El Progreso agrícola y pecuario (1919-03-15 00:00:00), página 5

tificando, caso contrario, ante el Ministerio de Gracia y Justicia, por conducto del Tribunal Supremo, las causas que lo hayan impedido.

Art. 3.º En este procedimiento sumarísimo no se admitirá la libertad provisional bajo fianza del procesado, a menos que su sustanciación se hubiese demorado más de un mes y la Audiencia así lo acordase.

Art. 4.º Las Audiencias establecerán, desde luego, un turno de preferencia para la vista y fallo de esta clase de causas.

Art. 5.º Los Abogados del Estado cuidarán de que se cumplan las disposiciones de este Real decreto, personándose desde su comienzo en estas causas y dándose semanalmente cuenta a la Dirección general de lo Contencioso de todo lo que en cada una de ellas efectúe.

Serán condenados a prisión correccional todos los negociantes que acaparen artículos de primera necesidad.

El Real decreto del Ministerio de Abastecimientos firmado por el Rey, consta de 26 artículos y uno adicional.

Por él se declara expresamente prohibida la tenencia clandestina de trigo, cebada, maíz, centeno, arroz, judías, lentejas, habas, garbanzos, avena, harina de estas especies, aceite de olivas, patatas, huevo, azúcar, carbón de todas clases, granos y semillas destinadas a la alimentación del ganado, distintas a las anteriormente expresadas; nitrito de soda, sulfato amónico, superfosfato de cal, cloruro y sulfato de potasa, azufre, y en general, todos los abonos químicos.

El Ministerio de Abastecimientos podrá adicionar de Real orden la relación de los artículos reseñados con todos aquellos que las necesidades del consumo público exijan.

Se entenderá clandestina la tenencia o posesión siempre que no estuviese declarada su existencia con arreglo a las prevenciones del Real decreto.

Las penas que pueden imponerse son de tres clases: principales, accesorias y subsidiarias. Las principales son: prisión correccional de seis meses a tres años y multas. La accesoria, comiso e inhabilitación para el desempeño de cargos públicos fijados de costas procesales. La subsidiaria, es por insolencia del reo para satisfacer las penas pecuniarias, el arresto o la prisión correccional, a razón de un día por cada cinco pesetas de multa. El arresto o prisión no podrá exceder de un año. Las peras de multa nunca tendrán el carácter de afflictivas, cualquiera que sea su cuantía.

La tasa o señalamiento oficial de precio máximo de los artículos, y la fijación de precio de venta hecha y publicada oficialmente por las Juntas provinciales de Subsistencias, constituye mandato de autoridad competente, y, por tanto, se entregará al Juzgado correspondiente, a los efectos del art. 265 del Código penal, a las personas que, poseyendo existencias de artículos cuyo precio de venta esté señalado, traten de exigir uno superior...

Por igual razón, y como presunto autor del delito de maquinación artificiosa para alterar el precio natural de las cosas, previsto en los artículos 557 y 558 del Código penal, serán entregados a los Tribunales los que se nieguen a vender las existencias declaradas.

Si se tratase de existencias clandestinas, los hechos expresados en los dos párrafos anteriores se entenderán conexos del de contrabando.

El vendedor que pretendiese eludir los efectos de la tasa y fijación de precio, entregando al comprador artículos que no correspondan, en peso, unidad o clase, a los que se hayan fijado para determinar su precio, será entregado a los Tribunales como presunto autor de delito de estafa.

En ninguno de los casos en que se hubiere cometido un hecho al que, según los preceptos de este decreto, proceda castigar con pena corporal, se podrá otorgar la libertad bajo fianza a los procesados, y, además, no se cursarán las solicitudes de indulto cuando se refieran a penas impuestas con aplicación a los preceptos de este Real decreto.

Las Autoridades podrán incautarse de las especies denunciadas, poniendo los hechos en conocimiento de la Junta administrativa, y las mercancías a disposición de ésta y de la Junta provincial de Subsistencias.

Declarado el comiso, la Junta provincial de Subsistencias se hará cargo de las especies decomisadas, dejándolas en depósito en el local de la aprehensión o disponiendo su traslado a otros almacenes o depósitos.

Si la urgencia del consumo lo exigiere, la Junta provincial de Subsistencias, en espera del fallo de la Junta administrativa, podrá proceder, desde luego, a la enajenación, distribución o aprovechamiento de las especies aprehendidas, previa su valoración al precio de tasa.

Los ingresos que produzcan la venta de las especies decomisadas se llevarán al capítulo adicional de la sección cuarta, del estado letra B del presupuesto de Ingresos, en analogía a lo dispuesto en el art. 3.º de la ley de 11 de noviembre de 1916.

Se crean en cada provincia plazas de Inspectores delegados, que tendrán a su cargo el descubrimiento y comprobación de las infracciones que se cometan por incumplimiento de las disposiciones de abastos, pudiendo recabar el auxilio de las superioridades locales, que deberán prestárselo, para el mejor desempeño de su cometido, dando cuenta semanal a la Junta provincial de Subsistencias respectivas del resultado de su actuación.

El número de Inspectores será determinado de Real orden por el Ministro. Los Inspectores estarán encargados de recibir y tramitar las denuncias que se hagan, practicando las comprobaciones de tales denuncias en el plazo de veinticuatro horas, si se trata de infracciones cometidas dentro de la localidad en que reside el Inspector delegado, y en el de cuarenta y ocho horas, si aquéllas se hubieran realizado en cualquier otro de los pueblos que comprenda la zona en la que ejerce sus funciones.

En las veinticuatro horas siguientes al descubrimien-