El Progreso agrícola y pecuario (1918-10-31 00:00:00), página 6

creando Centros de todas clases, sin utilidad ninguna para la nación ni aun para el Estado, es injusto, es absurdo lo que se pretende.

Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, han hecho eso porque la guerra los ha colocado en esa extraordinaria situación. España está muy lejos de ella, por fortuna.

En cambio se autoriza a las Empresas de ferrocarriles para elevar sus tarifas en un 15 por 100. Esa es la tasa que emplea este Gobierno con los poderosos. Y esto se hace cuando llevan más de un año esas Empresas ocasionando enormes perjuicios a productores y consumidores, con el enorme retraso en el transporte de mercancías, hasta el punto de que una de las principales causas que han influido en la paralización del comercio vinícola ha sido la falta de medios de transporte.

De modo que por no haber tenido material bastante y adecuado para hacer oportunamente el transporte de mercancías, ocasionando perjuicios grandísimos al particular y a la nación, se las premia permitiéndoles la elevación de las elevadísimas tarifas ferroviarias.

Por si aún falta algo en este inmenso desconcierto, se nos aparece un diario muy popular, muy liberal, muy democrata, etc., pretendiendo que a los empleados del Estado no se les imponga ninguna contribución, que es lo mismo que pretender que los demás contribuyentes carguen con la parte que a ellos corresponda.

Sin duda el precepto constitucional de que todos los españoles tienen el deber de subvenir a las cargas del Estado según sus medios, no reza con ellos o, por el contrario, que tal vez no sean españoles los empleados del Estado.

Adelante, agricultores, muy respetuosos, pero muy firmes en el camino emprendido, para conseguir que la ley sea igual para todos.

M. Tebar Celaya.

El Impuesto de la Plus valía.

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para presentar a las Cortes un proyecto de ley estableciendo un impuesto sobre el incremento de valor de la propiedad inmueble.

Dado en San Sebastián a veinte de octubre de mil novecientos diez y ocho.—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, Augusto González Besada.

A LAS CORTES

La necesidad de obtener la mayor suma de recursos con que hacer frente a los cuantiosos gastos públicos, unida a la consideración de que pocos impuestos descansan en un fundamento tan científico como el que sirve de base al que grava en otras naciones el incremento de valor de la propiedad inmueble, han inclinado el ánimo de Ministro que subscribe a presentar a las Cortes, para su deliberación, el siguiente proyecto de ley.

Es un hecho innegable que en multitud de casos el aumento de valor que obtiene la propiedad territorial obedece a la acción social, y por consiguiente, a circunstancias ajenas por completo a la actividad del dueño de los bienes, y por ello parece obligado que el Estado en nombre de la Sociedad, y por medio del impuesto, venga a participar de ese incremento que se produjo a expensas suyas. El tributo es, pues, en este caso un medio de compensar gastos hechos por terceros para mejorar la condición de los inmuebles.

No tiene, ni lógicamente puede tener ese impuesto, mayor alcance sin destruir el principio que le sirve de fundamento; por ello, cuando se acredite en forma que la existencia de la plus-valía territorial obedece exclusivamente a mejoras realizadas por el propietario, desaparece la razón de ser de la exacción. Y si en parte es debido ese aumento de valor a la acción individual, y en parte a la social, sólo podrá gravar el tributo aquella cantidad que no se deba a esfuerzo o trabajo del propietario del inmueble.

Ante la dificultad notoria para liquidar el impuesto en el momento mismo de producirse el incremento de valor, se sigue en el proyecto el criterio de no conceptuar aquél exigible, hasta tanto que se transmita el dominio o alguno de los derechos que lo integren, o se graven las fincas, facilitándose con ello la percepción del tributo, toda vez que la exacción de éste se encomienda a las oficinas liquidadoras del impuesto de Derechos reales, y en esas dependencias han de presentarse forzosamente los documentos todos comprensivos de actos o contratos, por virtud de los cuales se transfiera o grave la propiedad de las fincas.

En orden a la base liquidable, se determina que la constituirá el aumento de valor, entendiéndose por tal la diferencia entre el valor actual y el anterior, términos éstos para cuya fijación se señalan reglas precisas, procurando armonizar el interés del Estado con el principio de justicia que debe presidir toda exacción.

Por lo que respecta al método del tributo, no ha vacilado el Ministro que subscribe en la adopción del proporcional, atendiendo particularmente al fundamento capital del nuevo impuesto, cuidando al propio tiempo de que el tipo de gravamen pueda ser soportado por todos los predios a que alcanza el impuesto.

Y, por último, aceptando el criterio que en este extremo informó los proyectos que en 1915 y 1916 presentaron a las Cámaras dos dignísimos antecesores del que suscribe, se sujetan periódicamente a tributación los inmuebles que por pertenecer a personas jurídicas de carácter permanente no son susceptibles de transmisión hereditaria, evitando así la injusticia que resultaría si esa propiedad, a la que igualmente alcanza el incremento de valor por la acción colectiva, se sustraerá por su condición especial al pago del tributo que se crea.

Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y autorizado por S. M., tiene el honor de someter a la deliberación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Se establece un impuesto que recaerá sobre el aumento de valor de las fincas rústicas o urbanas que no sea debido a la acción exclusiva de los propietarios.

Art. 2.º Quedan sujetas al pago del impuesto todas las fincas rústicas o urbanas, radicantes en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad o vecindad de los interesados, sin perjuicio de las exenciones que se consignan en el artículo siguiente.

Por lo que concierne a las fincas sitas en las provincias Vascongadas o Navarra, el Gobierno determinará la forma de hacer efectivo el tributo, conforme al Real decreto de