El Progreso agrícola y pecuario (1923-10-22 00:00:00), página 8

Los propietarios agricultores que practiquen ensayos relativos al cultivo del algodonero o se dediquen al mismo desde luego y sin previo ensayo que no se acogan a los beneficios del art. 1.º de la misma ley, no estarán obligados a llenar ninguna de las formalidades contenidas en las anteriores reglas, debiendo sólo comunicar al Ayuntamiento y Junta pericial la sustitución del cultivo o aprovechamiento a que vengan destinando sus terrenos por el algodonero, según lo previsto en los artículos 52 al 54 del mencionado reglamento de la contribución territorial, con la responsabilidad, si no lo hicieren, señalada en el art. 100 del reglamento relativo a rectificación de los amillamientos.

La agricultura y los nuevos Presupuestos.

Cuando se quiere proponer una duda de prelación en determinado asunto, se recuerda aquella de si primero fué el huevo o la gallina, y ahora, con motivo de las reformas que hayan de introducirse en los gastos del Estado, parodiando, se puede preguntar qué orden deberá establecerse: si la supresión ha de comenzar por los servicios o por las personas que los desempeñan.

¿Es que deben suprimirse funcionarios para obtener una disminución en los Presupuestos, antes de determinar qué servicios son indispensables y qué número de aquéllos son precisos—para que no resulten, por mal dotados, inútiles—o deberá comenzarse por determinar qué funciones es imprescindible mantener y qué número de personas podrán realizarlas?

Parece lógico determinar primero las funciones y después los funcionarios.

No sabemos si el número de Juzgados de primera instancia en España es el debido y necesario, si faltan o sobran para una buena administración de justicia; pero si puede asegurarse que para suprimir jueces de primera instancia será preciso, antes, determinar si la división judicial debe o no ser la establecida.

Si por una supresión del 25 por 100 de plantillas, por ejemplo, se suprimen otros tantos jueces de partido y no puede después atenderse la administración judicial, ¿se habrá logrado una reforma beneficiosa ni para el país ni para sus moradores? Podrá la plantilla de médicos sanitarios reducirse en la proporción que se exija; pero si a continuación no es posible cubrir los servicios de Sanidad interior y exterior, ¿qué habremos conseguido? Es evidente que en Penales se podrán amortizar las plazas que se ordene; pero si los reclusos se evaden, ¿qué responsabilidad alcanzará a quienes se colocó en condiciones de mal servicio? ¿Y qué decir de la Guardia civil para la seguridad de los campos? ¿Y de la acción militar, y lo mismo exactamente de toda función gubernativa? No. No es posible, en buena lógica, reducir plantillas para que el Presupuesto resulte disminuido. Lo lógico, lo sensato, es determinar qué servicios, qué funciones quiere o debe realizar el Poder público, y después fijar el personal que ha de desempeñarlos. Podrán establecerse en mayor o menor número, con mayor o menor extensión, abarcando la totalidad del territorio o parte del mismo; pero en todo caso dotándolos del número de funcionarios que los hagan útiles, y no de tal manera escasos que no puedan realizarse.

Los servicios de agricultura no pueden sustraerse a esta condición, y si los Presupuestos han, nec sariamente, de reducirse—cosa que en estos momentos no pretendemos discutir—será a virtud de una reorganización anterior de los mismos, sin antes determinar qué número de ingenieros, ayudantes y demás personal permanecerá en las plantillas. Dígase si todo o parte deberá continuar; si al país agricultor se le atenderá y en qué forma; si la reorganización—tantas veces propuesta—se ha de llevar a término, y tan luego como estos extremos estén bien precisados, fíjese el número de individuos que han de realizarlo.

Más aún: cabe que el Poder público—sin que nosotros abonemos el concepto—no permita pasar de una determinada cantidad para los servicios de agricultura, y, ni aun así, tiene defensa la reducción preliminar de las plantillas. En ese caso, lo natural, lo lógico, sería fundamentar bien los servicios generales, aquellos sin los cuales toda organización es inútil, y después, en los provinciales, llegar hasta donde sea posible con los recursos acordados. Limitar establecimientos, en número, no en importancia, porque los haría inútiles, y el gasto impro ductivo; no establecer nuevos servicios, aun siendo indispensables; suprimir de los existentes los que no se quiera que continúen y decirle al país agricultor, que, si huérfano se le deja ahora de asistencia, espere mejores tiempos para que se restablezca la paternidad del Estado.

Considerar al territorio español como disminuido en extensión, pero aquella parte que se escoja, que quede dotada y atendida, que lo sea en tal forma y manera que todo cuanto se realice sea de verdadero provecho y no por partes sin garantía propia del éxito, que deberá exi girse a los funcionarios encargados de la misión que se les confie.

Así se podrán reducir los gastos—si se exige por imperiosas necesidades—pero no reduciendo las plantillas, y olvidando que una buena administración pública ha de garantizarse por su buen funcionamiento.

Un Agrónomo.

Producción y abastecimiento de la leche.

Tanto la Prensa diaria como la profesional, constantemente denuncian la indefensión sanitaria en que los españoles vivimos, sin que aparezca por parte alguna el remedio del abandono en que se producen, expenden y consumen los productos alimenticios. No hace mucho se ha registrado la intoxicación de unas 150 personas en la Villa y Corte por la ingestión de alimentos averiados o mal condimentados. Este suceso, que tanto ha atraído a la opinión pública por su gravedad y por las consecuencias inmediatas que pueden tener dichas in-