El Progreso agrícola y pecuario (1922-05-15 00:00:00), página 2

cien a convecinos teniendo la seguridad de que sus denuncias han de dar lugar a la imposición de fuertes sanciones; que ejerzan una inspección constante sobre multitud de asuntos; que informen con frecuencia al Consejo de Fomento; en una palabra, que los individuos que la componen dediquen casi de modo absoluto todas sus iniciativas y energías al cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley de Plagas.

Esta ardua labor tal vez pudiera realizarse en un país donde el civismo estuviera muy desarrollado y donde todos, individuos de la Junta y particulares, pensasen únicamente en sacrificar sus conveniencias en beneficio del común; pero es de imposible realización cuando el egoísmo social está tan desarrollado como en el nuestro, sobre todo en los últimos tiempos, y cuando una gran masa de población trata siempre de soslayar el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo si, como en el caso presente, puede ocasionarle molestias y desembolsos de presente y posibles disgustos en lo futuro.

Estas condiciones de medio, poco atendidas en la ley tal vez porque el legislador, al redactarla, persiguiese, además de organizar la lucha con las plagas, educar al país agricultor y capacitarlo para que defendiera por sí mismo sus intereses, ha dado lugar a que el funcionamiento de las Juntas locales sea casi siempre deficiente, unas veces por falta de celo individual o colectivo de las personas que las componen, y otras por falta de apoyo y hasta por la animosidad declarada del vecindario del pueblo donde funcionan.

** Para obviar estas deficiencias y dificultades pueden adoptarse dos resoluciones: una, la más moderada, que respete en parte la actual organización, reducida a encargar al Servicio Agronómico de la dirección inmediata de las campañas de extinción de plagas, dándole las facultades de que hoy carece, y mermando, por consiguiente, la autonomía y obligaciones de las Juntas para convertirlas en meras ejecutoras de las órdenes dictadas por el Servicio Agronómico, del que dependerían y con el que se entenderían directamente; y otra, más radical, que modifique profundamente todo lo instituido, pero que, a nuestro juicio, podría dar excelentes resultados, consistente en encargar del cumplimiento de las disposiciones que rigen la lucha contra las plagas en general y contra la langosta en particular, a las autoridades y organismos oficiales, que, por la misión que tienen encomendada, dan constantemente órdenes con fuerza suficiente para obligar a los más reacios y que, por su misión habitual y organización, están capacitados para llevar a cabo los múltiples trabajos de inspección y vigilancia que precisa ejecutar para la buena organización de las campañas.

Con este criterio y bajo esta base podría encargarse de la dirección de las campañas a los Consejos de Fomento, Servicios Agronómicos y gobernadores civiles y de la vigilancia de los trabajos a los Ayuntamientos, auxiliados por la Guardia civil, ya que no existe la guardería rural, por la que tanto suspiran todos los agricultores.

En esta organización, el Servicio Agronómico podría ser el verdadero elemento director de las campañas, con amplitud de atribuciones y responsabilidades que nadie rehuiría; los Consejos de Fomento ejercerían el papel de recaudadores e interventores de la inversión dada al impuesto de plagas y, además, serían la entidad deliberante encargada de resolver las dudas que se presentasen, y los gobernadores civiles, única autoridad administrativa capacitada por la ley para hacerse obedecer, los encargados de imponer a los Ayuntamientos y particulares el cumplimiento de las órdenes del Servicio Agronómico y de los acuerdos del Consejo de Fomento.

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Algunos dirán que el hacerlo así nos colocaría en trance de volver a aquellos pintorescos tiempos en que la langosta era una de las armas más poderosas y eficaces que esgrimían los caciques para ver satisfechos sus deseos; pero es preciso confesar que ese peligro es remotísimo, porque los tiempos han variado mucho y con ellos los procedimientos de la política, haciendo poco menos que imposible que un gobernador, por muy supeditado que esté a un cacique, apoye, por complacerle, aspiraciones y peticiones que al ser atendidas levantaran un clamoreo general de los perjudicados, que tardaría muy poco en ser recogido por la Prensa y en llegar a las más altas esferas de la Administración con las naturales consecuencias.

En cambio de esto, la intervención de esas autoridades puede dar enorme rapidez y eficacia a los trabajos, y para convencerse de ello basta ver lo que ha ocurrido en tantas y tantas provincias, donde al coincidir un gobernador recto y enérgico, un jefe de Fomento capacitado y un Servicio Agronómico activo y entusiasta, han resultado eficacísimas campañas, que en otro caso hubiesen constituido un verdadero desastre.

Y no se crea que al hablar así nos dejamos llevar de la imaginación, porque ese y no otro es el caso de la última invasión de langosta en la provincia de Logroño.

La plaga se descubrió, según averiguamos después, cuando llevaba tres o cuatro años de existencia en la provincia y cuando por su intensidad dificultó, casi al mismo tiempo, la marcha de los trenes y de los automóviles de línea que recorrían las carreteras de la zona invadida.

Dadas por el Servicio Agronómico las órdenes necesarias para combatir la plaga el mismo día en que se la denunció, no se consiguió que las Juntas locales organizaran los trabajos de extinción ni que