El Progreso agrícola y pecuario (1923-07-31 00:00:00), página 3

Cómo se ha hecho la clasificación de las parcelas.

Y en la clasificación, otro momento de la caracterización de las parcelas, ¿qué dice la ley y qué es lo que está ocurriendo? La ley determina una cosa racional y clara. La clasificación consiste en decirle a cada propietario la categoría que tiene la parcela, si es de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Dicho se está que estas categorías, esta enumeración de categorías, no es otra cosa que una idea en relación, y dice la ley que en toda masa de cultivo se determinará una primera categoría, una última categoría y una categoría intermedia, y luego se irán interpolando todas las demás, y así cada parcela responderá a unos tipos máximos y mínimos, en un orden preestablecido. Y ¿qué ocurre? Que no han fijado en ninguna parte ni la primera ni la última categoría, y sin esto ¿qué significa ni qué valor tiene la clasificación?

La cuenta analítica y la cuenta sintética.

¿Qué es el líquido imponible en el avance catastral? Una cosa muy sencilla: P menos G, producto menos gasto. Y en esa ecuación, en esa resta, se halla una cifra que ha de comprender: interés del capital circulante afecto a la parcela, beneficio del cultivador y renta de la propiedad. Esta es la valoración catastral y esta es la operación que la ley ordena que se realice.

Por lo tanto, exige esta valoración hallar en primer término el producto, que es el valor de los frutos, en cotejo, en armonía, con la clasificación que se le ha dado a esa tierra, que no es otra cosa que el índice de fertilidad; fertilidad y el valor del producto: he ahí los términos que sirven para conocer este primer tipo de la producción. Gasto es el jornal en su amplia acepción, es el valor de la simiente, es el abono; pues todo esto, es lo que llama la ley la cuenta analítica.

La cuenta analítica está considerada por la ley como un elemento esencial para la formación del Catastro y así se preceptúa en la ley fundamental de 1903, cuenta analítica que ha de formarse con todos los elementos que he dejado consignados anteriormente.

No puede existir cuenta sintética sin que haya cuenta analítica, porque si la cuenta sintética es el final de una operación, es una resta o es una suma, necesariamente hay que suponer los sumandos, las dos partidas que van a producir la ecuación y la resta.

¿Cuál es la consecuencia inmediata de esto? Vais a verla, así como la sangrienta paradoja que envuelve. ¿Cómo protesta un labrador si no le dicen cuál es la composición de ese tipo que debe impugnar? Sin embargo, se le exige que para reclamar contra alguno de esos elementos diga cuál y por qué. Y dice el labrador: "Pero ¿cómo voy a impugnar lo que no conozco?"

¿Quién debe reclamar, puesto que no se atienden las reclamaciones?

Todo esto, además, es una innovación de estos tiempos, porque esto no se hizo jamás en los primeros años de labor catastral. Me parece oír la contestación del Sr. Ministro de Hacienda: "Que recurran, que reclamen, que se quejen los perjudicados; ya se hará justicia... ¡Ah!, señor ministro! Concluimos ya con la primera parte de los graves errores que anulan los trabajos catastrales en algunas provincias; pero llegamos a la más dolorosa de mi información, a la materia de los recursos.

Por de pronto, quiero recoger una indicación que S. S., Sr. Ministro de Hacienda, expuso en la tarde que tuve el honor de hacerle unas preguntas acerca de materias conexas. Su señoría preguntaba a la Cámara: ¿Por qué no reclaman los particulares? ¿Por qué estas reclamaciones colectivas?, Creo que el Sr. Ministro de Hacienda no dudará del derecho de las Cámaras Agrícolas y demás colectividades a reclamar, porque ese derecho está fijado, lo mismo en la ley y en el reglamento, que en varias Reales órdenes en que se dice, de una manera textual, que las entidades agrarias, que las Cámaras Agrícolas, pueden reclamar.

No se escucha reclamación alguna, por justa que sea, porque se teme que al resolver favorablemente alguna, se desmorone la obra del Catastro, porque una vez resuelta una, quede probada la nulidad de todo el trabajo realizado en estos últimos tiempos! Son tan graves, tantas son las vulneraciones y las concurrencias de la ley, que se teme que todo este armazón desaparezca y que el trabajo de estos últimos años quede destruido.

¿Y puede extrañar a nadie que, ante el desamparo de la reclamación individual, acudan las Cámaras Agrícolas a mantener el derecho perturbado, buscando la unidad de acción y la mayor eficacia? ¿Para qué se han creado, si no, las Cámaras Agrícolas?

Soluciones.

Considero que lo dicho es suficiente para que pueda el Congreso apreciar los errores fundamentales que se cometan en el Servicio Catastral en cada uno de los momentos esenciales en su formación, y voy, para terminar, a proponer las soluciones que constituyen la finalidad de mi intervención. Soluciones que han de amparar los legítimos intereses y han de devolver al propietario aquellas garantías que hoy no tiene.

Volvamos a la ley de 1906, en toda su pureza.

Y lo primero que yo pediría, Sr. Ministro de Hacienda, es que se volviese a la integridad de la ley de 1906: que S. S. realizará un acto parecido al que realizó el Sr. Moret con la ley Municipal, dejando sin efecto todas esas disposiciones contradictorias y oscurísimas que falsean la ley fundamental y básica del Catastro. ¿Cabe aspiración más legítima que la de pedir el imperio de la ley que creó el Catastro y que cuando se observó con fidelidad no causó ni agravios ni reclamaciones?

Que no se hagan revisiones sin haber terminado el Catastro en toda España.

Después considero, Sr. Ministro de Hacienda, que no se puede empezar la revisión por las provincias cuyo catastro está terminado hace diez años, sin acabar el catastro en toda España. Considero —y espero que el Sr. Besteiro me acompañará en esta petición—indispensable avanzar rápidamente en la obra del catastro, y creo que deben venir al próximo presupuesto las cantidades precisas para que el catastro marche y llegue más rápidamente a todas las provincias españolas, siempre con aquellas garantías y aquellas prescripciones que la ley concede.