El Progreso agrícola y pecuario (1923-04-30 00:00:00), página 7

Con las últimas cotizaciones en Bolsa, el papel de la Deuda perpetua interior al 4 por 100 produce cerca del 5 por 100 de interés; el empréstito francés amortizable de 1920 renta el 5 por 100 libre de impuestos, más el premio a la amortización, cotizándose, no obstante, muy por bajo de la par; la banca privada española descuenta al 6,50 y 7 por 100. Un promedio razonable nos conduce a la capitalización del 6 por 100.

Se han propuesto distintos tipos de capitalización, según se trate de foros o subforos, y teniendo en cuenta la documentación de que se hallen ador nados. No hay nada que justifique estas diferencias. Si la existencia del foro se prueba por cualquiera de los medios admitidos en derecho, es preciso redimirle; si no se prueba, no se redime. La renta tiene el mismo valor económico, ya proceda de un foro o de un subforo, y sólo este valor es el que se indemniza.

Pero, ¿quién ha de pagar la redención? He aquí la dificultad suprema. Si hubiere de resolverse ésta desde un punto de vista puramente jurídico, no ofrecería duda: quienes pagan la renta deben redimirla. Entonces ya no restaba más que el obstáculo que represente la solidaridad de los pagadores en el foro. Pero el camino a seguir no permite vacilar si esta solución ha de ser práctica y justa; hay que declarar extinguida la solidaridad en el foro a los efectos de la redención, de manera que cada pagador pueda redimir con independencia de los demás la parte de pensión que grave sus tierras. Así lo declaraba ya el proyecto de concentración parcelaria del Sr. González Besada, elaborado en 1907, y desde entonces acá han evolucionado mucho el concepto de la propiedad territorial y los hechos sociales que a ella afectan.

Abrigamos la convicción de que una ley sencillísima de dos o tres artículos que recojan íntegramente esta solución, haría cambiar en pocos meses el aspecto del problema foral.

Se ha propuesto otro camino que conduce al mismo fin de que el forero redima la renta. Consiste en que el Estado indemnice al dominio directo y después se resarza en varios plazos de capital e intereses, cargando su importe a los foreros, englobado en la contribución territorial. Esto le impone al Estado definir los foros existentes, determinar el número de fincas a que alcanza cada uno, fijar la parte de capital e intereses de que ha de responder cada finca y, finalmente, incorporar estas cuotas a la contribución territorial. Es el criterio que desenvuelve el aludido proyecto de redención aprobado por los dominios directos de la provincia de Pontevedra en la reunión que celebraron en 27 de marzo de 1921.

Esta solución es verdaderamente halagadora para las aforantes, pues prescindiendo de las condiciones en que se hiciese la redención, percibían el capital de sus rentas de una sola vez, entendiéndose directamente con el Estado. En cambio, los pagadores no harían más que cambiar al perceptor de la renta por el recaudador de contribuciones, lo que no puede asegurarse el que sea una ventaja, viéndose, además, obligados a la redención obligatoria, siquiera hubieren de pagarla en plazos. ¿Pero se habrán calculado bien el sinúmero de dificultades que el Estado tendría que vencer hasta llegar a la liquidación de las cuotas que por intereses y amortización corresponden a cada una de las fincas aforadas?

Resta únicamente por indicar, la solución radical, la que parece vislumbrarse detrás de la actitud de resistencia al pago, y que ha sido no más que incidentalmente aludida en el último Congreso agrario de Pontevedra. Me refiero a la redención por el Estado con cargo a su presupuesto sin reintegrarse del importe de aquélla.

Todas las soluciones gubernamentales impuestas por la necesidad social e inspiradas en la equidad, encuentran fácilmente una doctrina jurídica que las legitime.

No discutiremos si el problema foral es causa de una alteración permanente de la vida civil, si se manifiesta por la coacción sistemática ejercida por un grupo que lucha por su liberación, si constituye una amenaza constante para el orden público, si reúne, en fin, la modalidad que caracteriza los conflictos sociales agudos. Pero si esto se admitiese, no podría tacharse de utópica esta solución. Los Estados modernos han logrado frecuentemente poner fin a los grandes conflictos industriales a expensas de fuertes liberalidades de su presupuesto, y a éste gravan las sumas cuantiosas que las naciones progresivas dedican al servicio de previsión social. Y es que el presupuesto del Estado constituye un acto de solidaridad económica de los ciudadanos, y la experiencia y un sentimiento humanitario harán creer que por estos medios se consigue más fácilmente mantener el orden público y la paz social, misión primordial del Estado.

La situación actual no puede perdurar: causa demasiados estragos morales entre nuestros campesinos y amenaza con perjuicios económicos de tal naturaleza, que ya no es lícito tratar esta cuestión desde el plano de la conveniencia política. Las demandas se plantean sin cesar; los pagadores son frecuentemente condenados con costas; las ejecuciones se realizan con la Guardia civil. Y un día habrá de sorprendernos algún conato de motín o resistencia a la fuerza armada que producirá las víctimas inevitables. ¿Quién será el responsable de todo esto?

Es preciso que los representantes de los dominios directos y de la organización agraria, formulen con precisión sus respectivas pretensiones, para que así pueda afirmarse plenamente que esta cuestión se