El Progreso agrícola y pecuario (1923-08-15 00:00:00), página 2

Se rectifican los líquidos imponibles hechos con los precios de la guerra.

MINISTERIO DE HACIENDA

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Las leyes y reglamentos del Catastro español, atentas a que en todo momento sea éste un fiel reflejo de los verdaderos valores agrícolas nacionales, ha establecido, tanto por parte del Estado como por la de los particulares, acciones en que ya periódicamente, ya en los momentos que se estime justo, se modifiquen las cifras referentes a aquellas valoraciones, base de la tributación, cuya equidad ha preocupado siempre a la Hacienda como administradora de la justicia tributaria. Estas revisiones, en cuanto a variabilidad de las cifras y en cuanto a los plazos en que esta variabilidad se manifiestaba de un modo ostensible, estaban calculados para las lentas variaciones que de un modo continuo se han venido produciendo desde 1860 hasta 1915; pero es preciso reconocer que, a partir de esta última fecha, la guerra europea y la post-guerra, más dura en sus resultados económicos que la guerra misma para los países no beligerantes, han determinado, por la desaparición de mercados, por dificultades de transportes y por mil y mil concáuscas que no es del momento enumerar, alteraciones profundas y rápidas, que hacen pasar en pocos meses un cultivo de próspero a ruinoso y un producto de remunerador a depreciado, recorriéndose el ciclo de las alteraciones de precios, no en años, sino en meses, impulsadas por el vértigo de la vida moderna. No sería, pues, justo que reconocido este estado de la producción mundial, se aplicaran a los procedimientos catastrales, que de la nacional han de ser reflejo, los mismos procedimientos, normas y plazos que marcan las disposiciones vigentes, tanto más cuanto que los elementos agrícolas han solicitado de todos los Gobiernos interpretaciones de la ley, que se compadecían más con el estado de la producción en cada momento, que las que en la actualidad se deducen de la consideración estricta de la ley.

No sería, sin embargo, prudente dejar de establecer aquellas elementales normas que eviten en todo caso que tales facilidades dadas al agricultor para defender sus legítimos derechos, puedan convertirse en armas de obstrucción contra la formación del Catastro que la Hacienda reclama cada día con mayor urgencia.

Al mismo tiempo se hace preciso adoptar otras medidas encaminadas todas a aclarar o complementar disposiciones hoy ya en vigor, siempre que la tendencia de hacer más justa, perfecta y sencilla la labor catastral, como asimismo a establecer el enlace de este servicio con las Delegaciones provinciales de Hacienda.

Así, pues, el ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente decreto conteniendo las reglas en las que dentro del espíritu de las leyes actuales de Catastro se recogen las aspiraciones de los agricultores, buscando en todo momento la equidad en el tributo, adaptando las cifras a la realidad y fomentando el desarrollo de la riqueza agrícola, base de la prosperidad del país.

Madrid, 10 de agosto de 1923.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Miguel Villanueva y Gómez.

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las Juntas periciales de todos aquellos términos municipales cuyos avances catastrales hayan sido aprobados o revisados en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1917 y 1922, ambos inclusive, podrán solicitar de los jefes provinciales de Catastro de rústica, durante el plazo máximo de dos meses, a partir de la publicación de este Real decreto, una relación de los líquidos imponibles extremos vigentes, acompañada de los elementos integrantes de éstos (renta, beneficios y recargos de pecuaria), así como de los valores de los productos brutos correspondientes y precios unitarios adoptados para su determinación. Los jefes provinciales del Servicio deberán remitir estos datos con toda urgencia (aunque ya lo hubieran hecho con anterioridad), exigiendo el oportuno acuse de recibo, que unirá a los expedientes de cada pueblo.

Tomando como base el art. 62 del reglamento de 23 de octubre de 1913 (1), relativo a revisión de tipos, podrá los pueblos, durante el plazo también máximo de tres meses, a contar de la fecha en que recibieron los expresados datos, y siempre que no presen su conformidad a los mismos, por considerar fueron los anormales que imperaron durante los años 1915-20, solicitar de los jefes provinciales y de oficio, como concesión especial, la adaptación del cuadro local de tipos a las cifras anteriores y posteriores a dichos años en el total de un quinquenio. En estas peticiones tendrán forzosamente que rebatirse las cifras aplicadas, sustituyéndolas por otras basadas en datos fehacientes de productos y rentas que pongan de manifiesto la discordancia denunciada.

Art. 2.º Esta revisión no podrá limitarse a uno o varios cultivos, sino que tendrá que abarcar a todos, a fin de establecer una justa tributación, y una vez concedida, se realizará y aplicará, cualquiera que sea el resultado que ofrezca en alta o en baja sobre las cifras en vigor.

Art. 3.º El jefe provincial informará tales solicitudes,

(1) Reglamento provisional para la ejecución y conservación del Avance catastral de la riqueza rústica y pecuaria, aprobado por Real decreto de 23 de octubre de 1913:

Art. 62. Según el art. 22 de la ley de 23 de marzo de 1906, cada diez años se renovarán los cuadros de tipos evaluatorios, pero podrá anteceder la revisión cuando se justifique los cambios de importancia en el cultivo de un término municipal.

En todo caso, el acuerdo de revisión, que corresponde a la Superioridad, se fundará en las resultas de un expediente en que serán oídos el Ayuntamiento, la Junta pericial y la Jefatura provincial del Catastro, y que podrá iniciar cualquiera de esas entidades.

La revisión de tipos evaluatorios se llevará a efecto mediante los mismos trámites y procedimientos que se siguieron para su aprobación, procurando conservar invariables los cuadros calificativos y clasificativos, y cuando sea posible, cuidando establecer las equivalencias entre los antiguos y nuevos, sin perder de vista que la renovación de tipos no ha de alterar otra característica que la valoración.

Tendrán, pues, los nuevos cuadros, el mismo número de términos que los antiguos, y se creyese que han de tener más o menos, deberá autorizarse la Superioridad mediante nuevo expediente, si no lo hizo en el primero.

El personal encargado de la revisión será, en lo concerniente a la revisión de los cuadros de portes conservadores, y en lo relativo al cálculo de tipos, el inspector conservador, si lo hay, o el personal especial que a ese servicio se destine, y que hará las veces de la Junta técnica provincial.

La renovación de los cuadros de tipos evaluatorios, lleva consigo la de los libros del Catastro, la de las hojas catastrales y la de las cédulas de propiedad.—(N. de la R.)