El Progreso agrícola y pecuario (1922-07-15 00:00:00), página 8

enseñanza, fué paulatinamente marcando todos aquellos puntos cuya reforma se mostraba como necesaria, pequeños en relación con los grandes aciertos contenidos en aquella disposición legal.

Sucesivamente se fueron realizando diversos intentos de reforma con distinta eficacia y resultado, y entre ellos se destaca el Real decreto de 16 de diciembre de 1910, que en carga a los gobernadores civiles la ejecución de la ley de Plagas del campo, sin duda por la ineficacia que la práctica acreditó de la acción de otros respetables organismos a quienes la ley encargaba su ejecución, pero que carecían de la suficiente fuerza coactiva para que pasasen a la realidad sus sanciones y sus preceptos fundamentales.

En este mismo año de 1910 se presentó a las Cortes un proyecto completo reformando la ley de 1908, que fué dictaminado y aprobado por el Senado, pero que no llegó a discutirse y aprobarse en el Congreso, surgiendo de las enseñanzas de esta discusión y controversia un nuevo proyecto, formado en el año 1912, que no llegó a presentarse a las Cámaras, pero que representaba un nuevo intento para la satisfacción de las grandes necesidades a que con esta ley se atendía.

El Consejo Superior de Fomento elaboró un proyecto de reforma de varios artículos de la ley, y una abundante doctrina se ha establecido también sobre estas cuestiones por las autorizadas intervenciones parlamentarias de hombres competentes en estas materias y por los artículos que le ha dedicado la Prensa periódica y profesional.

El ministro que suscribe ha procurado tener en cuenta, al redactar este proyecto, cuantas enseñanzas se desprenden de la práctica y de la realidad y de esos importantes antecedentes, y con todo eso, por si el acierto no le ha acompañado en su obra, la somete con toda libertad a la sabiduría de las Cortes, nunca tan necesaria como cuando está llamada a ejercitarse en un problema nacional tan grave como el que aquí tratamos.

Uno de los puntos más capitales de la reforma que con este proyecto se introduce, es el de extender la acción protectora y defensiva de la ley a las plagas y enfermedades que atacan a la riqueza forestal, considerando, como es notorio, que en una ley de esta naturaleza tienen también su lugar adecuado, y no se extiende en cambio a las enfermedades infecto-contagiosas del ganado, como alguna vez se pretendió, porque la ley de Epizootias de 18 de diciembre de 1914 se ocupa de combatirlas.

Respetando en toda la consideración que merecen las Juntas locales de defensa y la intervención necesaria de los Consejos provinciales de Fomento, insiste este proyecto en el criterio que inspiró el Real decreto de 1910 y proyectos indicados antes, teniendo en cuenta que el defecto capital de la ley vigente está, contra todo lo que debía y podía verse, en la debilidad y negligencia de las entidades sociales a quienes se encargaba su ejecución, y por eso las tonifica, haciendo presidir la Junta por la autoridad municipal, y nombrando directamente secretarios a los que lo sean de los Ayuntamientos, que todos los peligros que este criterio representa son preferibles a los abandonos que de ordinario han caracterizado las iniciativas sociales, y como todavía estas garantías, según la práctica enseña, parecen insuficientes, a los gobernadores civiles y al personal técnico de cada provincia se les convierte en realidad en órganos propulsores para el cumplimiento de los preceptos de la ley.

Nota singular y bien significativa es ésta: que en una ley que afecta principalmente a los intereses particulares, sea necesario sustituir la acción social y particular por la coactiva de las autoridades del Estado, demostrado hasta la saciedad que los interesados más se preocupaban de pedir la intervención y el auxilio del Poder público que de utilizar para combatir estos males los poderosos medios que la ley vi gente pone en sus manos y que quizá en tantos años, a juzgar por los efectos, en muchas partes ni han llegado a conocer.

El ministro que suscribe hace notar, particularmente, la iniciación práctica que en este proyecto se aborda de un problema fundamental entre todos aquellos a que una ley de esta naturaleza ha de referirse: el de las indemnizaciones a los que tienen que sufrir perjuicios en sus intereses para librar a los demás de los peligros y estragos de la plaga.

Es de elemental justicia la procedencia de esta indemnización y acaso nadie lo puso jamás en duda; pero la dificultad poco menos que invencible surgía al determinar quiénes debían satisfacerla.

Podía estimarse que el Estado fuese el obligado a ello; pero si esto era lo más sencillo, no sería, sin embargo lo más fundado ni lo más justo, porque aparte de los peligros que tal sistema significaría en la práctica, no hay razón para que los intereses generales que representa el Estado atiendan y sufraguen gastos ocasionados por la defensa de intereses particulares.

El art. 8.º de la ley vigente que habla de las indemnizaciones, y en su párrafo segundo en ciertos casos las impone, no establece, sin embargo, de dónde han de salir los fondos necesarios para hacerlas efectivas, porque de los preceptos del art. 17 no se desprende que del fondo a que se refiere les haya de ser destinado parte, ni podría tampoco realizarse así, dada la diferente importancia de este fondo y de lo que pudieran ser aquellas indemnizaciones.

En el proyecto se marca el camino que creemos acertado, y que después de su iniciación y de su práctica podrá ser objeto de sucesivo desarrollo; estas indemnizaciones deben satisfacerlas los favorecidos con los trabajos que hayan obligado a causar los daños, en proporción a los beneficios obtenidos.

La fijación de las cantidades correspondientes a cada uno, lo harán con los asesoramientos necesarios, los Consejos provinciales de Fomento, representación de los elementos sociales, sobre los que las cargas han de pesar.

Todos los proyectos precedentes de la reforma de la ley modificaron los preceptos de su art. 17, que se refiere a la creación e inversión del fondo destinado a combatir las plagas, y el proyecto actual recoge estas aspiraciones, cuya reiteración prueba su necesidad, y regula este fondo de la forma que parece más adecuada a la eficacia de su recaudación y de su empleo, junto con el respeto debido al contribuyente.

Culminan los preceptos y sanciones establecidos en el proyecto para combatir las plagas, en todo cuanto se refiere a las campañas contra la langosta, que es en estos momentos la plaga que fundamentamente tiene sembrada la alarma y la ruina en la población agrícola del país. Las campañas contra la langosta, han sido las que han puesto más de manifiesto las deficiencias de la ley actual y cuantas correcciones hemos señalado hasta ahora, a las disposiciones relativas a la langosta hemos de referirlas especialmente.

Como lo más importante para poderla combatir es conocer en tiempo adecuado los lugares donde se muestra reali-