El Progreso agrícola y pecuario (1922-08-07 00:00:00), página 9

Proyecto de ley de Plagas.

(Continuación)

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones de carácter general encaminadas a la vigilancia de los campos, al tratamiento de los focos que pudieran determinar el origen de una plaga y a la prevención o extinción de la misma.

Artículo 1.º Se considera plaga del campo, para los efectos de la presente ley, todo estado patológico del daño ocasionado por criptogamas y animales, principalmente insectos, cuando haya adquirido o amenazara adquirir en la localidad donde se hubiese presentado caracteres de generalidad o de expansión suficientes para producir perjuicios de importancia en las plantas cultivadas o en las especies forestales. Quedan, por tanto, incluidas en la presente ley, todas las enfermedades de los cultivos herbáceos y arbóreos y de las masas forestales debidas a causas a que alcance la definición anterior, previa la declaración, en cada cada caso y por las autoridades a que se refieren los artículos siguientes. Se exceptúan las plagas de filoxera y langosta, que se regirán por los correspondientes capítulos especiales de la presente ley.

Art. 2.º En todos los términos municipales existirá una Junta local de defensa contra las plagas del campo, encargada de vigilar e inspeccionar los predios agrícolas o forestales a fin de descubrir cualquier alteración o síntoma sospechoso que pudiera afectarlos, determinando los medios de extinción o preventivos que deban seguirse, de acuerdo con el informe de los ingenieros agrónomos o de Montes, en su caso, de las respectivas provincias y de los Consejos provinciales de Fomento.

Se formará dicha Junta por el alcalde, que será el presidente de la misma, dos contribuyentes elegidos por el Consejo provincial de Fomento de entre los diez que paguen mayor cuota por riqueza rústica y pecuaria, el juez municipal, el cura párroco, el maestro de instrucción primaria y el Médico titular. En aquellos pueblos donde se hallase avenida alguna persona que por la notoriedad de sus conocimientos en la materia debiera formar parte de ella, podrá ser nombrada por el Consejo provincial de Fomento. Actuará como secretario de dicha Junta, el del Ayuntamiento.

Art. 3.º Los propietarios y colonos, los ingenieros de todas clases y sus ayudantes, la Guardia civil, los guardias municipales del campo, los guardas jurados, los de montes y cuantos tuvieran a su cargo servicios de custodia o vigilancia rural, bien fueren pagados por el Estado, los Ayuntamientos o los particulares, quedan obligados a dar conocimiento a las Juntas locales de defensa contra las plagas del campo y al Servicio Agronómico o forestal de la provincia de cualquier síntoma o enfermedad o alteración que observen en los cultivos o montes de la localidad.

Art. 4.º Tan pronto como llegara a conocimiento de la Junta referida o del Servicio técnico correspondiente, la existencia de algún síntoma sospechoso en los campos o montes de la localidad o provincia, practicarán la oportuna inspección ocular e inmediatamente lo comunicarán al gobernador civil de la provincia y al Consejo provincial de Fomento, acordándose, si así procediere, que el ingeniero de la Sección agronómica o de Montes, según que la plaga tuviera carácter agrícola o forestal, clasifiquen la enfermedad y determinen su causa e intensidad y formulen su dictamen, exponiendo en él los procedimientos más eficaces, rápidos y económicos para su extinción o para su aislamiento, si otro resultado no fuere posible.

Art. 5.º Con el dictamen de los vocales técnicos que hagan el reconocimiento, el gobernador convocará con la urgencia necesaria al Consejo, el cual adoptará la resolución a que hubiere lugar, pudiendo ser alguna o varias de las siguientes:

a) Declaración oficial de la plaga.
b) Divulgación de enseñanzas y trabajos de extinción en relación con las plagas de que se trate.
c) Interesará de los Consejos de Fomento de las provincias limítrofes la adopción de medidas análogas en las mismas. Cuando entre estos Consejos de Fomento hubiera disconformidad, la resolverá la Dirección general de Agricultura y Montes.
d) La derogación de utilidad pública de los medios de extinción y de defensa contra la plaga cuando sea necesario.
e) Fijará el plan a seguir, tiempo de su realización y la forma y medida en que técnica y pecuniariamente hayan de contribuir a su ejecución el dicho Consejo, como auxiliar de la Junta local.
f) La imposición a todos los cultivadores de la especie vegetal de que se trate o propietarios de los montes de la obligación de efectuar los trabajos o aplicar los remedios de prevención o curación tenidos por eficaces en cada caso.
g) Prohibirá, cuando otras medidas no bastasen, la circulación y venta de las plantas y semillas procedentes de las zonas invadidas, reglamentando su transporte por las zonas donde no se haya denunciado la presencia de la plaga o enfermedad.
h) Cuando sin determinarse síntoma de una plaga, se tema su presentación por la experiencia de otros años y se conozca el medio de impedir su nacimiento, el gobernador civil impondrá la obligación a todos los terratenientes interesados, de adoptar las medidas que la técnica recomienda, multándose con la suma de 25 a 300 pesetas al cultivador que por negligencia, desidia e indiferencia incurra en la inobservancia de lo mandado. El importe de estas multas y las del artículo anterior ingresará en los fondos provinciales de extinción de plagas. El gobernador civil hará efectivas las multas impuestas y ejecutará los acuerdos del Consejo.

Art. 6.º Si un propietario no aceptase extinguir la plaga y ejecutar las medidas preventivas en la forma designada, o si, habiéndose allanado a efectuar los trabajos en armonía con lo dispuesto, no comience su ejecución dentro del plazo marcado, causando con su incuria y egoísmo perjuicios ciertos o probables a sus limítrofes, el jefe del Servicio técnico lo comunicará al gobernador civil y éste ordenará a la Junta local proceda por cuenta y riesgo del propietario a realizarlo, sin derecho por parte de éste a reclamación de ninguna clase.

Art. 7.º En el caso a que se contrae el artículo anterior, una vez hecha la declaración de utilidad pública a que se refiere el art. 5.º de la ley, podrá la Junta de defensa, auxiliada por el personal técnico, ocupar la finca y comenzar en ella los trabajos necesarios para la extinción, limitándose esta ocupación al terreno indispensable para operar con el debido acierto y eficacia y durante el tiempo necesario para la aplicación de los procedimientos de extinción.