El Progreso agrícola y pecuario (1922-09-07 00:00:00), página 9

los elementos necesarios a la ejecución de esta ley, graduando su cumplimiento en lo que se refiere a los arrendamientos rústicos, según su índole y formas de que se hallen vestidos.

La inscripción en el Registro de Arrendamientos será gratuita. Por la expedición de certificaciones podrán percibir los registradores los honorarios que el reglamento fije.

Quinta. Quedan derogadas, a los efectos de esta ley, las disposiciones que se opongan a la misma.

Derechos reales.

Art. 7.º Para la represión del fraude en el impuesto de Derechos reales se aplicarán las siguientes reglas:

Primera. Cuando la defraudación en el valor declarado exceda del 25 por 100 del que resulte de la comprobación, el Estado tendrá el derecho de adquirir para sí, con destino a algún servicio público, cualesquiera bienes inmuebles que hayan sido objeto de alguna transmisión, el cual derecho sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses de la fecha en que la oficina liquidadora haya tenido conocimiento de la transmisión.

Siempre que el Estado haga efectivo este derecho, devolverá el importe del impuesto abonado por la transmisión de que se trate. A la incautación de los bienes ha de preceder el completo pago del precio, integrado por el valor declarado, aumentado en un 25 por 100.

Segunda. Se considerarán como parte del caudal hereditario, solamente a los efectos de la liquidación y pago del impuesto de Derechos reales:
a) Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante de la sucesión, hasta un período máximo de un mes anterior a su fallecimiento, y que al ocurrir éste se hallen en poder de los herederos o legatarios o de alguno de ellos.

Cuando al aplicarse este precepto resultare exigible por el concepto de herencia un tipo superior al que se hubiera aplicado, en su caso, a la transmisión inter vivos, el importe satisfecho por esta última se deducirá en favor del heredero o legatario al girarse la nueva liquidación.
b) Los transmitidos por el causante en el período de tres años anteriores a su fallecimiento, reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de seguros de renta vitalicia contratados con entidades dedicadas legalmente a este género de operaciones. Esta disposición no tendrá efecto retroactivo. El adquirente será considerado como legatario si fuere persona distinta del heredero.

Tercera. Se presumirá que forman parte del caudal hereditario, exclusivamente a los efectos de la liquidación y pago de este impuesto, los valores o efectos depositados y cuyos resguardos se hubieran endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante no se han retirado aquéllos o no se ha tomado razón del endoso en los libros del depositario, a menos que no haya podido verificarse en tiempo por causas independientes de la voluntad del endosante y endosatario, y sin perjuicio de lo dispuesto en la base anterior. Esta disposición será igualmente aplicable en los endosos de valores nominativos, hoy la transferencia no se hace constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad al fallecimiento del endosante.

El endosatario será considerado como legatario si fuere persona distinta del heredero. No tendrá lugar la presunción que se establece en esta base cuando conste de una manera fehaciente que el precio y equivalencia de valor de los bienes o efectos transmitidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o cedente y figure en el inventario de su herencia, que ha de ser tenido en cuenta para la liquidación del impuesto de Derechos reales.

Cuarta. Los bienes y valores de todas clases entregados a particulares, Asociaciones o Sociedades, en depósito, cuenta corriente o bajo cualquier forma de contrato civil o mercantil, reconociendo a dos o más personas individual e indistintamente iguales derechos sobre la totalidad de aquéllos, se presumirá, a los efectos del impuesto y salvo prueba en contrario, que pertenecen en propiedad y por iguales partes a cada uno de los cotitulares, debiendo los depositarios facilitar a la Administración los datos y noticias que el reglamento determine y llevar el libro registro que éste fije. Cuando la Administración estime que deben ser comprobados algunos de esos datos con los documentos de la entidad o particular de que se trate y no le fuesen presentados en la visita que se les gire, podrá solicitar el auxilio judicial, que deberá ser prestado, con expresión determinada y concreta, de los hechos sobre los que la comprobación haya de versar. Estas obligaciones serán extensivas a las operaciones a nombre de una sola persona cuando se haya conferido poder a un tercero para retirar los bienes o valores y el poder o autorización no se refiriese a un día determinado en que pueda ser utilizado y bajo la responsabilidad del apoderado, siempre en vida del poderdante, que sólo podrá serlo válidamente a este efecto cuando no lo autorizase quien tenga la fe pública, consignando de puño y letra propios la fecha y la firma.

Los preceptos de esta disposición serán de aplicación general en todo el territorio español.

Quinta. Las infracciones de los preceptos de este artículo se castigarán:

1.º La retirada de la parte de bienes o valores que, según la presunción establecida en las disposiciones anteriores, corresponda al cotitular premuerto, o la de dichos bienes o valores, por el mandatario o el endosatario, después del fallecimiento del titular, con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas por la ley y reglamento del impuesto de Derechos reales y la responsabilidad definida en el Código penal.

Podrá ser autorizada por la Administración la retirada de valores después del fallecimiento del titular en los casos comprendidos en las bases tercera y cuarta de esta ley, presentando fianza suficiente para responder del pago del impuesto de Derechos reales que debe declararse en el caso de prevalecer la presunción que en esas bases se establece.

2.º La negativa o resistencia de los particulares, Asociaciones o Sociedades a facilitar los datos, a autorizar las comprobaciones acordadas por la Autoridad judicial, o llevar los libros que las disposiciones reglamentarias determinen, conforme al artículo anterior, con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubieran incurrido.

Las responsabilidades pecuniarias señaladas en el párrafo primero de esta disposición serán exigibles solidariamente de las personas en cuyo provecho se hiciera la retirada de los valores, bien sean el cotitular o endosatario, los herederos del titular fallecido o cualquiera otro que directamente interviniere en la operación.

Sexta. Las adjudicaciones de bienes inmuebles que, al disolverse las Sociedades, se hagan a alguno de los socios,