El Progreso agrícola y pecuario (1925-01-15 00:00:00), página 12

lo que le conste sobre la existencia de la enfermedad y si cree precisa la licencia que se pide.

Cuando se estime necesario o conveniente, este jefe o el del departamento podrán ordenar la comprobación de la enfermedad por nuevo reconocimiento de dos médicos, siendo entonces satisfechos los gastos por el fondo de material del departamento, sin que pueda exceder el importe de 10 pesetas por médico.

Cuando la enfermedad no se compruebe, es el interesado el que lo debe abonar.

Cuarto. Las prórrogas de plazos posesorios por enfermedad deberán justificarse en la misma forma anterior.

La primera prórroga se considerará como primer mes de licencia por enfermo, y la segunda como segundo mes, pero no cobrando sueldo, como el art. 20 del reglamento establece, si bien, una vez incorporado el funcionario a su destino, podrá concedérsele un tercero y último mes de licencia por enfermo, con medio sueldo, con lo cual quedarán igualados todos los funcionarios en derechos, ventajas y obligaciones.

Quinto. Si al terminar la máxima prórroga de licencia por enfermo, el funcionario no se reintegre a su servicio, aun continuando la enfermedad, se le declarará excedente voluntario o pasará a la situación de supernumerario, según los casos, a no ser que tuviera derechos y le conviniera más la jubilación por imposibilidad física.

Sexto. No se concederá licencia por enfermo ni prórroga de plazo posesorio por enfermedad si no ha transcurrido un año después del disfrute de la anterior.

Séptimo. Las licencias por enfermo y las prórrogas de plazo posesorio por esta misma causa habrán de disfrutarse en el punto de destino, o en el que se acaba de cesar, o bien en el que expresamente determine la concesión.

Octavo. Cuando un funcionario no se presente en la oficina, alegando estar enfermo, deberá remitir su baja simultáneamente. El tiempo máximo de baja será de ocho días, al cabo del cual será precisa la petición de licencia por enfermo, que, al concederse, se hará con fecha del día en que se produjo la instancia. El jefe del Centro o dependencia o el del Ministerio podrá y deberán comprobar la baja por enfermo en la forma que consideren conveniente.>

Asociaciones.

Real orden circular de 19 de diciembre (Gaceta del 20).

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cuando las Asociaciones, Agrupaciones o representantes de funcionarios, a que se refiere la base 10 de la ley de 22 de julio de 1918, introduzcan alguna modificación en sus estatutos, reglamentos o contratos sociales, cumplan los mismos preceptos que cuando se trata de la formación de Sociedades de la mencionada índole, a cuyo fin acompañarán a los documentos señalados en el art. 4.º de la ley de 30 de junio de 1887 una instancia dirigida al ministro de la Gobernación, la cual será tramitada en forma análoga a lo que se dispone en el capítulo VI del reglamento de 7 de septiembre de 1918 para la aplicación de la ley de 22 de julio del mismo año para las instancias en solicitud de formar un organismo de los mencionados.

Agregaciones.

Real orden de 20 de diciembre (Gaceta del 21).

Al encargarse el Directorio militar del Gobierno de la nación, las agregaciones de personal de un Ministerio a otro y de provincias a la Administración central, o viceversa, eran cosa corriente y un medio hábil de hacer que los funcionarios no estuvieran en sus destinos, sino que siguieran cobrando sus sueldos para asistir o no a los Centros a los que se les agregaba, con lo cual el servicio se resentía y el personal que conseguía la agregación se encontraba, no donde correspondía y donde el Estado lo necesitaba, sino donde a él le era conveniente.

El corregir tal estado de cosas fue una de las primeras preocupaciones del Directorio militar y de su presidente, como lo revela la Real orden de 17 de septiembre de 1923 (Gaceta del 18), primera que dio y de la cual es aclaración la de 20 de octubre siguiente.

Las agregaciones, suprimidas entonces de modo tan radical, siguen ahora solicitándose con gran frecuencia, alegando diversos y variados motivos, con lo cual se va desvirtuando aquella acción primera, esencialmente purificadora, del Directorio militar.

Para que esta vuelva a sus primitivos cauces en este arunto de las agregaciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:

1.º Se acuerda el exacto cumplimiento del art. 6.º de la Real orden de 20 de octubre de 1923 (Gaceta del 21), y en su virtud, no se concederán en lo sucesivo y cesarán al día siguiente de la publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid las agregaciones existentes de un Ministerio a otro, de provincias a la Administración central y de ésta a provincias, hechas sin autorización del Directorio militar.

Se considerarán como agregación, a los efectos de esta Real orden, cualquiera otra forma de destino que origine el que un funcionario deje su plaza y destino de plantilla para servir otro distinto.

2.º Los Ministerios remitirán, en un plazo de ocho días, a esta Presidencia relación de las agregaciones concedidas por el Directorio a funcionarios de su departamento. En ella se indicará la fecha de la Real orden de la concesión.

3.º Cuando inexcusables conveniencias del servicio requieran la agregación de un funcionario, el Centro interesado elevará moción razonada al presidente del Directorio, siendo condición precisa que antes de resolver esa moción se ofga a los jefes del Servicio y del departamento ministerial de que el funcionario dependa. Las peticiones ministeriales pasarán a un vocal potente, siempre el mismo, para que haya unidad de criterio, y la resolución se acordará por el Directorio.

4.º En términos generales, y para que sirva de norma en lo sucesivo a la petición de agregaciones, los Ministerios tendrán en cuenta que no se concederá la agregación de funcionarios a Centros que se encuentren fuera de la residencia donde tengan su destino de plantilla y a aquellos otros que por razón de su organización tengan ya su personal propio fijado en una plantilla determinada.

No se otorgará, aun dentro de la misma localidad, la agregación de un Centro a otro de distinto Ministerio, cuando teniendo tales Centros plantilla propia y determinada no haya exceso de personal en el Cuerpo o servicio del funcionario y en la plantilla asignada al Centro o dependencia donde sirve, pues el servicio peculiar del propio Ministerio no debe resentirse por favorecer el de otro departamento ministerial, el cual debe tener plantilla propia y adecuada a la función que desarrolla y valerse de sus propios medios.

5.º No se concederá agregación de funcionarios del Estado a Centros u organismos cuyos funcionarios no sean públicos, nombrados y pagados por el Estado, y aquellos otros cuyo sustento no corra íntegramente a cargo de él o no dependan directamente de la Presidencia o de los jefes ministeriales.

6.º El Consejo de Economía Nacional presentará con la mayor urgencia a esta Presidencia la plantilla del personal que considere necesario, plantilla que no podrá ser aumentada sino por modificación orgánica y por muy imprescindible necesidad, surgida después de fijada la plantilla, necesidad que habrá de justificarse plenamente.