El Progreso agrícola y pecuario (1918-05-31 00:00:00), página 4

También se procurará hacer compatibles los deberes militares de estos colonos y propietarios con las necesidades del cultivo y transformación.

11. Como estado intermedio y de transición entre el régimen actual de la propiedad en los terrenos de regadío y el de subdivisión y transformación a que se aspira, deberá estimularse por la ley con ventajas de orden fiscal la formación de Sociedades exploradoras en cultivo intensivo de las grandes propiedades.

12. A los colonos y pequeños o medianos propietarios que contruyan la colonización del regadío debe imponerse a cambio de las ventajas legales inmediatas que obtengan, como limitación permanente o a largo plazo del dominio, y mediante esta, se adecue el régimen cooperativo para la explotación, reformándose con este fin en sentido conveniente la legislación hipotecaria.

De esta limitación del dominio deberán quedar exentas las Sociedades explotadoras en cultivo intensivo de los terrenos de gran extensión.

13. La aportación de los elementos económicos a la obra colonizadora, debe buscarse, en general, en la conveniencia privada, arbitrando medios de interesarse en aquella obra al ahorro nacional mediante un régimen especial de crédito agrícola para este fin, con garantía hipotecaria y la subsidiariedad del Estado.

14. La concurrencia del ahorro nacional a la obra colonizadora deberá ser en cada caso la prueba de que ésta es posible y de que está bien planteados su problema; pero si por la naturaleza y condición de los colonos, o por el estado previo de los términos de suficiente rentabilidad, la conveniencia pública o el interés nacional de la misma, no aparezcan rentables ante el interés privado con la evidencia deseable, corresponderá al Estado la aportación económica, mediante antígenos amortizables a largo plazo y en signos de crédito especiales, que podrán ponerse en circulación cuando el éxito sea evidente e indiscutible.

15. En el orden técnico agrario debe procurarse que la transformación del secano en regadío, aunque siempre sin limitar la libertad de los colonos, se haga por trámites prudentes, buscando en todos ellos la debida y armónica ponderación del cultivo agrario con la ganadería, y procurando que la ampliación sea superior de aquél no sea a costa del ganado, sino por la transformación progresiva e inteligente del pastoreo en estabulación.

16. Como conclusión de especial interés para Andalucía y de evidente oportunidad, deberá a toda costa procurarse que produzca España todo el algodón que necesita para su industria; siendo esta producción propia del regadío y de los climas cálidos, deberá el Estado establecer inmediatamente en las zonas apropiadas cultivos en grande de ese textil, como ejemplo visible y evidente de la conveniencia de la explotación, facilitando, además, semilla y auxilio para el comienzo de la misma por los particulares.

17. En los casos de ampliaciones de las zonas de riego ya existentes, la obra colonizadora será en general fácil, y casi siempre estándar, sin direcciones ni tutelas de ninguna clase. En todo caso, se procurará establecer en cada una de estas zonas de ampliación instituciones especiales de crédito agrícola, y acordar para la gran propiedad el mismo régimen de severidad tributaria y de facilidad en la expropiación forzosa que se aconseja para las zonas de nueva creación.

Animismos se instaurará para la propiedad que cambie de mano por efecto de disposiciones de privilegio, la limitación de dominio a favor del régimen cooperativo que se propone en la conclusión 12.

18. En toda nueva zona de riego, y cuando convenga, en las ampliaciones, se organizará por el Estado un centro experimental de técnica agraria aplicada al regadío, centro que ejercerá las funciones directivas y tutelares inherentes al régimen de explotación que se adopte, y que deberá estar a cargo, además la administración del agua para el riego en unión de los Sindicatos de regantes y sociedades análogas que nazcan como consecuencia de la transformación de los cultivos.

SECCIÓN 5.a

Ponente: D. Juan Angel de Maderola, Ingeniero de Montes.
1. Al verificar el Servicio de obras públicas los estudios para la formación de los proyectos de construcción de los pantanos y obras similares, debe hacerse a la vez, por el Servicio hidrológico-forestal, el de sus cuencas de abastecimiento a los efectos de la corrección y repoblación de las mismas, ya de sólo la mejora de la cubierta forestal como protección contra los arrastres.

2. Como la medida de llevar a la cuenca de los pantanos los trabajos hidrológico-forestales trae consigo la creación de un importante aumento de riqueza nacional, debe contribuir a su formación el Estado, en proporción semejante a como le hace en las obras de construcción, asegurando en esta forma el perpetuo destino de la cubierta forestal, aumentando su patrimonio y desarrollando dentro de éste un plan de formación de pastazas, en beneficio de la ganadería, en cuantas extensiones sean susceptibles de este destino.

SECCIÓN 6.a

Ponente: D. Pedro M. González Quijano, Ingeniero de Caminos.
1. Tierra de las fincas de dominio particular donde puedan surgir o ser precisadas por las lluvias, las aguas deben ser consideradas como propiedad del Estado, el cual las administrará en beneficio público, concediendo su uso en formas a alcanzar en lo posible el máximo de utilidad social.
2. Esta facultad de concesión, atribución propia del Estado, no deberá ser cedida por éste a Ayuntamientos, Diputaciones ni Mancomunidades, salvo, a lo sumo, cuando se trate de aprovechamientos temporales en pequeñas cuencas con inmediato desagüe al mar y totalmente situadas dentro de la jurisdicción de la Corporación respectiva. El Estado conservará en todo caso el poder de legislar en materia y el de retirar reglas generales sobre el procedimiento de concesión.
3. Admitido el máximo de utilidad social como criterio de preferencia para las concesiones, no puede marcarse un orden riguroso basado solamente en la naturaleza de los aprovechamientos, sino que deben ser también tomados en cuenta la entidad de los mismos y los beneficios presuntos.
4. Siendo variables las necesidades sociales con los adelantos técnicos y las condiciones económicas, las concesiones no deben ser perpétuas e inmutables, sino que deberán sujetarse, según su naturaleza, y de un modo regular, a revisión o a piso, y, ocasionalmente, a revisión por precio de antemano conocido. En particular, un término debe ser señalado a los aprovechamientos de regadío.
5. En los aprovechamientos para riegos el servicio del agua puede hacerse directamente por el Estado, por Empresas particulares o encomendarse a los mismos interesados, sin más intervención del Poder público que la necesaria para asegurarse del cumplimiento de las cláusulas de la concesión. Debe esta última solución ser prefrida, en su defecto, la primera, y, en el último término, la explotación mediante Empresa.
6. Las fórmulas sin perjuicio de terceros ni del derecho de propiedad, indispensables para evitar responsabilidades a la Administración, mantienen en las concesiones una inseguridad que convendría hacer desaparecer o reducir a un mínimo, organizando con mayor amplitud y garantías el registro de aprovechamientos.
7. Este registro debe ser a la vez estadístico y gráfico en forma que queden perfectamente conocidos las zonas regulables y los volúmenes realmente utilizados, con expresión del máximo consumo y de las intermitencias del mismo, a fin de que en todo caso pueda señalarse y evitarse el uso indebido, dando así efectividad al principio que informa la ley de ser el uso productivo la justificación y la medida del derecho al agua.
8. El mejor aprovechamiento de las aguas públicas requiere igualmente un conocimiento lo más completo posible del caudal y desniveles de las corrientes. Urge, por tanto, dotar al servicio de aforos de los recursos suficientes para que pueda ampliar y completar los datos muy apreciables ya recogidos, realizando su objeto con toda la exactitud y precisión de que se haga necesario.
9. El perfecto conocimiento de la situación de derecho y de los recursos disponibles debe ser la base de los progresivos planes generales que el Estado forme, y a los cuales deberán ajustarse todas las concesiones de aprovechamientos, sin perjuicio de las inclusiones que promovidas por la iniciativa particular, se juzgaran procedentes después del debido examen.
Aunque la Administración no asuma responsabilidades por razón de los volúmenes concedidos, la fijación de éstos no deberá hacerse en ningún caso, sin que un estudio previo justifique su posibilidad.
10. Condición esencial de toda concesión de aguas debe ser la relativa a la plana de ejecución de las obras y principio de la explotación, el cual debe adecuarse a lo estrictamente indispensable para el objeto, no admitiéndose prórrogas sino por causas muy justificadas y nunca antes de haber invertido fracción importante del presupuesto.
11. No obteniéndose el beneficio del riego sino por la unión del agua con la tierra, ésta no debe ser obstáculo para que la transformación se lleve a cabo. A este efecto, conviene modificar el art. 197 de la ley de Aguas, en el sentido de no computar la mayoría con sujeción al número de hectáreas de cada propietario, temiendo este criterio con el del voto personal o declarando, desde luego, la utilidad pública del riego a los efectos de la aplicación de la ley de Expropiación forzosa.
12. Para que la facultad de expropiación no resulte ineficaz, convendrá establecer un procedimiento que evite la tas-