El Progreso agrícola y pecuario (1919-03-22 00:00:00), página 8

a favorecer a las Empresas con daño para el interés público.

6.º Pedir que se mejoren todos los servicios, lo mismo en lo que se refiere al material como en lo que afecta al personal, debiéndose admitir para ello a los obreros y dependientes despedidos por la huelga de agosto del año 1917.

7.º Reclamar del Gobierno que no abandone ni un momento el estudio de la nacionalización de los ferrocarriles para implantar cuanto antes la reforma, a fin de impedir que sea un negocio industrial lo que debía ser un servicio público y un instrumento de la industria, del trabajo y del comercio en general.

8.º Exigir de los representantes en Cortes por la región que defendan estas conclusiones en el Parlamento, siempre que tengan ocasión, y

9.º Comunicar estos acuerdos a todas las entidades económicas y obreras de España y a todos los Ayuntamientos, para que se extienda la campaña iniciada por Zaragoza a toda la Península, organizando a tal efecto una Asamblea nacional en el momento que se estime oportuno.

Regionalismo económico.

III

Se ha proclamado ahora el principio, que es generalmente aceptado sin contradicción, de que la autonomía municipal debe preceder a la regional, por estimar aquélla como fundamento de ésta.

Los que así piensan es que dan al concepto de autonomía un sentido político y sólo político, abrigando, además, la ilusión de que dentro de los Estados modernos cabe el tipo de Municipio anterior a la constitución de las nacionalidades.

Desde este momento, desde que se formaron los Estados nacionales, el Municipio tuvo que transformarse, convirtiéndose de entidad política que era en corporaciones económico-administrativas. Este es su carácter actual, y de esta naturaleza tiene que ser la autonomía que se le conceda.

Pero en eso de la autonomía municipal hay mucho de ilusión y de doctrinarismo, pues está muy generalizada la creencia de que a los Municipios se les hace autónomos otorgándoles unas cuantas facultades más de las que hoy tienen.

Claro que así planteado el problema sólo se tiene en cuenta los grandes Municipios, tomando por grandes los que excedan de 20.000 habitantes, y de éstos, sacando a los de las capitales de provincia, escasamente llegarán a 20 ó 22; de modo que el problema así planteadó quedaría sin resolver, porque hasta 9 200 Ayuntamientos que cuenta España 9.130 son rurales, y éstos quedarían en la misma situación de pobreza actual, imposibilitados para ser organismos propulsores de la riqueza de su término.

Un regionalismo a base de la autonomía municipal habría de iniciarse sobre la base de una concentración municipal, con la que cada una, comprendiendo varios Municipios, llegara a constituir una unidad económico-administrativa, en la que por razón de población y de territorio fuera más vigorosa que nuestros desmedrados Municipios rurales. Esas concentraciones o asociaciones tendrían en común la mayor parte de los servicios que hoy sólo están en la letra de la ley, pero en modo alguno en la realidad.

Pero cualquiera que sea la forma de esa autonomía es necesario tener muy en cuenta que la fortuna de los vecinos está a merced de los Ayuntamientos, y mientras más facultades se concedan a éstos mayor será por consiguiente la tiranía que podrán ejercer.

A la vez que se conceden facultades a los Municipios, es preciso, indiscutible, otorgar medios eficaces de defensa a los particulares, y estos medios de defensa no pueden ser administrativos, sino civiles y criminales.

Sólo a este precio se puede conceder la autonomía municipal, pues de lo contrario sería extender y ampliar la esfera de acción de los abusos del caciquismo, que sabe que hoy comete todas sus tropelías en la más absoluta impunidad, porque es el Gobernador, es el Ministro de la Gobernación o de Hacienda los que tienen que corregir sus abusos, que no corrigen porque no pueden corregir, por la sencilla razón de que todo parte de aquí, todo caciquismo se hace en Madrid y se consolida al amparo de un régimen centralizador absurdo, que no ha dado ni es capaz de dar otro fruto que ese azote del país.

FRANCISCO ESPINOSA.

SECCIÓN DE NOTICIAS

Protesta de la Asociación de Agricultores de España.—Se nos ruega la publicación de la siguiente protesta que la Asociación de Agricultores de España eleva al Ministro de Abastecimientos:

1.º Que patrióticamente, y en favor del bien público, no sólo aceptó la tasa del trigo, sino que se prestó a que fuera sucesivamente regulada.

Una vez más se ve en el caso de proclamar la esterilidad del sacrificio de los agricultores, no compensados por medida alguna del Poder público y que sólo ha servido para que se autorice a los harineros un mayor margen de beneficios y para que, en definitiva, no baje el pan, como era lógico esperar, dado que esta era la única finalidad de la tasa del trigo.

2.º Repetidamente hemos protestado contra los Sindicatos harineros, cuya creación ha producido grandes beneficios a esa industria, con grave quebranto de los intereses agrícolas y sin provecho para el consumidor, como se está demostrando. Pues bien; se dicta ahora por V. E. una nueva disposición en la que, no sólo se consolida la existencia de aquéllos, sino que se aumentan las atribuciones que ya tenían dentro de la órbita de su odioso privilegio, sin que obedeciendo a principios de justicia estricta e inspirándose en el propio bien público, se conceda a los agricultores la tan demandada intervención en sus operaciones de compra, así como en la molituración de trigos, mezclas de éstos con otros cereales y leguminosas, y sobre todo, en la venta de harinas, ni menos aún se tasen los subproductos de