El Progreso agrícola y pecuario (1921-07-15 00:00:00), página 7

de diciembre de 1917 y 7 de marzo de 1919; y por actuación iniciada hasta el día 1.º del mes actual, así como también los de imposición de multas gubernativas por infracciones de dicha ley de 1916 o de los Reglamentos o disposiciones dictadas conforme a la misma, entendiéndose, para todos los efectos legales, que esta disposición equivale a la resolución individual de cada uno de los expedientes.

2.º Quedan sin efecto los comisos que se hayan tratado y estén vigentes en todos los casos antes expresados y liberados de responsabilidad así los depósitos constituidos por sustitución o producto de enajenación de especies, o para responder de multas impuestas por gobernadores o Juntas administrativas.

3.º La Caja de Depósitos y sus sucursales en las provincias tendrán esta disposición como orden expresa y reglamentaria de liberación de los depósitos en los casos expresados y devolución a quien acredite ser su dueño.

4.º Los expedientes de condonación de multas gubernativas, es decir, aquellos en que los interesados, previo depósito al menos de la parte correspondiente a los partícipes, hayan solicitado la condonación o perdón del resto, se considerarán incluidos en las disposiciones de la presente Real orden íntegramente.

Madrid, 5 de julio de 1921.—Cierza.

DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS

Cómo quiere el Gobierno resolver el problema de la propiedad y la cuestión agraria.

Continuación)

Art. 29. El Instituto Nacional de Colonización ejercerá, en sus respectivos casos, cerca de dichas Asociaciones cooperativas las funciones de dirección, inspección y patronato.

Art. 30. Las Asociaciones cooperativas de colonos y las Sociedades arrendatarias colectivamente de las fincas a que se refiere esta ley, tendrán la consideración legal de Sindicatos agrícolas, disfrutando en tal concepto de las exenciones tributarias establecidas por los artículos 6.º y 7.º de la ley de 28 de enero de 1906 y demás que en cualquier tiempo se les apliquen.

Art. 31. Por el Ministerio del Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Colonización, podrán concederse antípicos reintegrables a las Asociaciones cooperativas para los fines propios de las mismas.

El Reglamento determinará la forma de esos antípicos, los plazos de su devolución, el interés que deba satisfacerse y las inexcusables garantías de solvencia para que puedan llevarse a efecto. También determinará el Reglamento las obligaciones que corresponderán a todas las Asociaciones cooperativas a beneficio e interés común de los colonos.

CAPITULO V
DE LA COLONIZACIÓN VOLUNTARIA

Art. 32. El Instituto Nacional de Colonización podrá auxiliar a las entidades o particulares que deseen colonizar terrenos de su propiedad, cediéndoles en parcelas, ya gratuitamente, ya a título oneroso, con arreglo a las condiciones y con opción a los auxilios siguientes:

1.º Petición del propietario de la finca en la que se consignen las condiciones de la cesión realizada o en proyecto, designando las personas que, reuniendo las condiciones exigidas por esta ley, hayan de adquirir la propiedad de las parcelas. Se acompañará a la instancia el oportuno plan.

2.º Reconocimiento de la finca por Comisión técnica nombrada en idénticas condiciones a los otros casos que se determinan en esta ley, para estudiar las condiciones y transformaciones precisas que permita la colonización del inmueble y dictaminar acerca del proyecto presentado.

3.º Instalación gratuita de los servicios públicos que se requieran.

4.º Obligación para los adjudicatarios de lotes y parcelas de constituir una Asociación cooperativa con arreglo a las prescripciones de la presente ley, bajo la dirección y patronato del Instituto.

5.º Concesión de auxilios reintegrables a dichas Asociaciones cooperativas en la medida y bajo las condiciones que a propuesta del Instituto se fijarán por el Ministerio del Trabajo, con cargo a los correspondientes créditos, siendo los auxilios pecuniarios que se concedan los que los nuevos propietarios necesiten para establecer sus explotaciones agrícolas en términos que corroboren este resultado y las razonables garantías de reembolso al Estado de las cantidades que éste anticipe.

6.º Hipoteca de las fincas a favor del Estado y subrogación de éste en las facultades del propietario hasta el completo reintegro de la cantidad anticipada.

7.º Determinación de la forma como la cooperativa debe reintegrar al dueño de los terrenos el valor de los mismos con segunda hipoteca a favor del dicho dueño, salvo el preferente derecho del Estado en los términos en que se hace mención en el párrafo anterior.

8.º Obligación para el propietario de someter a la solución arbitral del Instituto Nacional de Colonización todas las desavenencias que mientras tenga derechos vigentes puedan surgir entre él y los colonos.

9.º Aprobación de la colonización y de sus condiciones por Real decreto del Ministerio del Trabajo, acordado en Consejo de Ministros.

Art. 33. Los casos de colonización voluntaria disfrutarán de las mismas exenciones de tributos y de las reducciones de derecho de arancel a que se refieren las condiciones 11 y 12 del artículo 21 de la presente ley.

CAPITULO VI
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

Art. 34. Para los fines determinados en la presente ley se crea un Instituto Nacional de Colonización Interior, dependiente del Ministerio del Trabajo, que será órgano consultivo del Gobierno, con iniciativa para proponer en todos aquellos asuntos que se relacionen con la colonización interior, trabajo agrícola en sus diversos aspectos de duración, descanso, inspección, contratación y, en general, en cuanto se relacione con las modalidades del problema agro-social.

Art. 35. El Instituto estará constituido por un Consejo, una Comisión ejecutiva y una Secretaría general, de la que dependerán cuatro Secciones, denominadas: Técnica, Social y de publicaciones y bibliotecas; Jurídica, y Administrativa y de Contabilidad.

El Presidente del Instituto de Colonización será un ex ministro de la Corona, designado por Real decreto.

El Secretario general tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones del Consejo, debiendo ser Ingeniero del Cuerpo Nacional de Agrónomos con categoría de Jefe de Administración o equivalente a ella.

Art. 36. Formarán parte del Consejo los siguientes Vocales:
El Subsecretario del Ministerio del Trabajo.
El Director general de Agricultura, Minas y Montes.
Los Directores generales de Propiedades e Impuestos y de los Registros y del Notariado.
Los expresados funcionarios podrán delegar en un Jefe de Administración de su departamento, quienes les sustituirán durante un año cuando aquéllos no puedan concursar a las reuniones del Consejo.
Un Senador, un Diputado a Cortes y un Vocal de la Comisión de Códigos, designados por su respectiva Corporación.
Un Ingeniero de Montes y otro agrónomo, designados por el Ministerio de Fomento.
El Presidente de la Junta Consultiva Agronómica.
El Presidente del Consejo forestal.