El Progreso agrícola y pecuario (1920-07-31 00:00:00), página 10

Los fabricantes podrán exigir que los vendedores realicen el transporte del trigo adquirido hasta la fábrica o estación del ferrocarril a elección del vendedor, mediante el precio de una peseta por cada 100 kilogramos.

6.ª Régimen de fabricación y venta de harinas.—Se fabricará una sola clase de harina de trigo sin mezcla alguna, y se venderá al precio en fábrica de 72 pesetas los 100 kilos, con un sobreprecio mensual de 30 céntimos de peseta por cada 100 kilos desde 1.º de diciembre hasta el 1.º de agosto.

Todas las ventas de harina serán intervenidas por el Estado, que no permitirá la circulación y facturación de ellas sino una vez comprobada su venta al precio anteriormente fijado. El Estado vigilará la fabricación, inspeccionando los extremos que considere precisos y analizando las harinas.

Los depósitos de éstas en las fábricas se considerarán, para todos los efectos, como depósitos de harinas a disposición del Estado.

7.ª Fábricas del litoral y auxilios para sus importaciones.—El Estado adjudicará directamente a las fábricas del litoral el cupo del trigo nacional que deban moler, y favorecerá la importación que realicen de trigos extranjeros, interviniendo su compra y abonando a los fabricantes la diferencia de precio que en cada caso se estipule. La suma total de las importaciones intervenidas no sobrepasará la cifra de 500,000 toneladas.

8.ª Establecimiento de depósitos reguladores.—El Estado constituirá en el menor plazo posible, y en las regiones de gran consumo, los stocks de trigo o harina, de procedencia nacional o extranjera, precisos para la regulación y aprovisionamiento del mercado.

9.ª Medidas contra el contrabando; aprovisionamientos especiales.—Se establecerá servicio especial de vigilancia en las fronteras para evitar todo contrabando, y bajo ningún pretexto se permitirá el embarque de trigos o harinas en ningún puerto español. Por excepción, el suministro de harinas a nuestras posesiones y zona de protectorado en África, se hará desde los puertos de Algeciras y Málaga, y consignados exclusivamente a las Autoridades de aquellos territorios.

El aprovisionamiento de Baleares y Canarias se llevará a efecto, a ser posible, completando las existencias indígenas con importaciones extranjeras, y correrá siempre directamente a cargo de la Comisión general de Subsistencias, que en cada caso dictará las disposiciones adecuadas.

10. Responsabilidad y sanciones.—Los Alcaldes serán responsables de las ocultaciones de trigo que en sus términos se descubran por la inspección de Subsistencias. Toda ocultación descubierta por las Autoridades locales y comprobada por la Comisión general, dará lugar a la imposición de las multas que se fijen en la ley de Subsistencias y a disponer el trigo para el abastecimiento del término en que exista, a un precio inferior al de tasa, fijado por la Comisión general de Subsistencias.

Toda declaración falsa sobre existencias de trigo y harina en las fábricas, o toda disponibilidad y venta arbitraria de los mismos sin intervención del Estado, motivará la correspondiente incautación y la imposición de multa, con arreglo a la ley de Subsistencias.

11. Medidas complementarias.—Por la Comisión general de Subsistencias, expresamente delegada al efecto, se dictarán cuantas aclaraciones se consideren oportunas y se adoptarán aquellas medidas que lleven al mejor cumplimiento de lo preceptuado en esta Real orden.

De Real orden lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid 27 de julio de 1920.—Ortuno.
Señor Director general de Subsistencias.

SECCIÓN DE NOTICIAS

El problema de los arrendamientos y la Federación Agraria de Levante.—En Murcia se ha celebrado la Asamblea organizada por la Federación Agraria de Levante para protestar contra los contratos de arrendamiento y pedir que el Gobierno resuelva el problema plantead por el alza de los mismos, dentro de la legislación.

Asistieron Representantes de los Sindicatos constituidos en los pueblos de la provincia.

Después de hablar en tonos enérgicos varios oradores, se leyeron las conclusiones siguientes:

Primera. El tiempo que dure el arrendamiento debe ser indefinido, y, en último caso, de diez a quince años, como mínimo.

La prórroga podrá estipularse por ambas partes; pero en caso de disconformidad, si el arrendatario cumplió las condiciones exigidas en el contrato, el arrendador sólo podrá darle por terminado para cultivar él mismo las tierras.

Segunda. Si durante la vigencia del contrato falleciese el arrendador o el arrendatario, el contrato tendrá la obligación de respetarlo los herederos del difunto.

Tercera. El pago del arrendamiento será en metálico, nunca en especie, sino en el caso de que se trate de tierras de secano.

Cuarta. Prohibición absoluta de contratos indirectos. Se aplicarán por excepción a algunas fincas de secano cuya situación especial lo requiera.

Quinta. Prohibición de los subarrendamientos.

Sexta. Para establecer la norma del tipo de contrato debe tenerse en cuenta, al legislar sobre reconocimiento de beneficios, el tipo que regía en 1914, aumentado con un 5 a un 15 por 100, según la situación y las circunstancias que concurren en la finca.

Séptima. Para entender en los desahucios o en cualquier otra cuestión que pueda surgir entre los propietarios y sus colonos, se nombrará un Tribunal en el que estén representados ambos.

Octava. Las mejores de beneficio que pueda obtener el arrendatario serán de dos órdenes: unos en caso de que los terrenos aumenten el valor cotizable, en cuyo caso tendrá una participación proporcional al número de años que lo tuviera cultivando. Los beneficios circunstanciales consistirán en aumento de plantaciones, edificación, etc., que se imputarán íntegramente al arrendatario con arreglo al derecho reconocido en el artículo 1.654 del Código civil, respecto a censatarios.