El Progreso agrícola y pecuario (1917-10-07 00:00:00), página 7

Si el particular no se aviniese a esta ingenericia, el Estado se reserva el derecho de acudir a la expropiación forzosa para adquirir la plena propiedad.

Este es en realidad el único intento de limitación que a la libre disposición de los montes privados ofrecen nuestras leyes.

Claro es que no nos ocupamos ahora de la prohibición temporal de cortas en la faja colindante con monte público declarado en estado de deslinde, porque además de su carácter provisional responde a un criterio de indeterminación de los perimetros contiguos.

A los efectos de que nos ocupamos, la ley de 1908 no habla para nada de los montes no protectores, y en cuanto a los protectores arbolados, les ofrece la dirección técnica y con ella un plan científico de aprovechamiento; pero nada más.

No se impone en ningún caso ni trata de evitar las talas desenfrenadas ni las roturaciones codiciosas. Carece de eficacia preventiva contra males que pudieran ser irreparables. Lleva a su máximo el respeto a los derechos dominicales, y únicamente, cuando el propietario no se aviniese a una elemental y prevísora intervención que sólo provechos pudiera acarrearse, es cuando el Estado puede optar por acudir a la expropiación forzosa.

Disponemos, pues, de un Cuerpo legislativo respetuoso y científico, que llega a coartar los privilegios dominicales cuando aparecen en pugna con intereses colectivos.

In cumplimiento de lo legislado.—Lo malo es que esta ley, inspirada en amplios ideales, no se cumple. Ni una sola vez ha sido aplicada en los nueve años que lleva en vigor.

¿A qué se debe? De un lado, muy principal, a falta de interés de los elementos directores que no la han dado efectividad en los presupuestos del Estado. De otro, a su excesiva amplitud, exagerada y torcida en el Reglamento, según el cual casi toda España sería revisada con carácter protector.

Si los franceses no han incorporado a sus leyes esa idea de protección, entendida en la forma antedicha, ha sido precisamente por su carácter de generalidad. En cambio se han circunscribo a perimetros especiales de restauración—como nuestro decreto de 1901—donde los daños son más sensibles y el remedio más urgente. Nosotros, por tratar el problema bajo un punto de vista más general, por querer abarcar toda la zona forestal propiamente dicha, nada hemos hecho en definitiva. Por eso la ley española ha sido calificada con justicia como «verdadero monumento de esterilidad burocrática» (1).

Medidas preventivas.—Nosotros creemos que mientras no se realice la expropiación a que la ley se refiere, deberán tomarse medidas preventivas que garantizan la conservación de los montes considerados como protectores. La expropiación es un método laborioso en sí, y además de lento empleo por los gastos que re-

presenta. Sería, pues, absurdo dejar perder mientras tanto una riqueza que después se va a reconstituir a fuerza de tiempo y de dinero.

Luego, como medida provisional que a la expropiación preceda, debiera decretarse, a nuestro juicio, la regulación forzosa de los aprovechamientos en los montes protectores de propiedad privada.

¿Qué menos puede hacer el Estado una vez que ha declarado el carácter público de un monte?

Y no se hable de compensaciones, que en el derecho público moderno estas medidas de policía no exigen la indemnización previa. ¡No es bastante la garantía de un aprovechamiento ordenado, único que puede asegurar—hasta donde esto es posible—la permanencia de la finca? Si así no se creyera, medios sobrados tiene el Estado—desde la exención de impuestos—de compensar equitativamente esta obligación de hacer disfrutar de un modo ordenado los aprovechamientos maderables.

Montes protectores.—La impresión final que deja el estudio de las legislaciones citadas, que se inspiran, indudablemente, en la ciencia moderna, es la división de todos los terrenos de un país, lo mismo públicos que privados, en dos grandes categorías, incluyendo en la primera aquellos montes (protectores) que cumplen una misión marcadamente social, por cuya razón son objeto de toda clase de medidas conluctantes a la conservación o creación de su vuelo. En general son de montaña o se hallan en situaciones inestables. El Estado los expropia o indemniza al propietario si limita sus derechos (1). Si tiene interés en que un monte de un particular no se tale y está enclavado en la zona protectora, lo adquiere amigablemente o por expropiación. La legislación forestal española, por consiguiente, acepta el principio y sólo falta que esa ley de 1908 se cumpla.

Montes no protectores.—El otro grupo lo forman los demás montes de particulares que no están en condiciones de ejercer misión protectora. Respecto a ellos, unas legislaciones regulan el jus utendi e impiden el jus abutendi de un modo terminante, castigando las talas generales y aun los cortas abusivas; otras, exigen la repoblación inmediata, y en casi todas ellas, a costa de multas elevadas, se prohíbe la roturación de montes altos sin avisar previamente a la Administración, a fin de que ésta pueda preavarse contra daños posibles o llegue al oportuno concierto con el propietario. Esta limitación al derecho privado por interés público, puede decirse que es general en Europa y que se impone casi siempre sin indemnización. No existe nada semejante para otras clases de propiedad, lo que demuestra el carácter especial de los montes altos y el interés colectivo que toda la Europa culta asigna a su conservación. En ninguna parte la actitud del Estado, frente a la riqueza forestal, es compatible a la que adopta con otras formas del dominio privado. El interés

(1) Incidentalmente indicaremos que la expropiación de montes equivale a una colocación casi a interés compuesto del dinero del Estado.