el Sindicato de Riegos del pantano de Guadalcazar, concluidas las obras y circulando el agua por sus canales, no puede utilizarla a causa de que las 12.000 hectáreas de la zona regable se hallan casi por completo en manos de la gran propiedad, que se declara incapaz y desprovista de medios para acometer la obra que representa la transformación del secano en regadío, y pide, en consecuencia, que «cuanto antes se instalen en la zona regable de 3 a 4.000 familias que allí podrían alimentarse»; y los mismos propietarios solicitan que se dé forma a «una honda transformación de la propiedad», que califican de la mayor importancia social y económica; y el Canal de Aragón y Cataluña, en el que tantos millones lleva el Estado gastados, y que debe regar 96.000 hectáreas, constituye un fracaso despilfarrador, y apenas acoge a 2 ó 3.000 almas, en vez de dar sustento a una población de 500.000

Por ese lado, cultivando zonas productivas y capaces de un cultivo intensivo y de mucha mano de obra, en vez de penascascales en que los colonos más parecen monjes del Cister o acogidos de un agüila que faulores de riqueza y hacedores de su propio bienestar, es por donde ha de buscarse a la colonización interior sus naturales horizontes: colonización por los particulares de sus propias fincas, con auxilio del Estado; o colonización del Estado mediante la previa compra de la finca, adquiriéndola bien por enajenación voluntaria del propietario, bien por expropiación forzosa cuando se trate de predios comprendidos en zonas regables a las que debe aplicarse el art. 197 de la sabia ley de Aguas de 1879.

Con esto, con corregir la excesiva prodigalidad con que se ha procedido en muchos casos y mercé a la cual, muchas veces sin trabajar, se han mantenido o se mantienen aún, los adjudicatarios de los lotes y sus familias; con convertir a la Junta central de Colonización y Repoblación interior en un verdadero Instituto de colonización y crédito, independiente y autónomo; con darle una organización puramente social, y pudieran decir comercial y técnica, con ausencia de todo carácter administrativo y burocrático; con autorizarle para que, el mismo, se buscase su personal sin consideración a categorías, ni a escalafones, ni a planillas, ni a ingeniería de Cuerpo alguno, tomando de cada cual lo que tenga de bueno —y los hay que poseen mucho—; retribuyendo este personal como se le remunera en las empresas particulares, desperdiciando y aprovechando sus iniciativas, se habrá hecho lo necesario para que la Junta de Colonización fuera en nuestros días digna continuadora de la historia de un país que el año 824 escribió en un latín bárbaro, en que ya se adivina el romance, la primera Carta-puebla de que el mundo tiene noticia: la Carta-puebla de Brannia Ossaria, esto es, de Brañosteria, en plena montaña cántabra, país todavía del oro a que atude su nombre, encabezando un cielo glorioso—hora de España—que tuvo adecuado remate en las pragmáticas de Felipe II para la repoblación de la Alpujarra, después del terrible alzamiento que fue episodio póstumo de la Reconquista.

He aquí ahora el decreto que estos comentarios nos sugiere:

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La Junta central de Colonización y Repoblación interior, a la que la ley de 30 de agosto de 1907 confió el desarrollo y realización de los preceptos por la misma estatuidos, ha venido efectuando desde su creación los trabajos de su peculiar competencia, estableciendo varias Colonias agrícolas que pueden citarse como modelos; pero tal vez por la falta de compenetración entre este organismo oficial y las agrupaciones o colectividades agrarias, su labor es poco conocida de las clases rurales que no han seguido el acertado camino señalado por la ley de Colonización.

Para evitar los inconvenientes de tal aislamiento, nada parece tan adecuado como la entrada en la misma Junta de las genuinas representaciones del país agricultor, y, a tal efecto, el presidente del Directorio militar que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 13 de septiembre de 1924.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Antonio Magaz y Pers.

REAL DECRETO

A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El organismo encargado de la ejecución de la ley de 30 de agosto de 1907 será la Junta central de Colonización y Repoblación interior, la cual tendrá todas las facultades y atribuciones que la citada ley y disposiciones posteriormente dictadas le confieren, y estará constituida por un presidente designado libremente por el Gobierno entre los agricultores que se hayan distinguido por su actuación social, creando Colonias por parcelamiento de su propiedad, y por los vocales natos, técnicos y electivos que determinan los artículos siguientes:

Art. 2.º Serán vocales natos de la Junta central el subsecretario de Trabajo, Comercio e Industria y el director general de Agricultura y Montes.

Art. 3.º Los vocales técnicos de la Junta serán seis, de los cuales dos serán designados por el Consejo Superior del Trabajo entre personas de reconocida competencia en cuestiones de colonización agrícola; dos serán ingenieros agrónomos, y otros dos ingenieros de Montes, designados por concurso en la forma establecida por el Real decreto de 1.º de febrero de 1924.

Art. 4.º Los vocales electivos, en número de cuatro, serán elegidos por las Asociaciones agrícolas y ganaderas legalmente constituidas; su mandato durará ocho años y serán renovados por mitad cada cuatro, y en la primera renovación el sorteo decidirá los vocales que hayan de cesar.

Art. 5.º Por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, y a propuesta de la Junta provisional de que habla el artículo siguiente, se dictarán las instrucciones