El Progreso agrícola y pecuario (1924-02-15 00:00:00), página 5

Estado haga un mal uso de su facultad de autorizar los préstamos, pues la experiencia ha confirmado el mal resultado de cuantas empresas no son administradas con miras a un interés directo en los asuntos.

Para evitar la gestión exclusiva del Estado y de elementos a cuyo bolsillo no afecte el buen o mal resultado de los préstamos, propone el Sr. Burgaleta que el Instituto tenga un capital reducido, de unos 100 millones de pesetas, aportado por el Estado y por la Banca privada—por esta en mayor proporción—, y que la administración la lleve un Consejo formado por representantes del Estado y de la Banca, estando en mayoría los de ésta. A este Instituto, concederá el Estado el privilegio de emitir una deuda amortizable especial agrícola, sin cobrarle más interés que aquel a que le resulten al Estado los fondos de esa deuda.

De este modo, los préstamos que podrá hacer el Instituto no tendrán, prácticamente, límite, y con un recargo por administración que no excediere del 1,5 por 100 y 1 por 1.000 de comisión, llegaría el dinero al agricultor al mismo tipo, poco más o menos, que hoy lo obtiene el comerciante de la ciudad, pero a más largo plazo.

Calcula el Sr. Burgaleta que los préstamos a los agricultores individuales, que serían todos con garantía hipotecaria pignorática o de efectos mercantiles, podrían llegar a 1.000 millones de pesetas—obtenidos por medio de una deuda agrícola—, y los 100 millones de capital, se dedicarían a préstamos a las entidades agrícolas, con garantía solamente personal.

De la limitación—que yo me atrevería a llamar ridícula—que el anteproyecto de la Ponencia establece para los préstamos hipotecarios, dice elocuentemente el Sr. Burgaleta en su voto particular. «No creemos que en tiempos llamados de libertad pueda siquiera pensarse en limitar la facultad de otorgar préstamos con garantía hipotecaria, cuando la tiene todo ciu 'adano.» Y respecto a las limitaciones—igualmente inderribables—que el anteproyecto señala para é-los y los demás préstamos, en cuanto a la condición de la persona que los recibe, protesta contra la negativa a concedérselos a los particulares, ya que el préstamo no se hace por la persona, sino por la finca o por la prenda. El Sr. Burgaleta, únicamente concede a las entidades agrícolas la ventaja de recibir el dinero del Instituto 1/4 por 100 más baratos que los particulares.

Y en cuanto a los beneficios que obtenga el Instituto, el Sr. Burgaleta los distribuye de la manera siguiente: primero, constituir un dividendo para los participes privados, hasta que éstos perciban el 6 por 100 de sus aportaciones; a partir de esta cifra, el beneficio se distribuirá entre el Estado y los participes privados, en forma tal que tiendan a igualarse las respectivas proporciones, pero sin que en ningún caso queden los participes privados desinteresados de la buena gestión. El Estado dedicará los beneficios que le correspondieran, precisamente a la amortización de deuda perpetua interior, hasta la completa amortización de una cantidad equivalente a su aportación al Instituto, y el exceso a la de la deuda especial agrícola.

Hay en el voto particular del Sr. Burgaleta indudables aciertos en lo que a la aportación de recursos para el crédito agrícola se refiere. Pide al Estado sólo una parte del capital del Instituto y a la Banca—a la que da la mayoría en el Consejo de Administración—la mayor parte; es decir, confía al interés privado la gestión del establecimiento, y liga el interés del Estado con el de los capitalistas; procura al Instituto, por medio de la Deuda amortizable agrícola, garantizada por el Estado, un capital ilimitado para sus operaciones; reconoce a favor del Estado, en los préstamos que haga al Instituto, el mismo interés que éste pague por la deuda que emite, y todo ello responde a la idea de asentar el crédito agrícola sobre una base amplísima, de modo que pueda acorrer a todas las necesidades del cultivo y lo establece en forma que no sea gravosa para el Estado, convencido de que a éste no puede pedirsele que atienda, a título oneroso, la función del crédito campesino, y aparta de éste todo propósito que pueda parecer de índole benéfica, para asigurarse el carácter mercantil de do ut des indispensable para que la función persista y se engrandezca.

Véase como esta concepción del crédito, como la del señor conde de los Gaitanes, son más amplias, más comprensivas y, por decirlo así, más humanas, más encajadas en la realidad bancaria y en la realidad agrícola que el proyecto, mezquino de capital, oneroso para el contribuyente, estrecho de ideas y de propósitos y con cierto tulillo a sopa boba conventual y graciabale, que ha elaborado la Ponencia.

ANDRÉS GARRIDO.

Gravamen sobre exportación de aceite.

Su Majestad el Rey ha firmado el siguiente decreto: «Durante los últimos meses, la activa demanda de aceite de oliva para la exportación y las crecidas cantidades que se han enviado a mercados extranjeros, unida a la escasez de la presente cosecha en otros países productores, determinó el alza en las cotizaciones de este caldo en las comarcas olivareras españolas. El temor reflejado en buena parte del país de que, a pesar de la cuantiosa producción obtenida este año en España, si la exportación continúa, estimulada por los precios favorables, pudiera crear dificultades en el abastecimiento interior por la carestía inmediata y la posible escasez, ha motivado numerosas excitaciones al Gobierno para determinarle a prohibir la exportación.

Pero la conveniencia de conservar un importante mercado exterior, conquistado por la bondad del producto español y los perseverantes esfuerzos de numerosos agricultores e industriales, aconseja, para no inferir perjuicios considerables a la economía nacional y a la riqueza olivarera, la conciliación entre las necesidades del mercado interior y las del comercio de exportación, que, al buscar ventajosa colocación para el excedente que resulta entre la producción y el consumo nacional, contribuye al equilibrio de la balanza comercial.

Al propio tiempo, es justo que la mayor utilidad obtenida por el exportador, que en general no beneficia