El Progreso agrícola y pecuario (1924-01-15 00:00:00), página 9

ellos, pues como toda reforma radical tiene necesariamente—por muy bien hecha que esté—que encontrar dificultades en su desarrollo.

GABRIEL GARCÍA-BADELL
Ingeniero agrónomo.

LA JUNTA DEL CRÉDITO AGRÍCOLA

Anteproyecto presentado por la Ponencia.

Base primera.—Como consecuencia del Real decreto de la Presidencia del Directorio militar, de 29 de octubre de 1923, el Gobierno creará el Instituto de Crédito Agrícola, de duración indefinida, que tendrá su domicilio en Madrid y se regirá por las disposiciones de un decreto-ley, y, en cuanto no sean contrarias a él, por las del Código de Comercio.

El Instituto tendrá personalidad propia y capacidad jurídica para adquirir, poseer y enajenar bienes de cualquier clase, y el Estado no asumirá, respecto a él, más responsabilidad que la taxativamente fijada en el párrafo primero de la base tercera.

El Instituto dependerá oficialmente del Ministerio de Fomento.

Base segunda.—El único objeto del Instituto será hacer préstamos en efectivo para el fomento de la agricultura y ganadería.

Esto no obstante, podrá realizar las operaciones accesorias que sean indispensables para la ejecución de las operaciones de préstamo e inversión de sus fondos sobrantes.

Base tercera.—El capital del Instituto será de 100 millones de pesetas, que aportará el Estado. A este efecto, se autorizará al Gobierno para emitir y negociar la Deuda pública que estime preferible. Los títulos se conservarán en la cartera del Tesoro y se irán poniendo en circulación a medida que se vayan desarrollando las operaciones del Instituto, previa autorización del ministro de Hacienda.

La primera entrega será de 5 millones.

El Instituto podrá emitir obligaciones amortizables al portador, al tipo y con el interés que considere conveniente, con tal que su importe no exceda del duplo del capital que el Estado haya entregado realmente al Instituto hasta el momento de hacer las respectivas emisiones.

Base cuarta.—Los préstamos habrán de dedicarse necesariamente a la agricultura o ganadería o a la transformación de sus productos hecha por los mismos productores.

Solamente podrá conceder préstamos el Instituto a las Asociaciones agrícolas o ganaderas y a las dedicadas a la transformación de los productos de ambas que estén legalmente constituidas y ofrezcan suficiente garantía por su solvencia y buena administración.

Las entidades mercantiles y las Federaciones y Confederaciones de las Asociaciones citadas en el párrafo anterior podrán prestar su aval a los contratos de préstamo, suscritos por éstas.

Por excepción, podrá conceder préstamos a los particulares para los fines señalados en el párrafo primero de esta base, cuando los garanticen con hipoteca de fincas rústicas, casas de labor, bodegas, instalaciones agropecuarias, molinos, almacenes u otras construcciones semejantes de carácter agrícola. Estos préstamos individuales habrán de ser mayores de 2 500 pesetas y no excederán de 15.000 pesetas para un mismo prestatario, su cónyuge conduceño.

Podrán aceptarse como garantías la personal, la pignorática y la hipotecaria.

La personal se graduará libremente por el Instituto en proporción al capital efectivo de las entidades prestatarias o a los bienes de los individuos o Asociaciones que las formen si tienen aceptada mancomunada o solidariamente la responsabilidad de las operaciones que haga la Asociación a que pertenezcan. La pignorática se graduará en proporción a la clase y valor de los frutos, productos o ganados, dados en prenda, con desplazamiento o sin él, y no podrá admitirse por más del 50 por 100 del valor de lo pignorado. Y la hipotecaria se graduará en proporción al valor de los bienes que hayan de hipotecarse y no podrá admitirse por más del 65 por 100 del valor de los mismos, que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

También podrán admitirse como garantías el aval de otras entidades, valores del Estado, letras de cambio aceptadas por Asociaciones agrícolas o ganaderas, resguardos de depósito de productos agro-pecuarios expedidos legalmente y otros efectos análogos.

Los plazos serán los precisos para que puedan realizarse las operaciones a que haya de dedicarse cada préstamo y el máximo será: para los que tengan garantía personal, año y medio; para los que tengan pignorática, tres años, y para las hipotecarias, veinte años.

Cuando se dé el aval por entidades mercantiles podrán aumentarse los plazos máximos señalados en el párrafo anterior para las garantías personal y pignorática.

El interés de los préstamos será 1 por 100 más que el tipo del descuento señalado por el Banco de España, y no se cobrará comisión.

Podrá pactarse que las entregas se hagan sucesivamente, a medida que se vayan realizando los respectivos proyectos, o reservarse el Instituto la facultad de entregar el dinero al vendedor, contratista o cualquier otra persona a quien haya de pagar el prestatario, con autorización de éste.

Si se estima conveniente, se podrá dar al préstamo la forma de cuenta de crédito con garantía.

Habrán de reservarse, al menos, los dos tercios del importe de las aportaciones que vaya haciendo el Estado y de las obligaciones que se vayan suscribiendo para invertirlas en préstamos que no sean hipotecarios.

Cuando por cualquier motivo se sustituya por otra la entidad a la que se otorgue el préstamo, el Instituto podrá acordar que se proceda a la liquidación o reducción de dicho préstamo.

La quita y espera o suspensión de pagos en que se constituya cualquier entidad prestataria del Instituto no privará a ésta del derecho a exigir el reintegro del capital e intereses en la forma y plazos establecidos en el contrato.

En caso de concurso de acreedores o de quiebra, tendrá el Instituto preferencia en cuanto al reintegro del capital e intereses de sus préstamos, sobre los demás