El Progreso agrícola y pecuario (1919-05-07 00:00:00), página 9

Cuarta. Presentada que sea por el asegurado la acta de pago que acredite el ingreso en el Tesoro de la prima liquidada, el Interventor de Hacienda expedirá por duplicado la póliza de seguro, que autorizará con su firma, suscribiéndola también el interesado, y entregará uno de los ejemplares al asegurado, remitiendo el otro por el primer correo al Comité Oficial, acompañado de la proposición original y de la carta de pago expedida por la Tesorería de Hacienda.

Quinta. El Comité Oficial del Seguro Marítimo fijará la retribución que por el servicio deben disfrutar los Interventores de Hacienda.

Sexta. Todos los gastos que origine la realización de las operaciones de seguro y reaseguro de cosechas, así como las indemnizaciones en caso de siniestro, serán satisfechas con aplicación al crédito de cuantía indeterminada abierto en la sección décima, capítulo adicional, artículo único del Presupuesto en ejercicio.

Séptima. El Comité Oficial llevará la contabilidad necesaria para conocer en todo momento las operaciones que realice, tanto por el seguro o reaseguro de cosechas a causa de incendio, como en lo referente al reaseguro de pedrisco.

Octava. Competirá al Comité la aplicación e interpretación de las presentes disposiciones reglamentarias y propondrá a este Ministerio las que ulteriormente considere procedentes.

De Real orden, etc.—Cierva,
Señor Presidente del Comité Oficial del Seguro Marítimo.

EL PARTO DE LOS MONTES

La cuestión obrera y la futura cosecha.

Se había anunciado tanto una medida que el Gobierno iba a tomar para resolver—o por lo menos aliviar—el problema obrero en Andalucía; se ponderó tanto después de publicada por la Gaceta, que nosotros—francamente—no sabemos qué decir que no disuene y responda a nuestras convicciones.

La tal medida es pequeña, vacua, ineficaz, ridícula ante la magnitud del mal que pretende atajar. ¿Es eso todo, o por lo menos lo mejor, que al Gobierno se le ocurre sobre la materia? Pues estamos frescos. Se trata de una tragedia real, humana, juzgada desde una plataforma del Real, como se juzgaría una ópera. ¡Dios nos asista! Estos políticos nacidos en el asfalto de la Puerta del Sol, no son capaces de sentir los latidos del terroso.

La situación es grave. Los obreros andaluces han anunciado que no segarán—ni dejarán segar—si no es en la forma siguiente: «Segar un día para ellos y otro para el amo». Es decir, si no se les da a ellos toda la cosecha; porque a eso equivaldría en la práctica esa fórmula hipócrita de «segar un día para ellos y otro para el amo».

Y ante esa situación gravísima, propone el Gobierno su asociación obligatoria, esas Juntas mixtas de patronos y obreros para regular las condiciones del trabajo, amenazando a los patronos conque únicamente a los que acaten esa obligación—que ahora se les impone—les asegura el Gobierno del riesgo de incendio de la cosecha. Es esta una coacción en que todavía no ha reparado la gente. Pero sobre los obreros, ¿qué presión semejante se ejerció para obligarles a aceptar? Y en el caso de que no haya acuerdo entre obreros y patronos, ¿de qué medios dispone el Gobierno para que el laudo se firme? Y si los obreros se desentienden de Comités y de laudos y de tratos y contratos, ¿cómo protegerá el Gobierno a los patronos?

Lo que hace el Gobierno recuerda el cuento del portugués: «Si me sacas del pozo te perdono la vida».

Ejerce una presión brutal sobre el solvente, el responsable, para que contrate con quien no lo es. Pues bien: el único que queda obligado es el primero. El segundo sólo aceptará y cumplirá si le conviene.

He aquí ahora el decreto:

EXPOSICIÓN

Señor: Una de las primeras y más hondas preocupaciones del Gobierno de V. M. ha sido atender a los anuncios que por diversos conductos llegan, y que sucesos pasados presentan como muy atendibles, respecto a las dificultades de carácter social que pueden producirse para la obtención de la futura cosecha en algunas regiones españolas, y más especialmente en ciertas zonas de Andalucía y Extremadura.

Entre las varias obligaciones que sobre el Gobierno pesan, la primera es, sin duda alguna, asegurar la efectividad de la recolección. Por muy importantes que sean las luchas entre los diversos intereses encontrados, y sin dejar de reconocer la solicitud con que se ha de tratar esa materia, parece indudable que el Gobierno ha de desvelarse primordialmente para asegurar la normalidad económica derivada de la recolección y agotar sus esfuerzos y previsiones, con el designio de que en ningún caso sobrevenga el enorme quebranto que la pérdida o una gran merma de la cosecha implicaría.

El presente decreto va encaminado a lograr esos fines. Ordena que en los pueblos donde las circunstancias lo requieran se formen Juntas que actúen como Consejos de conciliación, integradas por caracterizadas representaciones de los elementos patronal y obrero, y dedicadas a armonizar las aspiraciones de ambos.

En igual sentido protector se inspira otro artículo, por el cual se da preferencia a los obreros de la localidad sobre los forasteros, y se dificultan los manejos de la codicia, ordenando que el obrero forastero haya de recibir la misma remuneración consentida para los de la localidad.

Si, a pesar de todo, fracasaren los intentos de averiguación, y la lucha social llegase a extremos que hiciéren temer la pérdida de los frutos, el Poder público interpondrá su indeclinable ministerio, y por conducto del Gobernador civil podrá aplicar las previsiones de la vigente ley de Subsistencias, y aun arbitrar otras más extremadas decisiones si fuere menester.

Complemento de estas prevenciones ha de ser el estímulo del seguro de cosechas, que hoy sólo existe contra los riesgos ordinarios que previene el Código de Comercio, y contra incendio, a que se refiere el Real decreto de 11 de abril último. Como el estrago puede tener diferentes orígenes, será útil que las entidades