El Progreso agrícola y pecuario (1924-02-07 00:00:00), página 5

Son esos Bancos, que gozan de un privilegio que el país les da, y con el que se han enriquecido de un modo fabuloso, los llamados a facilitar el dinero con que ha de hacerse el crédito agrícola. Que no presten, como hacen hoy, sólo al que tiene valores públicos que pignorar o dos firmas acreditadas que dar en garantía o buenas fincas que hipotecar, sino que, obligatoriamente, practiquen ellos—o den el dinero para practicarlo—el verdadero crédito agrícola, el prendaario, el personal, el préstamo sobre cosechas, el préstamo para la compra de maquinaria, abonos y ganado; el préstamo para los gastos de recolección, la semilla para la siembra; el préstamo para mejoras reembolsables a largo plazo... No es posible que lo que es la flor del crédito, lo magro, lo mollar, lo tengan unas instituciones privilegiadas que trabajan, no con su propio capital, sino con el del país, y el hueso, las migajas, las acebaderas, se den a otra institución—llámese como se llame—para que pratique el verdad-oro crédito agrícola, con un capital propio y forzosamente limitado o con dinero del Estado, que es capital de todos los españoles... Que el que se lleve la carne de las res peche con el hueso, y los monopolios que dé el país sean para el país y no para accionistas privilegiados.

Con esto y las reformas legislativas precisas para dar al capital agrícola las necesarias condiciones de garantía, no había necesidad de crear nuevos Bancos ni de que actuara ninguna Junta; pero... acaso por eso mismo no pareció bien a la Junta; que prefirió pedirle el dinero al Estado a proponerle que obligara a «entrar en caja» a los Bancos privilegiados, y seguir constituida en Saneadrín, distribuidor de mercedes, a pedir su propia disolución.

Este íntimo deseo de subsistir fué, tal vez, el que movió a la Junta a desechar—sin un examen suficiente—la proposición de la Banca privada, pues es evidente que la aceptación de aquella proposición supondría entregar la dirección de la Junta a quienes habían de facilitar el dinero para el crédito... y es mejor que el dinero lo dé el Estado... que es menor de edad y necesita tutores y curadores...

Y conste que la Banca privada ofreció su cooperación entusiasta a la obra del Crédito Agrícola y que la Banca privada no es un grano de anís, pues representa en España un capital de 750 millones de pesetas, que, unido a las reservas hechas por la misma Banca, alcanza la respetable cifra de 1.000 millones; de los que corresponden a Madrid 300 como capital y 50 como reservas; a Bilbao, 220 y 112, y a Barcelona, 115 y 14, respectivamente, representando en junto estas tres poblaciones 811 millones, o sea más del 81 por 100 de la suma total.

La Banca privada, con su enorme competencia en materia de crédito, declaró, desde el primer momento, su convencimiento de que «el crédito agrícola no tendrá vitalidad en nuestro país, si instaurarse en la forma que en el proyecto se establece». Hizo notar, además, que «el proyecto de la Ponencia, al crear una institución que abarca, además del crédito agrícola, toda clase de operaciones bancarias, va contra la letría y el espíritu del Real decreto que creó la Junta». Y respecto al propósito de convertir al Estado en banquero, manifestó, con toda claridad, que el Estado necesitaría tener intervención en el organismo que se creara, fijando límites de actuación y reglas y garantías «de procedimiento, lo que estaría en pugna con la plena libertad y celeridad de resolución que exigen las necesidades corrientes de la vida bancaria».

Si en la Junta no hubiese habido el deliberado propósito de ir a la constitución de un Banco, y de que el dinero para hacer el Banco lo diera el Estado, habrían bastado estas terminantes manifestaciones de persona tan autorizada—por sí misma y por la representación que ostentaba en la Junta—como el conde de los Gaitanes, y el ofrecimiento que por su boca hacia la Banca privada de cooperar, con la eficacia que sus enormes medios le permiten, a la resolución del problema, para hacer «caer del burro» a la Junta. Pero ni esto, ni la opinión expuesta por el representante del Banco Hipotecario (respecto a la falta de congruencia que le parecía advertir entre el pensamiento del Gobierno, delineado con toda claridad en el art. 7.º del Real decreto orgánico de la Junta y la concepción que de la futura institución tenían los autores de las bases); ni la indicación hecha por dicho representante del Banco Hipotecario, de que éste, establecido el Instituto de Crédito sobre bases distintas, «no se hubiera negado a contribuir a formarlo, dentro de aquellas prudentes proporciones a que tiene el deber de sujetar las inversiones de su capital de garantías»; ni la oposición, anunciada desde primera hora, por el representante del Ministerio de Hacienda; ni la que en la Junta exteriorizó en un voto particular el del Ministerio de Trabajo, fueron suficientes para desviar a la Ponencia del camino que se había trazado.

Preciso es reconocer, que el voto particular del conde de los Gaitanes señala el único camino que puede seguirse para dar exacto cumplimiento al decreto que convocó la Junta para el estudio del Crédito Agrícola, pues deja a ésta la misión de informar los préstamos, y no crea ningún nuevo Banco, toda vez que no precisa capital propio para desenvolverse, bastándole con los bonos que el Estado garantice y entregue al Instituto.

El mecanismo es el siguiente, para los préstamos con garantía personal o pignorativa:

Aprobadas por la Junta las peticiones de crédito, se expedirán a los solicitantes documentos o bonos de garantía, emitidos por el Estado y descontables o pignorables en el Banco de España por el 90 por 100 al menos de su valor nominal. Todas estas operaciones y las que de ellas se deriven podrá efectuarlas, con una organización relativamente sencilla, la Junta, y con ello se podrá dar el mejor cumplimiento posible a los deseos que se expresan en el decreto de referencia, favoreciendo en cuanto se pueda los intereses agrícolas; sin complicar con organismos delicados y necesariamente gravosos, el funcionamiento de una institución de objetivo tan concreto, y, sobre todo, manteniéndose, mediante la intervención directa y constante del Estado, la confianza de que se empleaban debidamente los fondos prestados y de