El Progreso agrícola y pecuario (1924-02-29 00:00:00), página 4

niente, con tal que su importe no exceda del duplo del capital que el Estado haya entregado realmente al Instituto hasta el momento de hacer las respectivas emisiones.

Base cuarta. Los préstamos habrán de dedicarse necesariamente a la agricultura, ganadería o a la transformación de sus productos hecha por los mismos productores.

Solamente podrá conceder préstamos el Instituto a las Asociaciones agrícolas, ganaderas y sus federaciones, a las de carácter forestal y a las dedicadas a la transformación de los productos de todas ellas, que estén legalmente constituidas y ofrezcan suficiente garantía por su solvencia y buena administración.

Las entidades mercantiles y las federaciones y confederaciones de las Asociaciones citadas en el párrafo anterior podrán prestar su aval a los contratos de préstamo suscritos por éstas.

Por excepción, podrá conceder préstamos a los particulares para los fines señalados en el párrafo primero de esta base, cuando los garanticen con hipoteca de fincas rústicas, casas de labor, bodegas, instalaciones agropecuarias, molinos, almacenes u otras construcciones semejantes de carácter agrícola o forestal. Estos préstamos individuales habrán de ser mayores de 2.500 pesetas y no excederán de 15.000 para un mismo prestatario, su cónyuge o condeño.

Podrán aceptarse como garantías la personal, la pignoraticia y la hipotecaria.

La personal se graduará libremente por el Instituto en proporción al capital efectivo de las entidades pres tatarias o a los bienes de los individuos o Asociaciones que las formen si tienen aceptada mancomunada o solidariamente la responsabilidad de las operaciones que haga la Asociación a que pertenezcan. La pignoraticia se graduará en proporción a la clase y valor de los frutos, productos o ganados, dados en prenda, con desplazamiento o sin él, y no podrá admitirse por más del 50 por 100 del valor de lo pignorado. Y la hipotecaria se graduará en proporción al valor de los bienes que hayan de hipotecarse y no podrá admitirse por más del 65 por 100 del valor de los mismos, que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

También podrán admitirse como garantía el aval de otras entidades, valores del Estado, letras de cambio aceptadas por Asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales, resguardos de depósito de productos agropecuarios expedidos legalmente y otros efectos análogos.

Los plazos serán los precisos para que puedan realizarse las operaciones a que haya de dedicarse cada préstamo, y el máximo será: para los que tengan garantía personal, año y medio; para los que tengan pignoraticia, tres años, y para las hipotecarias, veinte años. A juicio del Instituto, podrá aumentarse el plazo hipotecario en las operaciones de crédito destinadas al fomento de la riqueza forestal.

Pudrá pactarse que las entregas se hagan sucesivamente, a medida que se vayan realizando los respectivos proyectos, o reservarse el Instituto la facultad de entregar el dinero al vendedor, comitiatista o cualquier otra persona a quien haya de pagar el prestatario, con autorización de este.

Si se estima conveniente, se podrá dar al préstamo la forma de cuenta de crédito con garantía.

Habrá de reservarse, al menos, los dos tercios del importe de las aportaciones que vaya haciendo el Estado y de las obligaciones que se vayan suscribiendo para invertirlas en préstamos que no sean hipotecarios.

Cuando por cualquier motivo se sustituya por otra entidad a la que se otorgue el préstamo, el Instituto podrá acordar que se proceda a la liquidación o reducción de dicho préstamo.

La quita y espera o suspensión de pagos en que se constituya cualquier entidad prestataria del Instituto no privará a éste del derecho a exigir el reintegro del capital e intereses en la forma y plazos establecidos en el contrato.

En caso de concurso de acreedores o de quiebra, tendrá el Instituto preferencia en cuanto al reintegro del capital e intereses de sus préstamos sobre los demás acreedores, con excepción de aquellos que tienen reconocida por las leyes preferencia especial sobre determinados bienes.

El Banco de España podrá conceder operaciones con garantía de los bonos y obligaciones emitidos por el Instituto, y que hayan sido previamente suscritos, en las condiciones más favorables que permitan los estatutos del Banco.

Base quinta. La constitución del Instituto, la emisión y amortización de sus bonos y obligaciones y los contratos en que el intervenga, como acreedor o deudor, estarán exentos de los impuestos de Timbre y Derechos reales, y los beneficios que el Instituto realice, así como los intereses de los bonos y obligaciones emitidos por él, lo estarán asimismo del impuesto de Utilidades.

El Instituto gozará también en las reclamaciones judiciales, ya sea demandante o demandado, las mismas ventajas que tengan las instituciones de beneficencia.

Base sexta. El Instituto de Crédito Agrícola estará regido y administrado por una Junta directiva, compuesta de un presidente, dos vicepresidentes y seis vocales.

El presidente, un vicepresidente y tres vocales los nombrará el Gobierno entre personas de probada competencia financiera, agrícola y social, que formen parte de organismos oficiales.

Un vicepresidente y otros tres vocales los elegirá la actual Junta para el estudio del Crédito Agrícola libremente, entre personas que pertenezcan a entidades agrarias o dedicadas al crédito agrícola, representadas en ella.

Al hacer la designación de los vocales se hará también la de los suplentes respectivos.

La retribución de los vocales consistirá en modestas dietas de asistencia. El presidente disfrutará la asignación que el Gobierno le señale.

Los cargos durarán tres años y se renovarán por terceras partes cada año, pudiendo ser reeligidos.

Al terminar el tercer año se hará la primera renovación. En ésta y en las sucesivas la elección de los vocales que no designe el Gobierno se realizará por la Junta consultiva del Crédito Agrícola, con el criterio señalado para el primer nombramiento.

La Junta directiva nombrará el gerente, el secretario y el personal puramente preciso para los trabajos de administración e inspección.

La Junta consultiva del Crédito Agrícola, creada por el art. 6º del Real decreto de 29 de octubre último, seguirá funcionando y el Gobierno reglamentará su actuación, en el sentido únicamente de Cuerpo consultivo y de alta inspección del funcionamiento del Instituto y de vigilancia del cumplimiento de los fines asignados al mismo.

Base séptima. El balance anual se cerrará el 31 de diciembre, y los beneficios líquidos que resulten, después de deducido el 10 por 100 de los mismos para constituir un fondo de reserva, se entregará al Estado en concepto de intereses de sus aportaciones.

Base octava. Los Póstigos, con su actual organización, personal y funciones, pasarán a depender del Instituto, para que éste ejerza las de protectorado y liquidación, respetando su tradicional constitución y la propiedad de sus capitales, sin perjuicio de utilizar la parte inactiva de éstos en la forma que se convenga con los Póstigos y, principalmente, para fomento, reorganización y fundación de los mismos.

Las facultades y atribuciones que hasta ahora correspondían al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria y al inspector general de Póstigos, las asumirá la Junta directiva del Instituto, que las ejercerá en la forma que determine el reglamento.

El personal afecto a los servicios centrales y provinciales conservará todos los derechos que le conceden las disposiciones vigentes.