El Progreso agrícola y pecuario (1923-09-07 00:00:00), página 2

la seguridad de que habían procurado intervenir y concretar todas las aspiraciones en alguna fórmula que de alguna manera evitase lo que viene ocurriendo en el Avance catastral.

Hay infracción constitucional en el modo de hacer el Catastro.

En el Avance catastral hay una infracción constitucional, que es la determinante principal de sus errores. El 23 de marzo de 1906 se dictó la ley sobre Avance catastral; más tarde, el 29 de diciembre de 1910, se dictó otra ley, que se limitaba únicamente a hacer algunas adiciones sobre el pago de dietas a los funcionarios del Avance catastral y a determinar las excepciones que procedían en dicho Avance catastral. En el art. 3.º de esta ley, de un modo incidental y como si no tuviese importancia, se dice que se autoriza al ministro de Hacienda para modificar las cuotas que sirven de base para fijar los tipos evaluatorios; autorización limitada exclusivamente a variar el método de hacer las cuotas para la valoración. Y esto ha servido para variar por completo la ley y para poner en práctica un reglamento que no guarda la menor relación con la ley del año 6.

Una ley votada en Cortes, ¿puede ser modificada por un ministro o por quienes le rolean?

Reglamento provisional de 23 de octubre de 1913. El asunto tiene una gran importancia, porque se plantea ante la Cámara el caso de si es posible que una ley votada en Cortes con el asentimiento de los señores diputados, después de intervenciones sabias y meditadas en las que hubo contraposición de pareceres, una ley que fue objeto de mucho estudio durante varios años, puede ser modificada por un señor ministro (no por sí mismo, sino por el consejo de las personas que le rolean, porque claro es que los ministros no pueden desencender a estos detalles) mediante un reglamento en el que se crea una nueva organización, y se dan nuevas organizaciones y se hacen desaparecer aquellas otras que en la ley estaban consignadas. ¿Puede ser así, de modo tan radical y absoluto, modificada una ley?

En la ley del año 6, se creaba una Junta pericial, que era una especie de poder moderador entre los terratenientes y la Hacienda. Esta Junta, constituida por dos vecinos del pueblo, dos mayores contribuyentes y el síndico del Ayuntamiento, venía a resolver las diferencias entre la Hacienda y los terratenientes. Las cuentas, base principal para designar el tipo evaluatorio y fijar la renta sobre la cual se ha de pagar el 14 por 100 de contribución, eran entregadas a la Junta, que, teniendo en cuenta las circunstancias de cada localidad, las condiciones de clima, los modos de cultivo, distintos según los lugares, y otra porción de factores, determinaba el líquido imponible.

Las Juntas técnicas han suplantado ilegalmente a las Juntas locales.

Recomendaba la ley en su articulado, que se marchase de acuerdo siempre con las Juntas y que no se llegase a conclusión sin que la brigada del Catastro y las Juntas intentasen una conciliación. Y esta Junta pericial, que era una garantía dada en la ley, aunque existen sus funciones, de hecho han desaparecido, en virtud del reglamento dictado varios años después. En ese reglamento, se crean unos organismos de los que no habla la ley en ninguna parte, unas Juntas técnicas constituidas por los ingenieros del Catastro de la provincia y de las otras inmediatas; y todas aquellas operaciones que la ley recomendaba que se hiciesen entre la Junta y la brigada que trabajaba en el término municipal, han de ser hechas por unos señores que trabajan en la capital, que no conocen las condiciones de localidad y que no se relacionan para nada con las Juntas periciales ni con los propietarios de las fincas que se van a valorar.

La infracción es manifiesta. Se trata de que un reglamento modifica en esencia una ley; y es principio de Derecho administrativo que los reglamentos no son más que las reglas que desarrollan el contenido de la ley, y hasta se discute si las facultades del Poder ejecutivo para dictar los reglamentos son propias o delegadas. Es principio fundamental, establecido en la Constitución y en todas las leyes, que los reglamentos no pueden modificar ni en poco ni en mucho aquellas disposiciones fundamentales elevadas a la ley, y que los Tribunales no aplicarán reglamentos generales, provinciales o locales si no están conformes con las leyes (art. 9.º de la Constitución de 1869).

Los Tribunales de justicia deben eximir a los terratenientes del pago de un impuesto señalado por un reglamento opuesto a la ley.

Es decir, que todos los particulares pueden acudir a los Tribunales de justicia para reclamar contra las infracciones que ha habido de la ley del Catastro, y los Tribunales deben eximirlos del pago de un impuesto acordado en virtud de operaciones hechas conforme a un reglamento diametralmente opuesto a la ley. La cosa tiene gran importancia y merece que se fijen en ella los señores diputados.

Cómo se determina la productibilidad sin la intervención de las Juntas locales.

Los funcionarios del Catastro, para realizar las operaciones que la ley les encomendaba, tenían que hacer en la finca una calificación y una clasificación; todo esto lo desarrolló perfectamente el señor conde de Colombi en su interpretación. Es decir, que las brigadas, acompañadas de las Juntas periciales, iban al campo y determinaban la productividad que tenían los diferentes terrenos que se iban a calificar y clasificar, y por haber prescindido de esas Juntas lo han hecho mal. En Lora del Río se hizo una clasificación de 15 clases de olivares; basta exponer este solo hecho, para que la Cámara comprenda que no es posible distinguir en un mismo término municipal 15 clases de olivo, con una productividad absolutamente distinta; esto es imposible, y se daba el caso de que la productividad que se señalaba al olivar de primera clase era 46 fanegas, y a los de última clase 10 fanegas, y había diez clases, que se distinguían en que un olivar producía fanega y media más que otro.

No todos los ingenieros agrónomos enjuician como los del Catastro.

Pero es el caso que, alarmado el pueblo de Lora del Río, acudió a dos ingenieros agrónomos competentísimos, de familia de labradores, que viven en Sevilla y