El Progreso agrícola y pecuario (1921-09-22 00:00:00), página 1

Los abonos y el proyecto de Arancel.

Es España un país esencialmente agrícola, cuya principal riqueza radica en su producción agrícola. A estimular ésta y a poner al agricultor en condiciones de producir mucho y barato debe encaminarse la acción del Estado, en lugar de otorgar una protección excesiva a un grupo de fabricantes, en perjuicio de la gran masa de agricultores.

El abono es un elemento de los principales de que dispone el agricultor para aumentar el rendimiento de sus campos, y si esos abonos que necesita la agricultura nacional los tiene que pagar a precios más elevados que el agricultor extranjero, no podrá competir con él cuando trate de exportar sus cosechas.

Entonces el aumento de los derechos de entrada sobre los abonos, que parece representar un beneficio para el Estado español, realmente se convertirá en un perjuicio para la economía nacional, al dificultar la exportación de los productos del campo, o permitirla solamente a precios que no dejen beneficio al labrador.

España está muy necesitada de abonos. Comparando la producción media por hectárea que se consigue en España, con la que obtienen otros países, muchos de ellos con tierras menos fértiles y condiciones climatológicas aun menos favorables que el nuestro, llama la atención que aquellas naciones puedan producir tales cosechas si se comparan con el escaso rendimiento que se obtiene, por regla general, en nuestro país.

Pero si se tiene en cuenta que esas mismas naciones hacen un consumo de abono en proporción cuatro y aun seis veces mayor que España, se comprende al momento que aquí ha de ser posible obtener cosechas tan buenas o mejores cuando el agricultor quiera o pueda emplear aquellas cantidades de abono que un cultivo racional aconseja suministrar a la tierra, en condiciones de baratura tal, que su empleo resulte remunerador.

Cuenta España con una industria de superfosfatos de cal (partida 818) bastante importante, pero que no se encuentra en situación de subvenir aún a todas las necesidades de la Nación. Siempre se han importado superfosfatos extranjeros en grandes cantidades, y vuelven a importarse en tonelajes apreciables; lo que demuestra que no se produce en España bastante mercancía para abastecer al agricultor. Esta importación ha de aumentar forzosamente en años sucesivos, a medida que aumente el consumo de España. Demuestra asimismo la necesidad en que se encuentra nuestro país de recurrir al extranjero para muchas de sus compras de superfosfato, el hecho de que durante la guerra, cuando no podía traerse del extranjero, no lograron los fabricantes nacionales abastecer todo el mercado español y se sufrió una gran penuria de superfosfato.

Todas esas cantidades que, como hemos demostrado, habrán de importarse en España, vendrán gravadas con los nuevos derechos que se pretende cobrar, y el agricultor español pagará más caro, no solamente todo lo que se importe, sino también lo que se produzca en España... puesto que los fabricantes de aquí aumentarán sus precios en proporción a esos derechos de Arancel.

Si en alguna ocasión, por virtud de esos derechos, no pudiera el extranjero concurrir al mercado español, el perjuicio para el agricultor sería aún más notable, pues no existiendo el freno de la competencia extranjera, los fabricantes españoles elevarían —como es lógico—sus precios, como ocurrió durante la guerra, que, dueños del mercado, hicieron pagar al agricultor precios excesivos, con lo que la industria de superfosfatos realizó beneficios jamás conocidos.

Quedó demostrada la influencia beneficiosa de la competencia extranjera en los precios de esa materia en España con lo ocurrido el año pasado. Entonces, gracias a las primeras partidas que se trajeron desde