El Progreso agrícola y pecuario (1922-01-31 00:00:00), página 6

rentas forales, las parroquias en masa acompañan a los pagadores, intiman a los dominios directos y ejercen tal presión sobre los Tribunales, que en los Juzgados municipales no se encuentran adjuntos para fallar estos litigios. Y si en algún Juzgado se consigue una sentencia condenatoria y pretende llegar al embargo, es preciso buscar el amparo de la Guardia civil, renunciando a hacerlo efectivo sobre fincas que nadie compraría ni podría trabajar.

Tal es el estado actual de este problema. ¿Cómo resolverlo? Desde luego puede afirmarse rotundamente que el proyecto de ley presentado no lo conseguiría, y aun podría añadirse que una obra tan endeble, jurídica y socialmente, ante un problema tan amplio y grave como el que tiene que afrontar, no merece los honores de ser sometida a discusión en un Parlamento serio.

Un examen ligerísimo del proyecto (publicado en el número anterior de esta Revista) quizá baste a demostrarlo.

El art. 1.º consigna la perpetuidad del foro; pero esta declaración es totalmente huera e innecesaria, puesto que la perpetuidad del foro estaba ya consagrada en el derecho vigente por las Pragmáticas de 11 mayo de 1763 y 28 de junio de 1768 y la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1863.

Los artículos 2.º y 3.º declaran redimibles los foros en las condiciones que conciernen libremente pagadores y perceptores. Esto puede hacerse ya actualmente y nada nuevo, por tanto, implican estos artículos. Poco importa al forero que el foro se diga redimible, si no puede hacer efectiva esta reducción más que sometiéndose a las condiciones que arbitrariamente se antoje fijarle al dominio directo. En cambio, se omitió en ellos consignar el tipo de redención como han de valerse las rentas en especie, si se ha de indemnizar el laudemio, y como se ha de solventar la dificultad práctica que para la redención impone la división de las rentas forales y la solidaridad en el pago, sobre cuyos extremos existen precedentes abundantes en los proyectos de ley presentados con anterioridad para resolver este problema.

En los artículos 4.º, 5.º y 6.º se consignan preceptos relativos a la forma de las escrituras de redención, pago de derechos reales, clase de papel sellado y honorarios de notarios y registradores, extremos de muy escasa importancia para la finalidad que el proyecto persigue.

Contiene el art. 7.º una afirmación tan importante que conviene transcribirlo. Dice: "Transcurrido el plazo de cinco años fijado en el art. 3.º, la redención será de carácter forzoso, y para llevarla a efecto, determinando su alcance económico jurídico, forma y condiciones, la Comisión de Códigos redactará el oportuno proyecto de ley que, con las modificaciones que el Gobierno estime necesarias, se publicará en la Gaceta de Madrid.

"El Gobierno, una vez publicado el proyecto, dará cuenta a las Cortes, si estuvieren reunidas, con expresión de aquellos extremos en que haya modificado, ampliado o alterado el proyecto de la Comisión, y no empezará a regir como ley hasta cumplirse los sesenta días siguientes a aquél en que se hubiera dado cuenta a las Cortes de su publicación."

Contiene este precepto la confesión clara de que durante los cinco años que sigan a la publicación de esta ley el problema quedará en pie, sin otra solución que la que voluntariamente quieran darle las partes contratantes. Y esto se hace cuando el conflicto marcha francamente por los cauces de la violencia y se emplea la dinamita para contestar a las demandas. ¿Habrá nada más inconsciente que encumbrar la solución del conflicto foral al libre arbitrio de aforantes y pagadores, en el momento preciso en que éstos se oponen al pago y adoptan una posición de rebeldía colectiva? ¿Es que se quiere con este proyecto mantener esta agitación para llamar definitivamente al campesino gallego por el camino de la ilegalidad?

Pero existe en este artículo algo todavía más grave. Transcurridos los cinco años, la redención será forzosa, regulándola por una disposición redactada por la Comisión de Códigos, modificada por el Gobierno en la forma que crea conveniente y publicada en la Gaceta, rigiendo a los sesenta días siguientes a la fecha en que de ella se hubiere dado cuenta a las Cortes.

En primer término, ocurre preguntar: ¿cuál es la naturaleza de esta disposición? No será una ley, aunque así se la llame en ese artículo, porque la facultad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, y al Rey corresponde la sanción y promulgación de las leyes, y en el caso presente el Rey publicará en la Gaceta el proyecto de la Comisión de Códigos revisado por el Gobierno, pero no interverá después de dar cuenta de él a las Cortes, no existiendo sanción ni promulgación del proyecto aprobado por éstas, requisito esencial para la existencia de la ley según la Constitución del Estado.

Pero tampoco esa disposición será una manifestación normal del poder reglamentario, puesto que las disposiciones del Poder ejecutivo, lo mismo cuando obra dentro de las facultades que le atribuye la Constitución, que en virtud de obligaciones expresas del Poder legislativo, entran desde luego en vigor, sin esperar a que se dé cuenta de ellas al Parlamento, aunque este requisito se exige en algunas por motivos diversos, después de estar rigiendo.

Se trata, pues, de una disposición anticonstitucional.

Finalmente resulta una anomalía inexplicable, que para el presente proyecto que no resuelve ni compromete ningún interés, se adopte la garantía de la discusión parlamentaria precedido por una información pública, y, en cambio, se encomiende la redención forzosa, problema siempre difícil, a un de-