El Progreso agrícola y pecuario (1923-06-30 00:00:00), página 5

de consideración, pero separado de nuestra actuación técnica, y del cual queremos aparecer desligados en todo momento, ya que no somos agentes del Fisco, sino tasadores de la riqueza agrícola del país.

No es sólo en España donde el agricultor reclama a los Poderes públicos un alivio de las cargas que sobre él pesan: en todas partes, la masa labradora pide un margen de protección, no basado en benévolas tasaciones, sino en consideraciones que hacen resaltar que es la agricultura la base del poder de los pueblos, la que afirma su independencia, la que en un momento trágico puede salvarles, la que determina en los hombres hasta el vigor físico necesario para llevar adelante grandes empresas. Entienden los economistas agrícolas del mundo, que debe atreverse a los campos brazos y capital, asegurando a los primeros trabajo bien retribuido; a los segundos, ganancias lícitas, pero mayores que las que les brindan otros negocios, y que los Estados deben, por todos los medios de que dispongan, facilitar ese éxodo de la ciudad al campo, siendo uno de ellos la disminución de los tipos de gravamen con relación a las demás tributaciones, para conseguir para la Agricultura, madre de todas las industrias, un régimen de favor.

No queremos desaprovechar la ocasión de contestar a cargos que se nos han hecho en la anterior Asamblea de Madrid y en otras varias celebradas en provincias, especialmente los que se refieren a la no intervención en los trabajos de las Juntas periciales y el relativo a las cuentas analíticas de gastos y productos.

Respecto del primer punto, afirmamos, de un modo tan solemne como rotundo, que, dada la forma en que se realizan los trabajos, no hay un solo pueblo en que la Junta pericial no haya intervenido y en cuyo expediente falte en todos los trámites la firma de su presidente. No es y no puede ser, porque los impresos usados tienen las diligencias ya hechas, y no pueden elevarse a la Superioridad, para su aprobación, faltos de tales requisitos. Las leyes han dado a los pueblos derechos con limitaciones de plazos para ejercerlos; pero lo que no pueden conseguir, ni la ley, ni los reglamentos, ni los funcionarios del Catastro, es que los pueblos se interesen por los trabajos, los sigan atentamente y realicen una colaboración verdad, siendo muchos los casos en que se limitan a cumplir los trámites oficiales, sin presiar la ayuda que de ellos podríamos esperar, y a que no podemos obligarlas, a pesar de nuestros esfuerzos. Todos los expedientes tienen registradas las firmas, y todos, oficialmente, están en las condiciones legales de aprobación; pero en unos la colaboración ha sido eficaz, porque la Junta pericial se ha percata do de lo importante de su misión, y en otros, desatendida esa misión, se ha limitado a actos de presencia, dando lugar a que los errores, que en obra de tal magnitud han de existir siempre, no se corrijan a tiempo y pasen hasta el período cobratorio. Todo error denunciado hará incurrir en responsabilidad a la Junta pericial del pueblo a que se refiera, ya que ella, en su día, pudo remediarlo con un poco de buena voluntad. Ejemplo de esto que aseguramos, ofrece la provincia de Sevilla, donde mientras los pueblos que no prestaron atención a nuestros trabajos protestan hoy de la riqueza que se les asignó, otros, quizás los más importantes, entre ellos Écija y Morón, que atendieron los trabajos catastrales, no limitando su intervención a la firma de documentos, aparecen conformes con las valoraciones hechas, a pesar de haber aumentado la riqueza del primero en más de 2 1/2 millones de pesetas y en muy cerca de 2 millones el segundo.

Una sencilla enumeración de cómo se hacen los trabajos hará comprender que es imposible que pasen inadvertidos por las Juntas periciales.

En primer lugar, el comienzo se anuncia en el Boletín Oficial y se participa a la Alcaldía respectiva.

Después se realizan los trámites siguientes:

1.º Se convoca a la Junta pericial, nombrada exclusivamente para ocuparse del Catastro, a quien se le piden los nombres de los prácticos que auxilien al personal, si los mismos individuos de las Juntas no quieren hacerlo. Igualmente se le piden a esta Junta todos aquellos datos que ingenieros y ayudantes creen necesarios para sus valoraciones.

2.º En el período declaratorio, que igualmente se anuncia en el Boletín Oficial, asiste alguno de los vocales de la Junta y rubrica las declaraciones, a la vez que los propietarios las firman.

3.º Después se mandan a los pueblos las relaciones de características, que son unos documentos en que se resume todo el trabajo realizado hasta esa fecha, en los que, finca por finca, consta el propietario, la extensión, el cultivo y la clase de cada una.

Expuestos al público estos documentos, son aprobados o impugnados necesariamente por las Juntas periciales, a la vista de las reclamaciones hechas por propietarios, entidades agrícolas y Ayuntamientos, pues al pie aparece una diligencia impresa, que forzosamente hay que llenar, y que ni en un solo pueblo falta.

4.º En el Boletín Oficial se publica la aprobación definitiva de estos documentos, para que puedan elevarse recursos a la Subsecretaría por aquellos que se crean perjudicados.

5.º Después se remiten a las Juntas periciales las relaciones de líquidos imponibles, con los datos que han servido de base para su determinación sintética (rentas, productos brutos, valores en venta y beneficios del cultivador y del ganadero), según determina la actual legislación catastral.

Estos datos son estudiados por la Junta pericial, los cuales, con su informe, son remitidos a la Junta técnica de Ingenieros, que, a la vista del parecer de aquélla, hace la propuesta definitiva de líquidos.

Estos líquidos, acordados con la intervención y datos de la Junta pericial, se exponen al público, para su conocimiento y para que reclamen, quienes quieran hacerlo, ante la Jefatura provincial, y después recurran a la Subsecretaría, al Tribunal gubernativo y hasta el Tribunal Supremo.

Tales trámites se cumplen siempre, y en las hojas declaratorias, relaciones de características y de líquidos de cada Avance están estampadas las firmas del presidente o vocales de la Junta pericial.

Respecto a las cuentas analíticas de gastos y productos que antes se hacían para todos los pueblos, y que tuvieron su importancia en fechas anteriores a 1910, carecen de ella en la actualidad, porque la ley de 31 de diciembre de dicho año autorizó para hacer las cuentas sintéticas basadas en la renta, conservando las analíticas sólo como comprobación y hechas por zonas, para uso exclusivo del personal y sin obligación de entregárselas, y si sólo la relación de productos brutos, para que el pueblo pueda redactarlas en la forma que estime conveniente, si no cree aceptables las cifras fijadas por el Servicio. Nada obliga a entregar dichas cuentas, ni hay a quien, ya que se refieren a varios pueblos, y cada uno