El Progreso agrícola y pecuario (1919-05-07 00:00:00), página 7

sos españoles que acudieron a la consulta, se ve que vienen a convenir: 1.º, en lo grandemente extendido que está el mal de la excesiva segregación y separación de las parcelas cultivadas; 2.º, en que esa división extremada de la propiedad es un obstáculo para el desarrollo de la agricultura, y 3.º, la necesidad e inminencia de remover tan perjudicial distribución, volviendo a una urgente concentración de los predios cultivables. Uniformes en el análisis del mal y convincentes todos en el remedio, sólo disientan, y aun eso no exclusivamente, en los medios precisos para conseguirlo y continuarlo; así unos propusieron los cambios forzados, otros la fijación de un límite mínimo de extensión a las fincas rústicas, una gran mayoría la creación de cotos redondos, y, por último, un gran número de informantes opinaron por la intervención de la ley en el caso de partición, con el fin de evitar el desmembramiento de la propiedad.

Nuevamente se insistió sobre el tema, creándose por Real decreto de 22 de marzo de 1907 otra Comisión para el estudio de la subdivisión actual de la propiedad territorial, sus causas, condiciones y efectos en el orden jurídico, social y agronómico, así como para proponer los remedios más adecuados al excesivo fraccionamiento de la propiedad. Esta Comisión recogió también variedad de informes de distintas entidades y representaciones agrarias nacionales de un resultado análogo al de la información anterior, y ante la conformidad de las contestaciones emitida a las preguntas formuladas, confecionó un proyecto de ley, que aunque no llegó a presentarse en el Parlamento por el entonces Ministro de Fomento Sr. González Benada, se decía en él que su tendencia era «Atacar el mal de la subdivisión del suelo que, como transmisión, sería colosal lo que se consiguiera si en alguna medida se aplicara. No cabe, por tanto, pedir más para empezar».

Es por ahora lo último que en España se haya intentado en tal materia y ahí está el proyecto sin que, pasando el tiempo, vuelva un Ministro que lo desembole, ya que su necesidad crece de día en día, haciendo lo más indispensable para traducirlo en gacetable disposición legislativa.

NICOLÁS DEL TESO,
Presidente del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería de Salamanca.

Reglamento del seguro de cosechas.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Autorizado este Comité por Real decreto de 10 del actual para asumir en seguro, conseguero, o reaseguro los riesgos de incendios de cosechas, cualquiera que sea el origen del siniestro, y para aceptar de las Mutualidades legalmente constituidas participaciones en reaseguro sobre el riesgo de pedrisco en las cosechas,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo puesto por ese Comité, en cumplimiento de lo preceptuado por el art. 6.º del citado Real decreto y oído el parecer favorable de la Intervención general de la Administración del Estado, se ha servido dictar las siguientes disposiciones:

A) Del seguro de incendios de cosechas.

Primera. En el seguro contra el incendio de cosechas actuará en nombre y representación del Estado español el Comité Oficial del Seguro Marítimo.

Segunda. Será objeto del seguro la indemnización de las pérdidas materiales que sufran las cosechas por la acción directa del fuego y de los demás daños comprendidos en el art. 393 del Código de Comercio.

Tercera. El Estado español garantizará al asegurado, no sólo contra las consecuencias del incendio, en los casos que determina el párrafo 1.º del art. 396 del Código de Comercio, sino también cuando se origine por cualquiera de las causas que excluye taxativamente de la responsabilidad del asegurador el párrafo 2.º de dicho artículo, salvo el delito del asegurado.

Cuarta. A los efectos del artículo anterior, se entenderá por tumulto popular, al tenor de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1909, todo acto de levantamiento del pueblo, como asonada, motín o sedición por el que, desconociendo el principio de autoridad, se altere gravemente el orden.

Quinta. El Comité Oficial del Seguro Marítimo, obrando por cuenta del Estado, podrá indistintamente emitir pólizas en que se garanticen los riesgos de incendio, sea cualquiera el origen del siniestro, como las en que se garanticen exclusivamente los incendios ocasionados por las causas, excluido el delito del asegurado, que enumera el párrafo 2.º del art. 396 del Código de Comercio. El valor asegurado, en el último caso, se fijará con arreglo a la suma asegurada por la póliza de seguro que garantice contra los riesgos ordinarios de incendio.

Sexta. Será de la competencia del Comité Oficial del Seguro Marítimo determinar las condiciones generales y particulares de las pólizas y establecer las primas a que dichos contratos deben sujetarse.

Séptima. En caso de siniestro, el Comité se personará en el lugar de su ocurrencia, por medio de sus Delegados, funcionario o perito, dentro de los treinta días siguientes al en que haya recibido la declaración oficial del mismo, con sujeción a lo establecido en la póliza de seguro. La elección de los peritos y demás personal encargado de la liquidación de los siniestros competirá al Comité Oficial del Seguro Marítimo.

Octava. Las condiciones de la póliza que adopte el Comité, en lo que se refiera a la evaluación de los daños causados por el incendio, deberán atenerse a las disposiciones de los artículos 406 y 407 del Código de Comercio.

Novena. En caso de incendio producido por cualquiera de las causas que señala el párrafo 2.º del artículo 396 del Código de Comercio, salvo el delito del asegurado, los peritos decidirán, no sólo acerca de la