El Progreso agrícola y pecuario (1921-07-15 00:00:00), página 6

8.º Que las Aduanas facultadas para la exportación de estas nuevas 30.000 toneladas serán las mismas que se designaron en las repetidas Reales órdenes, y
4.º Que por ese Centro directivo se adopten las disposiciones necesarias para que pueda conocerse el momento en que se ha verificado la salida de las 30.000 toneladas de referencia, con objeto de que pueda suspenderse esta exportación.—Arguelles.
Madrid, 2 de julio de 1921.

Se autoriza la exportación de arroz
REAL ORDEN DE FOMENTO
En las varias disposiciones dictadas últimamente sobre exportación de arroz se ha venido establecido, entre otras condiciones, la medida general de la prescripción, por los exportadores, de un depósito de arroz en cantidad equivalente a un determinado tanto por ciento de la que se solicitaba embarcar, cuyo depósito, a precio reducido, debía conservarse a disposición de la Dirección general de Agricultura, Minas y Montes, durante un plazo que ha variado de seis, cuatro y tres meses, con objeto de poder hacer frente a dificultades que pudieran producirse en el mercado nacional, en relación con el abastecimiento de dicho artículo. Es lo rierto, no obstante, que a causa de la norma idéntica en que se desenvuelve el mercado interior, el ministro que suscribe no se ha visto en el caso ni ha podido apreciar la necesidad de tener que hacer uso ni una sola vez de la facultad de adjudicar los referidos depósitos. Antes al contrario, entiende que el mantener la exigencia de tal forma idéntica constituye, no solamente una traba injustificada para la buena marcha de la exportación del sobrante del arroz que existe, sino que la obligación que se impone a los depositarios de conservar las partidas de arroz depositadas impide que éstas concurren oportunamente al mercado, produciendo que brancos innecesarios y dificulta el libre desenvolvimiento del mismo. Esta circunstancia se halla corroborada por el hecho de que, a pesar de los numerosos depósitos que aparecen en notificados, representando el 20 por 100 de la cantidad de arroz exportada con arreglo a la Real orden de 22 de abril último, no se han producido reclamaciones por las autoridades provinciales, solicitando la adjudicación de los depósitos en cuestión. Y en cuanto a los que fueron destinados, para ser utilizados por algunas Juntas de Subsistencias en época anterior y que aun no hubieren sido retirados, es evidente la conveniencia de declarar anuladas las adjudicaciones correspondientes, puesto que ha habido tiempo sobrado para haber hecho efectivos los depósitos de referencia, o, en otro caso, cabe suponer que éstos no eran precisos.
Fundado en lo anteriormente expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer me dirija a V. E. manifestándole lo siguiente:
1.º Que debe suprimirse el depósito del 20 por 100 de arroz sobre la cantidad que se trata de exportar, y por consiguiente, que queda completamente libre la exportación de dicho artículo, sin perjuicio de que por ese Ministerio se conozca en todo momento la marcha de las exportaciones para poder estar en condiciones de prever cualquier medida que se estime necesaria para el consumo nacional; y
2.º Que se consideren cancelados los depósitos de arroz hasta ahora constituidos por los exportadores, en virtud de las disposiciones que vienen rigiendo a tal respecto, e igualmente los depósitos que, habiéndose adjudicado a las autoridades gubernativas provinciales, no hayan sido materialmente retirados por dichas autoridades o por sus mandatarios hasta la fecha de la presente disposición.
Madrid, 2 de julio de 1921.—Cieva.

LAS MULTAS DE ABASTECIMIENTOS
Borrón y cuenta nueva.
REAL ORDEN
La necesidad de procurar el posible equilibrio entre la producción y el consumo y de abaratar las sustancias de primera necesidad o primeras materias, encarecidas con motivo de la guerra y sus consecuencias, han obligado a dictar una serie de disposiciones fundadas en la ley de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916, entre las que, como fundamentales, se hallan el Real decreto de 21 de diciembre de 1917 y el de 7 de marzo de 1919, que establecieron el concepto de clandestinidad por la tenencia de aquellas materias y lo castigaron con criterio progresivamente restrictivo.
A consecuencia de esta disposición y de lo prevendido en el artículo adicional de la ley de 11 de noviembre de 1916, se siguieron multitud de procedimientos y se impusieron las sanciones correspondientes, que originaron a su vez recursos de alzada, bien contra las multas gubernativas, decretadas por los gobernadores, bien contra los fallos de las Juntas administrativas constituidas en las Delegaciones de Hacienda.
Efecto de su gran número y de la acumulación, no se hallaban aún resueltos en su inmensa mayoría tales recursos al ser suprimido el Ministerio de Abastecimientos y crearse la Comisaría, ni al suprimirse esta última, por lo que, por Real decreto de 11 de septiembre último, hubo de encomendarse el despacho de los expedientes a la Asesoría jurídica del Ministerio de Fomento.
Es indudable que desde que se publicaron las disposiciones enumeradas han variado notablemente las circunstancias que las dieron origen, mejorando la situación económica, regularizándose el tráfico y la provisión de primeras materias y desapareciendo los motivos de alarma que las podían justificar, y por ello, por disposiciones sucesivas, se han ido derogando multitud de prohibiciones a las que servían de sanción los previstos penales contenidos en aquéllas. Y siendo esto así, ninguna con toda idea de justicia que se esté reñando actos que, si bien cuando se realizaron tenían cierto aspecto de delictuosos, al presente son completamente lícitos, puesto que han desaparecido las trabas a la circulación de mercancías, las tasas, etc., etc. Si a ello se añade la falta de ciemplaridad de que tales sanciones adolecen, actualmente aconseja se dicte una medida de carácter general que ponga término a los atuendos expedientes, aún no resueltos desde hace varios años, con los consiguientes daños a los interesados.
Ya el Real decreto de 27 de junio de 1919 inició este camino, pues por él se dejaron en suspenso, por tiempo indefinido, las disposiciones más graves y características del Real decreto de 7 de marzo de dicho año, el más restrictivo de cuantos se habían dictado en la materia. Alteradas en sentido favorable las circunstancias desde 1919, la resolución procedente ahora ha de ser de mayor alcance y extenderse a cancelar de una manera definitiva los expedientes aún no resueltos pendientes desde aquella fecha.
En su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.º Se declaran fencidos, y se archivarán, desde luego, previo desglose de los resguardos de depósitos que en ellos figuren, y que serán remitidos a los respectivos gobernadores o delegados de Hacienda, todos los expedientes que en la actualidad pendan de resolución, tanto en primera instancia como en apelación, instruidos bajo el régimen de la ley de Subsistencias de 1916 (11 de noviembre) y Reales decretos de 21