El Progreso agrícola y pecuario (1918-07-22 00:00:00), página 10

7.º Se dará cuenta en Consejo de Ministros de los reglamentos y disposiciones para aplicar esta ley, así como el Gobierno la dará a las Cortes del uso que haga de las diversas autorizaciones que ella contiene, a cuyo efecto queda autorizado para subsanar aquellas omisiones que hiciere necesario el desarrollo de estas bases.

8.º Se considerarán subsistentes en todo cuanto no fueren incompatibles con la presente ley las disposiciones vigentes en la materia.

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Las enseñanzas en las Escuelas de Peritos Agrícolas.—Por el Ministerio de Fomento se ha publicado la siguiente Real orden:

Ilmo Sr.: Vistas las consultas que a V. I. han dirigido los Directores de las Escuelas de Peritos agrícolas, sobre si la enseñanza debe adaptarse a las prescripciones que determina el Real decreto de 6 de agosto último y el informe emitido por la Junta Consultiva agronómica,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.º Que los aspirantes a ingreso en las Escuelas de Peritos agrícolas deben efectuarlo y seguir desde la próxima convocatoria de septiembre el plan de enseñanza que determinan los artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Real decreto de 6 de agosto de 1917.

2.º Para poder matricularse en las dichas Escuelas no será necesario pertenecer a las provincias que abarque la correspondiente Región en donde esté en funcionamiento la Escuela.

3.º Los alumnos que se encuentren cursando sus estudios con arreglo al plan de enseñanza del Reglamento aprobado por Real decreto de 23 de mayo de 1913, continuarán con él hasta la terminación de la carrera.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 3 de julio de 1918.—Camilo.
Sr. Director general de Agricultura, Minas y Montes.

FOMENTO FORESTAL

Más proyectos del Ministro de Fomento.

A LAS CORTES

Todas las superficies cubiertas de vegetación espontánea no susceptibles económicamente para el cultivo agrario permanente, o aquellas que siéndolo deban dedicarse al cultivo forestal por razones de utilidad pública, forman parte de la tierra forestal.

La suma de estas superficies bien puede decirse que constituye el patrimonio forestal español, y si tenemos en cuenta las grandes extensiones de terreno que por causas que no son de este momento detallar, se hallan completamente desprovistas de toda vegetación arbórea y arbustiva y que sólo sustentan la característica de las estepas, bien definida quedará la necesidad de que por los Altos Poderes del Estado se provea a la conveniencia de vestir esas superficies a todo trance, procurando que crezcan en ellas plantas pratesas, plantas arbustivas o plantas maderables, aquellas que sea posible; todo menos que permanezcan desnudas y sujetas a la acción erosiva de las aguas, que no encontrando obstáculo alguno que las retenga, se desvían en dirección de los ríos y corrientes de agua de nuestra Patria, llevando el mar millones de buena tierra definitivamente perdidos para la economía del patio solar.

Para lograrlo precisa que la ciencia forestal se preocupe de resolver este problema, respetando todos los intereses surgidos a consecuencia de la diversa situación en la propiedad de esas mismas superficies, procurando sacar en cada caso especial el mayor provecho posible para el país. Y como por su pertenencia esos mismos suelos eminentemente forestales pueden pertenecer al Estado, a los Establecimientos públicos, a los pueblos y a los particulares, resultará por su misma naturaleza que ese patrimonio forestal español ha de examinarse como patrimonio forestal del Estado, patrimonio forestal de los pueblos, patrimonio forestal de los Establecimientos públicos y patrimonio forestal de la propiedad privada.

Al hacer el inventario de estos patrimonios, al catalogarlos, claro es que hay que dejar bien delimitados aquellos que deben ser incluidos en el Catálogo del Estado, de los pueblos y Establecimientos públicos sujetos a tutela, y aquellos que pertenezcan a la propiedad privada, catalogándolos, delimitándolos, amojonándolos, procediendo a purificar su propiedad, mediante la redención de servidumbres, a la consolidación de dominios favoreciendo las permutas útiles, a cuento, en una palabra, pueda contribuir a definir, a precisar y a singularizar bien estas tres clases del patrimonio forestal.

Pero como la cuestión de los montes puede presentar también en las cabeceras de las cuencas de los ríos otro aspecto perfectamente definido en la ley de 24 de junio de 1908, precisa también definir pronto aquellos montes que no perteneciendo al patrimonio del Estado deban o hayan sido adquiridos por éste mediante expropiación por causa de utilidad pública para ser declarados montes protectores, y aquellos otros que siendo reconocidamente montes de propiedad privada y estando situados dentro de la zona forestal, deban ser declarados de utilidad pública.

A todos, entiende el Ministro que tiene el honor de presentar este proyecto de ley, que debe extender su acción al Poder público, pero de muy distinta manera, porque al paso que en los montes del patrimonio del Estado y que procurar intervenir, todo lo posible la acción de la Administración pública mediante las Ordenanzas, deben distinguirse los montes que forman el patrimonio de los pueblos y de los Establecimientos públicos, los que por su naturaleza, por su rendimiento actual, pueden pagar todas las reformas que la Ordenación persigue, de aquellos que por la escasez de su rendimiento o por la situación actual de sus masas forestales, sólo puedan ser atendidos mediante un régimen de restauración mucho más científico que los actuales plazos anuales de aprovechamiento, pero sin alcanzar la intensidad de servicio indispensable a una buena Ordenación.

En los montes que constituyen el patrimonio forestal privado la acción del Estado debe limitarse a las reglas precisas de policía para que no sufra deterioro el área forestal productiva, dejando totalmente libres todos aquellos montes de la propiedad forestal privada que no estén específicamente comprendidos dentro de esa zona productora.

En éstos, en los de propiedad particular no incluidos en la zona de montes productores, debe ser totalmente libre el derecho privado de su propiedad; pero en casos de anormalidad económica y sólo dentro de ella y mientras dure ha de reservarse al interés público y mediante ley expresa en cada caso especial la acción fiscalizadora y conveniente del Estado.

Pero conviniendo a la economía general el fomento de esos montes de propiedad privada, deberá ser del Estado procurar por medio de alientes, premios, servicios, ayudas y suministro de plantas, semillas gratuitamente, de existir la más posible el cultivo forestal privado, porque no cabe olvidar que el suelo del estado español es eminentemente forestal, dado lo quebrado de su topografía, dada la altura que alcanzan las grandes montañas, la altura media de muchas laderas y el curso rápido de todas las corrientes de agua que desde ellas se despeñan para llegar rápidamente al mar.

Además se propone el Ministro que suscribe presentar a las Cortes una reorganización completa del personal de Guardería forestal y piscícola, base necesaria de toda reconstrucción forestal; sin ella no habrá montes, sin montes no prospera la ganadería y sin ganadería no cabe tampoco el verdadero progreso agrícola.

A partir todas esas necesidades con respeto absoluto del derecho de propiedad, no solamente del propietario, del particular, sino de los pueblos y de los Establecimientos públicos, van dirigidas las seis bases que forman la substancia de este proyecto de ley que el Ministro que suscribe tiene el honor de presentar a la deliberación de las Cortes.

PROYECTO DE LEY PARA EL FOMENTO DE LA RIQUEZA FORESTAL DE ESPAÑA

Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de Fomento para que provea el desarrollo de la riqueza forestal española, con arreglo a las siguientes bases:

Base primera.

La riqueza forestal, cuya conservación y desarrollo es el objeto de esta ley, se considerará constituida:
1.º Por el patrimonio forestal del Estado.
2.º Por el patrimonio forestal de los pueblos y establecimientos públicos.
3.º Por los montes y terrenos forestales que, según el artículo 1.º de la ley de 24 de junio de 1908, cualquiera que sea su dueño, se hallen situados en la zona forestal de utilidad pública y deban, por consiguiente, declararse montes protectores.
4.º Por los montes de propiedad privada situados fuera de la zona forestal de utilidad pública.
Los montes de los tres primeros grupos estarán sujetos a las restricciones y disfrutarán de los beneficios consignados en la legislación forestal. Los del cuarto grupo sólo estarán sometidos a las reglas generales de policía, podrá podrá disfrutar de los beneficios que se consignan en la base quinta de este proyecto. En circunstancias excepcionales podrán, sin embargo, ser sometidos también a determinadas restricciones que se puntualizarán en leyes especiales.
Par: los efectos de esta ley se considerarán como terrenos forestales todos aquellos que, cubiertos de vegetación espontánea, no sean susceptibles económicamente de cultivo piemontano o que, aun dedicado, deban dedicarse al forestal por razones de utilidad pública.