El Progreso agrícola y pecuario (1922-12-22 00:00:00), página 4

EL ARANCEL Y LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Si bien a cooperar al aumento de los ingresos en el Erario del Estado, nos obliga a todos el más elemental deber de patriotismo, no por eso pueden ni deben traspasarse los límites trazados por la misma conservación de la vida contributiva; pues si ésta desaparece por agobiantes exacciones al país, por privaciones de medio para desenvolverse o por otras causas, cualesquiera que éstas sean, que entorpezcan la producción, también morirá fatalmente el Erario público, sin que pueda resucitarlo siquiera el más acendrado patriotismo, por la sencilla razón de que lo que fallece ya no es posible recuperar la vida que perdió.

Esta es precisamente una de las razones fundamentales que me han inducido a poner de manifiesto la falta de viabilidad económico-legal de los preceptos arancelarios, relativos a la introducción en España de las máquinas destinadas a la explotación y fomento de la agricultura.

En la nota número 37 aplicable a las partidas arancelarias números 567 al 575, que comprenden la casi totalidad de la maquinaria agrícola, y, desde luego, la maquinaria de más precio, como tractores, motoarrados, segadoras, trilladoras, etc., se prescribe lo que a la letra dice así:

"... Se entenderán comprendidos en esta partida, a más de las máquinas operadoras construidas expresamente para el motocultivo, los motores de todas clases, tractores o tanques que hayan de emplearse para accionarlas, siempre que el importador justifique el uso agrícola a que ha de destinárlas y se comprometa a pagar los mayores derechos de Arancel si en un plazo prudencial, que fijará la Aduana, me presenta una certificación del alcalde de la localidad justificando, con indicación del nombre, clase y peso del motor, tractor o tanque, que se halla funcionando para el uso que se declaró, debiendo presentar anualmente, durante cinco años, por lo menos, certificación del ingeniero agrónomo de la provincia correspondiente de que continúa aplicándose al referido uso..."

Que el motocultivo es una necesidad inaplazable en España, es una verdad elevada a la categoría de dogmática. Y si en vez de facilitar que el agricultor disponga de medios adecuados para sustituir en las labores agrícolas el motor animal por el motor inanimado, se le oponen grandes dificultades para su adquisición y aplicación a los trabajos del campo y sus derivados, es indudable que se contribuirá, con eficacia verdaderamente extraordinaria, al retroceso de la agricultura hasta el extremo de que su explotación tendrá que ser abandonada por ruinosa.

De suerte, que sin negar al Estado su perfecto derecho a establecer aquellos impuestos que estime conducentes para la introducción en el territorio nacional, de las producciones extranjeras, debe evitarse que los referidos impuestos sean recargados con exacciones que, sin favorecer al Erario público, representen un gravamen para el introductor y un grave peligro para sus intereses, en términos que no existe previsión ni cálculo posible que evite la total ruina del importador en el país, de motores y demás maquinaria agrícola.

La sola enunciación de las mencionadas obligaciones, demuestra de una manera evidente la premisa que más arriba dejamos sentada, o sea la referente a la absoluta imposibilidad económica de importar en España ninguna máquina para la explotación de cultivos agrícolas y de generalizar el motocultivo.

En primer término, se deja al exclusivo arbitrio de la Aduana la fijación del plazo para justificar, por medio de certificado del alcalde, que la máquina está funcionando para el uso que se declaró. La vaguedad de este precepto, relacionada con las dificultades de carácter práctico que con frecuencia se oponen a las ordenadas instalaciones mecánicas y a su funcionamiento, pueden originar que se convierta en ilusorio el beneficio que se quiere conceder a la agricultura, tanto por lo exiguo del plazo que se otorgue para la mencionada justificación, como por la posibilidad de que, causas imprevistas, impidan el normal funcionamiento de la máquina o aparato en el plazo señalado al efecto, resultando en todo caso la falta de garantía y de seguridad concedida al importador de las referidas máquinas o aparatos para poder utilizar el beneficio arancelario.

Mucho más perjudicial para los intereses agrícolas que la obligación que se acaba de examinar, es el referente a la presentación, durante un período mínimo de cinco años, de un certificado expedido por el ingeniero agrónomo de la provincia correspondiente, acreditando que la máquina agrícola continúa aplicándose al uso para que fue declarada.

Esta obligación implica, sencillamente, la ruina económica del importador, toda vez que, para ser debidamente cumplida, presupone un desembolso pecuniario que puede alcanzar grandes proporciones.

El deplorable efecto que producen las anteriores consideraciones aumenta en proporciones aterradoras si se tiene en cuenta que, según la letra y espíritu del Arancel, la referida obligación pesa sobre el importador después de haber salido la máquina agrícola de su poder y que ha podido pasar a distintas personas por los diferentes conceptos de venta, sucesión hereditaria, declaración de quiebra, etc., etc.; dándose el peregrino y antílegal caso de tener que responder de actos completamente ajenos y en los cuales no ha tenido participación alguna directa ni indirecta. Semejante error de carácter jurídico no puede prevalecer a menos que se tienda a prohibir, de un modo indirecto, la importación en España de máquinas agrícolas en este período precisamente en que las explotaciones de la agricultura están reclamando de una manera imperiosa el suplir la falta de brazos y prescindir, por lo costosa, de la fuerza animada para la tracción.

Otro aspecto inadmisible del Arancel, y que reclama su modificación, es el referente a la determinación del impuesto arancelario ad valorem para los tractores, tri-