El Progreso agrícola y pecuario (1918-07-22 00:00:00), página 11

Base segunda.

El patrimonio forestal del Estado estará constituido por los montes de su pertenencia, tanto los exceptuados de la venta por la ley de 24 de mayo de 1853 e inscritos en el Catálogo de los de utilidad pública formado en cumplimiento de la revisión ordenada por la ley de 31 de agosto de 1896, como los que siendo también de su propiedad, están hoy a cargo del Ministerio de Hacienda, entre los montes que se incluyen el Patrimonio de la Corona; por los terrenos eriales, baldíos, páramos, estepas, ejidos, márgenes, etc., que no pertenezcan a entidades públicas ni a particulares; por la parte de terrenos y montes que le correspondan en calidad de reintegro por los antiguos hechos para la repoblación y mejora de montes públicos o privados, según se indique en las bases tercera y cuarta, y finalmente, por las fincas rústicas que resulten de su propiedad por acciones judiciales o administrativas, donaciones, accesiones, expropiaciones, etc., y las considere necesarias para determinados servicios forestales de carácter nacional.

El patrimonio forestal de los pueblos y establecimientos públicos se considerará formado por los montes que son de su pertenencia, tanto los catalogados como de utilidad pública en virtud de las leyes arriba citadas, como los que hoy dependen del Ministerio de Hacienda en calidad de dehesas boyales, montes de aprovechamiento común o enajenables.

Todos los montes públicos regidos actualmente por la Sección facultativa de Montes del Ministerio de Hacienda pasarán a depender del Ministerio de Fomento, y en su consecuencia, quedará afecto a éste todo el personal facultativo y subalterno que no sea indispensable para ultimar las ventas y desempeñar los restantes servicios de la Hacienda nacional.

Se procederá con toda urgencia a la formación de un Catálogo general de montes públicos, revisable cada diez años, en el que figurarán las fachas del patrimonio forestal del Estado, y los montes eriales, baldíos, páramos, estepas, ejidos, márgenes, etc., que pertenezcan a los pueblos y Establecimientos públicos.

Base tercera.

Los terrenos del patrimonio forestal del Estado se someterán, en lo posible, a servicios técnicos intensivos.

Los montes de los pueblos y Establecimientos públicos serán objeto por parte de la Administración de la elaboración de planes técnicos de plantación y aprovechamiento de diferente intensidad, según sus condiciones. Si son susceptibles de dar rentas suficientes para sufragar el importe de sus mejoras, se regirán por proyectos de Ordenación, deducidoándose para éstas, como máximo, hasta el 25 por 100 de la renta total, y el sobrante se entregará a la entidad propietaria; si hubiera necesidad de gastar más de la cuarta parte de la renta y no conviniera a la propiedad hacer mayor desembolso, se suplirá la diferencia por el Estado, que se irá reintegrando paulatinamente de este anticipo. Si los montes no dan rentas suficientes para costear sus mejoras, serán sometidos a planes de restauración, durante los cuales la propiedad podrá percibir las rentas integrales y el Estado anticipará el plan de mejoras de los gastos se reintegrará, con exención de los fondos del personal facultativo y de guardería, una vez restaurados los montes.

Se concederá derecho preferente a las entidades propietarias, respecto a sus predios, para formar los proyectos de Ordenación y Restauración, así como para ejecutar los planes de aprovechamientos y mejoras, entendiéndose que, aparte las consideraciones de orden técnico, se dará preferencia para estos proyectos a los montes pertenecientes a entidades que al solicitarlo del Ministerio de Fomento ofrezcan mayores facilidades y garantías para el estudio y ejecución de los mismos.

Se activará el deslinde y anotamiento de todos los montes públicos, y se efectuarán en ellos las operaciones de redención de servidumbres, consolidación de posesiones, permutas, etcétera, que tiendan al saneamiento de su propiedad.

Base cuarta.

Estará a cargo del servicio hidrológico-forestal la conservación y fomento de los montes protectores definidos en el artículo 1.º de la ley de 24 de junio de 1908.

Tan pronto como el dueño de un terreno lo solicite y así lo ordene el Administrador, se juzgue necesario, previos los estudios de interés oportunos, se hará por Real decreto la declaración de monte protector. Con tales declaraciones se iniciará se iniciará por provincias el Catálogo de montes protectores, sin perjuicio de que la Administración concrete los estudios en las zonas que estime más urgentes y a medida que el presupuesto lo permita.

Además de las repoblaciones que voluntariamente costeen los dueños de montes protectores a que se refiere el artículo 3.º de la ley de 1908, se llevarán a cabo por el Estado, siempre que lo estime necesario, trabajos obligatorios en terrenos que adquirirá previamente, cualquiera que sea su pertenencia, mediante la declaración de utilidad pública y los trámites de la expropiación forzosa. Sin embargo, cuando las cantidades públicas propietarias quieran conservar la propiedad de sus montes y no se opongan a ello, consideraciones de interés más general de trabajo serán efectuadas por el Estado, que se reintegrará en su importación el importe de la utilidad plena de producción. Para la liquidación definitiva se incluirá el coste de adquisición de encuadernaciones y reedificación de servidumbres, y se incluirán los gastos de personal tóxico y de guardería, así como los de corrección de torrentes, que deben considerarse como obras públicas, en relación a su general trascendencia.

Salvo en casos de urgente necesidad, los trabajos hidrológico-forestales empezarán en terrenos de carácter público, y entonces podrán acortarse antes de que se ultime el expediente de expropiación. Si tuese necesario vedar al pastoreo una superficie mayor de la que señala el art. 8.º del Real decreto de 7 de octubre de 1901, se indemnizará a la entidad propietaria, según lo previsto, por el exceso de superficie afectada. En todos los casos se dará la importancia debida a la intensificación y mejora de los pastos.

La conservación y aprovechamiento de los montes protegidos de particulares seguirán ajustándose a los preceptos contenidos en los artículos 6.º, 7.º, 8.º y 9.º de la ley de 24 de junio de 1908.

Base quinta.

El Estado procurará el fomento de la riqueza forestal privada:

a) Por medio de premios en metálico que serán objeto de concursos anuales entre los particulares que más se señalen por los trabajos de carácter forestal que realicen en fincas de su propiedad.

b) Subvencionando a Sociedades, Sindicatos, Comunidades de Labradores, Sociedades Económicas, Cámaras Agrícolas, Asociaciones escolares, Cajas rurales y entidades análogas, por sus esfuerzos en pro de la conservación y fomento de la riqueza forestal española.

c) Concediendo plantas y semillas al precio de coste, para lo cual se creará un vivero forestal en cada capital de provincia que no lo tuviera y se instalarán los arbóreos necesarios para la naturalización de especies exóticas valiosas.

d) Difundiendo la enseñanza forestal por medio de conferencias, folletos, revistas, informaciones, cursos prácticos, etcétera, a cargo del personal técnico y auxiliar.

e) Previendo y combatiendo las plagas de los montes y terrenos forestales, cuyo objeto figurará en presupuestos un crédito, se fijará por la ley especial, complemento de la vigente sobre Plagas del campo, en forma y cantidad con que haya de contribuir la propiedad privada.

f) Tomando medidas preventivas contra los incendios y ayudando a su extinción, para lo cual se declarará obligatorio el concurso del personal técnico y de guardería, Guardia civil, vecinos residentes en el monte y autoridades locales civiles y militares.

g) Estimulando la sindicación de propietarios contiguos para que abran vías de saca, industrialicen las primeras materias, mejoren las condiciones comunes de compraventa, etc.

h) Fomentando la constitución de Sociedades de seguro de los montes contra los incendios y de entidades que dediquen el crédito a las inversiones sobre montes de derecho forestal.

Art. 3.º El Ministerio de Fomento dará cuenta a las Cortes del cumplimiento de esta ley y dictará e breve plazo el Reglamento y demás disposiciones necesarias para su ejecución.

Art. 3.º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley, y se procederá a la codificación de la legislación forestal que resulte vigente.

Madrid 17 de julio de 1918.—El Ministro de Fomento, Francisco Cambó.

La prohibición de exportación del ganado caballar y mular

REAL ORDEN

Resultando cada vez más acentuada la carestía de los ganados caballar y mular, e importando prevenir la contingencia de que al amparo del régimen de grano varen hoy vigente pueda realizarse una exportación de tal entidad que origine daños irreparables a la remonta y a los intereses de la ganadería e industrias nacionales,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del de la Guerra y de la Comisión general de Abastecimientos, se ha servido disponer que a partir de los tres días siguientes al de la publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid, quede prohibida la exportación de los ganados caballar y mular.