El Progreso agrícola y pecuario (1922-05-15 00:00:00), página 9

LA REFORMA DE TRIBUTOS

Del proyecto de ley pendiente de aprobación del Parlamento.

Registros de Arrendamientos.

Art. 5.º Con arreglo a las bases que a continuación se detallan, se crea un Registro que se llamará de Arrendamientos y será llevado en todas las poblaciones por los jueces municipales encargados del Registro civil.

Primera. Estarán sujetos a inscripción en el Registro que por esta ley se crea, todos los contratos de arrendamiento de fincas, ya sean rústicas o urbanas, regulados por el Código civil, incluso los de aparéncia, así como los que, regidos por las costumbres locales, son conocidos con diversos nombres, como los de cultivos al diezmo, quinto, cuarto, tercio, medias, terrajes, rentas, plantaciones de viñas y arbolados a medias o en otra proporción y, en general, cuantos reúnan las condiciones de disfrute de cosa ajena mediante precio y tiempo señalados.

La inscripción es obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario, quien no obstante tendrá la obligación de inscribir los contratos de subarriendo, subrogación o cesión de arrendamiento que otorgue.

Los contratos no inscritos por el arrendador, o, en su caso, por el subarrendador, no surtirán en su favor efecto alguno; los inscritos fuera de los plazos reglamentarios sólo le permitirán fundar en ellos las acciones que le incumban, cuando sean determinadas por hechos posteriores a la fecha de la presentación.

No se admitirán ni surtirán efectos ante los Juzgados ni Tribunales y Autoridades de cualquier clase los documentos en que consten contratos de arrendamiento de cualquiera clase de fincas, si no figura en ellos la nota de inscripción en el Registro de Arrendamientos.

Los contratos y pactos entre arrendador y arrendatario que no consten en el Registro carecerán de todo vigor y eficacia.

El Registro de Arrendamientos será público, pudiendo expedirse certificaciones de los datos y antecedentes que en el mismo consten, a instancia de parte o de oficio si se pidieren por las Oficinas correspondientes del Estado.

Segunda. La renta o merced del arrendamiento comprendrá el conjunto de prestaciones, cualquiera que sea su denominación, que el arrendatario, o, en su caso, el subarrendatario, deba satisfacer al arrendador por todos conceptos.

Los contratos de arrendamiento inscritos en el Registro se entenderán prorrogados por plazo no menor de uno ni mayor de cuatro años a contar desde la fecha de la expedición de los mismos, siempre que lo solicite el arrendatario y ofrezca pagar durante los años de la prórroga un precio de alquiler superior en un 20 por 100 al declarado en el contrato incrito. En este caso, previa anotación de la prórroga en el Registro de Arrendamientos, será aplicable a los alquiladores que se devenguen en todo el período de ella, la preferencia establecida en el núm. 7.º del art. 1.922 del Código civil, con el derecho reconocido en el párrafo final del mismo artículo. Las disposiciones de este párrafo en lo relativo al aumento de rentas se entenderán subordinadas a las del Real decreto de 21 de junio de 1920, mientras éste continúe en vigor, o a las que en sustitución del mismo se dicten sobre esta materia.

Si el arrendador retirase al arrendatario alguno de los disfrutos o prestaciones que antes de la prórroga le suministraba, el arrendatario tendrá derecho a obtener una reducción en el alquiler, proporcional al valor de aquéllas. Si la retirada o supresión de disfrute en las fincas urbanas afectara al inquilino que haya obtenido la prórroga y no a todos los demás del mismo inmueble, quedará sin efecto el aumento en el precio de alquiler a que se refiere esta base y la reducción correspondiente al disfrute suprimido habrá de efectuarse en el precio que anteriormente rigiera. No podrán suprimirse en ningún caso, ni aun a cambio de disminución de rentas, los servicios de agua y luz que el arrendador o el subarrendador suministre al inquilino.

Siempre que se aumentare la capacidad productiva de la finca, ya por mejoras realizadas por el propietario, ya por efecto de obras públicas en cuyo coste hubiera contribuido especialmente aquél, a tenor de las disposiciones del Real decreto de 31 de diciembre de 1917, el arrendador podrá exigir un aumento de la renta, proporcional al incremento que por tales causas hubiese tenido el valor productivo del inmueble. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación si el coste de las obras o, en su caso, el importe de la contribución especial no excediese de la renta anual del inmueble.

Las disposiciones que se dicten para la ejecución de esta ley podrán organizar un Jurado técnico a quien se encomienda la misión de fijar, en plazos breves y con garantías de acierto para arrendadores y arrendatarios, los aumentos y reducciones de alquiler previstos en este artículo.

Tercera. Quedan derogadas, a los efectos de esta ley, las disposiciones, cualquiera que sea su índole, que se opongan a la misma.

El Gobierno, a propuesta del ministro de Hacienda, dictará las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la presente ley, en las cuales se establecerán las penalidades de índole pecuniaria a que el incumplimiento de sus preceptos y los de su reglamento diere lugar, los plazos en que deban presentarse a inscripción los contratos de arrendamiento que en lo sucesivo se otorguen y los necesarios para que se acomoden a los preceptos de esta ley, los que actualmente se hallen en vigor, así como los libros que han de llevar, estado que periódicamente deban rendir y datos que hayan de facilitar a la Administración los jueces municipales encargados de este Registro y los honorarios que puedan percibir por las operaciones que practiquen o certificaciones que expidan a instancia de particulares.

Derechos reales.

Art. 6.º Para la represión del fraude en el impuesto de Derechos reales se aplicarán las siguientes:

Primera. En las transmisiones, por cualquier título, de bienes inmuebles y derechos reales, se presentarán en las Oficinas liquidadoras del impuesto de Derechos reales, juntamente con el documento liquidable, copias de las descripciones y valoraciones de los mismos, ajustadas al modelo que se establezca, para su publicación, reconociéndose a los particulares y Corporaciones que soliciten fundadamente rectificación de los valores declarados, derecho a percibir una parte de las multas que se impongan, y al Estado el de adquirir para sí, con destino a algún servicio público, todos o algunos de los inmuebles transmitidos, abonando como