El Progreso agrícola y pecuario (1924-03-07 00:00:00), página 3

proyecto las 29 Cámaras Agrícolas que representa el que suscribe, y únicamente estuvieron, celosamente, al lado de aquél, los representantes de las asociaciones agrícolas, a quienes concede el privilegio de ser los intermediarios obligados en la función del crédito y las canales por donde habían de drenarse y correr los fondos que el Estado dé al Instituto, y los Bancos, como el de León XIII y el Rural, a quienes se adjudicó puesto y lugar en la futura Junta de Gobierno del In-título, como si entidades agrícolas y no financieras fuesen.

Y culminó la expresión de malestar a que todo lo dicho daba lugar, en las manifestaciones hechas, con toda claridad, en la sesión del día 29 de enero, por el representante del Ministerio de Trabajo, Sr. Burgaleta, que constan en acta -a petición del que suscribe—y que dicen así: «que el proyecto encierra una sindicación forzosa y además, por lo que viene aliviando, existe una confabulación, entre la mayoría de los representantes de las entidades agrícolas, para que el proyecto salga adelante; corroborando más este aserto, el que algunas entidades agrarias, que siempre han sido contrarias en ideas, ahora se encuentran compenetradas en la colaboración del Crédito Agrícola».

Por todo ello, el que suscribe cree que la Junta carece de aquella plena autoridad, indiscutida e indiscutible, para emitir un dictamen en nombre de los intereses que al convocarla se quiso, sin duda, que representara.

** 3.º Porque los medios que se asignan al Instituto para la realización del Crédito Agrícola, son notoriamente insuficientes.

El valor de la producción agrícola española se cifra en 12.000 millones de pesetas; sólo los abonos químicos que anualmente consume la agricultura importan más de 150 millones de pesetas y más de 50 la maquinaria de cultivo. La mayor parte de esos abonos y esas máquinas, se compran a plazos; sobre la mayor parte de esos 12.000 millones de pesetas, se toma dinero a préstamos. El valor del solar español es superior a 30.000 millones de pesetas (y a pesar de ello apenas si llegarán a 130 millones de pesetas las que el Banco Hipotecario tiene dados sobre tan excelente base de crédito). Pasa de 300 millones de pesetas el capital movilizado para los Sindicatos católicos y sus Federaciones y de 20 millones de pesetas las imposiciones de las Cajas de Ahorro de las entidades agrícolas y de 27 millones de pesetas el capital liquidado a los Pósitos.

¡No es una temeridad hablar de resolver el problema del Crédito Agrícola con un capital de 100 millones de pesetas, del que la primera entrega sería sólo de 10!

Cierta es que el anteproyecto habla de que el Instituto emita unas obligaciones garantizadas por él, por el doble del capital que el Estado le entregue; pero esto, indudablemente, se ha escrito al darse cuenta de la enorme insuficiencia del capital con que se trata de operar, pues a nadie puede ocultársele que «tales obligaciones —como dijo, muy oportuna y muy netamente el señor conde de los Gaitanes, en el voto particular presentado por la Banca privada—, no teniendo más garantía que la del Instituto concebida por la Ponencia, esto es, la garantía de los préstamos por dicho Instituto efectuados, no podrán hallar colocación en el mercado, sino a un interés relativamente alto y a un tipo de emisión muy bajo».

«Los recursos así obtenidos—sigue diciendo persona tan competente y tan significada por la representación que ostenta—no podrán dedicarse sino a préstamos, con interés, necesariamente, muy elevado, y, consiguientemente, estos préstamos sólo resultarían aceptables para aquellas personas que se encontrarán en situación muy difícil y ofrecieran, por ello, muy escasa garantía.»

Nosotros prevemos, en el voto particular que acompaña a estos renglones, una cifra de 600 millones de pesetas que poder dedicar a préstamos, que fácilmente podría ampliarse, aumentando el número de bonos en circulación, que emitirá el Estado.

** 4.º Porque se adjudica al Estado, como una carga, la aportación del capital para el Crédito Agrícola y la gestión del Instituto; y ni el crédito necesita ser obra de caridad y sí de justicia, ni el Estado tiene aptitudes para regir esa clase de instituciones.

No es menester que el Estado entregue un capital a interés perdido y corra, además, el riesgo de su inversión —que forzosamente ha de ser grande—para que el crédito surja y se arraigue por todo el agro español. No se requiere, en efecto, crear ningún nuevo Banco para llevar dinero al campo; bastaría con obligar a los Bancos privilegiados, que hoy se mantienen al margen de la economía nacional, a tomar parte activa que en ella les corresponde, para que el crédito agrícola alcanzara inmediata realidad. Para que el crédito agrícola, personal y hipotecario, tenga efectividad—sin necesidad de que el Estado dé dinero para crearlo—, bastaría con reformar los estatutos del Banco de España, de modo que éste descuente el papel agrícola—con las garantías que sean precisas—, con vencimiento a uno y hasta dos años, y con que destine a estos fines parte de los 602 millones de Deuda perpetua interior, Tabacos, acciones del Banco de Estado de Marruecos, pagarés del Tesoro y anticipos al mismo, que constituyen hoy su cartera de renta, con evidente peligro para los tenedores de billetes, para quienes la ruina del Estado acarrearía la del establecimiento que emite el papel de confianza. Y para que el crédito hipotecario adquiera el debido desarrollo, también sería suficiente con obligar al Banco Hipotecario a desembolsar los 150 millones que se previó necesitaría cuando se fundó—de los que sólo han desembolsado los accionistas 20 millones—, y a dedicar doble o triple suma a los préstamos sobre propiedad rústica que la que dedique a la propiedad urbana; a fin de que no ocurra como ahora, que en todo el año 1922 prestó 54 millones sobre rústica y 80 sobre urbana, existiendo provincias, como Álava, en la que el Banco ha hecho, en cincuenta años, 15 préstamos por un importe total de