El Progreso agrícola y pecuario (1921-06-07 00:00:00), página 8

familiar, con desenvolvimientos y ampliaciones sobre lo vigente; los arrendamientos colectivos, novedad más en la ley que en la práctica, puesto que las normas que se proponen tienen realidad consuetudinaria en las regiones andaluza y extremeña, coincidiendo además con las orientaciones legislativas que, principalmente en Italia, se adoptan sobre la materia; y se añade en tercer término al régimen de las Colonias, intensificando y ampliando las formas aplicadas hasta ahora.

Con posterioridad a la fecha de la ley que ahora rige se han adoptado disposiciones encaminadas a fomentar y estimular la colonización voluntaria, pero ellas resultan insuficientes, siendo necesario que la acción del Estado se extienda también al fomento de tales aspectos de la iniciativa privada; y, en tal sentido, se propone un sistema de ayudas, beneficios, auxilios reintegrables y facilidades que estimulen el concurso para la obra social que se proyecta, de todos los factores que mediante sus iniciativas quieran estimularla y hacerla más fecunda.

Organismo propio, de carácter técnico y fundamentalmente consultivo, constituirá para la eficacia de esta ley, el Instituto Nacional de Colonización, que no ha de ser un nuevo organismo ni puede tener el carácter de una rueda más de la Administración, sino una transformación más eficaz de la actual Junta de Colonización y Repoblación interior, aportándose a ella todos aquellos elementos que, por su competencia profesional y técnica unos, y por su significación representativa otros, colaboren a la realidad de los fines que persigue la ley.

La insistencia con que se atribuye al Instituto Nacional de Colonización carácter marcadamente consultivo, vinculando en el Ministerio del Trabajo las modalidades resolutivas de todos los asuntos, tiene sin explicación, no en el propósito de restringir autonomías corporativas, que han sido hasta la fecha bien utilizadas, sino en el de responder a la sana y recta interpretación de los principios constitucionales vigentes en cuyas virtudes corresponde al Gobierno, como expresión adecuada del Poder ejecutivo, la responsabilidad en definitiva de los actos de la Administración. No podrá tal responsabilidad ser exigible en justicia, mientras no sea el Gobierno mismo quien resuelva todo lo fundamental de carácter ejecutivo, propio de la nueva ley.

Se proponen además partidas y créditos que amplían la cantidad consignada en el Presupuesto vigente, y se establece un servicio para el pago de cupones de títulos de Deuda que se inviertan en pagar las fincas de propiedad particular expropiadas. Tal sistema parece al Ministro que suscribe como el más indicado, a fin de que, sin grandes sacrificios para el Tesoro público, se pueda, sin embargo, acometer con intensidad la obra de colonización.

Un servicio inicial de cuatro millones que representa la expropiación de tierra por valor de cien millones de pesetas en un ejercicio, ya da la sensación de que no son meras afirmaciones, sin transcendencia en la realidad de España, los ofrecimientos y los fines a que la ley responde.

Ulteriores desenvolvimientos que en presupuestos sucesivos se lleven a cabo, serán el medio más seguro y eficaz para que, si el Parlamento acepta, con las modificaciones que su sabiduría determi, e las propuestas que son objeto del presente proyecto, pueda, en uno de sus principales aspectos, considerarse como una realidad política de pacificación social en la vida del campo, política que constituye hoy un imperativo por cima de todas las diferencias de partido.

No pretende el ministro que suscribe abarcar en el presente proyecto de ley el problema agro-social de España en su conjunto. Las condiciones del trabajo, la contratación del mismo, la forma de pago en los casos en que este se hace en especie, las medidas de carácter sanitario respecto a los asalariados, la inspección del trabajo agrícola, el régimen de los arriendos y subarriendos, son otros tantos matices del magnifico problema. Todos ellos merecen la consideración del Gobierno, el cual prepara las necesarias medidas, que serán oportunamente presentadas al Parlamento. El proyecto de ley adjunto es la iniciación de una política que se impone a todos y en la que todos debemos que colaborar,

PROYECTO DE LEY

CAPITULO PRIMERO
OBJETO DE LA LEY

Artículo 1º Tiene por objeto esta ley:
a) Regular en su aspecto jurídico social la propiedad del suelo;
b) Arraigar en la Nación a familias de agricultores desprovistos de medios de trabajo o de capital para subsistir a las necesidades de la vida;
c) Poblar el campo mediante el trabajo de tierras incultas y el establecimiento en ellas de los colonos a quienes se adjudiquen lotes de cultivo y viviendas;
d) La transformación rápida del cultivo de secano en regadío en aquellas extensiones a que no pueda o no quiera atender la propiedad privada

Artículo 2º Los extremos dete minados en el artículo anterior se llevarán a cabo mediante la subdivisión de la propiedad de las fincas del Estado, de los pueblos o de los particulares que aconsejen los previos estudios agronómicos y económicos; bien creando en dichas fincas colonias agrícolas, según las reglas y condiciones que se establecen en la presente ley, bien facilitando el establecimiento de las referidas colonias por individualidades o Empresas oficiales o particulares, bien repartiendo simplemente terrenos sin establecer núcleos de población, bien concediendo fincas en arriendo a las Sociedades de obreros o agricultores legalmente constituidas.

(Continuará)

El nuevo Arancel.

Protesta de los agricultores.

Excelentísimo señor ministro de Hacienda.

La Asociación de Agricultores de España, que repetidamente ha formulado su protesta al solo anuncio del intento de confección de un Arancel sin que a la misma precediera amplísima información nacional, y que des de luego fuese aquélla confiada al pleno de la Junta de Aranceles y Valoraciones, no obstante su disconformidad con la poco equitativa composición de dicho organismo, contra la que ha reclamado y reclama siempre en justicia, motivos todos que provocaron su determinación, que hizo pública, de retirar de la Comisión permanente la representación que en la misma se le confirió como vocal nato de ella, para no compartir la responsabilidad en las consecuencias de lo que consideró un agravio a la economía nacional, no puede menos de ser consecuente en sus apreciaciones y en su actitud, y, por lo tanto, ha de consignar ahora también su reprobación ante el hecho de haberse publicado por Real decreto de ese ministerio un nuevo y completo Arancel, acerca del cual no fue oída la Junta en pleno de Aranceles y Valoraciones, a pesar del tiempo transcurrido desde su reconstrucción, muy bastante para que hubiese realizado tal estudio de haber existido la voluntad de confiarlo, y en el que una vez más se hace patente el régimen de desigualdad que la agricultura española, en sus modalidades varias, viene padeciendo en relación con las demás fuentes de la riqueza pública.

Es evidente, excelentísimo señor, que los intereses que representamos son reiteradamente preteridos, quizás porque la agricultura, peor organizada que otras clases productoras, que saben y procuran emplearse mejor, y desde luego hacer valer con más energía, de la que no suele estar ausente la amenaza, sus demandas y exigencias, no bien percata de la transcendencia que para ella tiene el Arancel, viene haciendo ya verdadero abandono de sus derechos y conveniencias al persistir en su actitud, como elemento de orden, de no rebelarse ante injusticia tanta, siendo como es, en cuan-