El Progreso agrícola y pecuario (1924-09-30 00:00:00), página 4

El proyecto de Crédito Agrícola.

Como ya anunciámos, el Gobierno ha devuelto a la Junta para el estudio del Crédito Agrícola el anteproyecto aprobado por la mayoría de ésta, introduciendo en él modificaciones de importancia.

A continuación publicamos la Real orden que aprueba y corrige el anteproyecto y manda a la Junta redactarlo, en vista de las Bases que han resultado aprobadas y de las alteraciones introducidas por el Directorio, el proyecto definitivo.

Son las principales modificaciones las siguientes:

1.ª Se reduce a 75 millones la aportación máxima del Estado, que se fijó por la Junta en 100 millones.

2.ª Se invita a las Asociaciones agrícolas a cubrir los 25 millones que faltan para los 100, mediante la suscripción de 100.000 pesetas, como mínimo, cada una.

3.ª Se fija el interés de los préstamos que haga el Instituto en 4 por 100, como máximo.

4.ª El interés que el Estado y las Asociaciones que aporten capital al Instituto, han de percibir por sus préstamos, se fija en el 2 1/4 por 100.

5.ª Para pagar los gastos de administración del Instituto y cubrir toda clase de riesgos y quebrantos, se deja al Instituto como máximo, el 1 1/4 del capital dedicado a préstamos.

6.ª En caso de haber beneficios, después de pagado el 2 1/4 al capital y el 1 1/4 al Instituto—para gastos y riesgos—, se repartirá en la forma que se indica. Pero nada se dice de lo que habrá de hacerse en el caso de haber pérdidas, que son de presumir.

7.ª El Instituto estará regido por un Consejo, nombrado por el Gobierno y por las entidades agrícolas accionistas, caso de haberlas.

8.ª La Junta propondrá las reformas catastrales, hipotecarias y de procedimiento civil que fuese necesario para favorecer la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad.

La Real orden reconoce que el anteproyecto aprobado por la mayoría de la Junta no se ajusta a las normas que le señaló el decreto de su convocatoria.

Respecto a los votos particulares formulados por el señor Burgalea, representante del Ministerio del Trabajo y por D. Antres Garrido, representante de las Cámaras agrícolas, se califican de laudables sus orientaciones, pero se declara que no encajan en la letra y el espíritu del Real decreto de 29 de octubre de 1923, «por tender, más que a los fines del verdadero Crédito Agrícola, al auxilio del pequeño y mediano labrador, a los del crédito territorial, que es más amplio y atendido de hecho ya en nuestra organización bancaria».

A los que hayan tenido la paciencia de seguir en estas columnas la exposición de nuestras ideas en materia de crédito agrícola, no necesitamos reiterarles nuestra opinión; por otra parte, en las actuales circunstancias tampoco podríamos emitirla, hoy que ha cristalizado en una obra de gobierno, con la libertad con que la emitimos mientras fue materia de discusión en el seno de la Junta.

Una cosa nos satisface y es que el desechar el voto particular de nuestro director Sr. Garrido, se haga por estar orientado hacia el auxilio al pequeño y mediano labrador. Y en cuanto a que nuestra organización bancaria tenga atendido de hecho el crédito territorial, nos remitimos a lo manifestado en el voto particular del Sr. Garrido, en el que se demuestra que, siendo el valor del solar español superior a 30.000 millones de pesetas, apenas si llegan a 130 millones de pesetas, los que el Banco Hipotecario tiene dados sobre tan excelente base de crédito. ¡Y no será por falta de aspirantes a prestatarios!

Para terminar; nosotros creemos necesario que, antes de que la Junta emita su dictamen y entregue el proyecto definitivo, será menester solicitar del Gobierno aclaraciones a la Real orden que comentámos, ya que si el Erario público no acude en socorro de la institución en ciernes, no será posible que esta cubra todos sus gastos y los riesgos y quebrantos de los préstamos con el 1 1/4 por 100 que como margen se le señala, ni el capital de las Asociaciones puede contribuir a la obra, ya que ni éstas tienen (salvo contadas excepciones) 100.000 pesetas disponibles, ni puede convertirse prestatarias al 8 1/4 por 100 de interés; interés que, a pesar de ser bajo, no se les asegura, ni siquiera la integridad del capital que al Instituto pudieran entregar.

REAL ORDEN

Visto el anteproyecto de bases formulado por la mayoría de la Junta para el estudio del Crédito Agrícola, nombrada y constituida por Real decreto de 29 de octubre de 1923;

Resultando que el anteproyecto, que consta de ocho bases, define y puntualiza el organismo que ha de ejercer la correspondiente función administrativa, los fines de la Institución y los límites de la responsabilidad del Estado en relación con ellas, la procedencia del capital fundacional, las características de los préstamos, forma, garantías, plazos y privilegios; la procedencia, organización del personal que ha de organizar el Crédito Agrícola, y, por fin, la dependencia que del Instituto del Crédito Agrícola ha de tener la tradicional institución de los Pósitos;

Resultando que en el anteproyecto se insinúa la conveniencia de introducir determinadas modificaciones en la legislación hipotecaria, en la catastral y en la civil para facilitar el acceso al Registro de la Propiedad a gran número de fincas que en la actualidad está ausente de él;

Resultando que contra el dictamen de la mayoría de la Junta, los representantes del Ministerio de Trabajo y las Cámaras Agrícolas formularon votos particulares;

Considerando que si bien el dictamen de la mayoría de la Junta no se ajusta estrictamente a las normas señaladas en el art. 7.º del referido Real decreto, tuvo ésta libertad para separarse de las expresadas normas, haciendo uso de la autorización que para ello le concede el art. 8.º;

Considerando que, además de ser efectiva la cantidad de 100 millones de pesetas que para la implantación por primera vez del Crédito Agrícola en España se propone en el anteproyecto, no debe ser solamente el Estado el que en calidad de préstamo con interés aporte dicho ca-