El Progreso agrícola y pecuario (1923-09-15 00:00:00), página 3

nación de las masas de cultivo. Antiguamente esta determinación se hacía por el Instituto Geográfico y Estadístico; después se encomendó al Servicio técnico de Avance catastral; hubo, por tanto, momentos en que se hacía por partida doble, y ahora resulta que ni el Instituto Geográfico lo hace, ni tampoco el Servicio de Avance catastral.

No se cumple la ley en esto, pues el reglamento manda que los trabajos topográficos de calificación y clasificación general cuyo resultado sea dividir los polígonos en masas de cultivo y clases homogéneas, se harán tan sólo cuando de la caracterización física de las parcelas, o sea de la superficie asignada a ojo a cada parcela de cultivo distinto, no sea posible obtener cifras resúmenes que representen, aproximadamente, con un error menor, del 10 y del 5 por 100, respectivamente, la distribución cuantitativa superficial de un polígono en cultivo, clases y valoración de su riqueza imponible.

Todo esto está redactado en forma lo suficientemente confusa para que no se pueda penetrar en su fondo, porque es notorio que la superficie se determina a ojo por el geómetra, teniendo que cuadrar la de todas las fincas que integran el polígono, sin más error que el 5 por 100; si cuadra, bien, y si no, resulta que hay que rectificar la operación hasta que cuadre; pero como esta rectificación resulta que ha de hacerla a sus expensas el funcionario, cuadra siempre para no perder tiempo. Este sistema da luego un resumen de cultivos y calidades que «no es ni aproximado», porque no puede serlo, pero es uno, y con él se sale del paso.

No es legal establecer agrupaciones de cultivo que rebasan el término municipal.

No se cumple la ley tampoco en cuanto a que la enumeración de los cultivos y aprovechamientos ha de hacerse siempre en cada término municipal con audiencia de la Junta pericial; esto se hace en contadísimos pueblos. El reglamento ordena que se haga así para reunir la de todas las provincias y dividirlas luego en zonas agronómicas. Esto es una novedad también de la reglamentación, novedad que estimo contraria a la ley y a la razón, puesto que la lógica dice que esta clase de trabajos debe circunscribirse a «cada término municipal».

El método sintético para determinar los líquidos imponibles es ilegal.

Vamos ya a llegar al cálculo de los beneficios líquidos imponibles. La ley determina que ellos se deduzcan de las cuentas de gastos y de productos correspondientes al cultivo y clase de cada término municipal. Las cuentas de gastos y productos deben formarse con arreglo a las prácticas usuales en la localidad. Pues bien, el art. 4.º del reglamento determina lo que es producto líquido por el método sintético, que es contrario a lo mandado por la ley, siendo los factores de esta cuenta sintética, como han dicho aquí los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, y tendrá yo que repetir ahora: la renta, el interés del capital invertido por año de cultivo, el beneficio que corresponde al cultivador y lo que representa la pecuaria. Es decir, una fórmula cuyos componentes no son conocidos y discutidos siempre.

En resumen, señores diputados, hemos dicho que se incumple la ley en no haber masas de cultivo; que se han establecido unas cuentas sintéticas que son contrarias a la ley; que estas cuentas sintéticas—y esto es lo más grave, a mi juicio—se hacen por zonas y no con relación a cada término municipal, lo cual es, con todo respeto lo digo, contrario a la ley, siendo ésta la causa determinante del divorcio que existe entre el agricultor propietario y el técnico.

Dice la ley que para cada cultivo se elijan tres masas de distinta fuerza productiva. Pues bien, no puede ser, porque como no se hacen masas de cultivo, resulta que hay que calcular tipos máximos y mínimos del rendimiento en un quinquenio para cada cultivo, obteniéndose luego la media aritmética y por interpolación todas las demás clases. Como se hace por zonas, se aleja por completo toda idea de aproximación, ya que la máxima en cereales puede referirse al pueblo A, la mínima al pueblo C, la media aritmética al pueblo M o N y por interpolación a todos los demás; cosa que es un completo absurdo, precursor seguro del fracaso.

La solución es volver a la ley de Catastro de 1906 y prescindir en las cuentas de los precios de la guerra.

En mi entender, el único remedio que la situación tiene es el siguiente: estamos todos conformes, menos el Sr. Ministro de Hacienda, por lo visto, en que la ley fundamental es la de 1906, que todos aceptamos, que reúne cuantas garantías son apetecibles para el Estado y para los propietarios contribuyentes, y no hay más que volver a esa ley. Como la de 1910 no hacía más que facultar, en su art. 3.º, al ministro de Hacienda para simplificar los métodos, que renuncie el Sr. Ministro de Hacienda a esa facultad discrecional, y por un Real decreto dicte un nuevo reglamento en el cual se recoja todo el espíritu sabio y sano de la ley de 1906, según sostiene ayer, al defender su proposición, el Sr. Castillo Baquero. Con eso se dará una satisfacción al país que tributa, volviendo a la verdadera normalidad, o sea a la legislación de 1906, que no ha motivado casi protestas, porque éstas han surgido a partir del año 10, y, sobre todo, a partir de la aplicación del reglamento del año 13, aparte de las motivadas por haber tomado los datos de precios de los productos fijándose en los de los últimos años, o sea durante la guerra.

Además, es imprescindible una Junta superior de Catastro.

Además, he de pedir que se vea si puede llegarse a la creación en el Ministerio de Hacienda de una Junta que sustituya al Tribunal gubernativo en todo lo concerniente a las reclamaciones contra el Catastro. Esa Junta pudiera formarse con elementos técnicos sacados de los Servicios Agronómico, de Avance catastral y de Conservación del Catastro, y de las Asociaciones de Ingenieros agrónomos y de Ayudantes, y, por otro lado, de representaciones de fuerzas sociales interesadas, tales como la Asociación de Agricultores de España, las Cámaras Agrícolas, las entidades libres, etc., presidida por el señor subsecretario de Hacienda. De esta manera habría un órgano interpuesto entre la jefatura del ser-