El Progreso agrícola y pecuario (1924-01-22 00:00:00), página 4

respondiente, según la proporción en que el Instituto y el Estado interviniésem en la operación, y que, como queda dicho, puede llegar a ser hasta de 80 por 100 para el Estado.

El Instituto responderá al Estado del riesgo de la operación, en igual proporción que éste haya contribuido al préstamo.

El interés de los préstamos que se hagan con fondos procedentes de bonos del Tesoro, no excederá del \( \frac{1}{4} \) por 100 anual del que devenguen los bonos del Tesoro entregados al Instituto. El interés podrá no ser uniforme entre todos los favorecidos, en atención al mayor o menor riesgo y garantía d-l préstamo.

Sea cual fuere el interés que perciba el Instituto, abonará al Estado el interés mínimo del 4 por 100 sobre los bonos que hubiese recibido.

El interés que el Instituto perciba en los préstamos hipotecarios y en el descuento de efectos, será fijado libremente por el Instituto.

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Base 9.ª A. Con arreglo a la vigente ley de 2 de diciembre de 1872 y de acuerdo con el artículo adicional de la misma, se concede al Instituto la misma facultad de que disfruta el Banco Hipotecario para emitir y negociar obligaciones hipotecarias al portador, en iguales condiciones que dicho Banco lo efectúa.

Se declara caducado el privilegio exclusivo que, a espaldas de las Cortes, y por Real decreto de 24 de julio de 1873, se concedió al Banco Hipotecario mientras las Cortes no dispusieran lo contrario.

Este privilegio lo compartirá en lo sucesivo el Instituto con el Banco Hipotecario, hasta el término legal de esta última sociedad, la cual podrá, si conviniere a sus intereses y a los del Instituto, fusionarse con éste; en cuyo caso el privilegio pasará total y exclusivamente a poder del Instituto.

A fin de que toda la propiedad inmueble, que hoy no pasa por el Registro sino en una mínima parte (1), se inscriban en él y adquiera las condiciones que le faltan para ser susceptible de préstamo hipotecario, el Gobierno tomará las disposiciones precisas para:

a) Declarar obligatoria la inscripción de las fincas rústicas y urbanas en el Registro de la Propiedad, que hoy es voluntaria.

b) Declarar obligatorio, bajo pena de nulidad, el documento público para los actos y contratos de transmisión y gravamen de los bienes inmuebles, como establece para la hipoteca el art. 146 de la ley Hipotecaria y el 1.857 del Código civil.

c) Reducir los honorarios de registradores, notarios, secretarios judiciales, etc., en todas las operaciones que practiquen en relación con la propiedad, y muy especialmente en la pequeña.

d) Declarar exento de los impuestos de Derechos reales y Utilidades el contrato de préstamo hipotecario otorgado por el Instituto.

Y a fin de que el Instituto esté en condiciones de conocimiento para efectuar estos préstamos hipotecarios sobre todo el enorme volumen de fincas privadas hoy, y, tal vez para siempre, de esa facultad, y a fin de dar también al Catastro fines de utilidad social, de que hoy carece, por su carácter exclusivamente fiscal, se acordará por el Gobierno lo siguiente:

a) Dar al Catastro nacional los fines jurídicos que taxativamente le señalan los artículos 35 y 37 de la ley de Catastro de 23 de marzo de 1906.

b) A tenor de lo mandado en dicha ley, transcurridos diez años después de aprobado el Catastro parcelario de un término municipal sin que por los Tribunales de justicia se haya dictado sentencia firme contraria al estado físico o jurídico de una finca inscrita en el libro catastral, la cédula de inscripción en el mismo tendrá todo el valor legal y jurídico de un título real.

c) Será el Instituto de Crédito Agrícola, y no el Ministerio de Hacienda, el encargado de realizar el Catastro parcelario nacional, con el personal técnico y con la intervención del Estado que este estime necesaria para salvaguardar sus intereses. De los Presupuestos de gastos del Estado, se transferirán al Instituto las partidas y créditos que hoy se invierten en la formación del avance catastral.

d) El Instituto vendrá obligado a admitir en hipoteca las fincas por el catastroadas y evaluadas, e inscritas en el Registro de la Propiedad, en la forma que en esta base se ha detallado, determinando libremente el Instituto el valor con que puede admitir esta garantía, que en ningún caso excederá del 65 por 100 del que haya sido evaluado por el propio Instituto.

En las escrituras de préstamo hipotecario, que haga el Instituto, se consignará que los otorgantes se someten al procedimiento judicial sumario establecido en el artículo 131 y siguientes de la ley Hipotecaria.

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Base 3.ª B. Los principios ya establecidos por el artículo 10 de los estatutos del Banco de España, de conceder una bonificación de 1 por 100 anual en el interés que tenga establecido dicho Banco para los descuentos que verifiquen los organismos agrícolas y los agricultores, y de ampliar hasta un año el plazo de noventa días establecido para el descuento de los demás efectos, serán aplicados con especialidad a las operaciones de descuento que realice el Instituto en el Banco del Estado, en las condiciones que el referido art. 10 fija; y el plazo de un año será prorrogado, para los efectos descontados por el Instituto, a dos años.

Para que los efectos aceptados por los agricultores y descontados por el Instituto, no pierdan, en ningún caso, su carácter ejecutivo y constituyan la debida garantía para aquél, y para no encarecer innecesariamente el acto

(1) Según una información practicada por la Dirección general de los Registros, de 28.119.678 fincas rústicas y urbanas, sólo 2 millones son susceptibles de préstamo actualmente; 14 millones por no estar inscritas; 5 millones por tener únicamente título posesorio.