El Progreso agrícola y pecuario (1923-08-15 00:00:00), página 5

mero de propietarios que represente más del 25 por 100, se comprometa a satisfacer durante el tiempo de suspensión un aumento del 50 por 100 sobre la riqueza imponible que tenían amillarada en el último reparto en que contribuyeron por el régimen de cupo, petición que resolverá el Consejo de Ministros, apreciando si existe o no en cada caso las circunstancias extraordinarias a que se refiere la ley.

Se considerarán como circunstancias extraordinarias, a los efectos del párrafo anterior:

1.º Las alzas notables en la tributación media unitaria de cada cultivo comparada con la de los pueblos limítrofes de análoga capacidad productiva.

2.º Los quebrantamientos de forma de tal naturaleza que hayan hecho imposible a los agricultores ejercer su derecho de reclamación.

3.º Los cambios notables en las condiciones económicas o de cultivo del término o zona agrícola.

Art. 22. Cuando concedida la revisión, ya de oficio, ya a costa de las entidades reclamantes, soliciten los pueblos la aplicación de la ley de 26 de julio de 1922 (3), de conformidad con los anteriores artículos se iniciará el opportuno expediente, a fin de que el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, puedan acordarla por un plazo improrrogable de cuatro meses. Si pasado este plazo no hubiera terminado la resolución por imposibilidad material, a pesar de haber el pueblo facilitado la labor de los funcionarios del Catastro, volverá el expediente a Consejo de Ministros para que éste haga nueva concesión por un plazo mínimo de dos meses, ampliable en los trimestres completos que se juzguen precisos para la completa terminación del trabajo.

Art. 23. En los casos en que en la concesión de suspensión de efectos tributarios no se especifique por el Consejo de Ministros la fecha desde la cual se contará ésta, se entenderá que se parte del comienzo del primer trimestre siguiente a la concesión, a fin de facilitar a la Administración la liquidación del tributo.

Art. 24. En todo caso, y terminada la revisión y fija la riqueza por que el pueblo ha de contribuir, se practicará una liquidación desde el momento en que se suspendieron los efectos tributarios hasta que se reanuden, debiendo satisfacer los pueblos los recibos adicionales, y en la forma que acuerde la Dirección general de Contribuciones, la diferencia entre lo satisfecho con arreglo al último cupo, aumentado en un 50 por 100, y lo que por cuota le corresponda pagar con arreglo a los trabajos catastrales rectificados.

Art. 25. Las Juntas periciales creadas por el artículo 46 de la ley de 23 de marzo de 1903 (8) estarán compuestas:

1.º Del regidor sindico del Ayuntamiento, como presidente nato. Cuando haya más de uno, el Ayuntamiento elegirá a uno de ellos para tal cargo.

2.º De dos mayores contribuyentes por rústica, elegidos por sorteo entre los comprendidos en el primer tercio de la lista formada por todos los del término, en orden de mayor a menor cuota.

3.º De dos vecinos propietarios por rústica, elegidos también por sorteo entre los dos últimos tercios de la escala antes citada.

4.º De un secretario sin voto, que habrá de serlo el del Ayuntamiento o la persona que designe el alcalde, para un período de tiempo de dos años.

Los vocales serán renovados por mitad cada dos años y a la vez que lo sean los Ayuntamientos, no siendo renunciables tales cargos.

Estas Juntas periciales celebrarán sus sesiones cuando lo pidan el presidente, dos vocales o el jefe de la Brigada que opere en el término, debiendo llevar su libro de actas foliado y abierto por el alcalde del término correspondiente.

La Junta pericial será elegida por el Ayuntamiento y Junta de asociados, reunidos en sesión extraordinaria convocada al efecto, lo cual deberá hacerse en cuanto el Ayuntamiento tuviera noticia de que los trabajos catastrales daban comienzo.

Las atribuciones de dicha Junta están contenidas en el artículo antes mencionado de la ley de 1906 (8), en el reglamento de 23 de octubre de 1913 (9), y en el art. 21 del Real decreto de 12 de septiembre de 1917, (10), y además deberá dedicarse a estudiar el problema evaluatorio del término, especialmente líquidos y rentas, para, en su día, poder confrontar el resultado de sus investigaciones con los datos y documentos catastrales que se sometan a su informe.

Art. 26. Toda vez que, terminado el plazo dado por los funcionarios del Catastro, en trabajos de avance o de revisión, a las Juntas periciales para informar los distintos documentos que ordena la ley, estas entidades no los remitiesen debidamente cumplimentados, se entenderá que son aprobados, procediéndose por las Oficinas del Catastro, si fuere necesario, a la redacción de otro ejemplar, cuyos gastos se exigirán a los Ayuntamientos respectivos por conducto del delegado de Hacienda. En tales casos, las Juntas periciales serán multadas con arreglo al art. 87, apartado c) del reglamento

(8) Ley de Catastro parcelario de 23 de marzo de 1906:
La Gaceta dice: "ley de 23 de marzo de 1906", pero es un error de impresión. Ha querido referirse a la última ley de Catastro, que es la de 23 de marzo de 1903, según se indica en el art. 46.
Art. 46. En cada municipio funcionará una Junta pericial, compuesta de un síndico, dos mayores contribuyentes y dos vecinos elegidos por sorteo, y sus funciones serán:
1.º Auxiliar a las brigadas del Catastro en la determinación de las parcelas catastrales, en el caso de parcelas y clases de terreno.
2.º Procurar los datos que los jefes de brigadas esténn utilíes para los trabajos evaluativos, cuenta de gastos y productos y fijación de los líquidos imponibles máximos, mínimos y medios.
3.º Contribuir con los propietarios al establecimiento de los límites de las parcelas catastrales, en el caso de parcelas y clases de terreno, y convenios que conduzcan a la simplificación y permanencia de los linderos y a evitar la confusión de condonamientos y servidumbres, con arreglo al art. 10 de esta ley.
4.º Aceptar o reclamar contra las cuentas de gastos y produc-

tos líquidos imponibles acordados por los funcionarios dependientes de la Dirección general, justificando en el último caso los fundamentos de la protesta y disacuerdo y elevándolos a la Superintendencia provincial de Hacienda o a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.
(9) Se refiere al reglamento provisional para la ejecución y conservación del Avance catastral de la rústica y pecuaria, aprobado por Real decreto de 23 de octubre de 1913, el cual, en varios de sus artículos, hace referencia a los funcionarios de las Juntas periciales, según se indica en el art. 21.
(10) Reglamento provisional orgánico del Servicio de Catastro de la rústica rústica, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, aprobado por Real decreto de 12 de septiembre de 1917.
Art. 21. Las Juntas periciales que se autorizan en la ley de 23 de marzo de 1903, para todos los municipios, sin exceptuar los de las capitales de provincias, se considerarán permanentes a los efectos de la conservación del Catastro, pudiendo renovar sus vocales por bienes, y al mismo tiempo que los Ayuntamientos. Serán presididas por el mismo síndico, y secretaría, sin voto, el del Ayuntamiento, o la persona que designe el alcalde.
Como todas las otras Juntas, se someterán a las funciones que les señala el art. 46 de la referida ley, informar todos los expedientes de alteración de características catastrales que se produzcan en la delimitación municipal, y, en general, todas las que les confiere el reglamento de 23 de octubre de 1913.—(N. de la R.)