El Progreso agrícola y pecuario (1922-05-15 00:00:00), página 6

fruto de cosa ajena mediante precio y tiempo sellados.

En el preámbulo del proyecto se dice que su establecimiento constituye una novedad.

Que la constituye, es evidente, y que representa una anomalía crearlo mediante una ley de reforma de tributos, es innegable, porque tal como está presentado, nada tiene que ver con el régimen fiscal, a pesar de que también en el preámbulo se indica que atiende a fines fiscales; parece querer indicarse que preferentemente, ya que se dice que, además de esos fines fiscales, puede servir de base, por los elementos y datos que proporcione, para ulteriores reformas de mayor y más grave trascendencia.

Podrá suceder que si ese Registro llegase a establecerse, sirvieran sus datos para que la Hacienda descubriera ocultaciones, comparando las rentas declaradas en los Registros fiscales, avances catastrales, etc., con las consignadas en los contratos de arrendamiento.

Pero el proyecto no dice nada de eso, ni prevé nada de eso; ni el proyecto asigna finalidad alguna de orden fiscal a los Registros de Arrendamiento.

Sólo al prescribir que el Gobierno, a propuesta del ministro de Hacienda, dictará las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la ley, se dice que en ellas se determinarán los estados que periódicamente deban rendir y los datos que hayan de facilitar a la Administración los jueces municipales encargados de este Registro.

Pero fuera de eso, que es una forma demasiado encubierta de dar al Registro de Arrendamientos efectos fiscales, no hace el proyecto más que regular relaciones de índole esencialmente privada, las que median entre el arrendador y el arrendatario, y eso ni tiene nada que ver con el Fisco ni es materia propia de una ley fiscal.

Eso es hacer una reforma, una honda y trascendental reforma de la legislación sustantiva civil: es derogar principios esenciales del Código, que regula las relaciones privadas de ese orden, y la iniciativa para una modificación de tal índole no incumbe al Ministerio de Hacienda, sino al de Gracia y Justicia.

**.

Según el proyecto, la inscripción de los contratos de arrendamiento será obligatoria para el arrendador y voluntaria para el arrendatario.

Y después de sentar ese principio se prescribe con la mayor naturalidad que los contratos no inscritos por el arrendador no surtirán efecto alguno en su favor.

Recalcando la ineficacia de los contratos no inscritos, se estatuye que no se admitirán ni surtirán efectos ante los Juzgados ni Tribunales y Autoridades los documentos en que consten contratos de arrendamiento de cualquier clase de fincas si no figura en ellas la nota de inscripción en el Registro de Arrendamientos.

Y aun se remacha el clavo prescribiendo que los contratos y pactos entre arrendador y arrendatario que no consten en el Registro carecerán de todo vigor y eficacia.

Por si fuese poco todo eso, aun se dice que en las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la ley se establecerán penalidades de índole pecuniaria por incumplimiento de sus preceptos o de los del reglamento.

Pero, ¿qué más sanción puede imponerse por la no inscripción del contrato de arrendamiento en ese Registro, que privarle de toda eficacia, convertir el documento en un "papel mojado", como vulgarmente se dice?

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Todo eso es de lo más atrevido que darse puede en materia jurídica, suprimiendo de un plumazo todos los derechos que nacen de las relaciones contractuales que el Código civil reconoce y regula.

No es menester esforzarse mucho para demostrarlo.

Ni aun en relación a los documentos y contratos inscribibles en el Registro de la Propiedad tiene tal alcance y tanta trascendencia la falta de inscripción, porque quien no inscribe su título o su derecho en ese Registro no puede alegarlo con eficacia legal en cuanto a terceros, en relación a quien no fué parte en el acto o contrato inscribible y no inscrito; podrá ser incluso burlado un derecho legítimo por carecer de título inscrito frente a otra persona que lo tenga. Pero, aun así y todo, cabe llevar el asunto a los Tribunales de justicia para que decidan en cuanto al derecho del que inscribió y del que omitió la inscripción de un documento.

Y fuera de las relaciones en cuanto a terceros, en lo que concierne a las existentes entre las partes contratantes, la inscripción en el Registro de la Propiedad no da ni quita eficacia al contrato, que obliga recíprocamente a las partes contratantes y es título eficiente para compelir al cumplimiento de las obligaciones pactadas, aunque el documento en que se consignen no esté inscrito en el Registro de la Propiedad.

Más claro, y sin salir de la esfera de los contratos de arrendamiento. Si se celebra uno de esa clase y no se inscribe, a pesar de que, por su índole o por haberse pactado expresamente, sea inscribible, el arrendatario no podrá hacer valer su derecho respecto a terceras personas, no podrá exigir al comprador de la finca, por ejemplo, que respete el contrato por todo el tiempo de su duración, a diferencia de lo que ocurre si el contrato está inscrito.

Pero el dueño de la finca podrá exigir al arrendatario el pago del precio que use de la finca, sin salirse de los límites pactados, etc., etc., y, a la inver-