El Progreso agrícola y pecuario (1918-10-31 00:00:00), página 7

13 de diciembre de 1906 y a lo ordenado por el art. 8.º de la ley de Presupuestos de 11 de julio de 1877, respectivamente.

Art. 3.º Gozarán de exención de este impuesto:
1.º Los inmuebles que sean propiedad del Estado.
2.º Los pertenecientes a las provincias o Municipios que estén afectos a algún servicio de carácter público.
3.º Los templos destinados al culto católico, y las adquisiciones de terrenos para la edificación de los mismos, siempre que la construcción se realice en un plazo que no exceda de quince años, a contar de la fecha de la adquisición, y que conste en el mismo título el fin a que el inmueble se destina.

Art. 4.º Los aumentos de valor gravados con el impuesto serán estimados, para liquidarlo y exigirlo, cada vez que el inmueble sea transmitido, total o parcialmente, entre vivos o por causa de muerte, o bien se realice un acto o se otorgue un contrato concerniente a Derechos reales sobre el inmueble mismo.

Art. 5.º A los fines de este impuesto se conceptúa como aumento, de valor la diferencia que exista entre el valor actual de los inmuebles, en la fecha que se devenga esta contribución, y el anterior que corresponda a esos bienes.

Se reputa valor actual el oficial que resulte de la comprobación administrativa que forzosamente se practicara con sujeción a la legislación del impuesto de Derechos reales, si fuere mayor que el declarado por los interesados, o este último en el caso contrario.

Se entiende por valor anterior respecto a la primera liquidación que se pratique, el asignado a los bienes en el último título, o, si pudiera demostrarse, el que arrojó la comprobación, a los efectos del impuesto de Derechos reales, si resultare superior al entonces declarado; si no existiera ese título, el valor en venta fijado a los inmuebles, o el declarado por los interesados a los efectos de la Contribución territorial, y a falta de esos datos el precio medio de venta, según los existentes en el Registro de la Propiedad o publicaciones de carácter oficial.

Para la segunda y sucesivas liquidaciones se estimará como valor anterior el fijado al practicar la liquidación precedente.

Art. 6.º Para fijar la base liquidable se rebajará del valor actual:

1.º El importe de las mejoras realizadas por el dueño desde que adquirió el inmueble, siempre que esas mejoras, con expresión de su cuantía, hayan sido declaradas con antelación a la transmisión o al gravamen en las oficinas del Avance catastral, Registro fiscal o amillaramiento, o se formule dicha declaración dentro del plazo de tres meses, a partir de la promulgación de esta ley. Respecto a las mejoras que se realicen con posterioridad a la vigencia de la ley, será preceptiva tal declaración a los efectos antes expresados tan pronto como aquéllas se terminen.

2.º El capital de los gravámenes de carácter real y naturaleza perpetua que afecten a los bienes y sobre ellos aparezcan directamente establecidos.

3.º El importe de las contribuciones especiales satisfechas para obras o servicios de utilidad pública que beneficien el inmueble.

4.º La cantidad que el enajenante haya de entregar a un tercero, cuando por la naturaleza especial del derecho transmitido y como consecuencia del mismo sea preceptiva dicha entrega.

Por el contrario, a dicho valor se agregará el importe de las indemnizaciones obtenidas por el dueño o transmitente, desde la fecha de la adquisición del inmueble por la constitución de cualquier gravamen, así como por razón de las desembocaciones o daños experimentados por la finca que la hayan hecho desaparecer, siempre que esas indemnizaciones no se emplearen en la reparación del inmueble.

Por lo que respecta a la segunda y sucesivas liquidaciones, las rebajas o reducciones efectuadas en este artículo no tendrán lugar más que tratándose de aquellas mejoras efectuadas, gravámenes, impuestos, contribuciones sancionadas, cantidades percibidas o indemnizaciones obtenidas con posterioridad a la práctica de la liquidación precedente.

Art. 7.º El impuesto correspondiente al aumento de valor de las fincas pertenecientes a personas jurídicas de carácter permanente se exigirá cada quince años, a partir de la promulgación de la presente ley, salvo que dentro de dicho período se graven los inmuebles, se liberen de cargas, o se transmita el dominio a los derechos que lo integran, caso en el cual se devengará el impuesto al producirse la transmisión o al establecerse o cancelarse el gravamen, en la forma general señalada en las disposiciones que anteceden.

Para determinar el aumento de valor liquidable, se entenderá por valor actual el que sirva o debiera servir de base a la exacción del impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas; y por valor anterior, respecto a la primera liquidación que se practique, el declarado por las entidades propietarias, dentro del año en que se promulgue esta ley, a los efectos de dicho impuesto, si los bienes no se hallaren exentos del pago del mismo, o en el caso contrario, el que expresamente declaren aquellas entidades a los fines que persigue la presente ley, en el plazo de seis meses, a contar desde su publicación.

Si transcurriera ese término sin que formulen dichas entidades la declaración prevista, el impuesto se liquidará sobre el valor actual de los inmuebles.

Para la segunda y sucesivas liquidaciones se estimará como valor anterior el fijado al practicar la liquidación precedente.

Cuando existan causas extraordinarias, debidamente justificadas, podrá autorizarse el pago en cinco plazos anuales del tributo exigido a las personas jurídicas.

Art. 8.º El tipo de gravamen consistirá en el 20 por 100 del aumento de valor de las fincas rústicas o urbanas.

Art. 9.º El impuesto se liquidará a cargo del dueño o transmitente cuando se trate de constitución o cancelación de gravámenes o de transmisiones a título oneroso, y a nombre del adquirente cuando éste reciba los bienes a título lucrativo. Las liquidaciones a que se refiere el artículo 7.º se girarán a cargo de las entidades propietarias.

Si tan sólo se transmite parte del inmueble, además de la liquidación correspondiente al aumento de valor de esa porción, que se practicará con arreglo a lo ordenado en el párrafo anterior, se girará otra a nombre del dueño de la parte no transmitida por el aumento que proporcionalmente deba asignarse a ésta.

La valoración de los derechos integrantes del dominio, al efecto de determinar las bases para la fijación de la parte del impuesto exigible a cada participante, se realizará con sujeción a lo establecido en la legislación del impuesto de Derechos reales. El dominio útil se valorará, a los efectos antes indicados, en la forma que para los usufructos temporales de máxima duración señala la ley del impuesto de Derechos reales, y el dominio directo se estimará conforme a las prescripciones que dicha ley contiene para la valoración del derecho de nuda propiedad.

Excepción hecha de los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, siempre que sean varias las personas obligadas al mismo tiempo, y con rela-