El Progreso agrícola y pecuario (1921-03-31 00:00:00), página 6

que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que el mismo se produzca.

No se considerarán, sin embargo, debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, a los efectos de esta ley, los accidentes en labores agrícolas o forestales, al aire libre, que reconozcan por causa el rayo, la insolación u otra análoga.

La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime de la responsabilidad al patrono.

Art. 7.º La responsabilidad por accidente comprenderá los dos objetos determinados en el art. 9.º, y se hará efectiva mediante la aplicación del seguro, conforme al capítulo V de esta misma ley, y, en su defecto, por no haberse constituido el seguro con sujeción a las reglas determinadas en el capítulo VI.

Art. 8.º Darán lugar a responsabilidad, con arreglo a esta ley:
1.º Los trabajos agrícolas o forestales, o sea los relativos al cultivo de la tierra, en todas sus especies, y al aprovechamiento de los bosques, hágase o no uso en ellos de motor que accione por fuerza mecánica.
2.º Elaboración, transformación, transporte y venta de productos agrícolas y forestales, sin emplear fuerza mecánica.
3.º Las operaciones auxiliares, o que sirvan de medio para los trabajos agrícolas o forestales, como construcción de zanjas, acequias, saneamiento de terrenos, riegos, etc., a menos que por su importancia o por el carácter de los obreros, estén comprendidos en la ley general de Accidentes.
4.º La cría y cuidados de animales; y
5.º Guardería para todos los trabajos comprendidos en los números anteriores.

Los preceptos de esta ley serán aplicables a la caza y a la pesca fluvial.

(Continuará.)

El problema azucarero

Una instancia de la Asociación de Agricultores al Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

Excmo. Sr.: La Asociación de Agricultores de España, a V. E. atentamente expone:

Que la producción nacional de remolacha, de la que viven millares de familias, que ocupa buena parte de nuestra zona de regadío y que representa una respetable partida en el inventario de nuestra economía agrícola, atraviesa en estos momentos una crisis de tal modo grave, que a no aplicar a la misma soluciones que constituyan un remedio inmediato, no sólo se causará un daño irreparable, sino que se comprometerá seriamente el porvenir de esa importante rama de nuestra riqueza.

La repercusión, para ella, de la baja en el mercado mundial del precio del azúcar, ofrece dos aspectos de amenaza y peligro que la afectan: el uno, de manera mediata, y el otro actualmente, exigiendo ambos, pero de especial manera el último, la adopción de rápidas medidas que pongan a cubierto intereses cuya cuantía, por lo que respecta a la última cosecha obtenida, asciende a varios cientos de millones de pesetas.

De momento existe el fundado temor, por parte de los agricultores que se dedican al cultivo de la citada raíz, de que los fabricantes de azúcar, ante dificultades económicas que se derivan de aquella depreciación, no cumplan con ellos los compromisos adquiridos y se vean en el duro y ruinoso trance de ver perdidos su esfuerzo y el capital que en la obtención del producto invirtieron, cuando, tras de no pocos altibajos, contaban ya con este numerario para satisfacer atenciones de pago de rentas, abonos, créditos, etc., y para vivir ellos y sus familias.

Para el futuro, y después de tener presente que una de las enseñanzas que ha ofrecido al mundo la guerra europea es la de que jamás país alguno podrá olvidar en lo sucesivo el supremo interés de procurar a todo trance bastarse a sí mismos en orden a aquellas producciones que pueden considerarse como vitales a su respectiva economía, no cabe desconocer la dificultad de sustituir un cultivo de regadío que, dados los precios elevados de su explotación en el día de hoy, es el único que puede permitir cubrirlas y rendir una utilidad.

Reconociendo que la industria azucarera en España es el obligado complemento de esta producción agrícola, y sin entrar en el fondo de cómo se haya planteado ni se desarrolle actualmente, no es tampoco nuestro propósito reforzar demandas de protecciones arancelarias que pudieran parecer excesivas a otras clases sociales, y aun a la nuestra, en su aspecto de consumidora, incumbiéndonos tan sólo hacer resaltar que en la adopción de medidas por los Poderes públicos que tiendan a solucionar el problema de ahora, no puede ni debe perderse de vista el hecho de que la producción remolachera es, además de una necesidad nacional, de muy difícil, por no decir de imposible, sustitución económica en gran parte de nuestros regadíos, y que para lo sucesivo ha de quedar consignado que los contratos entre remolacheros y transformadores del producto han de tener por base, amén de seguridades de cumplimiento, el establecer una escala gradual que signifique para el cultivador una participación en cualquiera elevación del precio del azúcar, con relación al en que se contrató la remolacha.

De aquí que entendamos que, asegurado como está el abastecimiento de azúcar para algo más de un año, procede restringir, y aun prohibir, su importación (siempre que el precio no exceda en el país de dos pesetas el kilogramo), y entretanto que el problema es objeto del estudio que merece, a fin de que todos los intereses sean tenidos en cuenta y a cubierto de que se provoque la ruina de ninguno a expensas de otro cualquiera, por respetable que pueda parecer.

En méritos de lo expuesto, y a reserva de aportar