El Progreso agrícola y pecuario (1917-09-30 00:00:00), página 2

nen en ellas sus ahorros y por los particulares que solicitan de continuo el depósito de sus disponibilidades excedentes. Por otra parte, la garantía que ofrece la solidaridad ilimitada reemplaza con gran ventaja a la que representa el capital social.

Están regidas estas Cajas por sus respectivos Consejos de Administración, siendo estos cargos completamente gratuitos y designándose para ocuparlos a las personas más honorables y de mayores conocimientos profesionales de la localidad.

Corrientemente se celebra asamblea general una vez al año, mientras que el Consejo de Administración se reúne cada dos o tres meses. Los domingos concurren varios Administradores y Secretario-contador para des- pachar las operaciones, como constitución de depósitos, formalización y entrega de los préstamos ya otorgados, cobros y pagos ordinarios, etc. En estas reuniones se hacen los pedidos de préstamos, debiendo contestarse a ellos en la sesión del domingo siguiente, para lo cual han de reunirse cualquier día antes los Administradores a fin de deliberar sobre el particular, una vez que hayan adquirido los datos e informaciones que crean necesarios para basar su resolución.

Estos préstamos pueden hacerse también a los miembros de la Asociación, sobre prendas; pero no por mayor importe del 50 por 100 del valor de aquéllas.

Los warrants agrícolas pueden admitirse por todo su valor, y aun después de descontados, si el socio lo solicita, y mediante la formalización de un documento a la orden, puede anticipársele la cantidad necesaria para reintegrar al tenedor del warrant, si se estima benéfico realizar la prenda antes del vencimiento, o en el caso opuesto de que no fuese conveniente realizarla, en la fecha en que la obligación hubiera de ser cumplida.

Las Cajas rurales no deben extender demasiado su radio de acción, al objeto de que los asociados puedan conocerse lo más exactamente posible, con lo cual se facilita y asegura la gestión de los Administradores, que necesitan estar bien orientados acerca de la situación financiera de los socios a quienes hayan de otorgarse préstamos o anticipos.

Estos préstamos devengan un interés que en su grado máximo no excede del 2 por 100 sobre el tipo de descuento establecido por el Banco oficial. En general, estas Sociedades suelen prestar a razón de 1 ó 1 1/2 por 100 más de la tasa que ellas pagan sobre los depósitos, que en no pocas es el mismo que rige en la Caja de ahorros más próxima.

Los beneficios líquidos pasan en su totalidad a formar el fondo de reserva, o por lo menos se dedica a este fin el 75 por 100 de las utilidades.

Bien pronto el fondo de reserva llega a constituir una garantía completa de las operaciones sociales, con lo que la responsabilidad de los asociados, esa responsabilidad que por su condición de ilimitada puede infundir temor, viene a ser puramente nominal.

Llegado este caso, el excedente de los beneficios puede destinarse a obras agrícolas de utilidad general, a reintegro de las partes de fundador, caso de que las haya, o a un reparto entre los socios, en proporción con la importancia de sus operaciones.

Descrito ya, aunque a grandes rasgos, el funcionamiento y finalidad de estos organismos, creemos inme- nesario encarecer el alto grado de utilidad que reportan a la agricultura especialmente, y, en general, a la riqueza patria.

Intervención del Estado en los montes de particulares.

Restricciones al derecho de la propiedad privada sobre los montes altos.

II

Ya, en lo que a los montes respecta, está casi universalmente admitido el principio de la intervención energética del Estado en pro de la conservación y mejora de los mismos, sobre todo en montañas. Puede decirse que casi todas las legislaciones europeas se inspiran en el y lo establecen de un modo terminante.

He aquí brevemente expuesto lo que afirman:

Legislación francesa.—En Francia, cuando el servicio forestal cree que la tala de un monte público o particular puede ocasionar daños como la degradación del suelo, y más aún si se observan ya señales de semejantes perjuicios para la colectividad, se propone al Parlamento que tales terrenos se consideren como de interés o de utilidad pública—perímetros de restauración que se llaman—, y así se hace por medio de ley.

Estas fincas las adquiere el Estado lo mismo cuando son de un Municipio que de un particular, amigablemente o mediante expropiación forzosa, y a expensas del Estado se realizan todos los trabajos.

Para estos efectos está previsto un gasto total mínimo de 179 millones de francos, de los que más de la mitad han sido ya invertidos.

Claro es que todos los propietarios pueden escapar a la expropiación, siempre que se comprometan a realizar los trabajos que el Estado les señale, con o sin indemnización, bajo la vigilancia de aquél y en un plazo determinado.

La roturación se castiga con una multa que oscila entre 500 y 1.500 francos por hectárea y la obligación de repoblar en el plazo máximo de tres años.

Además de aquellos trabajos obligatorios, declarados por ley, que implican la expropiación, hay otros facultativos acordados por decreto y subvencionados por el Estado.

Hay que advertir que la legislación francesa no ha llegado en esta cuestión tan lejos como otras, si bien se vaya acentuando lentamente la actitud del Estado frente a la riqueza forestal «Uno de los síntomas característicos de la insuficiencia del Código forestal francés—dice un Inspector de Aguas y Bosques de aquella