El Progreso agrícola y pecuario (1921-06-30 00:00:00), página 2

son dueños de la tierra. Valga esta afirmación en términos absolutos, por lo generales. Es difícil encontrar el tipo del jornalero propio, a no ser en personas sometidas a la patria potestad o guardas equivalentes, y de los gallegos que explotan su trabajo, por la merced de un salario, en quienes no concurre aquella circunstancia, muchos, la casi totalidad, tienen al mismo tiempo la condición de dueños absolutos o partícipes de propiedad, en el peor caso, de tan modesto pegujar.

De ahí que la clase rural en Galicia sea inminentemente conservadora.

El foro—decíamos—ha contribuido en buena parte en la formación de este carácter conservador al hacer propietarios de hecho a los colonos o trabajadores que, careciendo de tierras y de capital para adquirirlas, disponían tan sólo del valor económico de su trabajo. En tales condiciones y sin hacer un llamamiento a formas de distribución de la propiedad de un progresivismo revolucionario, y muchas veces antijurídico, hay que reconocer que la institución foral presenta para el cultivador ventajas muy superiores al arrendamiento; contrato que nadie osó rechazar por abusivo de la condición de los trabajadores y que significa una de las formas más aceptables de la asociación del capital al trabajo en el derecho prerrevolucionario.

Pero, además, si se tiene presente el origen de las tierras aforadas, por lo que respecta a la propiedad de las mismas; si se recuerda que las instituciones eclesiásticas han tenido sus archivos repletos de escrituras, que suponían el dominio absoluto de inmensa fincabilidad detentada por las mil instituciones ramificadas y subextendidas de la Iglesia en forma la más antisocial de la propiedad: latifundios, cuya existencia débilmente lograron menoscabar las leyes desamortizadoras, se comprenderá que la fundación de los foros primitivos, aun admitiendo que en relación con los patrones de las tierras y sus colonos y servidores significasen una forma explotadora, han servido de momento, como mal menor, para contener la catástrofe económica de los cultivadores y la ruina de la Agricultura, y, a la larga, para evitar los latifundios—convertir á éstos en pequeños propietarios, bien que con la carga de la pensión foral. Y en verdad que no han hecho mal negocio estos llevadores: su condición impulsaba (es a labrar las tierras con la mayor diligencia) (1) el canon ligerísimo y fácilmente llevadero, cuando debía pagarse en dinero; hacía también leve cuando la pensión se estipulaba en especie, porque siendo el tipo invariable y en relación con la clase de cultivo y extensión del predio aforado, el mayor rendimiento obtenido de la tierra por el cultivador en nada influía en la tasa de renta establecida en el contrato inicial. Tengo a la vista «un caso», que no por único (en los archivos consultados hallé numerosas analogías), sino por lo típico, traslado de una interesante publicación del senador señor Neira Gayoso:

«En 1624, el obispo D. Alonso López Gallo dió en foro a Juan Mourenra, por los días de vida de éste, un conjunto de bienes en renta anual de «diez maravedís». Posteriormente (1861), muerto el foratario, el sucesor de D. Alonso López en la misma diócesis volvió a aforar los bienes referidos a Pedro Fernández y a su mujer, por tiempo y vida de tres señores reyes de España, y por veintinueve años más, en renta anual de «veintidós reales». Sucedieronse sucesivamente foreros y prelados, e incautado el Estado de los bienes de manos muertas, adquirió la condición de aforante, percibiendo la renta indicada de veintidós reales. En 1847, la Diputación provincial expropió al forero los bienes de referencia, pagándole «ciento diecisiete mil trescientos veinticinco reales y veintiséis maravedís». En el mismo año vendió la Diputación lo expropiado, y continuó el Estado de dueño directo. En 1856, el nuevo forero redimió estos veinte reales».

Dedúcese de este caso de «foro temporal», y que, según hemos notado, encuentra muchas analogías, que el cultivador recibió las tierras a cambio de una renta de veintidós reales, vendió lo aforado por ciento diecisiete mil trescientos veinticinco, y el dueño ha percibido tan sólo doscientos veinte.

Se comprenderá ahora la fundamentación de nuestras afirmaciones preliminares.

Relacionado con la organización de la propiedad individual agrícola en Galicia está el hecho de la subdivisión fundiaria; pero no son fenómenos estrechados por las leyes de la causalidad, como de ordinario se juzga. Verdad que el suelo labrantío, sobre todo en alguna de las provincias de Galicia, llega al minifundio. No disponemos de estadísticas ciertas para señalar en números el fenómeno. Convenientes indicaciones pueden suministrarnos los cálculos que expone el Sr. Pérez Porto en su Memoria acerca del «Derecho foral de Galicia».

El número de vecinos cabezas de familia es de 130.711 para la provincia de La Coruña, 93.077 para la de Lugo, 80.862 para Orense y 91.542 para Pontevedra. En el territorio de Galicia hay 350.476 contribuyentes por urbana y 660.668 por rústica; calculando que todo contribuyente por el primer concepto lo sea igualmente por el segundo, deduciremos que existen en el país 350.476 vecinos con hogar y predios laborables y 310.192 con fincas susceptibles de cultivo que habitan en casas de arriego, o en compañía de sus deudos o parientes.

El mismo autor aporta otro dato de consideración: En la provincia de La Coruña hay 178.256 contribuyentes por rústica y 96.431 por urbana; en la de Lugo, 140.068 y 78.399, respectivamente; en la de Orense, 159.350 y 101.321; y en la de Pontevedra,

(1) En los contratos de aforo solía incluirse una cláusula por la que se obligaba al llevador a cultivar con todo esmero las tierras, y aún es ordinario hallar en las cartas locales la sanción de este deber con estipulaciones penales.