El Progreso agrícola y pecuario (1922-09-07 00:00:00), página 8

ese caso, ambos vehículos irán con precaución, para evitar un alcance.

Art. 33. El ingeniero-jefe de la provincia, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de cada carretera, podrá señalar un límite a las velocidades máximas de los vehículos de distinta índole, en atención a las condiciones de los mismos y de la naturaleza y cuantía de las cargas porteadas.

Art. 34. En general, no se autorizará el paso por las carreteras de vehículos que lleven piezas o cargas cuya longitud exceda de 10 metros, y los ingenieros-jefes podrán reducir ese máximo, en carreteras de curvas cerradas, así como autorizar otros mayores cuando proceda, señalando para ello las condiciones oportunas.

El capítulo IV (artículos 35 a 44) trata de las obras contiguas a las carreteras. El capítulo V (artículos 45 a 51), de las obras hechas por particulares y relacionadas con las carreteras. El capítulo VI (artículos 52 a 66) establece el régimen y tramitación de las denuncias y multas, y de los recursos procedentes. El art. 66 establece que los denunciadores tendrán derecho a participar la mitad del importe de las multas que se impongan.

Por último, el capítulo VII (artículos 67 a 77) comprende las disposiciones generales y lo relativo a la circulación de los vehículos con-motor mecánico.

mentos públicos, cuando no la tuvieren ya de conformidad con las leyes vigentes.

Si la inscripción no se solicite dentro de los tres meses siguientes a la fecha del contrato, perderá la eficacia a que se refiere el apartado anterior.

No surtirán efectos como documentos públicos, ni se admitirán como tales en las oficinas y Tribunales de cualquier clase que sean, ni podrán ser tenidos en cuenta, en la revisión y formación de los Registros fiscales, los contratos de arrendamiento o de modificación del mismo, si no consta en ellos la nota de inscripción en el Registro que por esta disposición se crea, quedando reducidos a la simple condición de documentos privados.

En correlación a las anteriores penalidades, los contratos registrados se tendrán en cuenta como elemento de comprobación en la apreciación que fomule el personal facultativo en los Catastros rústico y urbano.

Para todos los efectos del Registro de Arrendamiento se reconocerá como propietario aquel a cuyo nombre conste inscrito en el Registro de la Propiedad, en su defecto en el amillaramiento o en el Registro fiscal, el que tenga título acreditativo de propiedad y también aquel que ostente la posesión.

Segunda. Para el ejercicio del derecho definido en la base anterior, el arrendatario presentará en el Registro, si el contrato fuera escrito, el ejemplar de carácter privado o público que obre en su poder, debiendo expresar con toda claridad la finca arrendada, el precio o merced del arriendo y la duración del contrato.

Si el contrato de arriendo fuera verbal, la obligación de inscribir se hará efectiva, como en el caso del contrato escrito, llevándose a efecto la inscripción mediante declaración del arrendador expresiva de la finca arrendada, del plazo y de la merced que deba percibirse, o por manifestación conjunta de arrendatario y arrendador, si así lo concertaren.

El registro de Arrendamientos será público para los que tengan en ellos interés directo, pudiendo expedirse certificaciones de los datos y antecedentes que en el mismo contienen, a instancia de parte, o de oficio, si se pidieran por las correspondientes oficinas del Estado.

Tercera. El registro será llevado por los registradores de la Propiedad, a los cuales se presentarán directamente en las cabezas de partido los contratos o peticiones de inscripción correspondientes.

En las demás poblaciones podrán presentarse dichos documentos en los Juzgados municipales, los cuales, en ese caso, los remitirán al Registro, previa la necesaria toma de razón y la expedición de recibo, si el interesado lo exigiera.

Cuarta. El Gobierno, a propuesta del ministro de Hacienda, queda autorizado para implantar este Registro, por lo que se refiere a las fincas urbanas, y en cuanto a las rústicas se le autoriza para establecerlo análogamente, con el fin de conocer la renta como base de estimación complementaria fiscal una vez aprobado el proyecto de ley reformando la contribución territorial, quedando igualmente autorizado para dictar las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la presente ley, en las cuales se fijará el plazo, no inferior a seis meses ni superior a un año, necesario para la inscripción de los contratos de arrendamiento hoy en vigor, los libros que han de llevar las nuevas oficinas, estados que periódicamente deben presentar y datos que hayan de facilitar los registradores de la Propiedad a la Administración.

Queda autorizado el ministro de Hacienda para preparar

A nuestros suscriptores.

Como consecuencia del reciente conflicto de Correos, numerosos paquetes de periódicos quedaron detenidos en diversos lugares. A medida que el servicio se normalice, dichos paquetes irán llegando a sus destinos. Aparte de ello, nuestra Administración suspendió por algunos días el envío a los suscriptores, reservingos los números para hacer su remesa en cuanto el estado del servicio lo aconsejase. Los suscriptores que, pasados algunos días, tuviesen que reclamar números no recibidos, podrán dirigirse a la Administración de EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO y se les atenderá inmediatamente.

Las reformas tributarias.

Registro de Arrendamientos.

Art. 6.º Con arreglo a las bases que a continuación se detallan, se crea un Registro especial, que tendrá carácter fiscal y se llamará "Registro de Arrendamientos."

Primera. Constituirán el objeto del Registro que por esta ley se crea los contratos de arrendamiento de fincas rústicas o urbanas, incluso los de aparcería, así como los conocidos con diversos nombres, como los de cultivos al diezmo, quinto, cuarto, tercio, medias, tercias, rentas, plantaciones de viñas y arbolados a medias o en otra proporción.

Una vez establecido el Registro, la inscripción será obligatoria para el arrendador, conjunta o separadamente con el arrendatario, si ambas partes están conformes en que los contratos tengan eficacia jurídica civil en concepto de docu-