El Progreso agrícola y pecuario (1923-11-22 00:00:00), página 6

Torrellano, 11 de noviembre de 1923.

Sr. D. Andrés Garrido.

Madrid.

Muy señor mío: Cada vez estoy más convencido de que es su Revista la mejor y la más honrada; la mejor, por la colaboración que tiene, pues en ella figuran las firmas más prestigiosas; la más honrada, porque, a diferencia de otras revistas agrícolas que conozco, hay en la que usted dirige absoluta separación entre la sección de anuncios y el texto, y he visto que no tienen ustedes empaque alguno para decir que es malo un producto en el mismo número en que lo anuncian. ¿No es ésta una muestra de honestidad verdaderamente admirable?

Le saluda atentamente su afectísimo y seguro servidor,

EL CONDE DE TORRELLANO.

La Comisión algodonera.

Es tal la rapidez con que las disposiciones de Gobierno se suceden, que falta espacio y tiempo para comentarlas. Y una de las que requieren más amplio debate es esta, referente a la intervención del Estado para fomentar el cultivo del algodón.

Nosotros entendemos que el Estado no debe sacrificar, no ya diez millones, pero ni un solo céntimo a fomentar el cultivo del algodón. El cultivo del algodón se difundirá por España, instantáneamente, sin necesidad de protección de ningún género, en cuanto el Estado se lo proponga.

¿Cómo?... Es muy sencillo: haciendo que la "gracia de Dios", se reparta entre todos. La "gracia de Dios", a que aludimos, es el Arancel, que ¿protege? hoy el algodón en rama con 1,30 pesetas los 100 kilogramos y el algodón hilado, a un solo cabo, en crudo, para tejer, con... ¡75 a 360 pesetas!

Es decir, que el trabajo industrial que supone la sencilla operación de hilar a un solo cabo el algodón, le protege el Arancel de 57 a 277 veces más que el trabajo agrícola que supone cosechar ese mismo algodón...

Es la de siempre: la eterna injusticia para la agricultura. Injusticia que el agricultor no conoce, pero que nosotros no hemos de parar hasta que la aprenda en sus distintas manifestaciones (algodón, cáñamo, lino, remolacha, etc.).

Cuántas veces sea necesario, repetiremos que no queremos privilegios para la agricultura, pero tampoco podemos callar ante la injusticia de que, secularmente, es víctima. Mientras el trabajo agrícola no se proteja lo mismo, no valga lo mismo, que el industrial, clamaremos como se clama ante lo insoportable.

Así, pues, repetimos, que para que el algodón se cultive en España, basta con que esas 75 a 360 pesetas que hoy se embolsan solitos los hiladores del algodón—por cada 100 kilos del algodón que hilan—se repartan equitativamente con los agricultores que lo van a producir.

El Estado no necesita dar una peseta. Ni apenas se necesita enseñar el cultivo. Las granjas de Jerez y de Sevilla han estudiado ya cuanto hace falta estudiar y en Andalucía hay muchos agricultores que lo han cultivado, y si lo abandonaron, no fue por dificultades agronómicas, sino porque las hilaturas catalanas no lo pagan a un precio remunerador.

No sabemos lo que con los 10 millones se piensa hacer, pero suponemos que dos cosas: subvencionar el cultivo y crear un organismo burocrático más, con empleados, consejeros, dietas y sueldos; el Reglamento que comentamos, aunque nada deja advinir de nuestro primer supuesto, bien a las claras descubre el segundo. De ambos propósitos protestamos: nada de burocracia y nada de subvenciones. El país no tiene porque pagar la diferencia entre el precio de coste del algodón y el precio a que les conviene pagarle a los hiladores.

¿Se quiere que el algodón produzca? En el Arancel está la barita mágica..., y completamente gratuita.

REAL ORDEN

Para dar cumplimiento a los Reales decretos de 1.º de junio y 11 de octubre últimos, relativos a estimular el cultivo del algodón en España y otorgando un crédito para este fin, se ha aprobado el siguiente

REGLAMENTO

Artículo 1.º Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.º del Real decreto de 1º de junio del año actual, la Junta y el Comité que se constituyen por virtud del mismo procurarán aplicar los preceptos y disposiciones de la ley de 19 de julio de 1904, ampliada por la Real orden de 23 del propio mes y año y de su reglamento de 29 de enero de 1906, en cuanto sean aplicables o adaptables al régimen actual.

Art. 2.º El organismo que se crea por el Real decreto aludido se denominará Comisión Algodonera del Estado y funcionará por medio de la Junta y del Comité ejecutivo que en dicho Real decreto se crean.

Art. 3.º La Junta, de la que formará parte un ingeniero agrónomo, se constituirá tan pronto como los Ministerios de Hacienda, Fomento y Trabajo y de los demás organismos y entidades que se enumeran en el art. 1.º del Real decreto hayan designado sus respectivos representantes, para que formen parte de la misma como vocales. En todo caso, dicha Junta se reunirá por primera vez dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este reglamento.

Habrá de reunirse, además, en el mes de noviembre de cada año y siempre que lo disponga el jefe del Gobierno o la Junta por iniciativa propia o a propuesta de siete o más vocales de la misma.

La Junta se reunirá siempre en Madrid. Solamente en casos excepcionales podrá reunirse en sitio distinto a iniciativa de su presidente, siendo convocada por lo menos con quince días de anticipación.

Art. 4.º Las resoluciones o acuerdos que adopte la Junta se tomarán por mayoría absoluta de votos que emitan los vocales presentes, siempre que asistan o estén representados la mitad más uno del número total de los que formaren la Junta cuando la reunión sea de primera convocatoria. Si no se reuniese dicho número se entenderá anunciada la segunda convocatoria para la misma hora del siguiente día, en cuyo caso serán válidos los acuerdos que se adopten por la mayoría de votos de los asistentes, sea cual fuere el número de ellos.

En caso de empate en las votaciones, se considerará como de mayor calidad el voto del presidente, que decidirá la votación.

Siempre y cuando no se adoptaren los acuerdos por unanimidad, los vocales que disientan harán de hacer