El Progreso agrícola y pecuario (1923-08-15 00:00:00), página 8

cios especiales de Catastro de la riqueza rústica y urbana, para facilitar la cual les serán comunicados por los jefes provinciales de Catastro o por las oficinas centrales, todos aquellos acuerdos que no sean de carácter puramente técnico, quedando obligados todos los funcionarios de los citados servicios a poner a su disposición cuantos datos les pidan, para el perfecto conocimiento de la gestión que realizan.

La tramitación de los asuntos técnicos se hará, como en la actualidad, comunicándose directamente las oficinas catastrales con la Subsecretaría, obrando en cuanto al régimen interior de las oficinas con entera independencia, ateniéndose a las necesidades del servicio y a la rapidez con que han de desarrollarse los trabajos de Catastro.

Art. 36. El delegado de Hacienda dará posesión y cese a los jefes provinciales, instruirá por intermedio del abogado del Estado de la provincia los expedientes gubernativos que por iniciativa propia, del jefe provincial o de la Subsecretaría se promoviesen, y ejercerá sobre el personal y los trabajos la inspección superior que de su cargo se deduce, informando al ministro de cuánto en el servicio estime deficiente y proponiendo los medios para corregir los defectos que observen. Cuidará de la constitución de las Juntas periciales y de que éstas cumplan las disposiciones vigentes, multándolas en los casos precisos, tanto en el período de avance como en el de conservación, y asimismo de que las oficinas provinciales de Catastro tramiten los expedientes dentro de prudenciales plazos y no se retrasen en la expedición de certificaciones y entrega de padrones que han de ser base de la redacción de los documentos cobratorios, ejerciendo, en suma, una alta jefatura que, sin mermar las atribuciones de los jefes provinciales de Catastro, incluya a dichos organismos entre los que están sujetos a la primera autoridad económica de cada provincia.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Los plazos a que se refiere el art. 19 de esta disposición comenzarán a contarse para los pueblos que en la actualidad tengan concedida la revisión de los respectivos avances catastrales, desde el día siguiente de la publicación de la misma en la Gaceta.

Dado en Palacio a diez de agosto de mil novecientos veintitrés.—ALFONSO.—El ministro de Hacienda, Miguel Villanueva y Gómez.

Se persigue la riqueza amillarada.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Al régimen de cupo fijo establecido para la Contribución territorial en nuestro sistema tributario de 1845, ha querido sustituirse modernamente con el régimen de cuota, a cuyo efecto se están realizando los trabajos del Catastro; pero si bien los del Registro fiscal de Urbana van tan adelantados que sólo quedarán a fin de este año unos 1.000 pueblos sin entrar en el régimen de cuota y de registro, los del Catastro de la riqueza rústica no han podido progresar tanto; de un lado, por su mayor complejidad, de otro por la falta de las indispensables planimetrías, hasta el punto de que hay 18 provincias a las que aun no ha podido llegar el Avance catastral. Sin que mientras tanto, a pesar de las varias tentativas hechas, haya podido lograrse desde 1860 la rectificación general de los amillaramientos.

A la situación creada, de una parte, por la inmovilidad de la contribución ya señalada en la Memoria de la Dirección general de Contribuciones de 1913, y de otra por la imposibilidad apreciada también en otras naciones al hacer su Catastro, de llevar los trabajos de éste con tal extensión y rapidez que representen una revisión simultánea de valores en todo el territorio, quiso poner remedio general la ley de 14 de junio de 1921 (1), como antes, para la riqueza urbana, lo intentó el artículo 29 de la ley de Presupuestos de 1893 (2).

Saludable el principio en que una y otra se inspiraban, les faltó articulación práctica, y a ello trata de subvenir el adjunto proyecto de decreto, apoyado, de una parte, en el propósito y la necesidad apremiante del Gobierno de vigorizar los ingresos, y de otra, con verdadera satisfacción lo consigna el ministro que suscribe, en los nobles dictados de la opinión que por medio tan legítimo como las Cámaras Agrícolas y otros autorizados organismos, expresión del sentimiento nacional, han manifestado el justo anhelo de que la revisión de valores de la riqueza pública alcance simultáneamente a todas las provincias.

Para ello, renovando antiguos preceptos y dictando nuevas disposiciones, pasando en la esencia del régimen de cupo fijo al de cupo variable, contando para ello, en primer término, con la buena fe y con la espontánea declaración de los contribuyentes y, en todo caso, con la organización de un servicio de investigación y de comprobaciones breve y adecuado a las circunstancias, a base exclusiva del personal existente, para evitar la creación de nuevos intereses burocráticos, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto decreto.

Madrid, 10 de agosto de 1923.—SEÑOR: A L. R. P. de V. M., Miguel Villanueva y Gómez.

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Hacienda, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

(1) No hay ley de 14 de junio de 1921, sino:
Real decreto de 14 de junio de 1921 (Gaceta del 16 idem), autorizando al Ministro de Hacienda para aumentar el cupo fijo de tributación territorial en la parte correspondiente a la riqueza descubierta.
Dice así:
(HACIENDA): Artículo único. Se autoriza al ministro de Hacienda para que el cupo fijo de 179 millones de pesos que tributa la riqueza territorial, se aumente cada año en la parte correspondiente a la riqueza descubierta por la rectificación de amillaramientos o declarada voluntariamente por los pueblos en las provincias no catastradas pero sin exceder el tipo de gravamen de cada sección que actualmente se aplica a la riqueza rústica y urbana.—(N. de la R.)

(2) Ley de Presupuestos, de 5 de agosto de 1893:
Art. 29. Dado el próximo ejercicio se reparará y recalará con separación la contribución urbana, la rústica y la pecuaria.
Mientras se arreglo a los artículos 1º y 2º de la ley 31 de diciembre de 1888, se aumentará la contribución territorial a los tipos mínimos actualmente vigentes, la riqueza urbana que se hubiese descubierto en virtud del Real decreto de 4 de febrero último, contribuirá fuera del cupo asignado a cada provincia o pueblo en la proporción de 22,50% por 100, que como tipo máximo se ha mantenido desde ese año arreglo a la ley de Presupuestos de 11 de julio de 1888.
El Gobierno queda autorizado para sustituir este tipo por el mínimo fijado en la misma ley, tan pronto como los amillaramientos o registros individuales sean aprobados por los delegados de Hacienda de la respectiva provincia.—(N. de la R.)