El Progreso agrícola y pecuario (1920-07-31 00:00:00), página 9

Indiscutible la conveniencia y necesidad de favorecer la vida y desarrollo de la industria harinera de nuestro país, se hace preciso la acción directa del Estado, de suerte que, respetando la libertad del fabricante dentro del ejercicio de su industria, y otorgándole en lógico beneficio debido a su esfuerzo y a la remuneración de los capitales que emplea, contenga su actuación en su propia órbita, evitando con una vigilancia adecuada el que se salga de ella para lamentables especulaciones ajenas por completo a su cometido. Plausible será que esta acción tutelar del Estado ejerza sabiamente sobre la industria harinera aquella lógica presión, justificada y conveniente para todos, que tienda, sin perjuicio de nadie, a liberar el coste de producción de la harina del peso muerto que consigo lleva los evidentes errores de emplazamiento, la innecesaria multiplicidad de las fábricas y otras causas originarias de la necesidad de un mayor margen de beneficio demandado por la fabricación. El mantenimiento constante del precio de la harina ha de evitar la posibilidad de compras de trigo a mayores precios que los prefijados, influyendo directamente en la conservación del precio del pan en los límites previstos.

La situación especial de las fábricas del litoral y la evidente necesidad, ya proclamada para el presente año, de importar trigo extranjero, justifica el régimen que para dichas fábricas se establece, y que ha de consistir en compensar la limitación del trigo nacional molurado en ellas con la importación del trigo extranjero. De este modo se evitan transportes inútiles y logra el Estado aumentar las disponibilidades para cubrir la necesidad del mercado, utilizando la acción más comercial y a todas luces más ventajosa del fabricante, cuyo interés queda ligado a aquella necesidad. Solución es ésta que estimamos preferible, aunque no excluye la de importación directa por el Estado, justificada hasta ahora por las circunstancias dificilísimas que la navegación atraviesó, y que hoy, afortunadamente, han desaparecido.

De desear es que la intervención del Estado sea lo más pasajera posible; pero mientras subsista es evidente ha de procurarse su transformación con caracteres comerciales más apropiados.

A ello se encamina principalmente la constitución de Depósitos reguladores, que, además de poner al mercado a cubierto de excesivas oscilaciones de precio, ha de permitir al Estado una actuación decidida que hasta ahora no ha sido posible realizar.

Finalmente, no sería, en las circunstancias actuales de nuestro mercado, perdónable el no restringir en lo posible las exportaciones clandestinas que, utilizando determinados pretextos, han venido produciéndose. A ello se encaminan las disposiciones oficiales que para los suministros fuera de la Península se adoptan.

En consecuencia de todo lo expuesto,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el régimen de adquisición y distribución de trigo y harinas se ajuste a las disposiciones siguientes:

1.º Declaraciones de los agricultores.—Los agricultores, al levantar sus cosechas, remitirán a los Municipios respectivos, que, a su vez, las trasladarán a las Juntas provinciales de Subsistencias, relaciones juradas del trigo obtenido, de la superficie cultivada y de la de la próxima siembra. En dichas relaciones harán constar la aceptación o no del régimen de convenio que para los agricultores a continuación se establece, y, en el primer caso, formularán la petición de la cantidad de superfosfatos que necesiten para la próxima siembra.

2.º Convenio con los agricultores.—A los agricultores que cedan sus cosechas al precio de 56 pesetas los 100 kilos en grano, el Estado les garantiza que ese será para ellos el precio mínimo de venta del trigo en los dos años siguientes al actual. Además, las compras de trigo realizadas entre el 1.º de noviembre y el 1.º de julio de cada año tendrán un sobreprecio mensual de 25 céntimos de peseta por cada 100 kilos.

Asimismo a los agricultores que hayan formulado su petición en las relaciones juradas, el Estado, por intermedio de las fábricas le abonará o directamente, les suministrará la cantidad de superfosfatos 18/20 a razón de 300 kilos, como máximo, por hectárea de siembra y al precio de 15 pesetas los 100 kilos. Este suministro se subordinará este no a las limitaciones impuestas por la prurura del tiempo y demás circunstancias.

3.º Régimen de excepción para los agricultores que no acepten el convenio anterior.—El Estado podrá incautarse de las cosechas de estos agricultores al precio de tasa, si las necesidades nacionales así lo exigieran, entendiéndose para estos efectos vigente la tasa fijada en el Real decreto d: 14 de agosto de 1919.

4.º Régimen de abastecimiento.—Cada Municipio reservará para sí el trigo necesario del producido en su término, demandándolo proporcionalmente a los productores del mismo; cada provincia determinará igualmente la cantidad de trigo que haya de consumir, y las Juntas provinciales de Subsistencias remitirán seguidamente a la Comisaría el estado de distribución y sobrante del trigo de su provincia.

5.º Régimen de compra de trigos.—Las Juntas de Subsistencias, representadas por una Comisión ejecutiva compuesta del Secretario de ella y dos de sus miembros, trasladarán a los fabricantes de harinas las declaraciones de los agricultores para que procedan a la compra de grano; los reparos que se formulen y las incidencias que se promuevan serán resueltas por dicha Comisión, y en último lugar por la Comisaría general de Subsistencias. Solo podrán comprar en cada localidad aquellas fábricas de la provincia o fuera de ellas designadas al efecto por la citada Comisión ejecutiva, que limitará la compra y molituración de trigo efectuada por los fabricantes de la provincia al cupo señalado para el consumo de ésta y a la parte que les corresponda por la repartición que del exceso de producción se haga para las otras provincias, previos los asesoramientos precisos, por la Comisaría general de Subsistencias.