El Progreso agrícola y pecuario (1924-02-22 00:00:00), página 11

coste del primero no sería remuneratorio para el Estado.

—Por Resolución de Fomento se desestiman las peticiones de importación de ganado de pradera de Francia, Holanda y Suiza, manteniendo la prohibición establecida con motivo de la epidemia de glosostata, y concediendo, para importar ganado de Marruecos por las Aduanas que se indican, las autorizaciones que se señalan.

Miércoles 29.—Por Real decreto de la Presidencia del Directorio militar se autoriza al Ministerio de Hacienda para suprimir el impuesto de Consumos, a partir de 1.º de abril próximo, en los Municipios donde tal supresión no correspondía hasta 1.º de abril de 1925, y para aplazar, hasta 1.º de abril de 1925, la supresión del referido impuesto en los Municipios donde tal supresión debiera hacerse en 1.º de abril del año actual.

—Por otro Real decreto del mismo departamento se autoriza al Ministerio de la Gobernación para contratar, mediante concurso y para atender a la lucha contra el paludismo, la adquisición de los preparados de quinina que se indican.

PERSONAL AGRONOMICO

Honorarios de los peritos en los expedientes de expropiación.—Ha sido aprobada la siguiente instrucción sobre los honorarios que deben percibir los peritos en los expedientes de expropiación:

«Artículo 1.º En los expedientes de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, los peritos que intervengan devengarán por sus trabajos, en cuanto no fueren de cuenta de los propietarios, los honorarios que procedan con sujeción a los tipos que se señalan en los artículos siguientes, además de los gastos de movimiento, que se abonarán con arreglo a lo dispuesto para el personal técnico de la Dirección general de Obras públicas.

Art. 2.º Durante el segundo período que marca la ley de Expropiación vigente, los peritos de la Administración percibirán derechos, que se regularán por la tarifa siguiente:

Primer caso.—Expropiación de fincas rústicas para caminos, canales y obras, en general, de gran desarrollo en una dirección, 200 pesetas por hectárea que haya de ocuparse, cuando por término medio el número de fincas por hectárea no exceda de cinco.
Pesetas 225, cuando el mínimo no exceda de 20.
Pesetas 230, cuando el mínimo no exceda de 50.
Pesetas 275, cuando el mínimo no exceda de 100.
Pesetas 300, cuando el mínimo no exceda de 150.
Pesetas 325, cuando el mínimo exceda de 150.

Segundo caso.—Expropiaciones de fincas rústicas para pantanos, desecación de lagunas, saneamientos de terrenos y, en general, obras de condiciones análogas.
a) Superficie que se ha de ocupar, menor de 10 hectáreas:
Pesetas 50 por hectárea, si el número de fincas por hectárea no excede de cinco.
Pesetas 55 por hectárea, si dicho número no excede de 20.
Pesetas 60 por hectárea, si dicho número no excede de 50.
Pesetas 65 por hectárea, si dicho número excede de 50.
b) Para la superficie que exceda de 10 hectáreas, sin llegar en el total a 50, los cuatro tipos anteriores se reducirán a 40, 44, 48 y 52 pesetas.
c) Para la superficie que exceda de 50 hectáreas, sin llegar en el total a 100, los cuatro tipos se reducirán a 30, 33, 36 y 40 pesetas.
d) Para la superficie que exceda de 100 hectáreas, sin llegar en el total a 250, los cuatro tipos se reducirán a 25, 28, 31 y 34 pesetas.
e) Para la superficie que en el total exceda de 250 hectáreas, los cuatro tipos serán de 20, 22, 24 y 26 pesetas.

Tercer caso.—Expropiaciones de fincas urbanas y construcciones diversas:
a) Elificación propia para vivienda, taller o que se pueda asimilar.
Tres pesetas por metro cuadrado de primera planta y una peseta por cada uno de los demás que existan y sean habitables.
Pesetas 0,50 por metro cuadrado de solar, corredores y construcciones anexas.
Dentro de zona urbanizada, en poblaciones de importancia y para edificios de buena construcción, esos tipos se duplicarán.

Art. 3.º De los honorarios calculados con arreglo a los tipos que en el artículo anterior se señalan, se entenderá que el 60 por 100 corresponde a las mediciones y recogida de datos de todas clases, y el 40 por 100 a la preparación y redacción de los documentos que se requieren en el segundo plazo establecido por la ley vigente de Expropiación forzosa.

Art. 4.º Por la preparación y redacción de los documentos relativos al tercer período de la ley, el perito de la Administración percibirá el 25 por 100 del importe de los devengos que correspondieran al segundo período.

Art. 5.º Los peritos de los propietarios habrán de presentar cuenta justificativa de sus honorarios por su intervención correspondiente al segundo período, que en ningún caso podrá exceder de lo que por iguales conceptos devengaron los peritos de la Administración.

Igual regla se observará para el abono de honorarios a los peritos terceros.

Art. 6.º Al iniciarse un expediente de expropiación, el técnico jefe encargado del servicio deberá redactar un presupuesto de los gastos que la instrucción de este expediente ha de ocasionar a la Administración.

En este presupuesto se incluirán las partidas necesarias para pago de jornales y materiales y copias de documentos, además de las dietas de los funcionarios que intervengan y los honorarios de los peritos. Todos los gastos se formalizarán en una cuenta especial, con arreglo a los preceptos de la ley de Contabilidad, y tanto los honorarios de los peritos, como los gastos de copia de los documentos que presenten, no se hallarán abonados en tanto que el expediente no sea aprobado.

Art. 7.º La aceptación del cargo de perito envuelve también la de las tarifas y condiciones que se consignan en esta instrucción. Advertiendo que, si el perito que termina la intervención en un expediente no hubiera realizado operaciones anteriores, habrá de ceder, a favor de los que le hayan precedido, la participación en los honorarios que determine el jefe del servicio encargado de las obras.

Art. 8.º Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la estricta aplicación de cuanto precede.

Solo el Estado puede expedir títulos profesionales.—La Sociedad Central de Arquitectos formuló una denuncia con relación a la presentada por los arquitectos de Vizcaya, manifestando que en Guernica había fijado su residencia un titulado arquitecto, que afirmaba tener derecho a ostentar dicho título p-r haber sido expedido por la Institución Cervera, de Valencia (Institución que también ha expedido y expide títulos de ingeniero agrícola).

Considerando que la facultad de expedir títulos profesionales sólo al Estado le está atribuida, pues bien claramente lo determina el párrafo cuarto del art. 243 de la vigente ley de Instrucción pública; existiendo, además, diferentes disposiciones, todas encaminadas a prohibir la expedición de títulos y certificaciones de aptitud a los Centros no oficiales, por no estar facultados para ello, y entre éstas la Real orden de 31 de agosto de 1916 (Gaceta del 7 de septiembre), dictada para un caso análogo, y visto el informe emitido por el Rectorado de la Universidad de Valencia, por Real orden de 7 del corriente, se ha dispuesto que por el señor rector de la Universidad de Valencia se prohíba a la mencionada Institución Cervera que expida títulos, diplomas y certificados de aptitud, aunque no tenga trascendencia de ninguna clase en el campo de la competencia oficial ni profesional.