El Progreso agrícola y pecuario (1923-09-15 00:00:00), página 1

El problema del Catastro en el Parlamento.

Discurso del Sr. Cánovas del Castillo.

Llegamos al final del debate sobre Catastro. Para poder intervenir en él, el Sr. Cánovas del Castillo apoyó, en la sesión del 21 de julio, una proposición no de ley. El ambiente, tan caldeado al comienzo en la discusión, se había serenado. Era el momento más propicio para que hablara un hombre tan ponderado, un espíritu tan ecuánime como el ilustre secretario de la Asociación de Agricultores de España.

No hubo acritud alguna en sus manifestaciones: sobriamente, reposadamente, amablemente, el Sr. Cánovas fue exponiendo las quejas de los agricultores, empezando por reconocer que él ni como tal, ni como representante de un distrito agrícola, tenía nada que aportar a aquel juicio de agravios, por lo que, al intervenir, lo hacía desde el punto de vista del interés general.

El Sr. Cánovas cree que el servicio del Catastro debe pasar al Ministerio de Fomento, para quitarle el carácter de instrumento del Fisco que actualmente tiene, y que no puede vivir divorciado, como ahora, de los servicios agronómicos. Entiende que debe volverse a la ley de 1906 en toda su pureza y anular el reglamento de 1913, que la tergiversa. Afirma que no es legal establecer agrupaciones de cultivo —como lo hace el referido reglamento— que rebasen el término municipal, ni deducir los líquidos imponibles por el método sintético, ni dejar sin determinar las masas de cultivos. Pide que se pague a las Juntas periciales para obligarlas a actuar, y que se prescinda en las cuentas de los precios de la guerra.

Y como final, el Sr. Cánovas pida una cosa que nosotros venimos pidiendo desde el primer día y que hay que conseguir a todo trance: que se constituya una Junta de Catastro, integrada por técnicos y agricultores, que sirva de mediadora entre la Jefatura del servicio y el ministro que ha de resolver en definitiva, para que en las resoluciones que este adopte no siga siendo la Jefatura juez y parte, y se dé entonces a los agricultores una garantía de imparcialidad de que actualmente carecen.

A nuestro modo de ver, en la creación de esa Junta y en las facultades que se le confieran—a nuestro juicio mucho más amplias que el Sr. Cánovas pide—está la solución del problema que agita—inútil sería negarlo—y la más agrícola y amenaza con más grandes males.

La necesidad de esta Junta, fue admirablemente expuesta en el preámbulo del Real decreto de 9 de octubre de 1902 que en su día creó una semejante, y que, entre otras cosas, decía claramente:

"Trazar el vasto plan de las operaciones catastrales, tiene que ser obra y fruto de amplias deliberaciones, en que se conciernen muy variados conceptos y puntos de vista muy diferentes, a que deben concurrir no escaso número de personas que por sus carreras, sus estudios y conocimientos tengan demostrada suficiente competencia y se hallen en disposición de examinar todas las cuestiones de tan particular índole con el Catastro relacionadas."

Y en cuanto al objeto y atribuciones que a tal Junta se asignaron, véase cómo se expresaba dicha disposición:

"Estudiar y proponer los medios más eficaces y procedimientos más rápidos y económicos de formar, con la precisión y condiciones suficientes, para toda clase de aplicaciones fiscales, económicas y jurídicas, el Catastro parcelario de España (art. 1.), y resolver cualquier consulta o duda que se presente al discutir, plantear y desarrollar el plan aprobado (art. 6.)."

Esa Junta, envilecida e inutilizada por la política y suprimida después, hay que volver a crearla, dando toda clase de garantías para su eficacia y en la elección de las personas que deban formarla.

Esa Junta había propuesto ya—si existiera y se la decretara de la debida autoridad—la vuelta a la ley de 1906 —que iniciativa de una Junta de Catastro fue—; la revisión de los líquidos imponibles de la guerra; que se facultara de nuevo a los Municipios, a las Diputaciones y a las agrupaciones de propietarios, para hacer su Catastro parcelario, con la ayuda metálica del Estado y bajo la inspección de éste —como la ley de 1906 establece—, y, sobre todo, como la propia ley dice y el decreto de creación de la Junta superior de Catastro encarga especialmente al cuidado de ésta: "para que el Catastro sirva eficazmente para toda clase de aplicaciones económicas, sociales y jurídicas."

Es decir, para que el Catastro sirva para algo más