El Progreso agrícola y pecuario (1918-11-30 00:00:00), página 3

Proyecto de ley sobre régimen fiscal de la Propiedad inmueble.

El Ministro de Hacienda ha leído en el Congreso el proyecto de ley sobre régimen fiscal de la propiedad inmueble, del que damos a continuación un amplio extracto:

Un proyecto netamente español.

Es, ante todo, el presente proyecto una obra casiza y netamente española, cuya estirpe se remonta a través de los años, a ilustres economistas y hombres de gobierno españoles, en gran parte precursores de otros extranjeros, que han encaminado sus esfuerzos a establecer un perfecto régimen fiscal de la propiedad inmueble.

La primera parte de este proyecto se inspira en un principio de elemental justicia, cual es el de que el Estado participe del aumento de valor de los bienes inmuebles, no debido exclusivamente a mejoras hechas por los propietarios. Obedece su segunda parte al propósito de combatir, de un lado, las ocultaciones de la riqueza, y de favorecer, de otro, el desarrollo de la riqueza inmueble y la situación de los cultivadores.

A la contribución sobre el aumento de valor de los bienes inmuebles se someten los situados en territorio español, sin más excepción que los que sean propiedad del Estado, los que pertenezcan a las provincias o Municipios, cuando estén destinados a servicios públicos, y los directamente dedicados al culto de las distintas confesiones.

Se considera como actual valor de las fincas el que resulte de capitalizar al 5 por 100 la renta líquida con que figure el inmueble en el Avance catastral o Registro fiscal, y, en su defecto, el líquido imponible que aparezca en el Amillaramiento; pero se concede un plazo de cuatro meses, a partir de la promulgación de la ley, para que los dueños de bienes inmuebles que no los tengan inscritos en dicho Registro o Amillaramiento, o los tengan indebidamente, soliciten en forma las oportunas inclusiones y rectificaciones.

Consideraciones generales sobre el proyecto.

El tributo se devenga en el momento de la transmisión; pero la Administración tiene la facultad de hacer revisar cada quince años los aumentos de valor. Participan del rendimiento del tributo, en todo caso, los Ayuntamientos con cuota no inferior al 20 por 100, y también se hace participé del mismo a las Mancomunidades y Diputaciones provinciales, cuando las obras que determinen el valor de los inmuebles sean ejecutadas por ellas.

Los tipos de imposición varían del 15 al 30 por 100 del aumento de valor, según que éste exceda de un 10 por 100 o pase del 200 por 100. El aumento de valor inferior al 10 por 100 no estará sujeto a tributación.

Cuando una finca no figure inscrita en el Avance catastral, Registro fiscal o Amillaramiento, se tomará como aumento de valor el total de la misma, y sobre él se girará la liquidación -a razón del 30 por 100; de manera que si toda finca no inscrita en los registros de la Contribución territorial, el Estado percibirá el 30 por 100 de su valor.

Se sienta el principio general de que la Contribución territorial se exigirá por el producto que las fincas sean susceptibles de rendir, cualquiera que sea su producción efectiva, estableciéndose un recargo del 25 por 100 sobre la Contribución territorial que satisfagan las fincas que, siendo susceptibles de un cultivo remunerador, se encuentren total o parcialmente incultas.

Se crea un recargo sobre la Contribución territorial, que varía entre el 2 y el 6 por 100, para los propietarios que posean bienes inmuebles cuya renta acumulada exceda de 30.000 pesetas, reduciéndose la cuota a la mitad cuando los mismos propietarios cultivén las fincas, ya por sí, ya en forma de arrendamiento. Si para burlar al Fisco se simula por los propietarios el cultivo directo de las fincas, se duplicarán las cuotas que en este párrafo se expresan.

Se concede a los actuales arrendatarios la facultad de prorrogar por cinco años los contratos vigentes. En ningún caso el precio del arriendo podrá exceder de la renta líquido imponible con que figuren inscritas las fincas a los efectos del pago de la Contribución territorial.

Los arrendatarios podrán realizar mejoras en las fincas rústicas en determinadas condiciones, con derecho a recibir al término del contrato el valor que con ellas se hubiera dado a las fincas, o a prorrogar el contrato por un plazo que variará entre cinco y veinte años. Si las mejoras realizadas por el arrendatario excediesen en un 50 por 100 del valor de la finca antes de las mejoras, le darán derecho a pedir la expropiación a su favor, mediante el pago de la cantidad que resulte de capitalizar la renta líquida al 5 por 100, más un 10 por 100 de quebranto y precio de afeción. Este derecho no podrá ejercitarse más que para expropiar la totalidad de una finca. Si son varios los arrendatarios pueden pedirlo conjuntamente.

El Estado ejercerá tutela sobre los propietarios.

La Administración se reserva la facultad de revisar la capacidad productiva del suelo, y si de esa revisión resulta ser superior a la actual en un 20 por 100, se concederá al dueño de la finca un plazo de dos años para que inicie los trabajos de mejora con arreglo al plan que apruebe la Administración.

Al transcurrir dos años de la publicación de la ley, toda persona que estime que el líquido imponible con que figure inscrita una finca es inferior a su capacidad productiva, y que se comprometa a satisfacer una mayor contribución, tendrá derecho a solicitar la expropiación si el propietario no acepta ese aumento en el tributo. Cuando sean varias las personas que soliciten la expropiación, tendrá preferencia el arrendatario en primer lugar, y después las Cooperativas de obreros agrícolas, Comunidades y Juntas de labradores.

Se hace, en esencia, aplicable el anterior régimen a todas las fincas rústicas gravadas con censos, foros, subforos, rabassa morta y cualesquiera otros gravámenes de la misma naturaleza. El poseedor de la finca gravada que acepte el pago de mayor contribución tendrá derecho a la redención del gravamen que pese sobre la finca.

Todo arrendatario que lleve por sí en cultivo la totalidad de una finca durante veinte o más años, o durante treinta cuando menos, en unión de sus ascendientes, y se comprometa a pagar una contribución correspondiente a una renta o líquido imponible superior en un 10 por 100 a la actual, tendrá derecho a expropiarse, previo pago al propietario del precio que resulte de capitalizar al 5 por 100 dicho líquido imponible o renta líquida, más el 10 por 100 de quebranto y precio de afeción. Igual derecho podrán ejercer conjuntamente los diversos arrendatarios de una sola finca. En defecto del arrendatario podrán utilizar esos derechos, en cada localidad, las Cooperativas de obreros agrícolas, Comunidades y Juntas de labradores.

Facilidades para la expropiación.

Mediante el pago al propietario de la cantidad que resulte de capitalizar la renta o líquido imponible al 5 por 100, más el 10 por 100 de quebranto y afeción, podrá el Estado expropiar las fincas rústicas, con el fin de enajenarlas por parcelas, en el precio y en la forma que estime más convenientes para facilitar su adquisición por los cultivadores.