El Progreso agrícola y pecuario (1921-06-15 00:00:00), página 10

dientes del Ministerio de Hacienda, no podrán ser vendidos sin haberlos reconocido previamente el Instituto de Colonización, haciéndose éste cargo de los que sean adecuados para el establecimiento de colonias, y renunciando el Estado a todo interés referente a ello en beneficio de la idea que preside a esta ley.

Art. 5.º Quedarán también sometidos a lo que prescribe el artículo anterior los montes que hubiesen sido enajenados por el Ministerio de Hacienda en pública subasta y cuya venta no hubiera sido consolidada, por haberse declarado en quiebra el comprador o por falta de pago de alguno de los plazos estipulados, no quedando sujetos, en consecuencia, dichos montes a lo que prescriben los artículos 8.º y 9.º de la ley de 13 de junio de 1878 y disposiciones que con ella concuerden.

Art. 6.º Quedan exceptuados de lo dispuesto en los dos artículos anteriores los montes o terrenos cuya exención no exceda de 80 hectáreas, por ser en todo caso insuficiente para los fines que se persiguen por la presente ley.

Art. 7.º La colonización de los montes o terrenos enajenables propiedad de los pueblos, tendrá también carácter preceptivo y podrá verificarse, bien a instancia de los pueblos, bien por iniciativa del Instituto.

El pueblo percibirá el 80 por 100 del valor del terreno que las disposiciones vigentes le conceden, en la forma y plazos que en cada caso se designen por el Gobierno, a propuesta del Instituto de Colonización dentro de las reglas generales de pago que se establecen en la presente ley.

Art. 8.º La colonización de los montes o terrenos de aprovechamiento común y dehesas bovales podrá hacerse a instancia de los pueblos o a petición del Instituto, pero en todo caso habrá de subordinarse a la necesidad o utilidad de conservar aquellos que respondan a los fines a que actualmente se encuentran destinados, instruyendo previamente un expediente administrativo a fin de estudiar la conveniencia de que cese en ellos el carácter de exceptuados que en la actualidad tengan previos los informes que las circunstancias aconsejen, y elevando el Instituto su propuesta al Ministerio del Trabajo para la aprobación definitiva.

Art. 9.º La colonización de los montes de utilidad pública, cuando puedan rendir mayor beneficio social, sujetándose a las prescripciones de esta ley, deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, mediante Real decreto que refrendará el del Trabajo, a propuesta del Instituto de Colonización, y previo informe de la Dirección general de Agricultura, Minas y Montes y del Consejo Forestal.

Art. 10. Se declaran asimismo sujetas obligatoriamente a la colonización que se acuerde por el Gobierno, a propuesta del Instituto las fincas de propiedad particular abandonadas, incultas o deficientemente explotadas que, como consecuencia de propuesta del mencionado Instituto, resulten a propósito para los fines de la presente ley.

Se considerarán fincas deficientemente explotadas:

1.º Las que, teniendo condiciones para la explotación agrícola, forestal o pecuaria, se encuentren dedicadas únicamente a cotos de caza o cría de ganados de lúdica.

2.º Las que, siendo susceptibles de parcelación con destino al cultivo remunerador sin destrucción de su riqueza forestal, se hallen destinadas a cazareros, aun que en ellas pasten sus aprovechamientos los ganados.

3.º Todas las fincas comprendidas bajo un contorno análogo a las anteriores, destinadas exclusivamente a recreo, cuando su superficie exceda de 75 hectáreas.

4.º Las fincas superiores a 300 hectáreas o reunidas de ellas acumuladas por un mismo dueño dentro de un mismo término municipal, que puedan cultivarse con mayor rendimiento o con mayor beneficio para las clases proletarias, mediante los sistemas de colonización que se determinan en la presente ley.

5.º Los terrenos comprendidos en zonas regables no explotados como tales, si en el término de un año, a partir de la promulgación de esta ley, o de ser declarados de regadío en los casos futuros, no se pusieran en condiciones de cultivo y aprovechamiento adecuados.

6.º Fincas que, teniendo comprendida total o parcialmente su superficie en una zona regable a la que afecten las obras hidráulicas que el Estado costee o auxilie, pertenezcan a propietarios:

a) Que no se hubiesen adherido al Sindicato de rigos o de anexitos a las obras;
b) Que no obstante haberse adherido adeuden las cuotas repartidas durante dos años;
c) Que sin estar comprendidos en ninguno de los dos casos anteriores, dejen transcurrir tres años, contados desde la fecha en que puedan disponer del agua, sin utilizar ésta para el riego de los cultivos con la comodidad, intensidad y extensión conveniente para el aprovechamiento de la mejora.

Art. 11. Será pública la acción para denunciar por medio de escrito razonado, que se dirigirá al Instituto Nacional de Colonización, las fincas rústicas que deban ser objeto de colonización o división obligatoria.

Cuando dicha acción sea ejercitada por Corporaciones o dependencias del Estado, por Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Cámaras oficiales agrícolas, Sindicatos de riego, Sindicatos agrícolas y Sociedades patronales, obreras o mixtas, legalmente constituidas, se abrirá necesariamente información pública sobre la utilidad de la colonización o división de la finca.

Cuando la acción se ejerzite por cualesquiera otras personas o coactividades, sólo procederá el trámite de información pública en el caso de que previamente, a propuesta del Instituto, sea admitida la denuncia en virtud de Real orden del ministerio del Trabajo.

Al acordarse la información pública se notificará especialmente al propietario del predio, y, en su defecto, a su administrador o representante.

Art. 12. La información se practicará ante el Instituto durante el plazo de treinta días, prorrogable por otro treinta, a instancia del propietario, de la parte denunciante o por acuerdo del Instituto de Colonización.

Durante dicho plazo se harán por escrito cuantas manifestaciones se juzguen oportunas en pro o en contra de la necesidad o conveniencia social de la colonización o división en lotes del predio denunciado.

Art. 13. Cuando las alegaciones y justificaciones presentadas no sean definitivas a juicio del Instituto, podrá éste proponer y el ministro del Trabajo acordar el nombramiento de una Comisión técnica que compruebe los datos, reconozca las fincas, levante acta de las manifestaciones verbales que se hagan sobre el terreno y emita dictamen.

Para cada caso se dictará una Real orden por el ministro del Trabajo determinando las personas que deban formar la Comisión, los extremos sobre que deba versar la labor que realicen, el plazo durante el cual deben llevarla a cabo y las dietas o retribución que deban percibir con cargo a los fondos destinados al servicio.

Art. 14. Practicada, en su caso, la comprobación correspondiente o cuando ella no sea necesaria, el Instituto someterá al ministerio del Trabajo la propuesta de colonización obligatoria.

Todo acuerdo de colonización obligatoria deberá hacerse mediante Real decreto aprobado en Consejo de ministros y refrendado por el del Trabajo. En dicho Real decreto se determinarán las características generales de la colonización que deba llevarse a cabo.

Art. 15. Declarada obligatoria la colonización, se procederá a la valoración del terreno, salvo cuando pertenezca al Estado, que no será necesario dicho trámite.

Para la valoración se observarán las reglas siguientes:
a) El particular o entidad propietaria de los terrenos presentará dentro de un plazo de treinta días, a partir de la fecha en que se le comunique el acuerdo, relación jurada evaluatoria de las distintas partes que constitui

(Continuará),