El Progreso agrícola y pecuario (1923-08-15 00:00:00), página 9

Artículo 1.º Los propietarios de fincas que no las tengan amillaradas o aquellos que las tengan con ocultaciones de riqueza continuarán perpetuamente obligados a manifestar por escrito a las Juntas periciales o Comisiones de evaluación las fincas que se encuentren en esas circunstancias, y los aumentos de riqueza que de ellos se deriven se considerarán comprendidos en los artículos 48 y 49 del reglamento de 30 de septiembre de 1885 (3) y demás disposiciones concordantes.

La riqueza descubierta en los casos a que se refiere el presente Real decreto será gravada a los mismos tipos que resulten en el repartimiento del cupo de cada término municipal, y la contribución correspondiente se impondrá conjuntamente con el cupo del Tesoro a la provincia, término o contribuyente a que corresponda.

Art. 2.º Los resultados de tales declaraciones o aumentos, comprobados o no, se reflejarán desde luego en los apéndices y demás documentos cobratorios en la forma que por instrucción se designe, y sin perjuicio de las comprobaciones a que haya lugar.

Art. 3.º Pasado el plazo de tres meses, la Dirección general de Contribuciones organizará un servicio de investigación o comprobaciones, en su caso, de la riqueza oculta en las provincias indicadas.

Tales comprobaciones o investigaciones podrán hacerse en las provincias, comarcas o localidades que la Administración estime oportunas, abarcando uno o varios pueblos; pero, en general, deberán realizarse en aquellas localidades donde sea presumible mayor ocultación o en aquellas en que por los datos referentes a exportaciones y mercados, o por haberse transformado los cultivos como resultado de obras públicas, de riego o facilitado la salida de productos por nuevas vías de comunicación, haya experimentado la propiedad acre- cimientos apreciables.

(3) Reglamento provisional para la ejecución de la ley de 18 de junio de 1885, en la parte respectiva a la rectificación de los amillaramientos. Real decreto de 30 de septiembre de 1885:

Evaluación de las fincas rústicas.
Art. 45. Colocadas en el amillaramiento, rectificada según sus diseños una unidad de medida, todas éstas, con la expresión en la rústica de su extensión superficial y el aprovechamiento a que está su destino y las clases de terreno que en la misma haya, con relación al cultivo o aprovechamiento a que está dedicada, y reci- bidos de la Administración los correspondientes tipos evaluativos, procederá la Junta municipal a la efectuación de la comprobación, aplicando la extensión superficial, tomada por cada aprovecha- miento o cultivo, según su clase, por los tipos señalados en las cartillas de evaluación a la unidad de medida de cada una de aque- llas clases de terreno y cultivo o aprovechamiento; fijando la cantidad de productos en las respectivas columnas de producto integral, bajas y líquido imponible.

Los tipos para la rectificación del amillaramiento a que se refiere este artículo, serán respecto a la propiedad rústica y a la ganadería los que la Administración comuniqué oportunamente, luego que las cartillas vigentes hayan sido rectificadas por la Adminis- tración pública en conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de este reglamento.

Art. 49. Siendo general la regla a que se refiere el artículo an- terior, la Administración, a instancia del Ayuntamiento y de la Junta provincial, de la Comisión de evaluación o de las interesadas, podrá rectificar de ella, y dispone que se haga una evaluación especial de alguna o algunas fincas rústicas, a las que, por la es- pecialidad de sus condiciones, resulte injusto y lesivo el producto que da la aplicación de la indicada regla. Los expedientes para autorizar esta evaluación especial se someterán a la tramitación indicada en el art. 32 del reglamento de la Contribución terri- torial.

Para que pueda hacerse esta evaluación especial, son requisitos indispensables: primero, que el producto líquido que resulte a la finca, aplicando los tipos de cartilla, sea mayor o menor a la tercera parte del que se hubiera obtenido por las comprobaciones periciales o por otros medios que produzcan absoluta y completa evidencia, ser el verdadero que la finca tiene; segundo, que esa di- ferencia no proceda del mayor esmero o de la mayor perfección en las labores, ni tampoco de los desgastes o negligencia de los due- ños, arrendatarios o encargados de las fincas; tercero, que tampoco proceda de la variación de precios de los frutos.—(S. de la R.)

Art. 4.º La comprobación de la riqueza rústica se hará tomando provisionalmente como base las cartillas evaluadoras vigentes, disminuyendo o aumentando los tipos establecidos en el tanto por ciento que correspon- da por la depreciación o por el mayor valor que desde la fecha de su formación hayan tomado los frutos de la tierra, los productos de la riqueza urbana y los precios de la ganadería, según los datos oficiales que consten en los Ministerios de Hacienda, Fomento o Trabajo, o sus dependencias, y los que se obtengan, si hubiera lu- gar a ello, por los informes de las Sociedades Económicas de Amigos del País o cualesquiera otras Corporacio- nes científicas, agrícolas o comerciales que el Gobierno consulte.

Se rectificarán, en su caso, las cartillas cuando falten tipos evaluativos para los cultivos nuevos o transformados.

En la valoración de la riqueza urbana se aplicarán los métodos establecidos para los Registros fiscales.

Art. 5.º Los trabajos técnicos que precisen las com- probaciones indicadas serán efectuados, a solicitud de la Dirección general de Contribuciones, por el personal de ingenieros, arquitectos y ayudantes que facilitará el del Catastro de Rústica o Urbana, respectivamente, au- torizándose a dicho Centro para que organice una sec- ción especial, si las continuadas peticiones de personal para tales servicios lo exigieran.

Los gastos que origine este personal técnico serán abonados con cargo al capítulo I.º, art. 3.º de la sección 11.

Art. 6.º La administración y exacción de los gravá- menes correspondientes a la riqueza descubierta en eje- cucción de este Real decreto, se ajustará, en todo lo no dispuesto en el mismo, a los preceptos que rigen para los cupos del Tesoro.

Art. 7.º Al extenderse a nuevas provincias los tra- bajos del Catastro de la riqueza rústica, quedarán sus- pondidas las comprobaciones a que se refiere este Real decreto en los partidos judiciales a que los trabajos se extiendan, y se procurará no extender los trabajos a nuevos partidos mientras no se vayan concluyendo los comenzados.

Análogamente, tratándose de la riqueza urbana, se suspenderán las comprobaciones a que se refiere este Real decreto desde la fecha en que comience la compo- bación del Registro fiscal correspondiente.

Art. 8.º El ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución de este decreto y de dictar las disposi- ciones convenientes para la marcha de estos servicios, siempre dentro de los créditos autorizados.

Dado en Palacio a diez de agosto de mil novecientos veintitrés.—ALFONSO.—El ministro de Hacienda, Miguel Villanueva y Gómez.

Muy importante.

Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PE- CUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.