El Progreso agrícola y pecuario (1923-06-07 00:00:00), página 7

la zona regable, lo que supone un gasto y un trabajo más considerables, aunque han de correr a cargo de los propietarios.

Justificada está la ansiedad de los agricultores para ver terminadas las obras, y de agradecer son las buenas palabras de los políticos que a la Asamblea concurren, pero es evidente que nada práctico se conseguirá, dada la organización del Estado, si no se halla una fórmula para obtener la colaboración eficaz en los futuros regantes.

Es vieja costumbre española la de pedir al Estado todo, sin ofrecer nada; haciendo de éste una Providencia solicita y tutelar. Hora es ya de cambiar de procedimiento y de ofrecer algo para que algo conceda.

Por ello entendemos que las Conclusiones aprobadas por la Asamblea serán—excepto la última—completamente ineficaces.

Reparen los interesados en que no es el Alto Aragón la única comarca española necesitada del apoyo oficial y en que éste no puede volcarse, con exceso, en su plato, sin quebranto para las razonables demandas de las demás.

Base de toda labor, sería el compromiso de contribuir ellos a esta gran empresa que les redimiría, con un tanto por ciento, bien exiguo, del exceso de producción que obtengan con el riego, durante un corto número de años.

Méditen bien en la cuantía de esa aportación que, no es sacrificio ni agobio, sino beneficiosa oferta para sus intereses, porque estamos seguros de que el hacerlo sería el alborrear risueño de un día, sin término, de desahogo económico y de floreciente bienestar.

¡Hombres de Monegros, de Sobrarbe y del Somontano, hombres del llano desértico y hostil, hombres que queréis vivir, con justo derecho, una vida mejor, agruparos en un bloque común que sepa pedir con serenidad y exigir con entereza, si preciso fuera, la ejecución de un plan que lleva los gérmenes fecundos de vuestra regeneración moral y material!

No pudiendo el Estado intensificar la ejecución de las obras, por razones económicas que hacen improbable la concesión de una consignación suficiente para terminarlas en plazo breve y no contando la zona, por otra parte, con recursos para construir acequias, nivelar y arrobar las tierras y roturar las incultas con la necesaria rapidez para que se pueda aprovechar el agua tan pronto como corra por los canales—condición precisa para que el dinero que se gaste sea productivo—, se imponen la actuación de un agente intermedio entre el Estado y la zona, que a aquél le anticipe las obras y a ésta la preparación de las tierras para el regadío.

Ese agente puede ser una entidad o empresa, constituida en la forma que mejor convenga, pero que debiera ser bancaria, por estimar que el capital privado no está capacitado en España para ello.

Esta empresa realizaría las obras en quince años y, a la vez, la construcción de acequias y brazales y nivelación de tierras, a razón de 20.000 hectáreas por año, de suerte que dos años después de terminadas aquéllas estarían las 300.000 hectáreas en condiciones de poder regarse.

La constitución de la empresa, favorecería al Estado y al propietario, y podrá obtener un interés legal, no usurario, a su capital.

Suponiendo que el Estado hiciera las obras en treinta años (lo cual es difícil), como la Empresa las hacía en quince, resultaría que aquél cobrará quince años antes, por el doble concepto de canon de agua y aumento de tributación de tierras, y aun cediendo a la Empresa el 33 por 100 de la recaudación del canon durante esos años—como interés al capital adelantado—se beneficiaría en el aumento de tributación de tierras, que supone el 12 por 100 del coste total de las obras.

El propietario regaría, por término medio, quince años antes. Partiendo de la base de que el riego sólo tienda a asegurar la cosecha de cereales (sólo de 8 a 10 símientes) y que nada se dedique a huerta, la producción, durante esos quince años, se incrementaría, respecto a la actual de secano, en proporción de uno a cinco.

Pues bien, el propietario sólo abonaría un tanto por ciento de ese exceso de producción durante los quince años que se le ha anticipado el riego, encontrándose, al final de ellos, con las tierras libres y en producción de regadío, sin haber pasado por el agobio del préstamo a interés fijo, porque con este sistema pagará proporcionalmente a la cosecha; si tenía suerte, podría amortizar con la empresa en menor número de años; si los años fueran adversos, todo se reduciría a saldar, en mayor número de años, su compromiso.

La empresa podrá obtener un interés legal del 5 por 100.

Se debe pedir al Estado que garantice el éxito económico de la empresa, asegurando un interés al capital, de la misma forma que lo hace con los ferrocarriles secundarios, casas baratas y otras obras de público interés. Esta garantía, que bien puede ofrecer el Estado por una empresa que va a producir un aumento de tanta trascendencia en la riqueza nacional, estimularía al capital para acometer esta labor social y patriótica.

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La Asamblea, que presidió el señor obispo de Huesca, y a la que asistieron representantes en Cortes, entidades económicas, 70 Ayuntamientos de la zona regable y miles de labradores alto aragoneses, elevó al Gobierno las siguientes

Conclusiones

1.ª Solucionar, inmediatamente, la enorme crisis actual, producida por la pérdida total de la cosecha, a cuyo efecto debe procederse a determinar el número de trabajadores que se encuentran ya en la miseria, y las cantidades de que puede disponerse de las consignadas en presupuesto, y si éstas fuesen insuficientes, solicitar de las Cortes suplementos de crédito tan amplios como se consideren indispensables.

2.ª Variar radicalmente el sistema hasta hoy seguido en la ejecución de las obras, para lo cual debe crearse inmediatamente una organización técnica exclusiva para el estudio y redacción de proyectos, verificándolo con simultaneidad en las zonas de Sobrarbe, Somontano y Monegros, con la unidad necesaria en cada uno de ellos para que total o parcialmente puedan subastarse.

3.ª Habiendo ordenado la ley de 7 de enero de 1915 que las obras de los grandes riegos se terminarán en el plazo de veinticinco años, a contar desde el primer trimestre del citado año, y siendo notorio que en las circunstancias actuales con la consignación establecida en presupuesto dicho precepto quedará infringido, el Gobierno debe adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento del precepto antes dicho, aumentando la consignación hasta doce millones de pesetas; y

4.ª En relación con lo anterior, y por la necesidad de intensificar y abreviar notablemente la ejecución de las obras, se designará una Comisión que estudie y proponga las com-