El Progreso agrícola y pecuario (1923-05-07 00:00:00), página 7

Es la iniciativa particular la que debe solicitar concesiones de servicios públicos constitutivos de negocios sociales, tales como suministro de agua para necesidades urbanas, para uso industrial y para riego de campos; vías de transporte y comunicación, luz y fuerza eléctrica; repoblación de montes enclavados en la ciudad-jardín o en sus inmediaciones, explotación de canteras, etc.

Y si el Estado y los organismos oficiales los que por el evidente interés público que toda ciudad-jardín supone, por la mucha riqueza de todos los órganos que viene a crear y difundir, por su gran transcendencia política y social deben ayudarla decididamente, declarándola de utilidad pública y dictando a favor de la misma la expropiación forzosa de todas las tierras necesarias para el trazado de la ciudad y otorgando aquellas concesiones.

Lo primero que la entidad constructora de una ciudad-jardín necesita, es una gran extensión de terrenos que transformar de campos desertos en ciudad a la vez residencial, industrial y agrícola. Para la adquisición de esas tierras, dicha entidad, abandonada a sus propias fuerzas, tropiezará, seguramente, con muchos inconvenientes, nacidos de la indiferencia de unos, del egoísmo de otros, de la codicia y hasta de la mala voluntad de muchos propietarios. Esos inconvenientes serán mayores a medida que se vaya afianzando la empresa; y que se vea la posibilidad de convertir fincas rústicas, de escaso valor, en solares urbanos y en ricas fincas de regadío.

Para vencer esos inconvenientes conviene, pues, que el Estado acepte y reconozca como idea de interés público la ciudad-jardín y que dicte a favor de la misma una ley por virtud de la cual los terrenos todos que hayan de formar la ciudad-jardín, habrán de ser vendidos en expropiación forzosa a la entidad constructora, en su justo precio, independientemente del grandísimo valor que les habrá de dar la ciudad jardín en ellos aplicada (1).

particulares más que en forma de arrendamientos a largos plazos, generalmente noventa y nueve años. En la garden city no hay, pues, propietarios territoriales particulares.

La ciudad lineal, por el contrario, creyendo que es muy conveniente la difusión de la pequeña propiedad territorial, vendé las tierras al contado o a plazos largos, pero imponiendo previamente severas normas edilicias—especiales para cada una de las distintas zonas de la ciudad—que limitan a perpetuidad el derecho de propiedad territorial en interés público de la colectividad.

(1) Los terrenos todos que hayan de formar la ciudad-jardín y no solamente los destinados a vías públicas. Una ley de expropiación forzosa, que futura aplicable únicamente a las calles de una futura ciudad-jardín, por considerarlas vías públicas que en su día revertirán al Estado, pero que no fuera aplicable a las tierras que hayan de formar las manzanas de dicha ciudad-jardín, por considerar que éstas serán convertidas en solares de propiedad particular que en ningún caso han de revertir al Estado, no sería una ley equitativa, y en lugar de favorecer la construcción de ciudades-jardines, la dificultaría grandemente, dando lugar a exigencias injustas y ambiciosas demandadas en los dueños de terrenos colindantes con dichas calles. La expropiación de tierras para la construcción de calles de una ciudad jardín y la construcción de estas calles, hará aumentar extraordinariamente el valor de los terrenos inmediatos a las mismas. Ese plus-valor, se deberá exclusivamente al Estado, protector de la idea ciudad-lineal, y a la Compañía constructora de la empresa ciudad-jardín. No se deberá en lo más mínimo a los propietarios particulares. De la plus valía de las tierras deben, pues, beneficiarse únicamente el Estado y la Compañía constructora de la ciudad. El Estado (o los organismos protectores, la Provincia o los Municipios) se beneficiará con la reversión de esas tierras convertidas en vías de público aprovechamiento y con la reversión de los servicios públicos en las mismas instalados (concesiones de tranvías, aguas, teléfonos, luz, etc.). La Compañía se beneficiará, indemnizándose, además, de los grandes gastos que haya hecho para aumentar el valor de esas tierras y para convertir una parte de ellas en vías de interés público, con la adquisición de tierras vecinas que dividirá en lotes y que revenderá a los particulares.

Una vez adquiridos los terrenos en que implantar la ciudad-jardín, la entidad constructora necesita concesiones de vías férreas (ferrocarril s) y tranvías que recorran toda la calle central de la ciudad y que pongan a ésta en comunicación rápida y barata con el ferrocarril más inmediato; necesita agua, para abastecimiento a poblaciones, para usos industriales y para riego de campos y huertas; necesita electricidad (luz, fuerza y calor); necesita teléfonos, telégrafos, canteras, etc. Todo esto debe ser objeto de concesiones que faciliten a la entidad constructora recursos con que construir la ciudad y con que organizar los servicios urbanos de la misma.

Estas concesiones, perfectamente justas, no sólo permitirán la realización de una obra de innegable interés público que merece la protección oficial, sino que, en definitiva, serán grandemente beneficiosas para el mismo Estado, puesto que, expirado el plazo de concesión, revertirán a él en plena provechosísima explotación servicios urbanos de tanta utilidad como explotación de vías férreas, aguas, electricidad, teléfonos, etc.

En feliz consorcio la iniciativa particular, en forma de poderosas Compañías con capital, personal técnico y colonos españoles y extranjeros, y la acción tutelar de un Estado prudente y justo, se puede acometer la gran empresa a realizar: la de nuestra colonización interior por medio de hermosas y ricas ciudades-jardines, diseminadas por todo el territorio nacional. Y así se hará, como diría Costa, «la conquista de España», libertándola del crimen de la miseria, del deshonor de la ignorancia, de la vergüenza de la enfermedad, y haciendo, entre todos, una nación más populosa, más trabajadora, más pacífica, más rica y más feliz.

II. G. DEL CASTILLO.

Los mostos mudos.

En el comercio de vinos se llaman mostos mudos o enmudecidos los mostos de uva que, recién obtenidos, se les hace fermentables mediante la adición, de una vez, de 125 a 200 gramos de anhídrido sulfuroso por hectolitro.