El Progreso agrícola y pecuario (1917-10-07 00:00:00), página 6

facilitados por los Póstitos, se llega a la suma de 42,4 millones, que es el total del dinero entregado en préstamo a la clase agricultora.

Bastan las cifras consignadas para demostrar el menguado desarrollo de estas Asociaciones en comparación con el número de agricultores, la limitadísima labor que realizan, porque aun cuando ésta en los Estatutos abarca muy diversas funciones, bien puede afirmarse sin miedo a error que su actuación se limita a buscar dinero, comprar abonos, y algunas a suministrar productos de consumo, como las Cooperativas.

Una industria como la agrícola, que por sí sola representa una producción anual cuyo valor es la mitad aproximadamente del total de toda la riqueza del país, que es la primera y más importante de todas—afirmación que repetimos constantemente,—no ofrece garantía suficiente para que el primer establecimiento de crédito le suministre más de cuatro millones escasos de pesetas, suma verdaderamente irrisoria, y aunados Asociaciones, entidades bancarias y Póstitos no rebasan la cifra de 42,4 millones de pesetas, para fomentar una riqueza que es la que desarrolla y alimenta todas las otras.

Antes de la guerra, el capital prestado a la agricultura alemana ascendía a la suma de 10.000 millones de marcos, y aun cuando esta cifra sirva para establecer comparación, vamos a dar una idea del capital necesario para fomentar la riqueza agrícola.

En nuestro país se siembran anualmente de trigo 4,1 millones de hectáreas, cuya producción media no rebasa la cifra de nueve quintales métricos por hectárea en años buenos; en el corriente, en comarcas extensas, no llega ni a seis, y supondremos que de éstas sean sólo 3,5 millones los que precisen mejorarse en labores, abonos y cultivo para forzar la producción haciéndola lucrativa. El labrador hoy, por carecer de medios principalmente, no invierte para este cultivo, descuidadísimo e imperfecto, más de 200 pesetas por hectárea, y necesita duplicar esta suma para forzar la producción; pues para sólo este cultivo supone un adelanto de 700 millones de pesetas anuales. De montes y pastos hay 24 millones de hectáreas que mejorar, y aunque sólo se le asignen 100 pesetas por unidad, son 2.400 millones; la extensión del riego, que exige un adelanto por lo menos de 400 pesetas por hectárea, sólo para el cultivo, construcciones de todas clases para hombres y ganados, almacenes que exigen capitales a muy bajo interés y de reintegro lentísimo, todo esto, que no puede hacerse en tanto que la estabilidad y permanencia del agricultor no esté garantizada por la ley y no sujeta al capricho de un propietario ignorante y codicioso, precisa que los millones se cuenten por millares.

Ya hemos visto por el extracto que antecede de la Memoria descriptiva-estadística social agraria publicada por el Ministerio, cuán distanciados estamos del verdadero progreso agrícola, y es lo peor de todo ello que a las reformas inexcusables sobre concentración parcelaria, parcelación de los latifundios, régimen fiscal sobre la propiedad, asentado hoy en todas las naciones de mayor progreso, se las quiere sustituir por decretos que no afectan a la esencia del problema de vida efímera e ineficaz, porque la gran masa permanece alejada por no hallar remedio ninguno a sus más apremiantes necesidades. Una de las estadísticas más instructivas sería la de hallar la relación entre estas resoluciones ministeriales y la emigración de la clase agrícola que trabaja la tierra. Seguramente vendría a corroborar lo que nos ha demostrado la Memoria que comentamos.

José Cascón.

Intervención del Estado en los montes de particulares.

Restricciones al derecho de la propiedad privada sobre los montes altos.

III

España.—De todo lo que hemos expuesto se deduce, en resumen, que la mayoría de las legislaciones europeas admiten y establecen el derecho del Estado a regular el disfrute de los bosques. Veamos ahora lo que en España se ha decretado sobre el tema.

Prescindiremos de restricciones antiguas, que se inspiraban en principios distintos, como la Real cédula de 28 de junio de 1747, relativa a los montes del Senorio de Vizcaya, en la que se disponía que nadie pudiera cortar un árbol sin plantar dos, y que los que hubieran hecho cortas en los diez años anteriores estaban obligados a repoblar los terrenos en que las hubiesen efectuado.

El Real decreto de 1901 sobre el servicio hidrológico-forestal dispone que las obras y trabajos objeto del mismo serán declarados de utilidad pública para los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos, cualquiera que sea el carácter que éstos ostenten respecto a su propiedad. Es decir, que considera los trabajos de restauración forestal como cualquiera otra obra pública, un ferrocarril, por ejemplo, sin consignar limitación alguna de carácter especial.

Ley de 1908.—La ley de 24 de junio de 1908 instituye entre nosotros el concepto de montes protectores, considerando como tales los terrenos públicos o privados que satisfagan determinadas condiciones: cabezas de cuencas hidrográficas, regularización del régimen de las aguas pluviales, retención de tierras y rocas, fijación de dunas, protección de vías, canales y abastecimientos potables, saneamiento de pantanos, permanencia de condiciones higiénicas y económicas de centros rurales, etc.

Esta ley pretende dar facilidades para la repoblación de los terrenos comprendidos en dicha zona, y si se trata de fincas arboladas obliga al propietario a aceptar un plan dasocrático para los aprovechamientos, interviene después tan sólo la Administración en cuanto sea preciso para la inspección y vigilancia que aseguren la permanencia de las masas forestales.