El Progreso agrícola y pecuario (1921-07-07 00:00:00), página 2

En esencia, la agrupación responde a estos dos distintos concepto: A) Tierras que por su fertilidad frescura, situación adecuada, riegos u otras características, sean capaces de pagar con su producción el trabajo manual, minucioso y esmerado de quien las cultiva; B) Tierras incapaces de remunerar esa clase de trabajo, por impedirlo la escualidez del límite máximo de su producción.

Con la duodécima parte de una hectárea en la huerta de Valencia viven algunas familias, utilizando para el trabajo simples herramientas manuales y resolviendo el problema agronómico en forma que merece la calificación de perfecta, dentro de la relatividad de la perfección en las aplicaciones prácticas. En las estepas centrales, en las grandes zonas del secano típico español, en la mayor parte de nuestro territorio, una familia que sólo empleara herramientas manuales en la cantidad de suelo que pudiera abarcar con su trabajo, no lograría cubrir sus necesidades; se vería obligada, siguiendo el método más rudimentario, a aplicar la máquina elemental, el arado, y esto, en términos de independencia para el trabajo, significa la necesidad de una yunta, la cual requiere para el empleo de su rendimiento total de fuerzas una superficie disponible de 20 a 30 hectáreas, y esta superficie, a su vez, en determinadas épocas (la de recolección especialmente) exige la aplicación de fuerzas extrañas y accidentales, que estarán representadas por los segadores, los mozos de era, etcétera, etc.; es decir, que de la especulación de tinte doméstico y familiar, se pasa a la explotación industrial, aun tratándose del caso más lejano a la mejor aplicación de los principios agronómicos.

Pero los procedimientos modernos aconsejan el empleo de otras máquinas y la combinación de otros elementos (tal es, por ejemplo, el equilibrio entre la ganadería y el cultivo), y ello viene a complicar la explotación, convirtiéndola, en último caso, en una verdadera factoría industrial, que podrá tener límites de expansión muy varios, pero que si se reducen en cierto término, suponen la asfixia del negocio; más claro: las 20 o 30 hectáreas precisas al labrador de una yunta, se convierten en centenares de ellas por imperativo de la conveniencia científica.

Tal vez nuestro afán de concretar no haya coincidido con una fortuna en la expresión que deje claros los conceptos. Si así no fuera, ¿quién pondrá en duda que las leyes relativas a la propiedad de la tierra y las consecuentes que se refieren a la cesión de su uso deben prever unos y otros casos? En el cultivo intensivo, la perfección se encuentra en el menor espacio; en el industrial, en la mayor superficie. ¿Cabe proteger estas dos orientaciones con medidas legales que se desentiendan de tan opuestos caminos?

A nuestro juicio, y en todo caso, el problema nace de un imperfecto régimen de propiedad, falto, tal vez, de algunos derechos que hoy le faltan, pero más falto, mucho más falto, de ineludibles deberes que cumplir.

Así, pues, las modificaciones fundamentales creamos que afectan al uso de la propiedad territorial y al contrato de arriendo o cesión de ella, para explotarla agrícola. En este particular, la agronomía debe siempre rechazar cuanto signifique coacción de su desarrollo, prohibición de acceso al lugar donde se pueda producir riqueza que esté inexplotada, tentación caprichosa de fuerzas naturales que no se aprovechen debidamente, o, en fin, abuso de quien, por gozar del dominio del suelo, juzga que el tal dominio pueda extenderse a la iniciativa y al trabajo ajeno o la captación o inutilización temporal de fuentes productivas.

Como una orientación a seguir en otras más hondas transformaciones que como reforma en la que puedan concebirse grandes esperanzas, cabría el dictar reglas que tuvieran la franca tendencia de suprimir los casos abusivos, y en las que se concedieran facultades de intervención en los contratos, previa petición de los labradores que se creyeran perjudicados, a ciertas juntas de carácter arbitral, en las que hubiera representación de propietarios y labradores, sin que faltara el asesoramiento social y agronómico. Incluso, para evitar nuevos organismos, podrían actuar éstos como dependientes del Instituto de Reformas Sociales y formarse con elementos de entidades que ya existen, tales como la Junta de Colonización Interior, Cámaras Agrícolas, etc.

Ya anticipamos nuestro juicio, que en verdad no es muy entusiasta, acerca de la misma solución que proponemos, y aun hemos de añadir que la opinión pública desconoce de tantas juntas y consejos, pues se da perfecta cuenta de su amorfa y débil gestión en la generalidad de los casos. Pero si se huye de atacar la cuestión en su verdadero origen, dando tan sólo la impresión del interés que el asunto desperta, y al mismo tiempo se quieren marcar nuevos derroteros sociales en orden a la propiedad, creemos que de algo podrá servir cuanto implique principio de separación en las discusiones y fallos de la contratación de tierras, de los Tribunales jurídicos, que forzosamente han de someter sus sentencias a la rigidez de las normas legales, con abstención de las conveniencias sociales y agrícolas.

Agronómicamente, poco importa la entidad contratante. Lo esencial es que, quienquiera que sea, ofrezca posibilidades de realizar una explotación adecuada y que rinda los mejores frutos. Porque cuando en la conciencia de los más va entrando la idea (que por tanto tiempo anduvo alejada del corriente pensar, aun siendo tan lógica) de que el abandono, la incuria o el capricho de un propietario carecen de todo derecho moral para detentar las fuerzas productoras naturales, que al país entero pertenecen, no es admisible el consentir que la finca que a la fuerza se arranque de manos que la dejen inexplotada se pueda entregar a quienes no presenten garantías de que sabrán remover su riqueza. No es, por lo menos, justo que el daño que a la pereza o el capricho