El Progreso agrícola y pecuario (1922-05-15 00:00:00), página 7

sa, el arrendatario podrá exigir la entrega de la cosa arrendada, que el dueño haga las reparaciones que deba hacer, que le mantenga en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato, etcétera, etc.

Con arreglo al mecanismo de ese Registro de Arrendamientos que se pretende establecer, todo eso se vendría a tierra.

El dueño de la finca que no hubiera inscrito el contrato de arriendo en el Registro de Arrendamientos no tendrá acción alguna contra el arrendatario, y, por el contrario, si éste la inscribe estará en la plenitud de sus derechos frente al arrendador.

Pero aun puede darse un caso más excepcionalmente anómalo, y es el siguiente:

Realizado mediante escritura pública un contrato de arrendamiento e inscrito en el Registro de la Propiedad, se omite por el dueño la inscripción en el de Arrendamientos. ¿Qué pasaría? ¿Perdería toda eficacia ese contrato, celebrado con todos los requisitos legales, rodeado de las máximas garantías que las leyes establecen, tan sólo por no haberse inscrito en el Registro de Arrendamientos?

Eso no puede ser, eso no puede prevalecer.

Una ley fiscal no puede anular los principios básicos de la legislación civil de un país.

Y la de España reconoce no ya a los contratos celebrados mediante escritura pública e inscritos en el Registro de la Propiedad, sino a los consignados en documento privado, plena fuerza de obligar recíprocamente a los contratantes y a sus causahabientes, pues el Código civil consigna el principio de que los documentos privados, reconocidos legalmente, tienen el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieran suscrito y sus causahabientes.

Ese principio resultaría anulado, en cuanto a los contratos de arriendo, por las disposiciones de ese proyecto, si llegase a ser ley.

En cambio, otro precepto del mismo Cuerpo legal resultaría ampliado por esa ley, y es el consignado en el art. 1.922.

Éste concede a los dueños de fincas arrendadas preferencia para el cobro de créditos por alquileres y rentas de un año sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma, añadiendo que si los bienes muebles sobre que recaiga la preferencia hubieran sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviera, dentro del término de treinta días, contados desde que ocurrió la sustracción.

A virtud del proyecto, los contratos inscritos podrán ser prorrogados por plazo de uno a cuatro años, a solicitud del arrendatario, si se compromete a satisfacer un aumento de 20 por 100 sobre el alquiler declarado en el contrato inscrito.

En el caso de prórroga será aplicable la preferencia para el cobro de alquileres, no de los de un año, como establece el Código civil, sino de los de todo el tiempo de la prórroga.

Otros preceptos hay en el proyecto que regulan relaciones de índole esencialmente privada, como son los que conciernen a la determinación de lo que comprende la renta, a las reducciones de ella por razón de supresión de prestaciones o disfrutes, prescripción de cuáles de éstas no podrán suprimirse por el arrendador ni aun a cambio de rebaja en el alquiler, etc., etc., que no encajan en una ley fiscal.

** Difícil es, a poco que el proyecto se estudie en las Cámaras, que puedan prevalecer esas derogaciones de preceptos esenciales de la legislación civil o modificaciones sustanciales que se introducen, que se pretenden introducir, mediante ese proyecto, que establece terminantemente una prescripción derogatoria de todas las disposiciones, cualquiera que sea su índole, qué se opongan a la ley.

Y es posible que por pecar de atrevimiento fracase una idea que, circunscrita a la esfera fiscal, limitando la acción de ese Registro de Arrendamientos a la investigación de las rentas imponibles a los efectos tributarios, facilitándola mediante la concesión de estímulos a los inquilinos que presentaran los contratos a inscripción en el Registro de Arrendamientos, pudiera ser eficaz para salvaguardar los intereses legítimos de la Hacienda.

Muy importante.
Para evitar que las cartas se extravíen o sufran retraso, en toda la correspondencia remitida a EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, aunque vaya dirigida a cargo o persona determinada, deberá consignarse el Apartado 12.034.—Madrid.

¡AGRICULTORES!

Vengo repitiendo en mis anteriores artículos que nuestros Gobiernos no protegen a la agricultura, y esta afirmación, que ningún agricultor pondrá en duda, a mi juicio debe tener por causa, no el ánimo de nuestros gobernantes en arruinarnos a sabiendas, sino en la incomprensión que del problema agrario tienen nuestros ministros.

Y no digo esto gratuitamente, sino que voy a probarlo con algunos botones de muestra.

Creen que cuando los cereales suben de precio, la subida es motivada por el ánimo de lucro de los agricultores y en seguida le oponen la tasa. Y claro está, como diagnostican mal la enfermedad, el remedio que le dan es malo. Y digo que diagnostican mal, porque el precio que hoy tiene el trigo (mejor dicho el que debía tener, puesto que el precio que