El Progreso agrícola y pecuario (1917-08-07 00:00:00), página 6

sión de los fraudes. Es ella la que ha permitido en Francia recobrar en pocos años el tiempo perdido en esta materia y ocupar brillantemente un puesto—como observaba el Sr. Tortelli en 1909 (1)—a la cabeza del movimiento dirigido contra un mal que constituye, debido a los progresos de la Química, un verdadero peligro económico, causa de mala venta y de desórdenes.

El Reglamento de 31 de julio de 1906, adoptado para la aplicación de la ley prescrita, es el primer texto que creó en Francia un procedimiento de toma y análisis de muestras, e instituyó un Servicio de Estado encargado de investigar y comprobar el fraude con el concurso de los Departamentos y de los Municipios. Este Reglamento está siempre vigente, y si pronto será preciso introducir en él algunas modificaciones sobre ciertos puntos (a causa también de los complementos aportados a la ley de 1905 por las leyes posteriores), sus principios esenciales parecen definitivamente establecidos. He aquí cuáles son estos principios:

En virtud del Reglamento de 1906, las tomas de muestras pueden efectuarse en todas circunstancias en los almacenes, tiendas, carrajes que sirven para el comercio, en las plazas, ferias, mercados y mataderos, en los desembarcaderos o puertos de partida o de llegada; la ley de 28 de julio de 1912, añadió a esta enumeración los cuartos bajos, las bodegas y, en general, todos los lugares de fabricación donde están detenidos para la venta productos sometidos a la inspección.

Cada toma de muestras se efectúa en cuatro muestras que son selladas y enviadas a la Prefectura del Departamento, donde tiene lugar la operación. Una de estas muestras se transmite por la Prefectura al Laboratorio competente, bajo un simple número de orden, para evitar que, conociendo el nombre del comerciante interesado, el químico pueda estar expuesto a recomendaciones o a presiones. Cuando los resultados del análisis son favorables al producto, se da aviso de ello a la persona o casa productora, que puede solicitar el reembolso de las cuatro muestras tomadas. Si, por el contrario, se formula por el Laboratorio una presunción de fraude, la Prefectura transmite el expediente y las tres muestras que ha conservado en depósito al Procurador de la República.

Este Magistrado puede juzgar la causa sin darle curso, si estima que la presunción de fraude no es suficientemente fundada; puede, en cambio, abrir una instrucción judicial durante la cual se practica una pericia contradictoria del producto litigioso; una de las tres muestras restantes se remite al perito elegido por el Juez de instrucción, otra al perito designado por el inculpado, y la última se reserva para un arbitraje eventual, en el caso en que los dos peritos de que se trata no estén de acuerdo entre sí. Solamente cuando la pericia contradictoria ha confirmado la existencia del fraude o de la falsificación, el autor presunto del delito es citado a comparecer ante el Tribunal correccional competente para aplicarle las penas de la ley de 1.º de agosto de 1905.

Tales son las reglas fundamentales del procedimiento establecido en Francia por el decreto de 31 de julio de 1906, para la investigación de los fraudes y de las falsificaciones.

Se ve que este procedimiento supone la intervención de una doble serie de órganos antes de toda instrucción judicial:
1) agentes encargados de tomar muestras sobre los diferentes productos a inspeccionar (1);
2) Laboratorios a los cuales está confiado el análisis de estas muestras.

Por lo que se refiere a los Agentes, el decreto de 1906 ha indicado que pudían ser elegidos, para efectuar las tomas de muestras, preferiblemente los Comisarios de policía, los Comisarios especiales de policía de ferrocarriles y de puertos, los Inspectores de plazas, ferias, mercados y mataderos, los Agentes de contribuciones indirectas y de Aduanas con ocasión del ejercicio de sus funciones, y los Agentes comunales o departamentales designados por los Prefectos. En cuanto, por otra parte, a los Laboratorios, el decreto de 1906 indicaba tan sólo que los de los departamentos y de los Municipios podían ser designados por el Estado para efectuar, concurrentemente con los establecimientos del Estado, el análisis de las muestras tomadas. Ninguna disposición fijaba la organización del servicio Central, de donde debían derender estos diferentes rodajes administrativos.

Las previsiones de la ley de 1.º de agosto de 1905 y del decreto de 31 de julio de 1906, hubieran podido permanecer por mucho tiempo letra muerta, porque ningún crédito especial había sido votado entonces por el Parlamento para facilitar la creación del servicio de la represión de los fraudes. Era preciso que el Gobierno realizase la nueva organización con recursos muy limitados. La ejecución de esta tarea difícil tuvo confiada más particularmente al Ministro de Agricultura, que era, en esta época, M. Rau. Este encargó a M. Eugène Roux, doctor en Ciencias, actualmente Director del servicio, estudiar, en calidad de Inspector general de los Laboratorios, las condiciones en las cuales podía funcionar el servicio nuevo.

M. Roux investigó cuáles eran entre los Laboratorios existentes (Laboratorios municipales o departamentales, Estaciones agronómicas, Laboratorios agrícolas) los que poseían un personal y un material sufi-

(1) En la actualidad, estos Agentes deben limitar su vigilancia a las bebidas, géneros alimenticios y productos agrícolas (simientes, abonos, productos antipatógenicos, etc.), cuyos fraudes importa más particularmente reprimir. Sólo excepcionalmente y previas instrucciones especiales o denuncias, intervienen para otras materias, como les da derecho a ello la ley de 1.º de agosto de 1905, que se aplica a todas las mercancías. En cuanto a los productos medicamentosos, su inspección depende de un servicio especial: la Inspección de las farmacias. (Las muestras son tomadas por Inspectores que tienen el diploma de farmacéutico y son analizadas en los Laboratorios de las Escuelas de Farmacia designadas al efecto.)