El Progreso agrícola y pecuario (1924-06-22 00:00:00), página 6

Las aspiraciones agrícolas.

La Confederación Nacional Católico-Agraria ha presentado al Directorio militar el siguiente índice sintético de sus aspiraciones:

Reconocimiento de la personalidad e importancia de los Sindicatos Agrícolas, frecuentemente olvidados y per- teridos, cuando no perseguidos por los partidos políticos, y del aplicación a los mismos de las exenciones tributarias que les otorgaron legalmente para el fomento e impulso de la riqueza agraria del país.

Resolución del ya antiguo problema del Crédito Agrícola sin crear Banco alguno, sino facilitando la inscripción de la propiedad inmueble en el Registro de la Propiedad; haciendo extensivos los warrants a los frutos y cosechas pendientes de la tierra; proporcionando abundante numerario del Banco de España, Banco Hipotecario, Caja Postal de Ahorros y de los Pósitos, en condiciones económicas convenientes a las Cajas rurales creadas sobre la base de la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus socios; estableciendo un rápido procedimiento ejecutivo contra los deudores morosos que hayan comprometido esta responsabilidad, y organizando e implantando las cédulas parcelarias establecidas por la ley de 23 de marzo de 1906.

Respeto de la propiedad privada con sujeción a los sanos principios del catolicismo social, sin más limitaciones que las establecidas por ellos, y disposiciones adecuadas para que coexista la individual con la colectiva y la grande con la pequeña propiedad, en la conveniente proporción, mediante los oportunos preceptos de parcelación y concentración parcelaria, las medidas encaminadas a facilitar y abaratar la transmisión legal de una y otra, la modificación y ampliación de la ley de Colonización interior, la implantación del patrimonio familiar inalienable, inembargable e indivisible, y la legitimación de las roturaciones arbitrarias, no en términos radicales, que conferían la propiedad absoluta de la tierra, lo cual conduciría al enriquecimiento de quienes se atrevieran a detentarla como más fuertes, sino orientada a la protección de los humildes, a la división de la propiedad y a la constitución del referido patrimonio familiar.

Reforma del contrato de arrendamiento, estableciendo a favor de los arrendatarios el derecho a reintegrarse de las mejoras hechas en las fincas con la autorización del propietario, limitando el absurdo principio de la libertad de contratación que produce estipulaciones manifiestamente injustas y arbitrarias en estos contratos, fomentando en la prudente medida su más larga duración, y modificando, en una palabra, la legislación vigente, para que estos contratos contribuyan a la multiplicación y acrecentamiento de los frutos de la tierra en un orden de justicia y equidad.

Que se atiendan las reclamaciones que frecuentemen- te formula la agricultura en el orden tributario contra la forma práctica de efectuarse los trabajos del Catastro, restableciendo en todo su vigor los preceptos de la ley de 23 de marzo de 1906, y atribuyéndoles todos los efectos jurídicos y sociales que aquella las asignaba además de los fiscales.

Reorganización de los servicios agrícolas oficiales en forma que se dé la mayor extensión posible a las enseñanzas agrícolas de carácter práctico, y que se combatan eficazmente la ignorancia y la rutina con que se cultiva en muchas regiones.

En atención a la esterilidad de las Cámaras Agrícolas provinciales, o al menos en su mayor parte, que ni en la estructura de su creación, ni en la posterior de su reciente reorganización, han respondido a su fin, y que han sido instrumentos políticos durante mucho tiempo, más que organismos oficiales de la agricultura, convendría llegar a su total supresión si no se les modificara radicalmente.

Estudios detallados llevados a cabo en distintas regiones evidencian que el precio actual del trigo no es remunerador, y, en su consecuencia, es de justicia mantener la prohibición de que se importe este producto mientras su precio no rebase la cifra de 53 pesetas por quintal métrico en los mercados reguladores de Castilla y Andalucía, sin atender las peticiones que en contrario se formulen con otros pretextos.

En el orden arancelario, la agricultura se pronuncia por un criterio francamente proteccionista, y se considera con derecho a ello, no sólo por ser la principal fuente de riqueza y por ser la que en mayor escala contribuye al levantamiento de las cargas públicas, sino por el excesivo número de brazos que emplea y por ser la abastecedora de innumerables industrias; no obstante, como los intereses agrícolas de ciertas regiones son opuestos, debe prestarse la protección coordinando socialmente unos y otros, como podría efectuarse, v. gr., permitiendo la entrada de convenientes cantidades de maíz a las regiones nortenas sólo para piensos, y a la consignación exclusiva de Sindicatos agrícolas o entidades que ofrecieran la suficiente garantía de su inversión, que es un procedimiento similar al que debiera seguirse para la protección de la clase agrícola cuando la abundancia de ciertos productos permitiera su exportación al extranjero, mediante las consiguientes autorizaciones de salida en el primer semestre siguiente a su recolección y a favor tan sólo de Sindicatos o Asociaciones de labradores, lo que aseguraría este beneficio a los productores, que son los tenedores de los frutos cuando se acaban de recoger, y evitaría la realización de estos negocios por parte de los intermediarios.

Demostrada en la práctica la extraordinaria transcendencia social y aun económica que revisten las cooperativas de producción y de abastecimiento en los momentos actuales para la resolución de grandes problemas, el Estado debe prestar gran atención a estas instituciones, fomentando su creación y protegiendo su vida y desenvolvimiento.

La institución del retiro obrero en el campo con merecer nuestras mayores simpatías, es hoy casi impracti-