El Progreso agrícola y pecuario (1924-12-22 00:00:00), página 7

outible derecho que éstos tienen a aprovechar los productos que racionadamente les pueda proporcionar.

Ciertamente que con las prescripciones del presente Real decreto no puede considerarse resuelto desde hoy para siempre el problema; pero el Gobierno no puede olvidar que no es fácil transformar bruscamente los hábitos de un país, pasando de una completa libertad a una rigurosa restricción, y que no conviene al prestigio del Poder público imponer otras obligaciones que aquellas que puedan hacerse cumplir con facilidad. Prohibiciones concretas y reducidas a su expresión más sencilla, con la obligación de denunciar a los que las infrinjan, impuesta a las autoridades locales que necesariamente han de conocerlas por la publicidad que tienen siempre en todo término municipal los trabajos de corta y extracción de los productos forestales, pueden resultar más eficaces que una obra completa que requeriría un personal de vigilancia de que se carece y una intensidad administrativa incompatible con los elementos de que disponen los distritos forestales.

Estas concretas y reducidas prohibiciones, exigidas por la imposibilidad de que la Administración reconozca en todos los casos los predios de propiedad particular para determinar las cortas que en ellos puedan hacerse, ha de tener una excepción para los que están sujetos al régimen de ordenación, que son los únicos en que sus dueños tienen garantía de que los aprovechamientos se ajustan a la renta en especie.

De todos modos se facilita a los dueños de montes, para la mejor defensa de sus intereses, el medio de que cuando estimen que las reglas fijadas no les permiten usar la verdadera renta del monte, acudan a la Administración para que, previo un estudio de cada uno de estos casos, puedan autorizar la corta de mayor número de árboles.

Espera el presidente que suscribe que el presente Real decreto dará satisfacción al noble anhelo de la opinión pública de que se impida la destrucción del arbolado en España y que su eficaz cumplimiento irá preparando favorable acogida a otras disposiciones que aseguren más adelante, no sólo la buena conservación de la propiedad forestal privada, sino también su completa repoblación.

Fundado en las precedentes consideraciones, el presidente interino del Directorio militar, de acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 3 de diciembre de 1924.—Sígnos: A L. R. P. de V. M., Antonio Magaz y Pers.

REAL DECRETO

A propuesta del presidente interino del Directorio militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Quedan prohibidas las cortas a hecho en los montes, sotos y alamedas de propiedad particular, poblados de árboles conocidos con los nombres vulgares de abeto o pinabete, pinsapo, pinos, encinos, sabinas, tejo, chopos, álamos, áliso, abedul, robles, rebollo, quejigo, enona, haya, castaño, nogal, olmo, fresnos, eucaliptos, sauces, arces y tilos. En estos montes, sotos y alamedas sólo podrán hacerse los aprovechamientos por entresaca, apesando como máximo de cada cinco árboles uno y sin que pueda efectuarse nueva corta hasta después de transcurridos diez años de la anterior en los cubiertos de abeto o pinabete, pinsapo, pinos, encinos, sabinas, tejo, robles, rebollo, quejigo, encina, haya, castaño, nogal, olmo, fresnos, arces y tilos, quedando reducido este plazo a cinco años para los poblados de las restantes especies.

Estas normas no regirán en los montes cuyos aprovechamientos estén sujetos a régimen de ordenación, en los cuales las cortas se ajustarán a la posibilidad o renta maderable señalada y se harán con arreglo al plan de cortas establecido en el proyecto.

Art. 2.º En los casos en que los particulares dueños de montes estimen que las normas fijadas anteriormente no les permiten utilizar la verdadera renta del predio, podrán acudir al gobernador civil de la provincia, aportando los datos que así lo demuestren y precisando la ampliación que deseen dar a las cortas. El gobernador civil, oyendo previamente al ingeniero-jefe del distrito forestal, resolverá estas peticiones, y cuando los datos aportados permitan suponer que está bien justificada la ampliación, podrá acordar que se pratique un reconocimiento sobre el terreno para el mejor acierto de su resolución.

Los gastos de reconocimiento serán de cuenta de la Administración, salvo los casos en que se comprobase que los datos suministrados por los particulares eran notoriamente equivocados, en los cuales tendrán obligación de abonar estos gastos.

Art. 3.º La corta de árboles de las especies alcornoque, olivo, algarrobo, avellano y almendro quedará reducida a los de manifiesto envejecimiento y las limpias y podas de estas especies podrán continuar realizándose libremente con arreglo a las prácticas culturales seguidas en cada localidad.

Art. 4.º En los montes bajos poblados de las especies conocidas con los nombres vulgares de robles, rebollo, quejigo, encina, coscoja, haya, castaño, eucaliptos, sauces, mimbreras, bardagueras, avellano, taray, regaliz, esparto, aulaga y palmito, quedan prohibidos el descuje y arranque de las cepas, pudiendo hacerse sólo los aprovechamientos por roza.

Art. 5.º Se exceptúan de las prescripciones de los artículos anteriores los casos en que se estime de notoria conveniencia económica la transformación permanente del cultivo forestal en agrícola, siempre que el propietario se obligue por escrito a llevarla a cabo en un plazo proporcionado al trabajo que requiera.

También se exceptúan los aprovechamientos de los árboles de ribera que vengan efectuándose por cortas a hecho seguidas de la inmediata replantación, siempre que el dueño se comprometa por escrito a efectuarla dentro del plazo máximo de un año después de ultimado el aprovechamiento.

Igualmente se exceptúan los casos en que los montes estén atacados de enfermedades paresearias, en los que podrá autorizarse la corta a hecho y hasta el arranque de los tocónes.

Art. 6.º Para las excepciones a que se refiere el artículo anterior será necesaria autorización de los Gobiernos civiles, previa instrucción de un expediente que se encabezará con la instancia del peticionario y al que se unirá el dictamen de la Jefatura del distrito forestal