El Progreso agrícola y pecuario (1917-10-22 00:00:00), página 6

podido observar en varias provincias de las de la meseta central, es lo más general, tiene la capital importancia de ocurrir en todo el período de vegetación de los cereales. Es, pues, lo más favorable que puede ocurrir dentro de la adversidad del clima seco que caracteriza la región del cultivo de secano.

Puede verse, pues, como consecuencia de lo dicho, que el caso más general, en cuanto al agua caída, está expresado por la media de lluvia de 413 milímetros, y el caso más adverso es el de un año en que ha llovido 275 milímetros. En cuanto a este caso, observe que en los años anterior y posterior llovieron 589 y 534 milímetros, haciendo una media entre los tres años de 466 milímetros.

Con este agua caída es, pues, con la que hay que contar para los cálculos que hagamos de previsión de cosecha posible.

Y aquí viene como rodada la consideración de la necesidad del estudio de las cualidades de la tierra, puesto que ya tenemos el de aquello que tanto influye en ellas y que determina las condiciones de la vida de la planta.

Las cualidades de la tierra para la producción vegetal, por sí misma y en relación con los fenómenos externos que pueden hacerlas variar, es lo que debe entenderse por fertilidad.

Generalmente, hasta ahora se ha tomado por fertilidad la riqueza de la tierra. La riqueza de la tierra no es más que una de las condiciones necesarias para la fertilidad. Esta depende de la humedad, de la profundidad, de la continuidad y de las condiciones físicas y de la riqueza del suelo.

GUILLERMO QUINTANILLA,
Ingeniero agrónomo,
Director de la Estación agronómica,
Profesor de la Escuela especial
de Ingenieros agrónomos y agricultor.

Intervención del Estado en los montes de particulares.

Restricciones al derecho de la propiedad privada sobre los montes altos.

IV

Bases de esta opinión.—Ateniéndose al momento presente, creemos que no puede pensarse en medida alguna, si se quiere que prevalezca, que no descansen sobre estos dos principios fundamentales:

1.º Respeto absoluto al derecho de propiedad individual; y

2.º Toda medida contraria al derecho común que contra él se adopte deberá ser excepcional y justificada.

A nuestro juicio hay una limitación mínima, que desde luego debiera implantarse entre nosotros de un modo radical y terminante, al igual que en toda Europa, y es la obligación, por parte de los dueños de las fincas arboladas, de avisar previamente a la Administración forestal cuando hayan de hacer talas de determinada importancia. Más que restricción, es una sencilla medida de previsión y policía, una formalidad administrativa en general. Permite al Estado tomar precauciones para evitar daños y peligros en las zonas bajas o en las defensas militares, y aun en ciertos casos en que el interés público se interponga, negociar con el dueño, compensándole las cortas que deja de hacer. Hasta en Francia está castigada con fuertes multas la infracción de esta medida, de tan viejas raíces en su legislación que se remonta a unos cuatro siglos.

Por consiguiente, a nuestro juicio lo más que puede pretenderse hoy en España para conseguirlo, respecto a la conservación de la propiedad forestal privada, está expresado en estos términos:

Si el monte interesa a todos, es protector; por lo tanto, que se haga aplicable la ley de 1908 y se cumpla. La consecuencia será la expropiación. Mientras que ésta se realiza, y como medida preventiva, se impone un plan dasocrático obligatorio.

¿Qué no se halla en esas condiciones? ¿Que no se mezcla el interés colectivo? Entonces no es protector. Por lo tanto, libertad absoluta; salvo la obligación única de avisar previamente a la Administración cuando se pretenda hacer una tala de importancia. Se podrán prevenir con oportunidad los daños posibles.

Una vez sobre aviso, la Administración puede llegar a transacciones con el dueño, sin venir a la expropiación, que medios no le faltan: abono en metálico, desgravación de impuestos, así como el estudio y ejecución de vías de saca y proyectos de repoblación y de aprovechamientos industriales, que con su personal técnico pudiera ofrecer al particular para la mejor movilización y disfrute de su riqueza.

Compensaciones indirectas.—Pero claro es que toda limitación, por pequeña que sea, en el libre uso de la propiedad, aun el simple compromiso de notificar previamente las cortas a la autoridad competente, representa un cierto sacrificio económico para el propietario, que se aminoraría si éste hallara posibilidades pecuniarias inmediatas que le permitieran salvar los apuros de momento. Esto no se consigue sin el crédito, alma de la moderna agricultura. Y si el crédito agrícola es rudimentario y usurario en España, su modalidad forestal, esto es, sobre fincas arboladas, puede decirse que no existe. Los Bancos prestan por el suelo, pero no por el arbolado, que en los montes altos es el elemento más valioso. Si la conservación de éste supone un sacrificio y en los momentos críticos no es considerado ni se aprecia su valor, la consecuencia es la tala. Recuérdese que el 35 por 100 del suelo español está formado de predios montuosos arbolados. Todos los clamores de la opinión en demanda del crédito agrícola serán pocos por consiguiente.

Es, pues, indispensable que se instituya de un modo general y decisivo el crédito agrícola sobre montes altos y dehesas, esto es, sobre suelo y vuelo, y no «como si el vuelo desapareciese», que dice el Reglamento de una importante institución. Y como premisas indispensables: el seguro de incendios que el Estado debiera establecer, aportando los montes públicos en mutualidad con los particulares, y después el fomento de la con-