El Progreso agrícola y pecuario (1921-06-07 00:00:00), página 7

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SILVESTRE MIRANDA.
Veterinario militar.

DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS

Cómo quiere el Gobierno resolver el problema de la propiedad y la cuestión agraria.

Un proyecto de Ley.

D. Eduardo Sanz y Escartín, ministro del Trabajo, ha leído en las Cámaras el siguiente proyecto de ley:

A LAS CORTES

La ley de 30 de agosto de 1907 tuvo por objeto, según su artículo 1.º se desprende, iniciar procedimientos encaminados a arraigar en la nación a las familias desprovistas de medios de trabajo o de capital para subsistir a las necesidades de la vida; y la iniciativa del magistrado Sr. González Besada se fundaba, en el preámbulo del proyecto, en la consideración de que no hay vida nacional, no ya prospera, pero ni siquiera posible, que pueda basarse sobre un solar que a duras penas sustenta un número de moradores pequeño en relación con su superficie y sometido a un régimen económico y cultural, débil, imperfecto y escaso.

Aquella ley ha tenido carácter de ensayo en cuanto a los procedimientos y sistemas por ella establecidos, y alcance limitado en cuanto a los bienes y terrenos en que pudiera ejercitarse la acción colonizadora. Los años transcurridos desde la fecha en que fue promulgada la ley vigente de colonización y repoblación interior y la observación atenta de las realidades que ofrece en España el magno problema agro social, hacen necesario un amplio desarrollo y la rectificación consiguiente de la legislación que hoy se aplica al régimen de las colonias agrícolas, intensificando la acción del Estado, frente a los problemas o necesidades de las clases obreras, problemas que tiene doble razón de urgencia en estos días, ante las soluciones legislativas aplicadas en otros países para remediar males idénticos a los que nosotros padecemos y ante el clamor creciente y justificado de importantes elementos sociales que consideran como obra reparadora, de justicia y paz social, que los problemas del campo y las necesidades del proletariado agrícola se encuadren, mediante nuevos preceptos que le faciliten los beneficios de la tierra y el acceso a la propiedad y consoliden normas consuetudinarias de derecho espontáneamente surgidas en el seno de la vida jurídico-social.

La ley de 30 de agosto de 1907 disponía que el ensayo se aplicase tan sólo a los montes del Estado que por la Administración hubieran sido declarados enajenables, autorizando además a los Ayuntamientos para que pudiesen enajenar los terrenos de su propiedad a los fines de dicha ley. Pronto fue advertida la insuficiencia de tales disposiciones, para que resultasen servidas las necesidades del problema a que aquella ley responde; y por eso, el eminente D. Eduardo Dato, atento siempre a las realidades y exigencias de los problemas obreros, presentó con fecha 13 de noviembre de 1914 un proyecto de reforma, redactado en vista del de 30 de mayo de 1911, por D. José Canalejas, suscrito ampliando los aspectos de la ley, dando carácter preceptivo a la colonización de ciertos terrenos que el Estado entiende que han de prestar mayor utilidad común que permaneciendo en la forma en que actualmente se encuentran, e iniciando el régimen de la enajenación obligatoria de las fincas d' propiedad particular para la colonización que el Estado realice, aunque limitando este último concepto a los terrenos que, estando comprendidos en la zona convertida en regable, mediante obras hidráulicas, costeadas en todo o en parte por el Estado, estimase la Junta de Colonización conveniente al interés general llevar a ellos las prescripciones de la ley.

Evidente es que de diversos sectores de la opinión pública y de diversas tendencias políticas y sociales de la vida nacional, ha partido la idea de que aun deben ser mayores las aplicaciones de la propiedad particular, mediante la expropiación que de ella realice el Estado para los fines de la colonización, no tan sólo en el aspecto, de suyo importante, de arraigar en la nación a las familias desprovistas de medios de trabajo, sino también como manera de que la propiedad rinda los fines sociales que le son propios, puesto que en definitiva, reconociendo la verdad con que el gran Herculano declaró inmortal el tipo del propietario de la antigua Roma, junto a aquel principio de significación meramente individualista, ha surgido el concepto de la propiedad, respondiendo a un sentido orgánico de la vida social distinto al que se funda en la concepción quirúrgica del Derecho.

No puede extrañar, por tanto, que los propios elementos conservadores propongan el establecimiento de una legalidad que afronte el magno problema de la propiedad acumulada, el fundamental problema de los latifundios, bien advertidos en muchos antecedentes de nuestra literatura jurídica, muy principalmente en el informe de la ley Agraria, en que Melchor Gaspar de Jove Iannos, reiteró con insistencia, "recordada por los estudiosos, los inconvenientes en el orden económico y en el orden social de las acumulaciones excesivas de la propiedad, que son una de las man festaciones de la deficiencia en los cultivos, causa entre otras de expropiación, según lo propuesto en el presente proyecto de ley.

Las características que ofrece el proyecto adjunto, son: primeramente, extender la colonización oficial a los diversos bienes propiedad del Estado, delo pueblos, de los Ayuntamientos, montes y terrenos de aprovechamiento comunal y de utilidad pública en determinadas condiciones; declarar obligatoria la expropiación de las fincas de propiedad particular abandonadas, incultas o deficientemente explotadas, y desarrollando las iniciativas del proyecto de ley del Sr. Dato, en cuanto a los terrenos comprendidos en zonas regables, regular diferentes modalidades derivadas de la experiencia de casos que se han producido.

El ministro que suscribe ha tenido además en cuenta el modo cómo administrativa y económicamente ha venido funcionando hasta ahora la Junta de Colonización y Repoblación interior, que presta al país un invaluable y eminente servicio, para llevar a los preceptos que se propone, todas aquellas rectificaciones que son resultado de la experiencia de los métodos y de los procedimientos seguidos, lo mismo en cuanto a los estudios, proyectos y presupuestos de las colonias, que en cuanto al régimen económico y social de la Corporación, aplicada a las mismas; estimando que, con las medidas que se someten a la sabiduría de las Cortes serán más eficaces, más adecuadas y, por tanto, más convenientes, las inversiones de las cantidades consignadas en el Presupuesto para tales fines, corrigiéndose deficiencias inevitables y propias del período de ensayo que inició la legislación vigente.

Se procura un procedimiento de expropiación que haga compatibles los derechos del propietario con la conveniencia de mayor urgencia de tramitación; se declara pública la acción de denuncia en los casos de colonización definidos por la ley; y estimándose la vida agraria española en los aspectos que se relacionan con los fines del proyecto, se regulan tres tipos distintos, tres formas jurídicas diversas de colonización: el patrimonio