El Progreso agrícola y pecuario (1917-09-22 00:00:00), página 4

miento y deducir de ello el volumen que representa la renta. Localizada ésta, finalmente, su aprovechamiento no sólo es continuo, igual y máximo, con todos los caracteres de la renta bien entendida, sino que conserva y beneficia el vuelo de la finca.

Pero esta misma indicación, aunque breve, basta para demostrar que la determinación de la renta en montes altos no es cuestión sencilla, sino de compleja y laboriosa ejecución, que no puede estar en general al alcance de los particulares. Un error en la fijación de la renta puede ocasionar, o la destrucción gradual de la finca por inconsciencia, o el aumento antieconómico del capital con perjuicio de la producción.

En definitiva, el aprovechamiento ordenado de los montes altos es un problema técnico, y a fuer de tal sólo el especialista puede resolverlo; claro es que sus servicios no están al alcance económicamente sino de fincas de mucho valor. De otro modo, aun con la mejor buena fe y en la creencia de una explotación moderada y aun con-ervadora, se puede ir arruinando paulatinamente la finca arbolada.

Esta dificultad se salva, no obstante, desde el momento en que el Estado ofrezca gratuitamente a los propietarios su personal técnico, como se ha establecido en Francia. Luego veremos cómo también se halla consignada esta idea en la moderna legislación española. Basta, pues, generalizarla y aplicarla.

Pero no es suficiente: primero porque el particular casi siempre rehusa las intervenciones oficiales que, tal vez justamente, mira con recelo, y después, porque aun admitiendo el informe facultativo gratuito, falta que el propietario lo siga.

Y aquí viene el nudo de la cuestión. ¿Se obliga al particular a que en interés público se ciña a un plan científico de explotación?

Evidentemente. ¿Por qué no?

La utilidad pública.—Precisamente por razones de utilidad pública. En virtud de este principio de pública utilidad se obliga, por ejemplo, al propietario de una finca urbana a poner una valla ante la obra que está edificando. Es ese mismo principio el que inspira la legislación fiscal de otros países para obligar a los propietarios a cultivar terrenos agrícolas abandonados o a intensificar las labores. Es siempre ese mismo principio de la utilidad pública el que basta y sobra, el que justifica en todos los casos el sometimiento de la propiedad privada a un régimen de policía. Porque no otra cosa sino una medida de policía, es la regulación de ríquezas que tienen un aspecto público muy marcado.

Se dirá que tales medidas, para desenvolverse dentro del derecho, deberán ir acompañadas de la indemnización correspondiente.

¿Qué se indemniza? La empresa, aplicada con la generalidad necesaria, resulta muy onerosa para el Estado. Baste pensar en que tenemos más de 90.000 kilómetros cuadrados a una altitud superior a 1.000 metros.

¿Qué no se indemniza? Aun admitiendo que nuestro recio individualismo consintiera la efectividad de la disposición, vendría en seguida, como consecuencia natural, una depreciación notable en el valor de la propiedad forestal.

Y tóngase en cuenta, para pensar en los resultados de tal medida, que 24.05 millones de hectáreas, esto es, el 48 por 100 del suelo español forestal, y de esta superficie 17.8 millones de hectáreas son montes altos y dehesas, es decir, que el 35 por 100 de nuestro mapa está formado con fincas de arbolado forestal. Una limitación al derecho privado, aunque sea por razones sociales o públicas que, sin compensaciones, se estableciera sobre esta propiedad, habría de tener considerable trascendencia en la economía agraria nacional.

Es sabido que el monte, sobre todo el monte alto y de montaña, es un bien cuyo carácter marcadamente colectivo y social no puede negarse. Su conservación interesa a la sociedad en mayor escala que las producciones agrícolas del valle, pues además de su misión protectora respecto a éste, la destrucción del arbolado es un mal casi irreparable, por el largo plazo que para su regeneración necesita. Y aun irreparable en absoluto desde el momento en que, destruido el arbolado, desaparece con él la capa vegetal, dejando al desnudo el esqueleto rocoso de la montaña. Éste es entonces, y para siempre quizás, una masa inerme, símbolo de la esterilidad; una mancha negra y vergonzosa en el mapa agronómico español.

Los intereses individuales y colectivos.—Si el particular no conserva sus montes, que son un bien común, el Estado debiera intervenir: llegado este momento surge la pugna entre el interés privado del dueño y los colectivos que el monte, en general, representa y protege.

A este propósito, la importante Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que a su autoridad bien ganada añade el prestigio de ser órgano de la Federación Agrícola Catalana-Balear, decía en una ocasión con acertado criterio:

«Reconocemos como muy sagrado y justo el derecho de propiedad; mas no entendemos que tenga tal extensión que pueda ejercitarse en perjuicio de los demás. Si el vecino tiene derecho a exigir al propietario que arranque la planta que le perjudica, ¿por qué no se le ha de obligar a conservar la vida del árbol cuya desaparición le causa daño? A nuestro modo de entender, se hace indispensable y urgente reglamentar, por medio de leyes que se cumplan, la repoblación y conservación del arbolado, y que los cauces de los ríos se hallen del todo expeditos para el curso de las aguas cuando se repitan las lluvias, interesándonos todos en conseguirlo. Si continuamos como hasta aquí, las tierras de las pendientes enterrará los bajos, y las sequías convertirán este país en un segundo desierto de Sahara, haciéndose la vida imposible.»

Entablada la lucha entre el interés individual y el colectivo, ¿quién puede dudar de qué parte debe estar el triunfo?

Entre las experiencias dolorosas de la gran guerra que está asolando el mundo, parece vislumbrarse clá-