El Progreso agrícola y pecuario (1923-06-30 00:00:00), página 8

las dos últimas entidades ostenta, y llegar a creerla incompatible con la primera. Afortunadamente, reinaron, a última hora vientos menos violentos, y se llegó al acuerdo de que el Marqués continúe en la presidencia de la Asociación de Agricultores—donde tan desinteresados servicios presta al país—y se nombre una Comisión compuesta de ingenieros y agricultores para que, bajo la presidencia del Marqués, estudie las reclamaciones que se presenten, para proponer al Catastro soluciones de concordia.

Al cerrar este número se ignora aún quiénes formarán esta Junta arbitral, que, al parecer, estará integrada por tres consejeros de la Asociación de Agricultores y tres ingenieros que no estén afectos al servicio Catastral.

Bien nos parece a nosotros la Comisión, pero estimamos que sus laudos no tendrán fuerza de obligar, y que pese al buen deseo de los que la formen, abstracción hecha de algunos errores de los más notorios que pueden ser corregidos, será poco o nada lo que pueda conseguirse en orden a la esencia del servicio, que es lo que a los agricultores preocupa.

Hace años existió una Junta superior de Catastro que presidía el ilustre Echegaray y de la que formaban parte personas agnadas a la función catastral. Esa Junta resultó una inutilidad por culpa de la política, que, en este país, de las cosas más respetables hace comodín para sus necesidades, y un ministro, consciente de sus deberes, la suprimió.

Sin embargo, en esta Junta, bien organizada, con poderes para reglamentar el servicio, para proponer las modificaciones precisas a la ley, para inspeccionar el servicio, para corregir al personal que no cumpla, para acoger y examinar las quejas y los agravios de los agricultores, podrá estar la solución del problema y la autoridad máxima para el personal y la máxima garantía para los agricultores.

Merecería la pena de que los agricultores y el Gobierno examinaran esta solución.

Claro es, que sería premisa obligada para que la Junta diera el resultado que deseamos, y que las circunstancias exigen, que no figurara en ella ningún político, diputado ni exdiputado, y la integrara una representación selecta de la agricultura, de la Junta consultiva Agronómica, y algunas capacidades reconocidas en materias topográficas y fiscales.

Y que se le diera toda la autoridad necesaria, para que a su alta jurisdicción se sometieran tirios y troyanos.

Esta es, por lo menos, nuestra opinión leal, y la única solución que vemos, por el momento, al enojoso asunto que apasiona hoy a la opinión agrícola.

Para más adelante, se nos ocurren muchas cosas, que la misma Junta podrá proponer y llevar a la práctica con general aplauso e inmejorable resultado.

Lo que no se puede, es continuar un momento más en el actual estado.

CONCLUSIONES APROBADAS

A.—Relativa a la organización legal y económica de las Cámaras Agrícolas.

La Asamblea, con ligeras modificaciones, aprueba el proyecto formulado por el Sr. Cánovas del Castillo.

B.—Referentes al Catastro.

1.a La Asamblea reitera que la casi totalidad de los enormes agravios que al contribuyente español están produciendo los trabajos del Avance Catastral radican en el incumplimiento, por parte de los funcionarios públicos encargados de este servicio, de aquellos preceptos de la ley y de su reglamento que representan un derecho de intervención en las operaciones, tanto de las Juntas periciales como del propietario, y que son garantía de su equidad, siendo preciso que semejante estado de cosas termine en absoluto.

2.a Es improcedente, por injusto, el hecho de que, no habiéndose realizado aún, en muchas provincias de España, los trabajos del Avance Catastral, se practiquen revisiones; por lo tanto, debe ordenarse inmediatamente la suspensión de aquellas que se hubieran empezado o terminado, y claro es también que la de sus efectos tributarios.

3.a En aquellas provincias donde se hubiesen realizado los trabajos del Avance Catastral en estos últimos años, y que hubiesen promovido protestas o recursos, que se proceda a una revisión por cuenta del Estado, procurando que los nuevos líquidos imponibles se acomoden a los de las provincias colindantes, análogas en productividad, que ya estuviesen catasteadas, y tributando con arreglo al Avance, sin protesta alguna.

4.a Que, en tanto no esté terminada una provincia, no debe surtir efectos tributarios el Avance Catastral en ninguno de sus pueblos.

5.a Que se cumpla lo dispuesto en lo relativo a Catastral propiedades forestales, dando la intervención debida al Cuerpo de Ingenieros de Montes, pues lo contrario implica una intolerable absorción de funciones.

6.a Que, a los efectos del Catastro urbano, se hagan extensivas estas aspiraciones de la propiedad rústica, a los solares y edificaciones rurales.

7.a. La Asamblea se pronuncia por la necesidad de que todos los contribuyentes agricultores de España entera, hayan pasado o no, respecto de sus propiedades, por el Avance Catastral, formen un bloque compacto para defender a sus compañeros, vejados hoy, y también para evitar la posibilidad de ser ellos objeto, el día de mañana, de posibles agravios.

8.a Siendo notorio el malestar existente en numerosas regiones españolas, no sólo por la premura perjudicial con que se han practicado las operaciones catastrales, sino por el exagerado criterio, más que estadístico, fiscal, que ha sido a los trabajos del Catastro, sin hacer, de momento, referencia a los múltiples abusos denunciados, procede la formación, por el Ministerio de Hacienda, de un expediente administrativo, en el que se recojan todas estas quejas y reclamaciones y, a la par, se depuren las responsabilidades en que, tanto la Dirección del Servicio como el personal afecto al mismo, hayan podido incurrir, dándose audiencia en dicho expediente a la Asociación de Agricultores de España y a las Cámaras oficiales Agrícolas, las que, además, deberán ser oídas en todas las reclamaciones que se presenten ante la Administración Central o los Servicios provinciales, respectivamente.

9.a La Asamblea no protesta tanto contra los preceptos de la vigente ley del Catastro como contra una reglamentación que ha tergiversado su espíritu. No obstante, estima indispensable e inaplazable la reforma de la ley, en el sentido de restringir la facultad discrecional del ministro en la parte referente al procedimiento evaluatorio y en aquella otra relativa a las revisiones y sus efectos tributarios que se consignan anteriormente.

C.—Respecto del maíz.

Insistir una vez más en proclamar que la producción cereal española no puede subsistir económicamente, con el