El Progreso agrícola y pecuario (1919-01-22 00:00:00), página 5

ro volver a hacer manifestaciones que reiteradamente se han hecho aquí respecto a la materia por otras voces mucho más autorizadas que la mía. Quiero, sin embargo, al hablar de esto, hacer presente el grave perjuicio que se ha causado a los productores agrícolas de España con el régimen de trigos y harinas establecido. Voy a señalar solamente dos hechos por si puede tener remedio.

Ha sido enorme, Sr. Ministro de Abastecimientos, el contrabando de harinas efectuado. Este dato pude: que lo tenga S.S.: en la provincia de Badajoz, el pueblo de Cosoersa, de 200 ó 250 vecinos, se ha llevado en un solo mes 5.000 guías de harinas. Esto se ha hecho público, ha habido reclamaciones y recursos, pero el negocio continúa.

Yo pregunto al Sr. Ministro de Abastecimientos y al Gobierno si es justo poner trabas al precio del trigo y establecer la tasa en beneficio del consumidor; favorecer a los fabricantes de harinas en la adquisición de trigo, para luego explotarlo, realizando pingües negocios. Seguramente que no, y yo espero que el Sr. Ministro de Abastecimientos y el Gobierno cuidarán de poner el oportuno remedio.

Por qué no se tasan los subproductos de la molinería.

Y relacionado con esto, otro ruego. ¿Tiene justificación, Sr. Ministro de Abastecimientos, que estando tasado el trigo, y adquiriéndolo nuestros fabricantes a precio reducido y limitado, tengan libertad y facultad omnímoda para fijar el precio de los subproductos, de los salvados, a su entero capricho y voluntad? ¿Es justo que se esté pagando el trigo a 50 pesetas, y después del margen enorme que tienen de beneficio entre el precio del trigo y de la harina, fijado con larguezza, que resulta un negocio fabuloso, no tenga límite el precio del salvado? Por no molestar a la Cámara no leere cifras para demostrarlo. ¿Es justo que el salvado, que es base de la alimentación para el ganado, no esté sujeto a tasa? Porque en otras naciones, en Francia, por ejemplo, se ha tasado el trigo, pero al hacerlo se han tasado las harinas y todos los subproductos de la fabricación.

Más proyectos de aumento de impuestos.

(Continuación) (1).

Impuesto de alcoholeros.

Art. 54. Los productores de alcoholeros y aguardientes que deseen cooperar a la acción investigadora de la Hacienda, podrán constituir una Delegación facultada para nombrar Inspectores para las fábricas de alcohol y destilerías establecidas o que se establezcan.

El Reglamento determinará las condiciones en que esta inspección habrá de ejercerse.

Art. 55. Se autoriza al Gobierno para arrendar la administración y recaudación del impuesto de alcoholeros con arreglo a las condiciones siguientes:

A) El arriendo se hará por veinte años.

B) El arrendatario percibirá por su gestión un tanto por ciento del producto líquido que anualmente se obtenga, sujeto a una escala variable, según los tipos que siguen:
Hasta 70 millones de pesetas, el 5 por 100.
Desde 70 a 80 millones de pesetas, el 6 por 100.
Desde 80 a 90 millones de pesetas, el 7 por 100.
Desde 90 millones de pesetas en adelante, el 8 por 100.

C) Los gastos del personal que el arrendatario emplee para el desempeño de su cometido serán de cuenta del mismo, y sus plantillas se someterán anualmente a la aprobación del Ministro de Hacienda.

Los dependientes del arriendo tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad; pero sin derecho alguno a que el Estado les reconozca o declare pensión, categoría administrativa ni abono de tiempo de servicios por los prestados a dicha entidad.

D) Las controversias que se susciten entre el arrendador y los particulares, se substanciarán y resolverán por las oficinas de Hacienda en la forma que determinen los Reglamentos.

E) El Ministro de Hacienda ejercerá una intervención directa sobre todos los servicios de la entidad arrendataria, por medio del personal de su departamento dependiente de la Dirección general de Aduanas.

F) La entidad que se constituya tendrá su domicilio en España y estará sometida a las leyes españolas. Los individuos del Consejo de Administración habrán de tener la nacionalidad española y residir en España.

G) Además de la fianza que se exija en el pliego de condiciones para tomar parte en el concurso, la entidad a quien se adjudique el arriendo aportará al cumplimiento del contrato, con el carácter de crédito preferente, el capital social y sus demás pertenencias.

H) Los ingresos por los conceptos que constituyen el impuesto, continuarán efectuándose en las oficinas, plazos y forma que en la actualidad.

I) Al finalizar cada ejercicio económico se hará, en el plazo de tres meses, la liquidación correspondiente, y el arrendador percibirá el canon a que tenga derecho en los quince días siguientes al de la firma de la Real orden motivada que recaiga, que se publicará en la Gaceta de Madrid.

J) El concurso versará, principalmente, sobre la baja del tanto por 100 que se asigna al arrendatario en el apartado B) de este artículo. Los concursantes podrán, además, proponer cualesquiera otras mejoras o ventajas, que serán asimismo estimadas para la concesión del contrato.

K) En el pliego de condiciones para el arriendo se señalarán las causas de rescisión del contrato, y entre ellas el derecho del Gobierno de rescindirlo sin expresar causa, con la indemnización que en aquél se fije, así como cualquiera otra cláusula que acuerde el Consejo de Ministros y no se oponga a las anteriores.

L) En el plazo de un mes, a partir de la promulgación de esta ley, se publicará en la Gaceta de Madrid la convocatoria y el pliego de condiciones para el arriendo, concediéndose dos meses para la presentación de proposiciones. Estas pasarán a una Junta compuesta por el Presidente del Consejo de Estado, en calidad de Presidente; un Diputado y un Senador, designados por el Gobierno; del Interventor general de la Administración del Estado; de los Directores generales de Aduanas, de lo Contencioso, de Agricultura y de Comercio, como Vocales, y de un Jefe de Sección de la Dirección general de Aduanas, nombrado por el Ministro de Hacienda, como Secretario.

La citada Junta resolverá, sin ulterior recurso, todos los incidentes a que dé lugar el concurso, y dentro de los quince días siguientes a la celebración del mismo elevará al Ministro de Hacienda, con su informe, las proposiciones admitidas.

Este formulará su propuesta al Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado en pleno, y el Gobierno aceptará la proposición que estime más conveniente al interés del Estado. Podrá también desecharlas todas, sin que en ningún caso proceda recurso alguno contra su resolución.

(1) Véase el número 1.086.