El Progreso agrícola y pecuario (1923-12-15 00:00:00), página 9

arancelarios del trigo y demás cereales y sus harinas, legumbres y sus harinas, tubérculos y raíces, frutas, hortalizas, pan, carne, huevos, leche, azúcar, aceite, carbón y leña. Es decir, toda la producción agrícola queda sujeta a esta contingencia.

En la situación, de agudísima crisis, que la agricultura atraviesa, ¿será necesario esto? ¿No bajan, por sí solos, todos productos del campo, hasta un punto tal que el precio de muchos es inferior a su coste de producción? ¿Podrá la agricultura resistir el nuevo golpe que este estado de derecho le infiere?

Lo hemos dicho mil veces y antes que nosotros lo dijo Jovellanos, sin que nadie haya podido rectificarle: "Es en vano esperar la baratura de los precios de otro principio que de la abundancia, y es en vano esperar esta abundancia sino de la libre contratación de los frutos."

Todas las trabas que se pongan a la circulación de los productos, a su libre contratación, al libre juego de la oferta y la demanda, perjudiciales han de ser para la producción, y por ende para su abundancia y baratura.

En situaciones anormales—como la que la guerra provocó—se comprende que la intervención del Estado no sólo sea eficaz sino indispensable, para regular la circulación, alterada por las bruscas contracciones de la avaricia y del miedo, pero hace mucho tiempo que toda intervención en este sentido debió cesar.

No es justo que al agricultor se le fase y se le intervenga lo que él produce, y no se tengan los elementos que él necesita pagar para producir. Como no es justo que el labrador tenga que producir sin beneficio o con pérdida el pan que han de comer quienes, en el goce de todas las protecciones, le venden a él el hierro para la reja del arado, el pantalón de pana, la alpargata y la boina a un precio desconocido en cualquier país que no sea el nuestro.

La ley debe ser igual para todos, y esto de las intervenciones y las tasas no lo es.

EXPOSICIÓN

Sr. SOR: Son unánimes los clamores que en todas las naciones se elevan al Poder ejecutivo en demanda de soluciones para restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta, roto largo tiempo antes de estallar el conflicto armado que vino a agravar las hondas perturbaciones ya existentes en los problemas económicos.

El malestar originado por la elevación del coste de la vida no podían desaparecer al cesar las hostilidades en los países que en la guerra europea intervinieron, y en donde la crisis económica fue más aguda y violenta, ni tampoco en los que permanecieron alejados de la contienda podía restablecerse la situación de los años anteriores a la guerra, toda vez que la carestía se debía a las profundas transformaciones introducidas en los elementos de la producción, el cambio y el consumo.

A pesar de las intervenciones del Estado con severas reglamentaciones, la especulación sobre todo lo que para subsistir se considera necesario llegó al desenfreno, y al sobrevenir la paz continuó sobrehaciéndose y obligó a persistir en una fiscalización que todos los gobernantes deseaban fuera por corto plazo, con la esperanza de que los hechos dieran la razón a quienes, como panacea de tan graves trastornos, preconizaban por todo remedio la inhibición gubernativa, pretendiendo que la ley de la oferta y la demanda nivelearía rápidamente los precios, y olvidando, quizá de buena fe, que tal libertad no puede coexistir con las confabulaciones, monopolios, especulaciones y protecciónismos viciosamente admitidos en tantos países.

En nuestra Patria se agudizaron igualmente los trastornos económicos que crónicamente existían, y la vuelta a la ansiosa normalidad económica tropieza con el tesón con que se han venido oponiendo al libre desenvolvimiento de las operaciones productivas y comerciales cuantos pudieron imponer artificiosas maniobras de excepción, sin perjuicio de reclamar al propio tiempo del Estado una suicida abstención de cuanto significase cortar los apetitos de lucro desmedido, viéndose en cambio agobiado el Poder público por coacciones que le forzaron a conceder pr-tectiones, con las que se buscaba la permanencia de los altos precios.

Reconociendo el Parlamento español la necesidad de un intervencionismo del Estado en los problemas de abastos, votó la ley de 11 de noviembre de 1916, que concedió al Gobierno facultades extraordinarias para actuar principalmente sobre el cambio y el consumo de las sustancias alimenticias de primera necesidad y las primeras materias indispensables para la subsistencia. Votada esta ley para regir en los doce meses siguientes a su promulgación, ampliables por períodos de doce meses, fué prorrogándose su vigencia hasta el 11 de noviembre de 1922, en cuya fecha sólo se estimó conveniente disponer de las autorizaciones que al Gobierno conferían los artículos 2.º y 4.º de la misma. De ellos, el art. 4.º facultaba al Gobierno para regular el precio de las sustancias alimenticias y primeras materias, e intervenir en la distribución y circulación de las mismas.

Para la ejecución de tales facultades, el Real decreto de 18 de enero del corriente año creó la Junta central y las provinciales e insulares de Abastos, con las facultades y atribuciones que por dicha soberana disposición se les confería, dictando reglas a que debían atenerse para efectuar la regulación de precios.

La experiencia suministrada por el funcionamiento de tales Juntas, comparada con las enseñanzas adquiridas durante la actuación de las Juntas de Subsistencias creadas por la ley de 11 de noviembre de 1916, aconseja ampliar las facultades gubernativas y las de los organismos encargados de su ejecución para permitir desembarrasadamente la imposición de las medidas que se concepcionan indispensables para contener, dentro de justos límites, las operaciones comerciales, combatir las especulaciones abusivas y hacer fracasar las confabulaciones que se oponen al moral desenvolvimiento del cambio de productos.

No se pretende con el decreto que se someta a la sanción de V. M. dar definitiva solución a los conflictos motivados por la defectuosa organización comercial existente, ni ha de esperarse de él un remedio estable a los males producidos por la general carestía; ello debe ser objeto de madurados estudios que se reflejen en sucesivas disposiciones, cuya finalidad debe ser el estímulo y el abaratamiento de la producción y el fomento de organizaciones cooperativistas que faciliten la instauración de un sistema comercial más perfecto y menos complicado que el actual. Se trata de facilitar, mediante el empleo de medidas excepcionales, inmediatas ac-