El Progreso agrícola y pecuario (1921-05-30 00:00:00), página 6

Las Cámaras Agrícolas intervendrán en la exportación de aceite.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN
La Real orden de 20 de abril último autorizando la exportación de 20.000 toneladas de aceite oleíva, estableció reglas encaminadas a facilitar dicha exportación y asegurar al mismo tiempo el abastecimiento nacional. Se procuró en aquella disposición armonizar todos los intereses, protegiendo a los agricultores y fabricantes por medio de la concesión de bonos en proporción a las declaraciones juradas de existencias que presentaran, y autorizando la transferencia de estos bonos, tendió a dar medios a los exportadores para adquirirlos y aprovechar la licencia otorgada para exportar.

Múltiples causas han impido que los preceptos de dicha Real orden den el resultado armónico que se buscó, y estudiadas las reclamaciones de unos y otros interesados en esta importante industria española, parece solución adecuada para vencer las dificultades a que se ha atuñdo, dar mayor intervención a las Cámaras Agrícolas y prescindir, mediante la misma, y con el concurso de los principales cosecheros y fabricantes de las provincias de mayor producción, del gravamen que representaba el depósito de 1,80 pesetas por kilo, que se consideró necesario para moderar la exportación y evitar el alza de precio de ese artículo de primera necesidad en el mercado español.

Las Cámaras Agrícolas de Sevilla, Córdoba y Jaén, principalmente, han formulado diversas reclamaciones, llegando a concretar su aspiración en términos que, en lo esencial, parecen aceptables, y estimando el ministro que suscribe que la exportación de aceite es necesaria para proteger tan importante industria, que las estadísticas, más o menos defectuosas, pero muy próximas a la realidad, prueban que existe un sobrante de consideración sobre el consumo nacional hasta la cosecha próxima; que el comercio puede abastecerse con facilidad sin temor a que se eleve el que ha regido como precio medio en los últimos años, ya que la tasa legal de 15 pesetas los 11,50 kilos que desde hace tiempo se estableció no llegó a tener efecto, entre otras causas, por ser notorio que la producción de la última cosecha excede bastante en su coste a dicha suma; que ha de seguir autorizándose la exportación a medida que se vea el resultado de la que ahora se autoriza y la marcha de la cosecha pendiente, empleándose el mismo sistema que rige en la actualidad para lograr los fines expresados de que el exceso sobre el consumo nacional se exporte, todo lo cual exige la adopción de nuevas resoluciones que completen las dictadas hasta ahora, y por todo ello,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la Real orden de 20 de abril último se entienda modificada y completada por las siguientes disposiciones:

Primera. Las Cámaras Agrícolas de las capitales de provincias que tengan producción olivarera, asociadas a los productores y fabricantes que dichas Cámaras estimen deban auxiliar en el cumplimiento de la misión que ahora se les confía, serán las encargadas de proponer a los gobernadores civiles la expedición de los bonos que la Real orden de 20 de abril último estableció para exportar aceite hasta la cantidad en ella consignada de 20.000 toneladas y en la proporción del 10 por 100 de lo declarado en aquella disposición.

Para preparar las exportaciones que puedan autorizarse en lo futuro, cada una de estas Cámaras procurará comprobar la verdadera existencia de aceite en su provincia, rectificando en el plazo más breve posible las estadísticas conocidas, y el resultado lo comunicará a este Ministerio con la mayor urgencia.

Segunda. Los bonos que se expidan por los Gobernadores civiles serán entregados a las Cámaras Agrícolas correspondientes para que los distribuyan entre los cosecheros y fabricantes que tengan derecho a los mismos, con arreglo a lo dispuesto en dicha Real orden.

Las personas que reciben bonos para la explotación designarán, en un plazo que no exceda de dos meses, a contar de la fecha en que se expidan, la Aduana por donde se proponen exportar, pudiendo elegir libremente entre todas las autorizadas en dicha Real orden y la de Valencia de Alcántara para las exportaciones a Portugal, cuidando las Cámaras Agrícolas respectivas de remitir a la Aduana señalada el duplicado correspondiente para comprobar la autenticidad de los bonos. Una vez hecha esta manifestación, los poseedores de los mismos tendrán un mes más para realizar la exportación.

Transcurridos los dos meses desde la expedición del bono sin que se haya comunicado oficialmente a la Cámara Agrícola la designación de la Aduana, se entenderá caducada la autorización y se publicará la esquela en el Boletín Oficial de la provincia.

Las Aduanas no podrán autorizar exportaciones sino que consta esta en forma legal.

Tercera. Si en un plazo de veinte días, a contar de la expedición del bono y su entrega a la Cámara Agrícola, el interesado no lo retira de la misma, la Cámara podrá ensayar en pública licitación y conservará su importe durante dos meses a disposición del interesado. En el caso de que no lo retire, pasará a ser propiedad de la Cámara, que lo ingresará en su Caja.

Cuarta. Los tenedores de bonos darán cuenta a la Cámara respectiva de la nación que hagan de cada uno para que lo autoricen con su V.º H.º, y mediante esta autorización de las Cámaras Agrícolas, no será necesario para la cesión de los bonos la intervención de Agentes mediadores de Comercio ni de Notarios.

Quinta. Las Cámaras Agrícolas exigirán a los cosecheros y fabricantes que en todo momento pongan a disposición del comercio español hasta el 50 por 100 de sus existencias a precio que, mientras no se disponga lo contrario por este Ministerio, no exceda de 21 pesetas la arroba de 11,60 kilos en bodega, ni de 22 pesetas esa misma unidad sobre vagón en el ferrocarril más próximo, libre de todo gasto. Dentro de ese máximo, las Cámaras Agrícolas procurarán que se reduzca el precio cuanto sea posible y permita el coste de producción que en cada región haya tenido el aceite.

Los comerciantes podrán dirigirse a las Cámaras Agrícolas para formular pedidos, sin perjuicio de lo que hagan a los cosecheros, si así conviene a sus intereses.

Sexta. Las Cámaras Agrícolas redactarán una Memoria detallada para rendir cuenta de su gestión a los cosecheros y fabricantes, que entregará al gobernador para la publicidad que estime oportuna y para conocimiento de este Ministerio.

Séptima. Los gobernadores, a propuesta de las Cámaras Agrícolas, podrán solicitar de este Ministerio las medidas que estimen necesarias para exigir a los que les resistieran el cumplimiento de las disposiciones de la presente Real orden y de la de 20 de abril.

Octava. Las Cámaras Agrícolas podrán designar representantes especiales en algunas localidades de su jurisdicción, si lo consideran necesario, para el cumplimiento de la misión que se les confía. Asimismo quedan facultadas para poder exigir cuotas moderadas a sus asociados a fin de atender a los gastos que origine este servicio, si no cuentan con medios económicos para realizarlo.

Novena. Las Cámaras Agrícolas procurarán formar agrupaciones de olivareros tan extensa como sea posible en cada provincia, con objeto de que los auxilien y preparen la más fácil intervención en cuanto se relaciona con la producción olivarera y singularmente con el abastecimiento nacional y la exportación del sobrante al extranjero.

Décima. En el caso de que alguna Cámara Agrícola no cumpliera las obligaciones que se le imponen, podrá el Ministerio suspender la exportación en la provincia en que se ocurría, sin perjuicio de exigir las responsabilidades que proceda.

Undécima. Queda suprimida la obligación de con-