El Progreso agrícola y pecuario (1919-06-30 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUARIO
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRICOLAS DE ESPAÑA
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La cuestión de la tierra

V

No se puede improvisar una solución para salir del paso.—Desorientación en cuanto a la competencia del Ministerio para resolverlo.—¿Es Fomento, es Hacienda, es Gracia y Justicia? O lo que es lo mismo, ¿es técnico, es fiscal o es jurídico?—Diversidades locales.

Como aquí, ¡por desgracia, no ponemos mano en los problemas más que cuando las circunstancias apremian oprimiendo a los gobernantes la amenaza de posible perturbación de orden público, siempre los problemas se resuelven a la ligera y, por consiguiente, mal. Con este detestable sistema, los más graves problemas de la economía nacional se tratan con el criterio del curandero y no según el tratamiento adecuado, que no puede ser otro que el de un estudio serio y meditado de las causas del mal y de sus consecuencias.

Ahora, cuando se está con el agua al cuello, es cuando se propone averiguar el Poder público cuál es la distribución de la superficie agraria en España, información que se ha mandado hacer recientemente por el Ministerio de Fomento. ¿Cómo entonces se puede hablar seriamente de distribución o parcelamiento de tierras, cuando se desconoce ese dato, que es el fundamental?

Pues sepa el Ministro de Fomento, que esa información está hecha y repetida o renovada por el Ministerio de Gracia y Justicia y sobre los datos facilitados por los Registradores de la Propiedad, que alguna autoridad tienen en esto, puesto que el fondo de este gran problema es eminentemente jurídico.

Ahora que aquí, efecto sin duda de la verdadera confusión que reina en todos los órdenes de la política, porque los problemas que plantea la realidad son superiores a ella, vemos sin espanto que unas veces es el Ministerio de Hacienda el que se apodera del problema agrario y pretende resolverlo, otras el de Fomento, y siguiendo por ese camino no es raro que veamos el día menos pensado al Ministerio de la Guerra o al de Marina presentando un proyecto de ley sobre reforma e la propiedad o de los cultivos. Todo esto demuestra una cosa, y es que todavía no se ha definido y concretado dónde tiene tan complejo asunto su natural y propio asiento, y quién es el que tiene verdadera competencia para plantearlo y resolverlo con autoridad.

Si el problema agrario, que tanto nos preocupa y alarma, consiste solamente en las grandes concentraciones de superficie, bien sean en propiedad o en arrendamiento, dedicadas a la producción espontánea de pastos, entonces el problema se reduce a límites muy estrechos; no es siquiera regional, sino que el fenómeno se produce sólo en algunas provincias.

Y si es eso lo que se quiere combatir, no hay más que dos criterios para hacerlo: uno mediante el impuesto, y otro—sistema de una reciente ley inglesa—obligando a los propietarios a someter sus tierras a los cultivos adecuados a la naturaleza de los terrenos y a las necesidades nacionales. Lo primero habría que hacerlo desde el Ministerio de Hacienda, dando al impuesto un carácter predominantemente fiscal, y lo segundo desde el Ministerio de Fomento, puesto que la reforma habría de inspirarla un sentido eminentemente técnico, de técnica agraria exclusivamente.

¿Está garantido el arrendatario contra la subida inmotivada de la renta de la tierra? ¿Está amparado por la ley contra un desahucio injusto? ¿Tiene el arrendatario aquella seguridad legal que le permita disponer del plazo de explotación necesario para amortizar el capital que pueda incorporar a tierra ajena? ¿Tiene el arrendatario aquella copropiedad en el terreno que cultiva, que le permita ceder o traspasar su derecho, como se cede o transmite un derecho real, con entera independencia de la voluntad del propietario?

Todas esas limitaciones establecidas al derecho de la propiedad en favor de los cultivos y de los intereses de