El Progreso agrícola y pecuario (1921-02-28 00:00:00), página 5

tos, y luego, porque a propósito de él se ha pronunciado ya una opinión poderosa y general.

Sin fijarme en los clamores que vienen de las masas desheredadas y de los campos de la izquierda, para que el egoísmo no arguya que se rebusca con deleite y para fines preconcebidos testimonios interesados o doctrinalmente subversivos; y sin detenerme tampoco en apuntar antecedentes históricos que en abundancia abonarian mis parámetros y aun los superarían en radicalismo, importa fijar la atención en que la mecánica del arriendo preconizada por nuestro Código sufre todos los días embates justificadísimos de parte de técnicos desapasionados, de pensadores muy caracterizados en el campo católico, de cultivadores expertos y no menesterosos. Con análogos sentimientos que antaño inspiraron a F. Órbez Estrada, a Balmes, a Moyano, a Borrego, a Madoz y a Escosura, son hoy los discípulos de Toniolo—Minguijón, Díaz Cueva, Aznar, Castroviigo—la Federación Católica Agraria de Asturias, la Confederación de Obreros Católicos de León, los labradores de Carrion de los Condes, los de Fuente de San Esteban, el agustino padre Ambrosio Garrido, el competentísimo Ingeniero D. José Cascón, la Federación Agraria de Levanie, los coños de Carmona, las derechas zaragozanas al redactar su programa mínimo, los Ingenieros de Montes y Agrónomos de Andalucía, Extremadura y Castilla y el Pleno del Instituto de Reformas Sociales—tomando al azar nombres entre los reclamantes de los últimos meses—, quienes advierten que no es discreto, jurídico ni cristiano descargar todas las contingencias de la Naturaleza sobre el arrendatario trabajador y eximir de ellas al propietario rentista; que éste debe resarcirse de las mejoras que a la tierra incorpora; que los arriendos a corto plazo quitan productividad al suelo y tranquilidad a su cultivador; que debe haber entidades imparciales dispuestas a revisar la equidad de la renta; que los subarrendadores han venido a ser nueva casta de logrores dañinos, pues se enriquecen sin trabajar, no benefician al dueño, esquilman al colono y, en resumen, dañan la producción y encarecen el fruto; que es cruel tener el porvenir del arrendatario pendiente de que el propietario quiera vender su predio; y, en fin, que el mancanismo arrendaticio no parece sino fraguado para crear castas de inactivos, legiones de servos y tierras infectadas.

La reforma se limita al arrendamiento, dejando aparte lo relativo a expropiaciones de tierras mal cultivadas.

En Cortes anteriores, el ilustrado diputado reformista D. Filiberto Villalobos presentó una proposición—que, por desdicha, no llegó a ser discutida—sobre este particular. De ella arranco, incluso copiéndola en ciertos párrafos, la que hoy presento a la Cámara, y en ese antecedente hallará prestigio. He creído oportuno ampliarla a extremos que no comprendía y descargara, en cambio, de lo referente al cultivo adecuado de las tierras y a la expropiación de las que no lo obtengan, por ser esta materia enteramente extraña a los fenómenos del arriendo, merecedora de iniciativa parlamentaria exclusiva, y peligrosa de complicar con la que ahora me ocupa, ya que la una entraña honda innovación y la otra mero perfeccionamiento, sin el de temer que pudiera fracasar éste por el miedo que inspirase aquélla.

El mismo diputado infrascrito, en ocasión de ocupar el Ministerio de Fomento, sometió a las Cámaras un proyecto combatiendo el subarriendo, que no logró mejor fortuna que la iniciativa del Sr. Villalobos. A nadie sorprenderá que la solución aquí propuesta para la dificultad mentada sea mucho más rotunda y decisiva que la que entonces se discutió, si toma en cuenta la diferencia que existe entre una labor de gobierno, donde se comparten los criterios igual que los honores y las responsabilidades, y una moción personal, cuyo autor se mueve más libremente porque no ha de consultar con nadie, ni sobre nadie ha de hacer pesar su posible yerro. En la proposición adjunta se fija en diez años el término mínimo del arriendo, para no saltar de golpe desde el plazo minúsculo de una cosicha hasta el amplísimo de veinte años que el Sr. Villalobos recomendaba. Aunque esto sea más justo, importa amino rar el pretexto para las resistencias que, fijamente, han de salir al paso.

Índice de los extremos que la reforma abarca.

Se determina la necesidad de un acta previa al comienzo del contrato, pues sin esta precaución se dificultarían y envenenarían las incidencias efímeras al abono de mejoras.

Se hace pesar sobre una y otra parte las inclemencias de la Naturaleza, dando así satisfacción a una de las quejas más generales y mejor fundadas.

Se establece la posibilidad de una revisión trienal de la renta. Es ella consecuencia obligada de la implantación del arriendo a largo plazo, pues sin esa previsión, las tremendas sacudidas que en nuestros tiempos la economía sufre podrían acarrear situaciones ruinosas para una u otra parte contratante.

Se pone término a la facultad cruel, hoy proclamada en el art. 1.571 del Código, de que el comprador de un inmueble pueda poner término a un arriendo preexistente, singular preciso por el cual el colono, sin culpa alguna, venía a ser víctima y juguete de contratos en que no intervino.

Implántase el retracto en favor del colono, que, en igualdad de condiciones, bien cuerdos es que tenga preferencia para comprar la tierra quien viene incorporando a ella su esfuerzo y su ilusión.

Castigarse al colono perezoso con la posibilidad de