El Progreso agrícola y pecuario (1923-12-07 00:00:00), página 7

que emigrar a otros países en busca de lo que se les niega en el suyo.

Este problema tiene también un aspecto social que no debe olvidarse. Si se desposee de estos terrenos al campesino que hoy tiene en ellos su medio de vida, al ser lanzado forzosamente a la miseria, se convertiría, impedido por la desesperación, en elemento perturbador y de desorden.

No es esta la primera vez que este problema se plantea. Reiteradamente se ha venido exponiendo a Gobiernos anteriores, y algunos intentaron atenderlo sin lograr darle definitiva solución, pero coincidiendo con los términos del proyecto de decreto que el presidente del Directorio militar tiene la honra de someter a la aprobación de V. M.

Barcelona, 1.º de diciembre de 1923 — Señor: A L. R. P. de V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

REAL DECRETO

A propuesta del jefe del Gobierno, presidente del Directorio militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los que con anterioridad a este decreto vengan poseyendo por sí o por sus causahabientes terrenos por ellos roturados, cercados, edificados o transformados en explotaciones agropecuarias o forestales, pertenecientes al Estado o de propios o comunes de los pueblos, podrán legitimar la posesión, adquiriéndolos en plena propiedad, si lo solicitan de la Delegación de Hacienda de la provincia respectiva dentro del plazo de un año, a contar desde la publicación de este Real decreto, y abonan el justo precio que tuvieran los mencionados terrenos en la época de la ocupación, precio que fijarán los funcionarios técnicos designados por el Ministerio de Hacienda.

Art. 2.º Para legitimar la propiedad de extensión que no exceda de 3 hectáreas de cabida, bastará acreditar en debida forma la posesión previa, continua, durante un año y un día. Para cabidas mayores, será preciso acreditar otro año anterior de posesión por cada hectárea, hasta llegar a 10 hectáreas, que es el máximo cuya legitimación se concede. Los indicados plazos no podrán contarse nunca desde fecha posterior a la de este Real decreto.

Art. 3.º Se exceptúan de la aplicación del presente Real decreto:
Primero. Los terrenos comprendidos dentro de los montes declarados o pendientes de declaración de utilidad pública, acerca de los cuales dictamine el Ministerio de Fomento que no conviene autorizar su legitimación.
Segundo. Los que se hallen bajo la dependencia de la Junta de Colonización y Repoblación interior.
Tercero. Los de la dehesa de Castilseras; y
Cuarto. Las roturaciones efectuadas en las vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos.

Art. 4.º Los poseedores de terrenos a que se contrae el art. 1.º no podrán acogerse a los beneficios de este Real decreto en los siguientes casos:
a) Cuando el terreno no se haya destinado al cultivo agrario, a la formación de prados artificiales o arrozales o a repoblación forestal; y
b) Cuando las roturaciones interrumpan servidumbres de paso, fuentes o abrevaderos de interés público.

Sin embargo, podrán estimarse las roturaciones que se hallen en terrenos gravados con servidumbre de paso, siempre que sea posible variar el trazado de éstas en forma tal que ni el nuevo recorrido ni la nueva pendiente influyan sensiblemente en las condiciones del tráfico.

También podrán ser legitimadas las roturaciones efectuadas en terrenos donde existan servidumbres de aguas constituidas por fuentes o abrevaderos, siempre que se deje libre el aprovechamiento de las aguas con la consiguiente servidumbre que grava sobre la finca.

Los gastos de rectificación de las servidumbres de paso serán de cuenta de los legitimadores, y la apreciación de las condiciones que justifiquen la posibilidad y conveniencia de legitimar las roturaciones comprendidas en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, se realizará por los funcionarios técnicos a que se refiere el art. 1.º, previo informe favorable del Ayuntamiento o del Consejo provincial de Fomento respectivos.

Art. 5.º El pago de precio de los terrenos legitimados se verificará por anualidades en el plazo de diez años. Los que efectúen el pago al contado disfrutarán de los beneficios señalados en las leyes desamortizadoras, y los que dejen de efectuar los pagos en los plazos señalados sufrirán las penalidades en las mismas determinadas.

Cuando los terrenos legitimados pertenezcan a los propios o comunes de los pueblos, percibirán éstos el 80 por 100 de la tasación y el Estado el 20 por 100 restante, a menos que se trate de dehesas boyales o montes de aprovechamiento común por los que se haya satisfecho el dicho 20 por 100, en cuyo caso el importe íntegro de la tasación será percibido por los Ayuntamientos respectivos.

Los legitimadores que no tuviesen amillaradas sus roturaciones para el pago de la contribución territorial deberán satisfacer en cinco plazos anuales, y sin recargo alguno, la que corresponda al tiempo en que vengan poseyendo el terreno con anterioridad a la legitimación, pero sin que dicho tiempo pueda computarse por un período superior a cinco años.

Art. 6.º Cuando un roturador, por su estado de pobreza, no pueda satisfacer el importe de la tasación de la parcela por él poseída podrá legitimar la posesión de la misma con sujeción a las condiciones siguientes:
a) Se acreditará previa y debidamente el estado de pobreza.
b) La parcela legitimable tendrá como máximo la extensión de una hectárea; y
c) Se impondrá al legitimador un canon redimible equivalente a la renta del 2 por 100 anual del capital en que se valore la parcela.

Art. 7.º Los adquirentes de terrenos de propios o comunales por cesión indebida de los Ayuntamientos o Juntas administrativas podrán legalizar la posesión de dichos terrenos con arreglo a las condiciones siguientes:
Primera. Que el precio de adquisición se halle conforme con el que fije el perito nombrado por la Hacienda.
Segunda. Que el total importe de la venta haya tenido ingreso efectivo en arcas municipales.