El Progreso agrícola y pecuario (1923-10-31 00:00:00), página 2

Relación de la importancia de la agricultura y la industria en España.

De la agricultura puede decirse que, no ya su producción, sino sus subproductos, importan más a la Nación que ciertas ponderadas industrias que llaman claves de la economía nacional los sendoeconomistas españoles, y que, a pesar de sus privilegios absurdos y antipatrióticos en contra de los intereses generales de la Nación, no han podido ni conquistar el pobre mercado interior, ni mucho menos asomarse al mundo, hasta que en la gran tragedia que terminó ha poco, fué destruida materialmente la competencia de fuera: industrias que llenan la gran Prensa diariamente; que amenazan con frecuencia, cuando instantáneamente no se las concede cuanto piden, con graves perturbaciones sociales, y que han gozado de todos los favores, quizás debido, en gran parte, a lo que en las esferas del Poder pudieron pesar sus gestores y partícipes.

Y al afirmar esto, hemos de dejar sentado que, no sólo no vemos con recelo, sino que deseamos, como patriotas y como productores, su prosperidad, para que consuma buena parte de los productos agropecuarios de la Nación, y que, para contribuir a su justo desarrollo, colaboraremos a toda hora; pero, antes que todo, queremos vivir en justicia y no supeditados a la exclusiva conveniencia de los demás, que son los menos, pero mejor organizados y situados estratégicamente para defender sus intereses.

Clífras eloquentes.

Entre los cien ejemplos que podríamos citar, con relación a la importancia de la agricultura y grandes industrias españolas en el haber nacional, tenganse en cuenta que los 4 millones de toneladas de carbón, por ejemplo, que en España se producían antes de la guerra, valían, a un promedio alto, cual es el de 15 pesetas tonelada en mina, 60 millones de pesetas, y los 5 millones de toneladas que hoy se explotan, aun fijando el elevado precio de 40 pesetas en boca de mina, valen 200 millones de pesetas; las 400.000 toneladas de lingote que la siderurgia producía en 1913 y la transformación de gran parte de él en hierros laminados, todo junto, y elevándolo mucho, unos 200 millones, y que la industria textil, calculado en 500 millones de pesetas el valor de su producción (y aun sería justo, para nuestros cálculos, restar el algodón, que era extranjero, la mayor parte del carbón, que lo era igualmente), lo mismo que la maquinaria y los lubricantes), entre todas esas grandes industrias suman bastante menos de la cuarta parte de lo que vale la perseguida producción cerealista, producción que es, en su origen y en todo su desarrollo, España misma, su territorio, su solar, que si no se aplica a eso (y no se aplicará si se ha de cultivar perdiendo) habrá que dejarlo para pastos, y entonces la densidad de población se reducirá y, por tanto, la capacidad de consumo industrial, con lo que de nada servirá apretar más los tornillos en las leyes de protección, pues con ellas y sin ellas nos agitáramos en el vacío.

El valor de la producción agrícola, anualmente, es alrededor de 9.000 millones de pesetas, sin contar la riqueza pecuaria. Los subproductos de las mismas, los abonos orgánicos, ¡sólo los orgánicos!, valen unos 400 millones de pesetas, según consta en un documento oficial; de la población económicamente activa de España, el 70 por 100 es agrícola; el 80 por 100 de la total producción industrial de España lo consume la agricultura, según el testimonio, en documento oficial también, de los más significados representantes de la industria nacional. Todos en España, directa e indirectamente, de la agricultura vivimos, y, sin embargo, la agricultura es postergada siempre, y continuará siéndolo fatalmente, si no se empieza por disolver, para después, si se consideran necesarios (nosotros creemos que algunos no lo son), reorganizarlos justamente, los principales organismos que dirigen o marcan el norte de la economía nacional. Algunos ejemplos en apoyo de esta afirmación nuestra:

La agricultura postergada. Caso vergonzoso.

La Comisión Protectora de la Producción Nacional constituyenla 43 miembros, en representación de varios organismos e intereses. Pues bien: de esos 43 miembros sólo cuatro representan la agricultura, el mismo número que el de gestores de una sola Sociedad, cuatro también, y cuya Sociedad tiene como capital realmente desembolsado menos de la quinta parte de lo que valen los subproductos, los abonos orgánicos que produce y utiliza cada año la agricultura. De los 11 miembros que en la misma Comisión son de nombramiento directo del Gobierno, ni uno solo es agricultor. No ha tenido presente ningún Gobierno, al hacer esos nombramientos, que la agricultura es una producción en España. Así pudo darse el caso vergonzoso de que cuando en 1912 la agricultura española solicitó que las harinas que consumía el ejército de África fueran nacionales y elaboradas con trigos españoles, y al efecto que se considerasen incluidos en la ley de Protección de la Producción nacional, se nos negó. ¡No consideró, sin duda, aquella plutocracia industrial y sus representantes, que es la agricultura producción tan nacional, cuando menos, como la producción de automóviles, que dentro de esa ley incluyeron los ejecutores de ella!

El azúcar.—Puede decirse que se hace principalmente en el campo. En los países europeos de industria azucarera desarrollada, esta verdad preside las normas que regulan las relaciones entre el fabricante de azúcar y el cultivador de la remolacha, para determinar la parte que en los ingresos por venta de azúcares corresponden al cultivo y a la fábrica. En España, donde la industria azucarera puede decirse que es el resultado directo de la política arancelaria, con ella relacionada, es más necesaria que en parte alguna la adopción de métodos y procedimientos legales que determinen las bases del reparto de productos entre el campo y la fábrica. Sólo así sería verdad el constante y poco razonado argumento de protección a la agricultura, en que, cuando conviene, se quieren fundamentar las medidas que más parecen exclusivamente encaminadas a favorecer al fabricante, si hemos de juzgarlas por sus resultados.

Pues bien: convencidos agricultores y consumidores de que esta absurda política arancelaria no debía existir, se hizo campaña y se modificó la ley en el sentido de que, cuando el precio del azúcar fuera muy elevado, podría reducirse el derecho arancelario; pero oyendo previamente a la Comisión Protectora de la Producción