El Progreso agrícola y pecuario (1923-07-31 00:00:00), página 2

estamos hoy divididos, a estos efectos, en tres castas: provincias donde no llegó el catastro, donde continúan el amillaramiento y el cupo; catastro realizado antes de la guerra, después de la ley y antes del año 14, en donde los tipos de aumento de tributación pueden estimarse en un 40 ó en un 50 por 100 más de lo que se pagaba por amillaramiento; y catastro realizado después de la guerra, en donde la imposición adquiere en muchos sitios el tipo del 240, del 250 y hasta del 300 por 100. (El Sr. Romero Martínez pide la palabra.) Así es que si alguien tuviese tres fincas, una, por ejemplo, en Logroño, donde todavía no ha llegado el avance catastral; otra en Córdoba, donde se realizó en los comienzos de este trabajo, y otra en Sevilla, por fincas de idéntico valor tendrá que tributar el 2, el 4 y el 10, respectivamente, dándose la paradoja siguiente, que es consecuencia obligada de esta valoración, la de que donde más paga la finca es, naturalmente, donde viene a valer menos, porque todo aquello que va en tributos—no digamos nada cuando se trata de la confiscación de todo el beneficio—tiene que reducir necesariamente en perjuicio de su valor en venta. Esto es lo que está pasando en España, y nadie se atreverá a negarlo.

¿Se pueden hacer las revisiones?

Y parece, Sr. Ministro de Hacienda—y esta es la primera indicación práctica que ha de desprenderse de lo que estoy diciendo—, que en aquellas provincias en que se ha consolidado el catastro, no es posible ir a esa revisión hasta que haya terminado en España entera el avance catastral. Porque si es cierto que la ley señaló el tipo de diez años para, después de transcurridos, comenzar la revisión de provincias catastradas, no lo es menos que, al discutirse la ley, se dijo que ese era el plazo que se juzgaba necesario para llegar al avance catastral en toda España, dándose por sentado que no comenzarían las revisiones hasta que España entera estuviera sometida a este nuevo régimen de la cuota.

La revisión de las provincias catastradas hace diez años, aumentará las desigualdades.

Estas tres diferencias de que acabé de hablar, estas tres castas de españoles, se van a convertir en cuatro, en cinco o no sé en cuántas, si comienzan a revisarse las provincias concluidas hace diez años, porque, a juzgar por lo ocurrido en las últimamente catastradas—en las que se tomaron como tipos de valoración los absurdos y fugaces precios de la guerra—, se teñirán estas provincias que se liberaron del absurdo a iguales agravios, mientras que el resto de España, por donde no han aparecido la brigadas del Catastro, continúa con sus antiguos amillaramientos y sus cupos, contemplando cómo por una provincia pasan dos veces los horrores de este Fisco, para otras desconocido.

Los errores del Catastro, en cuanto a superficie.

Las mediciones de los geómetras del Catastro han de limitarse a croquisar las parcelas, situándolas en los polígonos que el Instituto Geográfico les ofrece terminados; y, señores diputados, es curioso, pero es cierto; parece imposible, pero es verdad, que a veces se cometen errores gravísimos, habiendo pueblos que reclaman porque les han añadido 1.500 hectáreas más en su término, cosa que no puede quedar subsistente, porque ahí están las mediciones legítimas, que han de restablecer la verdad; pero el hecho interesa mucho conocerlo para, desde el primer momento, decir por qué ocurre tal desvarío y plantear la cuestión de más importancia en este extremo.

Esto ocurre por el desvío o por el abandono que en los avances catastrales las brigadas han hecho de la Junta pericial.

Las Juntas periciales y el modo de tratarlas.

La Junta pericial la establece la ley de 1906 para dar garantías al labrador.

Pero llega un momento en que se cambia de rumbo, en que los ingenieros y las brigadas catastrales no van a los Ayuntamientos a buscar el contacto con las Juntas periciales; dejan estos organismos abandonados totalmente; ni se constituyen, ni son escuchados, ni se hace otra cosa que enviar, en el momento que ahora veremos, unos cuadros evaluatorios, sin ninguno de los antecedentes necesarios para su comprobación y conocimiento. ¿Cuál de los dos procedimientos es el legal? ¿El que antes se practicaba, esto es, el que el ingeniero, con los elementos que componen la brigada, discuta, se ponga en contacto con esa Junta pericial, o lo que hoy se hace, que se limita a enviarle unos documentos, que no son otra cosa que una relación de tipos fijados a la unidad, sin ponerse en contacto con la Junta? ¡Ah! Este tema tiene un interés singular y debe quedar ahora dilucidado.

¡Si todo el Catastro, en su fundamento, en su trabazón, en su estructura, es una obra de colaboración entre el propietario y el Estado, entre el Fisco y el que va a pagar! Si eso es el Catastro en todos los países del mundo, ¿cómo era posible que nadie dijese—si hay incluso impedimento de posibilidad material—que se puede ir a un término municipal y no escuchar a las personas que lo conocen ni procurar avenirse, con esa avenencia racional y equitativa de que habla la ley? Y así habéis faltado en absoluto a todo lo dispuesto en orden al avance catastral en la mayoría de las provincias donde se ha realizado, y después de haber hecho eso, habéis de mirar si puede tenerse en pie cuanto habéis realizado de espaldas a la ley.

Se ha prescindido de los ingenieros de Montes para la evaluación forestal.

¿Y por qué se ha prescindido de los ingenieros de Montes estos trabajos? Pudo discutirse antes del Real decreto de 1917 si era o no obligatoria la presencia de estos ingenieros; pero después, ¿cómo se defiende, cómo se sostiene que es legítimo el trabajo realizado en aquellas parcelas que tienen riqueza forestal, sin la intervención del ingeniero de Montes? ¡Ah! Decía el señor ministro, lo decla también el señor subsecretario en una carta providencial que ha llegado a mis manos: "Dígaseme un solo término en donde, habiendo riqueza forestal, no hayan intervenido los ingenieros de Montes... Pues bien, señor ministro, aquí en el Parlamento, delante del país, yo le digo a S. S. que en la provincia de Sevilla, en donde existen 200.000 hectáreas de monte, no ha intervenido un solo ingeniero de Montes, y se han hecho las caracterizaciones y clasificaciones sin la intervención de esos ingenieros.