El Progreso agrícola y pecuario (1923-12-15 00:00:00), página 2

piedad, es de apetecer la subdivisión de la misma por las grandes ventajas de orden social que ello representa para un país; y, además, encontrándose próximos a la extensión de los regadíos, que han de coger o abarcar amplias comarcas, tanto en el Alto Aragón como en las vegas de Andalucía, es evidente que no cabe pensar en grandes propiedades allí donde el riego exige una mano de obra crecida, un trabajo intenso y un capital circulante considerable, todo lo cual sólo puede suplirse o reemplazarse por el esfuerzo de una familia, que con una corta extensión de hectáreas en el regadío puede vivir y realizar el doble ideal del aumento de la producción agrícola del país y de consolidación de un régimen de propiedad que a la familia campesina sustente.

Concretado a España el problema, son fáciles de precisar sus términos. Afortunadamente, los datos y elementos de juicio abundan clasificados. Los artículos de los señores conde de los Andes, Ávila, Atias, Torrjón y Loma en el número primero del Boletín de la Junta Central de Colonización Interior (primer trimestre de 1919); los estudios de D. Julio Senador, en especial los concernientes a la cuestión de la tierra en Castilla (Revista Quincenal, 25 agosto 1919); la información sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba, llevada a cabo en 1919 por el Instituto de Reformas Sociales, y la realizada posteriormente, en 1921, por este mismo Centro tocante a subarriendos y arriendos colectivos de fincas rústicas; lo mucho y muy bueno expuesto en los Congresos de riegos, particularmente los de Zaragoza y Sevilla, todo esto sin remontarnos a años atrás, en los que tanto se escribió, no sólo autoriza, sino que obliga a emprender la tarea sin excusa ni dilación por parte de Gobiernos y Parlamento. El acopio de material está hecho; el análisis del terreno que hay que roturar y en el que ha de enterrarse la simiente, se halla concluido. Si algo falta, D. Diego Pazos, en su libro Política agro-social de España, publicado en Madrid en 1920, recopila con todo detalle la doctrina, la historia de la política agraria española, la situación general del campo y la particular en las diversas regiones y provincias. Esta última parte de su libro es interesantísima por los datos recopilados, concluyendo su notable trabajo con una exposición de las reformas agrarias a base de las normas jurídicas que han de sustentarla e imponerla.

No cabe, por tanto, alegar ya ni ignorancia, ni precipitación, ni ligerezas improvisadas. Todos los materiales están acopiados; lo único que falta por averiguar es si se halla preparado el arquitecto, dado ése que exíta. Desgraciadamente, la fatalidad, que impide en nuestro país acometer ninguna de las empresas dignas de nuestra época es la única causa de que el tiempo transcurra sin que nada se intente ni mucho menos se remate. Con insistente repetición periódica se promueva, por algún acceso de la enfermedad, la crisis agraria y social, reveladora de una inadaptación de la tierra a su cometido. La última en fecha, origen de lo que como más moderno he citado, remoza cuanto quedó recopilado en otros años anteriores. Lo que no se percibe es el remedio que haya de aplicarse en lo sucesivo. Su contenido, no obstante, nos parece a muchos preciso y neto y su instauración hacedera. Hasta en el extranjero se preocupan más que nosotros de buscar en Les conditions agraires en Espagne. Así titula el Bureau Internacional du Travail uno de los documentos que publica en series (1). Mucho me honran las largas citas que allí se hacen de mi modesto libro sobre el problema agrario en España (2), pero me halgaría más como español ver el comienzo de la obra reconstructora que nadie plantea.

La riqueza que acusa el Catastro es indicadora de la robustez que elcimiento agrario ofrece. No más de 1.532 son los avances aprobados hasta 31 de octubre de 1921, y cerca de 4 1/4 millones de hectáreas la superficie catastrada. La riqueza amillarada suma 200.552.215 pesetas; la comprobada, 366.823.635; la diferencia en más es de 166.271.420 pes-tas. El camino que aun queda por recorrer es largo, y la velocidad a que se navega tarda y 'enta' (3). A juzgar por el paso, hay todavía jornada para muchos años, y eso no debe de ser. De aquí que siempre me haya permitido preconizar el sistema de las Cartas agrarias provinciales. Ellas arrojarían en una década el inventario de nuestro agro, y presto cabría ordenar éste para prosecución del fin nacional que le incumbe.

En realidad de verdad, dos son los postulados: comunicaciones y ajustamiento o encaje a la tarea económica que convierta el territorio en máquina de rentabilidad mediante la reintegración al monte de las serranías, laderas, cuencas, oteros y collados, dedicando los vallejos y planicies a la alternativa intensiva, y al regadío las vegas y praderas. Así vendría, tras la modificación del taller, el cambio o sustitución del artefacto en el orden social, con todas las derivaciones de la subdivisión integrada por la enseñanza, por el crédito, por la cooperación y por el realce moral de quien, técnica y profesionalmente, se engrana en su función y convierte, por el ritmo de la suya personal, en armónica la colectiva (4).

Como ejemplo práctico de la forma en que la subdivisión de la propiedad se verifica en España, daremos a conocer los préstamos concedidos por el Banco Popular de León XIII a tres Sindicatos agrícolas para la compra de fincas rústicas, que se han de parcelar entre los asociados:

    Pesetas.
    Número de socios.

    A Quijorna
    240.000
    70

    A Brunete
    47.500
    50

    A Albarreal de Tajo
    115.500
    60

    TOTAL
    403.000

(1) Número 2, serie K, Etudes et documents, 10 de noviembre de 1923.
(2) Madrid, 1915.
(3) Ministerio de Hacienda, Resumen numérico de la Memoria formulada por la Sección de Catastro de la riqueza rústica, año de 1921.- Madrid, 1922.
(4) Los dos grandes postulados de la economía agraria. Madrid, 1917.