El Progreso agrícola y pecuario (1923-01-31 00:00:00), página 5

centramos, los Gobiernos se han visto en la indispensable necesidad de renovar actuaciones que se utilizaron más intensamente durante la guerra, pero cuyo total abandono en estos momentos se ha traducido en visible daño de aquellos a quienes la fortuna no favoreció pródigamente.

Y estos Gobiernos, inclinándose respetuosamente ante la doctrina económica, han llevado a la práctica medidas de amparo contra las grandes codicilas contabuladas.

Así vemos como Portugal crea unas Juntas, de los que antaño denominábamos veedores, encargadas de la fijación de un cierto precio a cada artículo, con margen prudencial de ganancia para el intermediario; estableciendo a continuación penas de positiva severidad, puesto que se castiga la reincidencia con multa elevada, con el cierre del establecimiento y aun con la prisión del reincidente. Francia, a su vez, después de abandonar toda fijación de tasas, en requisimiento, sin duda, de que pudiera prevalecer la sana doctrina económica, advierte todo el estrago que implica la ausencia del Gobierno frente a inmoderados apetitos de lucro, y por ello acude a su Parlamento y presenta un proyecto de ley, que ya tiene la sanción de la Cámara de los Diputados, por virtud de la cual se analiza el margen de ganancia que legítimamente debe obtener un comerciante. El proyecto de ley se encamina a impedir y castigar aquel margen de lucro que por excesivo debe reputarse ilícito. Recientemente, hace días, se discute en la Cámara de los Diputados, y claro es que salvando los oradores su criterio con respecto a lo que en definitiva y en el porvenir haya de realizarse, se estima por una, inmensa mayoría indispensables acudir de momento al remedio.

Italia, por su parte, aprobó una ley con idéntica finalidad que Portugal y Francia, estableciendo, por cierto, penas severísimas para los infractores que excedieran en la venta de artículos de primera necesidad los precios establecidos por la intervención oficial. Seguir con una amplísima enumeración de disposiciones, cuya tendencia es análoga a la de Francia, Italia y Portugal, valdría tanto como emplear prosa ociosamente; baste decir que con caracteres de generosidad se adoptan defensas contra organizaciones mercantiles que impiden la evolución del valor de las subsistencias hacia el que tenían antes de la guerra.

Tampoco España, Señor, a juicio del ministro que suscribe, puede permanecer indiferente ante una situación como la actual. Nos hallamos con una grave crisis en las provincias cerealistas, y en tanto que en el hogar castellano, austero y sobrio, se mira con dolor cómo el trabajo no alcanza para el vivir de sobriedad cercano a la privación, en Madrid se vende un kilo de pan por un precio que es bastante mayor que el doble de lo que vale el kilo de trigo.

Se sindican rápida y admirablemente los más impuros mercantilismos; se sindican los explotadores y, en cambio, no unen su acción en ningún instante los consumidores, los explotados, las víctimas del encarecimiento. Surge a menudo la protesta airada y rencoresa; pero nunca alienta aquella apetecible solidaridad del espíritu colectivo capaz de vencer las viciosas organizaciones.

Advertimos cómo en el mercado productor las carnes se cotizan en notoria baja, y cómo se mantiene el alza de siempre al expenderlas al detalle. Vemos que las pieles tienen un precio ínfimo, y el calzado cuesta casi tanto como en la etapa de la guerra. El arroz, la patata, las lentejas, cuanto, en fin, constituye la alimentación de las clases humildes, alcanza un coste elevadísimo. Se hace, pues, indispensible acudir a la represión de las especulaciones ilícitas, combatiendo organismos que estorben la racional intervención en los mercados de la ley de oferta y demanda.

Con clara percepción de la realidad, la mayor parte de las naciones europeas consagraron su esfuerzo—y Francia cantidades verdaderamente fabulosas—a mantener un precio remunerador para el cereal, de suerte que se estimulaba su cultivo y, a la par, para conseguir que el precio del pan no fuera más allá de lo justo y legítimo.

El Gobierno se juzga en el deber de procurar, por una serie de medidas, la descongestión del mercado interior cerealista, sumando a estas disposiciones aquella obra fiscalizadora en los abastos que reduzca, dentro de lo justo y posible, el alza en que se mantienen los artículos de primera necesidad.

Los organismos que a tal fin se crean, así como las funciones que les son atribuidas, regularán su grado de eficacia en virtud de la asistencia ciudadana que se les otorgue. Todas las medidas de Gobierno resultan estériles al tiempo de reprimir los ilícitos conciertos mercantiles para elevar el precio de las subsistencias, y el consumidor no ejercita su derecho, deberá en este caso, de acudir a las autoridades fiscales con la denuncia de lo abusivo. El Gobierno pone íntegro su esfuerzo, ha menester, para lograr el éxito, la colaboración asidua de la opinión pública.

La compleja política de abastos comprende muy varios aspectos. Preconizanse el auxilio y estímulo a las Cooperativas, la creación de establecimientos reguladores, medidas relacionadas con el Arancel.

Ningún procedimiento debe desdénarse, si ha de contribuir al abaratamiento de las subsistencias; pero interesa consignar el tiempo y los recursos que, para ser eficaces ciertas disposiciones, exigen, y que el Gobierno pretende acudir, desde luego, a lo más perentorio, a que no subsista ese enorme desnivel entre los precios de producción y consumo.

Un tal resultado cabe alcanzarlo con la vigilancia y regulación que habrán de ejercer los organismos creados en este decreto. Trátase de un primer paso, que en modo alguno cabe demorar, y que no estorba ninguna otra actuación, si la ahora iniciada se repartura en la práctica insuficiente.

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, el ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 18 de enero de 1923.—Señor: A L. R. P. de V. M., Rafael Gasset y Chinchilla.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º A partir de la constitución de los organismos que se crean en este decreto, y haciendo uso de las facultades que concede al Gobierno el art. 4.º de la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916, cuya vigencia, así como la del 12.º, ha sido prorrogada por Real decreto de 9 de noviembre último, se verificará una revisión de precios de sustancias alimenticias concebidas de primera necesidad, y de artículos de consumo de todas clases indispensables para la vida, con objeto de que productores, comerciantes e industriales intermediarios no tengan en las ventas al por mayor o al detalle beneficios líquidos que, ex-