El Progreso agrícola y pecuario (1923-12-22 00:00:00), página 4

designado por cada uno de los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Trabajo; un representante de la Asociación de Agricultores de España, otro de la Asociación general de Ganaderos del Reino, otro del Consejo Superior de las Cámaras de Industria y Comercio, un representante de las Cooperativas de consumo designado por el Ministerio del Trabajo y otro elegido por las Asociaciones obreras que el representante del Ministerio del Trabajo designe.

Actuará de secretario, con voz y sin voto, el funcionario que la presidencia determine.

b) En las capitales de provincia, y dependiendo directamente de la Central, una Junta provincial de Abastos, presidida por el gobernador civil respectivo, siendo vocales de ella el presidente de la Audiencia, el delegado de Hacienda, el alcalde de la capital, que intervendrá con voz y voto en los asuntos que afecten a su municipio; el ingeniero jefe de la Sección Agronómica, el inspector de Higiene y Sanidad pecuaria, el inspector del Trabajo y un representante designado por cada una de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Agrícolas, otro, designado por el gobernador, en representación de las Cooperativas de consumo y otro en representación de las Asociaciones obreras.

Será secretario de estas Juntas provinciales el funcionario designado por la Presidencia.

c) En las islas de Menorca e Ibiza y en las del archipiélago canario en que exista Cabildo insular se constituirán, bajo la presidencia de un delegado del Gobierno, Juntas insulares, de las que serán vocales el alcalde de la capital, el juez de primera instancia, el administrador o depositario de Hacienda y representantes de las entidades oficiales agrícolas y de comercio e industria que existan en su demarcación, siendo secretario el funcionario que la Presidencia designe.

Art. 3.º Tanto la Junta central como las provinciales e insulares, elegirán de su seno una Comisión permanente, presidida por el de la respectiva Junta, asistido de dos vocales; las Comisiones permanentes ejercerán, por delegación, todas las funciones que se asignen a la Junta correspondiente, a la cual darán cuenta de las medidas que adopten.

Las Comisiones permanentes serán las encargadas de ejecutar los acuerdos, órdenes e instrucciones que al efecto se dicten.

Para el trámite de los asuntos y servicios de estadística y oficina, se asignará a cada Junta el personal necesario, sin que tales nombramientos supongan aumento de plantilla.

Este personal se determinará en el reglamento que dictará la Junta central.

Los gastos de material de oficina estarán a cargo del Ministerio de la Gobernación en lo que se refiere a la Junta central, de los Gobiernos civiles en lo concerniente a las Juntas provinciales y de los Ayuntamientos en los que motiven las Juntas insulares.

Art. 4.º Serán de la competencia de la Junta central de Abastos:

Los acuerdos relativos a la regulación de precios, la fiscalización, restricción y limitación de la circulación y la intervención a que se refieren los apartados a), b) y c) del art. 1.º

Las propuestas de incautaciones y modificaciones arancelarias de que hablan los apartados d) y e) del mismo artículo.

Tanto para acordar la intervención como para la incautación a que se refieren los apartados c) y d), serán previamente oídos los interesados a quienes tales acuerdos hayan de afectar.

La facultad de delegar en las Juntas provinciales e insulares las atribuciones que, siéndole propias, juzgue de conveniencia o necesidad conceder a las expresadas Juntas.

Estas delegaciones se referirán siempre a puntos concretos y bien delimitados.

El establecimiento de instrucciones para el funcionamiento y servicio de las Juntas provinciales e insulares.

Art. 5.º Corresponde a las Juntas provinciales e insulares:

El cumplimiento de las órdenes e instrucciones que reciban de la Junta central.

El ejercicio de las funciones que le sean delegadas por la Junta central, pudiendo solicitar aquellas que consideren convenientes o necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.

La regulación del precio de venta al por menor, en toda la provincia o parte de ella, de las sustancias alimenticias de primera necesidad que en ella se produzcan, previa propuesta elevada a la Junta central y aprobación por parte de esta.

Podrán proponer a la Junta central la adopción de medidas relacionadas con las autorizaciones concedidas por el art. 1.º, o de otras que tiendan a la mayor eficacia del presente Real decreto.

Recoger, completar y enviar a la Junta central cuantos datos puedan obtener relativos a la producción, circulación, consumo y precios de los artículos comprendidos en la presente disposición, pudiendo dirigirse, a este efecto, a todas las autoridades, funcionarios, Centros oficiales, Sociedades e individuos particulares que puedan suministrar datos de interés.

Proponer a la Junta central las restricciones, limitaciones e intervenciones y pedir las incautaciones que establece el art. 1.º

Art. 6.º Para la aplicación de cualquiera de las facultades conferidas al Gobierno por los apartados a), b) y c) del art. 1.º, la Junta central y las provinciales e insulares, cuando proceda, o sus Comisiones permanentes respectivas, ofrían cuantos informes pertinentes a cada caso reclamen las oficinas de la Administración, de entidades y Corporaciones oficiales y de los particulares que, por su conocimiento de los asuntos en estudio, estimen conveniente consultar.

Llegado el caso previsto en el apartado e) del art. 1.º, el Gobierno oirá a la Comisión permanente de la Junta de Aranceles y Valoraciones.

Art. 7.º Tanto la Junta central como las provinciales e insulares, podrán nombrar inspectores para investigar si se cumplen los acuerdos firmes que se adopten.

Las Juntas provinciales e insulares deberán comunicar a la Central los nombramientos que acuerden.

Art. 8.º Contra los acuerdos de las Juntas provinciales e insulares podrá interponerse recurso ante la Junta central, y contra los acuerdos, órdenes e instrucciones de ésta, en los casos en que lo determine el re-