El Progreso agrícola y pecuario (1920-11-15 00:00:00), página 7

señen en la forma prescrita las armas que estén autorizadas para usar en actos de su servicio peculiar.

Art. 8.º Los fabricantes de armas que las expendan o permitan que salgan de sus fábricas sin cumplir los requisitos establecidos por este Real decreto, los comerciantes que dejen de observarlos y las personas que los infrinjan, incurrirán en la multa de 250 pesetas por la primera infracción y de 500 por las siguientes, entendiéndose que estas sanciones se aplicarán por cada arma que se expenda, se circule o se lleve, y comprenderá y se impondrá a la vez y conjuntamente al portador del arma, al comerciante que se la vendiera y al fabricante, si ninguno observó los preceptos que respectivamente les afectan, y en otros casos, a quienes resulten responsables.

Las multas serán impuestas por el Director general de Seguridad en Madrid y por los Gobernadores civiles en las demás provincias, a virtud de denuncia y propuesta justificada de la Guardia civil o de los funcionarios dependientes de la Autoridad de aquéllos, siendo inexcusable la imposición, que deberá ser acordada dentro de las veinticuatro horas en las capitales, y del mismo plazo, después de recibirse la denuncia en la Dirección o en el Gobierno civil respectivo, tratándose de las demás poblaciones.

Si se demora la imposición, los funcionarios o la Guardia civil lo comunicarán a la Dirección general del Cuerpo respectivo y ésta al Ministerio de la Gobernación.

Cuando la persona a quien se ocupe un arma sin licencia no ofrezca garantía bastante, ya depositando el importe de la multa en que incurre o ya respondiendo por él quien la ofrezca suficiente, a juicio del funcionario o guardia civil que efectúe la ocupación, el infractor será detenido a disposición del Director general de Seguridad en Madrid o del Gobernador civil respectivo, a los efectos del párrafo segundo del art. 22 de la ley Provincial.

Art. 9.º Las armas ocupadas por infracción de las leyes de Caza y del Timbre y a las que se contrae el presente decreto, si fueren de caza se subastarán con arreglo a la primera de dichas leyes; pero no serán adjudicadas a quienes no exhiban la licencia requerida o no acrediten ser comerciantes, con sujeción al art. 2.º, expidiéndose al adjudicatarlo por la Guardia civil la guía de pertenencia que determinan la segunda de dichas leyes y el citado artículo de este Real decreto. Las armas que no sean de caza serán siempre entregadas a la Guardia civil y destruidas completamente, en términos que sea imposible utilizar ninguna de sus piezas, operación que se efectuará en las Comandancias de provincia del Instituto, certificando la inutilización el Jefe de aquélla y dos Oficiales. La chatarra que resulte se venderá en subasta, de cuyo importe se aplicará una tercera parte al Colegio de Huérfanos del Instituto, otra a los individuos del mismo que fuesen heridos durante el año en curso y otra a las clases o guardias que ocuparon las armas inutilizadas, en cantidades iguales.

Cuando las armas que no sean de caza fueran ocupadas por funcionarios de otros Cuerpos, se entregará también, para ser inutilizadas, a la Guardia civil, pero el importe en venta de la chatarra se aplicará asignando una tercera parte para las viudas y huérfanos de los individuos del Cuerpo respectivo muerto; durante el año en curso en actos del servicio; la otra tercera parte a los que resultaran heridos, y la restante, a quienes ocuparon las armas. Las armas que los Tribunales acuerden por sentencia que sean inutilizadas, se entregaran asimismo a la Guardia civil, distribuyéndose el importe de la venta de la chatarra por mitad entre la Guardia civil y los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad y con el destino anteriormente prescrito.

Los Jueces de instrucción y municipales dispondrán que se facilite a la Guardia civil reseña, ajustada al artículo 2.º, de las armas que sean instrumento de delito o falta, y la Guardia civil confrontará la reseña con las armas cuando éstas le sean entregadas para su inutilización.

La parte del importe de las multas que se impongan, reconocida por la ley del Timbre a los denunciantes, se distribuirá también en la proporción antedicha, pero precisamente al Cuerpo cuyos individuos hicieron la denuncia.

Art. 10. Las licencias de uso de armas sólo podrán concederse a los particulares, por el Director general de Seguridad en Madrid, y por los Gobernadores civiles de las provincias en que se hallen domiciliados los peticionarios. El Director y los Gobernadores remitirán sin excusa alguna, al Ministerio de la Gobernación, el día 1.º de mes, relación nominal circunstanciada de las licencias que hubieren sido concedidas en el anterior, con expresión del informe emitido por la Guardia civil, en su caso, o certificación de no haber expedido ninguna.

Art. 11. La introducción, la fabricación o la recarga y la circulación en el Reino por comerciantes o particulares de cartuchería para armas cortas de fuego, o sea pistolas y revólveres de todas clases, únicamente podrá efectuarse con autorización especial del Director general de Seguridad y de los Gobernadores civiles de provincia. La Guardia civil expedirá las guías necesarias.

Disposición transitoria.—Los fabricantes, desde luego, y los comerciantes y casas de compraventa y de préstamos y los Montes de Piedad, en el preciso término de ocho días, contados desde que se publique este decreto, darán cuenta a la Guardia civil de las armas que posean o tengan en prenda, remitiéndolas, según lo establecido en el art. 2.º, y cumplirán los requisitos fijados para lo sucesivo, bajo las sanciones establecidas en el art. 8.º

Los particulares que posean armas sin licencia deberán solicitarla o entregar aquéllas a las Autoridades o a la Guardia civil, en el término, también improrrogable, de quince días.

Todas las licencias de uso de armas otorgadas actualmente a los particulares se presentarán, bajo