El Progreso agrícola y pecuario (1924-01-22 00:00:00), página 10

trescientas diecinueve) pesetas de cupo del Tesoro, a razón de 18.857.891 por 100, y 10.597.491 (diez millones quinientas noventa y siete mil ciento cuarenta y nueve) pesetas por recargo del 16 por 100, y, finalmente, sobre los 37.219.540 a que asciende el líquido imponible de la riqueza urbana, 7.670.162 (siete millones seiscientos setenta mil ciento sesenta y dos) pesetas por cupo del Tesoro, a razón de 20, 607.891 por 100; 1 227.226 (un millón doscientas veintisiete mil doscientas veintiéis) pesetas por recargo del 16 por 100, y 575.262 (quinientas setenta y cinco mil doscientas sesenta y dos) pesetas por recargo adicional.

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Queda suprimido, en los puertos del Sur y Levante, el beneficio arancelario al maíz.—La Gaceta ha publicado una Real orden de Hacienda, que dice así:

Las cantidades de maíz llegadas a los puertos del Sur y Levante, desde la publicación del Real decreto de 7 de noviembre último, juntamente con las pendientes de despacho en aquella fecha, acogidas a lo dispuesto en el mismo, han completado y sobrepasado el cupo de 30.000 toneladas fijado por el referido Real decreto para ser aforado con el derecho reducido de 0,50 pesetas por 100 kilos. Se hace, por tanto, preciso suspender la aplicación del citado beneficio en los puertos de dichos litorales, y proceder a la liquidación definitiva de lo importado con opción al mencionado derecho.

En su consecuencia se ha dispuesto:

Primero. Los cargamentos de maíz que lleguen a los puertos del Sur y Este de España, a partir de esta fecha, no tendrán derecho a disfrutar del beneficio arancelario establecido por el Real decreto de 7 de noviembre próximo pasado; y

Segundo. La Dirección general de Aduanas, cursará las órdenes oportunas para que el último cargamento llegado, que sobrepase, en parte, el cupo de importación señalado, se afores con carácter provisional, hasta que, conocidos los resultados definitivos de los admitidos con derecho reducido, pueda determinarse con exactitud la parte de dicho último cargamento a que corresponde aplicar el citado beneficio, la cual se prorrateará entre todos los receptores del mismo.

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La Junta para el comercio de abonos.—Después del reciente Real decreto sobre comercio de fertilizantes, la Federación Nacional de Fabricantes de abonos se dirigió al Ministerio de Fomento, solicitando que se le permitiesen remitir cuantos datos estimara precisos, directamente a la Dirección de Agricultura, sin intervención, por tanto, de las secciones agronómicas provinciales.

Enviada la petición a informe de la Estación Agronómica de la Moncloa, estimó que no podía prescindirse del concurso de los técnicos del Estado, si bien a los fabricantes de abonos debía agradecerseles y aceptárseles cuantas informaciones remitieran.

Para estudiar éstas y las de los ingenieros agrónomos de las provincias, y proponer al Gobierno el régimen definitivo a que ha de someterse el comercio de abonos, se ha constituido una Junta, presidida por el director de Agricultura y formada por dos técnicos, dos usuarios y dos fabricantes de abonos.

Los primeros serán ingenieros agrónomos, nombrado uno de ellos por la Junta Consultiva Agronómica, de su seno, y otro, por la Estación Agronómica de la Moncloa.

Los usuarios agricultores serán designados por la Asociación de Agricultores de España y por la Confederación Nacional Católica Agraria.

La Federación Nacional de Fabricantes de abonos designará los otros dos vocales.

La Junta comenzará a funcionar inmediatamente.

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Conclusiones aprobadas en la Conferencia internacional del Vino, celebrada en París.—1.º El nombre de vino ha de reservarse exclusivamente a la bebida obtenida por la fermentación de la uva tierna o del jugo de uva tierna y preparada según los usos locales y constantes, admitidos como conformes a las exigencias de la higiene en cada uno de los diversos puntos de producción.

La determinación de estas prácticas debe ser objeto, cuanto antes, de un estudio en los países productores.

2.º La Conferencia internacional del Vino, recomienda: A todos los Estados, que protejan los nombres de origen, inspirándose en los principios contenidos en el arreglo de Madrid y en los artículos 274 y 275 del Tratado de Versalles.

A todos los Estados, que den facilidades a los representantes de las colectividades calificadas de productores para intervenir y hacer reprimir las usurpaciones fraudulentas en el extranjero, de las marcas de origen, debiendo estar acreditados, aquellos representantes, por sus Gobiernos respectivos.

A todos los Estados, que adopten medidas legislativas inspirándose en reglas uniformes en lo que se refiere: 1.º A las garantías de pureza y autenticidad de los productos por medio de las certificaciones de origen, de conformidad con las leyes nacionales. 2.º Al control del comercio de vinos desde su importación hasta la venta al por menor. 3.º A la represión del fraude, confiscando los productos ilegales y ejerciendo las actuaciones civiles y correccionales, a fin de castigar las prácticas ilícitas, indemnizar los intereses lesionados y castigar a los falsificadores.

A los Estados signatarios de la convención del 16 de octubre de 1912, referente a la unificación de la expresión de los resultados de los análisis químicos y su aplicación a las sustancias alimenticias, que ratifiquen el Convenio, y que los otros Estados se adhieran a él en el más breve plazo; participándolo lo antes posible con el objeto de llegar a crear una Oficina internacional de Química, a fin de uniformar los métodos de análisis y de coordinar las bases de apreciación de la pureza de los productos.

3.º Atendiendo el vital interés que tienen las naciones representadas en unirse para defender su riqueza vinícola, extendiendo su acción para contrarrestar las campañas prohibicionistas.