El Progreso agrícola y pecuario (1922-05-15 00:00:00), página 10

precio el valor fijado por los interesados y un 25 por 100 más del mismo. Cuando el Estado ejercite este derecho, el particular podrá exigir que, a la vez que la finca o fincas que aquél elija adquiera también, en las mismas condiciones determinadas en este párrafo, las demás, inmediatamente colindantes con ellas, que pertenezcan al propio adquirente.

Segunda. Se presumirá que forman parte del caudal hereditario, solamente a los efectos de la liquidación y pago del impuesto de Derechos reales:

a) Los bienes de todas clases que hubieran pertenecido al causante de la sucesión, hasta un período máximo de un mes anterior a su fallecimiento, y que, al ocurrir éste, se hallen en poder de los herederos o legatarios o de alguno de ellos.

b) Los transmitidos por el causante en el período de tres años anteriores a su fallecimiento, reservándose el usufructo de los mismos, o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho vitálico, salvo cuando se trate de seguros de renta vitalicia contratados con entidades dedicadas habitualmente a este género de operaciones.

En ninguno de los casos anteriores procederá la devolución ni abono en cuenta de lo pagado por la adquisición, si está no se ha verificado a título lucrativo y satisfecho el impuesto.

c) Los valores o efectos depositados, y cuyos resguardos se hubieran endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante no se han retirado aquéllos o no se ha tomado razón del endoso en los libros del depositario, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. Esta disposición será igualmente aplicable en los endosos de valores nominativos, si la transferencia no se hace constar en los libros de la entidad emisora, con anterioridad al fallecimiento del endosante.

El adquirente o el endosatario, en los casos de los párrafos b) y c), será considerado como legatario, si fuere persona distinta del heredero.

Tercera. Los bienes y valores de todas clases, entregados a particulares, Asociaciones o Sociedades, en depósito, bajo cualquier forma de contrato civil o mercantil, reconociendo a dos o más personas individual e indistintamente iguales derechos sobre la totalidad de aquéllos, se presumirá, a los efectos del impuesto, y salvo prueba en contrario, que pertenecen en propiedad, y por Iguales partes, a cada uno de los cotitulares, debiendo facilitar a la Administración los depositarios los datos y noticias que el reglamento determine, y llevar los libros que éste fije, datos que podrán ser comprobados con los documentos y contabilidad del particular o entidad de que se trate. Estas obligaciones serán extensivas a las operaciones a nombre de una sola persona, ya se haya o no conferido poder a un tercero para retirar los bienes o valores. Los preceptos de esta disposición serán de aplicación general en todo el territorio español.

Cuarta. Las infracciones de los preceptos de esta ley se castigarán:

1.º La falta de presentación de las copias a que se refiere el art. 1.º, con multas de 50 a 500 pesetas, y además se mandará ejecutar a costa del contribuyente las copias prevendidas.

2.º La retirada de la parte de bienes o valores que, según la presunción establecida en la disposición anterior, corresponda al cotitular premuerto, o la de dichos bienes o valores, por el mandatario o el endosatario, después del fallecimiento del titular, con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas por la ley y reglamento del impuesto de Derechos reales, y la responsabilidad criminal definida en el art. 554 del Código penal, imponiéndose la pena de arresto mayor en su grado medio al máximo.

3.º La negativa o resistencia de los particulares, Asociaciones o Sociedades a facilitar los datos, autorizar las comprobaciones o llevar los libros que las disposiciones reglamentarias determinen, conforme al artículo anterior, con multas de 1.000 a 10.000 pesetas, apreciándose además el delito de desobediencia definido en el art. 265 del Código penal.

Las responsabilidades pecuniarias señaladas en el párrafo segundo de esta disposición serán exigibles solidariamente de quien realice la operación y de los herederos del titular fallecido.

Quinta. Las adjudicaciones de bienes inmuebles que, al disolverse las Sociedades, se hagan a alguno de los socios, se liquidarán como transmisión de dicha clase de bienes por el núm. 14 de la tarifa del impuesto de Derechos reales, si entre el acto de la constitución y el de la disolución media un plazo menor de tres años.

Sexta. Las multas establecidas en el párrafo primero, artículo 12 de la ley del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes (texto refundido), por falta de presentación de documentos dentro del plazo reglamentario, se aplicarán únicamente cuando la omisión se subsane espontáneamente por los mismos interesados, sin previo requerimiento por la Administración.

Mediando éste, la multa será del 50 por 100 de las cuotas, y si por la resistencia del contribuyente a presentar los documentos necesarios fuere preciso practicar la liquidación con los elementos que la misma Administración se procrete, la multa será igual al importe de la cuota.

Septima. Los índices trimestrales que los notarios están obligados a remitir a las Oficinas liquidadoras, ó, en su caso, a los delegados de Hacienda, conforme al párrafo primero, art. 17 de la ley del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes (texto refundido), comprenderán todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre respectivo, háganse o no sujetos al impuesto, y, en consecuencia, el cumplimiento de dicha obligación es inexcusable para todos los notarios españoles sin excepción alguna. Si en la provincia en que sirvan no existiera Oficina liquidadora del impuesto del Estado, el índice trimestral se remitirá al delegado de Hacienda respectivo.