El Progreso agrícola y pecuario (1923-12-15 00:00:00), página 10

tuaciones, que demandan la conveniencia y paz públicas.

En virtud de lo expuesto, el jefe del Gobierno tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 3 de noviembre de 1923.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

(Continuado.)

NOTICIAS

Lo que pide el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.—El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, haciéndose intérprete de las aspiraciones de las clases productoras de aquella región, ha dirigido al Directorio un amplio documento que abarca, entre otros extremos, el régimen de propiedad y los contratos para la explotación de la tierra, la legislación social y la asociación agrícola.

Aboga por la representación de la agricultura en los altos organismos del Estado, entre éstos la Junta de Aranceles y Valoraciones.

«Es verdad—dice el escrito—que este Instituto constituye una excepción, para el mismo honrosísima, por cuanto se le concede expresamente un cargo de vocal para dicha Junta. Pero no basta; hay una desproporción a todas luces injusta entre la representación de la agricultura y de la ganadería en la Junta de Aranceles y Valoraciones, y la de otros sectores de la riqueza del país.»

En cuanto al crédito agrícola, cree el Instituto que mientras no se cuente con un organismo creado expresamente para realizar tan importante función, el Banco de España y sus sucursales deberían atender a ella, habiendo anticipos reintegrables a los Sindicatos y Cajas rurales y facilitando operaciones de crédito entre dichas entidades y sus asociados.

Es también de interés público que el Estado, directa o indirectamente favorezca las obras de riego, embalsamiento de aguas, tomas de los ríos, etc., atenuando el triste espectáculo que se ofrece en tantos y tantos sitios de España en que las aguas corren vergonzosamente hacia el mar llevándose las tierras que deberían dar, a base del agua, óptimas cosechas.

Abordan también los temas de la enseñanza agrícola, vías de comunicación, repoblación y conservación forestal, y estima que en toda clase de productos agrícolas o pecuarios el Poder público tiene misión importantísima a cumplir en lo que se refiere a la represión de fraudes, falsificaciones, adulteraciones, e injustas gabelas municipales.

Corrigiendo tales abusos se habrá ganado la mitad del camino a recorrer para la solución del conflicto de las subsistencias.

Fuerza modificar el criterio seguido por el Gobierno en la confección de Tratados de comercio, y cree que es de justicia que desaparezca la equivocación, muy corriente, de que la producción agrícola no contribuye en lo que le corresponde a las cargas públicas. Semejante afirmación, nunca demostrada, y lanzada por quienes no conocen la penosa vida rural ni el régimen interno de la producción agrícola, ha sido causa de la imposición de enormes tributos a la agricultura de muchas regiones de España y de un lamentable apartamiento de capitales de la explotación de la tierra, puesto que, por otra parte, todo el mundo sabe que el capital aplicado a la agricultura produce un interés escasísimo.

Por último, aborda el problema de la producción vitícola, y estima que la libre destilación sería medio eficazísimo para evitar la depreciación de nuestros vinos. Si ésta estuviese en vigor, no se daría el deplorable caso que se da estos días en Cataluña. Son muchos los cosecheros que, terminada la recolección de la uva, han dejado más o menos parte de ella en los viñedos, porque, teniendo en las bodegas existencias de la cosecha anterior, por falta de consumo, no hay sitio en ellas para colocar la actual. Si hubieran podido destilar, el conflicto de hoy no se hubiese planteado en tantas proporciones, por haberse reducido el volumen del producto, evitando al propio tiempo la reducción del precio.

* * *

Una asamblea agrícola en Getafe.—Con objeto de exteriorizar los males que aquejan a la agricultura y lograr que el Estado intervenga en su favor, resolviendo un problema de interés nacional, en la mañana del domingo se celebró en Getafe una asamblea, organizada por la Sociedad Agrícola del vecino pueblo y la representación de los 23 que forman el distrito judicial.

Se aprobaron las siguientes conclusiones:

«Primera. Exponer al Directorio militar que los labradores cerealistas están arruinados, porque el costo de las labores se mantiene carísimo, triplicado, en comparación con el de antes de la guerra, y, en cambio, el precio de los cereales ha bajado ya, hasta ser casi el mismo que entonces, no pudiéndose continuar cultivando, por lo que habrán de quedar sin trabajo muchos miles de hombres, al no tener cuenta para algunos volver a alzar los rastrojos, para preparar el año 1924 una sembrada cuyos frutos valgan menos que los gastos que se hagan.

Segunda. Señalar como causas de esta situación de angustia del labrador:
A) Las enormes cantidades de trigo que compró el Estado y que han motivado la acumulación de sobrantes de existencias de otras cosechas, que, unidos a la recogida últimamente, han provocado un exceso de oferta, que es causa inmediata del bajo precio, por cuyas compras pide una vez más la agricultura que se exijan las oportunas responsabilidades.
B) El tiempo que se constituyó el que entrase libre de derechos en España la cebada y otros cereales extranjeros en grandes cantidades, y sin que ello estuviese justificado.
C) Que el maíz esté entrando a torrentes, sin pagar apenas derechos de Aduanas, siendo como es un enemigo terrible del maíz español y también del trigo, cereales y leguminosas de piensos.