El Progreso agrícola y pecuario (1921-04-22 00:00:00), página 2

se persigue, la primera parte, o sea la nacionalización, sería inútil.

Necesariamente tendría que procederse a la desamortización o expropiación, dejando al dueño que quisiera labrarlas hasta 10 hectáreas de rego, 500 de tierra calma, olivares y viñas y 500 de monte, cuyo suelo no sea susceptible de cultivo, y adjudicando el resto a los vecinos del pueblo donde radique la propiedad, que lo soliciten, bien individualmente o en forma colectiva, si por acuerdo de todos les conviniese adquirirla en totalidad para su explotación como bienes comunales provisionalmente, sin perjuicio de proceder en un plazo determinado por la ley a la adjudicación individual.

A cada pueblo se le asignaría un parcelaje en relación con su potencia agrícola, representada por el capital trabajo que pudiera desarrollar. Es decir, que los pueblos de escaso vecindario y mucho término municipal sólo tendrían opción a cultivar o aprovechar con sus ganados la parte de suelo que sus medios le permitiesen aduciendo el sobrante a los más inmediatos, y preferentemente a los de mayor vecindario, sólo a los efectos de la mejor reglamentación de los cultivos y figurando la propiedad del dominio útil en el catastro y reparto del pueblo de origen.

Para la realización de los trabajos, sería indispensable crear, como ya se hizo en otros países, un Comité central de organización, compuesto de todos los elementos sociales en cantidad proporcional a su importancia numérica, agregando al mismo el personal necesario del cuerpo de Ingenieros agrónomos para ejercer los cargos de presidente, secretario y asesores.

Este Comité nombraría las Comisiones agrarias en los respectivos distritos judiciales, también proporcionalmente entre propietarios, pequeños labradores y obreros del campo, que, presididas por un ingeniero o ayudante, tendrían asimismo a sus órdenes el personal necesario de geómetras y ayudantes para la delimitación de las parcelas, medición, levantamiento de croquis gráficos y descripción de la finca segregada, estando encomendada su valoración a la Comisión agraria exclusivamente.

El precio de valoración acordado por las Comisiones de distrito sería firme, y sólo en caso de empate podrá decidir el Comité central. En cualquier caso, el Comité habría de tener conocimiento de todos los trabajos.

Forma de pago a los propietarios

Parece natural que éstos no reciban más que el importe de la superficie que tengan amillarada y por la cual vienen tributando, aunque en los títulos de propiedad aparezca mayor perímetro.

En las fincas compradas a particulares no hay duda alguna que existe la obligación de pagarlas en su totalidad en el momento de ser adjudicadas a los nuevos labradores.

Las procedentes de ventas de bienes nacionales que no hayan sido nuevamente transferidas sería justo que se pagasen en veinte anualidades, lo mismo que se compraron.

En cuanto a las poseídas por la nobleza, que son indudablemente las que ocupan mayor superficie, habría de hacerse distinción entre las compradas por los antecesores de los que en la actualidad las poseen y las que han sido heredadas, aunque hayan pasado a rama diferente, cuyo origen posesorio sea debido a donación por Real cédula u otro procedimiento semejante para premiar servicios prestados en otros tiempos al país. Las compradas deberían pagarse al contado y estas últimas en veinte plazos anuales.

Muchos modestos labradores y otros nuevos que solicitanse en tierra en pequeñas parcelas tal vez pudieran pagarlas al contado; pero la mayoría restante no tendría medios para hacerlo. De aquí la necesidad de resolver este problema previamente creando un Banco de labradores, cuya gerencia fuese encomendada al presidente del Comité central de reforma agraria y cuyo capital podría constituirse como sigue:

Cien millones de pesetas anticipados por el Estado a un interés del 6 por 100, pagaderos en veinte años.

Cincuenta millones de pesetas, importe de acciones que, facultado por el Gobierno, emitiría el mismo Banco.

Con esta base el Banco podrá desarrollar las operaciones, siempre que se le facultase para cobrar el 7 por 100 de interés a los labradores y en todo caso emitir nuevas acciones, encargándose del pago de las fincas expropiadas, que el comprador hipotecaría al Banco en la misma escritura de adquisición como garantía para el pago de los plazos consiguientes e intereses y gastos.

Es probable que con este capital no pudiera terminarse la reforma; pero a nadie se oculta que ésta habrá de necesitar cuando menos cuatro años, y en ese tiempo podrá aumentar considerablemente la importancia del Banco al convencerse los labradores de que sus intereses debían identificarse con el mismo. Llegaría un tiempo en que su situación le permitiese atender a las necesidades de los labradores, anticipándoles para semillas y labores en años malos las cantidades indispensables para el cultivo, y proporcionarles en condiciones económicas máquinas segadoras, trilladoras, motocultores, arados modernos, gradas y demás aperos de labranza que fuesen de relativa importancia en la evolución agrícola.

Algunas máquinas podrían adquirirse por la colectividad comunal para utilizarlas en riguroso turno, según las exigencias de cada zona para sembrar temprano y segar antes las cosechas adelantadas.

El Estado no perdería nada anticipando los cien millones. Sería un acto de previsión o si se quiere una garantía que asegurase el éxito de la reforma, contribuyendo por tanto a su mejor organización, y además una compensación a los incalculables ingresos para el Tesoro nacional, debidos al aumento tributario por la