El Progreso agrícola y pecuario (1919-11-22 00:00:00), página 7

Los proyectos de Hacienda.

Enajenación de fincas adjudicadas a la Hacienda.

La Gaceta del día 19 publica los siguientes proyectos que el Ministro de Hacienda ha sido autorizado para leer en las Cortes:

Los contribuyentes cuyos débitos a la Hacienda se hayan hecho efectivos por medio de la adjudicación de fincas a la misma, podrán retraerlas dentro del plazo improrrogable de cinco meses, a contar desde la fecha de la publicación de esta ley, si no han sido enajenadas anteriormente, comprimiéndose en el precio del retractor la cantidad en que las fincas hayan sido adjudicadas, los intereses de demora correspondientes a los tres últimos años y los derechos abonables de la Agencia ejecutiva. Pasado dicho plazo, no se podrá ejercitar el derecho de retracto.

Los bienes abandonados por sus dueños pasarán al Estado

Se declaran bienes abandonados por su dueño, y como tales pertenecientes al Estado, las acciones nominativas y al portador y títulos equivalentes por los que esté representado el capital de los socios comanditarios y de las Sociedades anónimas de las Compañías domiciliadas en España, y así mismas las obligaciones y cédulas hipotecarias nominativas y al portador que, con arreglo a las leyes, se hayan emitido por dichas Compañías, y, en su caso, el importe de las respectivas amortizaciones, siempre que hubiesen transcurrido o transcurran veinte años sin que por sus titulares o tenedores se hubiesen cobrado en ese tiempo los dividendos repartidos o los intereses devengados, o hecho gestión oficial para obtener el pago de los mismos o el de las correspondientes amortizaciones, o que manifiestamente implique el ejercicio de derechos dominicales.

Se exceptúa el caso en que el propietario se halle legalmente impedido de ejercitar las acciones a que este artículo se refiere, contando de nuevo el plazo desde que cese el impedimento.

Igualmente se entienden abandonados para dicho efecto los dividendos o pagos que se acuerden por razón de utilidades o capital sobre la parte o acciones que a cada socio o poseedor de las mismas correspondan en el haber de la Sociedad, una vez transcurridos cinco años desde el día señalado para comenzar su cobro.

Se entenderán devengados los dividendos e intereses desde el momento que debieron serlo con arreglo a los Estatutos y Reglamentos, aunque se hayan omitido los requisitos establecidos para su liquidación y percepción.

Los depósitos de metálico de valores, efectos públicos e industriales o de comercio, cualquiera que sea su clase o procedencia, dada hajas y metales preciosos; los saldos de cuentas corrientes y los contenidos de las Cajas de seguridad, constituidos y existentes en todos los Bancos y establecimientos que funcionen en España, en concepto de matrices y sucursales a favor de personas individuales o jurídicas, con o sin carácter oficial, se consideran también abandonados cuando en el transcurso de quince años no se hayan pagado derechos de custodia, o satisfecho dividendos o interés, si los devengasen, haya permanecido inalterable el saldo de la cuenta corriente o sin utilizar la Caja de seguridad o reservada, siempre que conste de modo auténtico que durante ese tiempo no se ha practicado ninguna diligencia por los interesados que demuestre el propósito de conservar y ejercitar el derecho de propiedad sobre dichos valores.

La contribución territorial.

Se fija en 195 millones de pesetas el cupo de la contribución territorial de todas las provincias españolas de la Península, Islas Baleares y Canarias.

Serán eliminados del repartimiento general:

1.º Los pueblos que en la actualidad están tributando por cuota.

2.º Todos aquellos que tuvieren aprobado el avance catastral de la riqueza rústica, y los que tuviesen aprobado y comprobado el Registro fiscal de edificios y solares en 31 de octubre de cada año.

3.º Las provincias concertadas.

Todos los Registros fiscales de la riqueza rústica y urbana que se aprobaran después de la promulgación de la presente ley llevarán al final de los mismos un estado donde se compare el tributo que haya correspondido al pueblo en el último año del cupo actual, el que con arreglo al cupo que en esta ley fija le haya correspondido y el que resulte de la aplicación de los trabajos catastrales.

Todos los pueblos de España que no tengan aprobados ni comprobados los Registros fiscales de la riqueza rústica o urbana, tributarán por el sistema de cupo.

Queda autorizado el Ministro de Hacienda para, interior puedan aplicarse los preceptos de esta ley, recargar en dos décimas la contribución territorial rústica y urbana a que se aplica el régimen de cupo.

Expropiación forzosa.

A partir de la promulgación de la presente ley, los artículos 25, 29 y 36 de la de 10 de enero de 1879 sobre Expropiación forzosa, se entenderán modificados en la siguiente forma:

Art. 25. Los gastos ocasionados por estas operaciones, así como los honorarios de todos los peritos, son de cuenta de la Administración o de quien su derecho represente en toda la duración de este período.

En cuanto el Ministerio de Fomento apruebe técnicamente un proyecto, los propietarios cuyas fincas radiquen dentro de la zona que haya de ocuparse no podrán edificar, establecer industrias o variar los cultivos, de manera que se altere el destino de las fincas o sus condiciones de rendimiento; construir obras de defensa en los cauces y, en general, ejecutar acto alguno de dominio que varíe las condiciones de los inmuebles, incluso el suelo y el subsuelo, sin autoriza-