El Progreso agrícola y pecuario (1922-01-31 00:00:00), página 7

creto del Gobierno que recae en materias de derecho privado, sustraídas por su propia naturaleza a la competencia normal de estas disposiciones.

El art. 8.º suspende la ejecución de los expedientes de apeo y prorrateo. Este artículo favorable a primera vista para los pagadores, quizá no lo parezca tanto si se examinan sus consecuencias.

El apeo y prorrateo es un expediente de jurisdicción voluntaria que tiene por objeto deslindar las parcelas en que se repartió el primitivo foral y repartir entre ellas la pensión. Puede promoverse cada diez años por aforantes y foreros, y los gastos son siempre de cuenta de éstos. Su mal consiste, pues, en su coste, que casi siempre excede de la renta foral capitalizada, y el remedio adecuado y racional consistiría en que los Juzgados los tramitasen gratuitamente interviniendo como peritos, con dietas satisfactorias por el Estado, el personal del servicio agronómico de la provincia.

Pero la supresión del apeo y prorrateo, así radicalmente, puede llevar a una situación peligrosísima para los pagadores, porque el dominio directo, utilizando la acción solidaria, podría reclamar de uno de aquéllos el total de la pensión, y como éste no puede repetir contra los codeudores sino por la parte de pensión que cada uno debe satisfacer, extremo que ignorará, o por lo menos no podrá justificar casi nunca, le será imposible reintegrarse, sin el apeo y prorrateo previos, sancionándose así una verdadera explotación.

Más conveniente sería decretar gratuitos estos expedientes, como hemos dicho, y que una vez practicadas se extinguiese la solidaridad, respondiendo cada finca de la parte de pensión que le hubiere correspondido.

No merece comentario el art. 9.º del proyecto. El foro cumplió ha mucho su misión histórica, y muy cuerdamente fue abolido para el porvenir por el art. 1.655 del Código civil. Hablar de adaptarlo en modalidad adecuada a las necesidades de los tiempos modernos es una de tantas frases hueras de nuestro léxico legislativo, y equivale a desconocer su naturaleza o no tener idea de la organización de la propiedad agraria en Galicia que en algunas de sus comarcas alcanzó casi la fórmula ideal de que todo trabajador del campo sea propietario de la tierra que cultiva.

Las ideas apuntadas necesitarían amplia exposición; pero quizá con lo dicho sea bastante a mostrar que el proyecto presentado no resuelve nada, y si se compara con la magnitud del problema a encauzar, toca en los linderos de lo ridículo.

Es preciso que el Parlamento se dé cuenta de la realidad y afronte la cuestión con la amplitud que exigen su complejidad y el estado de rebeldía que se extiende rápidamente por el campo gallego.

Otro día diremos cómo se ha llegado a la situación actual, aspiraciones de aforantes y foreros, y si aun es posible encontrar fórmulas de armonía jurídica que devuelvan a Galicia la tranquilidad turbada por esta contienda.

JOSÉ G. VIDAL,
Doctor en Derecho.

LEY REFORMADA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

M.NISTERIO DEL TRABAJO

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España.
A todos los que la presente vieran y entendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO
De los accidentes del trabajo, de la responsabilidad en materia de accidentes y de las indemnizaciones.

Artículo 1.º A los efectos de la presente ley, entiéndese por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Se considera patrono al particular o Compañía propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste.

Estando contratada la ejecución o explotación de la obra o industria, se considerará como patrono al contratista, subsistiendo siempre la responsabilidad subsidiaria de la obra o industria.

Por operario se entiende todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio, por cuenta ajena, mediante remuneración, o sin ella, cuando se trate de aprendices, ya esté a jornal, ya a destajo, o en cualquier otra forma, en virtud de contrato verbal o escrito.

Se reputarán operarios, a los efectos de la ley, los aprendices, los que, sin prestar el trabajo por sí mismos, preparan o vigilan el de otros, siempre que su salario no pase de 15 pesetas, o que si excede sólo se computen 15 pesetas, y los que tratándose del trabajo, por parejas o grupos, contraten con el patrono, no sólo su salario, sino el de sus compañeros o auxiliares, entendiéndose comprendidos en este artículo aun en el supuesto de que el obrero que contrate lo hiciere sólo a su nombre por una cantidad alzada o a destajo, siempre que no obtenga por ello un lucro especial.

Los operarios extranjeros gozarán de los beneficios de la presente ley, así como sus derechohabientes que residan en territorio español, y los derechohabientes que residan en el extranjero al ocurrir el accidente gozarán de dicho beneficio en el caso de que la legislación de su país los otorgue, en análogas condiciones, a los subditos españoles, o bien cuando se haya estipulado en Tratados especiales.

Art. 2.º El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente.

La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia