El Progreso agrícola y pecuario (1923-01-31 00:00:00), página 6

cedan del margen que fijarán las Juntas de Abastos establecidas en el presente decreto.

Art. 2.º Para fijar estos precios se tendrá presente:
a) El coste en el punto de producción.
b) El beneficio líquido, ajustado al tipo anteriormente citado, del fabricante o productor.
c) El coste de transportes y arrastres hasta el punto de consumo.
d) El coste de los impuestos municipales, si existieran; y
e) El beneficio del intermediario y del comerciante lo fijará la Junta estableciendo un mínimo o máximo, según la clase de mercancía.

Art. 3.º Para la ejecución del presente decreto se crea una Junta central de Abastos que presidirá el gobernador civil y de la que formarán parte el alcalde, los subdirectores de Obras públicas y Agricultura y Montes, un jefe de Centro en representación de cada uno de los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Trabajo y otros, que designarán, respectivamente, el Consejo Superior de las Cámaras de Industria y Comercio, la Cámara Agrícola y la Asociación general de Ganaderos, cuatro vocales más en representación de los consumidores, de los cuales dos serán nombrados por el ministro de Fomento, a propuesta de la Junta, que formulará tan pronto se constituya, y los otros dos elegidos por las Asociaciones obreras que el representante del Ministerio del Trabajo designe, y actuará de secretario, con voz, pero sin voto, un jefe de Administración del Ministerio de Fomento.

Art. 4.º Esta Junta elegirá de su seno un vicepresidente, y con toda urgencia procederá a redactar y someter a la aprobación del ministro de Fomento el reglamento a que ha de ajustarse el cumplimiento del presente decreto, debiendo figurar en él concretamente qué mantenimientos y qué artículos de consumo han de comprenderse de momento en la restricción de precios, con facultad de ampliarla si las circunstancias de los mercados lo aconsejen.

Asimismo se le conceden atribuciones para que pueda pedir informes escritos o verbales a las autoridades, organismos de cualquiera clase que sean y personas de reconocida competencia en la materia de que se trate, cuyos pareceres concebirá necesario conocer antes de adoptar la resolución que en cada caso juzgue conveniente.

El ministro de Fomento, que presidirá, siempre que lo estime necesario, la Junta Central, podrá enviar a las provinciales delegados que le representen, para encauzar o armonizar los trabajos.

Art. 5.º En cada capital, y dependiendo directamente de la Central, actuará una Junta provincial de abastos, cuyas atribuciones se determinarán en el reglamento anteriormente citado, presidida por el gobernador civil, y de la que formarán parte, en concepto de vocales, el delegado de Hacienda, el alcalde de la localidad, el inspector del Trabajo, un representante que elegirán las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Agrícolas, donde las hubiere; dos consumidores que inmediatamente nombrarán el gobernador, delegado de Hacienda y alcalde, teniendo especial cuidado que en aquéllos concurran las indispensables condiciones de competencia y moralidad reconocida, y otros dos que designarán las Asociaciones obreras, legalmente constituidas, en las respectivas capitales.

Quedan facultados los funcionarios precitados para nombrar dos vocales más, femeninos, en concepto de consumidores, cuando por las circunstancias especiales de las designadas entiendan que por su conocimiento de la vida del hogar puedan aportar elementos importantes de juicio para la resolución del problema de la carestía de víveres, combustibles y vestidos.

Estas Juntas, en las islas de Menorca e Ibiza y en las del archipiélago canario, donde existe Cabildo insular, estarán compuestas de un delegado del Gobierno, presidente; del administrador o depositario de Hacienda, y de los alcaldes de las capitales de la isla respectiva, siendo en lo demás igual el nombramiento que los restantes vocales.

Art. 6.º Los acuerdos de las Juntas provinciales, que siempre serán ejecutivos, serán apelables ante la Junta Central, y los de ésta, en los casos que el reglamento determinará, podrán ser recurridos ante el ministro de Fomento.

Las Juntas provinciales podrán nombrar uno o varios inspectores, poniendo en conocimiento de la Central esos nombramientos. Al designar los inspectores se les señalarán sus facultades dentro de lo establecido en este Real decreto y su reglamento, fijando al propio tiempo la retribución, que consistirá en una participación de las multas, sin que, en ningún caso, pueda exceder del 25 por 100 de su importe, destinándose el 50 por 100 al denunciante y el otro 25 por 100 a los restantes gastos de la Junta, conforme al art. 7.º de este Real decreto.

Art. 7.º El productor, comerciante, industrial o intermediario que contravenga la fijación de los precios que señale la Junta Central o las provinciales debidamente autorizadas por aquélla, o que en cualquier forma se confabulen con otros para burlarlos o impedir la libre concurrencia en la venta, serán castigados con multas de 100 hasta 5.000 pesetas, que se acordarán por las Juntas provinciales o la Central, y en los casos de reincidencia, con el cierre temporal o definitivo de los respectivos establecimientos, haciéndose público, por carteles que se fijarán en sus puertas, y de anuncios que se enviarán a la Prensa periódica, los motivos a que responde la adopción de la medida, y sin que ello sea obstáculo a la imposición de la penalidad siguiente por desobediencia, y al que se estime de aplicación lo dispuesto en los artículos 265, 318 y 558 del Código penal.

A los vendedores ambulantes se les aplicarán las multas en la primera falta que incurrieren, y, en caso de reincidencia, les será retirada la licencia.

El 50 por 100 del importe de las multas que se impongan se entregará al denunciador, y el otro 50 por 100, o el total, de no mediar denuncia, se destinará a los gastos de material de las Juntas en cuyo territorio se exijan las sanciones y a la retribución del personal que acuerde la Junta, previa aprobación de la Central.

El acuerdo de la multa será ejecutivo, pero no se procederá a su distribución hasta que se hubieren sustanciado todos los recursos que puedan utilizar los interesados.

Art. 8.º El ministro de Fomento designará el local donde actúe la Junta Central y el personal auxiliar de la misma, sin aumento en las consignaciones de sus plantillas en los Presupuestos generales del Estado, ni gratificaciones con cargo al Presupuesto, y de igual forma, y de acuerdo con los ministros de la Gobernación y Trabajo, resolverá acerca de los auxiliares que presten su cooperación a las Juntas provinciales, interesando de los alcaldes, si fuere preciso, que coadyuven con los empleados municipales para que a